UN FRENO A LOS AUMENTOS SALARIALES
El Gobierno quiere imponer un tope a las paritarias: que no superen el 20%
En plena avanzada por reducir los costos laborales e implementar medidas de flexibilización laboral, el oficialismo pretende establecer un límite a las negociaciones paritarias de 2017.
Mientras se afianza el plan oficial de reducir los costos laborales –la nueva obsesión del presidente Mauricio Macri, según señalan en su entorno-, el Gobierno busca imponer un límite a las negociaciones salariales. Pretende que las paritarias de este año no superen el 20 por ciento, ajustándose a la inflación proyectada en el presupuesto. Sin embargo, economistas y consultores prevén que la inflación se ubique entre el 23 y el 25 por ciento.
La gobernadora María Eugenia Vidal ofició de mejor alumna y ejemplo a seguir, a partir del acuerdo paritario con los gremios bonaerenses, con un 18 por ciento de aumento. Según informó el diario La Nación, el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya elogió ese acuerdo alcanzado por Vidal y apuesta a replicarlo.
Ante este panorama, desde la central obrera ya manifestaron su rechazo. Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes de la cúpula cegetista, dijo que no es aceptable una paritaria entre 17 y 20 por ciento.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, pretende que las paritarias del sector privado también se negocien para adelante, con la inflación proyectada en el presupuesto. Por esto mismo objetó el acuerdo de los bancarios –que ya establecieron un piso del 22 por ciento- y no homologó todos sus puntos por considerar que anualmente contempla una inflación mucho mayor.
Otro aspecto que pretende instalar el Gobierno, señalado más de una vez por el Presidente, tiene que ver con vincular la negociación salarial a la productividad. Este año se aplicaría en la administración pública, mientras avanza en el mundo privado. De las casi 700 paritarias que homologó el Ministerio de Trabajo en 2016, en un 30 por ciento hubo cláusulas por productividad, principalmente relacionadas con el ausentismo y el pago de un adicional de acuerdo con resultados.
08.01.2017
Polémico
El Ministerio de Trabajo busca implementar nuevamente el sistema de pasantías
El secretario de Empleo de la cartera nacional y ex directivo de Techint negó que se trate de un esquema de flexibilización laboral.
Miguel Ángel Ponte, secretario de Empleo en el Ministerio de Trabajo, dijo que es “una preocupación en todos los países del mundo” la preparación inicial de las personas para el mundo del trabajo lograr que las nuevas generaciones “encuentren formas de presencia en el sistema laboral”. En ese sentido, indicó que es “necesaria la integración de la formación profesional con el trabajo”.
El ex director general global del Grupo Techint a nivel mundial manifestó que se trata de herramientas que apuntan al cumplimiento de uno de los objetivos clave de la cartera laboral “generar competitividad a través de la productividad, pero también a través de cumplimiento, del servicio, la calidad y costos razonables”.
Dentro de ello, Ponte dijo que se trata de “combinar el trabajo con el empleo”, dado que existen “dos grandes problemas como el empleo no registrado y la subocupación”, además de los sectores de la economía popular.
En ese sentido, consideró que este tipo de medidas –conocidas como pasantías, prácticas profesionales o esquema de aprendices- deben ser aplicadas en los diferentes estamentos del ámbito educativo: secundario, universitario y profesional, así como en los sectores de la economía popular.
“Si todos ellos no pueden tener una fluida presencia de aprendizaje en el mundo del trabajo y de las empresas tampoco vamos a tener la posibilidad que aunque haya trabajo de que haya empleabilidad sobre estas personas”, estimó en comunicación con Toma y Daca, por Radio con Vos.
Al ser consultado sobre las similitudes de este esquema con el aplicado durante la década de 1990 que llevó a la flexibilización laboral por la generación de mano de obra barata, Ponte respondió que “en el mundo no hay muchas maneras para calentar el agua" y, que, para el caso, la solución aquí es el esquema de pasantías.
“Acá tenemos una necesidad nacional de que las personas culminen su formación para que el país tenga una mano de obra preparada. Si no lo gramos que el estudiante pueda culminar su formación con la presencia en el mundo de la realidad a través de compartir las tareas habituales del mundo del trabajo con un aprendizaje que cierre su formación teórica no cumplimos con nuestra responsabilidad con la sociedad ni con los individuos”, apuntó.
Fuente:PoliticaArgentina
Advierten que crecerá la desigualdad con la política de Cambiemos
La Encuesta Permanente de Hogares del Indec reveló que creció la brecha entre sectores sociales: el 10% más rico de la población se lleva el 31,5% del ingreso. Martín Ferreyra Sábado 7 de Enero de 2017
El llamado "sinceramiento de las estadísticas" reveló esta semana que más de la mitad de la población argentina percibe ingresos inferiores al salario mínimo y que, a la par, creció la brecha entre los argentinos más ricos y los más pobres.
La noticia reavivó un debate social que cambió de forma con el ascenso del macrismo y plantea un futuro todavía más sombrío, mientras el gobierno avanza en sus objetivos de reformar el sistema tributario y el marco que regula las condiciones laborales.
Según la última versión de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que registra datos del tercer trimestre de 2016, la mitad de la población con ingresos percibe menos de $ 8000, un número inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que en la última negociación colectiva se fijó en los $ 8060.
En sintonía, el trabajo que elabora el Indec informó que la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre alcanzó en el mismo período el 2,456% y se profundizó respecto al trimestre anterior (2,216%). Así, mientras el 10% de la población más favorecida representó un 31,5% del ingreso total en el tercer trimestre (y el decil siguiente se quedó con el 16,6% de los ingresos consolidando un total del 48,4% de los ingresos), el 10% más pobre obtuvo apenas el 1,2% del total. Los especialistas del mundo del trabajo coincidieron en destacar la importancia de la información oficial pero subrayaron que la realidad de la distribución en la actualidad es todavía más profunda.
Opiniones
Para Oscar Martínez, integrante del equipo de trabajo del Taller de Estudios Laborales, los números del Indec "no son tramposos pero dan cuenta de una parte menor de la película. Esta dispersión, que es enorme, es un pálido reflejo de la transferencia brutal que tiene que ver con la eliminación de las retenciones más el impacto de la inflación y de los despidos."
El rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Nicolás Trotta, asoció el retroceso de los sectores menos favorecidos a la caída salarial. En promedio, el año pasado ese descenso "fue del 6,1% entre los asalariados registrados" en un contexto inflacionario que superó largamente las expectativas de principios de 2016.
La situación, agregó Trotta, "plantea una problemática que se va a extender en 2017".La UMET prevé que los aumentos de precios rondarán el 25%, unos siete puntos por encima del techo que espera el gobierno nacional.
Pero lo que ensombrece más el panorama es que a pesar de la dureza de los datos, la decisión gubernamental es apuntar los cañones políticos en una dirección que promete una brecha todavía mayor. "La reforma fiscal y la reforma laboral van a seguir ampliando las distancias. El índice Gini (que representa la desigualdad de ingresos entre los sectores sociales) muestra que hay una caída de salario pero la decisión del gobierno es profundizar la economía liberal que para nosotros potencia las inequidades", planteó el rector del UMET. "Argentina necesita que el estado deje de jugar a favor del capital y recupere equilibrio; para eso, la única manera es fortalecer la demanda del mercado interno", sumó.
Una solución similar recomendó el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco: "Hay que generar un mercado interno para bajar la desocupación. Cuando crecíamos al 6% nadie hablaba de desigualdad social", lanzó. Pero el análisis es diferente. Para Sacco, alto dirigente del empresariado, el resultado de la EPH es consecuencia de "una economía que no crece desde hace cinco años y no genera fuentes de trabajo", entre otras cosas, porque en el mercado local "los costos laborales en dólares son más altos" que en otros países de la región.
"Los que están por debajo del salario mínimo están con empleo precarizado o sin empleo y esto no puede pasar", señaló Sacco, a la par que destacó las iniciativas oficiales para modificar los impuestos y el empleo. "Si las iniciativas prosperan será positivo porque son pro productivas; ayudarían a generar trabajo y bajaría la inflación", vaticinó.
Pescarmona no está preñado pero cobró subsidio
El grupo Pescarmona recibió ayuda oficial para pagar las facturas de luz. La empresa ICSA (Ingeniería y Computación SA), integrante del holding, es una de las 165 beneficiadas por el gobierno de Mendoza, que repartió $ 10,7 millones entre las más afectadas por el tarifazo eléctrico. Danone y Cartellone también gozaron de esa ayuda. Enrique Pescarmona, dueño del grupo, había despotricado hace unas semanas contra los planes de asistencialismo, al afirmar que "las chicas de 14 años se preñan y tienen un bebé para que les den unos mangos". Esta vez, sin certificado de obstetra, el empresario cobró su subsidio.
La luz de alerta que emitió la UCA
El informe de la Encuesta Permanente de Hogares encendió una luz de alarma sobre las consecuencias de la dirección económica y sobre las perspectivas a futuro, en un marco de franco avance gubernamental sobre los derechos laborales. Pero la información tuvo un antecedente de dureza similar en los últimos días de 2016.
El primer alerta partió del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que el 15 de diciembre denunció que las medidas que lanzó el gobierno de Mauricio Macri dieron como resultado que "sólo el 41,4% de la población económicamente activa posee un empleo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales", mientras que el 9,9% se encuentra abiertamente desocupado.
Para el Centro de Economía Política para la Argentina (CEPA), en 2016 se alteró la tendencia a la baja de la brecha entre los altos y bajos ingresos. "La brecha aumenta nuevamente en el tercer trimestre respecto del segundo (de 2016), pasando de 13,57 a 15,32 veces, representando un 12,85% de incremento en la comparación de los dos trimestres", indicó.
Fuente:TiempoAr
11 PUNTOS MÁS QUE EN EL 2015
La inflación del 2016 fue del 40,1 por ciento, según consultoras privadas
A la espera de los datos del INDEC, un informe de Ecolatina determinó que el último mes del año tuvo un aumento de precios del 1,6 por ciento.
Lunes 9 de enero de 2017
Con los precios por las nubes desde la llegada de Mauricio Macri al Gobierno, y a la espera de los datos oficiales, un estudio de la consultora privada Ecolatina señaló que la inflación del 2016 cerró en 40,1 por ciento.
Según la estimación de la consultora, citada por Ámbito Financiero, en diciembre el alza de precios alcanzó un 1,6 por ciento, y así “el IPC para Capital y el Conurbano bonaerense trepó 40,1 por ciento el año pasado”.
“Dicho incremento superó por casi 11 puntos porcentuales la suba registrada en el 2015 (29,2 por ciento) y por más de dos puntos porcentuales al aumento de 2014”, señaló el informe, que a su vez advierte que la inflación del 2015 “se ubica apenas por debajo de 2002 (41 por ciento)”.
Estos datos surgen mientras se espera por el informe del INDEC correspondiente al mes de diciembre, que sería presentado este miércoles.
Fuente:DiarioRegistrado
09 de enero de 2017
AL IGUAL QUE EL MENEMISMO, EL OFICIALISMO DIGITA NOMBRAMIENTOS PARA CONTROLAR LOS JUECES DEL FUERO FEDERAL
Un recuerdo de la famosa servilleta de Corach
La corporación judicial y el gobierno de Cambiemos, que controlan el Consejo de la Magistratura, han manipulado de manera irregular la designación de jueces en el fuero que deberá juzgar delitos de corrupción, el corazón de la llamada “judicialización de la política”.
Por Irina Hauser
La escena transcurre en la última reunión del año de la comisión de selección del Consejo de la Magistratura, el epicentro de las decisiones sobre nombramientos de jueces. “¿Nadie va a decir nada de esto?”, pregunta la camarista-consejera Gabriela Vázquez mientras agita un papel. Es una carta, la cuarta, enviada por María Gabriela López Iñíguez, una jueza penal porteña que concursó para ascender a un tribunal oral federal y ganó. Tiene el decreto que la designa desde septiembre de 2015, igual que otros dos colegas de ella, Sabrina Namer y Nicolás Toselli, pero ese tribunal para el cual se postularon todavía no existe pese a que una ley ordenó su creación seis años atrás. Ante la aparición de vacantes en los viejos tribunales orales de Comodoro Py el sentido común indica que deberían ocuparlas quienes concursaron para esa especialidad (como López Iñíguez y sus pares) que hay prioridad para las mujeres de modo de respetar la diversidad de género y también para quienes sacaron mejores notas en los exámenes. Pero no. Los consejeros, advierte la jueza, han decidido mandar varones como suplentes, algunos que ni concursaron, que ya pertenecen a otros tribunales, y que además siempre se ocuparon de delitos comunes, no federales.
Nadie quiere hablar de la carta de López Iñíguez ni de otras que mandó junto con sus colegas, porque pone dos cuestiones sobre el tapete que comprometen al macrismo. Una es un mecanismo que utiliza la mayoría del Consejo, compuesta por una alianza entre Cambiemos y exponentes de la corporación judicial, que juega a reservarse ciertos cargos vacantes y retarda concursos adrede para tenerlos disponibles y repartirlos entre conocidos, amigos o intercambiar favores. Y la otra cuestión es que todo esto encierra un propósito evidente del oficialismo de controlar a los tribunales orales federales, el lugar donde definirá la suerte judicial de tantos funcionarios y ex funcionarios. La intención quedó clara, además, con la promulgación –el último día del año– de la ley que transformará seis tribunales ordinarios en federales. ¿Quién decidirá cuáles de los 30 tribunales se convierten en expertos en delitos de corrupción, narcotráfico y derechos humanos? Una mayoría simple del Consejo para la que bastan los siete votos que concentran el PRO, el radicalismo, dos jueces y los abogados.
Los tribunales orales federales nuevos están destinados a llevar adelante los juicios de casos que hoy son tan resonantes a cargo de los jueces de instrucción de Comodoro Py, porque los otros están desbordados. La lista incluye las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Amado Boudou, Julio De Vido, Aníbal Fernández, Lázaro Báez pero también a futuro podría abarcar a funcionarios del actual gobierno, como los denunciados por Panamá Papers, entre ellos Mauricio Macri.
Temporada de pases
Los tribunales orales federales, que hoy son seis, están integrados por tres jueces cada uno y fueron creados después de una reforma que comenzó en 1992 que incluía la realización de juicios orales en reemplazo de una parte del procedimiento escrito. Se instauró un sistema mixto con una primera etapa de instrucción y una segunda fase oral, un método que ha llevado a que algunas causas de corrupción duren 15 o 20 años. A pesar de que en 2015 el Congreso votó pasar a un sistema acusatorio, todo oral, ágil y con gran protagonismo de los fiscales en las investigaciones, el gobierno de Macri no implementó esta reforma y se inclina por otros métodos.
Mucho antes, como los tribunales orales federales (TOF) se quejaban de que tenían mucho trabajo y megajuicios complejos, como los que juzgan a represores por crímenes de lesa humanidad, en 2010 el Congreso votó la creación de dos tribunales orales federales nuevos: el 7 y el 8. El Consejo llamó a concurso, tomó examen en agosto de 2012 y fueron ternados y lograron acuerdo del Senado: López Iñíguez, Sabrina Namer (que fue fiscal federal de juicio y miembros de la unidad AMIA) y Nicolás Toselli (defensor oficial en La Plata) para TOF 8; para el TOF 7 resultaron designados Andrés Basso (ex secretario en Lomas de Zamora), Javier Ríos (juez de instrucción) y Fernando Machado Pelloni (defensor oficial). En septiembre de 2015 CFK firmó los decretos que los nombran jueces federales.
Sin embargo, empezó a pasar el tiempo y sus tribunales no fueron habilitados. La habilitación está a cargo de la Corte Suprema, presidida por Ricardo Lorenzetti. El argumento para demorar ese paso es que si los jueces nuevos no tienen oficina, la habilitación no se concede. El Consejo debe conseguir los edificios. Tuvo seis años para hacerlo, en los que pasaron distintos consejeros, y tampoco lo hizo. Un día, el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que había hecho el juicio del caso AMIA, quedó desierto por la jubilación de sus jueces. En lugar de llamar a un concurso nuevo, ante un pedido por escrito del ministro de Justicia, Germán Garavano y con el empuje de su mayoría oficialista de la comisión de Selección –que presidió hasta fin de 2016 Luis Cabral, el cuestionado ex subrogante permanente de la Cámara de Casación– el Consejo hizo dos movimientos sin precedentes: primero decidió que los jueces que habían sido nombrados para el TOF 7 irían a parar al TOF 3, y allí están, en forma definitiva; luego, el 4 de agosto último, agarró la vieja lista de concursantes y tomó los tres nombres que seguían en el orden de mérito para asignarlos al TOF 7. Uno es Herminio Canero, quien trabajó con Cabral en el Tribunal Oral Criminal 9 y también en la Corte Suprema junto con el menemista Julio Nazareno y la secretaría general; otro es Enrique Méndez Signori, de la secretaría penal de la Corte; y el tercero era el fiscal Julio Castro, cuya designación no avanzó por una denuncia. En su lugar, quedaron dos nombres: Vanesa Alfaro (secretaria letrada de la unidad AMIA desde la gestión de Alberto Nisman) y el fiscal Ariel Yapur. El controvertido combo fue votado por todos los consejeros menos los del Frente para la Victoria.
Así, no hubo concurso para ninguno de los dos tribunales ni de las resoluciones del Consejo surge por qué razón los elegidos del TOF 7 fueron a parar al 3 y el resto, nada. Las dos mujeres nombradas para el TOF 8, López Iñíguez y Namer presentaron una nota ante el ministro Garavano, Lorenzetti y el Consejo en la que protestaban por quedar excluídas y decían que dado que en Comodoro Py hay solo tres mujeres no les quedaba otra opción que pensar que estaban siendo discriminadas. Recordaban que habían sido contundentes en explicar por qué les correspondían los cargos a ellas
Esa carta no fue respondida, ni una anterior que también firmaba Toselli, en la que reclamaban la habilitación de sus tribunales. En otra nota, cuando vieron que se generaba una vacante en el Tribunal Oral Federal 1 (por la jubilación de Oscar Amirante) se anticiparon y pidieron que el Consejo se abstuviera de hacer pases de otros jueces que no fueran ellos, que habían concursado. No les contestaron y en ese lugar nombraron a un juez de un tribunal oral ordinario, Gabriel Vega. Cuando un juez subroga en otro lado le toca un 30 por ciento más de sueldo, innecesario en este caso, donde había jueces nombrados.
Más adelante Namer presentó otra nota en la que advertía sobre el absurdo de no poder asumir por falta de oficina. Decía: “…mientras se esperan soluciones inmobiliarias o cuasi futbolísticas a la deriva del cierre de la temporada de pases de un tribunal a otro, se lee en los diarios que algunas causas de banqueros o de funcionarios acusados de corrupción prescriben por falta de cuarto juez para iniciar los juicios, o que los juicios de lesa humanidad no pueden empezar por el mismo motivo, o que quedan libres narcotraficantes por soluciones que reducen su pena para no violar los plazos de prisión preventiva ante la imposibilidad de hacer juicios orales. La falta de un espacio físico, generó aparentemente que el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no diera curso los pedidos de habilitación de los cargos efectuados por la Cámara de Casación Penal (…) Paradójico todo, si además se pregona que el sentido común, el respeto al interés público y la transparencia deben regir las decisiones de los funcionarios”. Ese texto, generó una respuesta casi inmediata y una acordada de la Corte dio la habilitación.
En medio sucedió algo insólito: la comisión de Selección, inventó un sorteo por el cual generó un orden para que a medida que se produjeran vacantes los designados las fueran ocupando. Quedaron así: Namer, López Iñíguez, Canero, Toselli y Méndez Signori. Un día mientras caminaba por Parque Centenario a Namer la sorprendió un llamado urgente del secretario de Selección, que le decía que había una vacante en un tribunal ordinario, el 20. La ex fiscal, harta, aceptó y el 28 de diciembre juró como jueza federal para un tribunal común junto con Canero y Méndez Signori, quienes llamativamente no tienen ningún tribunal asignado. A ella, por su extraña situación, le tomaron juramento las dos Cámaras de Casación juntas (la federal y la ordinaria).
Aquí es cuando entra en escena otra carta, esta vez de la jueza López Iñíguez, que reclama la vacante del TOC 1 cuya subrogancia vencía. Se queja por la falta de respuesta a sus pedidos y al “reclamo de género por la evidente discriminación que vengo padeciendo en relación a colegas varones que ya se encuentran desempeñando sus cargos, hecho que reviste gravedad institucional ya que la propia Corte Suprema” -recuerda-dijo debían ponerla en funciones. “Hasta ahora –se enojó López Iñíguez– el único que ha demostrado tener perspectiva de género es el bolillero utilizado el pasado 17 de noviembre” con el que se creó el orden de mérito que las ubicó a ella y Namer primeras. El Consejo no prevé por ahora darle el lugar en el TOF1 sino que podría trasladar al juez de un tribunal común, Ricardo Basílico.
La frutilla del postre
En el Consejo hubo discusiones caldeadas hacia el final del año en las que, por ejemplo, la senadora Virgina García (FpV) dijo que no podía ser que se estuvieran “subastando los cargos”. Le apuntaba a Cabral y su sociedad con los legisladores del Pro y la UCR, más el representante del Poder Ejecutivo Juan Mahiques, a la que suelen sumarse el juez Leónidas Moldes y los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato. Pero el oficialismo está cómodo, hasta les sobra un voto para las cuestiones que se votan con mayoría simple (tienen ocho, les bastan siete).
Dos casos bien sintomáticos de los tejes y manejes con los cargos, en especial del fuero federal, son los concursos eternamente postergados para la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal. Para el primero están ternados: Julio César Báez, Javier López Biscayart y Sebastián Casanello, pero el Consejo prefirió, hace días nomás, algo que parece el colmo: puso como subrogante a Leopoldo Bruglia, que integra precisamente un tribunal oral federal, el 4, y si le dan la licencia que pide va a generar otro agujero. Para Casación también hay ternas disponibles para el plenario desde mayo de 2015.
Pero la demostración más explícita de que el gobierno de Cambiemos quiere controlar el fuero y sus tribunales orales es la llamada “Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal”. Prevé convertir seis tribunales ordinarios en federales: uno será disuelto y sus jueces trasladados y el resto serán convertidos desde TOF 7 en adelanete. También prevé juicios unipersonales. La decisión de cuáles son los jueces del fuero ordinario que serán federales (sin concurso para eso), será tomada por una mayoría simple del Consejo dominado por la coalición político-judicial donde nunca falta la pata mediática.
Fuente:Pagina12
Renunció un hombre clave en el Ministerio de Salud
Se trata del titular de la secretaría que manejaba el 70% del presupuesto de la cartera. La decisión llega en medio de la polémica por subejecuciones.
09 DE ENERO 2017
El presidente Mauricio Macri aceptó este lunes la renuncia del secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, Néstor Pérez Baliño. Esa área que estaba a su cargo maneja el 70 por ciento del presupuesto de Salud.
A través del decreto 22/2017 publicado en el Boletín Oficial, se concretó el desplazamiento de Pérez Baliño, a cargo de esa secretaría desde diciembre de 2015, adonde llegó de la mano del titular de la cartera, Jorge Lemus. De su área dependen las subsecretarías de Prevención y Control de Riesgos y de Atención Primaria de la Salud.
La renuncia de Pérez Baliño se conoce a pocos días de que se produjera el desplazamiento de Alfonso Prat Gay del Ministerio de Hacienda, el primer gran cambio en el Gabinete de Macri, pero se trata del séptimo funcionario que deja el área de Salud en medio de la polémica por la subejecución y de denuncias falta de insumos.
Según datos del Ministerio del Ministerio de Hacienda, en 2016 el programa de lucha contra el sida ejecutó el 68,6% del Presupuesto; el plan Sanidad Escolar apenas 15,7%; el programa de prevención y control de enfermedades endémicas (dengue y sika) -a cargo de Baliño- se ejecutó el 80,2%, pero el programa de investigación para control de enfermedades tropicales sólo el 8,3% ejecutado en todo 2016. En tanto, el programa de prevención de enfermedades crónicas, tuvo una ejecución del 70%.
"Agradécese al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo", se indicó simplemente en el Boletín Oficial. No obstante, en declaraciones radiales realizadas este lunes por la mañana, Baliño explicó que seguirá en la cartera "como asesor".
El médico cardiólogo Pérez Baliño, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ya había ocupado otros cargos en la cartera sanitaria de la Ciudad y de la Nación.
Fuente:ElDestape
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