20 de junio de 2018

Tres represores detrás de las rejas.

20 de junio de 2018 
Por un operativo clandestino de 1977 en el que fueron asesinados tres militantes de Montoneros 
Tres represores detrás de las rejas 
El juez federal Daniel Rafecas imputó y ordenó detener a Juan Carlos Carrera, Antonio Imbroggiano y Esteban Sanguinetti, que actuaron en la Policía Federal. Sanguinetti estaba cobrando sin realizar tareas en la Policía de la Ciudad.
Por Ailín Bullentini
Rafecas indagó a los policías por el crimen de Frías Pereira, Clariá Pedernera y Griffin. 

Imagen: Pablo Piovano
Juan Carlos Carrera, Antonio Imbroggiano y Esteban Sanguinetti compartieron días de uniforme de la Policía Federal y operativos en tiempos de la última dictadura. Con los años, Carrera e Imbroggiano colgaron el uniforme. Sanguinetti, en cambio, superó el pase a retiro, se coló entre los altos cargos de la Metropolitana y sobrevivía agazapado y sin tareas en la Policía de la Ciudad esperando la jubilación. Pero la Justicia llegó antes: los tres fueron detenidos. El juez federal Daniel Rafecas los imputó e indagó por su participación en un megaoperativo clandestino en el que fueron asesinados tres militantes de Montoneros. Son los únicos tres responsables de ese operativo que permanecen vivos. Aguardan su procesamiento en Marcos Paz.
Carrera es comisario inspector retirado. Cuando Mario Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera y Liliana Griffin fueron asesinados, en abril de 1977, era integrante de la Brigada del Departamento Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal junto a Imbroggiano, también retirado. El primero era inspector, el segundo cabo primero. Sanguinetti también integró esa brigada. Era subinspector y, a diferencia de sus colegas, es el único de los tres detenidos que permaneció en actividad dentro de las fuerzas de seguridad públicas hasta el día que fue detenido por orden de Rafecas.
El magistrado a cargo del Juzgado Federal de Instrucción 3 ordenó –el miércoles pasado– la detención de los tres, los únicos que permanecen vivos de un comando de por lo menos catorce efectivos que irrumpieron en el departamento donde vivían los tres militantes y la hija de dos de ellos, y mataron a los tres adultos. El comando, el operativo, sus responsables y participantes estuvieron vinculados con Coordinación Federal, el centro clandestino de detención que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, el área de la Policía dedicada a la “lucha antisubversiva”.
Luego de un minucioso trabajo de investigación que incluyó visitas al lugar, testimonios de viejos vecinos y vecinas, reconstrucción de los hechos y lectura de informes y legajos de aquellos tiempos, Rafecas recolectó elementos suficientes para detener a los tres federales e indagarlos por su participación en el operativo ilegal de Bacacay 2215. 
La noche del 19 de abril de 1977 fueron por lo menos catorce los policías de la Brigada del Departamento Sumarios –con apoyo de personal del Ejército– los que irrumpieron en el departamento “A” del sexto piso del edificio ubicado en Bacacay 2115. Era la vivienda de Frías Pereira, Clariá Pedernera, la hija de ambos –de dos años– y de Griffin. El operativo fue “enorme, de esos que copaban toda la cuadra”, pudieron reconstruir en el juzgado de Rafecas. Todavía lo recuerdan vecinos y vecinas, quienes relataron ante el magistrado haber escuchado aquella noche muchos movimientos y corridas en los pasillos del edificio, una explosión y varios disparos de arma de fuego.
A los tres adultos, que eran militantes montoneros, los asesinaron. En base a las actas que labró la Justicia militar esos días, Rafecas pudo saber que los militantes recibieron numerosos disparos que ocasionaron su muerte. A la nena la dejaron primero en la casa del encargado del edificio. De allí la retiró gente de la Policía. Finalmente, fue entregada a su familia.

Esperando la jubilación 

Los nombres de Sanguinetti, Carrera e Imbroggiano aparecían junto a otros en el legajo de otro efectivo de la Superintendencia en el que tanto el operativo de Bacacay como quienes lo integraron figuraban en un relato minucioso. Eran más, pero todos los demás fallecieron, apuntaron fuentes judiciales. Entre los que murieron sin haber rendido cuentas ante la Justicia por los crímenes de lesa humanidad que cometieron se encuentra “Calígula” Caligiuri, comisario inspector y jefe de Área de Coordinación federal, el principal responsable del operativo.
Durante toda la dictadura, Sanguinetti trabajó en la Superintendencia de Seguridad Federal. Luego, ya en democracia, siguió en la fuerza, en otras áreas. Recién en 2004 fue pasado a retiro. Sin embargo, se recicló en la Policía Metropolitana. Entonces, pavoneaba sus vínculos con Jorge “Fino” Palacios.
Tampoco perdió su puesto con la conversión de la Metropolitana en la Policía de la Ciudad, donde recaló como director de Ceremonial y Protocolo, un área que en los últimos meses desapareció del organigrama oficial de la fuerza y, según sus voceros, fue “absorbida” por otro sector. De acuerdo con las mismas fuentes, Sanguinetti ocupa, “desde hace algún tiempo”, el cargo de “adscripto”. “Una especie de freezer”, ampliaron la definición del puesto en el que “no tiene tareas”. Es decir que cobra un sueldo sin hacer absolutamente nada. Cuando este diario consultó por qué no se lo despedía, la respuesta oficial fue que “le falta poco para jubilarse”. No hubo una explicación oficial de por qué lo corrieron del cargo de director, por qué lo freezaron ni por qué sigue cobrando un sueldo. Aseguran, claro, que no sabían “absolutamente nada” de su participación en el operativo por el que Rafecas lo indagó, lo imputó y lo mantiene detenido. 

La hipótesis

El de Bacacay no fue el primero ni el último operativo efectuado por patotas de Coordinación federal, un mojón en la estructura jerárquica represiva del terrorismo de Estado en la Ciudad de Buenos Aires que tenía, por encima, al Batallón 601 y, más arriba, a la Central de reunión de información que dependía del Primer Cuerpo del Ejército, la megacausa que trabaja históricamente Rafecas. De hecho, en 2013 elevó a juicio el primer tramo del capítulo de ese superexpediente que reúne algunos casos de la numerosa cantidad de violaciones a los derechos humanos que sucedieron allí: cinco acusados, más de 60 víctimas que aún aguardan por el debate oral. El juicio debía comenzar este mes, pero fue pospuesto para octubre. Es responsabilidad del Tribunal Oral Federal 6.
Una de las hipótesis que se baraja en la investigación es que tanto el de Bacacay como muchos otros operativos de Coordinación Federal que se siguen investigando tuvieron como fin el exterminio de sus objetivos. En ellos, los sospechosos fueron masacrados donde eran sorprendidos, por lo general en sus casas; las fuerzas policiales no sufrían ninguna baja ni heridos, la elaboración de un relato que justificara el operativo con un supuesto enfrentamiento contradicho por las pericias y la ilegalidad de todo el proceso. 
Fuente:Pagina12

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