Por Andrés Klipphan
Una "ayudita" para los amigos. Mauricio Macri modificó por decreto la ley de tierras, para favorecer, entre otros, a Joseph Lewis. Según una denuncia presentada por dos fiscales, ese 28 de marzo que Macri y su familia visitaron a Lewis no sólo se descansó. También se habrían cerrado algunos negocios en el área energética que, oh casualidad, también favorecen a Lewis.
La justicia federal investiga si el presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, favorecieron, con los polémicos aumentos de tarifas en los sectores eléctricos y gasíferos, entre otros, al amigo presidencial, el magnate inglés y terrateniente patagónico Joseph Lewis, quien tiene intereses económicos en Pampa Energía y, por su intermedio, en Edenor, Transener y Petrobras. La denuncia fue realizada por el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez (a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) y el fiscal Santiago Eyherabide.
En la acusación, los representantes del Ministerio Público Fiscal recuerdan que el propietario de la estancia Lago Escondido, de 12.000 hectáreas, en Río Negro, albergó durante tres días al matrimonio presidencial el 28 de marzo pasado, es decir a menos de tres meses de hacerse cargo de la Casa Rosada; y que antes, en 2015, durante la campaña presidencial, también pasaron unos días de descanso en esa lujosa finca.
En la presentación judicial contra Macri, Aranguren y Lewis, que instruye el juez federal Claudio Bonadío, los fiscales agregaron que ese mismo día también estuvo en la mansión Marcelo Mindlin, principal accionista de Pampa Energía y Edenor, y por lo tanto socio de Lewis. Mindlin fue noticia el 6 de junio pasado por haber pagado casi 900 millones de dólares para quedarse con el negocio de la petrolera brasileña Petrobras en la Argentina de la cual Lewis también posee parte del paquete accionario.
Según publica el diario La Nación, en un artículo firmado por Pablo Fernández Blanco, a principios de año –en el Foro Económico de Davos– el empresario le dio “al jefe de Gabinete, Marcos Peña, una recomendación propia para subir paulatinamente las tarifas de la electricidad”.
En la mansión Lewis, el 28 de marzo, también estuvo Nicolás Caputo, empresario, amigo de Macri y vicepresidente del Merval. También se benefició con los tarifazos de Cambiemos. La familia Caputo tiene el 23 por ciento de la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), la segunda generadora del país. También posee acciones en Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración, mientras que en distribución, según denunció la ex legisladora porteña por el FPV Gabriela Cerruti, tiene intereses en Edesur y controla Ecogas, principal accionista de Gas Cuyana y de Gas del Centro.
Otros importantes visitantes ese día en Lago Escondido: José Torello, amigo del primer mandatario, apoderado del PRO y jefe de asesores en la Presidencia de la Nación; Alberto Weretilneck, gobernador de la provincia de Río Negro; y Sergio Wisky, diputado nacional de Cambiemos por Río Negro.
La causa penal fue iniciada el 1 de agosto de 2016 y acusaba al ministro Aranguren “por irregularidades en la suba de tarifas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de las subas de tarifas de servicios públicos” pero ahora, según lo describe el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el expediente “se proyecta sobre otros actos de gobierno vinculados al sector energético y que se traducen en beneficios para empresas del sector que pertenecen a Joseph Lewis, empresario inglés amigo del Presidente de la Nación (sic)”
Para los fiscales (la resolución se puede leer en la página www.fiscales.gob.ar) los cuestionados tarifazos energéticos fueron “decisiones, regulaciones y proyectos de ley que permitieron, en primer lugar, el tarifazo al poco tiempo de que Lewis, Mindlin y Caputo desembarcaran con adquisiciones de empresas del sector energético”.
A esa primera investigación, los fiscales le acaban de sumar un segundo acto presuntamente irregular, y es, a su entender, “la venta de las acciones que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tenía de la empresa Petrobras a favor de firmas controladas por Lewis” y “finalmente, la condonación de deuda por 1.229 millones de pesos a Edenor, también con capital del empresario inglés y Mindlin.
En principio, el fiscal federal Carlos Rívolo había solicitado la desestimación de la denuncia original contra el ministro Aranguren “por inexistencia de delito”, pero, recuerdan los fiscales en su último dictamen, “poco después y en base a información de que la cuantía y forma del aumento de tarifas formaría parte de un entramado más complejo y delictivo de decisiones adoptadas en miras de otorgar beneficios exorbitantes a allegados/amigos al Presidente de la Nación”, denunciado entre otros por Héctor Polino, titular de la ONG Consumidores libres, no sólo se decidió reabrir la causa sino darle un nuevo impulso e imputar no sólo al ministro de Energía, sino también a Macri y a todos los presentes en aquella reunión, supuestamente de descanso, en Lago Escondido.
Por eso se remitieron las nuevas pruebas a Rívolo, el actual fiscal de la causa para que “estas nuevas circunstancias sean remitidas a sorteo dada la reconfiguración del objeto procesal hacia otros posibles delitos ya que los fiscales entienden que debe investigarse “si se trata o no de un favorecimiento con tendencia aprovechadora penalmente relevante que podría configurar los delitos de negociaciones incompatibles, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública o uso indebido de información privilegiada”.
El amigo favorito
Quizás en honor a la amistad con Lewis fue que, a mitad de año, el presidente Mauricio Macri modificó con un decreto –el número 820– la Ley 26.737, también llamada Ley de Tierras, promulgada a fines de diciembre de 2011. En esa oportunidad, los diputados y senadores del PRO votaron en contra. La normativa impone límites a la extranjerización del suelo, establece zonas de seguridad nacional y protege los espejos de agua. La legislación también impone severos controles para la compra de tierras. Ahora se dio marcha atrás con esos avances. La idea, como se verá, surgió por pedido de uno de los grandes terratenientes extranjeros que tiene la Argentina, el “Señor de Lago Escondido” Joseph Lewis.
La ley 26.737 es considerada como una de las más avanzadas de la región ya que, por ejemplo, establece las jurisdicciones que conforman la denominada “zona núcleo” –de mayor productividad– en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde el límite para la compra de tierras por parte de extranjeros se fija en 1.000 hectáreas.
También pone plazos a las provincias, y sanciones económicas para quienes incumplan con la norma. Las provincias tenían dos meses para informar al Ministerio de Justicia, autoridad de aplicación de la ley, acerca de “la totalidad de predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras”, así como la superficie involucrada ordenada por jurisdicción (departamento, municipio, etc.).
La ley establece que los gobiernos provinciales también “deberán informar la nómina completa de sociedades extranjeras o con participación extranjera inscriptas en su jurisdicción, así como toda información adicional que la autoridad de aplicación requiera”.
Macri, al decretar parcialmente la extinción de la ley, permite, entre otras cosas, que los futuros dueños extranjeros de nuestras tierras tengan potestad sobre los lagos que atravieses sus campos o estancias y clausurarlos al acceso del público, como ya hizo en Río Negro el magnate inglés Joseph Lewis, con Lago Escondido.
En pocas palabras, el Jefe de Estado retrotrajo gran parte de la ley 26.737 a los años ´90, cuando el presidente era Carlos Saúl Menem, y en momentos en que se extranjerizó buena parte del suelo nacional, convirtiendo esas áreas en grandes extensiones especulativas, y no productivas.
Los estudios de entonces de la Federación Agraria Argentina –impulsores de la iniciativa en el parlamento– demostraban que el 10% del territorio nacional (alrededor de 270.000 kilómetros cuadrados) estaban en manos extranjeras. Es decir una extensión mayor que el Reino Unido de Gran Bretaña, cuya superficie es de 243.600 kilómetros cuadrados.
Con su decreto modificatorio, Macri suprimió los controles que estaban a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de evaluar si los fondos con los cuales se adquieren estancias, campos y miles de hectáreas de cultivos provienen de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción.
Además, el presidente flexibilizó los controles de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo que debe revisar si la persona que adquiere las tierras es solvente, o es –como ha pasado– un indigente que funge como testaferro de un delincuente buscado por Inrterpol.
Según pudo reconstruir Veintitrés, la idea del decretazo germinó el 28 de marzo pasado, fecha en que justamente Lewis, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño del club Tottenham, alojó en su estancia patagónica al matrimonio presidencial.
Para descansar del estrés provocado por la campaña electoral terminada en diciembre y la posterior asunnción como jefe de Estado Macri y Juliana Awada reposaron tres días en el predio de 12.000 hectáreas, ubicadas a unos 45 kilómetros de El Bolsón.
Según consigna ahora la denuncia de los fiscales, no era la familia Macri solamente la invitada en marzo, sino que hubo otros importantes funcionarios. Y no sólo se descansó: al parecer, se cerraron otros acuerdos que favorecerían a Lewis, al menos según se desprende de la denuncia de los fiscales.
Lewis mantiene una disputa judicial desde 1999 por impedir el acceso al Lago Escondido que pasa por su propiedad a los pobladores del lugar y a los visitantes que cada año intentan apreciar la belleza natural de aquel espejo de agua.
La senadora del Frente Progresista Magdalena Odarda no solo denunció al magnate inglés por construir una pista de aterrizaje en tierras patagónicas sin autorización, sino también por adquirir esas tierras a “bajo costo” gracias a excepciones realizadas por los legisladores de la zona.
La Justicia falló en favor de que se habilitara la libre circulación y el acceso a Lago Escondido, pero Lewis, hasta el día de hoy, sigue incumpliendo con el mandato judicial y en su tranquera sigue colgado el cartel que dice “Prohibido pasar. Propiedad privada”, eso sí, en castellano y letras rojas para que todos lo comprendan.
En diálogo con Veintitrés, Omar Príncipe, titular de la Federación Agraria Argentina, interpretó que la modificación a la Ley de Tierras de Macri “es el paso previo para reemplazar el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de la tierra en manos de extranjeros”.
Príncipe recordó que la Ley de Tierras establece “el porcentaje del 15 por ciento como límite a la tenencia de tierras en manos de extranjeros”. Hasta ahora el decreto macrista no modificó ese porcentaje, pero sí “todos los controles que permitirán hacer trampa para que los Lewis, los Tompkins –que ya son dueños de los Esteros del Iberá– o empresas como Cresud, o el húngaro George Soros, puedan seguir comprando tierras en nuestro país a nombre de terceros. Ya nadie los controlará”.
Para el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, consultado también por Veintitrés, el decreto 820 de Macri “viola la Ley de Tierras ya que desconoce por completo las limitaciones para la venta de tierras”. Por eso anticipó que interpondrá un recurso de amparo ante la justicia.
“Lo que hizo el Presidente no tiene nombre. Macri, al modificar la Ley de Tierras con un decreto escandaloso, vuelve a facilitar el desembarco de extranjeros sorteando las restricciones, que es la exención de obtener la habilitación del Registro Nacional de Tierras Rurales en el caso de modificaciones accionarias societarias que resulten en un control directo o indirecto por parte de personas jurídicas extranjeras. Hasta ahora los extranjeros que compraban acciones de esas sociedades debían comunicarlo al Registro. Ahora lo podrán hacer sin necesidad de requerir el certificado previo que controle el cumplimiento de las limitaciones legales, es decir que podrán adquirir más de las mil hectáreas en zona núcleo. O adquirir tierras donde nacen o mueren ríos o lagos en nuestra Patagonia. Este es un decreto a la medida de los amigos terratenientes de Macri”, denunció Das Neves.
El decreto 820/2016, también firmado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, establece –a contramano de la ley– que no habrá restricciones a los extranjeros para la adquisición de aquellas tierras que se encuentren en "Zona Industrial", "Área Industrial" o "Parque Industrial". El decreto indica que "dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados" en la Ley de Tierras Rurales.
Solo un ejemplo más, escandaloso, y de lo que hasta ahora, lamentablemente, no se habla. La Ley de Tierras obligaba a analizaba las composiciones accionarias de las empresas y otorgaba o denegaba pedidos de compra de tierras en función de ello, cerrándole el paso a inversionistas con antecedentes poco claros. Por ejemplo el Registro había detectado que más de 1,1 millón de hectáreas (55 veces la ciudad de Buenos Aires) estaban en manos de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, y otros paraísos fiscales, sin justificar el origen del dinero.
Ahora esas acciones reñidas con la ética y la ley vuelven a tener vía libre en el país.
Fuente:Veintitres
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