La Corriente Federal y las dos CTA avanzan en un frente común
Unidos contra la reforma
Con el objetivo de manifestar su rechazo a los cambios laborales que impulsa el Gobierno, los gremios de la CGT que integran la Corriente Federal y los de las dos CTA preparan una movilización. Pablo Moyano también participa de las conversaciones.
Por Laura Vales
Los dirigentes gremiales se reunirán hoy en Luján para comenzar a definir las medidas.
Imagen: AFP
Imagen: AFP
Los gremios de la Corriente Federal y las dos CTA avanzan en la coordinación de una marcha contra la reforma laboral y esta tarde anunciarán su frente común contra la iniciativa del Gobierno. De las conversaciones también viene participando Pablo Moyano. La fecha de la movilización al Congreso podría ser puesta hoy, aunque depende de cuándo sea tratado el proyecto que el Ejecutivo ingresó al Senado durante la madrugada del sábado.
Los dirigentes de la franja sindical que rechaza la reforma vienen hablando desde la semana pasada; las conversaciones incluyen al titular de Corriente Federal, Sergio Palazzo, al gráfico Héctor Amichetti y Walter Correa, de Curtidores –todos de la Corriente Federal–, a Hugo Yasky y Roberto Baradel –CTA de los Trabajadores– y Pablo Micheli –CTA Autónoma–. El dirigente de camioneros Pablo Moyano encabezó el jueves un encuentro con la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo en la CGT, donde ratificó sus oposición al proyecto, a pesar de las modificaciones que acordó el triunvirato que conduce la central.
“Estamos conversando con Pablo Moyano. Lo vemos en una posición similar a la nuestra”, comentó luego del acto Palazzo.
El escenario para el anuncio de hoy es, justamente, un encuentro de la Corriente Federal en la localidad de Luján, donde los gremios que la integran van a debatir la reforma laboral (y sus patas previsional y tributaria) para definir medidas. A este encuentro van a sumarse, por la tarde, Yasky, Baradel y Micheli; en ese marco, es esperada también la presencia del hijo mayor de Hugo Moyano. En el cierre se leerá un documento y se darán a conocer las medidas contra la reforma.
“Vamos a tratar de articular con todos los afectados: con las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, también con la oposición parlamentaria”, señaló ayer uno de los organizadores de la movida.
En este sentido, la marcha al Congreso –que se descuenta será antes del 10 de diciembre– es pensada como parte de un plan de lucha que incluirá otras medidas, como el pedido de reunión a los bloques parlamentarios para exponer los cuestionamientos al proyecto.
Ayer, a horas del encuentro de los gremios, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, minimizó las críticas a la reforma laboral y advirtió que “Hugo Moyano ha acompañado el proyecto”. “Su hijo, Hugo Antonio, participó en la redacción”, remarcó, aludiendo al hijo abogado del dirigente sindical.
En el camino de instalar que el proyecto quedó legitimado por el apoyo de la CGT, Triaca insistió en el que el Gobierno redactó el proyecto escuchando a los representantes de los trabajadores. “Lo hemos hecho de manera distinta, pusimos una propuesta sobre la mesa, dijimos que todos opinen y buscamos el mayor nivel de consenso posible. Eso fue lo que presentamos en el Congreso”.
En este marco, consideró que mientras que “en los años del gobierno anterior el conflicto primaba sobre el acuerdo”, lo que está haciendo ahora el gobierno nacional es “generar un ámbito donde, protegiendo los derechos de los trabajadores, prevalezca el acuerdo sobre el conflicto”. Esto –añadió– dará “previsibilidad” al empleado y al empleador, que sabe “cuál es la contribución que le corresponde”, lo que va a desarmar “el gran negocio que hay montado alrededor, con la industria del juicio”.
Las principales críticas al proyecto enviado al Congreso se centran en que implicará el abaratamiento de las indemnizaciones por despido –incluso tras las modificaciones que acordó la CGT–, licuando así su poder disuasorio. La reforma también habilita una mayor precarización del empleo joven, a través de las pasantías presentadas bajo el eufemismo de “prácticas formativas”, y limita el principio de irrenunciabilidad de los derechos adquiridos. En algunas actividades –como gastronomía, seguridad, limpieza, mantenimiento y transporte de personas– establece que, si hay tercerización, la empresa principal ya no tendrá responsabilidad solidaria, es decir que no deberá responder en caso de incumplimientos de los derechos laborales de los empleados tercerizados.
Fuente:Pagina12
Fuente:Pagina12
ROSARIO
Rechazo a la precarización laboral macrista
El sindicalismo rosarino, en estado de alerta y movilización permanente
17/11/2017
El Movimiento Sindical Rosarino (MSR) se declaró este viernes en estado de alerta y movilización permanente, en rechazo a la “reforma laboral”, como la denomina el gobierno de Mauricio Macri. La Bancaria nacional también repudió.
El MSR emitió un comunicado en el que expresa que los sindicatos que lo integran “rechazan cualquier intento de reforma del régimen laboral, previsional o de seguridad social que perjudique los derechos de trabajadores activos o jubilados”.
Para la central de trabajadores local, “si lo que preocupa al gobierno nacional es la generación de empleo estamos dispuestos a discutir políticas de impulso del mercado interno, control de las importaciones, impulso de la industria nacional y fuertes regulaciones a la especulación financiera”.
En otro tramo del comunicado, el MSR planteó que “no existe posibilidad de alterar la ley laboral sin que implique un menoscabo para los trabajadores. Las bajas de indemnizaciones, los blanqueos del fraude laboral, las nuevas figuras contractuales que esconden modelos de flexibilización en el trabajo u otras concesiones por el estilo no son materia negociable”.
Por último el nucleamiento gremial expresó: “También proponemos debatir un nuevo régimen tributario que apunte a la equidad contributiva sin recargar a los que menos tienen para favorecer a los poderes económicos concentrados. Declaramos nuestra oposición a cualquier negociación que en nombre del Movimiento Obrero perjudique a los trabajadores. Por este motivo el MSR se declara en estado de alerta, movilización y sesión permanente”.
Bancarios a nivel nacional rechazan la reforma
Luego de los anuncios del Gobierno nacional en cuanto a las reformas laborales y tributarias, desde La Bancaria Rosario repudiaron dichas modificaciones sosteniendo que es “perjudicial para el trabajador”. El representante local del gremio Francisco Grecco dijo que es “una injusticia blanquear a las patronales y negrear a los trabajadores”.
En tanto, el sindicato a nivel nacional, que conduce Sergio Palazzo, se declaró en alerta y movilización, al tiempo que manifestó: “Rechazamos y repudiamos la reforma permanente que propicia el gobierno en materia laboral, previsional y tributaria. En especial las propuestas que afectan a la Ley de Contrato de Trabajo”. En un comunicado, La Bancaria indicó: “Se trata, en realidad, de un ajuste sin fin sobre los derechos e ingresos de los trabajadores, con o sin empleo formal o jubilados. Con el correr de los días ha quedado claro que se trata de una regresión de más de cien años a situaciones de injusticia laboral, como lo demuestra la intención de extender la jornada laboral y habilitar a los empleadores a alterar los horarios de trabajo, para lo que promueve la creación de un denominado Banco de horas”.
Fuente:RedaccionRosario
Fuente:RedaccionRosario
Lunes 20 de Noviembre de 2017
Las empresas ganarán $ 200 mil millones por la baja de contribuciones
Es la suma que dejarán de abonar a la Anses por cargas sociales, según el esquema que ideó el gobierno. En 2022, los trabajadores destinarán el doble que sus empleadores al sistema previsional.
Marcelo Colombres
El nuevo esquema de contribuciones patronales que diseñó el gobierno supone para las empresas un beneficio extra de alrededor de $ 200 mil millones por año. Esa suma se alcanzará al final del plan de rebajas, que se aplicará de manera gradual hasta tener vigencia plena en 2022.
El objetivo del programa, que integra el plan de "reformismo permanente" que anunció el presidente Mauricio Macri una semana después del triunfo oficialista en las elecciones legislativas es liberar recursos para que el sector privado encare un plan de inversión y al mismo tiempo pueda generar empleo, ya que la contratación de la mano de obra será mucho más barata.
Con esa finalidad el gobierno incluyó en el proyecto de ley que entrará esta semana al Congreso la figura del mínimo no imponible para los salarios. Se trata de una parte de la remuneración de los trabajadores sobre la cual las empresas no deberán realizar aportes. Ese mínimo no imponible arrancará en $ 2400 a partir del año que viene y se irá incrementando hasta llegar a 2022 en $ 12 mil. En la práctica, la alícuota de la contribución patronal (que se unificará en 19,5%, dando fin a la actual dispersión) se aplicará únicamente sobre la fracción del salario que exceda ese valor, que por otra parte se irá actualizando al ritmo del índice de precios al consumidor del Indec.
Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que lidera el economista Claudio Lozano, esa rebaja derivará en un desfinanciamiento del sistema previsional que se irá agudizando año a año hasta superar los $ 200 mil millones dentro de un lustro (ver el cuadro adjunto). Para llegar a esa cuenta, Lozano tomó los datos oficiales sobre trabajadores registrados en el sector privado, salario medio y aportes previsionales que figuran en el Boletín de Estadística de la Seguridad Social que edita el Ministerio de Trabajo. Asimismo, reparó en que, si bien el porcentaje de contribución patronal sobre las remuneraciones oscila entre 17% y 21%, según la actividad, y que irá convergiendo paulatinamente, la cifra en la práctica disminuye al 15,6% como producto de las exenciones para pymes, microempresas y zonas geográficas desfavorables. Con ese panorama, al cabo de cinco años el efecto final de la reforma significará una diferencia de $ 180.281 millones, si se cumple la alícuota del 19,5%. En cambio, con la tasa efectiva de aportes que se verifica en la actualidad, la merma dentro de cinco años será de $ 208.484 millones.
Esa masa de dinero, que hasta ahora iba a la caja del Anses para pagar jubilaciones y pensiones (razón por la cual fue necesario cambiar la fórmula de la movilidad consagrada en 2009 para asegurar que pueda seguir abonando esos haberes), quedará en manos de las empresas, sin la obligación de rendir cuentas sobre su uso. Aunque la intención oficial es que se vuelquen a la inversión, el informe del IPyPP lo pone en duda, ya que describe "el carácter estructural de un modelo económico altamente concentrado, que obtiene rentas extraordinarias sin necesidad de inversión ni contrapartida en el empleo". El estudio, además, recuerda los antecedentes recientes de otras iniciativas de este tipo, como el recorte a la mitad de las contribuciones incorporado en la reforma previsional de 1994, la rebaja de 2009 originada en la crisis financiera internacional y la que se impulsó en 2014 para promover el empleo registrado. Ninguna de ellas, señala el texto, tuvo efectos virtuosos sobre el empleo.
La mayor rentabilidad empresaria que se desprenderá de la puesta en marcha de este plan se refleja en otro detalle: al cabo de cinco años, la tasa de contribución caerá un 65%, de los $ 322.697 millones mensuales actuales a los $ 114.213 estimados. "La injusticia tributaria queda expuesta en un esquema contributivo de exagerada regresividad, que grava más a los trabajadores que a las empresas", señala Lozano. En términos globales, los trabajadores destinarán un 14% de su salario bruto a la seguridad social, mientras que las empresas aportarán alrededor del 6 por ciento.
En la práctica, además, el mínimo no imponible servirá como un virtual tope para las nuevas contrataciones, sobre todo en los rubros de menor calificación. La tentación de conseguir nuevos empleados sin pagar aportes patronales hará que difícilmente una firma ofrezca un salario por encima de $ 12 mil. Se trata de otra vía indirecta para abaratar la mano de obra. Resta ver si el sector privado destinará todos esos recursos a la inversión, como desea el gobierno.
Apuran el nuevo régimen de Ganancias
La baja en la alícuota del Impuesto a las Ganancias será más veloz de lo que el gobierno había anunciado. El proyecto de ley presentado el miércoles en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados establece que la tasa del 35% que se aplicaba hasta ahora pasará a ser del 30% a partir del 1 de enero de 2018 y del 25% desde el 1 de enero de 2020. De esta manera, los plazos originales se adelantaron un año, ya que en el discurso en que el presidente Mauricio Macri anunció las reformas y en la presentación posterior del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se había puntualizado que las rebajas regirían desde 2019 y 2021, respectivamente. En los hechos, si el Congreso lo aprueba, el nuevo esquema tomará vigencia dentro de poco más de un mes. En la norma también se detalla que las empresas que repartan utilidades deberán pagar un adicional del 7% desde 2018 y del 13% a partir de 2020, por lo que en la práctica no gozarán de la rebaja.
Fuente:TiempoAr
20.11.2017
LOS PROYECTOS INGRESARON DE MADRUGADA
El Gobierno busca apurar los tiempos y aprobar el paquete de reformas antes del 10 de diciembre
El Gobierno quiere que el Congreso apruebe antes de fin de mes los proyectos de ley de reforma laboral, previsional y pacto fiscal que ingresaron al Senado el sábado a la madrugada.
En este marco, el Gobierno nacional busca acelerar los tiempos y lograr que los tres proyectos se sancionen antes de fin de mes, o sea antes de que asuman los nuevos senadores y diputados, entre los que se encuentra Cristina Fernández de Kirchner. Por eso este miércoles y jueves debate en comisión y firma de dictámenes para, una semana después, dar la votación en el recinto. Jorge Triaca -ministro de Trabajo- irá a defender la reforma laboral y un grupo de gobernadores expondrá a favor del pacto fiscal, informó Clarín.
Según le dijo a ese diario Federico Pinedo, "trabajamos para tener el apoyo de la CGT y los gobernadores, así que calculamos que el peronismo va a contribuir a que tengan sanción”.
El pacto fiscal acordado con los gobernadores implicó la aceptación del nuevo cálculo para las actualizaciones de los haberes. Estará atada al Índice de Precios al Consumidor del INDEC y tendrá un plus a mitad de año que será del 5 por ciento de la evolución del PBI en tiempos reales. Este punto generó polémica porque si el PBI crece 4 por ciento, una jubilación de $10 mil aumentará sólo $20.
Con la modificación, la jubilación mínima subiría en marzo de $7.246 a $7.623 y la Asignación Universal por Hijo de $1.412 a $1.485, un 5,2% basado en la inflación de julio a septiembre de este año. Con la movilidad actual la suba sería de no menos de 12%. Además, el texto estipula un cambio en la edad jubilatoria, que se eleva a 70 años.
A pesar de este malestar, desde el Gobierno le dijeron a Clarín que "está previsto que salga todo porque atrás están los gobernadores. Con la fórmula hay consenso. Si surge alguna propuesta de la oposición, veremos”.
En tanto, otros proyectos menos importantes para el Gobierno como el Presupuesto 2018 y la reforma tributaria, que ingresan por Diputados, quedarán para las sesiones extraordinariasque se convocarán para el 1 de diciembre.
Fuente:PoliticaArgentina
Santiago Maldonado, Milagro Sala, Víctor Hugo, Cristina… ¿Qué sigue?
La desaparición y muerte del joven, la prisión de la referente popular jujeña, la ofensiva contra el periodista y los simulacros de juicio a la líder del kirchnerismo interrogan a las fuerzas populares sobre cómo enfrentar a un régimen agresivo basado, como en toda Suramérica, en sistemas judiciales antidemocráticos
Por Miguel Croceri
Nov 20, 2017
Si hubiera que mencionar cuál es el hecho político más grave derivado del accionar del régimen derechista que asumió el control del Estado en diciembre de 2015, la respuesta es tan inmediata como trágica: la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago Maldonado. Un crimen político contra un noble joven de clase media solidario con la lucha de la comunidad mapuche, cuya forma de morir probablemente nunca sea aclarada.
La única expectativa que razonablemente puede tenerse en alcanzar la verdad y el castigo a los culpables, es la confianza en la lucha de los familiares de Santiago, de los abogados y organizaciones de derechos humanos que se mueven incansablemente en la disputa jurídica, de periodistas valientes que se ocupan de buscar la verdad desde el primer día, y de la militancia popular en general que por momentos logra movilizar a importantes contingentes de la sociedad civil para presionar a los poderes públicos.
En cambio, de parte del Estado -o sea del gobierno nacional, del sistema judicial y de la dirigencia con más altas responsabilidades en el Congreso Nacional y otras instituciones estatales- solo cabe esperar que sigan tratando de demorar la investigación, encubrir y hacer pasar el tiempo hasta que todo se olvide.
Que esa sea su estrategia y su propósito, no significa que lo vayan a lograr. Tampoco puede asegurarse lo contrario. Todo está en disputa. Pero las enseñanzas que los familiares de desaparecidos en la dictadura y todo el movimiento de derechos humanos han legado a la memoria colectiva a partir de su heroica lucha contra el terrorismo de Estado bajo un régimen genocida, revelan un acervo de persistencia, valentía, generosidad, audacia y creatividad que en cualquier momento pueden significar una complicación para los criminales, sus encubridores y todo la maquinaria de impunidad.
Otro hecho atroz que ocurre desde que asumió el actual régimen, y con grave riesgo para la vida de las víctimas, es la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala y otras mujeres integrantes de la organización Tupac Amaru. La decisión política de tener presa a la líder popular jujeña y a sus compañeras se fortaleció por los resultados que obtuvieron los gobiernos nacional y de la provincia de Jujuy en la elección legislativa.
Los candidatos de Mauricio Macri y de Gerardo Morales recibieron un aval social considerable, que no fue absoluto ni aplastante pero sí les otorgó una mayoría de votos suficiente como para envalentonarse. De ese modo, se reafirmó la embestida de una corporación judicial corrompida para perpetrar actos de violencia física, emocional y jurídica contra personas que representan -porque así lo demostraron, en los hechos, en todos los años previos- la lucha de los pobres contras los poderes de facto y sus estructuras de injusticia y humillación social.
Arrasar con periodistas críticos
Los atropellos de la derecha contra las libertades públicas tienen un pilar fundamental en el silenciamiento de expresiones periodísticas opositoras. El macrismo arrasó desde el primer día con cualquier discurso contrario al suyo en la radio y la televisión estatales. Inclusive, creó para ello un ministerio específico, de Persecución a Periodistas Opositores y de Propaganda contra el Kirchnerismo, al que denominó formalmente “Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos” y que tiene como titular al vigilante ideológico Hernán Lombardi.
Eliminado de la radio y la televisión públicas cualquier vestigio opositor, y con un discurso oficialista -sea este más fanático o más moderado- en la casi totalidad de medios privados televisivos, radiales, gráficos y digitales con alcance en todo el país, los públicos que necesitaban identificarse con otras miradas de la realidad buscaron cauce en nuevas opciones. Hubo empresarios que detectaron esa demanda y reconvirtieron al canal de noticias C5N, Radio 10 y otros medios del grupo en espacios de periodismo crítico al gobierno y a los poderes de facto.
Hasta ahí llegan también ahora los tentáculos del régimen gobernante. En una operación de pinzas, el gobierno y un grupo de jueces y fiscales redoblaron su ofensiva contra los propietarios de esos medios y estos debieron desprenderse de sus empresas. Previamente, fueron presionados para despedir a Roberto Navarro, y así lo hicieron en septiembre.
Y este viernes, ya con los testaferros del macrismo como nuevos dueños del grupo mediático, fue despedido Víctor Hugo Morales, el más grande y querido comunicador popular de Argentina, que eligió dejar de lado la comodidad de ser el “número 1” como relator de fútbol para comprometerse con todas sus convicciones, sus sentimientos y su riesgo personal en la crítica y la opinión política.
En la “volteada” cayó también un trabajador de prensa, Julián Capasso, productor de Víctor Hugo, que durante la entrega de los premios “Martín Fierro” gritó su bronca desde el sector del público al propagandista de las corporaciones Alfredo Leuco. Gritar unas palabras puede ser motivo de represalia en el país que está sometido al poder del macrismo y sus aliados.
En ese régimen, donde dejaron de regir las garantías constitucionales, personeros de la derecha partidaria o mediática como Elisa Carrió, Jorge Lanata, Baby Etchecopar o Eduardo Feinmann pueden insultar, maltratar o agraviar impunemente todo el tiempo y con naturalidad, ante audiencias multitudinarias, a cualquier persona, ya fuere alguien que tenga figuración pública (como han hecho a lo largo de los años Carrió, por ejemplo contra sus rivales políticos, o Lanata incluso contra otros/as periodistas), o bien simples oyentes/televidentes o ciudadanos/as comunes que aparezcan ocasionalmente en un caso noticiable (como acostumbran los nombrados Etchecopar o Feinmann).
En cambio, Capasso se quedó sin trabajo solamente por expresar con palabras su indignación durante unos pocos segundos en un ámbito semi-privado. (Lo hizo desde el sector del público de una gala de premiación, y fue captado por cámaras o micrófonos que estaban cerca circunstancialmente y/o por dispositivos móviles de particulares. Ni siquiera lo hizo en el escenario y con trasmisión hacia millones de tele-espectadores, como sí pudo hacerlo Leuco, quien en ese momento vomitaba su arenga ultra-oficialista).
El plan de eliminación de medios y periodistas críticos continúa con los del Grupo Octubre, entre los cuales están el diario Página 12 y la radio AM 750. Dicho grupo está liderado por Víctor Santa María, dirigente sindical, presidente del justicialismo porteño y parlamentario del Mercosur. La ofensiva en su contra fue anticipada por fuentes gubernamentales.
Para Macri, “la peor lacra” es el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky, según información que trascendió desde el propio gobierno. (El portal digital Perfil publicó una nota el 13 de octubre: http://www.perfil.com/politica/verbitsky-le-envio-un-mensaje-a-macri-tengo-la-lista-completa-de-los-que-blanquearon.phtml. También La Nación informó sobre el tema el 28 de septiembre: http://www.lanacion.com.ar/2066903-el-ejecutivo-ahora-apunta-a-santa-maria-de-los-porteros).
El blanco mayor al que apuntan
La política de persecución contra opositores puede llegar a un crimen político como el que tuvo por víctima a Santiago Maldonado, o a tener prisioneras y con riesgo de vida a Milagro Sala y otras integrantes de “la Tupac”. Incluye también eliminar medios de comunicación completos y en particular voces críticas como Roberto Navarro, Víctor Hugo y los/las que puedan seguir su mismo destino en cualquier momento.
Se prolonga, además, con la expulsión de jueces y fiscales molestos para el gobierno y los poderes de facto. Mediante la extorsión y las amenazas, obligaron a renunciar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Además, está en plena ejecución el despido del juez platense Luis Arias, y este viernes echaron al camarista federal de la Capital Eduardo Freiler. (Crónica de Página 12: https://www.pagina12.com.ar/76755-el-macrismo-logro-deshacerse-de-freiler).
Pero como parte de esa estrategia, la derecha apunta hacia un blanco y un objetivo todavía mayor: impedir que se construya una alternativa política opositora que tenga el liderazgo de Cristina Kirchner. Las corporaciones mediáticas y judiciales ejecutan desde hace casi una década -todo empezó con el conflicto agrario de 2008- un accionar destructivo meticuloso, de verdadera “ingeniería del poder”, para desgastar su legitimidad ante la ciudadanía, debilitarla políticamente todo lo que puedan, y si fuera necesario meterla presa y prohibirle ejercer cargos públicos. Actualmente, esa ofensiva la conduce el gobierno nacional.
El método consiste básicamente en realizar simulacros de juicio. Inventaron entre 400 y 500 causas penales contra integrantes del anterior gobierno, incluida la ex presidenta y sus familiares, según una estimación realizada por el abogado Maximiliano Rusconi, defensor del diputado nacional y preso político Julio de Vido. (Las declaraciones fueron publicadas en Página 12 el 25 de octubre: https://www.pagina12.com.ar/71589-si-habia-algo-que-era-una-profecia-autocumplida-era-esto).
¿Cómo sigue la embestida del poder? ¿Qué viene después de los ataques judiciales y propagandísticos -exitosos para el bloque dominante, si se los mide por los resultados conseguidos hasta este punto-, cuyo propósito final es neutralizar toda resistencia a un plan de gobierno que apunta a remodelar la sociedad para que los ricos sean cada vez más ricos y el conjunto del pueblo, es decir las clases bajas y medias, cada vez más pobres?
Esa pregunta por ahora podría ser respondida con infinitas especulaciones, conjeturas e hipótesis, pero sin ninguna certeza. No obstante, formularse el interrogante y reflexionar sobre posibles escenarios y eventuales cursos de acción a seguir, quizás sea una tarea imprescindible para la dirigencia y la militancia kirchneristas, y para todas las fuerzas democráticas y populares del país.
Han sido destruidas las reglas del Estado de Derecho, particularmente por un sistema judicial que hoy cumple la función antidemocrática que en el siglo XX desempeñaron las fuerzas armadas, como garante de los privilegios de los poderosos y dique de contención contra los intereses y derechos del conjunto de la población.
No ocurre solo en Argentina sino en otros países de Suramérica. En Brasil amenazan con meter preso a Lula. En Ecuador ya encarcelaron y destituyeron al vicepresidente Jorge Glas por su lealtad a Rafael Correa, y además está en marcha un referéndum para que, bajo acusaciones de “corrupción”, el propio Correa nunca más pueda ser candidato presidencial y se destruyan los logros de su gobierno. En Paraguay, el Poder Judicial se opone a una nueva postulación del derrocado presidente Fernando Lugo.
La derecha, representante de las clases dominantes de cada país y al mismo tiempo expresión local de la estrategia de dominación de Estados Unidos, en esta etapa utiliza menos la violencia militar y más la violencia jurídica. Por eso los problemas y los desafíos son nuevos, y también deben ser nuevas las respuestas correspondientes. Encontrarlas, es el desafío más difícil de este momento histórico.
Fuente:Contexto
Preocupación en la búsqueda del ARA San Juan: "Llama la atención que no haya mayores indicios”
Lunes 20 de Noviembre
El vocero de la Armada Enrique Balbi habló sobre las tareas de búsqueda del submarino perdido desde hace cinco días y los problemas meteorológicos para el rastreo.
En declaraciones radiales, Balbi reveló que los intentos de comunicación que habían sido anunciados "no venían siendo confirmados porque no se podían georeferenciar: esperamos que hoy nos den un informe más preciso y oficial".
"Nos llama la atención que no haya mayores indicios”, reconoció al indicar que “no se detectaron señales como bengalas, hay mucha incertidumbre en cuanto a indicios”. Por otro lado explicó que el “domingo por la tarde se comunicó con Puerto Belgrano y las noticias no fueron alentadoras: “Me informaron que las condiciones meteorológicas para la búsqueda son pésimas”.
"Los primeros días fueron más que nada de escucha radioeléctrica, desde que pasamos a la fase de rescate se realizó un despliegue de gran magnitud", relató y reconoció que "hace treinta años que la Armada no enfrentaba una operación de esta magnitud".
Acerca de cuántos días puede pasar un submarino sin emerger, Balbi informó que "hay diferentes escenarios posibles para tener en cuenta y cada uno implica diferentes días".
Fuente:InfoNews
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