La represión a mansalva contra las protestas demuestran que Macri está dispuesto a todo con tal de imponer un modelo de país que perjudica a la mayoría de la población. Pero en lo inmediato, necesita bajar las jubilaciones porque las finanzas públicas sufren el desastre que el mismo régimen ha provocado.
Por Alcira Martínez
Dic 17, 2017
En los sucesos de la semana pasada generados por el proyecto de ley para rebajar el poder adquisitivo de las jubilaciones, quedaron expuestos con mayor evidencia los métodos violentos que el gobierno de Mauricio Macri está dispuesto a utilizar para conseguir sus objetivos políticos, económicos y sociales e imponer su modelo de sociedad.
En cambio, aún no se ha destacado suficientemente en el debate público que esa estrategia de violencia estatal es una necesidad para el régimen gobernante porque la crisis económica que ellos mismos han generado empieza a amenazar la solvencia financiera del Estado.
El pago a los fondos buitre -del que nadie se acuerda, y que el kirchnerismo evitó en un gesto patriótico de altísimo costo para su capital político-; la eliminación de aranceles de exportación (“retenciones”) a los grandes capitalistas del campo y empresas cerealeras que venden al exterior la producción de la Pampa Húmeda; también la eliminación de aranceles para exportaciones mineras; la rebaja del impuesto a los Bienes Personales para beneficiar a las capas sociales más ricas; la recesión provocada por el menor nivel de consumo de los asalariados, jubilados y beneficiarios de Asignaciones Universales que perdieron poder adquisitivo frente a la inflación; y el aumento astronómico de la deuda externa junto con el endeudamiento externo e interno generado por el Banco Central con su política monetaria, son algunos de los factores que están provocando el desastre de las finanzas públicas.
En dos años de gobierno de la derecha, el Estado recauda cada vez menos y en cambio tiene cada vez más acreedores. Además sufre, como siempre, la evasión impositiva de las grandes fortunas que tienen su dinero en guaridas fiscales, empezando por el Clan Macri, sus parientes y amigos, que encima fueron beneficiados con un blanqueo ilegal engendrado mediante un decreto presidencial violatorio de la ley que les perdona sus deudas con el Fisco. A su vez, las grandes empresas y los particulares multimillonarios se cubren y siguen ganando plata con la clásica fuga de capitales.
La “solución” del macrismo -y de su expresión bonaerense, el vidalismo- conlleva mayor injusticia social. Consiste en bajar las jubilaciones, echar a trabajadores públicos, y presionar para que los sueldos del sector privado sigan perdiendo poder adquisitivo. (Un tope de aumentos en paritarias del 16,6 % en 2018, porque esa es la “expectativa inflacionaria” para el año que viene, acaba de decir el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne).
Para enfrentar la crisis que ellos mismos generaron, y en general para ejecutar sus planes, el macri-vidalismo utiliza cuatro tipo de recursos de poder: las instituciones de gobierno y legislativas nacionales y federales (Poder Ejecutivo, Congreso, presión sobre gobernadores y parlamentos provinciales, etc.), las reparticiones armadas del Estado absurdamente llamadas “fuerzas de seguridad” (policías, gendarmes, Prefectura, y ahora también con indicios de regreso de los militares a la represión contra el pueblo), las fracciones dominantes del sistema judicial con las que tienen afinidad ideológica e intereses en común, y las cadenas mediáticas aliadas desde las cuales se formatean en gran medida las percepciones de la opinión pública.
Todo ello se puso en juego en la embestida para aprobar el recorte de las jubilaciones, que al mismo tiempo es una batalla económica y política de máxima envergadura para comprobar si Macri y Vidal están fortalecidos políticamente como surgió del resultado electoral de hace casi dos meses, o si la ferocidad de su ataque a los derechos e intereses populares está horadando los niveles de consenso que habían obtenido y, en cambio, comenzó una etapa donde se les hará más difícil avanzar con su estrategia de devastación.
Primero fue la violencia jurídica
El miércoles y jueves pasados, la violencia perpetrada dentro y fuera del Congreso Nacional por personal armado del Estado bajo las órdenes del gobierno nacional, fue utilizada por Macri como una forma más de demostrar que no está dispuesto a frenar ante ninguna expresión de la protesta popular ni ante ninguna restricción legal. Es perfectamente coherente con lo que hace desde el primer día de gobierno.
Su gestión se inició con la derogación de facto de leyes de la Nación: las de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones (ley “Argentina Digital”). La eliminación de las cláusulas más importantes de ambas normas fue ejecutiva mediante decretazos presidenciales. Hasta ese momento, semejantes actos de violencia jurídica solo habían sido realizados por dictaduras.
Con la complicidad del Poder Judicial, que avaló ese ultraje al sistema normativo argentino, luego le seguirían similares derogaciones de facto en los artículos fundamentales de la ley de Tierras Rurales, que ponía límites a la extranjerización del suelo argentino. Ese conflicto es la base de los reclamos de las comunidades mapuches a las cuales el gobierno considera como enemigos y les responde con actos de violencia que ya produjeron los asesinatos de los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Después hizo lo mismo con la ley de Inteligencia: un decretazo macrista eliminó la atribución de las escuchas telefónicas autorizadas legalmente para la investigación de delitos a la Procuración General de la Nación. Esa medida fue perpetrada por un acuerdo entre Macri y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para desgastar a la procuradora Alejandra Gils Carbó -quien hace poco renunció al cargo- y restituirle poderes a la fracción dominante de la Judicatura. En base a esa legislación de facto y antidemocrática, Lorenzetti creó un área destinada al espionaje telefónico y designó para conducirla a Martín Irurzun, uno de los jueces más activos en la ofensiva judicial ultra-antikirchnerista que ya encarceló a varios ex funcionarios del gobierno anterior y amenaza con meter presa también a Cristina Kirchner.
También al empezar su gestión y violando la Constitución y las leyes, Macri designó por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al presidente de la Corte le pareció mucho, y entonces el gobierno optó por negociar en el Senado con el justicialismo opo-oficialista que encabeza Miguel Pichetto, y así logró los votos para designar a los jueces que Macri quería, uno de ellos representante del Grupo Clarín. Uno de los senadores que apoyó las designaciones fue el ex kirchnerista Juan Manuel Abal Medina, quien acaba de terminar su mandato en la Cámara y mediante decreto presidencial fue designado por cuatro años en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
Ataques contra las personas
En pocos días y semanas desde la asunción de gobiernos de la alianza Cambiemos a nivel nacional y en varias de las provincias, el correlato de esa violencia jurídica fueron los ataques policiales (o de gendarmes o integrantes de Prefectura Naval) contra protestas populares en distintos lugares del país. Entre los primeros que sufrieron represión a fines de 2015 y comienzos de 2016 estuvieron empleados de la empresa Cresta Roja, trabajadores estatales de La Plata y hasta chicos de una murga en un barrio pobre de la ciudad de Buenos Aires.
Rápidamente, el peligro para personas que reclaman por sus derechos en la vía pública de sufrir agresiones físicas por parte de fuerzas represivas, se transformó en una de las más habituales restricciones a las libertades democráticas. Algunos de los ejemplos más resonantes -tomando como referencia solo la zona de Plaza de Mayo y el centro porteño- ocurrieron durante el Paro de Mujeres del pasado 8 de marzo, organizado entre otros por el colectivo Ni Una Menos, y luego el 1ro. de septiembre, cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.
Los riesgos incluyen a manifestantes y también a toda persona que pase circunstancialmente por el lugar. Cualquiera puede ser llevado/da preso/a, sometido a maltratos físicos y psíquicos, y además arrastrar para toda la vida una acusación penal inventada. Las decisiones quedan a merced de “jueces” que ultrajan continuamente las reglas del Estado de Derecho.
Pero quien más sufrió y sufre en carne propia esa política de violencia del Estado desde los comienzos del macrismo es Milagro Sala. Aun contra el pronunciamiento de organismos internacionales como al Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (organismo diferente del anterior), la líder de la organización Tupac Amaru sigue siendo prisionera del régimen gobernante.
El 16 de enero se cumplirían dos años. En estos días, y por segunda vez, la sacaron de la cárcel y la llevaron a una propiedad suya en las afueras de Jujuy que nunca fue su vivienda, y donde Milagro está vigilada por cámaras y personal armado en una humillante violación de su intimidad y de todas las reglas de “prisión domiciliaria”.
El ejercicio de la violencia jurídica iniciada por Macri desde el primer día con la derogación por decretos de leyes de la Nación, se trasladó en sus dos años de gobierno a la violencia física contra las personas, a la eliminación paulatina de las garantías constitucionales y las libertades públicas, y a la existencia de presos políticos.
Los hechos más recientes son el encarcelamiento de Julio De Vido, Amado Boudou, Carlos Zannini, Héctor Timerman -con prisión domiciliaria por estar gravemente enfermo- y de los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, así como el procesamiento de Oscar Parrilli, Juan Martín Mena y el diputado Andrés Larroque.
Los hechos más recientes son el encarcelamiento de Julio De Vido, Amado Boudou, Carlos Zannini, Héctor Timerman -con prisión domiciliaria por estar gravemente enfermo- y de los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, así como el procesamiento de Oscar Parrilli, Juan Martín Mena y el diputado Andrés Larroque.
La escalada de violencia estatal impulsada por el gobierno nacional y ejecutada, primordialmente, por la ministra Patricia Bullrich, fue llevada hasta el extremo con dos crímenes políticos que tuvieron como víctimas a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel.
Y la espiral violenta se agrave debido a que el bloque de poder dominante, cuyo dominio sobre la sociedad se expresa concreta y efectivamente a través de un régimen político ejercido por el gobierno, los legisladores, y los jueces, fiscales y espías que actúan desde adentro de las estructuras del Estado, es resistido por sectores cada vez más amplios de la población que intentan defender sus derechos.
Los gendarmes que, en la zona del Congreso Nacional, disparan a mansalva balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta, ya sea contra personas comunes del pueblo y/o militantes y dirigentes que protestan, contra trabajadores/as de prensa que ejercen su labor, e incluso contra legisladores/as de la oposición, no solo ejecutan actos agresivos que pueden terminar en tragedias o crímenes.
Ese accionar representa también una necesidad urgente del régimen gobernante que, además de querer imponer a mediano y largo plazo un modelo de país con mayor injusticia social, en lo inmediato debe enfrentar el desfinanciamiento del Estado y la crisis económica que el propio macrismo ha generado.
Fuente:Contexto
17 de diciembre de 2017
La CGT convocó a una huelga general en contra de la reforma previsional
Paro y a la calle
La central obrera anunció ayer una medida de fuerza que comenzará a las 12 del lunes. Será dos horas antes de la sesión en la que el Gobierno buscará convertir en ley el recorte a los jubilados. Unos 40 gremios acompañarán la movilización frente al Congreso.
Por Felipe Yapur
Los triunviros de la CGT, Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid informaron ayer el llamado al paro general.
La conducción tripartita de la Confederación General del Trabajo (CGT) consideró ayer por la tarde que no había margen para demorar la aplicación de una medida de fuerza a partir de la decisión del gobierno nacional de insistir con la sanción del proyecto de reforma previsional. En ese contexto los triunviros resolvieron convocar a un paro general a partir del mediodía del lunes y que tendrá una extensión de 12 horas. Unas horas antes, el Consejo Directivo se reunirá para ratificar formalmente la decisión, que comenzará a ponerse en práctica al mismo tiempo que la movilización convocada hacia el Congreso. Un grupo de casi 40 sindicatos coordinaron marchar juntos, entre los que se encuentran los que militan dentro de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), un par de gremios del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) y los que forman parte de la conducción de la CGT como la Unión Obrera Metalúrgica, la Unión Docentes Argentinos (UDA), Canillitas y Encargados de Edificios (Suterh).
A las 19 de ayer llegó a la redacción de PáginaI12 un escueto mensaje por Whatsapp que envió uno de los miembros del Consejo de la central obrera: “Lunes 9 hs el Consejo Directivo de CGT se reúne en la sede de Azopardo con el fin de anunciar un paro de 24 horas desde el mediodía en protesta por el tratamiento de la ley de Reforma Previsional”. Una hora y media más tarde, por la misma vía, aclaró que la huelga se realizará “en caso de que el Poder Ejecutivo mantenga su decisión de tratar el proyecto”. De no mediar algún giro sorpresivo por parte del Gobierno, será el segundo paro general de la era Macri.
Desde el pasado miércoles la conducción cegetista se encuentra en lo que denominaron “sesión permamente”. El objetivo es poder tomar decisiones con mayor velocidad fruto de lo cambiante de la realidad política. Así, durante la jornada del sábado los triunviros mantuvieron contacto telefónico entre ellos y con otros dirigentes. Todos concluyeron que la única alternativa para frenar lo que parece irreversible, esto es la sesión en Diputados convocada para las 14, es con un paro general. En rigor, el paro ya estaba aprobado por el Consejo Directivo reunido el miércoles pasado. En esa oportunidad habían decidido marchar el jueves y, en caso de que se sancionara la norma, llamar a una huelga de 24 horas para el viernes. Todo cambió por el fracaso de la sesión, que estuvo acompañada por una feroz represión en las inmediaciones del Congreso Nacional.
El titular de la UOM, Francisco “Barba” Gutiérrez, es uno de los que se había movilizado el jueves junto a su columna metalúrgica. Sufrió los gases lacrimógenos acompañado por el histórico líder de ese gremio, Antonio Caló. Para este lunes ya coordinó volver a marchar con los titulares de otros gremios como el UDA (docentes) de Sergio Romero, Omar Plaini de Canillitas, Víctor Santa María de Encargados de Edificios, Raúl Quiñones (Tabaco) y Juan Antonio Palacio de AATRAC (Comunicaciones). Estos dos últimos son miembros de lo que se conoce como Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), cuyo principal referente es Omar Viviani (taxistas). También se sumarán a esa columna sindical la treintena de gremios que militan dentro de la Corriente Federal de Trabajadores, que tiene como principal figura a Sergio Palazzo de La Bancaria. Estarán acompañados por una docena de organizaciones sociales entre las que se destacan la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. El que también confirmó su participación es Daniel Catalano de ATE Capital. Las dos CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli también estarán presentes como lo hicieron el jueves pasado.
En el mundo sindical hay una frase que se recuerda de cuando en cuando y que pertenece al dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel: “Tu estrategia solo la consultas con tu almohada, ni siquiera con tu mujer”. Es más que probable que eso estuvo ocurriendo en estas últimas 24 horas cuando los triunviros Héctor Daer y Juan Carlos Schmid apagaron sus teléfonos. Salvo, claro está, Carlos Acuña (ver nota aparte) quien adelantó la definición de la CGT, que sorprendió a extraños pero también a propios.
En rigor, la conducción cegetista no tenía mucho margen para evitar el paro. Sin embargo, en su seno hay algunos dirigentes que forman parte tanto del Consejo Directivo como de la mesa chica que no comparten la idea de una medida de acción directa. Representan a gremios importantes en tamaño. No son todos pero sí varios que tienen su peso dentro de la central obrera. Allí aparecen gordos e independientes pero también hay otros dirigentes, con su cuota de poder, que sostienen que el paro debe realizarse y “es una obligación” de la CGT el protagonizar la resistencia a las leyes de ajuste que impone el gobierno central. Uno de los que participó de la anterior marcha señaló que si no se comprometen con la medida de fuerza les queda la opción Casildo Herrera, aquel dirigente textil que conducía la CGT pero que el día previo al golpe de 1976 viajó a Uruguay para no volver y acuñó la frase: “Yo me borré”.
Anoche continuaban los llamados. Algunos están molestos por el blanqueo de la decisión por parte de Acuña al que le endilgan haber actuado por órdenes de su jefe político, el gastronómico Luis Barrionuevo. Ahora lo que resta definir bien es la extensión del paro. Por el momento prevalece el de 12 horas pero algunos consideran que debe tener una extensión de 24 horas que lo llevaría hasta el mediodía del martes. Eso se definirá, esperan en el triunvirato, antes de la reunión del Consejo Directivo.
Fuente:Pagina12
Mayra Mendoza: "Un gobierno que ajusta y reprime nos pone a todos del mismo lado"
Fue una de las legisladoras agredidas por Gendarmería durante la represión del jueves. Dice que el lunes volverá a acompañar la resistencia en la calle.
Gimena Fuertes
Sábado 16 de Diciembre de 2017
Mañana lunes, cuando el Gobierno intente por segunda vez sancionar la ley que rebaja los haberes jubilatorios, la diputada Mayra Mendoza volverá al mismo lugar en el que estuvo el jueves. “Ellos no entienden cómo nosotros estamos ahí en la calle, con la gente. Tienen otra concepción y nunca se arriesgarían a nada”, se asombra. Y diagnostica: “Esto no se sostiene. Tienen que revertir el rumbo económico, de otra manera, este país explota”.
Tiene 34 años. Vive con su pareja y su hijita de dos años en un departamento de la localidad de Quilmes. Vio el estallido de 2001 por la tele, cuando apenas terminaba el secundario. Su papá se había quedado sin trabajo y su mamá, militante radical, lloraba mirando la TV. Hace un año la Policía jujeña se ensañó contra ella en la puerta del tribunal donde iba a ser juzgada Milagro Sala. La imagen de la diputada maniatada por los efectivos se convirtió en un símbolo. El jueves fue la Gendarmería la encargada de descargar violencia sobre su cuerpo. Las cámaras tomaron el instante preciso en el que un efectivo le echaba gas pimienta en la cara, y horas después se viralizó en las redes un video en el que Mendoza y otros afectados por esa agresión eran asistidos por la legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman. Asegura que las fuerzas de seguridad tienen una violencia particular contra las mujeres en las manifestaciones. “No seremos políticamente correctos, pero vamos a ser ideológicamente correctos. No va a haber nada que nos doblegue, ni que nos haga cambiar de opinión. Nada”.
Mendoza critica con vehemencia a los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey, de Salta; Domingo Peppo, de Chaco; y Gustavo Bordet, de Entre Ríos; y al presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, por el compromiso que asumieron para garantizar el quorum en la sesión del lunes. Pero apela a la pertenencia peronista del resto de los diputados del Bloque Justicialista para que “hagan política con la conciencia tranquila”. “Los que están dudando y están incómodos, sepan que hay otros compañeros y compañeras que estamos de su mismo lado. Que no los condicione nada ni nadie”.
-¿La foto de unidad opositora del jueves se puede volver permanente?
-Los que estemos en contra del ajuste vamos a estar juntos. Y se va a ir incrementando porque el gobierno irá profundizando sus políticas. El jueves y el lunes son días bisagra. A partir de ahora se van a tener que enfrentar a otra cosa en el Congreso. Hay fuerzas opositoras que accionaron juntas y que vamos a seguir trabajando para ampliar esa posición. Un gobierno que ajusta y reprime nos pone a todos del mismo lado. Decimos basta, nos paramos todos juntos. El gobierno nos puso un objetivo común. Lo que vimos el jueves comienza a ser una muestra. Dentro del nuestro bloque existe una personalidad destacada del alfonsinimo que es Leopoldo Moreau. Me daba cosa cómo se enfrentó con los gendarmes, va más allá de la edad, lo sentís y salís. Lo mismo cuando le dijo muy claramente a Emilio Monzó: ‘decidite, o sos presidente de la Cámara o sos policía’, por la militarización del Congreso. También Monzó tiene una concepción política y sabe que lo que estaba pasando no estaba bien, no podía desarrollarse una sesión con un Congreso militarizado y reprimiendo a la gente afuera.
- Pero el gobierno acaba de ser ratificado en elecciones...
-Sí, pero con todo esto perdieron el valor de haber ganado una elección en la que la mayoría de la gente te legitima. Ya lo perdieron. La estrategia de marketing sirve por un tiempo, pero no tienen un modelo de país que incluya a la gran mayoría, no tienen política ni estrategia para poder seguir adelante.
-¿Y el acuerdo que consiguieron con el Bloque Justicialista para dar quórum y votar la ley mañana lunes?
-Eso no es consenso, es apriete. El consenso es cuando acompañás momentos o políticas de ampliación de derechos y se van sumando sectores. Pero cuando son acuerdos políticos, no sé de qué hablamos. Modificar un artículo por consenso y dar quórum por acuerdo es un relato del sistema político. Es rosca. Forman parte de los negocios históricos de la política. Por eso no podían creer que se encontraran el jueves con diputados en la calle. No pueden entender que estamos cargados de convicciones y no vamos a entrar en la rosca inescrupulosa para salvarnos individualmente, o para especular con que nos vaya bien. Es otra historia. El jueves, más allá del gas pimienta, hicimos lo que teníamos que hacer. Ellos no entienden cómo nosotros estamos ahí en la calle con la gente. Tienen otra concepción y nunca se arriesgarían a nada.
-¿Pudieron hablar con los diputados peronistas de Argentina Federal?
-Los llevan a tener una actitud de cobardes. No pueden ser cómplices. Los gobernadores son cobardes y entreguistas, no pueden mandar a sus diputados a dar quórum porque están regalando su futuro político. Se equivocan Urtubey Peppo y Bordet. Están regalando su futuro político para 2019. No hay estrategias de aporte de gobernabilidad con estos tipos. Lo que hay que hacer es oposición a este gobierno, para bien de todos los argentinos, pero también como estrategia política.
-¿Qué van a hacer el lunes?
- Lo mismo. Esperamos que el gobierno nacional reflexione sobre esta ley. No hay por qué ajustar a los jubilados, no hay por qué saquear a los más vulnerables de esta Patria. Son 17 millones de personas entre jubilados y jubiladas, titulares de la AUH, pensiones no contributivas desde personas con discapacidad hasta veteranos de Malvinas. Es completamente perverso, inhumano e insensible. Es una exigencia que tienen de parte del FMI y necesitan esta plata para tener un poco de oxígeno respecto al apriete en el que se encuentran con la deuda que tomaron y los intereses que se suman, con el vencimiento de Lebacs, y están entrando a un cuello de botella. El problema no es la inflación que sigue y el consumo que baja, el problema es el rumbo económico que tomó Macri de sacarle el impuesto a la soja y las mineras y querer buscar ese dinero en los sectores más vulnerables. ¿Cuál es el plan B? ¿Qué van a hacer? Esta ley no puede salir.
-Hace exactamente año en Jujuy también la atacaron agentes de seguridad...
-Sí. Y jamás me había pasado antes. Antes salíamos a la calle hasta para celebrar aniversarios de sanción de leyes importantes. Y el año pasado, el 21 de diciembre, íbamos a participar de la primera audiencia pública de uno de los juicios a Milagro y no nos dejaron pasar. Habíamos mandado con anterioridad los nombres, ya estábamos autorizados. Lo que hicieron en Jujuy con Milagro, y en ese momento con nosotros, era una muestra de laboratorio de lo que iban a hacer en el país. Sentí en esa Jujuy de Morales con Milagro presa que no había Estado de derecho. Y es lo que siento hoy en toda la Argentina. Ya tenemos dos muertos: Rafael Nahuel y Santiago Maldonado son jóvenes muertos producto de este autoritarismo, producto de este accionar represivo, de este Estado policial que Macri deja liberado. Es grave. No se trata de una cuestión de “los fanáticos K”. Estamos perdiendo la democracia en la Argentina. No seremos políticamente correctos, pero vamos a ser ideológica mente correctos. No habrá nada que nos doblegue.
-¿Hay una saña particular de las fuerzas represivas contra las mujeres en las manifestaciones?
-Este gobierno es un gobierno con características de macho, es un gobierno machista. Hasta las mujeres que integran el gobierno son muy machistas. El machismo está encarnado en la sociedad, hay quienes queremos reeducarnos y deconstruir ese machismo para poder tener una sociedad igualitaria y otros que no. Cuando a un gendarme o un efectivo policial se le planta una mujer enfrente lo primero que quieren hacer es barrerla. Ejercen violencia y represión con las mujeres mucho más que con los hombres porque no entienden que estemos ahí.
Algunos critican a los manifestantes porque van con la cara tapada y la Gendarmería está tapada desde los pies hasta la cabeza. Los miraba a la cara y eran sujetos fuera de sí. Vamos a presentar un proyecto para que se les exija a las fuerzas de seguridad que antes de los operativos presenten certificados de alcoholemia y antidoping. No hemos recibido un llamado, ni una declaración del gobierno sobre quiénes nos atacaron a los diputados. Quiero nombre y apellido y que (Patricia) Bullrich diga qué hizo o qué piensa hacer. Naturalizamos algo que es gravísimo. Si nos hacen esto a nosotros, ¿qué le queda a los ciudadanos?
Fuente:TiempoAr
Convocan a otra masiva marcha el lunes contra la reforma
Sábado 16 de Diciembre
Lo harán para manifestarse en contra de la reforma previsional que pretende aprobar el Gobierno para dar por tierra con la movilidad jubilatoria y recortar los aumentos de aquí en más.
Varias organizaciones sociales anunciaron hoy que se movilizarán el próximo lunes al Congreso Nacional para expresarse en contra de la reforma previsional que se tratará en la Cámara de Diputados.
Luego de que el Gobierno acordara con los gobernadores y los legisladores volver a sesionar en Diputados el próximo lunes, la Confederación de Trabajadores de Economía Popular (CTEP), junto a la CCC y Barrios de Pie, lanzó una convocatoria a movilizarse “manteniendo la unidad en la lucha de los movimientos sociales y las centrales sindicales”.
“Es indispensable seguir en alerta y movilización para evitar el avance de las reformas que van en contra de los sectores que menos tienen en momentos de emergencia social y alimentaria”, manifestaron desde las organizaciones a través de un comunicado conjunto.
En ese sentido, consideraron que la reforma previsional significa “un recorte a los haberes de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo”.
En cuanto a las centrales sindicales, la CGT se declaró en "sesión permanente", la CTA de los Trabajadores convocó a sumarse a la movilización en el Congreso a partir de las 12 del mediodía (la sesión está convocada para las 14), y la CTA Autónoma llamó además a un paro nacional de 24 horas.
Fuente:InfoNews
16.12.2017
A UN MES DE LA DESAPARICIÓN
ARA San Juan: Aguad pidió el pase a retiro del jefe de la Armada
A un mes de la desaparición del submarino que llevaba 44 tripulantes a bordo, el Ministro de Defensa dio pase a retiro al jefe de la Armada y aún se desconoce quién lo sucederá. Esta semana ya habían sido desplazados otros altos mandos de la Fuerza.
Srur tiene 60 años y había asumido en la Armada en enero de 2016, designado por el presidente Mauricio Macri. Con esta decisión, pasa a retiro y se desconoce quién ocupará su lugar.
Antes de esta decisión, por cuestiones "personales" pidieron su retiro otros cuatro efectivos de la fuerza: el contraalmirante Eduardo Luis Malchiodi, jefe de Mantenimiento y Arsenales; el contraalmirante Gustavo Vignale, comandante de la Aviación Naval; el contraalmirante Rafael Gerardo Prieto, comandante de la Flota de Mar; y el contraalmirante Bernardo Noziglia, comandante de la Infantería de Marina.
Además, esta semana se llevaron adelante otras dos suspensiones: la del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, comandante en Adiestramiento y Alineamiento, y el capitán de navío Claudio Javier Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos.
Ayer se cumplió un mes de la desaparición del submarino y los familiares de los tripulantes se movilizaron para pedirle a la Armada y el Gobierno que no abandonen el rescate de posibles sobrevivientes.
Fuente:PoliticaArgentina
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