Una ley de Memoria para Nunca Más terrorismo de Estado
El terrorismo de Estado fue un proyecto de país abarcativo e integral. El proceso de deterioro institucional, de actuación ilegítima del Estado, iniciado el 13 de junio de 1968 durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, desembocó en la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973.
La dictadura cívico militar que azotó a Uruguay hasta marzo de 1985, fue una tragedia nacional cuyos efectos y daños colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la sociedad. Fue instrumentada en el marco de una estrategia continental diseñada en EEUU para América Latina. Se aplicó con verdadera crueldad en el Cono Sur en el operativo político conocido como Plan Cóndor.
Para hacer posible la aplicación de dicha reorganización de la sociedad, quienes se apoderaron del gobierno del país, llevaron a cabo una cruel política represiva en todos los planos que dejó como saldo más de 200 detenidos desaparecidos, dos centenares de asesinados, muchos de ellos en la tortura, miles de detenidos, de presos políticos en campos de concentración y miles obligados a emigrar para preservar su vida y su libertad.
Un hito fundamental: Declaración del Estado de Guerra Interno
El proceso de deterioro institucional y de actuación ilegítima del Estado iniciado el 13 de junio de 1968 durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, desembocó en la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973. En dicho proceso, tanto desde la perspectiva regresiva a nivel institucional como desde la violación de la normativa de DDHH, particular importancia adquiere la Declaración del Estado de Guerra interno por parte del Parlamento el 15 de abril de 1972.
A partir de dicho momento se modificó sustancialmente el Estado democrático del país. La ley aprobada por el Parlamento, redujo las facultades y potestades de uno de los poderes que sustentaban el Estado democrático republicano de gobierno.
A través de ella se otorgó competencia a la Justicia Militar para juzgar las actividades realizadas por civiles, al tiempo que se suspendían las garantías individuales y se eliminaban los plazos legales para la presentación de los detenidos, sin garantías de ningún tipo, ante dichos tribunales.
Los juzgados militares eran parte de los cuadros operativos de dichas fuerzas y no órganos imparciales. Como lo señaló el Cnel. Dr. Néstor Bolentini, figura emblemática del proceso: “La justicia militar no hace justicia: sus jueces son auxiliares y asistentes de las Fuerzas Armadas en operaciones”. La tortura que ya se practicaba desde los años 60, como demostraron las investigaciones parlamentarias que se llevaron a cabo, cuando aún intervenía la justicia civil, pasó a ser tácitamente una práctica naturalizada, masiva, sistemática y generalizada.
Con la participación directa y protagónica de las fuerzas armadas, se estableció un régimen represivo que hizo de la prisión prolongada, asociada a la tortura masiva, sistemática y generalizada, la metodología deliberadamente seleccionada para aterrorizar a la población y mantenerse en el poder. Los servicios represivos de la dictadura actuaron incluso fuera de las fronteras nacionales en el marco de la coordinación regional denominada Plan Cóndor.
En dicho período Uruguay fue el país del mundo con la mayor cantidad de presos políticos en proporción a la población. Miles de ciudadanos de todas las edades y condiciones sociales, incluso menores y mujeres embarazadas, fueron ilegítimamente detenidos y privados de su libertad, sometidos a apremios físicos, psicológicos y torturas, abusos sexuales, juzgados por tribunales militares, compareciendo ante ellos, en promedio, luego de más de 100 días de detención, procesados y recluidos en centros de reclusión diseñados para la destrucción física, psíquica y psicológica, con un promedio de 6,6 años de prisión. (“Uruguay: Nunca Más”. Serpaj. 1989).
La guía: la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas
Aprobada en diciembre de 2005 por la Asamblea General es el instrumento internacional que establece de manera pormenorizada las obligaciones de los Estados para hacer frente a las graves violaciones a los DDHH, además de mencionar los pilares de dicho accionar y explicitar los derechos de las víctimas. El propósito básico y esencial de las recomendaciones es impedir que los hechos vuelvan a repetirse y reiterarse en el futuro, además de aliviar, en la medida de lo posible el dolor de las víctimas sobrevivientes y/o sus familiares con un profundo sentido de justicia.
La Memoria como política pública tiende a preservar lo ocurrido al mismo tiempo que homenajea a las víctimas y se edifica un relato histórico verosímil y verdadero que construya una identidad democrática futura, asentada en la plena vigencia de las normas de DDHH.
El terrorismo de Estado en Uruguay, en el marco de la Operación Cóndor, en una estrategia continental diseñada en EEUU, con la activa participación del genocida Henry Kissinger, fue un proyecto de país integral. Su implementación demandó una política represiva sin parangón. La memoria histórica debe hacer hincapié en este aspecto. Debe abordar, obviamente los hechos atroces, las graves violaciones a los DDHH, pero debe resaltar el modelo genérico de país que se pretendió instrumentar.
En la XXII Reunión de las Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados asociados (RAADDHH) realizada en Porto Alegre entre el 3 y el 6 de setiembre de 2012, se aprobaron y adoptaron los principios fundamentales para las políticas públicas sobre Sitios de Memoria, establecidos por el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur como instrumentos básicos para preservar la memoria de lo ocurrido y al servicio de ella.
Los Sitios de Memoria son una herramienta a disposición de los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de Justicia, Verdad, Memoria y Reparación. Su materialidad es un testimonio de los hechos allí ocurridos y constituyen un patrimonio histórico y cultural para las generaciones presentes y futuras.
Los Estados donde se cometieron violaciones a los Derechos Humanos deben implementar políticas públicas sobre Sitios de Memoria. Estas deben garantizar el reconocimiento, preservación integral (preservación patrimonial, preservación arqueológica, preservación arquitectónica, preservación de la comunidad, preservación de la memoria), funcionamiento, gestión y sustentabilidad de dichos Sitios.
A 32 años del retorno a la institucionalidad democrática Uruguay necesita una Ley de Memoria del Pasado reciente que aborde la integralidad del proyecto impulsado por las clases dominantes y no se concentre, solamente, en los aspectos represivos y crueles del mismo.
----------
Opinando N° 3 – Año 6 – Martes 14 de febrero de 2017
--------------------
Mirtha Guianze cuestionó el rol del abogado
del Estado uruguayo en juicio por el Plan Cóndor
Mirtha Guianze. Foto: Mauricio Khüne (archivo, marzo de 2016)
La diaria – Martes 14. 2. 17
El fallo del Tribunal de Roma en el juicio por el Plan Cóndor, interpretado como una derrota por los familiares de víctimas de la dictadura y por las organizaciones de derechos humanos, reavivó los cuestionamientos al abogado que representó al Estado uruguayo, Fabio Galiani. El fallo sólo condenó al canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, y absolvió a los 13 imputados uruguayos restantes.
El jueves 9, en una mesa redonda convocada por la organización de ex presos políticos Crysol, Mirtha Guianze, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), señaló que le resultó “muy difícil de entender la estrategia que se siguió en el juicio”. “Fue algo muy oscuro, muy opaco”, valoró. Afirmó que no quedó claro el orden de los testigos, consideró que no había “una comunicación ordenada previa” de los testigos con el abogado y que “no quedaba claro qué se pretendía de cada testigo”. Contó que Galiani se negó a interrogarla cuando ella declaró ante el tribunal, el 20 y el 30 de octubre. No sólo eso, sino que Galiani se reunió con ella en la INDDHH, instancia en la que le dijo que su citación -pedida por la presidencia del Consejo de Ministros de Italia- no era válida y le solicitó que no fuera a Roma a declarar. Según supo la diaria, Guianze elevó una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que expresó su opinión sobre el desarrollo del juicio.
Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, sostuvo durante la mesa redonda que a Galiani le falta capacidad y que “se ha peleado con todo el mundo”, “hasta con los fiscales”. Cuestionó también la “soberbia” del abogado y aseguró que Galiani le recomendó a una familiar que tirara “a la estufa” una citación que recibió para declarar en Roma. Olivera sostuvo que Galiani “no debería continuar al frente de esta causa” y que el gobierno debería designar a un abogado especializado en derechos humanos.
Consultado al respecto, el coordinador del Grupo Verdad y Justicia, Felipe Michelini, dijo a la diaria que aún no tiene una opinión sobre el accionar del abogado uruguayo, en la medida en que no se conocen los fundamentos de la sentencia del juicio en Roma. “¿Cómo se va a evaluar la actuación profesional de alguien si no se conocen los fundamentos?”, preguntó. Recordó, por otra parte, que hubo “varios abogados que actuaron, no sólo Galiani”.
Guianze y el profesor Óscar Destouet, quien ofició como testigo en el juicio, cuestionaron el manejo de los archivos por parte del Estado. Guianze dijo que Uruguay tiene “un atraso de siglos” en el acceso a los archivos. Sostuvo que durante el juicio en Roma apareció “información nueva que no nos proporcionaron acá en Uruguay”. “¿Por qué no estaban los documentos de la Comisión para la Paz a la vista cuando nosotros trabajamos, y nos dijeron que no existían? Con más de un familiar y con [la jueza] Mariana Mota fuimos a pedir esos papeles y nos dijeron que no existían”, cuestionó Guianze.
Destouet consideró que debería haber un “inventario público” de los archivos. “No vengan con la discusión de que los archivos de inteligencia son sensibles y pueden afectar a la persona. No, señores, no se funciona así. Acá todo organismo del Estado registra su accionar, y eso son los archivos. Tiene que haber un inventario que todo el mundo pueda conocer, y ahí no estamos ingresando a atacar la sensibilidad personal de nadie”, manifestó Destouet. “¿Quién sabe qué documentación hay en Prefectura naval? Y ese es el segundo archivo más importante del país, después de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia”, ejemplificó. Dijo que para el juicio en Roma pidió a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente “una cantidad de documentos” y que todavía no se los entregaron, pese a que aseguraron que lo harían.
De todos modos, durante el encuentro organizado por Crysol se destacaron algunos elementos positivos del juicio en Roma, como los fallos de condena a los represores de otros países, la condena a un civil uruguayo y el reconocimiento de la existencia del Plan Cóndor.
El secretario de Presidencia de la República, Miguel Toma, dijo a la diaria que el gobierno aguardará a tener los fundamentos de la sentencia para determinar de qué modo “incidir en la apelación”.
Dudas sobre la Fiscalía
Guianze expresó sus dudas respecto de la conveniencia de crear una fiscalía especializada en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, proyecto que está a estudio del Parlamento. La integrante de la INDDHH estimó que “podría ser muy complicado” para un fiscal abarcar todos los juicios. Además, recordó que hay más de 30 pedidos de procesamiento que no han sido resueltos por los jueces. “El problema no está sólo en la Fiscalía, está en el Poder Judicial también, en el sistema de justicia en su totalidad”, sostuvo.
-----------
Comisión especial del MEC declaró oficialmente
el 14 de marzo Día del ex Preso Político
La diaria – Martes 14.2.17
La Comisión Especial que actúa en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para dar cumplimiento a la Ley 18.596, de reconocimiento y reparación a las víctimas de la “actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985” resolvió declarar oficialmente el 14 de marzo Día de la ex y del ex Preso Político, según informó a la diaria la organización de ex presos políticos Crysol. La iniciativa provino de este grupo, que presentó una solicitud al MEC en enero. La comisión aprobó el pedido ayer de tarde. La fecha elegida por Crysol no es casual, ya que ese mismo día, pero en 1985, fueron liberados los últimos presos políticos de la dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985.
La organización ya realizaba ese día un acto en el Memorial del Detenido Desaparecido, en el Cerro, para reivindicar “la condición de luchadores sociales y políticos, por la libertad, por la democracia”. “Reivindicamos nuestros valores y tratamos los desafíos para seguir avanzando en el proceso de fortalecimiento y consolidación democrática. Obviamente, de ahora en más ese día van a participar autoridades gubernamentales del ministerio. Va a tener un carácter más formal, porque lo que hasta ahora era una conmemoración nuestra, pasará a contar con el reconocimiento del Estado”, explicó Gastón Grisoni, de Crysol.
La declaración del día no requirió un proyecto de ley específico, debido a que “está dentro de las potestades que tiene la comisión especial”. El artículo 7º de la ley establece que “el Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo”. Estas acciones “tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado”.
En otro orden, Crysol envió a la Junta Nacional de Salud (Junasa) un misiva en la que objeta el descuento para el Fondo Nacional de Salud a los beneficiarios de la Ley 18.033, de reparación de los derechos jubilatorios y pensionarios a personas que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Según Crysol, esta ley, “en su artículo 10º, establece que todos los beneficiarios” tienen derecho a la atención “gratuita y vitalicia” en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Sin embargo, se constató que el 1° de julio de 2016 “se comenzó a realizar el descuento correspondiente a Fonasa a los cónyuges de ex presas y de ex presos políticos fallecidos que perciben la Pensión de sobrevivencia que genera la Pensión Especial Reparatoria (PER) del artículo 11” de la ley. “Al indagar acerca de este hecho hemos tomado conocimiento de que desde hace unos años se viene realizando dicho descuento a otros colectivos de víctimas del terrorismo de Estado. Nos referimos básicamente a exiliados, clandestinos, despedidos en la huelga general de 1973, entre otros”, sigue la carta. Para Crysol “los beneficiarios tienen asegurada la gratuidad de la atención en forma vitalicia. Por lo mismo, entendemos que no corresponde que se les haga ningún descuento con ese fin, ya sean ex presos políticos, exiliados, clandestinos, despedidos en la huelga general de 1973 o pensiones de PER. Esa fue precisamente la voluntad del legislador en el momento de aprobar dicha ley”, agrega la carta. “Todavía no hemos tenido una respuesta formal por parte de la Junasa”, informó Grisoni.
-----------
-----------
-----------------
Pedido solidario
Carlitos De Mello se encuentra aquejado de grave enfermedad.
Necesita cuidados, compañía y apoyos para sobrellevar dignamente esta instancia.
Apelamos a la solidaridad de tod@s para costear unos $ 2.000 diarios.
Se puede colaborar aportando en el colectivo Abitab Nº 72256
a nombre de Carlos de Mello
y difundiendo la situación lo más ampliamente posible.
Desde ya muchas gracias por el apoyo y la solidaridad.
-----------
Video del 18° asado de fin de año
El Domingo 11 de Diciembre de 2016
se llevó a cabo el 18° asado anual de fin de año de Crysol
Tratamos de que el video fuera lo más
inclusivo posible.
Mil disculpas a las y a los cros que asistieron
y no están en el video.
-----------------------
Informamos que la sede
de la institución permanece
abierta de lunes a viernes
de 14 a 19 horas
--------
No hay comentarios:
Publicar un comentario