05 JUNIO 2017
La decisión la adoptó el Tribunal Oral Federal 1
El Tribunal Oral Federal 1 (Tof 1) de nuestra ciudad rechazó ayer otros siete pedidos de represores condenados por delitos de lesa humanidad para que se les aplicara el beneficio del 2x1. Se trata de los condenados José Hugo Herrera, Juan Eduardo Molina, Yamil Jabour, Carlos Alfredo Yanicelli, Ernesto Guillermo Barreiro (por la causa La Perla) y Enrique Pedro Mones Ruiz y Gustavo Alsina (causa Videla/UP1). Con anterioridad habían sido rechazados planteos similares de los represores Juan Domingo Ayala, Arnaldo López, Emilio Morard, Héctor Pedro Romero, Ricardo Ramón Lardone, Carlos Alberto Díaz, Juan Emilio Huber, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Exequiel Acosta, Carlos Alberto Díaz, Orestes Valentín Padován, Héctor Pedro Vergez, Juan Eusebio Vega, Carlos Alberto Villanueva, Luis Gustavo Diedrich y Miguel Ángel Pérez. Desde este modo, desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable el cómputo del 2x1 a represores -según una norma que permaneció vigente entre 1994 y 2001 y luego fue derogada-, una treintena de condenados por crímenes de lesa humanidad en Córdoba solicitó la excarcelación. Pero todas las presentaciones fueron rechazadas con argumentos doctrinarios, legales y jurídicos, según destacó el sitio Prensared.
En otro orden, el Tribunal Oral Federal 2 (Tof 2) de Córdoba fijó para el 25 de julio próximo el comienzo del juicio contra cuatro exfuncionarios de la Justicia Federal por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones durante la última dictadura. Una resolución divulgada ayer por el Tof 2 fijó para el 25 de julio la fecha de inicio de este juicio oral y público que debía haber comenzado el 27 de abril último, pero que se postergó por dificultades para integrar el tribunal. En la llamada Causa de los Magistrados se encuentran imputados el exjuez federal Miguel Ángel Puga, el exfiscal federal Antonio Cornejo, el exdefensor oficial Ricardo Haro y el exsecretario penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez. Todos ellos están acusados de incumplir deberes de funcionario público y encubrir torturas, secuestros, homicidios y otros delitos de los que fueron víctimas prisioneros políticos que pasaron por la Dirección de Informaciones (D-2) de la Policía provincial y luego por la Unidad Penal 1 de nuestra ciudad. Entre otras imputaciones, se los acusa de no haber promovido la investigación de los crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y de haber encubierto a los perpetradores.
Fuente:HoyDiaCdba.
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