LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL CASO GANÓN
Reponerlo urgente en el cargo
La CIDH pidió una "cautelar urgente" para reponer al desplazado Defensor Público de Santa Fe en su cargo. Compararon su situación con la "infamante muerte civil". "Este proceso de revancha se ha realizado con fines claramente políticos y maliciosos".
Por: Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe.
El caso de Gabriel Ganón quedó radicado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya trató el tema en la audiencia del 1º de diciembre, en Panamá, donde el gobierno de Miguel Lifschitz tuvo que dar explicaciones por torturas y detenciones arbitrarias de niños, niñas y adolescentes. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, entre otras entidades, pidieron a la CIDH una "medida cautelar urgente" que reponga en su cargo al defensor provincial y compararon la decisión de la Legislatura de Santa Fe de suspenderlo hasta el final de su mandato, en abril de 2017, con un castigo de la Edad Media. "La sanción es prácticamente la infamante y medieval muerte civil". "Este proceso de revancha sin ningún sentido se ha realizado con fines claramente políticos, maliciosos e inconstitucionales".
El petitorio de más de 50 páginas ‑al que tuvo acceso Rosario/12‑ se presentó el miércoles al cierre del período de sesiones ordinarias de la CIDH, pero al mismo tiempo una veintena de organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario, Hijos y Familiares de Desaparecidos, sumaron su pedido de "cautelar urgente", ya como amicus curiae. Lo mismo hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Red Euro Latinoamericana de Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional (RELAPT).
Concretamente, se requiere a la CIDH una "medida cautelar que revierta a la brevedad la sanción impuesta" a Ganón, "suspenda todos sus efectos y se lo reincorpore en sus funciones públicas, dando por finalizados todos los actos de persecución y hostigamiento". Y como el castigo impuesto por la Legislatura "contiene efectos colectivos graves sobre víctimas de graves violaciones a los derechos humanos" se permita al funcionario seguir "las acciones legales, nacionales e internacionales en trámite y asumir nuevas representaciones sin que pese sobre su cabeza la posibilidad de volver a ser sancionado por ejercer su función como defensor de derechos humanos".
La suspensión de Ganón hasta abril de 2017 es "una sanción no prevista legalmente" ‑dice el escrito‑ y por lo tanto, tiene una "gravedad suficiente que justifica la concesión de la medida cautelar" de la CIDH. Y a eso se agrega que durante ese período no percibirá su salario, ni "podrá ejercer su profesión ni ninguna otra industria lícita".
Ganón es "en la actualidad, el único sostén de su familia". La decisión de la Legislatura "violó gravemente sus derechos protegidos por la Convención", "afecta sus posibilidades concretas de acceder en términos de igualdad a un cargo en el Poder Judicial y/u otro empleo público" y trasciende "los efectos a toda su familia y a sus hijos en lo inmediato como hacia el futuro con una especie de 'muerte civil' que se ha dispuesto en su contra sin posibilidades concretas y efectivas de que mediante la interposición de un recurso judicial obtenga protección inmediata y efectiva porque la resolución podría demorar entre 5 y 10 años".
El proceso al defensor "violando el debido proceso legal, la libertad de expresión y la legalidad conduce necesariamente a una urgente, grave, irreparable vulneración de sus derechos políticos que por la imposibilidad le ocasiona un perjuicio directo, familiar con incidencias colectivas". Esta "situación coloca a Ganón, a su familia, a las víctimas asistidas por el defensor sede nacional e internacional y a futuras víctimas, al personal contratado de la Defensa Pública frente a una situación grave, que puede tener un serio impacto por acción u omisión sobre numerosos derechos protegidos y los efectos de una decisión pendiente en un caso o petición frente a los órganos del Sistema Interamericano".
Además la situación es urgente en la medida que existe un riesgo o amenaza inminente que puede materializarse y ocasionar un daño irreparable, como consecuencia de la imposibilidad del ejercicio de su función como así también de sus derechos civiles y políticos. Esos posibles daños irreparables tienen una dimensión individual, familiar y colectiva. Las acciones urgentes que se han intentado ha sido declaradas improcedentes lo que demuestra que no existe un recurso judicial efectivo en los términos del artículo 25 de la Convención para proteger los derechos de Ganón, su familia y el colectivo de víctimas que representa la defensa y las futuras víctimas de graves violaciones a los derechos humanos".
Fuente:Rosario12
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