A UN AÑO DE LA DETENCIÓN DE MILAGRO CRECE EL ESCÁNDALO EN JUJUY ¿División de poqué?
La presidente del Superior Tribunal de Jujuy, quien designó a su yerno para detener a Milagro Sala, coordina con el contador Morales la respuesta oficial para justificarlo ante la CIDH. Los mails del abogado del estudio Gil Lavedra que asesora a Morales muestran la supresión del estado de derecho y la división de poderes. La detención de Milagro Sala no hizo más transparentes las cuentas jujeñas. También la brutal represión a los mapuches en Chubut fue denunciada ante la CIDH.
Por Horacio Verbitsky
El lunes pasado el abogado Federico Wagner, que representó al gobernador Gerardo Morales en la querella en la que Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso, dirigió un amistoso correo electrónico al Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda. Su propósito: diseñar la estrategia para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitaría el país en mayo. Su idea es poner a los comisionados en contacto con las personas que dicen haber sido amenazadas por la líder de la organización barrial Túpac Amaru, a quienes sugiere que represente el Defensor del Pueblo.
La CIDH solicitó al gobierno nacional la liberación inmediata de Milagro Sala, en cumplimiento de la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que la consideró nula por violación del derecho a ser juzgado por un juez imparcial e independiente. Wagner trabaja en el estudio del ex juez, ex ministro y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra. En el mail del 9 de enero a las 16.46, Wagner le propone a Miranda “concretar una primera reunión de trabajo durante la primera quincena de febrero, en la que esté presente el Dr. Despouy y la Dra.Falcone, como para coordinar la tarea”.
¿Quién es cada uno de ellos?
Mariano Miranda es el fiscal de Estado que en enero de 2016 presentó la acusación contra Milagro Sala por el acampe en la Plaza Belgrano. El fiscal de turno, Darío Osinaga, se negó a hacerlo porque no encontró que hubiera delito, a raíz de lo cual el gobierno provincial lo denunció por “omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Miranda cumplió el encargo y Milagro fue privada de su libertad. Para mantenerla por tiempo indefinido, Morales fue agregando nuevas causas en las que distintos jueces le dictaron la prisión preventiva.
Leandro Despouy es el representante de Derechos Humanos del ministerio de Relaciones Exteriores, que debe responder ante los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos en nombre del gobierno nacional.
La doctora Falcone preside el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y ha sido una pieza fundamental en la domesticación del Poder Judicial. Ex diputada radical, Clara De Langhe de Falcone fue nominada para integrar el tribunal por Morales cuando era jefe de la oposición y designada para presidirlo en cuanto se conoció el resultado electoral de 2015. En cuanto asumió, Morales hizo llegar a la Legislatura el proyecto de ampliación del Superior Tribunal, de cinco a nueve miembros. A la noche siguiente ya estaba consumado y al tercer día asumieron los cuatro nuevos magistrados, dos de los cuales (Pablo Baca y Beatriz Altamirano) acababan de votar la ampliación como legisladores por la UCR. Como presidente del tribunal, Falcone designó a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las causas contra Milagro Sala, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a una amiga íntima, Liliana Fernández de Montiel, como fiscal especial a cargo de todas las causas que se le abrieran en el futuro, es decir una comisión especial prohibida por la Constitución.
Dieciocho minutos después del primer mail, Wagner dirigió otro a la propia clarafalcone9@hot mail.com. A las 17.04 del lunes 9, le reenvió el mensaje a Miranda y la propuesta de reunión para coordinar “la presentación de las víctimas de las arbitrariedades ejecutadas por Milagro Sala, tal como hablamos en diciembre”. Es decir que la coordinación viene de antes. El objetivo es que esas personas presten un testimonio a los comisionados que “justifique el mantenimiento de su prisión preventiva”, le aclara Wagner a Falcone. Esta promiscuidad de Morales con la presidente del Superior Tribunal ratifica más allá de toda duda que Milagro Sala no goza en Jujuy de las garantías del debido proceso y que la justicia actúa como una dependencia más de la gobernación.
Los de Arribas y los de Abajos
Cuando le preguntaron por las denuncias contra Gustavo Arribas (quien niega haber recibido transferencias de Odebrecht pese a la afirmación del arrepentido pagador de los sobornos de la constructora brasileña), el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue categórico:
–En este país, somos todos inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Germán Garavano dijo lo contrario:
–Milagro Sala deberá demostrar su inocencia en el juicio.
Para quienes militan en o están vinculados con la Alianza Cambiemos, como el denunciado jefe de la inteligencia federal y su inquilino el presidente Maurizio Macrì, rige en plenitud la presunción de inocencia de Larreta. En cambio la carga de la prueba se invierte para todos quienes se opongan al oficialismo, culpables por definición de Garavano. Sala carece de los recursos que tiene Arribas para fugarse o entorpecer la investigación, lo que torna más irrisoria su detención preventiva, de la que mañana se cumplirá nada menos que un año. Si se mira al conjunto de la población y no sólo a las personas con actividad política o social destacada, la situación de Milagro no es excepcional: por lo menos la mitad de las personas privadas de su libertad por delitos comunes aún no han sido sometidas a juicio. Lo que tienen en común es su vulnerabilidad ante el sistema penal, que en términos generales coincide con su vulnerabilidad socioeconómica. El caso de Milagro Sala es así representativo de un estado de cosas general, con el agravante de la persecución política. La sociedad se divide entre quienes tienen y quienes no tienen derechos. En el primer año de gobierno de Macrì la novela más exitosa de la televisión argentina llevó el sugestivo título “Los ricos no piden permiso”. Ni pagan las consecuencias.
Sin límites
Durante los 364 días transcurridos desde que Milagro Sala fue apresada se violaron todas y cada una de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, no sólo en su contra sino también en relación con compañeros y familiares a quienes se les ofrecen dos pares de opciones binarias con las que el contador Morales concibe el debe y el haber de su contabilidad política. Toda persona próxima a la líder de la organización barrial Túpac Amaru puede elegir entre plata o palos, entre acusar o ser acusada, sin tercera vía. La semana pasada, Morales llevó más allá los límites, al abrir una nueva causa contra los hijos de Milagro Sala. Para la novedosa dogmática penal del joven prodigio jujeño Joaquín Millón Quintana, el proceso comienza por la pena, las causas se reproducen por cariocinesis y la prueba es un incordio superfluo. Por eso el juez provincial Jorge Zurueta dispuso el secuestro de los vehículos de Sergio y Claudia Chorolque Sala con la mera referencia a la causa Pibes Villeros, que instruye el fiscal de acusación Diego Cussel. Ese juicio aún no se inició, pero Zurueta da por probado con la mera acusación que Sala es la “jefa suprema” de una asociación ilícita creada para delinquir contra la administración pública y que esos vehículos son el fruto del delito. La prensa oficialista se apresuró a presentar imágenes de los modelos secuestrados como si se tratara de autos de lujo y duplicó el efecto al atribuirle a los hijos de Milagro tanto la propiedad del rodado que poseen como la del que vendieron para adquirirlo. El camino en que se interna de este modo Morales es más peligroso que los inutilizados por el alud de barro y piedra que devastó varios pueblos en el departamento de Tumbaya, declarado zona de desastre y emergencia. Si se habla de autos, el contador Morales y sus hermanos declararon varios de gama y costo superior a los que el juez Zurueta les secuestró a los hermanos Chorolque Sala. Por ejemplo Gerardo Morales posee un Renault 2011 valuado en 210.000 pesos y una camioneta Ford 2013, de 480.000. Su hermano y operador principal Freddy Morales, a cargo del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, herramienta escogida para el desmantelamiento de las cooperativas vinculadas con la organización Túpac Amaru para que la construcción de viviendas vuelva a empresas privadas, declaró bajo juramento tres camionetas Toyota, modelos 2011, 2012 y 2013, valuadas en 247.000, 257.000 y 457.000 pesos. El tercer hermano, Walter, sólo declaró una camioneta Ford Ranger 2013, valuada en 283.000 pesos. Si también se considerara aceptable involucrar a los hijos en las actividades de sus padres, los del contador Morales, Gonzalo y Daniel, serían más divertidos que los de su presa. Sólo una pasada por sus muros en las redes antisociales los muestra recorriendo bellos lugares en diversos países de América, cazando, empuñando una brillante escopeta, bailando con una novia o participando en una carrera de cuadriciclos, en la que el acompañante de Gonzalo es el periodista Diego Granda del amistoso diario La Nación. En Jujuy es más difícil que en el resto del país saber si el dinero que gastan un funcionario y sus familiares proviene de una actividad lícita o fue defraudado a la administración pública. Desde 2010 el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) publica un Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial que verifica doce cuestiones: la publicación de las leyes presupuestarias, el presupuesto plurianual, los informes de ejecución de ingresos y gastos, su desagregación y actualización, los informes de deuda pública, la recaudación tributaria, los fondos transferidos desde el gobierno nacional, las transferencias de la provincia a los municipios, la normativa fiscal y presupuestaria, el presupuesto ciudadano y la cuenta de inversión.
En 2016, primer año de la gobernación del contador Morales, Jujuy retrocedió un 44 por ciento en su puntaje y cayó al penúltimo lugar de la tabla nacional de transparencia, con 2,9 (en una escala que va de 0 a 10). Sólo La Pampa está peor, con un puntaje de 2,1. Jujuy es una de las seis provincias que no publican información de deuda, una de las cuatro que no informan sobre las transferencias del Estado Nacional, que este año se incrementaron en forma notoria, y una de las tres más opacas en información presupuestaria. Sólo Chubut, bajo el gobierno de Mario Das Neves, y Salta retrocedieron más que Jujuy. Puede afirmarse con certeza que la detención de Milagro Sala no mejoró la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
La casita del Cochinillo
En la última semana de diciembre, el Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a Milagro Sala a tres años de prisión en suspenso como instigadora de la rotura de siete vidrios del Colegio Profesional de Ciencias Económicas de San Salvador y el lanzamiento de un número indeterminado de huevos sobre el contador Morales, el 16 de octubre de 2009. Los únicos testigos de cargo contra Milagro, a quien nadie vio en el lugar, fueron El Cochinillo René Arellano y su compañera, Cristina Noemí Chauque, alias Solange de los Ángeles, quienes casi un año después de los hechos fueron presentados como testigos por el contador Morales. En las últimas dos semanas se descubrió que ambos cobran sueldo del gobierno radical, lo mismo que el hijo de Cochinillo, Freddy Arellano, y su pareja, Solsito Sena. Además, la cooperativa fantasma Newen, registrada hace cinco años por el hijo del Cochinillo pero que nunca tuvo obras ni empleados, en vísperas del juicio recibió depósitos por 822.000 pesos, que sumados a los sueldos de los cuatro miembros del núcleo familiar superan con holgura el millón de pesos. La dirección de esa cooperativa Newen es Pasteur 1085, donde progresa una edificación cuya categoría contrasta con la del anterior domicilio del Cochinillo, junto al negocio que atendía su compañera. Recién el 3 de febrero el Tribunal dará a conocer los fundamentos de la condena a Milagro y con ella la valoración que hicieron de esos testimonios comprados por el contador Morales. La semana pasada un tribunal administrativo, a cargo de un funcionario designado allí por Morales una vez iniciado el acampe frente a la casa de gobierno a la espera de respuesta a tres solicitudes de audiencia que Morales nunca contestó, condenó a la líder de la organización Túpac Amaru a tres años y tres meses de inhabilitación para integrar asociaciones civiles, gremiales o políticas. También clausuró la sede central de la organización, cuya personería ya había sido suspendida por el gobernador. La inconstitucionalidad de esta decisión es flagrante: el Código Contravencional no incluye, ni podría incluir, la pérdida de derechos civiles y políticos. La ley contravencional fue sancionada en 2014 con la única oposición del Frente Unidos y Organizados (FUyO), formado por la Túpac Amaru, pero recién entró en vigencia el 1º de enero de 2016. El debate legislativo es elocuente. El entonces diputado Agustín Perassi, del Frente Primero Jujuy, sinceró lo que estaba en juego. Dijo que en Jujuy “el problema institucional es que tenemos dos poderes enfrentados y distintos; uno es el poder de la Constitución y el otro es el poder de la fuerza y de la calle”. Por eso, en defensa de la detención de Milagro Sala, Ernesto Sanz dijo que de otro modo Morales no hubiera podido gobernar. Como ministro de Justicia de Morales, Perassi justificó ahora la represión policial a quienes querían ingresar a la sala de audiencias donde se leyó el veredicto contra Milagro Sala porque la diputada nacional Mayra Mendoza estaba “histérica”. En un pedido de informes que presentó en el Senado de la Nación una semana después de la huevada de 2009, Morales sostuvo que la Túpac Amaru logró “poner en la agenda pública de la provincia de Jujuy la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector”. Se quejó de que el poder de presión que ejerce la Túpac Amaru “es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local”. Se refería a la ley 5574/08, que facultó al Poder Ejecutivo a contratar en forma directa la refacción y acondicionamiento de la mitad de las escuelas con las cooperativas sociales. En el debate legislativo, el 12 de junio de 2008, Perassi y el diputado radical Alberto Bernis encabezaron la oposición a que participaran las cooperativas. Los poderes económicos influyentes en la política local que la Túpac Amaru compensó con su acción son los del Ingenio Ledesma y su accionista principal, Carlos Pedro Blaquier. La Corte Suprema de Justicia tiene ahora para decidir si Blaquier debe ir a juicio por las detenciones y desapariciones producidas en la Noche del Apagón, en 1976, mediante el uso de vehículos cedidos por él a la Gendarmería, tal como solicitó hace dos semanas la procuradora fiscal subrogante ante la Corte, Irma Adriana García Netto. Su dictamen afirmó que el caso se encuadra en la colaboración entre un sector del empresariado y las fuerzas armadas y de seguridad en la neutralización de la actividad política y gremial, que hoy se procura por medios menos drásticos. La destrucción de la Túpac, que en diciembre de 2015 contaba con 4500 cooperativistas y era el tercer empleador de la provincia luego del Estado y el ingenio, fue un objetivo estratégico de la burguesía y del bipartidismo jujeños. Durante el acampe de enero, Morales decretó un reempadronamiento de las 600 cooperativas inscriptas y anunció que el personal del área de salud y educación de la Túpac continuaría brindando su servicio, ya que desarrollaban una actividad buena y necesaria. Un año después los cooperativistas tupaqueros no fueron aceptados, a pesar de cumplir con un reempadronamiento, ya que a ninguna cooperativa se le otorgó la matrícula. En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, Morales anunció que los cooperativistas cobrarían 8000 pesos, los policías 20.000 y los médicos 40.000. Nada de ello ha ocurrido. De las 600 cooperativas anotadas (que empleaban a unas 9000 personas) según informe del IVUJ a septiembre de 2016 sólo 180 fueron matriculadas y habilitadas. Algunos cooperativistas fueron empleados en la limpieza y corte de pasto a la vera de las rutas provinciales. El resto fueron excluidos del sistema y engrosan los índices de desocupación local. Morales reconoció que la pobreza en Jujuy ronda el 42 por ciento. Los 500 profesionales y administrativos del área de salud de la Túpac fueron excluidos, pese a la promesa del ministro de salud y presidente de la UCR jujeña, Mario Fiad, durante su visita al Centro Modelo Integral de Rehabilitación de Alto Comedero, donde se atendía a 120 niños con discapacidad. El ministro elogió las instalaciones y se comprometió a avanzar en la contratación de profesionales, cosa que no sucedió. Se desconoce si las 120 personas que recibían tratamientos y rehabilitación pudieron incorporarse en alguna institución del estado ya que carecían de recursos. Tampoco pudieron seguir funcionando los centros de salud (en el Barrio Túpac del Alto Comedero, en la Sede Central y en doce localidades de la provincia. La fábrica de bloques y adoquines donde trabajaban 160 personas fue usurpada con protección del gobierno y dejó de funcionar, lo mismo que las dos fabricas metalúrgicas, una en alto Comedero y otra en la calle Mejías de la capital. Sus 50 trabajadores se quedaron sin medios de vida. De las 60 personas que trabajaban en la fábrica textil de la Túpac, sólo 40 personas subsisten con costuras particulares, ya que no pueden facturar porque el Estado no habilitó a sus respectivas cooperativas. De los 19 centros deportivos donde trabajaban 200 personas, el 80 por ciento han sido destruidos o deteriorados. Sólo funcionan dos piletas (la climatizada del Alto Comedero y la de la Sede Central, que el juez contravencional ordenó clausurar) con unos 14 docentes a cargo. El área educativa, a cargo del profesor Juan Manuel Esquivel, atendió en 2016 a 5.000 alumnos matriculados en escuelas primarias, secundarias y terciarias. Sus 150 empleados de servicios, administración y maestranza sólo cuentan con contratos del ministerio de Educación de 3.500 pesos mensuales, lo mismo que reciben las 30 personas que reciben capacitación laboral en el Centro Cultural. En el interior de la provincia sólo siguen brindando asistencia social en Parapeti, El Carmen, Monterrico, Palpalá, Libertador General San Martin y Abra Pampa las Copas de Leche, que fueron la primera forma de encuentro que impulsaron Milagro Sala y su organización, de las que el gobierno revanchista del contador Morales quiere borrar la memoria. No lo conseguirá, pero entretanto está sembrando la provincia de dolor y humillación.
Gracias al blog El Disenso por los datos sobre la familia Morales.
Morales, Langhe de Falcone y el ministro Garavano.
Fuente:Pagina12
DERECHOS HUMANOS
Volvió Zaffaroni: "La detención de Milagro Sala es un papelón internacional"
El ex juez de la Corte Suprema y actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se explayó sobre la baja de imputabilidad a los menores.
14.01.2017
Eugenio Zaffaroni volvió, y con los tapones de punta. El penalista, que formó parte de la Corte Suprema de Justicia y actualmente integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se explayó sobre la detención de Milagro Sala, quien cumple precisamente hoy un año privada de su libertad. “Esta es una detención arbitraria, una detención política; es una vergüenza lo que está pasando con el Poder Judicial de Jujuy, un papelón internacional", señaló.
“Esto le está generando un problema al Gobierno nacional; pero esto me interesa poco, lo que me interesa es que estamos haciendo los argentinos un papelón internacional con esta detención de tipo político. “Creo que (el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales) está aprovechando una situación interna de Jujuy para reafirmarse él con la prisión de Milagro Sala. Me apena que después de los años y los esfuerzos que nos ha costado limpiarnos de las violaciones de los derechos humanos y quedarnos con las manos limpias ante la comunidad internacional, hoy, por una arbitrariedad política, estemos haciendo este papelón”, señaló. En diálogo con Radio 10, Zaffaroni calificó la detención de Sala como “un empecinamiento del gobernador, un empecinamiento de tipo personal”.
BAJA DE IMPUTABILIDAD
Zaffaroni aprovechó la entrevista para opinar también sobre el actual debate impulsado por el Gobierno respecto de la posible baja de imputabilidad a los menores de edad, de 16 a 14 años. El juez aseguró que "hay una incidencia bajísima" de homicidios cometidos por menores de 16 años, y que para él "no es el gran drama en términos generales". Sin embargo, reconoció que hay un bache legal, en la medida en que a los menores no se les hace un proceso judicial..
"Lo primero que pasa con un chico menor de 16 es que no se le hace un proceso. No hay un proceso previo en el que se le prueba como a cualquier adulto que cometió un delito. Ahí se lo está privando de garantías", destacó.
En diálogo con Radio 10, Zaffaroni sostuvo que "la llamada baja de imputabilidad no es ninguna baja de imputabilidad: es saber si se le aplica al niño o adolescente la misma pena que el adulto o no. En definitiva es eso.Tenemos en delitos graves en la Ciudad una incidencia en homicidios de menores de 16 años bajísima, de uno por año y a veces no hay ninguno. De modo que ese no es el gran drama en términos generales", agregó.
El penalista consideró dos problemas en relación con el Derecho y los menores de edad. Por un lado, opinó que "internar a un chico es una pena, es como una cárcel para chicos". Sin embargo, señaló que es imprescindible "probar judicialmente que el chico hizo algo".
"Si tenemos apenas un caso por año, aproximadamente, no se justifica que se tome una medida represiva para todos los adolescentes de esa edad. Sino, lo que estamos haciendo es meter preso al que se hurtó el sándwich de milanesa",concluyó.
Fuente:BigBang
Una defensa de Milagro Sala: Esa india
14 ENERO 2017
¿Quién se creía que era esa india?” es la fórmula desquiciada de la condena a Milagro Sala por su doble identidad de género y de raza. Una negra alejada de los estereotipos “femeniles”, cultivadora de una androginia amenazante y capaz de imantar a miles de seguidores en nombre de la justicia social se vuelve intolerable. Su delito consiste en haber desafiado con cuerpo indígena y femenino las potestades patriarcales y reaccionarias en un territorio que ha suspendido el estado de derecho, dice Dora Barrancos.
Por Dora Barrancos, en Revista Anfibia.
Milagro Sala resultaba una amenaza para el establishment jujeño y su arbitraria prisión de casi un año así lo atestigua. Hacía mucho tiempo que los “poderes constituidos” se la tenían jurada y harían lo imposible por intentar acallarla y destruir, sin reparar en alevosías, la construcción colectiva que ha venido liderando desde hace muchos años.¿Acaso no se intentó matarla en una emboscada? Milagro encendió el odio recalcitrante de Gerardo Morales y su círculo aunque es necesario admitir que su estilo irreverente, su osadía reivindicativa, encendió muchas chispas más allá del moralismo y no hay duda de que incomodó también a otros segmentos. ¿Pero quien se creía que era esa india soberbia, que para colmo se ha salido de los estereotipos “femeniles” y por eso mismo parece cultivar una androginia amenazante? ¿Quién pretendía ser esa negra para imantar a miles de seguidores en nombre de la justicia social?
Con certeza Milagro construyó una identidad que remonta a las vicisitudes de un comienzo infortunado. Dejada a poco de nacer en un hospital, y con serios trastornos de salud, fue atendida por quien decidió ser su madre adoptiva. A menudo Milagro sostiene, sin mengua de tono enfático, que sus padres le dieron todo lo que podían y que le prodigaron una buena educación, con mucha rectitud, tal vez suturando la honda herida que significó haber conocido, en plena adolescencia, que había sido adoptada. Este descubrimiento la inundó de ira: dejó su casa y se arrimó a experiencias de márgenes. Por bastante tiempo rodó por la vida, y hasta fue a parar por meses a un calabozo.
Descenso en el infierno, ese ciclo fue sin embargo una revelación, como si la adversidad la tornara resiliente, de ese fondo emergió una nueva criatura que encontró identificación y destino en las otredades sufrientes y humilladas de su comunidad. Fue seguramente en ese tránsito que adquirió resonancia su identidad racial y de clase. Nacía así, de esa nueva subjetividad, el ser politizado que adhirió a una iconoclasia colectiva y asombrosa competencia carismática -cada vez más irresistible- cavada en la intransigencia, en la celebración de sus orígenes indígenas, en la insolencia de mostrar que la pobreza y la marginación eran producciones de sociedades injustas e inequitativas.
Ancló con fuerza en el peronismo de los orígenes que revivió como revulsivo y revolucionario –sobre todo por la figura de Evita–, mientras el menemismo lo conducía a la dársena de una inversión completa de estos sentidos. Fue aglutinando con militancia persistente a la masa de excluidos, al conjuro de imaginarios que conectaban la resistencia a las políticas devastadoras de los ‘90, con la epopeya legendaria de Tupac Amaru, mediados por el soporte imperativo del Che Guevara. No en vano los tanques de agua de aquel mar de casas construidas por la Organización Barrial Tupac Amaru ostentan en lo alto los perfiles de las tres figuras radicales de la sustentabilidad ideológica del movimiento: Evita, Tupac y el Che.
Con certeza, la Tupac hizo muchísimo más que el estado jujeño en estos años. La insolencia de su reto sólo puede ser justipreciada por las denostaciones acerca de la falta de probidad en la administración de los recursos distribuidos entre tanta pobreza de rostro indio. Cuando el gobernador Morales sintetiza su iracundia contra Milagro y la obra que produjo colectivamente en el sentencioso enunciado “¡Se robaron todo!”, escamotea la evidencia de que algunos se quedaron fuera del negocio de la construcción, sustituidos por la actividad cooperativa que ahorró millones de pesos que fueron destinados a otros emprendimientos sociales. La Tupac se convirtió en una agencia redistributiva y sin duda fue una apuesta de las políticas inclusivas de la era kirchnerista en manos de los propios agentes comunitarios.
Pero no quiero referirme al movimiento y a la empresa que empinó a miles de familias que hasta pudieron disponer de balnearios que imitaban paraísos caribeños, ahora suspendidos porque seguramente resulta intolerable la insolencia con que se puede exhibir el “derecho a tener derechos” por parte de los pobres. Por ocasión del viaje que hicimos a Jujuy miembros del grupo CyTa, y en su nombre, para abrazar a Milagro en el penal donde está detenida, algunos observadores locales que compartían con nosotros el paisaje desolador de las piscinas casi agrietadas en Alto Comedero dijeron casi en suspiro: “Le quitan todo a los pobres”.
Pero me sustraeré a la enumeración de los emprendimientos tupaqueros ahora en grave riesgo porque deseo poner en foco a la protagonista principal, a Milagro Sala.
Volveré sobre algunos presupuestos acerca de la persecución que la gobernanza de Gerardo Morales ha desatado contra Milagro Sala y sus compañeras y compañeros. He propuesto al inicio de esta nota, bajo el interrogante ilocutivo “¿quien se creía que era esa india?”, la fórmula desquiciada de la condena por su doble identidad de género y de raza. Hay una suerte de exacerbación del doble lazo pues es inaceptable que una india se arrogue un liderazgo de tamaña contundencia. Se trata de una aborigen alzada y maligna que ha tenido el descaro de hacerse potente y de fungir como la gran Evita, con los recursos que se le han prodigado. La imagen vituperada de Milagro no puede dejar de estar asociada a Evita, antecedente de la transgresión femenina en la arena política que a menudo fermenta en el argumento visceral de quienes rechazan a las poblaciones de tez oscura.
Pero deslindemos en primer lugar la condición de mujer de Milagro que está en el fondo de la impugnación que le dedica buena parte de la sociedad jujeña. En verdad, es esa sociedad la que se ubica en el centro del problema porque estoy segura de que la estigmatización proviene de varios estamentos jujeños, y lamentablemente hasta no faltan los de extracción popular.
Hay un juego truculento en la opinión condenatoria de Milagro porque se trata de una mujer que al mismo tiempo parece abdicar de la condición femenina del figurín patriarcal, y no sólo porque es insumisa, sino porque sus atributos físicos y su apariencia se apartan del clásico semiológico “lo femenino”. Parece paradójico aunque no lo es tanto: al final esa mujer, que según sus obsesionados opositores contradice la esencia femenina, es más peligrosa, y casi coincide de modo especular con alguna entidad de un arcano siniestro. Una mujer que tiene las condiciones del liderazgo del varón es una inversión de los sentidos esenciales, y lo es más porque se empeña en desentonar con la expectativa del estereotipo.
La operación de afrentar es la misma, aunque los términos de lo que se supone “lo femenino” sean antagónicos con lo que ocurre en relación a Cristina Fernández de Kirchner. En la ex presidenta es el acicalamiento que subraya la identidad de género lo que incomoda y lo que se hostiga.
Como se ve, es lo enérgico determinante de una mujer lo que pone en vilo a estructuras dominadas por el conservadurismo patriarcal. Esa potencia para cambiar la realidad, se sabe muy bien, ha llevado a Milagro a estar directamente involucrada con acciones de control para impedir que la droga se instale en Alto Comedero. ¿Puede ignorarse el malestar que produce en determinadas pústulas sociales que esta india, de modo resuelto, se haya entrometido en la cadena de distribución? Se sostiene que esa acción también la ha enfrentado con propios, me refiero a gente de coincidencia identitaria en materia de piel y de clase con la que Milagro ha sido implacable. Hay aquí otra arista del acorralamiento a la flamígera Milagro.
Y, por último, vayamos por el deslinde del racismo entrañable que la condena. Resulta una evidencia empírica que, aún en sociedades mestizadas como la jujeña, se expresan sentimientos despreciativos hacia la población indígena, la “negrada”, como se alude de modo despectivo y con vastedad imprecisa. Y frente a ciertas emisiones, no deja de ser una suerte de autoimpugnación de los orígenes.
Y no son sólo los insulares grupos blancos jujeños (¿existe esa pureza?) quienes reprueban a nuestra coya insurgente. La discriminación xenófoba compromete también a gente que difícilmente podría eludir antecedentes indígenas. De la misma manera que no podría sortearse, aunque se intentaran pruebas atroces de “limpieza étnica” (¡por Dios, no demos ideas!), la conformación multiétnica de nuestro norte debido a los acendrados vínculos, del pasado remoto y del presente, con la hermana Bolivia. No escapa que se asiste a un reverbero de la discriminación: donde menos se piensa, iguales en clase y etnia se sienten diferentes.
Las crisis son un atolladero para los sentimientos de identidad y reciprocidad. Las crisis aumentan la sordidez y con ellas viene a tono el virus individualista por el que las gentes se convencen que nada deben al colectivo, que lo que tienen lo han logrado por mérito propio y se tornan inmunes a las apelaciones políticas comunitarias.
Milagro y su organización hicieron construir en el centro de Alto Comedero una réplica atenuada del Tihuanaco bajo la advocación de las deidades incas, aunque no puede dudarse de cierta hibridación en la composición sacramental. Se trata de una evocación que funge también como territorio de identidad racial, como necesaria recuperación cotidiana de la fuente originaria más allá de los mestizajes.
Milagro de manera explícita se referencia en la Pachamama, y estoy segura de que lo hace desde un doble cauce: desde la espiritualidad que la potencia y desde la materialidad social que alimenta sus convicciones igualitarias. Cuando la abrazamos en la prisión ominosa, que no podrá con su genio ni con su gravitación – aunque se le haya aplicado el castigo de proscripción para la dirigencia social–, corroboramos una vez más que su delito consiste en haber desafiado con cuerpo indígena y femenino las potestades patriarcales y reaccionarias en un territorio que ha suspendido el estado de derecho
Fuente:ElSubmarino
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