Anuario 2016:
Para los organismos de derechos humanos el primer año de PRO no ha sido positivo
Denuncian escaso presupuesto y negacionismo
Horacio Aranda Gamboa
Una considerable disminución del presupuesto destinado a la Secretaría de Derechos Humanos, el retroceso en el proceso de Memoria Verdad y Justicia, la relentización de los juicios a los genocidas y la ausencia de una política activa respecto a los responsables civiles durante los años del terrorismo de Estado, son algunas de las principales secuelas que dejan como balance los doce primeros meses de gestión del gobierno del presidente Mauricio Macri
El primer encontronazo de los organismos con el macrismo tuvo como detonante al ex Secretario de Cultura porteño Darío Loperfido, quien provocativamente sostuvo que no hubieron “30 mil desaparecidos” y que “se arregló ese número en una mesa cerrada”; comentario al que rápidamente le iba a salir al cruce la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien le dijo que si consideraba “que ese no es el número que nos dé la lista de lo que él piensa que son”.
El segundo episodio estuvo vinculado a la invitación formulada por Macri a su par de los Estados Unidos, Barak Obama, para visitar el Parque de la Memoria en una fecha tan cara a los organismos como lo es el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria.
Sin embargo fue el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad el que a través de un informe optó por bajar a las profundidades al denunciar la existencia de un “discurso negacionista” que se viene enarbolando con la evidente premisa de poner en dudas la cifra de desaparecidos.
El organismo recordó además el aumento de las prisiones “domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años” y puso en evidencia un boicot “a la investigación sobre los responsables civiles en casos de delitos de lesa humanidad” pero además advirtió sobre el retiro del Estado en “su rol de querellante en determinadas causas”.
“Desde que comenzó la gestión de Macri la característica ha sido reducir puestos de trabajo en una serie de dependencias vinculadas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”, advierte al ser consultado por BAE Negocios, el abogado querellante en causas por crímenes de lesa humanidad, Pablo Llonto, quien subraya que el segundo gran problema “es la reducción de fondos que afecta al organismo que conduce Claudio Avruj sin que este haya emitido una sola queja”.
A contramarcha del informe del Observatorio, Llonto sostiene que las querellas del Estado no han sido retiradas de las causas judiciales, aunque advierte sobre una “negativa a apelar los sobreseimientos en la causa Papel Prensa” a raíz de “un criterio selectivo que apunta a no meterse con los civiles, y obviamente a proteger al Grupo Clarín”. Reconoce además que “los juicios son cada vez más lentos” pero que en ese caso “hay una responsabilidad de la Corte Suprema que no tiene vocación para elaborar un un plan o una acordada” por lo que además de “haber ineptitud, hay una decisión política para no abordar el problema”.
El Ejecutivo Nacional decidió ahondar la brecha con los organismos al asignarle a la Secretaria a cargo de Avruj un presupuesto que presenta una reducción del 15 por ciento respecto a 2016, es decir de 607.542.535 pesos, lo que representa una merma de 110 millones.
Un ejemplo de ello es que el programa de Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad dependiente del Ministerio de Justicia, que este año funcionó con 23 millones de pesos, el año próximo lo deberá hacer con 12 millones, en tanto que a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo le fue asignada una partida de 23,5 millones contra los 98 millones de 2016, lo que representa un recorte cercano al 70 por ciento de los recursos.
Fue ante esa situación que el 3 de noviembre pasado los organismos ofrecieron una conferencia de prensa en la que Carlotto advirtió sobre el desmantelamiento de “espacios primordiales”, instó a los legisladores a “recapacitar” y consideró como “pésimo” el balance en materia de derechos humanos.
“El gobierno de Macri es negacionista del genocidio sufrido, banalizador de las políticas de Memoria Verdad y Justicia, estigmatizador de la militancia, los pobres y los migrantes y limitador de todos los derechos conquistados por el pueblo en largos años de lucha” afirma por su parte José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
“Bajo este gobierno se ha retrocedido más de 20 años, porque ha habido represión, falta de trabajo y de acceso a la educación y la salud”, refiere finalmente a su turno Nora Cortiñas de Madres Línea Fundadora, quien advierte que en lugar “de que los juicios se realicen todos los días, son cada vez más espaciados, lo que es una pena porque ha sido el logro más importante que tuvimos en 40 años de lucha”.
Un aluvión de denuncias
Del encarcelamiento de Milagro Sala a los casos de gatillo fácil
El encarcelamiento en Jujuy de la dirigente social Milagro Sala despertó una lluvia de denuncias contra el Gobernador Gerrado Morales, puso en tela de juicio la independencia de la justicia de esa provincia y dejó en evidencia el montaje de una persecución política.
Pero además, mostró al Ejecutivo inactivo ante un proceso judicial viciado desde su origen, que pasó por encima de las garantias constiticuionales y despertó un aluvión de denuncias exigiendo la liberación de líder de la Tupac Amaru.
A la campaña encabezada entre otros por el Cels y Amnistía Internacional, se sumaron la ONU, la OEA y la CIDH, que le exigieron la inmediata liberación de Sala y el cumplimiento de los tratados internacionales. Otro de los temas en los que el Gobierno comienza a ser cuestionado está relacionado con el incremento de las muertes en casos de gatillo fácil o torturas, al punto que un informe difundido a principios de diciembre por la Correpi, denuncia un asesinato cada 25 horas. “Este gobierno superó ampliamente los índices generados desde el regreso de la democracia” afirma la abogada María del Carmen Verdú, quien detalla que de los 4.960 casos registrados desde 1983, “259 corresponden a la actual gestión”.
Fuente:Bae
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