| 03-04-2018 |
Macri es la expresión actual del proyecto que instauró la dictadura
Hoy en día somos muchos los que decimos, amparándonos en la nefasta realidad a la que condena a las mayorías populares, que “Macri es la Dictadura”. Algunos, desde el “pensamiento republicano” que las clases dominantes impusieron a sangre y fuego en los 70 y 80, se indignan ante esa calificación. No es casualidad: negar esa verdad sólo puede expresarse desde la ignorancia o la intencionalidad política. Porque desenmascara la realidad que han creado los dueños del poder económico que no paran de llenarse los bolsillos con cualquier gobierno desde 1976.Cuando el pueblo canta “Macri basura, vos sos la Dictadura”, no se equivoca en lo más mínimo. Porque el ingeniero lavador de dinero no sólo ha logrado acumular un poder que atañe a los tres poderes del Estado: el legislativo a pesar de ser minoría –gracias a la colaboración de la “oposición” parlamentaria del PJ, algunos sectores del kirchnerismo y el massismo entre otros-; al Judicial –que actúa según los preceptos para el que fue pensado, es decir, velar por los privilegios de los poderosos-; y a la casi totalidad de la Corporación Mediática que oficia como vocera de las políticas oficiales. Tampoco por el avance represivo y la institucionalización de la mano dura, el gatillo fácil y los fusilamientos por la espalda, al más claro estilo de las dictaduras militares: también hay una profunda relación entre funcionarios, el sector social que pergeñó y se benefició con el proceso militar y el mismo presidente, con el Proceso Genocida que inauguró la etapa más oscura de nuestro país el 24 de marzo de 1976.
Las huellas de la Dictadura
Decir que hoy la sociedad es la que estructuraron quienes fogonearon, financiaron y se beneficiaron con El Golpe del 76, por más que a muchos no les guste, es la cruel verdad. Creer que porque las cúpulas militares fueron juzgadas y condenadas institucionalmente pero también socialmente por el pueblo en casi su totalidad, el proyecto que los llevó al poder fue derrotado, es un error gigantesco: en primer lugar, ninguno de los empresarios que apoyaron ese proceso está preso y muy pocos procesados, como Carlos Blaquier y Alberto Lemos del Ingenio Ledesma y Marco Levín del Transporte El Veloz de Salta, cuyos interminables procesos continúan, después de 4 décadas, en una maraña judicial de una “justicia” que fue diseñada para salvar los privilegios de su clase; en segundo término, porque la sociedad que surgió del Proceso Militar es esta que naturaliza las penurias de los pobres y el goce de los ricos, capitalista, injusta y desigual que hoy vivimos.
Tal es la profundidad de la huella que ha dejado la Dictadura en el país, que de las 4.449 leyes que rigen nuestra sociedad presente, casi el 10% fueron sancionadas por los militares entre el 76 y el 83, varias fundamentales para la estructura dependiente de la injerencia externa sobre nuestro desarrollo.
Algunas de ellas son:
- Ley de entidades financieras (ley 21.256)
- Ley de inversiones extranjeras (ley 21.382)
- Ley de Código Aduanero
- Ley de expropiaciones
- Régimen penal de menores
- Ley para el personal policial
- Ley 22.243, que permite al ejecutivo vender propiedades del Estado sin pasar por el Congreso
- Leyes que benefician a la Iglesia Católica: a) 21.950: arzobispos y obispos cobran el 80% del sueldo de un juez nacional b) 22.430: establece una jubilación mínima para sacerdotes que hubiesen ejercido durante 5 años y financia con un sueldo mensual a cada uno de los alrededor de 1600 alumnos del seminario.
Ningún gobierno “democrático” derogó y suplantó esas leyes por otras de corte popular. No es posible pensarlo del actual, ni del menemato cipayo, ni de la alianza criminal delarruísta. Pero los que cacarean sobre el “padre” de la democracia Alfonsín o de los “nacionales y populares” Néstor y Cristina Kirchner, deberían reparar en este dato que los pone en el lugar histórico que realmente ocuparon: el de sostener la sociedad parida por el Proceso Genocida.
Empresas, empresarios y Dictadura
En los 70 y 80 se dirimió la lucha de clases que en Argentina había adquirido el principio del carácter de guerra de clases, ya que el ascenso de la consciencia obrera había desarrollado brazos armados para intentar terminar con la explotación y el sistema capitalistas. De ellos, los más trascendentes fueron la Agrupación Montoneros y el ERP.
Las clases dominantes no podían permitir semejante ascenso y mucho menos la destrucción de la sociedad en la que viven tan cómodamente explotando al resto de los mortales. El imperialismo estaba en plena guerra fría con el poder soviético y el avance de las ideas socialistas en su patio trasero, representado por Cuba y las guerrillas que germinaban por doquier, significaban una amenaza para su hegemonía. Por eso el Plan Cóndor, por eso la Escuela de las Américas, por eso las dictaduras militares en toda Nuestramérica, de las cuales fueron cómplices las burguesías locales, como parte de una maquinaria de aniquilamiento de la conciencia emancipadora y libertaria de los pueblos.
Ese plan del imperialismo aplicado en Argentina, tuvo el férreo apoyo del sector empresarial y oligárquico vernáculo. Algunas de las empresas, entidades empresariales y empresarios colaboracionistas con el genocidio en Argentina son:
- La Sociedad Rural
- Confederaciones Rurales
- Unión Comercial Argentina
- Cámara Argentina de Comercio
- Grupo Clarín
- Diario La Nación
- Papel Prensa
- Socma
- Bridas
- Perez Compac
- Bulgheroni
- Mercedes Benz
- Ford
- Renault
- Ingenio Ledesma (Blaquier)
- Ingenio La Fronterita (José Minetti)
- Ingenio Concepción (flia Paz)
- Minera Aguilar
- Transporte La Veloz del Norte (Marcos Levín)
- Astilleros Astarsa
- Astilleros Mestrina
- Siderúrgica Dálmine
- Siderca
- Acindar
Así como la SRA y la oligarquía tradicional aportaron al más emblemático de los ministros de la Dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, la Fundación Mediterránea aportó a Domingo Cavallo, una figurita permanente y nefasta en la política nacional. Sus mentores fueron:
- Arcor (Fluvio Pagani)
- Astori (Piero Astori)
- La Fundación aportó a varios de sus integrantes al plantel cívico dictatorial, además del nefasto “Mingo”: Aldo Dadone, Amalio Petrei, José Castro Garayzábal, Gustavo Parino, Rafael Conejero
Otras tristes figuras emblemáticas del Proceso, cuyos servicios fueron aportados por sectores empresariales y financieros, fueron Lorenzo Sigaut (FIAT), Juan y Roberto Alemann y Guillermo Walter Klein.
Como se ve, los que no quieren mencionar que aquella dictadura fue cívico-empresarial y militar, banda a la que hay que agregar a la Iglesia Católica, no sólo mienten, sino que son cómplices. Los militares fueron los brutales ejecutores de un plan diseñado por lacras sin uniforme.
Macrismo y Dictadura
Los lazos del macrismo y de su engendro político, la Alianza Cambiemos (PRO-Coalición Cívica-UCR), con la dictadura, no son únicamente ideológicos: hay componentes comunes entre su funcionariado, empezando por el presidente y el desarrollo empresarial de su familia, que pasó de tener 7 empresas en el 76, a 47 en el 83.
Es imposible hacer este racconto sin comenzar por la UCR, que aportó 500 intendentes al Proceso Genocida
Uno de los más caracterizados personajes del oficialismo es la nefasta Elisa Carrió. Esta autoproclamada “fiscal de la República”, denunciadora serial de delitos improbados y lazos tan aceitados con el Departamento de Estado norteamericano, fue funcionaria de la Dictadura. El interventor de la provincia del Chaco, el gral. de Brigada Antonio Serrano, la nombró como Asesora de la Fiscalía del Estado el 7-2-79. También fue Secretaria de la Procuración del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, con nivel y jerarquía de juez de cámara, cargo al que llegó el 21-8-80. Como se verá, raíces poco democráticas tiene esta demencial “defensora” de la democracia y sus instituciones. Y responsabilidades y complicidades con aquellos años también.
El actual secretario de culto es Santiago Manuel de Estrada. Se desempeñó como secretario de seguridad entre 1976 y 1983. También como interventor del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados.
Carlos Arroyo, el fascista intendente de Mar del Plata, fue interventor del Sindicato de Taxistas desde 1979
Marcos Peña Braun, jefe de gabinete, es hijo de Félix Peña, quien fuera funcionario de Cancillería en 1982, en plena Guerra de Malvinas.
Nicolás Massot, jefe de la bancada del PRO en diputados, es accionista del diario pro-dictadura de Bahía Blanca, “La Nueva Povincia”. Su familia, dueña del periódico, colaboró con el Proceso militar entregando a sus trabajadores a los represores. Su tío es Vicente Massot, implicado en crímenes de lesa humanidad, a quien su sobrino defiende a capa y espada a pesar de las innumerables pruebas en su contra.
Luis María Blaquier, a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, viene de la familia dueña del Ingenio Ledesma, colaboracionista con la Dictadura. Es sobrino de Carlos y fue gerente del Grupo Clarín.
Miguel Braun, secretario de comercio actual y primo de Marcos Peña Braun. Dueño de La Anónima, cuya fortuna familiar fue resguardada por Martínez de Hoz cuando salvó a la línea aérea Austral de la quiebra, propiedad de la familia.
Horacio Tomás Liendo, director del Banco Central, es hijo de quien fuera funcionario de Domingo Cavallo y nieto del Ministro de Trabajo y del Interior de la Dictadura.
Germán Garavano, ministro de justicia, fue director de Forbes, revista que colaboró con el Proceso Genocida.
Oscar Aguad, ministro de defensa, solía mostrarse públicamente nada menos que con Luciano Benjamín Menéndez, uno de los más bestiales genocidas del Proceso.
En definitiva, no es casualidad que nefastos individuos como el ex carapintada a cargo de la Aduana, Gomez Centurión, o el impresentable Lopérfido, que ocupó por un tiempo el cargo de ministro de Cultura porteño y director del Teatro Colón, cuestionaran la cifra de 30.000 compañeros desaparecidos durante el proceso militar. Centurión llegó más lejos todavía, al negar el plan de exterminio de los uniformados.
No es casual entonces, que en este año (2018) no haya habido actos oficiales para conmemorar El Día de la Memoria el 24 de Marzo.
No es casual que Macri haya querido bajarle el precio a la fecha, otorgándole el “estatus” de feriado “movible”, de lo cual tuvo que retractarse por el repudio popular que generó la medida.
No es tampoco casual su frase, que ahora repite toda su troupe: “Hay que terminar con el negocio de los DDHH”.
No es casual que el Poder Judicial, estimulado por la “atmósfera de época” generada por la administración Cambiemos, se haya atrevido a intentar el 2x1 y la cárcel domiciliaria para los genocidas con condena firme.
No es casualidad que Aranguren reflote una ley de la dictadura que establece un subsidio a las empresas petroleras por exportar ese producto. La ley es la “Normativa de exportaciones de petróleo 23.018”.
No es casualidad que la criminal Patricia Bullrich se pase por las nalgas la presunción de inocencia y quiera presentar como argumento de “verdad” la palabra de los uniformados, tal como ocurría en los años de plomo.
Macri y la Dictadura
Si hablamos de lazos con el último golpe militar, los más emblemáticos de todos los expuestos son los de quien hoy porta la investidura presidencial.
Macri es descendiente de Giorgio Macri, miembro de una familia terrateniente de Calabria, que supo hacer buenos negocios en el sector de la construcción con el fascismo italiano. Después del 45, una vez caído el régimen, debió huir de la península y terminó recalando en Argentina.
Su hijo Franco –padre de Mauricio- continuó desarrollando la misma actividad de su padre. En 1958 se casó con Alicia Blanco Villegas, miembro de la acaudalada familia terrateniente de Tandil, constituyendo una poderosa alianza económica. En los 60 comienza sus negocios con el Estado durante la dictadura de Onganía, de fuertes vínculos con los Blanco Villegas. Emprende entonces el negocio de exportación de carne con las facilidades que le otorgaba el gobierno.
Franco se hace parte de lo que se conoció como “La Patria Contratista”, cuyos miembros amasaron sus actuales fortunas prendidos de la teta del Estado y los negociados con los gobiernos de turno. De un acuerdo con la Fiat, nace Impresit-Sideco, empresa constructora. Durante el gobierno de Perón sus vínculos con López Rega le permiten el acceso a la construcción de planes de viviendas. En enero de 1976, sólo a dos meses del Golpe, formaliza el lanzamiento de Socma.
Beneficiado con licitaciones de dudoso manejo durante la Dictadura, Franco encara la construcción de Yaciretá (un antro de corrupción), el puente Encarnación-Misiones, la Central Termoeléctrica de Río Tercero y la de Luján de Cuyo. Compra Fiat y funda Sevel y se beneficia con la privatización de Manliba, que pasa a ser de propiedad de la familia en 1979.
El Grupo Macri tenía 7 empresas hasta 1976, y luego del Proceso Genocida, termina poseyendo 47 en 1983, un crecimiento exponencial en los años de plomo.
El Grupo Macri se benefició por la estatización de las deudas que impuso el gobierno militar, con la guía del Banco Central dirigido por Domingo Cavallo: la deuda estatizada de la familia Macri fue de 170 millones de dólares. Es decir, que lo que ellos debían, pasó a deberlo todo el pueblo argentino. Estos son los que hoy nos dicen que es inmoral vivir de la teta del Estado, que son inmorales los subsidios a los servicios y a la pobreza y que niegan sueldos dignos a los empleados estatales.
Aquella privatización involucró no sólo a la familia del hoy presidente, que así cimentó su fortuna y su poder, sino el de grandes grupos económicos que se presentan como adalides del liberalismo y contrarios al “intervencionismo” estatal. Algunos de ellos son Socma, Bridas, Perez Companc, Bulgheroni, Renault Argentina, Grupo Clarín, Diario La Nación, Papel Prensa, entre otros, cuyo monto total de deuda que pasamos a “deber” los trabajadores y marginados de este país fue de 40 mil millones de dólares: ése es el origen de la nefasta carga, de la sofocante dependencia que significa la Deuda Externa y que ningún gobierno posterior desconoció, salvo el periodo de Grisnpun como ministro de economía de Alfonsín (duró dos años y fue reemplazado por Juan Vital Sourrille, que retomó las negociaciones con el FMI) y el instante que duró la presidencia efímera de Adolfo Rodríguez Sáa.
Conclusiones
Como dijimos más arriba, cualquier parecido del actual gobierno con las políticas de la última Dictadura militar no es casual entonces. La Alianza Cambiemos (PRO-CC-UCR) encabezada por Mauricio Macri, cuya familia se enriqueció exponencialmente durante el Proceso Genocida, tiene fuertes coincidencias ideológicas con aquél, las que son aggiornadas a los tiempos actuales bajo una mentirosa máscara “republicana y democrática”.
Pero no sólo las coincidencias son políticas: el gobierno no representa, sino que es parte, del sector social que fomentó y se benefició con aquél proceso; y tiene entre su funcionariado a individuos que fueron parte de la dictadura o están vinculados a través de lazos familiares y/o empresariales.
La administración actual del Estado es parte de aquél proyecto que tiene como objetivo desterrar la posibilidad de que la clase trabajadora pueda discutir la hegemonía en la construcción y desarrollo de la sociedad y mucho menos luchar por el poder para conformar una sociedad nueva. Es el proyecto de un paraíso patronal, donde las corporaciones sean todopoderosas, puedan hacer y deshacer incluso las vidas de los asalariados y marginados a su antojo, sin protestas ni organización de los explotados. Un “paraíso” donde los trabajadores sean dóciles semiesclavos que nunca tengan un “no” para sus empleadores y trabajen por migajas, asegurando así las tasas de ganancias y los privilegios de sus explotadores.
Las huellas de la Dictadura
Decir que hoy la sociedad es la que estructuraron quienes fogonearon, financiaron y se beneficiaron con El Golpe del 76, por más que a muchos no les guste, es la cruel verdad. Creer que porque las cúpulas militares fueron juzgadas y condenadas institucionalmente pero también socialmente por el pueblo en casi su totalidad, el proyecto que los llevó al poder fue derrotado, es un error gigantesco: en primer lugar, ninguno de los empresarios que apoyaron ese proceso está preso y muy pocos procesados, como Carlos Blaquier y Alberto Lemos del Ingenio Ledesma y Marco Levín del Transporte El Veloz de Salta, cuyos interminables procesos continúan, después de 4 décadas, en una maraña judicial de una “justicia” que fue diseñada para salvar los privilegios de su clase; en segundo término, porque la sociedad que surgió del Proceso Militar es esta que naturaliza las penurias de los pobres y el goce de los ricos, capitalista, injusta y desigual que hoy vivimos.
Tal es la profundidad de la huella que ha dejado la Dictadura en el país, que de las 4.449 leyes que rigen nuestra sociedad presente, casi el 10% fueron sancionadas por los militares entre el 76 y el 83, varias fundamentales para la estructura dependiente de la injerencia externa sobre nuestro desarrollo.
Algunas de ellas son:
- Ley de entidades financieras (ley 21.256)
- Ley de inversiones extranjeras (ley 21.382)
- Ley de Código Aduanero
- Ley de expropiaciones
- Régimen penal de menores
- Ley para el personal policial
- Ley 22.243, que permite al ejecutivo vender propiedades del Estado sin pasar por el Congreso
- Leyes que benefician a la Iglesia Católica: a) 21.950: arzobispos y obispos cobran el 80% del sueldo de un juez nacional b) 22.430: establece una jubilación mínima para sacerdotes que hubiesen ejercido durante 5 años y financia con un sueldo mensual a cada uno de los alrededor de 1600 alumnos del seminario.
Ningún gobierno “democrático” derogó y suplantó esas leyes por otras de corte popular. No es posible pensarlo del actual, ni del menemato cipayo, ni de la alianza criminal delarruísta. Pero los que cacarean sobre el “padre” de la democracia Alfonsín o de los “nacionales y populares” Néstor y Cristina Kirchner, deberían reparar en este dato que los pone en el lugar histórico que realmente ocuparon: el de sostener la sociedad parida por el Proceso Genocida.
Empresas, empresarios y Dictadura
En los 70 y 80 se dirimió la lucha de clases que en Argentina había adquirido el principio del carácter de guerra de clases, ya que el ascenso de la consciencia obrera había desarrollado brazos armados para intentar terminar con la explotación y el sistema capitalistas. De ellos, los más trascendentes fueron la Agrupación Montoneros y el ERP.
Las clases dominantes no podían permitir semejante ascenso y mucho menos la destrucción de la sociedad en la que viven tan cómodamente explotando al resto de los mortales. El imperialismo estaba en plena guerra fría con el poder soviético y el avance de las ideas socialistas en su patio trasero, representado por Cuba y las guerrillas que germinaban por doquier, significaban una amenaza para su hegemonía. Por eso el Plan Cóndor, por eso la Escuela de las Américas, por eso las dictaduras militares en toda Nuestramérica, de las cuales fueron cómplices las burguesías locales, como parte de una maquinaria de aniquilamiento de la conciencia emancipadora y libertaria de los pueblos.
Ese plan del imperialismo aplicado en Argentina, tuvo el férreo apoyo del sector empresarial y oligárquico vernáculo. Algunas de las empresas, entidades empresariales y empresarios colaboracionistas con el genocidio en Argentina son:
- La Sociedad Rural
- Confederaciones Rurales
- Unión Comercial Argentina
- Cámara Argentina de Comercio
- Grupo Clarín
- Diario La Nación
- Papel Prensa
- Socma
- Bridas
- Perez Compac
- Bulgheroni
- Mercedes Benz
- Ford
- Renault
- Ingenio Ledesma (Blaquier)
- Ingenio La Fronterita (José Minetti)
- Ingenio Concepción (flia Paz)
- Minera Aguilar
- Transporte La Veloz del Norte (Marcos Levín)
- Astilleros Astarsa
- Astilleros Mestrina
- Siderúrgica Dálmine
- Siderca
- Acindar
Así como la SRA y la oligarquía tradicional aportaron al más emblemático de los ministros de la Dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, la Fundación Mediterránea aportó a Domingo Cavallo, una figurita permanente y nefasta en la política nacional. Sus mentores fueron:
- Arcor (Fluvio Pagani)
- Astori (Piero Astori)
- La Fundación aportó a varios de sus integrantes al plantel cívico dictatorial, además del nefasto “Mingo”: Aldo Dadone, Amalio Petrei, José Castro Garayzábal, Gustavo Parino, Rafael Conejero
Otras tristes figuras emblemáticas del Proceso, cuyos servicios fueron aportados por sectores empresariales y financieros, fueron Lorenzo Sigaut (FIAT), Juan y Roberto Alemann y Guillermo Walter Klein.
Como se ve, los que no quieren mencionar que aquella dictadura fue cívico-empresarial y militar, banda a la que hay que agregar a la Iglesia Católica, no sólo mienten, sino que son cómplices. Los militares fueron los brutales ejecutores de un plan diseñado por lacras sin uniforme.
Macrismo y Dictadura
Los lazos del macrismo y de su engendro político, la Alianza Cambiemos (PRO-Coalición Cívica-UCR), con la dictadura, no son únicamente ideológicos: hay componentes comunes entre su funcionariado, empezando por el presidente y el desarrollo empresarial de su familia, que pasó de tener 7 empresas en el 76, a 47 en el 83.
Es imposible hacer este racconto sin comenzar por la UCR, que aportó 500 intendentes al Proceso Genocida
Uno de los más caracterizados personajes del oficialismo es la nefasta Elisa Carrió. Esta autoproclamada “fiscal de la República”, denunciadora serial de delitos improbados y lazos tan aceitados con el Departamento de Estado norteamericano, fue funcionaria de la Dictadura. El interventor de la provincia del Chaco, el gral. de Brigada Antonio Serrano, la nombró como Asesora de la Fiscalía del Estado el 7-2-79. También fue Secretaria de la Procuración del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, con nivel y jerarquía de juez de cámara, cargo al que llegó el 21-8-80. Como se verá, raíces poco democráticas tiene esta demencial “defensora” de la democracia y sus instituciones. Y responsabilidades y complicidades con aquellos años también.
El actual secretario de culto es Santiago Manuel de Estrada. Se desempeñó como secretario de seguridad entre 1976 y 1983. También como interventor del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados.
Carlos Arroyo, el fascista intendente de Mar del Plata, fue interventor del Sindicato de Taxistas desde 1979
Marcos Peña Braun, jefe de gabinete, es hijo de Félix Peña, quien fuera funcionario de Cancillería en 1982, en plena Guerra de Malvinas.
Nicolás Massot, jefe de la bancada del PRO en diputados, es accionista del diario pro-dictadura de Bahía Blanca, “La Nueva Povincia”. Su familia, dueña del periódico, colaboró con el Proceso militar entregando a sus trabajadores a los represores. Su tío es Vicente Massot, implicado en crímenes de lesa humanidad, a quien su sobrino defiende a capa y espada a pesar de las innumerables pruebas en su contra.
Luis María Blaquier, a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, viene de la familia dueña del Ingenio Ledesma, colaboracionista con la Dictadura. Es sobrino de Carlos y fue gerente del Grupo Clarín.
Miguel Braun, secretario de comercio actual y primo de Marcos Peña Braun. Dueño de La Anónima, cuya fortuna familiar fue resguardada por Martínez de Hoz cuando salvó a la línea aérea Austral de la quiebra, propiedad de la familia.
Horacio Tomás Liendo, director del Banco Central, es hijo de quien fuera funcionario de Domingo Cavallo y nieto del Ministro de Trabajo y del Interior de la Dictadura.
Germán Garavano, ministro de justicia, fue director de Forbes, revista que colaboró con el Proceso Genocida.
Oscar Aguad, ministro de defensa, solía mostrarse públicamente nada menos que con Luciano Benjamín Menéndez, uno de los más bestiales genocidas del Proceso.
En definitiva, no es casualidad que nefastos individuos como el ex carapintada a cargo de la Aduana, Gomez Centurión, o el impresentable Lopérfido, que ocupó por un tiempo el cargo de ministro de Cultura porteño y director del Teatro Colón, cuestionaran la cifra de 30.000 compañeros desaparecidos durante el proceso militar. Centurión llegó más lejos todavía, al negar el plan de exterminio de los uniformados.
No es casual entonces, que en este año (2018) no haya habido actos oficiales para conmemorar El Día de la Memoria el 24 de Marzo.
No es casual que Macri haya querido bajarle el precio a la fecha, otorgándole el “estatus” de feriado “movible”, de lo cual tuvo que retractarse por el repudio popular que generó la medida.
No es tampoco casual su frase, que ahora repite toda su troupe: “Hay que terminar con el negocio de los DDHH”.
No es casual que el Poder Judicial, estimulado por la “atmósfera de época” generada por la administración Cambiemos, se haya atrevido a intentar el 2x1 y la cárcel domiciliaria para los genocidas con condena firme.
No es casualidad que Aranguren reflote una ley de la dictadura que establece un subsidio a las empresas petroleras por exportar ese producto. La ley es la “Normativa de exportaciones de petróleo 23.018”.
No es casualidad que la criminal Patricia Bullrich se pase por las nalgas la presunción de inocencia y quiera presentar como argumento de “verdad” la palabra de los uniformados, tal como ocurría en los años de plomo.
Macri y la Dictadura
Si hablamos de lazos con el último golpe militar, los más emblemáticos de todos los expuestos son los de quien hoy porta la investidura presidencial.
Macri es descendiente de Giorgio Macri, miembro de una familia terrateniente de Calabria, que supo hacer buenos negocios en el sector de la construcción con el fascismo italiano. Después del 45, una vez caído el régimen, debió huir de la península y terminó recalando en Argentina.
Su hijo Franco –padre de Mauricio- continuó desarrollando la misma actividad de su padre. En 1958 se casó con Alicia Blanco Villegas, miembro de la acaudalada familia terrateniente de Tandil, constituyendo una poderosa alianza económica. En los 60 comienza sus negocios con el Estado durante la dictadura de Onganía, de fuertes vínculos con los Blanco Villegas. Emprende entonces el negocio de exportación de carne con las facilidades que le otorgaba el gobierno.
Franco se hace parte de lo que se conoció como “La Patria Contratista”, cuyos miembros amasaron sus actuales fortunas prendidos de la teta del Estado y los negociados con los gobiernos de turno. De un acuerdo con la Fiat, nace Impresit-Sideco, empresa constructora. Durante el gobierno de Perón sus vínculos con López Rega le permiten el acceso a la construcción de planes de viviendas. En enero de 1976, sólo a dos meses del Golpe, formaliza el lanzamiento de Socma.
Beneficiado con licitaciones de dudoso manejo durante la Dictadura, Franco encara la construcción de Yaciretá (un antro de corrupción), el puente Encarnación-Misiones, la Central Termoeléctrica de Río Tercero y la de Luján de Cuyo. Compra Fiat y funda Sevel y se beneficia con la privatización de Manliba, que pasa a ser de propiedad de la familia en 1979.
El Grupo Macri tenía 7 empresas hasta 1976, y luego del Proceso Genocida, termina poseyendo 47 en 1983, un crecimiento exponencial en los años de plomo.
El Grupo Macri se benefició por la estatización de las deudas que impuso el gobierno militar, con la guía del Banco Central dirigido por Domingo Cavallo: la deuda estatizada de la familia Macri fue de 170 millones de dólares. Es decir, que lo que ellos debían, pasó a deberlo todo el pueblo argentino. Estos son los que hoy nos dicen que es inmoral vivir de la teta del Estado, que son inmorales los subsidios a los servicios y a la pobreza y que niegan sueldos dignos a los empleados estatales.
Aquella privatización involucró no sólo a la familia del hoy presidente, que así cimentó su fortuna y su poder, sino el de grandes grupos económicos que se presentan como adalides del liberalismo y contrarios al “intervencionismo” estatal. Algunos de ellos son Socma, Bridas, Perez Companc, Bulgheroni, Renault Argentina, Grupo Clarín, Diario La Nación, Papel Prensa, entre otros, cuyo monto total de deuda que pasamos a “deber” los trabajadores y marginados de este país fue de 40 mil millones de dólares: ése es el origen de la nefasta carga, de la sofocante dependencia que significa la Deuda Externa y que ningún gobierno posterior desconoció, salvo el periodo de Grisnpun como ministro de economía de Alfonsín (duró dos años y fue reemplazado por Juan Vital Sourrille, que retomó las negociaciones con el FMI) y el instante que duró la presidencia efímera de Adolfo Rodríguez Sáa.
Conclusiones
Como dijimos más arriba, cualquier parecido del actual gobierno con las políticas de la última Dictadura militar no es casual entonces. La Alianza Cambiemos (PRO-CC-UCR) encabezada por Mauricio Macri, cuya familia se enriqueció exponencialmente durante el Proceso Genocida, tiene fuertes coincidencias ideológicas con aquél, las que son aggiornadas a los tiempos actuales bajo una mentirosa máscara “republicana y democrática”.
Pero no sólo las coincidencias son políticas: el gobierno no representa, sino que es parte, del sector social que fomentó y se benefició con aquél proceso; y tiene entre su funcionariado a individuos que fueron parte de la dictadura o están vinculados a través de lazos familiares y/o empresariales.
La administración actual del Estado es parte de aquél proyecto que tiene como objetivo desterrar la posibilidad de que la clase trabajadora pueda discutir la hegemonía en la construcción y desarrollo de la sociedad y mucho menos luchar por el poder para conformar una sociedad nueva. Es el proyecto de un paraíso patronal, donde las corporaciones sean todopoderosas, puedan hacer y deshacer incluso las vidas de los asalariados y marginados a su antojo, sin protestas ni organización de los explotados. Un “paraíso” donde los trabajadores sean dóciles semiesclavos que nunca tengan un “no” para sus empleadores y trabajen por migajas, asegurando así las tasas de ganancias y los privilegios de sus explotadores.
Fuente:Rebelion
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