Comunicado de Prensa
Cooperativistas exigen una audiencia urgente con la Ministra de desarrollo social Carolina Stanley
SI TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS
Los miles de despidos a lo largo y ancho del país, aumento de la desocupación, incremento en las tarifas de los servicios públicos y pérdida del poder adquisitivo, junto con el intento de imponer una paritaria por debajo de la inflación al conjunto de los sectores ocupados, afectan aún más a nuestro sector y a la sustentabilidad de nuestras familias, puesto que nuestros ingresos percibidos por los programas de empleo son apenas de $4750, es decir por debajo del valor estimado para la canasta de indigencia.
Frente a esta realidad, vemos con gran preocupación los recientes anuncios del estado nacional que va a contramano de generar una verdadera política de empleo para nuestro sector, acompañado de una fuerte campaña mediática que pretende deslegitimar el esfuerzo cotidiano de los trabajadores de la economía popular, quienes desde hace ya mucho tiempo hemos puesto en pie miles de unidades productivas, obras públicas y mejoras en los barrios olvidados, cumpliendo la función que el estado no cumple.
En este sentido hemos resuelto postergar las medidas de lucha que veníamos discutiendo entre todas las organizaciones, en post de viabilizar las instancias de diálogo abiertas con las autoridades del gobierno. Sin embargo consideramos importante, que se ponga en funcionamiento en lo inmediato el Consejo de la Economía Popular, y solicitamos una audiencia urgente con la Ministra de desarrollo social Carolina Stanley para resolver la situación del sector en su conjunto.
A la vez, informamos que el próximo 17 de marzo estaremos realizando una reunión con todos los representantes del sector para evaluar el plan de lucha, que entre otros puntos contemplara el reclamo al gobierno provincial y nacional para que se otorgue el 25 % de la obra pública a las cooperativas de trabajo y a nuestros barrios, junto con el reclamo de “Compre social” de la producción popular.
Reafirmamos nuestro compromiso y acompañamiento con todas las luchas que está llevando a cabo nuestro pueblo.
CTEP
C.C.C
Barrios De Pie
Frente Popular Dario Santillan
Frente Popular Dario Santillan Corriente Nacional
Frente de Organizaciones en Lucha : MTD Aníbal Veron- Corriente Clasista Lucha y Trabajo- MTR por la Democracia Directa- Frente Arde Rojo- Movimiento Resistencia Popular- Copa- Coop el Triangulo.
Frente Barrial 19 de Diciembre
Frente Social 17 de Octubre
F.O.P
C.C.C
Barrios De Pie
Frente Popular Dario Santillan
Frente Popular Dario Santillan Corriente Nacional
Frente de Organizaciones en Lucha : MTD Aníbal Veron- Corriente Clasista Lucha y Trabajo- MTR por la Democracia Directa- Frente Arde Rojo- Movimiento Resistencia Popular- Copa- Coop el Triangulo.
Frente Barrial 19 de Diciembre
Frente Social 17 de Octubre
F.O.P
Justicia ordenó reincorporar a dos sindicalistas despedid@s del INTI
La Justicia ordenó al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibáñez, a reincorporar en 48 horas a dos trabajadores delegados gremiales despidos del organismo.
Los beneficiarios del fallo fueron Romina Albertotti y Nicolás Pérez Fiorentino, sindicalistas de ATE y miembros de la Agrupación Naranja. “Esto sienta un gran antecedente para la reincorporación del resto de los 258 despedidos y es fruto de una presentación realizada en consenso”, destacaron desde ATE y el Partido Obrero.
“Las autoridades del INTI cometieron un acto ilegal al echar delegados, quienes están amparados por el derecho de la tutela sindical, por el simple hecho de que el Ministerio de Modernización pidió impugnar la cantidad de delegados elegidos, facultad que dicha cartera no posee de acuerdo con la Ley de Asociaciones Sindicales”, agregaron.
Según el fallo sobre Pérez Fiorentino, el juez subrogante Fernando Vilarullo recordó que el hombre fue electo el 19 de diciembre de 2016 con mandato hasta el 15 de diciembre de 2018 y que los jefes del INTI le comunicaron el despido el 29 de enero de 2018. “Por lo que -prima facie- la cesantía se habría efectuado durante el período de tutela previsto en la ley 23.551”, resaltó.
En otro tramo de la sentencia, el magistrado destacó que esa norma “se encuentra dirigida a garantizar la libertad sindical reconocida no sólo en el Artículo 14 bis de la Constitución nacional, sino también en numerosas normas internacionales con jerarquía constitucional y receptadas por los órganos que integran la Organización Internacional del Trabajo”.
Desde a Comisión de prensa y difusión ATE-INTI aseguraron que con este fallo “se ratifica la importancia de las medidas realizadas a lo largo y a lo ancho de todo el país y desde hace ya 42 días” y se mostraron ilusionados en que las “mesas de diálogo” que se armaron puedan llegar a una “auténtica solución a este conflicto que afecta a 258 familias”.
Los trabajadores del Instituto revelaron que fueron convocados a una reunión para el próximo martes en el Ministerio de Trabajo de la Nación para destrabar el conflicto y normalizar la actividad laboral. Al mismo tiempo, no descartaron la inmediata apertura de una discusión entre sindicalistas de ATE Nacional, Ibáñez y los ministros Francisco Cabrera y Andrés Ibarra.
La Justicia Federal ordenó reincorporar a un despedido de YCRT que era sostén de hogar
El juez subrogante, Javier Leal de Ibarra, dictó una medida cautelar y ordenó a la intervención de Omar Zeidán que en una semana reincorpore a uno de los despedidos.
El fallo sentó un precedente para los siete amparos que existen en ese fuero y anticipa un duro revés al proceso de “reordenamiento” de la empresa, al borde de ser declarado “ilegal y arbitrario”.
Este es el primer fallo de uno de los siete amparistas de YCRT presentados en el fuero federal.
¿Quién dijo que todo está perdido? El juez subrogante de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, dictó un fallo que protege los derechos de un jefe de hogar que fue despedido en enero, en el marco del proceso de supuesto reordenamiento impulsado por la intervención de YCRT.
Pablo Pineda entró a trabajar en la empresa después de un concurso, el 1º de noviembre de 2013. Desde entonces estaba como aspirante a conductor de trenes. El 22 de enero recibió un telegrama firmado por Sergio Lumachi, coordinador general del yacimiento, que decía que prescindían de sus servicios “…en el marco de la reorganización y reestructuración interna” que lleva adelante la empresa, junto a una nómina de agentes individualizados en un anexo. Pablo y otros cientos de obreros pasaban a ser un dato en planillas de cálculo.
En la misma carta documento le aseguraban que tenía los haberes, liquidación final y certificado de trabajo a su disposición. Pero él no quería nada de eso y de inmediato respondió a la intervención con otro telegrama en el que rechazaba su despido porque, básicamente, como el resto de sus compañeros, se había enterado de la supuesta reorganización por los medios.
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo, vital y móvil, igual remuneración por igual tarea…”. Lo dice la Constitución Nacional en su Artículo 14 bis, al que el trabajador echó mano para que la empresa le diera una respuesta, que nunca apareció.
El fallo de ayer, sienta un precedente porque el Juez entiende que el despido fue un acto discriminatorio que afecta el derecho alimentario de todo el grupo familiar de Pablo, pero que además fue arbitrario el modo en el que se manejó la Intervención al no darles derecho a defenderse ¿Y por qué derecho a defenderse? Porque los argumentos de Zeidán, Costa y compañía fueron acusatorios en contra de los obreros. Para echarlos, aseguraron que hubo ingresos en épocas de campaña electoral, que los contratos se hicieron sin actos administrativos que los respalden y que además había que expulsarlos porque YCRT está superpoblada.
Otros de los argumentos no están en papel y son parte de una construcción de sentido que busca quitarle el apoyo popular a los despedidos. Por ejemplo en las últimas horas se lo escuchó a Eduardo Costa decir por una emisora radial que los sueldos que se pagan en YCRT superan los $100 mil y que todos tenían pasajes para sus familias.
Según el fallo de Leal de Ibarra, Pablo ganaba $30 mil, entró por concurso como el resto de los despedidos ese día y están los decretos de su incorporación en orden. No tuvo derecho a defenderse antes de ser despedido.
Descentralizados, un eufemismo
En el escrito judicial, el Juez dejó las cosas en claro: Los empleados de YCRT son empleados del Estado. Porque desde sus orígenes fue una empresa estatal, y si bien, por decreto del año ‘93 se dispuso la privatización de la explotación del complejo carbonífero ferroviario y portuario, en el 2002 se aprobó la rescisión de la concesión y el Poder Ejecutivo Nacional designó un Interventor, situación que continúa. ¿Por qué es importante aclararlo? Para que no queden dudas de que hablamos de empleados públicos, que por lo tanto, tienen una protección especial.
Citando fallos de la Corte Suprema sobre la protección del derecho a la estabilidad laboral, el Juez sostiene que el trabajador “no puede en principio, ser desplazado sin causa justificada, debidamente acreditada en actuación sumarial previa labrada al efecto”. Es más, agrega que no existen pruebas de que la supuesta reestructuración empresaria “permita legalmente sortear los pasos previos administrativos en los términos que la ley establece”. Y esa ley, no es ni más ni menos que la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.
El fallo va más allá y pone en tela de juicio a todos los despidos, cuando Leal de Ibarra sugiere que “se deberá establecer si el funcionario que ha dictado un acto de tales características (Lamachi), tiene atribuciones suficientes, pues de lo contrario, nos encontraríamos en presencia de un vicio que afecta uno de los elementos esenciales y constitutivos del acto administrativo… Del mismo modo se deberá establecer si la manera en la que se ha decidido emprender este proceso de restructuración empresaria permite a los trabajadores asumir la defensa y ejercer sus derechos en el marco de un debido proceso legal, admitiendo que este constituye un requisito constitucional”.
En definitiva, para la Justicia Federal, que decidió declararse competente con un dictamen favorable del fiscal Gonzalo Miranda, los despidos podrían ser arbitrarios e ilegales. Por eso, ayer se le ordenó a la intervención a que reincorpore a este primer trabajador que presentó un amparo, y que lo haga dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo. También pide un informe detallado del presunto proceso de reorganización y el legajo del amparista.
Así las cosas, cuando por estas horas los rumores de botas son una constante en la Cuenca Carbonífera y la reunión con el ministro de Energía Juan José Aranguren sirvió apenas para confirmar la salida de Isolux Corsán, lo resuelto ayer en un palacio comodorense obliga a dar explicaciones. Por el momento, son siete los amparos presentados en el fuero federal y si bien se espera que para todos haya un mismo temperamento, es difícil adelantarse a lo que podría decir la Cámara.
Fuente: Sara Delgado; www.tiemposur.com.ar
* Equipo de Comunicación de la CTA Santa Cruz
Criminalización de la protesta social
ATE apunta a Bullrich por amedrentamientos a delegados del INTI
Dos delegados de la Junta Interna de ATE INTI, Francisco ‘Pancho’ Dolmann y Giselle Santana, que encabezan la lucha de los trabajadores y trabajadoras del organismo por la reincorporación de los 258 despedidos, sufrieron robos y destrozos en sus casas con días de diferencia.
En conferencia de prensa, ATE denunció los hechos como amenazas e intentos de amedrentamiento por parte del Gobierno e hizo responsable a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por lo que pueda sucederle a los delegados tanto del INTI, como de otros organismos.
Durante la conferencia, el secretario General de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, dijo: “Hemos convocado a esta conferencia de prensa desde el Consejo Directivo Nacional del sindicato para denunciar la situación de amenazas e intimidación que delegados de ATE están sufriendo como represalia por su accionar en defensa de los trabajadores y en contra de los despidos que está llevando adelante el presidente Macri en diversos organismos del Estado nacional”.
“Los compañeros Francisco ‘Pancho’ Dolmann, Secretario General de la Junta Interna de ATE INTI, y Giselle Santana, Secretaria Gremial de la misma Junta Interna, vienen sosteniendo la difícil tarea de mantener la permanencia en el organismo ante un permanente hostigamiento de las fuerzas de seguridad que se han instalado allí. Ahora han enviado a bandas a saquear sus casas: El pasado 17 de febrero por la noche ingresaron por la fuerza a la casa de la compañera Giselle Santana y le robaron diversos elementos del hogar. En el caso de Francisco Dolmann, el pasado sábado 3 de marzo también ingresaron en su casa, desvalijaron y destruyeron todo. En ninguno de los dos casos se llevaron elementos de gran valor, sino que fundamentalmente generaron destrozos en una clara actitud intimidatoria”, agregó Godoy.
El dirigente de ATE Nacional además contó: “Hemos enviado a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich una carta documento denunciando esta situación, solicitando una urgente audiencia y haciendo responsables a ella y al Gobierno del Presidente Macri por la seguridad de los dirigentes de ATE tanto del INTI, como de todo el país. Entendemos que estas dos situaciones no son aisladas, ya en otras organizaciones hermanas han habido amenazas, como es el caso de Baradel, de los docentes de la provincia de Buenos Aires, cuya familia fue amenazada. Todo parece indicar que además de la represión institucionalizada, ahora también están mandando delincuentes a saquear las casas de los delegados con la excusa de un accionar delictivo”.
“Exigimos la inmediata investigación de estos hechos, el esclarecimiento y la condena a sus responsables, así como el cese de la impunidad con la que suceden estas situaciones de violencia solapada que buscan poner límites a la capacidad de resistencia de nuestro pueblo frente a los despidos, a las quitas salariales y a otros tipos de políticas de ajuste”, clamó Godoy.
Por su parte, la compañera Giselle Santana señaló: “Llevamos ya 41 días de lucha en el INTI y, sin la enorme solidaridad de los compañeros y compañeras, no habría manera de sostener este conflicto con la fuerza con la que se viene llevando adelante y aun tenemos. Es la misma solidaridad que recibimos tanto ‘Pancho’ como yo tras los actos de violencia, que no fueron hacia nosotros en particular, sino hacia la lucha que estamos llevando adelante y que tiene que ver con pegarle al Gobierno al demostrar cuáles son sus políticas de vaciamiento y persecución política y sindical. Es eso lo que quieren acallar. Nos pegaron a nosotros porque somos las caras más visibles, pero el ataque fue a los trabajadores y trabajadoras del INTI. La mejor respuesta que les podemos dar en ese sentido es, como hasta ahora, seguir y extender el acampe a todo el país. Hoy comenzamos con un acampe de 48 horas en todos los centros INTI del país. No nos van a asustar, no nos van a quebrar, y van a tener que reincorporar a nuestros 258 compañeros y compañeras despedidos. No van a poder vaciar al Instituto si estamos peleando desde abajo todos juntos como lo venimos haciendo hasta acá. Seguimos firmes”.
Además, Francisco ‘Pancho’ Dolmann, reflexionó: “Estos métodos nos llevan a una Argentina del pasado, a una Argentina oscura a la que nadie quiere volver. La lucha del INTI ya lleva 41 días y se ve que el Gobierno no puede frenarla, por lo que recurre a estos viejos métodos. La pelea continúa: Estamos seguros que la asamblea y los trabajadores nos apoyan. Vamos a seguir luchando junto a los compañeros, que no se asustan. Como siempre decimos: En INTI no sobra nadie”.
Fuente: www.ate.org.ar
ATE rechaza y denuncia el acuerdo salarial discutido a puertas cerradas entre el Gobierno y UPCN, que atenta contra la dignidad del salario.
Hoy se realizó la reunión Paritaria postergada desde enero. Finalmente el Gobierno blanqueó una propuesta discutida y acordada con UPCN a espaldas de ATE . Este acuerdo es un saqueo al salario: Plantea un 4,8 por ciento de aumento en cuatro cuotas de 1,2 por ciento desde marzo, tomando como base el salario de mayo de 2017.
Al respecto, el Secretario General de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, manifestó: “ATE rechaza y denuncia este acuerdo, que atenta contra la dignidad del salario de las y los trabajadores estatales. Ahora, más que nunca, se hace necesaria la unidad para enfrentar la discusión salarial del mes de mayo, porque para el Gobierno, la variable de ajuste somos los trabajadores”.
Prensa ATE
En medio de la disputa con el gobierno, Camioneros consiguió un bono de hasta 20 mil pesos
El sindicato reclamaba este beneficio para compensar la inflación de 2017, pero el pedido había quedado frenado en medio de la disputa de Hugo Moyano con el Gobierno nacional y la fractura de la CGT.
El acuerdo fue con las cámaras empresarias de recolección de residuos, gaseosas y lácteos, que se corrieron de la posición de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que aún hoy se niega a otorgar este beneficio, indicó El cronista Comercial.
Si bien no está la firma de la Fadeeac, la mayoría de las empresas del rubro ya se comprometió a abonar a su personal el suplemento no remunerativo.
“Las conquistas solo se consiguen con lucha, por eso no vamos a dar ni un paso atrás, porque estamos en contra de la bajar la antigüedad de 1 al 0/5 y que quede claro que jamás permitiremos que se cambie el convenio colectivo de trabajo como quiere el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca”, expresaron, ya que “eso atenta contra los derechos del trabajador”.
“Nosotros como gremio hemos trabajado y luchado mucho para que se reconozca a nuestros trabajadores por lo tanto nunca nos vamos a vendernos, sino todo lo contrario vamos siempre por más demostrando que seguimos creciendo”, dice el comunicado y agrega: “Como dice nuestro secretario general Hugo Moyano: ‘La única lucha que se pierde es la que se abandona'”.
Santiago del Estero: Acuciante situación por la falta de agua potable
El Caburé es una localidad ubicada en el departamento Copo de Santiago del Estero, se encuentra sobre la Ruta Nacional 16, a 55 km al Sudeste de Monte Quemado. Allí, vecinas y vecinos denuncian una serie de carencias que las autoridades del gobierno no resuelven, resaltando el problema del agua, tanto como en el área de salud donde no llegan los insumos ni profesionales a las salas de primeros auxilios o la falta de desarrollo productivo que genere fuentes de trabajo a las familias de pocos recursos. Por Prensa FOL
La problemática del agua expresa la profunda situación de abandono y desidia estatal, en los pueblos El Caburé y Pirpintos, entre otros aledaños, ubicados en el norte de Santiago del Estero, a la vera de la Ruta Nacional N° 16. Cabe destacar que ante la falta de respuesta de los funcionarios, el pueblo siempre se ha movilizado, incluso cortando la ruta para ser escuchados y tener repercusión. Pero la desidia continua.
Un poblado entero de 1000 familias no accede al agua potable, no podrida ni sucia. El pueblo de El Caburé en cuanto a red de agua tiene 6 ramales de menos de 1000 metros de caño cada ramal. Esto significa 166 caños de 6 mts cada uno. Cada caño cuesta 200 pesos al por mayor, incluyendo juntas y lo necesario. Esto significa un costo de $33.200 por cada ramal y un total de $200.000 para los 6 ramales, es decir para todo un pueblo. El agua se trae por canales desde el río Salado, proveniente de Salta. El recurso difícilmente llega en cantidades suficientes, por un lado, por la falta de obra adecuada y por otro lado, por el nulo control del uso, dado que es lisa y llanamente robada a los pueblos por los grandes productores agrarios que se apropian de su curso y la acaparan en represas muchas veces más grandes que las construidas para los pueblos y el uso público. En la pequeña represa de abastecimiento de El Caburé, la planta potabilizadora está inutilizada desde hace 35 años, por desperfectos en los motores, por inutilidad de los filtros que no se recambian y por la no aplicación de químicos necesarios (que son sin embargo ítems en el presupuesto municipal).
En cuanto a la salud, el pueblo El Caburé cuenta con una sala de primeros auxilios totalmente desfinanciada, sin equipamiento, sin insumos básicos, sin personal profesional adecuado, no cuenta con ningún médico, solo cuenta con un agente sanitario (ni siquiera es enfermero y trabaja de 7 de la mañana a 13 de lunes a lunes por un magro ingreso). Es de vital importancia la presencia de un médico clínico, ya que en caso de emergencia la gente debe trasladarse 220 km al hospital más cercano que queda cruzando frontera provincial, en la localidad de Saenz Peña, provincia del Chaco, donde se encuentra un hospital con la relativa complejidad para atender casos de cierta emergencia.
Existe una sola escuela que carece de maestros. Los años octavo y noveno cuentan con 3 maestros que rotan atendiendo cada uno una semana. En esa estructura, dan clases de una a 3 veces por semana, y el resto de los días los alumnos consignan el presente y se vuelven a la casa sin tener clases. En esta escuela funciona un comedor 3 veces por semana. La trabajadora del comedor trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Cocina la merienda, el almuerzo y el desayuno a la intemperie, haciendo fuego para tal fin, y percibe una remuneración en negro de 2500 pesos (2000 de la comisión municipal y 500 de la cooperadora de la escuela). La población estudiantil de este colegio es de 350 alumnos.
La situación laboral de la comunidad de El Caburé es extremadamente precaria. Un trabajador municipal está cobrando 1500 pesos (con el ultimo aumento motivado por la campaña electoral). En la localidad de El Caburé existe una Comisión Municipal desde 2005. El Comisionado es Marcelo Córdoba desde hace 4 años, antes era Lito Barrionuevo. Cabe destacar la alarmante irregularidad en el marco de relación laboral del municipio con sus empleados. Los contratos (informales, de palabra), se renuevan mes a mes, dependiendo la continuidad de la relación laboral del correcto sometimiento del ciudadano al antojo del Comisionado y de la estricta adecuación a la pauta de silencio sobre la indignidad padecida. Es la lógica del favor servil la que impera en esta relación “laboral”, mas propia de la “mita” de la servidumbre de tiempos de la colonia que de un Estado de Derechos con garantías constitucionales para los derechos más elementales.
Quienes no trabajan en el municipio, changuean en los campos aledaños como peones rurales de la siembra o la ganadería, muy mal pagos y por fuera de toda legalidad que garantice mínimos derechos laborales. El resto de la actividad productiva es básicamente carbonífera, a escala de pequeño productor autónomo, sin margen de ganancia suficiente (por la baja productividad del método artesanal) como para la generación de empleo con plenos derechos. La producción de ladrillo de tierra colorada tiene también estas características, y en ambas actividades el nivel de tecnología es prácticamente de tiempos de la colonia: con el pequeño horno de barro para la quema de carbón, y con el molde de madera para el corte de a dos ladrillos en caso de los cortaderos. Por todos estos datos de profundo atraso en la estructura productiva, el impulso de estructuras de trabajo cooperativo con aporte de herramientas y maquinarias (incluso de poca complejidad pero) de nivel industrial, facilitarían un verdadero salto tecnológico y productivo y hasta un cambio rotundo de paradigma (para dejar atrás el carácter precapitalista y semifeudal de la estructura social y económica)
En cuanto a la vivienda, las viviendas existentes fueron construidas en un antiguo plan de viviendas al servicio de los capitales madereros MAQUENTO y FACA S.A., de producción maderera y carbonífera, respectivamente, y que fueron dados por quiebra en los años 70 y 90, respectivamente también. Estas viviendas fueron construidas por los años 40 y desde los 70 se mantienen en estado de deterioro ininterrumpido, sin políticas de vivienda acordes al estado de situación actual, que es de absoluto abandono. Los programas de vivienda que han sido destinados con presupuesto nacional, correspondientes a la erradicación de vivienda rancho, han sido implementados de manera incorrecta, siendo el dinero destinado parcialmente utilizado. Se desconoce el destino del dinero que no se ejecutó por la comisión municipal, ya que no se hizo los gastos correspondientes para baños, columnas y encadenados.
Frente de Organizaciones en Lucha
Vecinos y Vecinas Autoconvocados de El Caburé
Vecinos y Vecinas Autoconvocados de El Caburé
El deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores
Esta suma “se compone por la Canasta Alimentaria Mínima, valuada en 8.360 pesos, y por Otros Consumos Mínimos, por un valor de 18.628 pesos”, señaló la representación gremial sobre su última estimación de la llamada Canasta de Ingresos Mínimos.
La Junta Interna de la ATE-INDEC llevó adelante un nuevo análisis sobre la evolución salarial, reflejando ésta otra caída en el poder adquisitivo de los trabajadores.
El informe de los compañeros de ATE en el INDEC sostiene lo siguiente: “Como lo dijimos en el anterior ejercicio de actualización de la Canasta de Ingresos Mínimos, tras cierta recuperación posterior a la crisis 2001/2003 (sin que se haya nunca logrado recobrar el poder adquisitivo previo a la mega devaluación), los salarios del empleado público nacional –y el de las demás administraciones- han perdido la carrera contra la inflación durante los últimos años. Hecho que se ha agudizado en los últimos 26 meses, bajo la gestión del gobierno de Cambiemos.
Los trabajadores, tanto del ámbito estatal o privado, estamos en problemas, por un lado la férrea intención del gobierno de ponerle un techo a la discusión salarial, y por el otro, por la cristalización de hecho de la precarización laboral ya que los datos oficiales, aún sin discutirse la reforma, muestran que lo que ha crecido más en estos meses es la cantidad de monotributistas, monotributistas sociales y empleados de casas particulares, mientras que han mermado los autónomos y se mantienen en el mismo nivel que en 2015 los asalariados registrados (esto en el marco de un incremento de la población de más de 2%). Si bien esto es presentado por los funcionarios como un logro de su política de creación de empleo, la realidad es que no podríamos distinguir a ciencia cierta si es un crecimiento real o un registro de trabajadores en negro.
En el acumulado del periodo noviembre de 2015 y enero de 2018 un empleado nacional, encuadrado en el SINEP, ha perdido poder adquisitivo equivalente a casi 3 sueldos, producto de una recomposición que siempre corrió muy de atrás a la inflación. En términos reales, en enero del corriente año el salario real resulta 12,7% inferior al de noviembre de 2015. Adicionalmente, cabe señalar que el deterioro del salario estatal resulta superior al observado entre los asalariados del sector privado, cuyo promedio actual muestra una disminución de su poder adquisitivo en torno al 3,6% en el mismo periodo.
Este deterioro del poder adquisitivo no se da sobre salarios que garanticen la satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia, como muchos quieren hacer creer, sino sobre ingresos de bolsillo que se ubican por debajo de cualquier estándar aceptable.
De acuerdo al ejercicio de valorización de la Canasta de Ingresos Mínimos que realiza ATE-INDEC, el ingreso mínimo para un hogar constituido por una pareja con dos hijos, residentes en el Gran Buenos Aires, ascendía en Enero de 2018 a $26.989 (veintiséis mil novecientos ochenta y nueve pesos), monto que se compone por la Canasta alimentaria mínima valuada en $8.360 y por Otros Consumos Mínimos, por un valor de $18.628”.
Fuente: www.ate.org.ar
Línea 144 contra la violencia contra las mujeres: piden re-estatizar el servicio que Vidal tercerizó
Por María Soledad Allende
El servicio fue creado hace 10 años por la provincia de Buenos Aires a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Vidal decidió cederlo a una empresa privada.
Las trabajadoras de la Línea 144 salieron el 8 de marzo a reclamar la re-estatización del servicio telefónico que atiende casos de violencia a la mujer en toda la provincia de Buenos Aires. Un servicio que supo brindar el Estado a través de la Secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires, y que la gestión neoliberal de Maria Eugenia Vidal decidió concesionar a una empresa privaba (Provincia Net).
Hace diez años atrás, la provincia de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, creó una línea telefónica para la atención de mujeres en situación de violencia. Esta línea atendía, asesoraba, contenía y derivaba a mujeres a servicios locales sostenidos por una amplia red de organismos públicos y ONG. También atendía derivaciones del 911, por lo cual podía intervenir en situaciones de emergencia, así como detectar e intervenir en situaciones de violencia institucional.
En la actualidad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no sólo tercerizó el servicio, rebautizándolo Línea 144, sino que ha desfinanciado a las ONG y desmantelado las mesas locales que articulaban recursos en territorio.
El trabajo que están abocadas a realizar las trabajadoras de la Línea implica un desgaste psicofísico particular. Por un lado por los efectos de ser testigos permanentemente de situaciones de violencia a la mujer, siendo mujeres ellas mismas. Por otro lado porque sostienen un servicio que funciona las 24 horas, y eso genera un desgaste que sólo quienes trabajan de noche o a turnos han vivenciado. Pero además, trabajan en un call center, cuestión que conlleva otra cantidad de problemáticas que afectan la salud de las trabajadoras, sobre todo cuando se gestiona con la lógica de las empresas privadas, que exigen a sus operadoras una productividad que nunca están dispuestos a pagar, como si estuvieran vendiendo un servicio, donde lo que importa es la cantidad de ventas, y no la calidad de un servicio.
¿Cómo piensan María Eugenia Vidal y Santiago Cantón que puede sostenerse una política pública con trabajadoras tercerizadas, maltratadas y precarizadas? Es un misterio sin resolver. Sucede que lo que el neoliberalismo llama modernización del Estado, se sostiene exactamente igual que se sostuvo la reconversión económica neoliberal que comenzó mediados de los años 70. Esto pudo suceder gracias a la existencia de una mano de obra barata, flexible y doblemente disciplinada (en su condición de clase y su condición de género). Una mano de obra femenina que sostuvo la expansión del sector servicios a costa de la destrucción del sector industrial.
Problemas de gestionar el Estado como si se tratara de una empresa privada, así es el gobierno de los CEO. Su contrapartida, parece acompañar un clima de época: la lucha de las mujeres, vuelve a poner en agenda un programa profundamente antineoliberal.
Informe del IDESBA confirma la desigualdad de Género en la provincia
Sólo en tareas no remuneradas triplican el tiempo que destina a las actividades, respecto a los varones.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA) muestra las desiguales condiciones generales que atraviesa la mujer respecto a sus pares varones, en la provincia de Buenos Aires.
Tomando el rol que le cabe a la mujer y buscando el grado de igualdad de Género con el que se pretende concientizar a la sociedad, el cuadro comparativo que se observa debajo muestra como aún está en una posición desfavorable respecto al hombre:
*Destinan a las tareas no remuneradas casi el triple de tiempo que dedican los varones (6 horas versus 2 horas).
*Tienen una participación bastante inferior en el mercado de trabajo (-25pp.), en especial en la zona norte y en el Gran Buenos Aires
*Presentan tasas de ocupación y subocupación más elevadas en relación a los varones (+2,3pp. y +5,8pp.)
*Trabajan en peores condiciones que sus pares varones: con mayores niveles de informalidad (+6,4pp.) y una brecha salarial del 27,1%
Para el informe del IDESBA, elaborado por la compañera Stella Maldonado, “la distribución social de las responsabilidades y obligaciones en las actividades del cuidado, del hogar y del mercado de acuerdo con un criterio sexual, con gran peso de normas y valores sociales y culturales que feminizan las tareas del cuidado, limita la participación de las mujeres tanto en el trabajo remunerado como en las actividades políticas, culturales, sociales, de formación o de recreación.
IDESBA
“Paco” Olveira: “Es muy visible el deterioro social y la falta de trabajo”
Por APU
El párroco de la Isla Maciel, e integrante de la organización religiosa Curas en Opción por los Pobres, analizó el último comunicado del episcopado argentino que expresa la preocupación de la Iglesia por los “despidos” y la “delicada situación social”.
Tras la reunión de la comisión permanente del Episcopado, los obispos analizaron la realidad nacional y expresaron a través de un comunicado su preocupación por “la delicada situación social que atraviesa el país y por el número creciente de los despidos”.
Ante los micrófonos de Mañana Sylvestre, opinó Francisco “Paco” Olveira, párroco de la Isla Maciel, y referente de la agrupación Curas en Opción por los Pobres. El sacerdote organiza comedores comunitarios donde se atiende y se da de comer a más de 300 personas por noche.
“Hace un tiempo la vicepresidenta hablaba de los brotes verdes, pero parece que se secaron. Se va notando la delicada situación social que no es sólo de los más pobres: sino que muchísimas personas de clase media están perdiendo su trabajo. Y no es que se pierde un trabajo y se consigue otro; esas personas están quedando afuera del sistema. Estamos cerca de volver a poner un cartel en las villas que diga ´bienvenida clase media´”, deslizó el sacerdote.
Luego se refirió a los últimos dichos del Presidente Macri, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: “El discurso que uno escucha es que vamos bien pero que es invisible, pero es muy visible el deterioro social y la falta de trabajo. Claramente no hay repunte por ningún lado. El tema es que si no se cambia algo esto va a ir para peor”.
“Nosotros tenemos un proyecto de microcréditos para el mejoramiento de viviendas. Hasta 2015 nos pedían tantos que no dábamos abasto y teníamos que hacerlo de a poquito. Ahora hacemos las reuniones mensualmente y no viene nadie, porque no les sobra un peso”, apuntó.
“Antes, esa gente necesitaba albañiles, un lugar donde comprar el cemento y la arena. No era el paraíso pero había trabajo, hoy la gente no llega a fin de mes, no le sobra nada y esa cadena se ve afectada”, finalizó.
Caída del empleo: “Se perdieron 20 mil puestos de trabajo en la industria textil”
Por Martín Massad /APU
Con estas palabras, Ariel Schale, director ejecutivo de la fundación Pro Tejer, salió al cruce de las declaraciones del ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien afirmó que “los empresarios tienen que dejar de llorar e invertir para ganar nuevos mercados”.
En declaraciones radiales, Ariel Schale, director ejecutivo de la fundación Pro Tejer, le respondió al ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien criticó duramente a los empresarios textiles y les remarcó que “tienen que dejar de llorar e invertir para ganar nuevos mercados”. Estas declaraciones se dan en un contexto de recesión de la demanda interna, motivo por el cual “se perdieron 20 mil puestos de trabajo en la industria textil”, afirmó el mediano empresario.
“Es una declaración desafortunada y errada también. Hay un error de diagnóstico que es lo que más nos alerta”, comentó el industrial en una entrevista con “El País Productivo”, programa que se emite FM La Patriada. Además agregó que “Argentina tiene un problema muy serio de competitividad. Es un fenómeno complejo compuesto por la eficiencia sectorial que es lo que pasa en nuestras fábricas. Tiene que ver directamente con el industrial. Cómo produce con qué tecnología, con qué recursos, con qué materia prima, qué energía consume, etc”.
Por otra parte, Schale salió en defensa de la producción nacional y señaló que “la industria textil es de clase mundial en términos de eficiencia sectorial. Es así gracias a los 4.000 millones de dólares invertidos en los últimos años”. Por el contrario el industrial fue muy crítico de las políticas implementadas por el ejecutivo para el desarrollo comercial de la industria.
“La ropa es cara”, dijo hace unos días el ministro Cabrera. En este sentido, Schale se quejó de las altas cargas fiscales, la tasa de interés, el costo de logística y el de los servicios. Motivos por los cuales “se hace muy difícil poder tener precios competitivos con los productos importados”. A modo de ejemplo, aclaró que “del precio de la ropa nosotros nos quedamos con el 8,5% neto de impuestos” y remarcó que “hoy el 60 0 70% de lo que se vende en los shoppings es importado”, en clara alusión de cómo se está destruyendo el mercado interno por la falta de demanda y la apertura de la importación.
Para finalizar, Schale sentenció que “ese mismo estado que nos acusa de no competitivos es el que se queda con la mayor parte de la renta”. Y agregó que “el gobierno tiene una sería problemática fiscal” que debe resolver porque de lo contrario la industria argentina tiene un futuro difícil de remontar.
¿Podrá el feminismo salvar al sindicalismo de su crisis de representación?
Por María Soledad Allende. /APU
“Tampoco resulta extraño en virtud de un movimiento sindical que más allá de la adopción testimonial de algunas de las reivindicaciones del feminismo, sigue emulando un sujeto sindical macho, proveedor, que parece postular la melancólica añoranza de un modelo de producción fordista caído en desgracia hace por lo menos medio siglo”.
En el año 2015 se produce un auge explosivo del movimiento de mujeres, que por su posición socioeconómica son trabajadoras, pero que se organizan y movilizan por canales distintos al sindicalismo. Esto no es llamativo si se tiene en cuenta que tanto el feminismo institucional como el feminismo militante habían producido múltiples espacios de contención, formación, acompañamiento y organización de mujeres. Espacios desarrollados a través de movimientos sociales y políticas públicas dirigidas desde el Estado, que no terminaban de ser visualizados como agentes de transformación de los parámetros tradicionales de hacer y decir la política.
Tampoco resulta extraño en virtud de un movimiento sindical que más allá de la adopción testimonial de algunas de las reivindicaciones del feminismo, sigue emulando un sujeto sindical macho, proveedor, que parece postular la melancólica añoranza de un modelo de producción fordista caído en desgracia hace por lo menos medio siglo, y que vive las transformaciones económicas actuales y el ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral como una suerte de amenaza de emasculación.
Este auge en el movimiento de mujeres parece empezar a hacer mella en las estructuras sindicales hace un tiempo, proponiendo medidas reivindicativas que ponen en valor el trabajo de las mujeres dentro y fuera de sus casas, y transformaciones en la legislación laboral que favorecen la socialización de las responsabilidades domésticas y la incorporación de la diversidad sexual al trabajo formal. Se abre de éste modo la posibilidad de articular las esferas de la producción y la reproducción, tradicionalmente concebidas como un par dicotómico que organiza a la sociedad.
Asimismo, se avanza en una concepción de las reivindicaciones de género como reivindicaciones generales, es decir, reivindicaciones que afectan al conjunto y no a una parcialidad dentro de la clase trabajadora. Tal es el caso de la paridad en las licencias de maternidad y paternidad, que implican una ruptura radical con el paradigma maternalista de reforma laboral. Las leyes laborales en vigencia, que tienen como sujetas a las mujeres, redundaron en la institucionalización de una doble jornada laboral para ellas, que caracteriza a la sociedad capitalista tardía. Garantizar la presencia intermitente de las mujeres en el mercado laboral permitió que sobre ellas siguieran recayendo tanto la producción de bienes y servicios reconocidos por las metodologías de medición económica tradicional, como aquellos no remunerados e invisibilizados que permiten la reproducción de la vida, y cuyos costos han aumentado aceleradamente con el desmantelamiento del estado de bienestar.
El movimiento de mujeres parece ser el sitio desde el cual, a través del fortalecimiento de lideresas provenientes del mundo del trabajo que reclaman su merecido lugar dentro de los sindicatos, se impulsa la articulación de la agenda del trabajo y de la agenda de los cuidados como las dos patas de un programa tendiente a democratizar las organizaciones sindicales en un sentido de género. Pero también parece ser uno de los lugares desde los cuales se radicalizan los planes de lucha sindicales y se opone una resistencia indispensable al modelo neoliberal en términos programáticos. Requisito de lo antedicho parecen ser la aplicación de los cupos sindicales y la sistemática denuncia de los varones violentos que ejercen poder dentro de las organizaciones del campo popular.
Comprender el punto de inflexión alcanzado por el feminismo, no se reduce a reconocer la masividad y legitimidad que en la actualidad tiene el movimiento de mujeres, porque esto no constituye una novedad histórica. Lo que constituye una novedad es la capacidad de los feminismos latinoamericanos para constituirse en ideologías integrales y comunitarias, saltando la valla impuesta por el feminismo liberal que reduce las reivindicaciones de género a la formulación de derechos individuales.
El desarrollo de las ideologías y prácticas feministas colectivas, comunitarias, clasistas y nuestroamericanas, se ve apuntalado por una serie de transformaciones macroeconómicas irreversibles y de cambios operados en la composición y organización de las familias. Estos cambios han colocado a las mujeres en un rol socioeconómico diferente, y hoy reclaman formas de representación que se adapten a ésta nueva realidad. Es probable que una política de género consecuente en los sindicatos los revitalice y devuelva legitimidad en la representación de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.
“Ellas hacen”: un programa estatal con perspectiva de género que el macrismo quiere desarticular
Por Enrique de la Calle/ APU
Iris Pezzarini fue Directora Nacional Formación de Cooperativas del Ministerio de Desarrollo Social hasta Diciembre 2015. Su visión sobre el programa “Ellas hacen”, destinado a 100 mil mujeres en situación de vulnerabilidad.
APU: El programa “Ellas hacen” se concibió con una clara perspectiva de género. ¿En qué consiste esa acción estatal?
IP: El programa “Ellas hacen” nació con la incorporación de la perspectiva de género desde su planificación a la ejecución, con mucho trabajo, a fines del 2013. Fue una política pública destinada a 100.000 mujeres de casi todas las provincias del país, de sectores muy vulnerables, que estaban atravesando situaciones de violencia de género, cobraban la Asignación Universal por Hijo, eran madres de 3 niños hijos o más o tenían una discapacidad. El Ministerio de Desarrollo Social en ese entonces, a cargo de Alicia Kirchner, fue quien diseñó el programa, con una clara perspectiva de género y de educación y organización popular, en articulación con el Consejo Nacional de Mujeres.
El pilar del programa tenía que ver con la reinserción de sus destinatarias a la vida social y laboral. Se trataba de poder incluir a miles de mujeres que habían sido expulsadas, descartadas y confinadas a sus hogares por las políticas económicas y sociales de gobiernos anteriores.
Se buscaba para ellas una inclusión no solo laboral, sino también educativa, social y cultural. Para llevarlo adelante el Ministerio de Desarrollo Social articuló con casi todas las carteras de Nación y con la mayoría de las Universidad Públicas de Bs As y demás provincias. Y también contaba con un dispositivo territorial con equipos en cada distrito que garantizaba el vínculo diario y directo con las mujeres.
APU: ¿Cuántas destinatarias tuvo el programa?
IP: Hasta 2015, alrededor de 100 mil mujeres, titulares de derecho. El programa les brindaba al ingresar: un incentivo económico, asociarse con otras compañeras bajo la matricula de una cooperativa y completar sus terminalidades educativas primarias, secundarias o iniciarse en oficios o carreras terciarias de interés. En simultáneo también participaban de otros procesos pedagógicos de formación teórica práctica más integrales como ser en: salud comunitaria, agroecología, hábitat, comunicación popular, prevención y abordaje de violencias de género, etc. Atravesados todos (tanto las titulares como los formadores) por perspectiva de género.
APU: ¿Fue exitoso el programa?
IP: El programa logró impulsar procesos emancipatorios de escala y calidad (difícil conjugar ambos) Era un Estado que reconocía y veía las luchas de sectores postergados como lo eran estas mujeres, las reconocía, las confirmaba y las convocaba a apropiarse de esa política pública pensada para ellas. Las convocaba a recuperar sus voces, a levantar sus miradas, a reconocerse en otras mujeres, a compartir espacios colectivos de confianza y aprendizaje mutuo. A volver a creer en proyectos personales y colectivos, a rescatar y recuperar las redes vinculares y comunitarias rotas producto de las situaciones de violencia y encierro.
Fue relevante para mí, como el estado vio esa necesidad que estuvo latente durante décadas en esas mujeres y creo la herramienta del programa, pero más revolucionario aun fue el modo con que esas mujeres se hicieron cargo activamente de ella, asumiendo como derecho propio el compromiso del espacio social que iban reconociendo. Pusieron el cuerpo y la voz al espacio y no cumpliendo meramente una contraprestación. Ahí había un compromiso compartido. Una política pública que se responsabilizaba de ser provocadora pero también soporte, sostén y promoción de las mujeres, un grupo social históricamente castigado y postergado, pero que lejos de victimizarse, demandaba y exigía mas política. Las mujeres del programa Ellas Hacen producían movimiento, cuestionaban y con ello comenzaban a desnaturalizar zonas cristalizadas de las relaciones de poder y del patriarcado estatal.
Ese estado llegó a conmoverse por y con ellas y se visualizaban atisbos de nuevos organizadores sociales, de pensamientos, de acciones y de gestión colectiva muy poderosas.
APU: ¿Por qué remarca la importancia de la articulación en redes?
IP: En principio porque las redes comunitarias se habían desarticulado, ya anteriormente con las políticas neoliberales de gobiernos anteriores y fue un largo proceso promover su trama nuevamente. Y en particular, respecto a las mujeres del Ellas Hacen, porque estaban pasando por situaciones de violencia de género y considerábamos que para salir de una situación de violencia de género se necesitan redes, la mayoría de ellas venían de vivir en situaciones de opresión y encierro intra-hogar, sin redes afectivas activas ya que como sabemos, lo primero que hacen los varones es hacer que la mujer se aisle de su red familiar, de sus amigas. El programa fue la oportunidad para que muchas, que eran vecinas puedan reconocerse y fortalecerse.
Por eso era clave encontrar dispositivos que les permitiese animarse( y poder) salir a la calle y encontrarse con un equipo local constante, sistemático (centros de atención locales del Programa) que esté dispuesto y capacitado en acompañar ese largo proceso de empoderamiento, encontrarse y reconocerse en otras pares, buscando recuperar la organización colectiva. La estrategia fue fortalecerlas de herramientas pedagógicas, comunitarias y económicas.
Cuando hay vivencias o historias de situaciones de violencia es clave el desafío de lo colectivo. El programa buscó pensar la identidad, la sexualidad y el género en íntima relación con el Estado. Esos ámbitos son claves para resolver situaciones de violencia y para promover relaciones sociales más justas. Por eso se trabajó desde una perspectiva de género y educación popular, para que esas mujeres puedan recuperar sus propios saberes, sus experiencias, y así recuperar la autoestima, empoderándose colectivamente.
APU: Hasta 2015, ¿cuál es su evaluación del funcionamiento del programa?
IP: Creo fue una política pública cuanti y cualitativamente relevante, de inflexión. Se evidenciaron transformaciones sustantivas en la vida de la mayoría de sus destinatarias.
APU: ¿Cuáles fueron los desafíos que el programa no pudo resolver, que quedaron pendientes?
IP: Se tenía planificado para el 2016 y 2017 dar escala a algunas experiencias productivas, de hábitat y algunos oficios que rompían estereotipos en cuanto a género. Y lograr vincularlas a otras cadenas productivas económicas buscando la posibilidad de autosostenimiento en el tiempo. En esa proyección el estado iría reorientando su acompañamiento a otros ejes. También darle más profundidad a la conciencia cooperativa lo cual implicaba más tiempo en el proceso de empoderamiento de las mujeres.
APU: ¿Qué pasó a partir de 2015 con la llegada del macrismo?
IP: La perspectiva actual refleja un cambio notable en relación al paradigma de intervención y de interlocución con las destinatarias del programa. En este nuevo momento pareciera que el programa ha perdido desde la integralidad, hasta el nombre. En principio, se evidencian modificaciones en la forma de intervención pasando de lo colectivo a lo individual y sin garantizar como eje transversal la perspectiva de género. Se proponen meros recorridos de capacitaciones algunas dictadas por ONG’s/Consultoras donde parece importar más que las mujeres realicen acreditaciones varias y aisladas más que procesos formativos integrales con contenidos de calidad. Hoy cada mujer puede hacer su propio recorrido, la idea “slogan” que resuena es si ¡una sola quiere, una sola puede! No desconfió en el poder y la capacidad que las mujeres igualmente tendrán para aprovechar la herramienta disponible. Las compañeras de Ellas hacen son muy poderosas, pero miro críticamente la intención del Estado de desvanecer los procesos de empoderamiento colectivos locales.
El Ministerio actualmente, pretende transferir los equipos locales (CAL) a ANSES y priorizar así la atención individual, centralizada y virtual enfatizando lo administrativo, lo cual refuerza nuevamente la idea de debilitar los vínculos entre las mujeres y las redes cercanas que habían sido recuperadas como recurso estratégico de nueva sociabilidad y acompañamiento. Esta reorientación parecería además un desentendimiento de la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo en la implementación de esta política pública y desde ya de la situación laboral de lxs trabajadores de esos equipos con tanto acumulado y experiencia territorial.
Esta modalidad parece regresarnos a políticas públicas similares a las vividas en los 90, con una fuerte lógica de fragmentación de los espacios de colectivización, de exaltación al individualismo…Esto puede conducir a pensar al sujeto/a de derecho de una política social nuevamente como un mero beneficiario/a.
Sabemos que toda política de Estado se supone inserta en un modelo de país, con su carga ideológica y política. Si consideramos que primero existe la definición de un proyecto de país y luego, en función de ese proyecto, se educa, se orienta culturalmente, se deciden los lineamientos económicos y también, se tiene la mirada sobre la cuestión social. Seguramente este cambio en el Ellas Hacen sea consecuente con el proyecto de país de la actual gestión de gobierno.
#8M: “Marcho porque quiero que mis colegas periodistas tengan un tratamiento no sexista en sus coberturas”
Por Ariel Mulki
AGENCIA PACO URONDO estuvo presente en la marcha por el #8M en Santiago del Estero. Entrevista a la comunicadora social y docente en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Valeria Bullaude, que lucha por un periodismo no sexista.
Ayer, la periodista Valeria Bullaude participó del #8M y marchó alrededor de la plaza principal de la capital santiagueña con un pañuelo verde en el cuello y una pancarta blanca que decía en letras rojas: “Luchamos por un periodismo no sexista”.
APU: ¿Contanos por qué estás marchando?
VB: Estoy marchando porque quiero que mis colegas que trabajan en los medios masivos tengan un tratamiento no sexista en sus coberturas.
APU: ¿A quién va dirigido tu mensaje?
VB: En los últimos años la prensa se ha ensañado en estigmatizar a las mujeres, en todas las coberturas de los hechos de violencia y hasta en los femicidios. El tratamiento periodístico de estos hechos sigue replicando el estereotipo de «por algo será». Es hora de que los comunicadores asuman la responsabilidad.
APU: ¿Por qué tu cartel aclara «Santiago del Estero – Argentina – América Latina?
VB: Has hecho una buena observación. Quiero geolocalizar mi pedido por un tratamiento no sexista. Los medios locales no pueden ignorar todas las guías profesionales para el tratamiento de estas noticias. Es urgente que las prácticas de los profesionales de la comunicación sean prácticas no sexistas.
APU: ¿Hablamos de un periodismo santiagueño machista?
VB: No voy a entrar en esa discusión. El periodismo local en Santiago del Estero ha asumido que las ideas machistas y patriarcales son también mercantiles. Entonces, los medios de comunicación sujetos a la lógica del mercado entienden que las noticias sexistas venden más.
APU: ¿Cuáles son hoy las alternativas en el campo de la comunicación?
VB: Las audiencias debemos exigir que los medios de comunicación respeten las leyes vigentes. Hay ciertas formas de presentar las noticias que constituyen delito y la ley debe aplicarse. También nosotras, como mujeres, debemos exigir ser tratadas con el respeto que nos merecemos.
Imagen: Télam
En la masiva movilización, entre 500 mil mujeres, lesbianas, trans y travestis, el hit del verano surgió espontáneamente desde las voces de las distintas organizaciones sindicales, sociales, feministas que marcharon entre la Plaza de Mayo y la Plaza Congreso. Sin embargo, el hit sonó distinto esta tarde, sin perder de vista a su destinatario. “Mauricio Macri la yuta que te parió”, fue la licencia el modo que encontraron las mujeres para correr de eje a la madre del Presidente y ubicar allí a las fuerzas de seguridad reivindicadas, por la Casa Rosada y por su nueva doctrina del uso de la fuerza por la espalda.
Esta mañana, en la previa del histórico Paro Internacional Feminista, Macri aprovechó el quiebre cultural generado por el movimiento de mujeres y confirmó el envío al Congreso de un proyecto de ley con la que dice que promoverá un salario igualitario entre varones y mujeres que realicen las mismas tareas y adelantó otras iniciativas para ampliar licencias por fertilización asistida, por adopción y por paternidad, pero no hizo mención al debate por la legalización del aborto. Antes del anuncio, el mandatario fue premiado por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, con la calificación de “el feminista menos pensado”.
Horas después, cientos de miles de mujeres mostraron su desacuerdo con Tuñez y su repudio a las ideas políticas y sociales defendidas por Macri, un asumido opositor a la despenalización del aborto, una de las principales consignas del movimiento feminista. Para dejar claro que no aceptarán la versión feminista del Presidente, las mujeres reinventaron también el hit del verano: “Mauricio Macri la yuta que te parió.”
Envío:ResumenLatinoamericano
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