22 de junio de 2017
Detalles de la querella por desaparecidos lujanenses
Una querella presentada en 2012 denuncia el accionar represivo contra militantes de la zona oeste, entre ellos a varios de los desaparecidos lujanenses. Se explicita la metodología de una estrategia de desaparición concatenada protagonizada por el Regimiento 6 de Mercedes.
Autor: Nicolás Grande
En el caso de Luján y sus partidos aledaños, el terrorismo de Estado, en tanto plan sistemático de exterminio como práctica genocida, estuvo a cargo del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes. En 2012, sobrevivientes y familiares de detenidos-desaparecidos impulsaron una querella penal, con el patrocinio letrado del equipo de abogados que conduce el también periodista Pablo Llonto.
La presentación se sumó a la denominada causa Nº 14.216/2003, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, y que se centra en el Primer Cuerpo de Ejército.
La querella involucra, en carácter de víctimas, 32 casos de la zona oeste, cuyos secuestros tuvieron lugar en ciudades como Morón, Paso del Rey, Moreno, Merlo, General Rodríguez, Caseros, Castelar y Luján. De ese total 18 corresponden a lujanenses, tres de ellos sobrevivientes. La acción penal apunta contra quienes resulten autores, co-autores, cómplices y/o partícipes necesarios, encubridores, de los delitos de genocidio, homicidio calificado con alevosía, privación ilegal de libertad, desaparición forzada, asociación ilícita y torturas, reducción a servidumbre, apropiación de menores con supresión de identidad, encubrimiento, entre otros.
En el texto de presentación, conformado por unas 60 páginas, se enumeran distintos secuestros “concatenados” que obligan a considerar cada caso individual como un proceso colectivo de persecución: “Todos los casos forman parte de una concatenada y relacionada serie de actos de terrorismo de estado (en el marco del genocidio desatado en la Argentina entre 1974 y 1983) encadenados y conexos unos con otros, desprendiéndose de ellos el accionar de los mismos grupos de tareas, los mismos grupos de inteligencia y la misma orden de comando: secuestros y desapariciones forzadas, cometidas sobre un determinado y claramente identificable grupo de militancia”.
Los abogados detallan que “las víctimas estaban relacionadas por la militancia dentro de la misma opción política y social (Partido Revolucionario de los Trabajadores –PRT- y Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP-). Para llegar a esta conclusión, los letrados especifican que las víctimas compartían amistades o vínculos familiares, o bien actividades culturales y laborales que las llevaban a frecuentar ámbitos de socialización compartidos.
Otro punto de contacto entre los hechos denunciados responde a similitudes físicas y operativas de los grupos de tareas intervinientes. En ese sentido, la querella enumera características físicas, de vestimenta, de camuflaje, tanto como la utilización de idénticos vehículos. A eso debe sumarse “la zona de actuación donde se produjeron los hechos y los testimonios obrantes en la causa, más los medios de prueba que ya se han producido y otros que solicitaremos se produzcan”, los cuales “dejarán en claro la participación directa en los hechos denunciados del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes, de la Provincia de Buenos Aires, y del personal de oficiales y suboficiales que constituidos en clandestinas y delictivas patotas, conformaron los grupos de tareas actuantes”.
En tanto hecho colectivo, lo denunciado se inscribe en el aniquilamiento de aquellos militantes dedicados a tareas de prensa, propaganda y lectura del Partido Revolucionario de los Trabajadores, mediante publicaciones como El Combatiente y Estrella Roja.
En la denuncia se detalla que “la serie de casos se inicia con el allanamiento ilegal de la vivienda familiar que servía como redacción del periódico El Combatiente, el 14 de junio de 1976”. Consumado ese hecho, “a lo largo de poco menos de un mes y hasta el 10 de julio de 1976 se produce una progresión eslabonada de casos, sobre un grupo de personas palmariamente relacionadas y que de una forma u otra formaban parte” de dicha publicación.
“El 10 de julio de 1976 se produce el allanamiento ilegal, a sangre y fuego, de la imprenta donde se imprimía material de lectura del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y especialmente El Combatiente y Estrella Roja. Allí se produce el secuestro de una persona y el asesinato de otra. En esa misma fecha se producen tres casos de desaparición forzada en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, que están vinculados a esta ‘cadena de caídas’. Finalmente, el hallazgo de los cuerpos o los restos que a través del tiempo han sido identificados por el EEAF (Equipo Argentino de Antropología Forense), los relaciona incontrastablemente”, se agrega en la querella.
SOBREVIVIENTES
Entre los relatos personales que se incluyen en la denuncia aparece el de una ex militante de la Juventud Guevarista de Luján. Sus tareas políticas incluían la distribución de propaganda, llevar y traer paquetes de impresos y repartir periódicos, entre ellos la revista El Combatiente. Al igual que sus compañeros de la JG, por aquellos años asistía con frecuencia a la casa de Dorronzoro. En la madrugada del 8 de julio de 1976, una patota irrumpió en su vivienda: “Ella era consciente que ya habían desaparecido algunos de sus compañeros en junio de 1976 y que sobre ellos las patotas actuaban en forma violenta e interrogando a los gritos y vehementemente requiriendo ‘¿dónde están las armas?’. Recuerda que como estaba durmiendo se encontraba en ropa interior, los represores la dejan vestirse y se lleva un gamulán, la sacan de la casa, encapuchada, y con los ojos vendados la tiran adentro de una camioneta a la que no ve pero que identifica como si fuera un utilitario, sin asientos”.
En el interior del vehículo advirtió que en igual situación se encontraban otras cinco mujeres, una de ellas embarazada. Luego de una media hora de marcha, fue depositada en un lugar que no pudo reconocer. Pero a pesar de estar vendada y encapuchada, advirtió la presencia de más personas.
“Escuchaba las torturas, la manoseaban, le acercaban una picana encendida para que la oyera. A ella la mantenía apartada un oficial que sin dudar identifica como Eduardo Serapio Del Río (NdR: este militar se desempeñaba como jefe de la Compañía de Infantería “A” del Regimiento 6 de Mercedes). Él le decía que no se preocupara que la iban a largar. Nunca estuvo junto a todos los demás pero los escuchaba. Las preguntas que le hacían eran las mismas: si en la casa se escondían armas, si conocía a Navarro, si sabía dónde estaba. Hasta que unas horas después se armó un gran revuelo y escuchó a todos gritando que lo habían encontrado a Navarro, hubo mucha excitación”, se lee en el texto de la querella.
Dos días y medio después, fue liberada a pocos metros de su vivienda. Sin embargo, durante los cuatro meses siguientes, el mencionado Del Río, acompañado por personal de tropa, aparecía por su casa en una clara actitud de acoso y vigilancia.
Otro de los testimonios de sobrevivientes que figuran en la querella da cuenta de dos secuestros. El primero de ellos ocurrido el 31 de marzo de 1976, mientras se encontraba en su domicilio. Siete personas, vestidas de civil y portando armas largas, ingresaron a su casa, la obligaron a vestirse y luego de revisar el lugar, le colocaron cinta adhesiva en los ojos y la cargaron en el piso de un Ford Falcón (dato que obtuvo por relatos posteriores de vecinos). Todavía en la ciudad, la patota procedió al allanamiento de otro domicilio, donde vivía un amigo de ella, pero no pudieron dar con la persona buscada porque ya se había exiliado.
La vecina fue trasladada a una casa de dos plantas, distante una hora de viaje de Luján. Durante su estadía en ese lugar, fue torturada y blanco de un simulacro de fusilamiento. Al anochecer del día siguiente, le comunicaron que iba a ser liberada junto a otra detenida. Finalmente, los secuestradores la dejaron en cercanías de la avenida General Paz.
Hacia mediados de ese mismo año, al regresar a su casa, fue sorprendida por una patota que ya se encontraba en el interior del inmueble. Fue trasladada hasta un callejón y subida a una camioneta donde se la sometió a un interrogatorio. Horas después, la regresaron a Luján y liberaron en la zona del Hospital Municipal.
Según se detalla en la querella, este caso está vinculado a otras desapariciones de lujanenses por ser parte de su grupo de amigos y por la relación que los unía a la Escuela de Arte de Luján.
Fuente:ElCivismo
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