La Universidad Católica de La Plata (UCALP) opinó sobre la polémica decisión de la Corte Suprema que reduce penas a los genocidas de la última dictadura militar y expresó su “apoyo irrestricto” al fallo de los jueces. En repudio, una de sus docentes renunció a su cargo.
Varias semanas después del polémica fallo que la Corte Suprema efectuó, otorgándole el beneficio de la reducción de penas a genocidas, más conocido como el “2x1”, la Universidad Católica de La Plata sacó un comunicado respaldando la decisión de los jueces, lo que desencadenó el repudio y posterior renuncia de una docente.
En un extenso documento, recién en el último párrafo la institución educativa dejó en claro su postura, sosteniendo que “esta Universidad expresa su apoyo irrestricto al respeto que debe la sociedad en general y los integrantes de los restantes poderes públicos a los fallos judiciales”, que según la UCALP, según “nuestra Constitución”, “se dicten y a la celosa interpretación de la independencia de los poderes públicos como preservación ineludible del sistema republicano”.
Las declaraciones que dieron los directivos de la Universidad generaron el rechazo absoluto de una de sus docentes, la abogada Florencia Rossomando, quien finalmente tomó la decisión de renunciar.
En una serie de puntos, la docente efectuó varias razones para justificar su accionar, al mismo tiempo que discutió la postura de la Universidad en un claro apoyo a la decisión de la Corte Suprema en torno al fallo del “2x1”.
“El respeto a las instituciones no significa ´obediencia debida´, que si bien la CSJ tiene la última palabra por ser el último tribunal nacional, ello no significa que los ciudadanos y mucho más quienes trabajamos desde el lugar del derecho, no insistamos en que aquella sentencia que agravian derechos, sean modificados”, manifestó Rossomando.
La abogada también destacó las fundamentaciones de la Corte en torno al fallo, “puesto que si esto fuese así permitiría su revisión por los órganos Supranacionales a los que este Estado decidió democráticamente sostenerse”.
Luego de que aproximadamente medio millón de personas llenara la Plaza de Mayo en pedido de la derogación de la Ley aprobada por la Corte, así como también sobre la propia renuncia de los magistrados, son pocas las instituciones y particulares que se animan a “apoyar” la decisión de la CSJ.
Uno de ellos fue el cuestionado Monseñor Héctor Aguer, de La Plata, quien hace poco dijo que lo efectuado por los jueces “se ajusta perfectamente al derecho”.
Florencia Rossomando cerró su carta afirmando que “en consonancia con todo lo expuesto, (…) en un tema tan trascendente para nuestro país, es que les presento mi renuncia a mi cargo de docente de la institución”.
Fuente:InfoCielo
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