San Luis: comenzó el juicio a civiles cómplices de la dictadura
Este viernes fue la audiencia preliminar del tercer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia. En el banquillo estarán personajes de la alta sociedad puntana.
Alejandra Di Gennaro
Sábado 24 de febrero
Este es el tercer juicio que se lleva a cabo en San Luis que involucra a personajes de la alta sociedad puntana. Los procesados son Eduardo Alberto Camps (exteniente del Comando de Artillería Nº 141), Jorge Omar Caram (exmédico de la policía local), Eduardo Francisco Allende (exjuez federal) e Hipólito Saá (exfiscal federal).
A Camps se lo acusa de ser autor del delito de asociación ilícita en calidad de integrante de la misma, coautor material del delito de privación abusiva de la libertad agravada en tres hechos en perjuicio de Isabel Catalina Garraza, Edgardo Raúl Lima y Domingo Alberto Silva, y coautor material del delito de tormentos.
Caram, además de ser autor del delito de asociación ilícita en calidad de integrante de la misma, figura como coautor material del delito de privación abusiva de la libertad agravada en tres hechos en perjuicio de Carlos Enrique Correa, Juan Fernando Verges, Aníbal Franklin Olieras y Pedro Garraza, de los que también es acusado como coautor material del delito de tormentos. Se desempeñó en la Policía de la Provincia de San Luis como médico, encargándose de revisar a las víctimas entre sesiones de tortura y mientras se encontraban cautivas en centros clandestinos de detención para facilitar las tareas de los torturadores.
Por su parte, Allende y Saá fueron consignados como partícipes necesarios del delito de privación abusiva de libertad agravada en 23 hechos, en 21 de los cuales se los acusa como partícipes necesarios del delito de tormentos. Además, los ex magistrados figuran en la requisitoria fiscal como partícipes necesarios del delito de homicidio agravado en seis hechos cometidos en perjuicio de Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz, Domingo Chacón, Raúl Sebastián Cobos, Pedro Valentín Ledesma y Vicente Rodríguez.
En declaraciones oficiales a los medios de comunicación locales, la Fiscalía Federal anunció que “el terrorismo de Estado en San Luis contó con la complicidad de miembros de relevancia de un aparato judicial que se adaptó al plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión. Su actuación fue determinante para que, en su conjunto y sin perjuicio de la determinación de responsabilidad individual de cada uno de sus miembros, el Poder Judicial Federal de San Luis haya evidenciado una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron en la provincia”.
La verdad está revelada, la memoria intacta y la justicia la impusieron las Madres, las Abuelas y todas las organizaciones de derechos humanos que después de casi 42 años siguen en pie de lucha a la espera de la cárcel común y efectiva a todos los genocidas.
Es esta memoria la que llevó a que en San Luis se condenara a cinco genocidas en el año 2009; mientras que el segundo terminó en 2015 con la condena de 28 de los 29 acusados.
Sin embargo, aún queda pendiente de una seria investigación el accionar de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá durante la época más oscura y sangrienta de la historia argentina. Ellos en 1978 enviaron junto a otros ciudadanos de la oligarquía puntana una carta al Almirante Massera, en la que solicitaban castigo ejemplar para varios dirigentes políticos y sociales de la Provincia de San Luis por supuestas “actividades subversivas”, entre ellos, el dirigente peronista Julio Everto Suárez, secuestrado, desaparecido y finalmente asesinado por la dictadura en el año 1979.
Fuente:LaIzquierdaDiario
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