EMPIEZA HOY EN JUJUY EL PRIMER JUICIO ORAL CONTRA MILAGRO SALA
En lugar de la libertad, el banquillo de los acusados
La dirigente social será juzgada por una causa que impulsa el gobernador Morales desde 2009, cuando en una manifestación en su contra le tiraron huevos. La líder de la Tupac Amaru ni siquiera estaba entre los manifestantes.
Por Alejandra Dandan
Milagro Sala finalmente será sentada hoy ante el Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy. A las 8 comenzará el primer juicio oral que el gobernador Gerardo Morales impulsa con perseverancia desde el año 2009 por una manifestación pública en la que le tiraron huevos, durante el cual la referente de la Tupac Amaru ni siquiera estuvo presente. Con Sala será juzgada una dirigente de otra organización y un joven detenido sin pruebas ni testigos. Con una prescripción dictada en mayo por este mismo TOF, la causa logró un reimpulso de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que agravó los cargos. La única prueba contra la dirigente social es el testimonio de un hombre que habla de una reunión que no existió. El expediente reúne un cúmulo de fundamentos cuyo valor principal es que son una rica evidencia del modo en el que Jujuy mira a las organizaciones territoriales, con frases como “modus operandi” y “violencia”. Pero esto es, sobre todo, aquí y ahora, la primera ocasión que tiene a mano Morales para buscar una condena sobre la dirigente indígena cuya libertad exigen al gobierno argentino los organismos internacionales. Tal vez, el escenario en el que busca mostrar su somos derechos y humanos.
La causa “de los huevos”, como es conocida, empezó el 19 de octubre de 2009 cuando el entonces senador Morales presentó una denuncia acompañado por quien era auditor General de la Nación, Alejandro Nieva, y el diputado radical Miguel Angel Giubergia. Morales manifestó que el 16 de octubre de 2009 en ocasión de una conferencia de prensa en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy fue agredido por integrantes de una red de organizaciones sociales que responden a Sala. En la denuncia identificó a María Graciela López como la persona que encabezó las amenazas. Para situar a Sala en ese espacio no aportó más datos que ese y explicó que la dirigente lo había amenazado dos veces antes.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Francisco Snopek, quien elevó la causa a juicio oral el 22 de noviembre de 2011. Allí está la base de lo que sucederá y se escuchará en Jujuy. En su análisis aclara que obvió las amenazas previas para concentrarse en reconstruir el modo y lugar de los hechos. Así, dice que ese día se iba a realizar en el Consejo Profesional una conferencia sobre Control Público en Argentina con Morales y también Leandro Despouy, entonces a cargo de la AGN. “Cuando Morales llegó al lugar donde debía hablar, se presentó un grupo encabezado por María Graciela López que irrumpió en el lugar vociferando amenazas a los presentes a los que atacaban con huevos y tiraban piedras de distinto tamaño y otros objetos produciendo importantes daños en el lugar”.
Con estos elementos, imputó y procesó por daño agravado y amenazas a María Graciela López, a quien reconocieron varios testigos entre las personas presentes. Y también procesó por mismos cargos a Ramón Gustavo Salvatierra, un joven del que aún no hay en el expediente una sola prueba que lo involucre, como señala el equipo de abogados de Sala. Salvatierra fue detenido en ese mismo momento, entre las personas que se iban del lugar y que no respondían al arquetipo de clase media. Recién un año después, Sala también fue procesada, primero como coautora y más tarde como instigadora. Para ubicarla en esta escena, el fiscal dijo que se conocía con López, que pertenecían a la red de organizaciones en la que López cumplía un papel de subordinación de Sala, que ese vínculo también era “obvio” porque tenían varias causas en las que ambas están imputadas y porque la líder de la Tupac Amaru le salió de garante en la compra de un auto. Ahora bien, para incorporar a Sala en el complot criminal de la protesta va un poco más allá: habla de “modus operandi”, nombra otras protestas como “antecedentes”. Y por último, ubica a la dirigente social en una reunión que se habría realizado días antes en su casa. Esa que es la única prueba directa que la vincula con el hecho no tiene más testigos que dos personas presentadas por la querella de Morales: un matrimonio de cooperativistas que declaró en agosto de 2013 sobre una reunión que en realidad no existió.
“Debe decirse que Milagro Sala tenía vinculación con los hechos y participó en reuniones con Salvatierra y López en los que trasmitió o determinó el quehacer a los nombrados”, señaló Snopek en la elevación de la causa a juicio. Así “quedó acreditado por la declaración de René Orlando Arellano, que dice haber ido con su esposa a la casa de Milagro Sala y es parte de la organización Argentina Avanza”. En esa reunión, Sala habría dicho: “Vos Cachi, manden la gente, les voy a dar para los huevos. No hay que dejarlo hablar. Hay que correrlo de Jujuy”. Según ese testigo, la referente de la Tupac Amaru los convocó para anunciarles que ya había fecha de la conferencia. Y dos días después de la manifestación, los llamó a la noche para que fueran a la puerta del penal a acompañar en un acampe a Salvatierra que había quedado preso. La esposa de Arellano, llamada Cristina Noemí Chauque, dijo que Sala se iba a ir al interior, y manejaría todo por teléfono.
La defensa de Sala viene diciendo desde hace años que ella no organizó el escrache. Que cuando se realizó estaba en Monterrico, a 50 kilómetros de San Salvador. Que cuando se enteró de las acusaciones de Morales, fue al diario El Tribuno para desmentirlo. Que la reunión de la que sólo hablan estos testigos no existió. Que Graciela López y ella se conocen desde hace veinte años y son de distintas organizaciones, como recuerda ahora la abogada Elizabeth Gomez Alcorta. Y que en cualquier lugar del país cuando la Tupac Amaru organiza una manifestación o sus avances por distintos espacios, siempre usa remeras y está identificada. Siempre sostiene que es la Tupac.
Por lo demás, a horas del comienzo del juicio, también está en juego la calidad de los testigos de la imputación más importante. Horacio Verbitsky publicó en este diario el domingo pasado que Arellano pidió custodia porque se sintió en peligro. “La custodia la hizo la Policía Federal que entregó un informe que no lo favorece: un día se toma a golpes con su hermano, luego de un incidente de tránsito agrede a su hijo y a un colectivero, alcoholizado porta armas para las cuales no tiene autorización, grita y pega a cualquiera”, escribió.
Además de la búsqueda de hechos la fiscalía elaboró todo un teorema sobre la configuración de la Tupac sin desperdicios. En uno de ellos, que aparece tras la mención a otras tomas como “hechos violentos”, se admite que no hay pruebas: “Si bien (los antecedentes) no comprueban la participación de Sala per sé en los hechos del 16 de octubre, permiten establecer la relación entre los imputados y el modus operandi de los miembros de la Tupac y sostener que no resulta ilógico que ese actuar encuentra antecedentes próximos o similares por parte de sus integrantes, y que se habría repetido en el Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy.”
En mayo de este año algo parecía cambiar en esta causa. El TOF sobreseyó a los tres acusados por uno de los dos delitos: el de amenazas. El delito tiene una pena máxima de dos años de prisión. Pasados dos años entre elevación y pruebas sin comienzo de juicio, aceptaron el planteo de la defensa. Querella y fiscalía recurrieron. Casación dijo que no podía prescribir por la posible existencia de un delito mayor como las “amenazas coactivas”, para lo cual está prevista una pena máxima de cuatro años. Este será el escenario de ingreso a la audiencia. Tres personas procesadas por daños agravados y amenazas coactivas. Los jueces del TOF son Mario Juarez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz. Un tribunal que sólo tiene un día de audiencia a la semana disponible para juzgar a los procesados por crímenes de lesa humanidad en Jujuy abrió aquí cuatro días de audiencia en el lapso de sólo una semana.
Fuente:Pagina12
Empieza el juicio a Sala por los huevazos y la próxima semana el contravencional por el acampe
14 DICIEMBRE 2016
Milagro Sala inicia un raid judicial que arranca este jueves con la primera audiencia del juicio oral y público federal en el que se la juzga por "amenazas coactivas y daño agravado", en relación al escrache con huevazos del que fue objeto el entonces senador Gerardo Morales en octubre del 2009, episodio en el que la dirigente social no estuvo presente. Este proceso se superpone con el contravencional por el acampe, que empieza el jueves que viene.
La primera audiencia se fijó para 9 de la mañana, y están citados a declarar el entonces funcionario de la Auditoría General de la Nación Miguel Giubergia, ahora miembro del Enacom; el entonces auditor general de la Nación, Leandro Despuy, y el secretario de Relaciones Internacionales del gobierno de Cambia Jujuy, Carlos Toconás. También brindarán testimonio María Gabriela Sorbello, Rubén Orlando Avellano y Cristina Noemí Choque.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2009, cuando dirigentes radicales, entre ellos Morales y Despuy, llegaban a la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y fueron escrachados por un grupo de personas, en el marco de una jornada en la que se analizaba el uso de los fondos que manejaban las organizaciones sociales.
Milagro Sala no estaba presente, pero en todos estos años Morales la acusó de organizar el escrache y batalló para llevarla a juicio.
Proceso a la protesta
El mismo día en que está prevista la finalización del juicio federal por los huevazos, el jueves 21, empieza el contravencional por el acampe que se inició en la plaza Belgrano el 14 de diciembre dee 2015, según notificó a Milagro Sala el juez contravencional lN° 1, Matías Ustárez Carrillo.
Sala debería estar presente en ambas instancias, al mismo tiempo.
El proceso por el acampe de la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales es impulsado también por Gerardo Morales. Las audiencias están previstas para los días 21, 22 y 23 de diciembre.
El Juzgado Contravencional, que depende del Poder Ejecutivo, había suspendido el inicio de las audiencias, que estaba previsto primero para el pasado 23 de noviembre, sin haber notificado a la defensa las razones, aunque públicamente Ustárez Carrillo había asegurado que la postergación se había decidido "para buscar más pruebas".
Curiosa explicación, cuando los acusados no niegan haber participado del acampe, sino que lo que está en discusión en la criminalización de la legítima protesta social.
Símbolos
El cronograma dispuesto es coincidente también con las fechas trágicas del año 2001, cuando el gobierno de la Alianza, que también integraba Morales, reprimió las protestas sociales dejando un saldo de 33 personas muertas en todo el país y culminaron con la renuncia anticipada del presidente Fernando de la Rúa.
Fuente:ElSubmarino
14.12.2016
Milagro Sala
El Frente Para la Victoria presentó un proyecto para intervenir Jujuy
El escrito plantea que la intervención sea por 180 días y que se revoquen los mandatos del gobernador Gerardo Morales y del Poder Legislativo local. El texto completo.
En el marco de la detención de Milagro Sala, el Frente Para la Victoria (FPV) presentó un proyecto de ley para que el Gobierno realice una intervención federal de Jujuy. El texto plantea que la misma sea por 180 días y que queden revocados los mandatos del gobernador, Gerardo Morales, y del Poder Legislativo de la provincia.
Los diputados del FPV argumentan que el objetivo de la intervención es "garantizar la forma republicana de gobierno". El proyecto es en respuesta al insólito pedido del partido de Morales, que en las últimas horas pidió realizar una "consulta popular" para que "el pueblo" decida si la líder de Tupac Amaru debe estar o no detenida.
Milagro Sala: respaldo a una intervención federal en Jujuy
La Asociación Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos consideró que podría ser una solución para frenar los atropellos del gobernador Gerardo Morales. Su titular, Inés Peña, se refirió al caso Milagro Sala junto a Juan Grabois, quien visitó a la dirigente social en el penal donde se encuentra ilegítimamente privada de su libertad.
Dic 15, 2016
Por Fernando M. López
Ante el flagrante incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigen la “liberación inmediata” de Milagro Sala, los diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV) presentaron ayer un proyecto de ley para solicitar la intervención federal de los tres poderes del Estado en Jujuy.
La iniciativa pide la caducidad de los mandatos del Ejecutivo y de los integrantes del Legislativo, así como declarar en comisión a los miembros del Poder Judicial por un período de seis meses, con posibilidad de prórroga.
Tras su impulso en el Congreso, el proyecto contó con el respaldo de los organismos de derechos humanos jujeños, cada vez más preocupados por los atropellos a la institucionalidad y la democracia que se suceden desde que asumió el gobernador Gerardo Morales, socio político de Mauricio Macri.
“La intervención puede resolver el grave estado de situación que vivimos en Jujuy, donde todos los días se pierden derechos que costaron muchos años de lucha. Hay que defender la institucionalidad. Si el Gobierno no acata las resoluciones de organismos internacionales, ¿qué nos queda? Acá no hay división de Poderes, peligra la democracia y se violan los derechos humanos”, afirmó Inés Peña a Contexto.
La presidenta de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy señaló que “una clara muestra de la falta de división de Poderes” es la “aberración jurídica” de los diputados provinciales de Cambiemos, que pretenden aprobar una ley para someter la detención arbitraria de Sala a un referéndum “sacado de los pelos”. dipus
También alertó sobre “gravísimas violaciones a los derechos humanos”, como el caso de Nelson Mariano Cardozo, el joven de veintiún años asesinado a golpes hace poco más de una semana en el Penal N° 1 de Villa Gorriti. Su tío, Alberto “Beto” Cardozo, se encuentra en la misma cárcel y venía siendo presionado para que incriminara a la líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur en la causa en su contra que lleva adelante el juez penal Pablo Pullén Llermanos.
“Exigimos que este crimen se esclarezca”, dijo Peña, y manifestó que “hay mucha preocupación entre los familiares por la suerte de los presos políticos y el resto de los detenidos en las cárceles jujeñas”.
En busca de una nueva condena
La titular de Madres habló con este diario antes de compartir una conferencia en la capital provincial junto al abogado y dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, quien este miércoles visitó a Sala en el penal de mujeres de Alto Comedero.
Grabois comentó que “Milagro está entera”, pese a la “estrategia de deterioro psicofísico que urden contra ella” con el objetivo de “degradarla, humillarla y llevarla hacia estados depresivos que no le permitan sostener su cotidianeidad en esta situación de privación ilegal de la libertad en la que se encuentra”.
Por otro lado, criticó el juicio que inicia hoy el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Jujuy contra la parlamentaria del Mercosur por los huevazos que recibió Morales en 2009, en el marco de una manifestación en la que la acusada no estuvo presente.
“SON JUECES QUE HAN EMITIDO UNA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EL CASO, QUE YA TIENEN UN VEREDICTO. ESTÁN TRATANDO DE VER SI CONSIGUEN ALGUNA CONDENA ANTES DE LAS FIESTAS, APURANDO ESTE ZAFARRANCHO JURÍDICO.”
“Están tratando de ver si consiguen alguna condena antes de las fiestas, apurando este zafarrancho jurídico”, sostuvo el referente de la CTEP, y remarcó que “lo que está en juego es el derecho al debido proceso”
“Son jueces que han emitido una opinión pública sobre el caso, que ya tienen un veredicto. Este Poder Judicial absolutamente servil a los intereses del poder político carece de legitimidad para realizar un juicio justo”, completó.
Para Grabois, “en Jujuy reina una especie de cuasi fascismo” que “viola los parámetros más elementales de la democracia”, aunque dijo tener “expectativas en las resoluciones del sistema internacional de derechos humanos del que la Argentina es parte como Estado”.
“Confío en que va a primar la cordura”, añadió al plantear la necesidad de que el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia arbitren los mecanismos necesarios para que la libertad de Sala “se resuelva” lo antes posible.
Fuente:Contexto
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