Ediles rechazaron el 2x1 dictaminado por la Corte Suprema
Un repudio que aglutinó a todos los bloques del Concejo A través de una resolución presentada por la concejal Julia Sáenz (FPV) que fue aprobada por unanimidad por los concejales de los tres bloques, el cuerpo repudió la aplicación de la Ley 24.390, derogada en 2001, en el caso Luis Muiña porque deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el “2x1”. Todos los concejales coincidieron en calificar el fallo como “lamentable”, según información enviada a DIARIOJUNIO.
Creo que en el día de ayer, la gran mayoría del país se vio sorprendido por esta decisión; avanzando sobre este pacto social que la comunidad construyó en relación a los Derechos Humanos. Un pacto social generado en base a políticas públicas que fueran asegurando avances contra la impunidad. Políticas de memoria y de verdad”, dijo Sáenz.
“Como sociedad hemos tenido muchos desacuerdos, han sido 40 años en los que buscamos acordar como leemos este proceso que se dio en la Argentina, que tiene sus responsables y que aún tiene pendiente muchas luchas: aún no han sido condenados todos los genocidas, no han aparecido todos los nietos, no sabemos qué pasó con nuestros desaparecidos. Sin embargo había una base de acuerdo, que era cómo la Justicia debía proceder ante estos genocidas”, indicó la edil.
“El avance que ayer hizo la Corte no viene descontextualizado, sino acompañado de políticas a nivel nacional que van desde haber deslegitimado la lucha de los DD.HH. y hablar de que son un ‘curro’ a iniciativas más concretas que implican dejar libres a estos genocidas condenados. Y a aquellos que aún no han sido juzgados darles la posibilidad de que ni siquiera pisen la cárcel", mencionó Sáenz.
En tanto, la concejal Irma Bergalio (FPV), dijo que “era muy preocupante porque se da la posibilidad a quienes han cometido este tipo de delitos de estar nuevamente en libertad entre nosotros, traicionándose la lucha de madres, de abuelas, de familiares e impidiendo que se lleven adelante los juicios que se estaban haciendo. Me preocupa porque no es un hecho aislado, creo que tiene que ver con varios hechos que han venido ocurriendo y que no son casuales”.
“Acá hay casualidades. El llamado que ha hecho la jerarquía eclesiástica para reunir en una mesa a quienes fueron represores y sus víctimas también tiene que ver con esto. Creo que desde el Gobierno nacional se está posibilitando que algunos demonios que creíamos estaban ya desterrados de la vida republicana estén de nuevo en libertad y eso es tremendamente peligroso. Esto se visibiliza en este fallo de la Corte, pero también en toda aquella protesta, reclamo, que realiza el Pueblo argentino, y que tiene como respuesta la represión", añadió la edil.
Por su parte, Esteban Benítez (Cambiemos) dijo que fue una decisión lamentable de la Corte Suprema de Justicia. “Hoy hemos logrado unanimidad porque entendemos que considerar los delitos de lesa humanidad como un delito común y volver a tratar una ley que ya estaba derogada desde el año 2001, es una decisión aberrante a mi juicio. Sinceramente creo que se deberían agotar todas las instancias y los reclamos de todos los organismos de Derechos Humanos y de las agrupaciones políticas, para lograr derogar este fallo de la Corte Suprema. La Justicia en este último tiempo nos está dando muestras de un accionar realmente lamentable. Lo vimos en casos de delitos comunes donde se otorgó la libertad a personas que no se merecían este beneficio y que no se entiende porque lo obtuvieron. Pero en estos casos se trata de criminales que van a recibir una especie de inmunidad. Es una situación comparable a la amnistía hecha por Menem en la década del 90, que deja a una porción de nuestra historia sin memoria"
En tanto, Daniel Cedro (UNA-Frente Renovador) señaló que en principio le parecía preocupante toda la escalada en contra de una política de DDHH que se venía desarrollando. “Nosotros acompañamos por convicciones personales y fundamentalmente por una búsqueda de Justicia y Verdad. Me parece preocupante que la Corte haya hecho malabares a los efectos de beneficiar a los genocidas. Porque si vamos a los antecedentes de esta Ley del ‘2x1’ tenemos que destacar que se hizo en un contexto de crisis del sistema, en el que había una tardanza excesiva en los trámites de causa y también una superpoblación carcelaria. Pero esta situación contempla cuestiones distintas. Porque se trata de delitos de muchísima gravedad como es un genocidio del Estado y de personas que durante muchísimos años trataron de evadir la Justicia”.
“Es grave que la Corte Suprema de Justicia que debe velar por la seguridad jurídica haga un retroceso tan grande en relación a la política de Derechos Humanos. Un retroceso que viene acompañado de un ataque que se viene sosteniendo desde el gobierno de Macri; tiene que ver con la discusión de los 30.000 desaparecidos, con el tema del ‘curro’, todo en contra de una política que se desarrolló no sólo en los últimos años sino desde la época de Alfonsín. Es un retroceso como mensaje a la sociedad y al mundo entero. Nosotros bregamos porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos de vuelta este fallo, que es lo que corresponde. Y fundamentalmente sea repudiando por el Pueblo también", manifestó Cedro.
Entre los considerandos, la resolución sostiene que hasta ayer era indiscutido que la ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos. Y que los mismos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes, criterio exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que la Corte Suprema ha desoído.
La resolución también manifiesta la preocupación de que el beneficio de este fallo podría alcanzar a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.
Destacando que en este contexto, los organismos de Derechos Humanos denuncian demoras en las causas que juzgan a los genocidas, sumado a la decisión de varios juzgados federales de conceder prisión domiciliaria a unos 50 militares y policías ya condenados por delitos de lesa humanidad.
Fuente:DiarioJunio
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