El Tribunal Federal Nº1 dijo que no está definida la fecha de la sentencia de la megacausa, lo que inquieta a las víctimas.
por Alejandro Gamero
gamero.alejandro@diariouno.net.a
Después de más de tres años de juicio oral y público, una inesperada polémica se ha desatado entre el Tribunal Oral Federal Nº1 y los organismos de derechos humanos por la fecha de la sentencia, que aún no ha sido fijada en la megacausa que llega a su fin.
El revuelo ha sido tal que el presidente del tribunal, el juez Alejandro Piña, envió un comunicado a los medios advirtiendo de que aún no estaba decidido si en la próxima audiencia del miércoles 26 de julio se dictará la sentencia.
El magistrado motivó la aclaración "ante una convocatoria informal –para ese día– dada a conocer por las redes sociales y los medios de comunicación".
E indicó: "Presidencia (a cargo del juez Alejandro Piña) informa que el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza aún no ha decidido oficialmente día y hora de lectura del veredicto en autos 076M, caratulados, Menéndez Sánchez, Luciano Benjamín y otros; y sus acumulados".
La convocatoria que mencionó el juez Piña es ni más ni menos que el llamado a congregarse de los organismos de derechos humanos para el 26 de julio en los tribunales federales, anunciando que ese día conocerá la sentencia.
La convocatoria
Está confirmado que vendrá el premio Nobel de la Paz argentino (por su lucha por los derechos humanos) Adolfo Pérez Esquivel; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas. Inclusive se habla de la posibilidad de que asista el ex juez español Baltasar Garzón.
Concretamente, para el 26 de julio está prevista la audiencia en la que el tribunal le preguntará al último procesado si tiene algo más que agregar en su defensa.
El uso y costumbre, a partir de lo que impone el Código Procesal Penal de la Nación, es que luego de agotarse el acto de la pregunta final, el tribunal debe retirarse a deliberar en sesión secreta para decidir y comunicar la sentencia.
Pero el comunicado de Piña del jueves, avisando sobre la falta de definición al respecto, profundizó una polémica con los organismos de derechos humanos que ya se venía criando desde el 5 de julio, día en que se anunció que el juicio continuaría el 26 pero sin dar precisiones del fallo.
Inquietud entre las víctimas
El aviso del juez se interpretó en los organismos como un intento de desalentar la gran convocatoria que se espera para ese día.
Desde el MEDH (Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos) el abogado querellante en la megacausa, Pablo Salinas, fue terminante ante la novedad anticipando que la convocatoria está en pie y que la postergación del fallo podría ser "un papelón".
Salinas alertó: "La convocatoria ya está hecha para el día 26 de julio y no la vamos a cambiar. Ese día va a venir todo el mundo porque los pasajes ya están comprados y nosotros no vamos a desistir. Si el 26 no hay sentencia será un papelón".
La polémica sobre la fecha se ha contaminado con cierto temor entre la militancia e integrante de los organismos de que el tribunal pueda dar alguna una sentencia absolutoria resonante respecto de los ex jueces federales que están sentados en el banquillo.
Especulan que el tribunal estaría maniobrando con la fecha de la sentencia para evitar, justamente, una gran convocatoria el día del fallo.
Además de que es objetivamente imposible que la sentencia pase desapercibida para los medios y los miembros de los organismos, se lea el día que se lea, fuentes de la Justicia federal descartaron que haya alguna intención de despistar.
Al contrario, culparon de la situación a causas mucho más mundanas, como que los tres jueces (dos mendocinos y el otro de San Luis) tienen que reunirse para acordar cuándo darán el fallo.
La discusión técnico legal
Al respecto hay por otra parte una discusión legal sobre si el tribunal puede o no dar la sentencia después del 26 de julio.
La discusión se centra en lo que dicen los artículos 393 y 396 del Código Procesal Penal de la Nación y cómo son interpretados.
El 393 señala que luego de la última pregunta al acusado, el tribunal convocará a una audiencia a las partes para la lectura de la sentencia. Queda claro que la lectura es para una fecha posterior. Para el caso en discusión, sería después del 26.
Pero el artículo 396 señala luego: "Terminado el debate, los jueces que intervinieron pasarán inmediatamente a deliberar en sesión secreta".
Especialistas de la Justicia federal explicaron que a la deliberación se pasa de inmediato y que es secreta, como dice el artículo 396, pero que puede durar varios días e interrumpirse, por razones tan humanas como descansar o alimentarse, y fijarse la fecha de lectura posteriormente, como indica el 393.
Sin embargo, el tema no está tan claro para los abogados que están en la vereda de la acusación.
Pablo Salinas señaló que "hace 20 años ejerzo en Mendoza y siempre en la Justicia federal tras hacerse la última pregunta al imputado se pasó a deliberar la sentencia y se dio a conocer ese día sin interrumpirse la sesión secreta".
"Mi interpretación –recalcó el letrado– es que la sentencia debe darse ese día como dice el 396".
Una alto magistrado de trayectoria en la Justicia provincial mendocina, consultado por Diario UNO y que prefirió el off, señaló que "la sesión secreta para deliberar la sentencia no se puede interrumpir de ninguna manera, ni siquiera para que los jueces se vayan a descansar, porque pierde la naturaleza para la que fue creada. La deliberación es inmediata y secreta para que nadie pueda influir en la decisión del tribunal".
Dejó en claro que una interrupción nulifica la decisión y que en la Justicia provincial una vez que arrancó la sesión los jueces no se pueden ir hasta dar sentencia.
31 años
-El más largo. El juicio arrancó en febrero de 2014 con una duración de 3 años y 5 meses. Tiene 28 acusados, de los cuales 24 son militares y policías retirados y 4 ex jueces federales.
-Las víctimas. En el debate se juzgan cientos de causas que involucran un total de 110 víctimas de la dictadura militar en Mendoza, de las que 52 están desaparecidas. En el juicio se realizó un total de 215 audiencias.
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