Resumen Latinoamericano/ 22 de septiembre 2018
Panorama político / Por Luis Bruschtein
El gobierno mandó un Presupuesto de hambre al Congreso pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich acusó al kirchnerismo de preparar una especie de “guerrilla de saqueos”. El gobierno sabe que el ajuste brutal que está enunciado en el proyecto de ley gatillará la conflictividad social, porque ése es el verdadero saqueo, pero acusa de esa conflictividad a la única fuerza que, junto con la izquierda, se ha manifestado abiertamente en contra del presupuesto que encenderá y hará explotar la protesta. O sea, el kirchnerismo, acusado de conflictivo, sería la fuerza que está tratando de pacificar y el gobierno, que dice que quiere pacificar, está echando kerosene al fuego. Lo mismo pasa con los movimientos sociales. El macrismo adiestró a sus seguidores en el odio a cualquier mecanismo solidario que surja del Estado o la sociedad. Las personas que desfilan con los movimientos sociales son tratadas como vagos que no quieren trabajar pero si no fuera por esos movimientos, el país ya se hubiera convertido en un gran incendio.
La acusación de Bullrich buscó colocar al kirchnerismo como el principal interlocutor de la oposición. Piensa que de esa forma le resulta más fácil controlar la posible fuga de simpatías hacia su vereda de enfrente. Pero eso fue durante los dos primeros años del macrismo. La crisis trastocó ese cálculo: ahora el que aparezca como oposición más clara, sea el que sea, ganará las simpatías de la mayoría. Con la caída de su imagen, el gobierno cambió de lugar y produjo un reacomodo en el tablero.
La mayoría de los analistas sigue pensando con la lógica de los dos primeros años, pero basta con hacer la cola del colectivo o tomar el Sarmiento en hora pico para darse cuenta de que ya nadie puede defender a este gobierno en voz alta porque inmediatamente le tapan la boca. El imaginario hegemónico invencible, construido con cuadernos de corrupción e imágenes de pobres dándose la gran vida a costa del trabajo de los otros, ya no resiste la catástrofe de los precios altos y los salarios en caída, más la devaluación, más inflación, más desempleo, más caída del consumo, más destrucción de la salud y la educación pública y hasta el fetiche derechista de la inseguridad se les ha dado vuelta.
Es un escenario nuevo del que probablemente todavía no den cuenta las encuestas, pero que habla de un cambio de tendencia en la conciencia de las mayorías. La persistencia de las corporaciones mediáticas del oficialismo en dar por descontado el impacto de las fotocopias profundiza esa confusión. Titulares y más titulares darían la impresión falsa de que la sociedad está pendiente de lo que sucede con esa causa. Es probable que una porción de la sociedad siga aferrada a ese relato, pero es un tema que ya suena como algo viejo porque ni siquiera genera la ilusión de resolver ninguno de los problemas actuales. Y la preocupación de la mayoría es encontrar una salida a esos dilemas creados por el macrismo. El peso de la crisis ha sido tan demoledor que lo demás se volvió viejo y pesa menos.
Sin embargo, esa persistencia pone sobre la mesa el interés de encarcelar a Cristina Kirchner a pesar de la debilidad manifiesta de las pruebas y de las múltiples irregularidades de procedimiento. La causa no puede salir de dichos de dichos y de la aplicación de medidas extremas y polémicas como las prisiones preventivas con la sola acusación, o al dejar en libertad a delincuentes confesos, en virtud de una mala aplicación de una mala ley del arrepentido.
El potencial encarcelamiento de la ex presidenta excede la lógica de la política interna y se empalma con la prisión del ex presidente Lula en Brasil y la persecución contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. La causa contra Correa es tan débil como la que se levantó contra Cristina Kirchner, al punto que Interpol desistió del pedido de captura porque era inconsistente. Hay una intención política detrás del abuso de las normas judiciales. Y esa intención tiene una proyección regional, no solamente local y su punto de origen hay que buscarlo en Washington.
Las vías judiciales para desacreditar liderazgos populares en América Latina y destruirlos aparece como una decisión estratégica de la Casa Blanca después de una década donde su presencia hegemónica representada en la metáfora del patio trasero resultó muy debilitada. Los gobiernos populares que ganaron elecciones en forma democrática en la década pasada, fortalecieron los vínculos regionales y debilitaron, por lo tanto, las dependencias con Washington. Todos esos gobiernos plantearon políticas molestas a la potencia del Norte y no es casual que solamente sus líderes sean los perseguidos por funcionarios judiciales en sus países.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha reemplazado en gran medida a la vieja Escuela de las Américas. Cientos de funcionarios judiciales de la región han desfilado por seminarios y reuniones en Nueva York o Miami donde se discutían los obstáculos que plantean las garantías individuales para perseguir delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico o el terrorismo, como otra suerte de Doctrina de la Seguridad Nacional. Pero las soluciones, las trampas o los atajos para eludir esas garantías esenciales no han sido aplicadas contra el narco o el terrorismo y ni siquiera contra el lavado, sino contra dirigentes políticos que molestaron a Washington.
Estados Unidos pudo disfrutar de una década en los años ‘90 en la que sus aliados locales lograron doblegar a movimientos populares como el peronismo a través del menemismo y al radicalismo con Fernando de la Rua. Cuando creía que era el fin de las ideologías y la muerte de las fuerzas populares, en la década siguiente sufrió el surgimiento de nuevos movimientos o el renacimiento de los que parecían acabados, como el peronismo a través del kirchnerismo. La ola neoliberal conservadora posterior en el Continente dio la sensación de que esos procesos populares habían sido de corto aliento. El escenario estaría demostrando lo contrario.
Pese a las derrotas que sufrieron, resistieron la ofensiva bestial que buscaba su desaparición. En los años que siguen serán un componente esencial de las fuerzas de transformación en cada uno de sus países. Mal que les pese a sus críticos, con sus líderes presos o perseguidos, el PT se mantiene como alternativa a la derecha, lo mismo sucede con el correísmo ante la felonía de Lenin Moreno y, a esta altura, cuando nadie duda que Cristina Kirchner ganaría cualquier interna, es indiscutible que la unidad del peronismo se debe realizar con el kirchnerismo adentro si se aspira a crear una alternativa de poder real frente a la derecha.
En el Congreso, varios de los gobernadores justicialistas, como el cordobés Juan Schiaretti, ya habrían arreglado la aprobación del presupuesto a pesar de la liquidación del fondo sojero. Estos gobernadores consiguieron pichuleando que les restituyeran por única vez la quinta parte de lo que les sacaron y a cambio habrían aceptado votar un ajuste que pone en riesgo desde las jubilaciones hasta la educación y la salud pública, más los salarios y los alimentos. La gobernabilidad como justificación de esta negociación tenía algún sentido al principio del macrismo. Para este ámbito también cambió la lógica. El macrismo dejará un país devastado y los gobernadores quedarán asociados a esa destrucción por los avales que le dieron en el Congreso.
El ajuste hará la situación aún más irrespirable en los sectores populares. En las redes se preguntan, muchos con amargura, la razón de que todavía no se hayan producido asonadas populares como la del 19-20 de diciembre del 2001. El gobierno acusa a la oposición de estar preparándola. Y la oposición le advierte al oficialismo de que se producirá en forma espontánea si aplica el ajuste que reclama el Fondo Monetario Internacional.
Lo real es que si todavía no se produjo es justamente por la experiencia histórica que dejaron aquellas circunstancias. Herramientas solidarias que comenzaron a aplicarse en aquella época, surgieron inmediatamente ahora en función de esa experiencia. Una inmensa red de comedores populares, movimientos de vecinos y ferias del trueque surgió ahora apenas comenzó a sentirse la crisis. Funcionan con mecanismos de solidaridad entre los mismos vecinos, la antítesis de la meritocracia y el individualismo neoliberal. Solidaridad en situaciones de emergencia, que no sustituye el reclamo de fondo de trabajo genuino y salario digno pero que salva de la desesperación a los miles que ya perdieron el trabajo o no llegan a fin de mes.
Son las paradojas que resquebrajan la pretendida naturalidad del neoliberalismo. La solidaridad surge como única alternativa frente al saqueo neoliberal, frente a la política de supremacía del más fuerte, frente a la justificación del hambre y la miseria que plantea la idea de que en esta sociedad “cada quien debe tener según el esfuerzo que invirtió”. El macrismo enseñó a sus votantes a despreciar a “los vagos que no trabajan y viven de un plan”. Y ahora depende de ese extendido entramado solidario entre los que menos tienen para no repetir la historia del presidente que huyó de la Rosada en el helicóptero presidencial.
Fuente: Página/12
De la Sota, el presidente que no fue
Por Lea Ross
Radiografía de José Manuel De la Sota, la máxima figura de la política cordobesa, quien falleció en un accidente de auto el 15 de septiembre pasado. Su afán de ser el nuevo líder del país dejó a la provincia de Córdoba en la deriva.
Fue alrededor de las ocho de la noche. Viajando a 170 kilómetros por hora, su vehículo quedó incrustado contra un camión. Su cara quedó irreconocible. En aquella ruta 36, que conecta las dos principales ciudades de la provincia de Córdoba –ciudad capital y Río Cuarto– pereció el último caudillo cordobés. Tres veces gobernador. Que no quería ser gobernador. Quería ser Presidente. Córdoba solo fue su mesa de operaciones.
José Manuel de la Sota (1949-2018) esperaba que en su provincia pudiera cimentar un proyecto político, económico y social nacional. Pero, más que nada propio, diferente de la demás alternativas. Al ganar su tercera gobernación en 2011, proclamó el nacimiento del “Cordobesismo”. Un planteo semejante al que había lanzado el primer gobernador cordobés pos-dictadura, Eduardo Angeloz, al sostener que Córdoba era una isla. E incluso hoy en día se la piensa así a Córdoba, como una isla. En particular, por los batacazos que viene teniendo el bloque Cambiemos a la hora de recibir el aluvión de votos por las tierras de la rebeldía sindical y estudiantil.
En realidad, Córdoba nunca fue una isla. Y De la Sota nunca pudo crear algo propio. La provincia siempre quedó abierta a los fenómenos que arribaban en nuestro país. De la Sota realizaba diagnósticos, pero su ambición electoralista, de corto plazo, le dificultaba llegar a un certero pronóstico. El ego mató al estadista.
En su estadía en Brasil como embajador entre 1990 y 1992, De la Sota unió trazos con los expertos en el marketing político. Así, el publicista Joao Santana debutó por fuera de la frontera brasileña y arribó en las campañas del Gallego para gobernador de cara a 1998, con el eje principal de la reducción del 30 % en los impuestos. Hoy Santana está condenado por el escándalo del Lava Jato, donde se lo encontró una cuenta offshore con un depósito de más de 7,5 millones de dólares. Su esposa dijo que esa era la comisión que recibió para el armado de las campañas de De la Sota.
Un privatizador serial
Al iniciar su primer mandato (1999-2003), el futuro caudillo calibró los impuestos inmobiliarios y lanzó todo un plan al que hasta el día de hoy se denominó un “menemismo tardío”. Pretendió privatizar empresas estatales como la eléctrica EPEC, donde había trabajado el sindicalista Agustín Tosco. El descontento social de 2001 contra privatizaciones y bancarizaciones frustró sus planes.
De ahí que lanzó la construcción de una seguidilla de Agencias que rodearan la administración pública, que continúan funcionando hoy en día, siendo amparados jurídicamente como ONG’s y no como secretarías del Estado. Además, unificó las dos cámaras legislativas en una unicameral, convirtiéndola en un poder legislativo que le ha garantizado la aprobación de casi todas las iniciativas oficialistas.
De la Sota duplicó la cantidad de hectáreas sembradas de soja transgénica. Pasó de 2,5 millones a más de 5 millones. Según la periodista Karen Braun, de Thompson Reuters, Córdoba fue el sexto distrito que más produjo soja a nivel mundial, pero en la campaña anterior. Hoy, por la sequía, bajó estrepitosamente al puesto 12.
El campo se convirtió en la actividad con mayor crecimiento en una Córdoba que se caracterizaba por su dinámica industrial. De hecho, a la localidad de Cruz del Eje, abandonada por el desguace de las líneas ferroviarias, el gobernador les prometió que volverían las industrias. En lugar de eso, construyó una prisión. Es allí donde al fragor de las luchas piqueteras en 2000, el flamante gobierno tuvo que lidiar con la cabecilla Viviana “La Negra” Avendaño, piquetera, hippie y lesbiana. Curiosamente, murió también en un siniestro vial en una ruta. De ahí que flote la posibilidad de que se haya tratado de la primera asesinada política de De la Sota.
De la soja y agroquímicos
Durante sus tres gobiernos, De la Sota jamás actualizó el valor de las parcelas rurales y, por ende, el campo pagaba el impuesto inmobiliario rural con cifras desactualizadas. Hablamos de una fórmula que venía en los primeros años de la Convertibilidad, anterior a las devaluaciones y el incremento de la divisas.
La dispersión de los agroquímicos ha sido polemizada a partir del surgimiento de distintos problemas de salud, como el caso mundialmente conocido del Barrio Ituzaingó Anexo, con la particularidad de que las víctimas son vecinas de una gran área urbana. Hoy en día se calcula que hay una veintena de localidades cordobesas que han aplicado sus propios resguardos ambientales.
La expansión sojera empujó la actividad ganadera intensiva hacia al norte, donde los desmontes están a la orden del día. Entre 1998 y 2006, Córdoba padeció la mayor tasa de deforestación de todo el país. Y de 1998 a 2002, su índice (- 2,93% anual) fue peor que la que padeció el Amazonas en Brasil.
Mientras las hectáreas de soja se expandían, De la Sota recibía 215 millones de dólares del BID con el afán de erradicar las doscientas villas de la ciudad capital. Estos fondos fueron invertidos para la creación de doce “barrios-ciudad”, construidos en la periferia de la ciudad. Hasta el día de hoy, la lejanía de esos barrios-ciudad genera complicaciones a sus habitantes en materia de servicios básicos como transporte, salud, trabajo entre otros, sin mencionar el incremento de la violencia social.
La bandera de la “Tolerancia cero”
Si la reducción de impuestos fue su principal arma, la seguridad fue su nueva jugada en la Argentina pos 2001. Bajo las movilizaciones por Axel Blumberg, en el segundo mandato de De la Sota (2003-2007) se propiciaron medidas legales y prácticas basadas en el fortalecimiento de la fuerza policial, sobre todo con la llegada del sangriento motín del penal de San Martín en 2005.
El Manhattan Institute fue la asociación encargada de otorgar los consejos necesarios bajo la filosofía de la Tolerancia cero. De allí, se lanzaría el Código de Faltas (Nro. 8.431) para la seguidilla de detenciones arbitrarias, con la finalidad de otorgar una imagen al vecino testigo de que la policía actúa como corresponde, mientras los números de estadísticas por detenciones iban creciendo, en resguardo de un mayor financiamiento a las cúpulas policiales.
Mientras De la Sota trataba de mostrarse ante el país como el gobernador que más luchó por la seguridad, los casos policiales proliferaron y su involucramiento se volvió explícito: el triple asesinato en un asalto a una pizzería del Barrio Jardín del Pilar (2004), el asesinato de Nora Dalmasso (2007) y la desaparición de Facundo Rivera Alegre (2012), entre otros.
Todos casos llevados a la Justicia, por las pruebas recolectadas por el comisario Rafael Sosa, un policía que justo obtuvo los testigos en reserva para llegar a las condenas. Años después, Sosa ascendería a titular del área Drogas Peligrosas y sería condenado por el escándalo de los narcopolicías.
Para su tercer gobierno (2011-2015), estaba convencido de que tenía que mantener su plan. Bajo las órdenes del jefe de policía Julio César Suárez, se libraron operativos de saturación o razias, donde se allanaban distintos barrios de manera simultánea, con el fin de mostrar su operatividad frente a los medios. Hoy Suárez está condenado por la justicia por haber amenazado a un periodista.
Según CORREPI, entre 1999 y 2017, en Córdoba hubo 321 casos de pibes asesinados por la policía.
La “autonomía policial” llegó al momento culmine en diciembre de 2013 –el denominado “3-4-D”– con el acuartelamiento policial por un reclamo salarial. La ausencia de policías en las calles cordobesas desencadenó una serie de saqueos a centros comerciales, que a su vez llevó a una serie de barricadas y linchamientos contra todo aquel que resultara proclive a ser un asaltante. Fue el Fear West comechingón: vecinos y vecinas a los palos y tiros.
Remando por un sueño
Fue en ese momento, en el que De la Sota veía derrumbándose su propio proyecto. Sumado a la saturación de los conflictos ambientales en la provincia, en particular con la frustrada inversión de Monsanto en Malvinas Argentinas y luego con las trágicas inundaciones en Sierras Chicas en febrero de 2015, fruto del crecimiento incontrolado de las manchas urbanas que no filtraron las aguas, el gobernador no esperaba más que concretar su mandato y avocarse sólo a las campañas presidenciales.
Por eso, reformó su gabinete en 2013-2014, permitiendo la entrada de sectores pejotistas más disimiles y jóvenes. Pero ya era demasiado tarde. Sus principales focos de votos se pasaron hacia el lado del macrismo. En particular, el sector rural concentrado, al haberse actualizado recientemente el valor de las tierras por la quita nacional de retenciones (del cual una parte se la quedaban las provincias) y el freno por la reforma de una ley provincial de bosques, resistida por organizaciones de distintos puntos de la provincia, debido a que iba a generar más desmontes. El voto férreo cordobesista terminó diluyéndose en Cambiemos.
Después de 2015, De la Sota no quería saber más nada de su tierra. Sólo quería ser presidente. Vio ante sus ojos el colapso propio de todo un modelo de ejercicio gubernamental aplicado durante veinte años. Por eso, decidió tratar de estar en la agenda nacional como empresario textil y conductor de televisión.
Como saldo, dejó una sociedad infestada de odio de clase y caída en el hiper-consumismo, a tal punto que realizó obras vistosas como la construcción de un inútil Faro Luminoso en pleno centro de la capital y la remodelación de la Cárcel del Buen Pastor en un paseo-shopping con locales comerciales de alta categoría.
De la Sota dejó estas tierras sin formar nuevas cabezas herederas. Su empecinada obsesión por la Presidencia dejó abandonada toda una tierra, quedando en el olvido su proclama por un régimen tributario justo, cuando la presión fiscal se duplicó en diez años. Donde más de la mitad de las y los jóvenes están bajo la línea de pobreza y que a su vez las dos terceras partes nacieron en este período delasotista, donde el tamaño de hogares en el Gran Córdoba es mayor que la del Gran Rosario, y casi el doble de fondos que reciben en ayuda social, develando la precariedad laboral y la desocupación reinante en estas familias.
Más que un Sarmiento, un Alberdi o un Perón, De la Sota fue el Dr. Víctor Frankenstein. En su anhelo por ensamblar piezas para generar algo con vida, construyó un monstruo que terminó destruyendo, chocando con sus propios sueños.
Resumen Latinoamericano/ 22 de septiembre 2018
El secretario de Agroindustria fue denunciado por haber beneficiado a terceros antes de que se anuncie el nuevo esquema de retenciones al agro.
La denuncia se basó en la “registración irregular llevada a cabo entre el 27 y el 31 de agosto de 2018, en el Registro respectivo, de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DIVE) de granos, oleagionosas y subproductos de los mismos con el evidente propósito de facilitar la elusión del pago de las retenciones impositivas sobre los mismos fijadas por el gobierno nacional”.
Según Parrilli, el expresidente de la Sociedad Rural permitió la evasión impositiva por parte de quienes “resultan coautores de la maniobra ilícita que se denuncia, con grave perjuicio para la administración pública en cuanto se la priva de la percepción de un impuesto nacional”.
Luis Etchevere, un funcionario en problemas
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Fuente: El Destape/ Agencias
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Envío:ResumenLatinoamericano
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