DIFUSIÓN.

Compañeras/os:

El documento finalmente fue entregado ayer al mediodía en la sede del
Obispado Castrense, firmado por más de 90 organismos y direcciones de
Derechos Humanos, espacios de Memoria, grupos de ex presos políticos y
organizaciones religiosas, con un importante carácter federal.

Acá dejamos el link de la plataforma donde está colgado el documento y
otro del Página, que lo puso en tapa, para compartirlos, por mail o en
las redes, quienes así lo deseen. También en adjunto va el documento
por si alguien quiere enviarlo por otros medios.

http://profetadelgenocidio.com.ar/sites/default/files/Nuevo-obispo-castrense.pdf

https://www.pagina12.com.ar/47218-una-deuda-pendiente-de-la-iglesia-catolica



Gracias a cada una/o por el tiempo!

Un gran abrazo,



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29/06/2017
Sr. Santiago Olivera
Obispo Castrense de la República Argentina
Los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y religiosas abajo firmantes, queremos hacerle llegar un mensaje en ocasión de su nombramiento como titular del Obispado Castrense de Argentina.

Usted asume un obispado con una deuda histórica pendiente: admitir la responsabilidad institucional que tuvo en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado en Argentina (1975-1983). Pasadas ya cuatro décadas, resulta una provocación que la Conferencia Episcopal Argentina continúe “reflexionando” y escuchando testimonios de “víctimas de la guerrilla y víctimas del terrorismo de Estado” acerca de “los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar”, como si desconociese lo sucedido o se hubiese mantenido al margen. El pasado mes de mayo, en el marco del enorme repudio que cosechó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hemos visto cómo algunos sectores -entre ellos los obispos argentinos- pretendieron reinstalar la idea de una “reconciliación entre los argentinos”. La jerarquía católica que Ud. integra, continúa eludiendo su responsabilidad en el genocidio. En sus discursos y escritos, jamás ha hecho mención alguna de la actuación del obispado castrense, al mismo tiempo que esquivó exitosamente el proceso de verdad y justicia reabierto en la década pasada.

Hace tiempo que los organismos de derechos humanos y un sector importante de la sociedad, venimos sosteniendo que la dictadura que ocupó el poder entre 1976 y 1983 fue cívico-militar y también eclesiástica.1 Su componente religioso fue tan necesario como el represivo, el político y el económico. La profundidad y la extensión temporal que alcanzó, no se hubieran logrado sin la legitimación que la doctrina católica brindó al gobierno militar y a la violencia desplegada. Dicha legitimación reposó en el discurso público de los obispos, en el silencio aquiescente del Episcopado y centralmente en el trabajo que por décadas realizó el Vicariato Castrense al interior de las Fuerzas Armadas. A través de esta institución situada simultáneamente sobre las estructuras eclesiástica y estatal, la Iglesia se

1 Numerosas investigaciones han demostrado los estrechos vínculos entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica durante el siglo XX, así como la colaboración y participación de ésta en el terrorismo de Estado. Citamos por caso, Emilio Mignone: Iglesia y dictadura. El papel de la Iglesia a la luz de las relaciones con el régimen militar, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1986; Rubén Dri: Teología y dominación, Buenos Aires, Roblanco, 1987; Loris Zanatta: Del Estado liberal a la Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, Bernal, UNQ, 1996; Martín Obregón: Entre la cruz y la espada. La Iglesia católica durante los primeros años del “Proceso”, Bernal, UNQ, 2005; Stephan Ruderer: “Entre religión y política. El vicariato castrense en las últimas dictaduras de Chile y Argentina”, historiapolitica.com, 2010; Horacio Verbitsky: Doble juego. La Argentina católica y militar e Historia política de la Iglesia católica, 4 tomos, Buenos Aires, Sudamericana, 2006-2010; Fortunato Mallimaci: “Sostén católico al Terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar religiosa en argentina”, en Aldo Rubén Ameigeiras (coord.): Cruces, intersecciones, conflictos: relaciones político religiosas en Latinoamérica, Buenos Aires, Clacso, 2012.

convirtió en un engranaje fundamental de la maquinaria represiva. La dimensión religiosa del terrorismo de Estado estuvo presente en las diversas fases y con diferentes intensidades: convenciendo de la peligrosidad ideológica y material del “enemigo subversivo”; intensificando las ideas de “crisis moral” y “guerra justa”; excitando a las Fuerzas Armadas a la toma del poder; acompañando su accionar represivo; avalando teológicamente los métodos clandestinos; o instando a los detenidos a la delación.

Quizás haya tenido oportunidad de leer los diarios personales del fallecido obispo Victorio Bonamín sdb, ex provicario castrense entre 1960 y 1982. Los mismos contienen anotaciones diarias de los años 1975, 1976 y 1978 respecto del devenir nacional (político, castrense, eclesiástico, etc.), el funcionamiento de las capellanías, reuniones con personal militar y de inteligencia, organización de la pastoral castrense, apreciaciones sobre la metodología represiva, pedidos de intervención por parte de familiares de presos políticos, entre otras cosas.2 En la actualidad siguen siendo la principal fuente de consulta para conocer el funcionamiento, dinámica y envergadura del Vicariato Castrense, ya que -sabido es- desde allí jamás permitieron el acceso o consulta a sus archivos, así como tampoco aportaron datos de utilidad a la justicia, a familiares de víctimas de la represión o a organismos de derechos humanos. De acuerdo a los datos relevados sabemos que durante el período 1975-1983: a) por el Vicariato pasaron más de 400 capellanes; b) los comandantes generales de cada Fuerza mantuvieron un fluido contacto con los obispos castrenses y con los tres capellanes mayores; c) los generales que comandaron las 5 zonas militares en que se dividió el plan de exterminio, fueron asistidos cada uno por 2 capellanes en el período más feroz de la represión; d) el 80% de los jefes de áreas que tuvieron a su cargo la represión directa, también contaron con acompañamiento religioso; e) al menos 102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos de detención. Estos números hablan de un despliegue territorial vasto y planificado.

Como Ud. sabe -o tendrá oportunidad de saber- los capellanes gozaban de una posición de estima al interior de cada unidad militar y de influencia sobre los jefes castrenses y uniformados en general. Los “informes de actuaciones” que regularmente enviaban al capellán mayor de cada fuerza y al jefe de la unidad, así como los boletines trimestrales del Vicariato Castrense, ilustran muy bien el trabajo sistemático de los capellanes, su intensa actividad y protagonismo dentro de las unidades.4 En esas condiciones, ejercieron una forma de poder espiritual que favoreció sobre la conducta de los militares un resultado tan efectivo como la propia disciplina castrense. Así lo manifestó por ejemplo el mismo Bonamín en sus diarios, al transcribir algunas conversaciones con militares. En junio de 1975 el director de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” de Campo de Mayo, coronel Juan Bautista Sasiaiñ, halagó los resultados de las “acampadas

2 Desde el año 2012 se encuentran resguardados y a disposición del Poder Judicial, en el Centro Documental de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento han sido utilizados (por querellas, fiscales y/o jueces, según el caso) en 10 causas judiciales que investigan crímenes de lesa humanidad. Los mismos han sido publicados íntegramente en forma de libro, junto a una investigación sobre el vicariato: Ariel Lede y Lucas Bilbao, Profeta del Genocidio. El vicariato castrense y los diarios del obispo Bonamín en la última dictadura, Buenos Aires, Sudamericana, 2016.
3 Lista de capellanes militares: http://profetadelgenocidio.com.ar/sites/default/files/ANEXO%201_0.pdf
4 Si es de su interés, oportunamente podrá consultar en el Ministerio de Defensa de la Nación los legajos de los capellanes y los boletines trimestrales del Vicariato.
3
militares religiosas” porque -según su visión- “conseguían en tres días lo que los Oficiales en un año”.5 Mientras que el entonces Director de Gendarmería Nacional, general Carlos Enrique Laidlaw, le planteó en julio de 1976 “interesantes puntos de vista sobre lo central de la dirección de los capellanes en cuanto formadores”.

El “Operativo Independencia” en Tucumán (1975-1978) representó un “ensayo” de la práctica genocida que poco después se extendería a todo el territorio nacional, inaugurando los primeros centros clandestinos de detención y aplicando métodos represivos como la tortura en los interrogatorios y la desaparición forzada de personas. En esos años, los obispos del Vicariato y hasta el mismo nuncio apostólico Pío Laghi, visitaron Tucumán, recorrieron el “teatro de operaciones” y mantuvieron conversaciones con detenidos. En esta coyuntura, se les solicitó a los capellanes “contribuir con orientaciones concretas y precisas para contrarrestar el accionar destructor del enemigo que pretende socavar los fundamentos de nuestra formación espiritual”.7 Durante el inicio del “Operativo” y teniendo en cuenta la coyuntura, el Vicariato a través del capellán mayor del Ejército, José Menestrina (1968-1982), puso a disposición de las Fuerzas un número superior de sacerdotes a los cuatro que ya se encontraban en el “campo de operaciones”. Durante 1975-1976 más de 40 clérigos participaron del Operativo8 inaugurando allí la tarea de aliviar la conciencia de los genocidas, hostigada por los problemas que causaban la aplicación de torturas y los métodos represivos ilegales.

La tortura tenía el objetivo de obtener información y quebrantar a las víctimas. Los desvelos del Vicariato respecto de esta metodología se concentraron en disipar las preocupaciones de conciencia que despertaba en los militares, y definir “normas claras” para que los capellanes pudiesen transmitir en sus lugares de acción. Así lo manifestó el propio Bonamín, cuando apuntó en su diario una charla con el vicario Adolfo Tortolo: “problemas de Tucumán, respecto a torturas y prisioneros (otro argumento: Si, según Sto. Tomás, es lícita la pena de muerte…, la tortura es menos que la muerte…). Nuestros Capellanes necesitan aunar criterios”.9 En esa misma línea, el capellán de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada de Córdoba, Sabas Gallardo, informaba al capellán mayor del Ejército que debía dar “una charla a oficiales y suboficiales sobre „el fin último (teológico) de la lucha contra la subversión‟”.10

El “poder espiritual” se usó no solamente para legitimar la tortura sino también para acrecentar su funcionalidad. Muchos sacerdotes utilizaron la circunstancia sensible de la charla o la confesión con el objetivo de torcer las voluntades y obtener información. En su diario, Bonamín registró el “dato penoso” de que dos capellanes de Campo de Mayo -Luis Mecchia y Mario De Leone- le llevaron, respecto a un grupo de detenidos: “les consta que, por lo menos 20 terroristas puestos „en capilla‟, rehusaron que se les llevara un

5 Diario de Victorio Bonamín, 04/06/1975.
6 Diario de Victorio Bonamín, 01/07/1976.
7 Ejército Argentino, Directiva del Comandante General del Ejército N° 404/75 (Lucha contra la subversión), Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional), punto 7: Servicio, ítem a) Servicio Religioso.
8 Boletín del Vicariato Castrense Nº 55, diciembre de 1977, pág. 27.
9 Diario de Victorio Bonamín, 01/07/1976. Son numerosas las veces que Bonamín registra en sus diarios la cuestión de la tortura a los detenidos, los problemas de conciencia que esto genera en los represores y la línea de acción del vicariato.
10 Ejército Argentino, Legajo del capellán Sabas Gallardo, “Carta al Capellán Mayor José Menestrina”, Córdoba, 17/04/1977, fol. 70.


sacerdote”.11 Numerosos testigos han precisado en sus declaraciones judiciales, cómo los capellanes se acercaban a ellos luego de las sesiones de tortura para “calmar”, ofrecer algún “auxilio espiritual” o un “momento de charla”. El filósofo y teólogo José Pablo Martín describió este proceso de manera muy precisa: “un hombre de iglesia totalmente integrado a la tarea ilegal utiliza su condición de sacerdote para ingresar en un campo de la víctima al que no accede mediante instrumentos físicos de tormento: el campo de las creencias y las convicciones. Se conforma así la figura de la tortura perfecta. Junto a otros que torturan el cuerpo, se ejerce el poder religioso sobre el alma”.12

El período en que el obispado castrense quedó regido por un administrador apostólico, coincidió con el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad, fruto del proceso de verdad y justicia iniciado en Argentina en la década de 1980 y profundizado a partir de la anulación de las “leyes de impunidad” y de que los derechos humanos se hayan convertido en políticas públicas, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En cada uno de esos juicios han aparecido insistentemente testimonios de víctimas de la represión, que han denunciado la labor de los capellanes en centros clandestinos y cárceles, a lo largo y ancho del país.13 Cabe destacar el proceso llevado adelante en 2013-2014 por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Rioja, que en julio condenó a los ex militares Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella por el asesinato del obispo Enrique Angelelli en agosto de 1976, y vinculó al Vicariato en el hecho. En los fundamentos del fallo, los jueces valoraron como prueba los diarios personales del obispo castrense Victorio Bonamín y afirmaron que “los militares no podrían haber matado a un Obispo sin complicidad civil y clerical”. Los diarios de Bonamín aportaron claridad para entender el contexto del asesinato: el silencio e inacción del Episcopado ante las amenazas recibidas por Angelelli, y la gravitación activa del Vicariato Castrense en los conflictos que el obispo riojano mantenía con los militares de esa provincia.14 Los diarios también fueron utilizados como elementos probatorios en la causa que condenó a los represores a cargo del área militar 132, y que tuvo como máximo responsable a Fernando Saint Amant. Los mismos aportaron información sobre la persecución militar y eclesiástica que sufrieron en aquellos años el entonces obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León y los estudiantes del colegio salesiano de esa ciudad.15

Con todo, el Poder Judicial todavía no ha puesto la mira en las responsabilidades de la Iglesia Católica respecto del terrorismo de Estado. Los sacerdotes católicos representan menos del 1% de las más de 750 personas condenadas y de las 2.800 imputadas por delitos de lesa humanidad. Sólo 12 han pasado por alguna causa judicial: 1 condenado a prisión perpetua, 1 absuelto, 5 citados como testigos y 5 imputados. De los cinco testigos, dos fueron además denunciados por las fiscalías correspondientes. Y de los cinco imputados, dos murieron sin condena, uno está prófugo y dos en proceso. Recientemente, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza condenó a 23 represores y ordenó “librar oficio al Jefe del
11 Diario de Victorio Bonamín 23/10/1978.
12 José Pablo Martín, La Iglesia católica argentina. En democracia después de dictadura, UNGS-BN, 2008, p. 43.
13 Lista de clérigos denunciados: http://profetadelgenocidio.com.ar/sites/default/files/ANEXO%202.pdf
14 Sentencia por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, fundamentos publicados el 12/09/14.
15 Sentencia Megacausa “Saint Amant II”, fundamentos publicados el 07/09/15.
5
Estado Ciudad del Vaticano a fin de poner en su conocimiento la grave intervención de sacerdotes de la diócesis de San Rafael, en crímenes de lesa humanidad”.16
En las instancias en las que capellanes han sido citados a declarar en calidad de testigos, sólo se les ha solicitado información que pudieran recordar sobre las víctimas o los hechos investigados. Es la suerte que ha corrido, por ejemplo, el ex secretario del Vicariato Castrense Emilio Grasselli desde el Juicio a las Juntas hasta hoy. Probado está que conoció lo que ocurría en el ambiente militar, fue un vínculo clave con la Marina17 y confeccionó más de 2.000 fichas con datos de desaparecidos; sin embargo, el Poder Judicial no le ha hecho más que preguntas sobre terceros, mientras que la Iglesia lo resguardó y no le exigió que se pronuncie con la verdad.

Ud. sabe que estas cuestiones no son problemas del pasado. En los registros de la institución podrá comprobar que, desde el retorno democrático hasta los primeros años del nuevo siglo, el obispado castrense estuvo integrado por sacerdotes que cumplieron funciones durante la dictadura, y todos dejaron la institución por haber cumplido la edad jubilatoria o por fallecimiento. Los prelados que lo condujeron en los últimos treinta años, han hecho públicas sus coincidencias con los lineamientos ideológicos de sus predecesores. Asimismo, una parte de sus miembros jerárquicos durante la dictadura y un conjunto de ochenta capellanes permanecieron en la institución hasta las décadas de 1990 y 2000, entre ellos los denunciados por sobrevivientes de la dictadura, como Juan Luchelli, Normando Requena Pérez, Dante Vega, Carlos Marozzi, Antonio Stolfi, Miguel Regueiro, Alberto Zanchetta, Federico Gogala, Luis Mecchia, Emilio Grasselli y José Mijalchyk. Esa cobertura ha funcionado como una protección frente al devenir de los juicios.

Por su parte, Ud. se ha expresado públicamente en los términos de una remozada “teoría de los dos demonios”, idea que conlleva una falsa lectura del pasado, que es funcional a la impunidad penal de los perpetradores del genocidio, y que se ha ido superando con el tiempo y el esfuerzo pedagógico de sobrevivientes, organismos de derechos humanos, intelectuales, docentes y referentes políticos. En sus declaraciones previas a su asunción oficial, Ud. ha reducido los crímenes de las Fuerzas Armadas a “equivocaciones”, ha cuestionado la “selectividad” de la justicia y la “parcialidad” de la memoria colectiva, y ha expresado su apoyo a la prisión domiciliaria de los genocidas condenados. Todas ellas, señales de una perniciosa continuidad con el pasado.

En el marco de su arribo al obispado castrense, y por todas las razones antes expuestas, le exigimos con carácter de urgencia que resuelva las siguientes cuestiones pendientes:
- Apertura y puesta a disposición para las causas judiciales y los organismos de derechos humanos, de los archivos del Obispado Castrense, tanto de la curia como de las distintas capellanías.
- Colaboración para que los capellanes que actuaron en tiempos del terrorismo de Estado y aún viven, testimonien ante el Poder Judicial y presenten pruebas.
16 Sentencia del 14/06/2017.
17 Horacio Verbitsky, El Silencio. De Paulo VI a Bergoglio, las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA, Buenos Aires, Sudamericana, 2005.


Que digan lo que saben sobre los cuerpos de los desaparecidos y sobre los nietos nacidos en cautiverio a los que aún falta restituir su verdadera identidad.
- Contribución para agilizar las causas en las que están involucrados los ex capellanes Emilio Teodoro Grasselli (ex secretario del Vicariato Castrense) y Alberto Ángel Zanchetta (ex capellán de la Marina).
- Cooperación con el Estado argentino para la extradición del ex capellán de San Rafael, Franco Revérberi Boschi, con pedido de captura internacional y prófugo desde 2011.
- Pronunciamiento público como nuevo titular del obispado, acerca del rol cumplido por la institución durante la última dictadura cívico-militar.

Firman:
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Fundación Servicio Paz y Justicia
Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel
Miembros de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, Susana Méndez, Ana Barletta, Roberto Cipriano García, Dora Barrancos, Yamila Zabala Rodríguez, Ernesto Alonso y Sandra Raggio)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Azul
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Bahía Blanca
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Mar del Plata
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Rosario
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - San Rafael
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Tuyú
Asociación Civil Moreno por la Memoria
Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP)
Asociación de Ex Detenidos Políticos del Sudeste
Asociación de Ex Presos Políticos de Río Cuarto y Sur de Córdoba
Asociación de Ex Presos Políticos de Río Negro
Asociación de Ex Presos Políticos de Santa Fe
Asociación de Ex Presos Políticos por la Patria Grande - Córdoba
Asociación de Ex Presos y Presas políticos de Mendoza
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Bs As.
Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos (AFADER) - Entre Ríos
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires
Asociación Madres de Plaza de Mayo - Regional Mendoza
Asociación Miguel Bru
Asociación por la Memoria y los DDHH - Pergamino
Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero
Casa Monseñor Angelelli - Córdoba
Casa por la Memoria y la Cultura Popular - Mendoza
Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la UNAF - Formosa
Centro de Estudios Políticos Encuentro - Mar del Plata
Centro Nueva Tierra - CABA
Colectivo de Teología de la Liberación "Pichi Meisegeier"
Colectivo Faro de la Memoria de Mar del Plata
Colectivo Memoria, Verdad, Justicia en la Escuela Normal de San Justo
Colectivo Nacional Mario Bosch - Abogados querellantes en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad
Colegio de Ciencias Políticas - Santiago del Estero
Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado - Las Flores
Comisión Municipal de la Memoria - Partido de General Pueyrredon
Comisión por la Memoria Militante - Necochea
Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte
Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín
Cristianos para el Tercer Milenio
CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires
Curas en la Opción por los Pobres
Dirección de DDHH de Ensenada
Dirección de DDHH de Escobar
Dirección de DDHH de Florencio Varela
Dirección de DDHH de Hurlingham
Dirección de DDHH de La Matanza
Dirección de DDHH de Mercedes
Dirección de DDHH de Merlo
Dirección General de DDHH de Alte. Brown
Dirección General de DDHH de Moreno
Equipo de animación de la Manzana Santa Cruz
Equipo de Estudios Socio-Jurídicos en DDHH - INDES-UNSE
Espacio por la Memoria Ex D2 - Mendoza
Familiares de detenidos-desaparecidos - Mendoza
Familiares de detenidos-desaparecidos por causas políticas - Santa Fe
Foro Contra la Impunidad y por la Justicia - Santa Fe
Frente por la Memoria Colectiva de Junín
Fundación Margarita Belén - Chaco
Grupo de apoyo a las Madres - La Rioja
Grupo por la Memoria Orlando Yorio - CABA
H.I.J.O.S. - Mar del Plata
H.I.J.O.S. Resiste - Mar del Plata
H.I.J.O.S. - Bahía Blanca
H.I.J.O.S. - Mendoza
H.I.J.O.S. - Formosa
H.I.J.O.S. - Necochea
H.I.J.O.S. - Santa Fe
Junta de la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos
Liga Argentina por los Derechos del Hombre - Formosa
Liga Argentina por los Derechos del Hombre - Mendoza
Liga Argentina por los Derechos del Hombre - Santa Fe
Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario
Madres de Plaza de Mayo - La Rioja - Marcela Brizuela de Ledo
Madres de Plaza de Mayo - Santa Fe
Memoria por la Vida en Democracia - Tandil
Mesa de la Memoria por la Justicia - San Nicolás
Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Rojas
Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro
Mesa por los DDHH de La Plata
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Mendoza
Norte Amplio por los DDHH
Programa Verdad y Justicia - Salta
Secretaría de DDHH de Avellaneda
Secretaría de DDHH de la CTA de los Trabajadores - Resistencia
Secretaría de DDHH de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP
Secretaría de DDHH de la Federación Gráfica Bonaerense
Secretaría de DDHH de la Provincia de La Rioja
Sindicato de Prensa Mar del Plata
Unión por los DDHH - La Plata
Adhesiones individuales
Arce, Cecilia (Pueblo Pilagá Formosa); Agüero, Facundo (Laico); Armada, Miguel Ángel (Religioso); Baradero, Marta (Profesora de Filosofía); Barco, Susana (Laica); Bereciartúa, Santiago (Abogado, Colectivo Nacional Mario Bosch); Blanco, Ignacio (Sacerdote); Borda, Roberto Manuel (Laico, economista); Borri, Néstor (Laico, Comunicador Social); Bresci, Domingo (Sacerdote); Cabrera, Mario (Laico, Pedagogo); Cajaraville, Jorge (Laico, docente); Campana, Oscar (Laico, teólogo); Cargnell, Gabriela (Laica, teóloga); Carrizo, Ricardo (Diácono); Catalani, Franco (Abogado, Colectivo Nacional Mario Bosch); Celli, M. Eugenia (Laica, teóloga y filósofa); Chichizola, Maximiliano (Abogado, Colectivo Nacional Mario Bosch); Ciaramella, Marcelo (Sacerdote); Coscia, Luis (Religioso); Cruz García, Néstor (Sacerdote); Cuattromo, Oscar (Laico, economista); Damico, Juan (Sacerdote, Arq. Bahía Blanca); De Piero, Sergio (Laico, politólogo); Domínguez, Luis (Sacerdote); Ermili, Ricardo Alejandro (Abogado de Derechos Humanos); Fernández Brossi, Flavia (Abogada, Colectivo Nacional Mario Bosch); Floria, José Manuel Navarro (laico, docente); Galli, Gustavo (Laico, pedagógo); Gauna, Olga Elsa (Ex detenida); Gianonni, Dora (Laica); Gianonni, Lidia (Laica); Golzmint, Mario Félix (Apicultor); Gómez Alcorta, Elizabeth Victoria (Abogada, Colectivo Nacional Mario Bosch); Hnatiuk, Aníbal Rolando (Abogado, Colectivo Nacional Mario Bosch); Hojman, Andrea Silvina (Laica, teóloga); Hojman, Sandra Marisa (Laica, Psicóloga); Jamardo Adrián (Religioso); Johansen, Axel (Laico, docente); Lede Mendoza, Fernando (Sacerdote); Llonto, Pablo (Abogado); Llorente, Alejandro (Sacerdote); Lombardi, Ernesto Francisco (Abogado, Colectivo Nacional Mario Bosch); Lombardi, Micaela Elisa (Abogada, Colectivo Nacional Mario Bosch); Lombardi, Susana Beatríz (Abogada, Colectivo Nacional Mario Bosch); Maimone, Iris (Religiosa); Mantarás, Mirta (Abogada, Colectivo Nacional Mario Bosch); Manzotti, María Luján (Laica, teóloga); Marenco, Jorge (Sacerdote); Medrano, Marcelo (Abogado, Colectivo Nacional Mario Bosch); Melto, Juan Pablo (ex sacerdote); Metzdorff, Valeria (Laica, pedagoga); Migliorisi, Beto (Sacerdote, Arq. Bahía Blanca); Mignone, Isabel (Laica); Mignone, Javier (Laico); Mignone, Mercedes (Laica); Miraldi, Roque Luis (Laico); Moreau, Ernesto (Abogado, Colectivo Nacional Mario Bosch); Narcisi, Ernesto (Sacerdote); Olveira Fuster, Francisco (Sacerdote); Parodi, Fernando (Ex sacerdote); Pereyra, Sergio Paulo (Abogado de Lesa Humanidad); Prestes, Luis Orlando (Abogado, Colectivo Nacional Mario Bosch); Puigjané, Antonio (Religioso); Rega, Liliana Laura (Laica, escritora); Rodríguez, Silvia María Belén (CTA de los trabajadores); Salviolo, Antonio (Laico, abogado); Saracini, Carlos (Religioso); Segundo, Silvina (Abogada, Colectivo Nacional Mario Bosch); Sicardi, Aníbal (Pastor Iglesia Metodista); Silva, Ezequiel (Laico, teólogo); Taboada, Adriana S. (Abogada, Colectivo Nacional Mario Bosch); Tavani, Eduardo (Abogado, Colectivo Nacional Mario Bosch); Varela, Gustavo (Sacerdote); Velo, Miguel (Sacerdote); Via, Luis (Laico, docente); Vicente, Néstor (Sacerdote); Villagra, Miguel Ángel (Abogado, Colectivo Nacional Mario Bosch); Viñoles, Diana Beatríz (Laica, teóloga y socióloga); Zapiola, Luis (Abogado, Colectivo Nacional Mario Bosch); Zerillo, José Luis (Ex Director de DDHH de Mar del Plata).
Envío:Sara Waitman