La medida generó polémica en algunos sectores donde consideraron que el tema "ya estaba legislado en el Reglamento de Instituciones Educativas".
“Es una cortina de humo”, aseguró el secretario general del Suteba General Pueyrredon, Gustavo Santos Ibáñez, sobre la nueva resolución que prohíbe la realización de actividades político-partidarias en las instituciones educativas bonaerenses.
“Todo está escrito en el Reglamento General de las Instituciones Educativas que aprobó la legislatura en 2011, por eso no entiendo por qué se sale con esto ahora, creo que es una cortina de humo”, explicó el titular del Suteba local a LA CAPITAL.
Este lunes se conocieron detalles de la Resolución N° 7, con fecha del 16 de enero de 2017, donde se establece que “los edificios escolares, durante los días inhábiles, feriados y recesos escolares, o durante los días inhábiles fuera del horario de clases, podrán ser utilizados por las asociaciones cooperadoras u otras instituciones educativas, para la realización de actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y solidarias”. No obstante, se aclara que “en ningún caso podrán autorizarse actividades en las que se traten, de manera directa o indirecta, asuntos de carácter político partidario o se utilicen símbolos de partidos políticos”.
“Mientras se está desmantelando el Ministerio de Educación de la Nación, se reúnen representantes educativos del mundo en Capital Federal sin gremios, y en la Provincia no se convoca a paritarias; se lanza esta resolución”, dijo Santos Ibáñez quien acotó: “Llama la atención que algunos funcionarios declaren que había un vacío legal sobre el tema porque en el Reglamento está todo escrito”.
El representante del Suteba local recordó que en las escuelas “se hacen actividades en conjunto con organismos y organizaciones sociales, todas con fines pedagógicos, como el caso de la presencia de las Madres de Plaza de Mayo. Espero que al querer prohibir no se esté refiriendo a estas cuestiones”.
La decisión se adoptó a partir de que “la escuela de gestión estatal es inclusiva y es de todos, aún en feriados, fines de semana u horarios que no son hábiles. Creemos que la escuela puede prestarse para eventos de índole cultural, deportiva, social, que hagan a la solidaridad, pero no para actividades que sectoricen a un sector de la población”, explicó el funcionario.
A la vez aseveró que “el centro de estudiantes es de todos los estudiantes del colegio. El partido sectoriza. Las actividades del partido político deben ser ejercidas en otros ámbitos, no en la escuela, donde se debe abordar lo estudiantil y educativo”.
Aclaró que “esto no afecta para nada el funcionamiento de los centros de estudiantes, ni coarta la actividad política de los alumnos” y remarcó que “lo que no puede haber en las escuelas son actividades político-partidarias”.
“La escuela es un edificio público que pertenece a todos. Espero que no se pretenda coartar la participación”, por eso entiendo que esto “es una pantalla” y que “en definitiva no quieren hablar de lo importante que es la convocatoria a paritarias que ya deberían haberse realizado, o garantizar los 180 días de clases”.
Lo que sí y lo que no
El funcionario de María Eugenia Vidal subrayó que “si una asociación vecinal pide una escuela para juntarse con los vecinos a hablar de que el barrio está inseguro, es una cosa. Incluso, puede ir un concejal o un diputado a debatir; lo que no se pueden hacer son actividades partidarias”.
Explicó Finnochiaro que la decisión de implementar esta prohibición surgió porque en algunos municipios “se estaban utilizando las escuelas los fines de semana para actividades político partidarias sin autorización de la Dirección General de Escuelas”. Finocchiaro manifestó que se permitirá el debate de ideas “siempre y cuando estén representados todos los sectores, pero estará vedado cuando se quiera teñir el espacio de reflexión de un sólo color político- partidario ya que los partidos deben promover estas actividades en espacios concebidos para ese fin”.
“La escuela es de todos porque es de gestión estatal y la pagamos todos con nuestros impuestos. Muchas veces pasó que con recursos públicos hay que pagar la limpieza, los materiales o el mobiliario que se rompió en una actividad de este tipo”, dijo. El funcionario bonaerense expresó que la medida intenta preservar a la escuela en su función pedagógica y a las actividades que en ella se desarrollan “en correspondencia con el espíritu y con los objetivos de los lineamientos curriculares”.
El funcionario precisó que la resolución no fue adoptada de manera aislada sino que integra una serie de medidas tendientes a la “normalización del espacio escolar”, como lo fue la modificación al Código de Faltas que introdujo un cambio en las penas para quienes agredan y/o agravien a docentes.
Explicó que las sanciones para quienes incumplan la disposición “son las establecidas en el reglamento escolar”, pero analizó que “entendemos que va a primar la lógica”.
La resolución también establece que no podrán realizarse actividades con connotaciones raciales o que afecten los principios y fines establecidos por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Tampoco se permitirá el expendio de bebidas alcohólicas, tabaco y la realización de juegos de azar, según dispone expresamente la reglamentación.
Fuente:LaCapitalMdP
| 25-01-2017 |
Cuando el periodismo legitima represiones
“Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas
Siempre justificando su violencia con mentiras”
Siempre justificando su violencia con mentiras”
Canción “Nuevo Cantar”, 2013, de Puel Kona
Medios de comunicación, y periodistas, construyen al indígena como el enemigo interno. Repiten el discurso del poder, sesgan la información y avalan la violencia contra las comunidades. Diarios Perfil, Clarín y Jornada. Los que durante doce años hicieron silencio, y hoy hablan. El modelo extractivo y los derechos humanos.
La periodista no cita en ningún momento la voz de la comunidad mapuche, pero se excusa: “Perfil ha contactado en tres oportunidades diferentes por mail y cuatro por teléfono a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), sin obtener respuesta”.
Detalle importante: el Lof Resistencia Cushamen (cuyo lonko-autoridad es Facundo Jones Huala) no forma parte de la organización RAM.
Dos días después, el martes 10 de enero, hubo feroces represiones sobre el Lof Mapuche. Una por la mañana (Gendarmería Nacional). Otra por la tarde (policía de Chubut). El miércoles se produjo un tercer operativo violento. Tres represiones en dos días. Una cacería de mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el país.
Ante la violenta represión se expidieron innumerables organizaciones sociales y de derechos humanos. Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Coordinadora contra le Represión Policial e Institucional (Correpi) y Amnistía Internacional, entre otras. Todas organizaciones críticas respecto a la política represiva y de violación de derechos indígenas del gobierno kirchnerista, volvieron a alzar la voz ante el nuevo gobierno y su accionar también violento.
El diario Jornada, de los más leídos de Chubut, llamó a la acción en su editorial del 15 de enero: “Hasta que un juez del Poder Judicial de Chubut no se ponga los pantalones largos, el conflicto con este violento grupo mapuche persistirá”. El diario es conocido por sus posturas antimapuches y pro-estancieros.
A la campaña anti-indígena se sumó el diario Clarín, con un extenso artículo anunciado en tapa el domingo 22 de enero y doble página interna. “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, fue el título, firmado por Gonzalo Sánchez. Cita en seis oportunidades voces oficiales del Ministerio de Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de Seguridad. Todas voces en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof Cushamen de hechos tan insólitos como ajenos a la realidad. Según Clarín:
-Los mapuches están vinculados a grupos kurdos y a la ETA del país Vasco.
-Recibieron financiamiento del kirchnerismo.
-Afirma que el Lof Cushamen ocasionó incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.
Gonzalo Sánchez, autor de la nota y editor del diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a Jones Huala) con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organización. Segunda coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del Lof Cushamen, ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompañan. Tercera coincidencia, casi una regla de los diarios porteños, escriben sobre un hecho sin recorrer el territorio, no van al lugar de los hechos. Periodismo de escritorio.
Tampoco señalan los derechos vigentes (en numerosas leyes) que protegen a los pueblos indígenas y, mucho menos, dan cuenta de las denuncias que recaen sobre la empresa Benetton, contraparte en el conflicto y con enorme poder de lobby en el poder político, judicial y mediático.
Los artículos periodísticos citados no pasarían la aprobación en primer año de periodismo de ninguna facultad. Serían rechazados por tendenciosos, sesgados y antiperiodísticos.
Hipocresías. Comunicadores, intelectuales, artistas y políticos no dudaban en echar sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo, silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían entrevistas condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban a silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se violaban derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con el macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.
Lo mismo sucede en sentido inverso. Medios y personalidades que denunciaban el accionar de Insfrán (y la complicidad del kirchnerismo) hoy hacen silencio o, incluso, legitiman la violencia contra los mapuches.
Responsabilidades. Ya se sabe lo que son los grandes medios de comunicación. Sus intereses políticos y económicos. Sus posturas editoriales, sus amplias coberturas oportunistas y sus silencios cómplices. Pero urge discutir las responsabilidades individuales dentro del periodismo. “Nadie les pide tanto”, resumió una colega en referencia a una opereta mediática orquestada durante el kirchnerismo, ejecutada por editores y un periodista. Dicho de otro modo: nadie es obligado a escribir mentiras. Siempre se puede decir que no. ¿Tiene costos? Quizá sí, pero también tiene costos altos escribir mentiras.
La nota de Perfil fue escrita por Cecilia Moncalvo. La de Clarín por Gonzalo Sánchez.
No se puede alegar obediencia debida para escribir falsedades, omitir hechos, silenciar voces, proteger al poder y justificar represiones.
Amplios sectores de la sociedad argentina se pueden conmover ante la miseria planificada (por el poder) que sufren los pueblos originarios del Salta, Chaco, Misiones o Formosa, con incluso niños muertos por desnutrición. Hasta pueden “ser solidarios” y recolectar donaciones. Pero no toleran cuando los pueblos indígenas se paran como sujetos de derechos, políticos y sociales, y exigen lo que les corresponde: territorio y reparación ante el genocidio sobre el que se funda el estado moderno argentino. Queda en evidencia el lado racista de sectores de la sociedad y, en consonancia, una larga fila de periodistas que actúa en consecuencia: llama terroristas a los mapuches, acusa (sin pruebas) de crímenes, legitima represiones.
El fondo. La Campaña del Desierto tuvo como objetivo principal apropiarse del territorio, entregarlo a sectores del poder e incluirlos al mercado capitalista. El genocidio de la última dictadura cívico-militar también estuvo motivada por la imposición violenta de un modelo económico-político (graficada como nadie por Rodolfo Walsh en la Carta a la Junta Militar).
En el Siglo XXI, un nuevo capítulo de violencia-empresas-gobiernos-medios de comunicación se desarrolla en manos de mineras, petroleras, multinacionales del agro, pasteras, empresarios locales y grandes compañías constructoras (de represas, rutas). Los pueblos indígenas (y también campesinos y asambleas socioambientales) son grandes escollos para la avanzada territorial.
Medios de comunicación, y periodistas puntuales, son parte fundamental del entramado de legitimación del modelo.
Isabel Huala, madre de Facundo y parte del Lof Cushamen, resumió: “Nos culpan de terroristas, nos identificaron con el ISIS y la ETA, nos acusan de causar incendios y de golpear animales, todo un circo para ocultar que hay un Estado Nacional y Provincial que nos persigue, con un poder político que nos quiere desaparecer”.
Fuente:Rebelion
| 24-01-2017 |
El juez federal Guido Otranto habría ordenado levantar un corte a la vía férrea del tren expreso patagónico La Trochita, que atraviesa el territorio en conflicto entre los mapuches y Benetton y al amparo de esta orden se desplegó un operativo de bloqueo de la comunidad por parte de más de 200 efectivos y el secuestro de todos sus pobladores durante varias horas.
El territorio al borde del río Chubut en el departamento de Cushamen, ocupado legítimamente por los mapuches desde marzo del año pasado, forma una pequeña parte del latifundio de alrededor de un millón de hectáreas usufructuado por Benetton a través de la compañía Tierras del Sud Argentino. La propiedad que invoca la transnacional guarda continuidad con el robo territorial realizado en 1896 por el presidente Roca, quien donó los terrenos a latifundistas ingleses luego de la violenta “campaña del desierto” contra sus pobladores originales. En la década de 1990 Benetton se hizo con las tierras.
La represión generó un amplio repudio. Hubo pronunciamientos de organizaciones sociales, de derechos humanos y de la izquierda, así como movilizaciones en Córdoba, Bariloche y Rosario. El 11 de enero se realizó una concentración frente a la Casa de Chubut en Capital Federal. La militancia de Izquierda Socialista, encabezada por la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Laura Marrone, estuvo presente manifestando su solidaridad, exigiendo la liberación de los detenidos, el cese de la criminalización y apoyando los justos reclamos territoriales de los mapuches. La movilización logró la liberación de los detenidos.
En su comunicado de repudio a la represión, la comunidad Lof Cushamen en Resistencia advierte que las autoridades “cuentan con un instrumento perverso como la ley antiterrorista para implementar los compromisos asumidos ante las corporaciones del petróleo, la minería o la soja”. Esta ley fue sancionada durante el gobierno kirchnerista, quien en 2010 ejerció una represión similar contra el pueblo Qom.
Simón Abreu. Militante de Izquierda Socialista
Fuente:Rebelion
Mauricio Macri, luego de una rueda de prensa en la Casa Rosada, en Buenos Aires. Foto: Eitan Abramovich, AFP
El gobierno de Mauricio Macri enfrenta críticas de organizaciones sociales en varios frentes
“Acá vienen ciudadanos peruanos y paraguayos y se terminan matando por el control de la droga”, dijo ayer la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, al defender la reforma de la Ley de Migraciones que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. “La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación en nuestro país”, agregó en declaraciones a la radio argentina La Red, antes de especificar que “en el tema de las drogas, 33% de las personas detenidas son extranjeras”. Bullrich aseguró que después de la aprobación de la reforma -cuyo proyecto se presentaría al Parlamento antes del fin de semana- se controlarán los antecedentes de quienes quieran ingresar al país y se expulsará a quienes cometan delitos en Argentina. “Queremos defender a los argentinos, no de los inmigrantes, sino de los delincuentes”, concluyó la ministra. Las declaraciones de Bullrich despertaron críticas en organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes -informó el diario Página 12-, que están empezando a intercambiar ideas para presentar un frente común e incluso convocar movilizaciones para oponerse a la iniciativa gubernamental.
Pero Bullrich no fue la única que recibió críticas en las últimas horas, también le pasó al propio presidente. “Macri se siente un rey, [pero] es el rey del sorete”, dijo la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. En términos menos duros, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también criticó al gobierno, al que acusó de hacer “una provocación, un insulto, un agravio”. En ambos casos la crítica es por el decreto que firmó el presidente para establecer el calendario de feriados de 2017, discriminando entre los que son inamovibles y los que no. Entre los fijos está el feriado por Viernes Santo, entre los movibles están el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que es el viernes 24 de marzo pero se trasladará al lunes 27 del mismo mes, y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que es el 2 de abril y se mantendrá ese mismo día porque cae domingo. Para tomar estas medidas el gobierno argumentó que los feriados sándwich reducían la productividad del país. En entrevista con radio Del Plata, Carlotto lamentó: “Todos los días amanecemos y nos acostamos con alguna provocación, esto es una provocación al dolor, a la lucha”. Contó que en las reuniones que ha mantenido con el gobierno le aseguraron que esos dos feriados serían inamovibles, porque se tendría en cuenta “lo que significan esas fechas”. “Estamos bastante hartos de que nos provoquen, de que nos traten de exasperar”, finalizó la activista, que desde el comienzo del gobierno de Macri ha sido una de las más medidas en sus declaraciones. Estaba previsto que anoche se reunieran varias organizaciones de derechos humanos para definir una respuesta común a la actitud del gobierno.
Más críticas para el gobierno llegaron desde el centro de Buenos Aires, donde confluyeron dos movilizaciones distintas. Por un lado, organizaciones barriales se unieron para realizar ollas populares para reclamar que el Ejecutivo reglamente la ley que declara la emergencia social, que fue aprobada en el Congreso el 14 de diciembre y todavía no entró en vigencia por la inacción del gobierno, que se oponía a la norma. La otra movilización fue la de cientos de trabajadores gráficos que protestaban por el despido de 380 gráficos del Grupo Clarín y reclaman por la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo, al que le exigen que obligue al grupo a retomar a los trabajadores que despidió.
La de ayer fue una jornada difícil para el gobierno de Macri, que, además, vio cómo se confirmaba que se investigará por presunta corrupción al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas -amigo personal del presidente-, y cómo una de sus aliadas, la diputada Elisa Carrió, ratificaba la denuncia que presentó en su contra. Además de hacer la ratificación, Carrió pidió que también se investigue a la número dos de la AFI, Silvina Majdalani, a quien acusó de haberla espiado. El fiscal Federico Delgado pidió que se investigue si Arribas recibió coimas en el escándalo de corrupción de Petrobras, tal como denunció Carrió. La diputada presentó una nota que el diario La Nación publicó el 11 de enero en la que se informa que uno de los brasileños involucrados en ese esquema reconoció ante la Justicia de su país que transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Arribas en cinco pagos realizados en setiembre de 2013 mediante una empresa que ya fue calificada de fantasma por la Justicia brasileña. Consultado por estas declaraciones, por medio de intermediarios Arribas confirmó a La Nación que recibió más de 70.000 dólares en esa fecha por la venta de un inmueble en San Pablo, pero negó haber recibido otros pagos o estar involucrado con el caso Petrobras.
Tras ser imputado ayer, Arribas emitió un comunicado en el que se defendió en los mismos términos y aseguró que “no es la primera vez” que quieren “difamarlo” desde que lidera la AFI.
Fuente:LaDiaria
25 de enero de 2017
CRISTINA CAAMAÑO, EX TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INTERCEPTACIÓN Y CAPTACIÓN DE COMUNICACIONES
“Es una operación política completa”
La fiscal que estuvo a cargo de las áreas de las escuchas asegura que la grabación de CFK y el ex titular de la AFI es un caso de “espionaje político” porque se usaron mal los recursos del Estado y que el caso evidencia el regreso de la vieja SIDE.
Cristina Caamaño fue, hasta el 24 de diciembre de 2015, responsable de las escuchas telefónicas que ordenaban jueces y fiscales. Hoy es fiscal nacional en lo criminal, pero su conocimiento sobre el tema le da autoridad para concluir que la intervención de la línea telefónica del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli es “éticamente tremendo” ya que “se utilizaron recursos públicos que deben destinarse a la persecución de narcotraficantes y secuestradores para perseguir políticos”. La ex titular del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones comparó la situación con las escuchas ilegales a Sergio Burstein, de una agrupación de familiares de víctimas de la AMIA, en el que estuvo involucrado el presidente Mauricio Macri y concluyó: “Estamos ante un caso de espionaje político”.
–La escucha entre Parrilli y la ex presidenta surge de varios meses de intervención telefónica de manera on line. ¿Es legal?
–El problema es lo que revela: recursos que se están utilizando para perseguir a dos ciudadanos, porque en ese momento Cristina Fernández y Oscar Parrilli ya no eran funcionarios, en lugar de volcarse a perseguir a la delincuencia que pone en riesgo vidas. La escucha directa se usa exclusivamente para los casos de secuestro extorsivo o narcotráfico, después de meses de grabaciones, cuando ya sabés que va a llegar un cargamento de droga, para saber por dónde va a venir y ver si lo puede interceptar. Son para las 48 horas previas a una decisión judicial definitiva. En este caso queda claro que se utilizaron mal los recursos del Estado, porque no había ninguna urgencia. Es un caso de espionaje político.
–¿Cuál es el peligro de que esa escucha se haga de esa manera?
–Quedamos todos expuestos a este tipo de maniobras ilegales. El peligro es esta connivencia del Poder Judicial con los servicios de inteligencia, que fue lo que el gobierno anterior quiso desarmar. Estamos nuevamente ante lo que era la vieja SIDE. No importa si está (el ex agente de inteligencia Antonio) Stiuso o no. Lo que importa es que la relación entre la inteligencia, el poder político de turno y la Justicia vuelve a gozar de buena salud. Por eso seguramente el Presidente se apuró tanto en quitarle al Ministerio Público Fiscal las escuchas. Lo hizo a través de un decreto que firmó el 24 de diciembre de 2015, a 15 días de asumir.
–Las escuchas fueron a la Corte Suprema, que dice que no tiene ninguna relación con lo ocurrido.
–La Corte es la que tienen la responsabilidad superior, pero el mismo día en que aceptó el traspaso hizo un convenio para darle la operatividad de las escuchas al juez Martín Irurzun, de la Cámara Federal porteña, y al juez Javier Leal de Ibarra, de la Cámara de Comodoro Rivadavia. Los jueces pusieron a un director a cargo de las escuchas: Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez federal Ariel Lijo, juez que, oh casualidad, pidió las escuchas a Parrilli y a Cristina Kirchner, se supone que por presuntos vínculos con el caso (Ibar) Pérez Corradi. Pero a Pérez Corradi lo detienen en junio. ¿Por qué a Parrilli se lo escucha hasta septiembre? Es una excusa, la intención era escuchar a Cristina Kirchner. Es la misma lógica que utilizó Macri en la escucha a Sergio Burstein (familiar de víctima del atentado a la AMIA) y a su propio cuñado: buscar una excusa para poder desarrollar una escucha ilegal. Además, pide las escuchas por cuatro meses.
–¿Y cuál sería el problema de escucharlo por este tiempo?
–Esa práctica la habíamos cambiado en el Ministerio Público Fiscal. Hacíamos escuchas de como máximo un mes y cuando se estaba por completar el tiempo consultábamos al juez que la había solicitado si necesitaba continuarla, entonces se la renovaba por un mes más. Cuando llegué a la Dicom encontré escuchas que se extendían por 15 años, por ocho años. Había jueces que ni sabían que tenían una línea intervenida, había jueces que habían muerto y la orden de la escucha continuaba. La escucha es algo muy delicado. Yo no iba a permitir que a una persona se le violara la intimidad tanto tiempo. A Parrilli se lo sigue escuchando durante tanto tiempo sobre Pérez Corradi ¿Encontraron algo o en realidad estaban a la pesca de otra cosa?
–¿Se desprende algún delito en el audio? ¿Y el armado de denuncias sobre el que hablan?
–Para mí, no hay delito. Ni siquiera el de abuso de autoridad, porque para que exista ese delito la persona que lo comete debe ser funcionaria y ni Parrilli ni la ex presidenta ocupaban cargos cuando mantuvieron ese diálogo. Sobre las causas, si se escucha atentamente, es una manera que usan para hablar de las denuncias que efectivamente presentaron contra Stiuso.
–¿Está cometiendo algún delito el funcionario que filtra el audio?
–Es una operación política completa. Mientras hablábamos de que Cristina le dijo pelotudo a Parrilli, Gustavo Arribas no daba explicaciones sobre la sospecha que carga por coimas, sigue la inflación y el cierre de fábricas. Estamos en un país al que no le está yendo bien y en lugar de hablar de eso utilizan recursos del Estado para perseguir políticos y generar hechos que permitan desviar la atención. Eticamente es tremendo, más allá de lo ilegal del hecho.
Fuente:Pagina12
Miércoles 25 de Enero de 2017
Masiva protesta de los trabajadores de AGR frente a Canal 13
Sindicatos, comisiones internas, organizaciones sociales y partidos de izquierda se movilizaron hasta canal 13 y cortaron la autopista para visibilizar su reclamo por la reincorporación de los 380 despedidos de Artes Graficas Rioplatenses.
Agustín Alvarez Rey / @alvarezrey
Foto Soledad Quiroga
Tan sólo habían pasado cinco minutos de las 10 cuando la movilización encabezada por los trabajadores gráficos despedidos de AGR – Clarín comenzó a subir la autopista para llevar su reclamo hasta los ventanales de Canal 13.“Se va a acabar, se va a morir la dictadura de Clarín”, cantaban los miles de manifestantes mientras caminaban y dejaban a atrás la Avenida 9 de Julio.
Para llevar adelante la difícil tarea de saltar el cerco mediático y visibilizar el conflicto que tuvo como punto de partida el despido de 380 trabajadores de Artes Gráficas Río Platense los gráficos convocaron a sindicatos, organizaciones y partidos políticos. Así lograron sumar los centenares necesarios para primero cortar la Avenida 9 de Julio a la altura de San Juan y luego todos los carriles de la autopista que sobrevuela Constitución y rodea Canal 13.
Hace ochos días que se inicio la toma en la planta de AGR y el ministerio de Trabajo mosró pasividad frente al conflicto, además de que la empresa mantuvo su decisión de los 380 despido y del cierre de la planta.
En tanto, los manifestantes también apuntaron contra la pasividad de la CGT con el cántico “donde está, que no se ve, la famosa CGT”.
Más allá de esto, el triunvirato que hoy conduce la central obrera, recibirá a los trabajadores esta tarde a las 18 luego de que se votara en asamblea pedirle reunión formal a la CGT.
Fuente:TiempoAr
Denuncian al gobierno de Chubut por persecución política
Miércoles 25 de Enero
El despido de un empleado por su pertenencia a una agrupación que se opone a la gestión de Das Neves. Ni siquiera la inmunidad gremial por tratarse de un delegado de UPCN.
Denuncian al gobierno de Chubut por persecución política La administración chubutense conducida por el gobernador Mario Das Neves sumó otra denuncia por persecución política.
En esta ocasión, la Subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, que conduce María Victoria Das Neves, hija del mandatario provincial, dejó sin trabajo a Adrián Barros. En su caso, además, se suma la violación del artículo 48 de la ley 23.551, por ser delegado de UPCN. En referencia al desempeño de sus actividades y persecución en su ámbito laboral Barros expresó al sitio La Tecla Patagonia:
“Estuve seis meses en una oficina que dependía de Modernización del Estado, castigado sin computadora ni escritorio”. En este contexto, el pasado 22 de diciembre, la directora General de Sumarios le solicitó a la Subsecretaria Das Neves “que el agente Adrián Barros continúe prestando servicios en esta dirección General, siendo satisfactoria la tarea que viene desarrollando”. Sin embargo, la resolución fue otra.
Así lo relata el propio Barros: “El 26 de diciembre me llega la carta documento firmada por director de Personas Juan Carlos González que dice que por decreto me dejaban sin trabajo”. El delegado de UPCN dejó clara su postura:
“Se ve que hoy en Chubut ser Secretario General de una de las agrupaciones mas antiguas de Rawson y encima trabajar para un proyecto como el FPV y en otro espacio político que no es el de Das Neves esta prohibido”. En ese sentido, afirmó: “Siento que es una grave persecución política del gobernador hacia mi persona”.
Fuente:Infonews
CARTA A LA EMBAJADA BRITÁNICA
Profanaron el cementerio de los Héroes de Malvinas en las islas y Cancillería pidió explicaciones
Cancillería envió una carta a la embajada británica por los actos de vandalismo ocurridos en el monumento a los Héroes de Malvinas en las islas, donde destrozaron la virgen de Luján que allí se encuentra.
Miércoles 25 de enero de 2017
Otra vez profanaron el monumento a los Héroes de Malvinas en las islas, donde yacen los soldados argentinos que cayeron en batalla. Por eso, cancillería reclamó con una carta.
La información fue revelada por el argentino, Sebastián Socodo, quien reside en la Isla Soledad y está encargado del mantenimiento y cuidado del Cementerio de Guerra y Monumento a los Caídos en Malvinas del Cementerio de Darwin.
Socodo informó a la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur que la imagen de Nuestra Señora de Luján fue violentada y fue destrozado su rostro, aplastando la Corona. Por eso el Gobierno argentino envió un texto pidiendo explicaciones:
"Los daños al Monumento, cuya construcción fue posible gracias a la Declaración Conjunta suscripta por la República Argentina y el Reino Unido el 14 de julio de 1999, resultan particularmente lamentables".
Además, resaltan que "la reciente firma por ambos Gobiernos de los instrumentos que permitirán, con la colaboración de la Cruz Roja, la identificación de los soldados argentinos inhumados sin identificar en el cementerio de Darwin" lo hacen aún más grave.
"El Gobierno Argentino reafirmó una vez más sus legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que son parte integrante del territorio nacional", concluye el comunicado.
Fuente:DiarioRegistrado
Macri gastó más de 270 mil pesos por un telepronter que le dicte sus discursos
El equipo suele verse en películas. De esta manera, el Presidente busca reducir la cantidad de actos fallidos y errores en sus palabras.
25 DE ENERO 2017
Como en las películas de Hollywood y en los tradicionales noticieros, Mauricio Macri se compró un telepronter para que le dicte todos sus discursos. Al igual que Barack Obama, que acudió con frecuencia a ese artilugio, también utilizado en la televisión.
Es un método que se remonta a décadas atrás pero fue el último presidente de Estados Unidos el que más lo utilizó.
La era de los discursos armados comenzará en la Argentina en las próximas semanas. El presidente Mauricio Macri buscará tener un discurso “fluido”, calculado y falto de posibles errores o fallidos.
Según informa el diario La Nación, la Subsecretaría de Comunicación Presidencial convocó días atrás una licitación para comprar un sistema de telepromter con doble lector óptico a distancia para uso en las conferencias que haga Macri, según indica el pliego. Dos compañías se presentaron al sorteo.
La ganadora fue Mayaura SRL, que confirmó la oferta el 6 de diciembre pasado. La adjudicación se hizo el pasado 18 de enero. La empresa cobrará $ 270.053 por la venta del equipamiento.
Fuente:ElDestape
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