15 de enero de 2017

OPINIÓN: POBREZA O, GUERRA A LOS POBRES.

POBREZA 0, GUERRA A LOS POBRES

Represión o política

15/01/2017
Por Horacio Çaró
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La derecha clásica es políticamente agnóstica. La socialdemocracia abandonó la fe, si alguna vez la tuvo. No hay diálogo, como se prometió. Hay balas, palos y gases. Los límites del ajuste los pone el ajustado, y la frontera con el estallido está cada vez más cerca.
Finalmente se supo. La traducción de la iniciativa de campaña de Cambiemos Pobreza 0 es, en castellano adecuado, guerra a los pobres. Pero guerra en serio, nada de eufemismos, metáfora o imágenes literarias paganas.
Así como en los años 80 la expresión de Raúl Alfonsín advirtiendo que el país ingresaba a una etapa de “economía de guerra” y en realidad, como bien lo describió el periodista Horacio Verbitsky, de lo que se trataba era de una declaración de guerra al salario impuesta por los “Capitanes de la Industria”, la Pobreza 0 es una declaración de guerra a los pobres, y su ejecución en el campo de batalla elegido por la derecha neoliberal.
En la semana, que por lo trágica no termina de irse en la memoria de quienes luchan contra el macrismo imperante, sucedieron hechos que no parecen estar vinculados entre sí pero que terminan siendo, algunos de ellos, explicatorios de los otros.

Los tiros y los tironeos

Sin duda, los episodios más impactantes fueron las represiones que en Chubut, Neuquén, Buenos Aires y Rosario llevaron adelante las tropas combinadas de policías locales con fuerzas federales.
La utilización en el primer caso de postas de plomo acaso le otorga mayor gravedad, pero a poco de analizar las tres ofensivas contra población civil por parte de efectivos del Estado, surge un mínimo común denominador que las empareja en términos conceptuales: la represión de la protesta social ya no reviste características excepcionales, sino que se ha tornado una política de Estado sistemática y con protocolos que, aún siendo en extremo peligrosos, son excedidos por las fuerzas de “seguridad”, cebadas por el dejar hacer del poder político.
La cobardía de gobernantes que muestran agallas para ordenar el despliegue de su infantería contra el pobrerío, ya sea integrantes de pueblos originarios, trabajadores o gente que reclama colchones y chapas, contrasta notablemente con la sumisión vergonzosa ante los poderes económicos, que les mandan realizar la faena dura, el trabajo sucio, en modo balacera y garrotazo.
En eso no hubo diferencias. Mario Das Neves, de Chubut, Alberto Weretilneck de Río Negro, Horacio Rodríguez Larreta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y Miguel Lifschitz de Santa Fe tienen el demérito común de arrodillarse ante las compañías petroleras, mineras, latifundistas y grandes productores agropecuarios, y son cómplices de las políticas económica y social del gobierno de Mauricio Macri.
Hace poco más de tres semanas, los vecinos de El Bolsón que protestaban contra el proyecto aprobado por el Concejo Deliberante local que permitiría un loteo de tierras en la zona de la reserva natural de Mallin Ahogado fueran reprimidos con gases lacrimógenos por la policía de Weretilneck, que el año pasado de kirchnerista, de pronto se volvió adherente al Frente Renovador de Sergio Massa.
Sin embargo, hace una semana, 10 mil personas salieron a las calles de El Bolsón para protestar contra la entrega de tierras de una reserva natural al pie del Cerro Perito Moreno para construir un emprendimiento inmobiliario impulsado por una empresa del magnate británico Joseph Lewis, denominada Laderas del Perito Moreno SA.
Lewis, de más está decirlo, es amigo personal del presidente Macri, y éste es habitual que pase algunos de sus muchos días de descanso en los parajes cuyo dueño es el inglés. Weretilneck, está claro, eligió enfrentar a los vecinos y proteger los intereses del crápula británico.
En Chubut, el martes pasado, integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof, del departamento de Cushamen (Chubut), fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería con balas de goma, en un intento por desalojarlos de un territorio en disputa con el empresario italiano Luciano Benetton.
El miércoles, Gendarmería y la Policía de Chubut reprimieron nuevamente, y esta vez el operativo fue más cruento: “Empezaron a disparar a quemarropa, dejando varios heridos”, señalaron los manifestantes. En la ocasión se usaron postas de plomo: Fausto Emilio Jones Huala fue herido de gravedad en el cuello por una bala de ese tipo, y una segunda persona también recibió un disparo de plomo, yendo a parar ambos a terapia intensiva, aunque no fueron los únicos heridos.
Ese mismo martes, un descomunal operativo policial –que incluyó balas de goma, gases lacrimógenos, carros hidrantes y helicópteros– reprimió a los vendedores callejeros que tienen sus puestos en el barrio de Once de la Caba, dejando como saldo detenidos y dos heridos.
“En los últimos cuatro años fueron desalojados 5 mil manteros en Avellaneda, Caballito y otros puntos de la Ciudad. Ninguno de esos compañeros fue relocalizado como le prometió la Ciudad. Las personas que venden en la calle son trabajadores y lo hacen porque no tienen otro medio de vida”, apuntó el vendedor ambulante a Infonews.
En Rosario, vecinos de barrio Las Flores que reclamaban ayuda a causa de la situación en la que habían quedado sus precarias casas tras la última tormenta, fueron reprimidos el miércoles pasado por la Policía de Acción Táctica de la provincia. Hubo varias personas heridas, entre ellas dos embarazadas, y del operativo también participó la Gendarmería.
Pedían colchones y chapas, algún alimento, elementos de aseo y salud esencial. Recibieron gases, palos y balazos de goma.
Entre la derecha PRO, que descree de la política pero se beneficia de ella, y el socialismo gobernante en Rosario y la provincia de Santa Fe, que hace rato renunció a la política para intentar al menos resolver los problemas de los ciudadanos, en su mayoría conflictos generados por su paupérrima gestión, lo cierto es que en la Argentina actual, con honrosas excepciones, existe –como única respuesta a la crisis desatada por ellos mismos– un verdadero estado de represión sistémica de la protesta social.

En Palacio las cosas son diferentes

El miércoles, mientras las balas silbaban cerca de los mapuches que protestaban en Chubut, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne recibía al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Adrián Kaufmann Brea, quien le presentó una propuesta de reforma tributaria. La idea de los industriales es, como siempre, pagar menos.
La iniciativa patronal contempla, entre otras medidas, derogar el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, reemplazar el impuesto sobre los Ingresos Brutos por un tributo final sobre ventas, y unificar y “armonizar la tributación provincial y municipal”, lo cual significa la eliminación de gabelas que ellos consideran superpuestas a otras que ya pagan.
Kaufmann Brea llegó al Palacio de Hacienda acompañado por el director del Departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo, responsable del documento que destaca que la presión tributaria viene creciendo en forma sostenida desde 2004 y hoy alcanza al 32,1 por ciento del PBI, y se extiende al 34 si se tienen en cuenta las tasas municipales.
Ni el Gobierno, ni la central patronal industrial exhibieron documentación que respalde esos guarismos, ni tablas comparativas con otros países, donde la presión fiscal impositiva es mucho más elevada.
Sin embargo, en ese contexto, la central industrial elaboró una propuesta que consiste en varios ejes, que como siempre ocurre esconden el verdadero propósito: fomento a la inversión; eliminación de distorsiones; racionalización de tributación local.
Para eso, la UIA propone el otorgamiento de estímulos fiscales a las empresas que inviertan en actividades productivas, a través de la aplicación del régimen de amortización acelerada de bienes y/o desgravar de Ganancias parte del monto invertido. Dicho de otro modo: que el Estado financie esas inversiones con exenciones impositivas.
También se propone incrementar el cómputo de pago a cuenta de cargas sociales con el IVA: “El costo laboral y previsional afecta fuertemente la competitividad industrial y fomenta la informalidad”, justificó la entidad, como lo viene haciendo desde hace décadas sin que las sucesivas flexibilizaciones generen formalidad, más empleo o baja en los costos de sus productos.
La UIA, en razón de todo ello, propone ampliar los porcentajes de cómputo de las contribuciones patronales con el IVA, reimplantar el sistema de ajuste por inflación impositivo y eliminar el impuesto sobre el créditos y débitos en cuentas bancarias.
En pocas palabras, a pedir de Techint, Socma, Arcor y compañía, y sobre las espaldas de los trabajadores.
Otro episodio similar aconteció en la semana, cuando Macri eligió una cínica frase para anunciar el acuerdo para la explotación de Vaca Muerta, que mejora la rentabilidad de las petroleras y elimina distintos beneficios de los trabajadores, como el adicional por tiempo de viaje al pozo: “Esto va a ser una verdadera revolución del trabajo”.
Frente a dirigentes sindicales claudicantes, petroleros angurrientos y un puñado de políticos de su palo, el mandatario aseguró que se abre “una etapa de futuro para la energía” al hacer público el acuerdo entre el gobierno nacional, la provincia de Neuquén, las empresas y el gremio petrolero para la explotación del yacimiento de energía no convencional de Vaca Muerta que, aseguró, dinamizará la economía y producirá “una revolución de empleo”.
La verdad de la milanesa es que ese convenio echa por tierra décadas de derechos adquiridos por parte de los trabajadores, fundamentalmente a partir de una reducción de la cantidad de trabajadores y la instrumentación de jornadas laborales de 12 horas, entre otros retrocesos.
El acuerdo que tanto celebra Macri elimina, por ejemplo, el adicional que cobran los trabajadores por el tiempo que lleva el viaje desde sus hogares hasta los pozos y, además, las compañías petroleras podrán reducir la cantidad de trabajadores por equipo de perforación, determinar cuándo suspender la actividad y disponer de los empleados con mayor flexibilidad para hacerlos rotar por distintos puestos.
A pesar de todo, el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, rescató el acuerdo. Saltándose las críticas por rubricar el convenio que reduce los costos empresarios para incrementar la rentabilidad de los proyectos a cambio de preservar los puestos de trabajo, el sindicalista aseguró: “Esto no es una flexibilización”.
Pereyra explicó que el acuerdo reacomoda el convenio colectivo de trabajo del petróleo a la actividad de extracción no convencional, que “no estaba contemplada”.
Macri pareció darle la razón, y le dedicó luego una especial felicitación, señalando que él y sus colegas son “dirigentes con apertura”, tras recordar a aquellos que “quieren aferrarse a una pequeña ventaja, que nos impidió crecer tantos años. Necesitamos argentinos con coraje para generar un futuro distinto, sin quedarse en la crítica o la presión”.
Los empresarios, agregó Macri, se han comprometido “a un proceso virtuoso de inversiones de 5 mil millones de dólares el primer año, que se duplicará en los próximos y se sostendrá durante muchos años”. Pero ese dinero ya estaba previsto desde 2012, merced al Plan Gas que había establecido Cristina Fernández de Kirchner.
Que el convenio afecta negativamente los derechos de los trabajadores queda claro a partir de que las críticas no provienen de sectores ajenos a la actividad. Según publica el diario Clarín, “el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila, se mostró crítico respecto al convenio anunciado por el presidente Mauricio Macri sobre el yacimiento de Vaca Muerta”.
En síntesis, hace un año y unos pocos días que en la Argentina los negocios y negociados son custodiados por la soldadesca del poder económico. Que el modelo no cierra sin represión no sólo ya es historia conocida, ya es una realidad ante la cual la dirigencia de la CGT, por ejemplo, no tiene más excusas que el hecho de acompañar al gobierno macrista-radical por los millones ofrendados para las obras sociales de los gremios, que fueron usados por el gobierno nacional como mordazas y esposas, un método extorsivo para neutralizar el conflicto social.
Los fierros, los gases y los garrotes defienden, como las fuerzas armadas lo hicieron durante la dictadura, un plan económico criminal, que sólo tiene en cuenta el lucro y acepta un tercio, como mucho de los habitantes de la Argentina dentro de ese esquema. Para el resto, palo y bala. La diferencia es que Macri llegó a través de las urnas. Sus cómplices provinciales Das Neves, Weretilneck, Rodríguez Larreta y Lifschitz también. Y este año hay elecciones. En esa instancia las balas no sirven de nada.
Fuente:RedaccionRosario

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