20 de enero de 2017

ROSARIO - SANTA FE.

20 de enero de 2017 
OTRO RADICAL QUE SE FUE CON CRÍTICAS POR LA EMERGENCIA HÍDRICA.
"Lamentablemente nada hizo usted"
 Así le dijo en una carta al ministro Garibay el subsecretario de Coordinación de Asuntos Hídricos, Luis Lombó. Renunció en solidaridad con Porta y es el segundo radical que se va.
La interna entre socialistas y radicales por las inundaciones en la provincia sumó ayer un nuevo capítulo. El subsecretario de Coordinación de Asuntos Hídricos, Luis Lombó, renunció a su cargo en solidaridad con Roberto Porta, el ex secretario del área a quien el gobernador Miguel Lifschitz había desplazado el martes. Lombó materializó su renuncia enviándole una carta con fuertes críticas al ministro de Infraestructura, José Garibay, a quien Porta responsabilizó por no transmitirle información al gobernador por los trabajos de canalización de Córdoba, que no habían sido autorizados por el Comité Interjurisdiccional, incrementando los excedentes hídricos en algunas zonas de Santa Fe. Dirigiéndose a Garibay, el funcionario renunciante señaló: "Lamentablemente nada hizo usted y hoy se pueden ver los resultados de su `generosa` política de acuerdos con la provincia de Córdoba en desmedro de los ciudadanos de nuestra provincia".

Lombó dijo que dejaba su cargo por el pedido de renuncia de Lifschitz a Porta, un radical del grupo Universidad que integran el diputado nacional Mario Barletta y el intendente de Santa Fe, José Corral, quienes lamentaron la salida del ex secretario de Recursos Hídricos. "Intentaron convertirlo en el responsable de la problemática hídrica provincial", escribió el ex subsecretario, para luego comunicarle a Garibay que renunciaba en forma indeclinable. 

Cuidando las formas, en un año político complejo para las relaciones entre socialistas y radicales en el Frente Progresista, Lombó dijo a Radio 2 que su decisión nada tuvo que ver con la interna, sino con "cuestiones técnicas", y no descartó más renuncias de funcionarios. Desde el gobierno provincial desestimaron los dichos de Lombó, quien al igual que Porta se quejó de no tener acceso al gobernador.

El propio Lifschitz, al ser consultado por este tema, respondió de manera categórica: "No es habitual que un subsecretario tenga contacto con el gobernador. No lo conozco (a Lombó). Las decisiones sobre la integración del gobierno es mi responsabilidad". Al día siguiente de que removieran a Porta, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, acusó al ex secretario de Recursos Hídricos de no haber participado de ninguna reunión y de no dar ninguna explicación sobre las inundaciones.

En su carta, Lombó acusó al ministro de Infraestructura de haber autorizado a Córdoba a que aumente las secciones de sus canales y realice obras nuevas que produzcan un incremento de los excedentes hídricos que ingresan a Santa Fe, con financiación del gobierno nacional, hasta tanto no se realizaran las tareas de mantenimiento del Canal San Antonio y otras obras aguas abajo como las protecciones de Tortugas, el canal aliviador Oliveros y el puente sobre la Ruta 9.

Por tal motivo, enviaron a Garibay un expediente en el que le pedían que era "urgente y necesario" que Santa Fe denuncie la situación ante la cartera de Recursos Hídricos de la Nación y que intime a la provincia de Córdoba para que paralizara todas la obras en ejecución y no comenzara ninguna obra nueva, hasta tanto se efectuaran las obras de control necesarias que garantizaran los caudales históricos, para proteger la salud y los bienes de los santafesinos, que podrían verse gravemente afectados ante nuevos eventos climáticos.

"Quiero decirle que el burdo intento de que el ingeniero Roberto Porta sea el chivo expiatorio de la desastrosa gestión socialista en materia a de recursos hídricos, se nota y se nota demasiado", planteó Lombó en su carta a Garibay. En las declaraciones radiales, el ex secretario de Coordinación de Recursos Hídricos señaló además que llevaba cuatro meses sin hablar con el ministro: "Hace tiempo que decidió no hablar con nosotros, no le gustaba nuestra práctica de que cuando no estábamos de acuerdo con algo lo decíamos y escribíamos en los expedientes".



20 de enero de 2017 
Vigilando de cerca al Saladillo 

(Imagen: Sebastián Granata) 
Sigue la vigilancia en torno al puente Ayacucho debido a la crecida del arroyo Saladillo tras el fuerte temporal del último fin de semana. El subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario, Marcelo Gallioni se mostró optimista y aseguró que "el agua está bajando" y que al momento "el puente está estable". El funcionario dijo que en principio "el puente está estable y lo que tenemos acordado con el Ministerio de Infraestructura es que una vez que baje el agua y esté en su cauce normal, se hará una inspección mediante buzos tácticos de la estructura del puente, de las bases, y tomar cartas en el asunto para evitar la erosión en una futura inundación", explicó en diálogo con Conclusión. 20.01.2017
Fuente:Rosario12




MIGUEL LIFSCHITZ
Las pérdidas rondan los "20 mil millones de pesos"
En declaraciones a la prensa formuladas esta mañana, el gobernador santafesino puso de relieve que "la crisis hidrica no ha terminado, es posible que haya nuevas lluvias en las próximas semanas".
Las pérdidas rondan los Las pérdidas rondan los (Foto: Télam) 
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, manifestó hoy que las pérdidas a causa de las inundaciones por las lluvias registradas en las últimas semanas en esta provincia se estiman "entre 15 y 20 mil millones de pesos", y anunció que en la jornada viajará a Buenos Aires para mantener reuniones con funcionarios nacionales para planificar obras, y solicitar ayuda económica para paliar la grave situación de los damnificados.

En declaraciones a la prensa formuladas esta mañana, el gobernador santafesino puso de relieve que "la crisis hidrica no ha terminado, es posible que haya nuevas lluvias en las próximas semanas".

"Las precipitaciones afectaron entre 80 y 90 localidades, las lluvias fueron mayores a las previstas", indicó Lifschitz y resaltó que "también se incrementaron zonas cultivadas con soja, hubo desmontes, se hacen canales muchas veces clandestinos, el suelo tiene menos capacidad de absorción y aguas abajo se van generando los mayores problemas".

"La problemática es seria, va mas allá de la provincia, por eso hoy voy a Buenos Aires a reunirme con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para insistir sobre la necesidad de una planificación, que excede a esta provincia e involucra a provincias vecinas, como Còrdoba y Santiago del Estero, por ejemplo", consignó.

"El gobierno nacional se hizo presente rápidamente, se interesó de los problemas, envió funcionarios a tomar contacto con nosotros y encontrar soluciones para los afectados; en la coyuntura hemos tenido una muy buena respuesta, ahora tenemos, lógicamente, que esperar las soluciones", afirmó.

Luego señaló que "tambièn esperamos que a nivel nacional se ratifique y homologue la extensión de la emergencia económica y desastre declarada el año pasado, en 18 de los 19 departamentos, para que tenga impacto sobre todos los impuestos nacionales y beneficie a productores no sólo con las prórrogas y extensiones a nivel provincial".

Seguidamente, Lifschitz expresó que "los tamberos, que venían golpeados, prácticamente recibieron ahora un golpe fatal, y al sector agropecuario lo toma con la soja bajita, por lo que el daño puede ser muy grande".

"Estimamos que las pérdidas son entre 15 mil y 20 mil millones de pesos", acotó el gobernador, y añadió: "son cifras realmente importantes, no se puede resarcir al productor sus pérdidas, pero si brindarles las herramientas para que puedan recuperarse, que puedan volver a comprar semillas e insumos, que vuelva a poner en marcha la rueda de la producción, otro tanto para el sector tambero que necesita recuperar capital de trabajo y requiere financiamiento a largo plazo con años de gracia, sino están condenados a una desaparición forzosa".

Finalmente, el gobernador de Santa Fe puso de relieve que "la provincia pondrá su parte, haremos un aporte muy importante, pero necesitamos también la ayuda nacional".
Fuente:AgenciaFe




PALADINI PAPERS 
Lo que sacó a flote la inundación en Villa Gobernador Gálvez 
Cecilia Macarena Pelliza
El temporal y el consecuente aluvión de agua que afectó la región el pasado domingo, suscitó un conflicto extra en Villa Gobernador Gálvez. Es que el agua que escurrió por la ciudad en busca del río Paraná, se topó en una de las calles con un paredón del frigorífico Paladini generando un efecto dique que inundó a los frentistas vecinos de la planta, quienes sin dudarlo derribaron el muro de la empresa.
Los vecinos abrieron un hueco para no inundarse. (Foto: Rubén Cabral de 5W Noticias) Esta situación puso de relieve la obstrucción de la calle Julio Argentino Roca, que tiene una larga historia de beneficios poco claros a la industria emblema de la ciudad, que se remontan a la época de la última dictadura cívico militar.

En diálogo con Rosarioplus.com, el concejal por el Partido Socialista de la vecina ciudad, Carlos Dolce, aseguró que “entre el año 76 y 83 el intendente Darío Dardo Rocha, designado por la junta militar, le permitió a Paladini avanzar sobre calle Fornieles para ampliar su planta”. De este modo el frigorífico unió dos manzanas interrumpiendo la calle que tuvo, de ahí en más, su final abrupto contra un paredón de la empresa. “Es difícil acceder a esa documentación, por eso no puedo decir el año exacto. Se supone que esta concesión se habrá hecho bajo la justificación de generar más empleo para la ciudad”, detalló.

La segunda ampliación que logró la planta sobre terrenos públicos, también tiene orígenes poco claros. Es que si bien la empresa los compró en 1996, los terrenos son el resultado de un oscuro proceso que llevó adelante la dictadura militar.
En la imagen aerea se puede ver la calle Fornieles, que termina contra la empresa, lo mismo con la calle Julio Argentino Roca, ubicada una cuadra màs abajo.
En febrero de 1977 el Estado militar intervino la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil para iniciar un proceso de normalización, pero ya en mayo la junta mostró sus verdaderos intereses y empezó a desmantelar la institución y a rematar sus más de 60 propiedades, esparcidas por todo el país. Entre ellas, unas 30 hectáreas en Villa Gobernador Gálvez, a la vera del río.

Consultado por Rosarioplus.com, el abogado de la Vigil, Gabriel Caciorgna explicó que “se trata de un proceso de desmantelamiento, bajo la figura de liquidación judicial, que se extiendió desde 1977 a 2008”. Es que aún con la restitución de la democracia, a la mutual le costó mucho, trámite judicial mediante, recuperar su personería jurídica y así poder litigar por los daños económicos y humanos sufridos.

Uno de esos daños, hoy bajo litigio en el sumario por delitos económicos contra la Vigil, es parte de los terrenos que ahora ocupa el frigorífico. En la ordenanza 1065 del 21 de marzo de 1995, la provincia de Santa Fe, en ese momento bajo la primera gobernación de Carlos Reutemann, el municipio compró al liquidador de la Biblioteca Constancio C. Vigil 30 hecáreas linderas a Paladini, para la realización de un barrio de viviendas sociales

Menos de un año y medio después, el destino de esas tierras había cambiado. Bajo la ordenanza número 1193/96, el 22 de agosto de 1996, el entonces intendente Pedro González vendió 9 de esas 30 hectáreas a la empresa. El barrio jamás se hizo.

El resultado de estas dos transacciones, la cesión de terrenos en dictadura y la posterior venta de terrenos apropiados por la dictadura, le dieron a la industria un total de 50 hectáreas a la vera del río. Varias manzanas unidas, que cortan las calles Fornieles y Julio Argentino Roca, donde el frigorífico emplaza su casa central y sus principales plantas industriales.

Es este avance sobre el espacio público y el nulo destino social que tuvieron las tierras, lo que este domingo se puso de relieve al impedir el correcto drenaje del agua, que perdió su desembocadura natural. Efectos de una dictadura que aún deja sentir sus delitos económicos.
Fuente:RosarioPlus



NIÑOS RECOGIENDO ARÁNDANOS

La explotación laboral en campos santafesinos, otra vez en la mira
El ministerio de Trabajo detectó la semana pasada un campamento con 48 peones rurales oriundos de Santiago del Estero en un campo de Labordeboy con jornadas de más de 12 horas. Trabajaban para una importante firma de la región. Es el tercer caso con irregularidades desde noviembre. En un operativo encontraron niños recogiendo arándanos. La provincia presentó una denuncia penal
Andrés Actis 
Una reciente inspección en un campo de Labordeboy, localidad ubicada a 130 kilómetros de Rosario, volvió a desnudar la explotación laboral en los campos de la región. El Ministerio de Trabajo de Santa Fe detectó un campamento habitado por 48 peones rurales --entre ellos un menor de edad-- traídos a mediados de diciembre para la desflora del maíz. Tenían jornadas laborales de más de 12 horas, una deuda salaria y horas extras impagas.
Los trabajadores convivían en condiciones de precariedad.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) denunció dos grandes irregularidades, la laboral y la habitacional. Su secretario de finanzas, Pedro Peger, detalló que los trabajadores salían a las cuatro de la madrugada para empezar sus labores y regresaban a las 19 sin recibir el almuerzo. Les habían prometido una paga de 100 pesos por jornada, un monto muy inferior a los 508 pesos que se pagan en un contrato legal.

Las tareas comenzaron el 21 diciembre y el pago de los días trabajados recién se concretó el 11 de enero, un día después de la inspección estatal.   El subsecretario de Fiscalización del Trabajo de la provincia Fernando Muruaga.

En diálogo con Rosarioplus.com, Fernando Muruaga, subsecretario de Fiscalización del Trabajo de la provincia, confirmó el conflicto laboral, pero indicó que había mínimas condiciones de habitabilidad garantizadas. “No era una situación muy precaria. Había un comedor, heladera, vestuarios, baños con inodoros”, detalló el funcionario

Este miércoles se desarrolló una audiencia en la que participarón representantes Asociación de Coperativas Argentina, la firma empleadora, muy poderosa dentro sector agropecuario. Nuclea a unos 50.000 productores localizados fundamentalmente en la región pampeana y cuenta con una capacidad de almacenaje de 7,10 millones de toneladas de granos en plantas de silos de cooperativas socias, de 856.000 toneladas en los centros de desarrollo cooperativos y de 666.000 toneladas en las terminales portuarias.

En la audiencia se corroboró que los trabajadores tenían "contratos temporarios", la irregularidad en los pagos y el exceso en la carga horario, pero no el "trabajo esclavo" que denunció Uatre ante los medios de comunicación. "Las condiciones no eran las mejores, pero no se puede hablar de trabajo esclavo", detalló Muruaga. La firma finalmente abonó todo lo adeudado

¿Qué es la desflora del maíz?

El Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales (Ceics) publicó años atrás un estudio titulado “Los obreros santiagueños en el desflore de maíz. Proceso y condiciones de trabajo”, de la doctora en ciencias sociales Agustina Desalvo. La técnica del desflore consiste en quitarles la flor a las plantas hembras, que es necesario para “la producción de semillas híbridas”, las cuales se destinan mayormente a la exportación.
El Ministerio de Trabajo detectó importantes irregularidades en un campo de Santa Teresa.
Los trabajadores –señala la investigación-- son reclutados para las grandes empresas productoras de semillas, como Cargil o Monsanto. Son trasladados en micros y acampan en la zona hasta que termine el desflore, que dura entre 20 y 30 días. La jornada de trabajo  dura como mínimo nueve y puede extenderse hasta 14 horas.

En cuanto al “reclutamiento”, la principal organizadora son firmas de trabajo temporario. La mayor parte de la población de Atamisqui, Loreto y otras localidades santiagueñas empobrecidas. El informe denuncia un “un dispositivo que manejan los intendentes y comisionados rurales”, un engranaje clave para llevar a cabo el traslado de los peones.

En el verano 2010/2011, empresas rurales, la mayoría vinculadas a la producción de semillas híbridas, fueron denunciadas por no garantizar a los obreros las condiciones mínimas de seguridad e higiene.En esa temporada se concretaron 28 allanamientos. Algunas multinacionales fueron acusadas de mantener a los peones “reducidos a la servidumbre” y fueron vinculadas con el delito de trata de personas.

Luego de las inspecciones y denuncias, el gobierno nacional y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) acordaron una normativa para fijar las características que deben poseer los campamentos para el personal temporario. Según el testimonio de los propios trabajadores, en algunos lugares los campamentos cambiaron y en las últimas campañas fueron mejores, según detalla Desalvo.

Dos casos más en noviembre

En Santa Teresa y en Pueblo Esther también se detectaron trabajadores que se desempeñaban fuera de la ley. En la primera localidad se encontró a un grupo de 32 personas, entre las que había siete niños, lo que desencadenó en una demanda penal por empleo infantil por parte del ministerio de Trabajo

Los inspectores registraron siete menores de entre 12 y 15 años que trabajaban en condiciones precarias en el cultivo de arándanos, al igual que otros 25 mayores. “En este caso eran oriundos de la zona. Algunos de los chicos que no iban a la escuela”, contó Muruaga.
Las condiciones habitacionales en el campamento de Labordeboy no eran óptimas 
Y agregó: “Esto son los casos más habituales, los que se dan en las cosechas de mano de obra intensiva, en los cinturones verdes compuestos por pequeños y medianos establecimientos. Es compleja la fiscalización porque son actividades muy informales que se desarrollan en períodos específicos. Esto no se da con la soja porque es una actividad muy rentable que demanda poca mano de obra”.

Días más tarde, otra delegación del ministerio de Trabajo detectó condiciones laborales precarias en cinco establecimientos rurales dedicados al cultivo de verduras en la localidad de Pueblo Esther y de cría de animales en Alvear.

Fueron relevados 21 trabajadores de nacionalidad argentina y boliviana, ninguno de los cuales estaba registrado conforme a las leyes laborales, ya que no pudo verificarse la existencia de recibos de sueldo, aportes al sistema de la seguridad social, constancia de servicio de ART o seguro de vida.

Denuncia penal
Este jueves, la Provincia accionó judicialmente en uno de los casos detectados, el de Santa Teresa. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, presentó una denuncia penal ante situaciones de trabajo infantil detectadas durante la inspección realizada en una finca productora de arándanos, en dicha localidad. En ese operativo se descubrió que de un total de 25 trabajadores, siete de ellos eran menores, con edades que oscilaban entre los 12 y 16 años.

Ministro de Trabajo, Julio Genesini
El titular de la cartera laboral radicó la respectiva denuncia penal ante el ministerio Público de la Acusación, a los fines de que se investigue la posible comisión del delito. La medida se enmarca en lo establecido en el artículo 148 bis del Código Penal (Ley N° 26.847), en el que se estipulan las sanciones a los empleadores por ocupación de trabajo infantil.

La normativa nacional establece penas de prisión de uno a cuatro años a quien usufructúe económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohiben el trabajo infantil. La ley especifica, además, que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente. No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta típica”.
Fuente:RosarioPlus





FERROVIARIOS EXIGEN EL PASE A PLANTA DE LOS TERCERIZADOS
Parada del tren
19/01/2017
tren
La Unión Ferroviaria lanzó para este viernes un paro general en el ferrocarril de cargas Nuevo Central Argentino (NCA). La delegación local del gremio se suma a la medida de fuerza, en la que el sector exige –entre otros reclamos– “el pase a planta del personal tercerizado por medio de agencias de empleo eventual”.
A partir de las cero de este viernes, el sindicato ferroviario pondrá en marcha su plan de lucha exigiendo a la empresa Nueva Central Argentino S. A. “el cese definitivo del procedimiento de subcontratación y/o tercerización a través de diferentes sociedades para que las mismas efectúen o realicen tareas, que son propias y específicas de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente”.
“Tras numerosas audiencias, la empresa nunca plasmó una propuesta concreta para solucionar esta problemática que precariza el empleo y viola toda normativa convencional, sino que –por el contrario– sólo desarrolló acciones y expresiones dilatorias y repetitivas”, expresaron desde el gremio a través de un comunicado.
Además, los trabajadores se manifestaron “contra el uso de agroquímicos altamente tóxicos en las tareas de desmalezamiento de vías”, y pidieron “respeto a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo”.
La empresa de trenes de carga tiene su casa central en Rosario, y su servicio incluye un recorrido por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.
Fuente:RedaccionRosario

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