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| Algo inquieto, el policía federal escuchó el alegato del MPF. |
El tribunal subrogante, compuesto por los rosarinos Beatriz Caballero de Barabani, Jorge Sebastián Gallino y Omar Paulucci, escuchó los argumentos de la acusación pública y las privadas, en una jornada que se extendió hasta las 18.30 de este jueves. Entre el público que oyó alegar al fiscal Candioti esta mañana, estuvieron las juezas federales Lilia Carnero y Noemí Berros, quienes junto a Roberto López Arango integraron en 2012 el tribunal que juzgó la causa Harguindeguy.
El debate se reanudará el 6 de julio con los alegatos de la defensa compuesta por los abogados Guillermo Morales y Martín Montegrosso. Durante esa jornada también habrá réplicas y dúplicas. En tanto, el 27 de julio, después de la feria judicial, fue agendado para las últimas palabras del imputado y el veredicto.
Sádico
“Es importante dejar sentado que aún a la barbarie más extrema: el hecho de aplicar tormentos sobre chicos adolescentes, indefensos y vulnerables, se le debe responder siempre con la aplicación del Estado de Derecho. Se debe responder con la actuación de la justicia como se ha hecho aquí, con un juicio, ante los jueces de la Constitución, con el respeto de todas las garantías constitucionales. En ese cometido, no me cabe duda y así le solicito a los jueces que le impongan una justa condena a Mazzaferri por ser el responsable de graves violaciones a los derechos humanos, constitutivas de delitos de lesa humanidad”, dijo Candioti este jueves por la mañana.
El fiscal General del TOF de Paraná, contextualizó los hechos juzgados en la causa en un plan sistemático de represión ilegal, donde se cometieron “múltiples delitos como privaciones ilegítimas de la libertad, violaciones, vejaciones, robo de bebés… Personas como Mazaferri se valieron del poder estatal para cometer estos delitos, utilizaban la maquinaria estatal, controlaban los estamentos judiciales a su favor y generaban un temor generalizado en la población que no pudo empezar a denunciar hasta entrada la democracia. Hay que entender el temor de las víctimas y del entorno a las víctimas”, explicó. “Entre Ríos fue parte de todo esto y una patota integrada por Mazzaferri fue protagonista en los delitos juzgados”, acotó.
Candioti recordó que se trató de víctimas adolescentes. “Eran chicos que estuvieron privados de su libertad porque se los acusaba de tener un mimeógrafo con el que imprimieron volantes en contra del gobierno de facto. Por eso fueron terriblemente torturados. Hoy tienen terribles secuelas físicas y psicológicas. Les gatillaron en la cabeza, los picanearon desnudos sobre la parrilla, les hicieron el submarino. Las víctimas son ocho y las torturas están acreditadas con la prueba”, expresó.
El fiscal recordó que la defensa de material del represor, que calificó como “mala”, quedó “completamente rebatida” con las pruebas y los testimonios en la causa. “Vino Mazzaferri a decirnos que estaba sorprendido por venir a juicio 30 años después. Pero acaso no supo que fue denunciado por Carlos Martínez Paiva ante la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; acaso no supo que fue denunciado nuevamente en el ’86 ante la Justicia Federal por Martínez Paiva, por estos delitos”, contrastó el fiscal. De inmediato refrescó que estuvo cinco años prófugo eludiendo a la Justicia.
“Mazzaferri es responsable de todo esto y de integrar una asociación ilícita que así fue considerada en sentencias anteriores de este tribunal. Él está sentado acá por ser el coautor de los delitos y no por integrar la Policía Federal en aquellos años, como dijo, porque las víctimas pudieron diferenciar muy bien quiénes fueron los policías que los cuidaron y quiénes fueron aquellos que los torturaron. Recordemos cuando Martínez Paiva, en plena inspección ocular, le dijo a la presidenta que ‘lo que hizo Mazzaferri no es propio de un ser humano’”.
Entre la prueba mencionada por el fiscal, resaltó un informe remitido por la Policía Federal, donde se dio cuenta de los objetivos de la “Oficina Técnica”. “Allí se apuntaba a la lucha contra la subversión, y Mazzaferri estaba a cargo de esa oficina en Concepción del Uruguay. Mazzaferri fue sádico, se podría decir que disfrutaba de la tortura que aplicaba y fue el principal torturador e instructor de los vejámenes”, calificó.
“Mazzaferri actuó sobre seguro. Es coautor responsable de múltiples delitos en múltiples ocasiones: allanamientos ilegales; secuestros agravados por la violencia y en tres casos por exceder el mes; tormentos agravados; y de integrar una asociación ilícita en concurso real con los delitos anteriores. Por eso considero que es justo que reciba una pena de 20 años de prisión”, cerró el fiscal.
Que sean 25 años y que abran nuevas investigaciones
Las querellas particulares encabezadas por María Isabel Caccioppoli y Marcelo Boeykens hicieron un pedido unificado de penas. Coincidieron en que lo justo son 25 años de prisión en cárcel común, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Caccioppoli señaló que la causa “está muy completa en cuanto a la documentación y la prueba”. Dijo que el accionar de Mazzaferi fue “autoritario dentro de la Policía Federal” y consideró que la “responsabilidad está totalmente probada”. Asimismo, cuestionó “la conducta disuasoria de derecho” que tuvo Mazzaferri al estar prófugo tantos años. “Lo buscamos casi cinco años y cuando se sentó a dar la indagatoria dijo estar sorprendido y no pudo justificar nada. Él usó todas las herramientas que tuvo para disuadir la justicia. Vino acá a mentirnos y a decir que no sabe por qué está detenido”, criticó la abogada.
También dijo que hubieran preferido que Mazzaferri sea juzgado en la causa Harguindeguy. “Mazzaferri fue el único que faltó para completar ese cuadro, porque él siguió las órdenes de Albano Harguindeguy -ministro del Interior durante la dictadura- para perseguir por cuestiones políticas, algo que quedó completamente probado”, reafirmó.
Por su parte, el abogado Marcelo Boeykens destacó la cantidad de prueba colectada en la causa Harguindeguy contra Mazzaferri. “Fue tanto que el TOF anterior no pudo omitir aludir las responsabilidades de Mazzaferri en la sentencia, y hubo una suerte de juicio en ausencia, por eso es que debió constituirse este nuevo tribunal para juzgarlo”, recordó.
Boeykens ubicó a los crímenes de lesa humanidad juzgados en esta causa en el contexto del “segundo genocidio nacional” y pidió que así sea considerado por los jueces en la sentencia. “Harguindeguy fue jefe de la Policía Federal en el gobierno democrático que él derrocó, para luego pasar a ser ministro del Interior en el golpe de Estado. En ese contexto, Harguindeguy envió a su subalterno Mazzaferri a Concepción del Uruguay”, describió.
El abogado repasó las finalidades de “concentración económica, primarización de la economía y endeudamiento que tuvo el proceso de reorganización nacional”. Además de las políticas económicas, señaló otro de los objetivos del golpe militar: “identificaron al enemigo interno, según la doctrina de seguridad nacional. Y precisamente en Concepción del Uruguay, el concepto de terrorismo fue aplicado con fuerza, pero sin desaparecidos porque se trata de una ciudad muy chica, donde todos se conocen. Pero lo que pasó en todos lados durante el golpe de Estado también pasó en Concepción”.
“Estos no fueron delitos comunes, por la masividad y porque se persiguió a una porción específica de la población. No existe impedimento para no calificar a estos delitos en un contexto de genocidio. Estos son delitos imprescriptibles. Esto fue un genocidio y no es nuevo ni demencial. Fue este tribunal el que contextualizó estos delitos en el marco del segundo genocidio nacional, así lo hizo en la causa Harguindeguy, en Área Paraná y en la causa Céparo. Fue un genocidio, no porque fue un ataque generalizado e indiscriminado contra la población civil, sino porque fue un ataque discriminado para vulnerar colectividades de pertenencia. Porque los militares y civiles que lo perpetraron, buscaban que sus víctimas dejaran de militar, dejaran de ir a los lugares que iban. Y no fue una nacionalidad el objetivo de la persecución, fueron las características comunes que unían a los perseguidos. Hubo un primer genocidio organizador del Estado-Nación: aquel contra las poblaciones originarias; y hubo un segundo genocidio reorganizador del Estado-Nación: aquel que fue contra valores y principios sociales que aglutinó militantes en distintos espacios políticos como Montoneros, el PRT y muchos otros movimientos”, argumentó Boeykens.
El abogado pidió que se investigue la posible responsabilidad de José Darío Mazzzaferri en el secuestro y muerte de Carlos Fernández. “A él lo buscaban por el asesinato de Cáceres Monié. Cuatro policías federales vestidos de civil lo encontraron en la localidad de Teodolina, Santa Fe. Unos días después Fernández fue abatido en lo que los militares llamaron un ‘enfrentamiento’. Mazzaferri fue reconocido por la Policía Federal de Paraná el mismo día que Fernández fue secuestrado por sus labores. Así figura en las constancias”, advirtió el querellante.
En el mismo sentido hizo un pedido de investigación sobre la posible comisión de delitos de Mazzaferri en la desaparición de Julio Solaga, secuestrado en similares circunstancias que Fernández, por cuatro policías federales vestidos de civil. Mazzaferri también fue reconocido por la fuerza el día de ese secuestro.Fuente:AnalisisDigital
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