En el año 2017, el Registro Nacional de Casos de Tortura registró un total de 1.408 víctimas que permiten la individualización de 5.328 hechos de tortura y/o malos tratos penitenciarios. Además, en base a la información acumulada en los primeros 6 años, este año se propuso profundizar el relevamiento sobre determinados tipos de tortura para una mayor densidad descriptiva sobre los mecanismos extendidos de gobierno penitenciario. En lo que refiere a las cárceles federales se seleccionó el tipo “falta y/o deficiente alimentación”, en tanto en las cárceles bonaerenses se indagó acerca de la “falta o deficiente asistencia de la salud”. Asimismo, se presentan los resultados del Registro de Casos de Tortura y Malos Tratos por parte de las policías y otras fuerzas de seguridad durante el año 2017. Se registraron 971 hechos de malos tratos y/o torturas ejercidos en las instancias de aprehensión, traslado y detención en comisarías sobre 218 víctimas. La publicación de este Informe Anual 2017 confirma una vez más que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente. Este trabajo sostenido durante años de relevamiento, descripción e interpretación de las prácticas de tortura constituye una política institucional de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, que constan en Registro Nacional de Casos de Tortura, encabezado por la socióloga Alcira Daroqui. (Link con la investigación http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/2017%20Informe%20anual%20RNCT.pdf )
El Registro Nacional de Casos de Tortura, que lleva control desde 2010, detectó durante 2017 a 1.408 víctimas que sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos o ambas de parte de los agentes penitenciarios. Estas cifras son de base, se estima que los casos son muchos más.
El trabajo para el Registro se realizó en 10 unidades penales de la provincia de Buenos Aires y en seis unidades penales y una alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. También se relevaron víctimas en otras 14 cárceles federales, una alcaidía federal, seis unidades de servicios penitenciarios provinciales (Misiones, Córdoba, Santa Fe y San Juan) y tres institutos dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se relevaron víctimas en otras 23 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense y siete centros cerrados del organismo provincial de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires.
De las 1.408 víctimas la mayoría son jóvenes de entre 22 y 44 años y hombres (87,9%), mientras que las mujeres representan el 11,9% y tres detenidas trans, que equivalen al 0,2% del total.
Los investigadores identificaron 11 tipos de torturas: agresiones físicas (866 hechos), falta o deficiente asistencia de la salud (830), aislamiento (823), malas condiciones materiales de detención (772), falta o deficiente alimentación (586), amenazas (354), impedimentos de vinculación familiar y social (340), requisa personal vejatoria (325), robo y/o daño de pertenencias (188), traslados gravosos (137) y traslados constantes (107).
Las agresiones físicas se presentan nuevamente como el tipo de tortura relevado con mayor frecuencia y marcan “la persistencia de la regularidad y sistematicidad de la violencia física penitenciaria, a través de la reiteración de hechos que incluyen actos combinados de golpes de puño, patadas, palazos, y en ocasiones incluyen otras modalidades de agresión como el uso de gas pimienta o lacrimógeno, el ‘criqueo/motoneta’ o el ‘Plaf-plaf’”, explican los investigadores. La “motoneta” consiste en esposar violentamente a la persona detenida, con los brazos atrás y levantados por encima de la cabeza. Y el “plaf-plaf” son golpes simultáneos con las dos manos en ambos oídos, que provocan aturdimiento.
“Los funcionarios estatales en los servicios penitenciarios relevados, además de mantener condiciones degradantes de vida, encerrar o aislar dentro del encierro, agredir físicamente, producir hambre y desatender la salud, impiden u obstaculizan los vínculos familiares, amenazan con más actos de violencia ya concretados generando sumisión e impunidad, requisan en forma vejatoria y humillante, roban y dañan las pertenencias de las personas detenidas, las trasladan en forma gravosa y/o constante”, dice el extenso trabajo.
La violencia ocurre desde el primer momento de la detención, dentro de las comisarías, durante traslados, en alcaidías, destacamentos. Casi la mitad de los casos se registraron en los grandes complejos penitenciarios del Área Metropolitana: Ezeiza (55%), Marcos Paz (30%) y Devoto (15%).
De acuerdo al protocolo de Estambul, la denuncia penal sobre torturas debe hacerse solo por pedido expreso de la víctima detenida. De ese modo, durante 2017 se registraron apenas 198 denuncias. El por qué de este silencio lo explica Alcira Daroqui: “Denuncian muy poco por dos motivos: porque el ámbito judicial no hace nada, otorga impunidad, y por miedo a que el Servicio Penitenciario los mate o los trasladen o los tiren a otro pabellón donde los maten otros presos. Con eso los asustan, los acallan. Y así y todo se producen algunas denuncias interesantes porque permiten demostrar cómo el Poder Judicial prácticamente archiva o esconde estos casos”.
La condena a los prefectos torturadores es un duro revés para los planes de Bullrich
Resumen Latinoamericano/ 22 de septiembre 2018
Por Rosa D’Alesio
Este viernes fueron condenados seis prefectos por las torturas sufridas por dos jóvenes de La Poderosa. Se trata del primer juicio contra los uniformados dirigidos por Patricia Bullrich.
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, la diputada porteña Myriam Bregman (PTS-FIT), Alejandrina Barry, hija de desaparecidos e integrante del CeProDH, y Juan Grabois, dirigente de la CTEP, acompañaron a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya (víctimas de los prefectos) y a los militantes de La Poderosa en el día que se leyó la sentencia a los uniformados.
A fuera del Tribunal todos festejaron. Es que se trata de una sentencia histórica en la era de Patricia Bullrich, porque en esta oportunidad la ministra de Seguridad no logró la impunidad para miembros de una de las fuerzas que dirige. En junio de este año, a un mes de iniciado el juicio, esa misma fuerza de seguridad realizó una razzia, en la villa 21-24 y baleó la casa de Iván Navarro.
La ministra, tratando de defender a los prefectos, realizó una conferencia de prensa para “desenmascarar la mentira de La Garganta Poderosa sobre la acusación a la Prefectura por los hechos en la Villa 21-24”, donde aseguró que la organización social sostiene una “mentira”. “La mentira y el relato tienen que frenar”, agregó, y acusó a La Poderosas de querer que “se meta el narcotráfico y la venta de estupefaciente esté liberada”. Esto ocurría en la misma semana en la que se logró identificar al prefecto del Grupo Albatros que disparó contra Rafael Nahuel, asesinado el 25 de noviembre en Bariloche.
Los seis prefectos condenados por torturar a Iván y Ezequiel, militantes de La Poderosa son Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez y Osvaldo Alberto Ertel, a 10 años y seis meses de prisión; y Eduardo Sandoval, Ramón Falcón y Yamil Marsilli, a 8 años y 11 meses. Uno de los abogados defensores, para negar que los jóvenes fueron torturados por los prefectos, en una de las audiencias sacó un ejemplar del libro Nunca Más y dijo “torturas fueron las de ese momento, estas no”.
La Poderosa junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la abogada Gabriela Carpinetti y el abogado Nahuel Berguier representaron legalmente a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, quienes el 24 de septiembre de 2016 miembros de las Fuerzas de Seguridad los torturaron, cuando volvían a sus casas. Iván y Ezequiel viven en la villa Zavaleta e integran el colectivo La Garganta Poderosa.
El CELS a través de un comunicado indicó que “el proceso judicial que concluyó este viernes mostró las prácticas policiales de hostigamiento y humillaciones que sufren cotidianamente los jóvenes de la Villa 21-24 y de Zavaleta, y que en algunos casos llega a situaciones extremas como las torturas que sufrieron Iván y Ezequiel”.
Además, desde el CELS, denunciaron que sigue impune el crimen de Christopher Rego de 26 años, asesinado el mes pasado por prefectos, a 300 metros de la entrada de la villa 21-24.
Dos años antes
El 24 de septiembre de 2016 miembros de las Fuerzas de Seguridad torturaron a Iván y a Ezequiel, militantes de La Poderosa.
Cuando ocurrieron los hechos, Ezequiel tenía 15 años e Iván 18. Esa noche Ezequiel volvía a su casa ubicada en la Villa 21-24 de Barracas, cuando miembros de la Policía Federal lo detienen, le piden identificación. Lo insultan, lo golpean. Iván, amigo de Ezequiel, se acerca para averiguar qué ocurría y también es detenido y golpeado. Los Federales, no conforme con esto, llaman a “colegas” de otra fuerza: Prefectura Naval. Estos uniformados cargan a los jóvenes en dos móviles, los llevan a su garita y los golpes e insultos se multiplican.
Los esposan, encapuchan y trasladan a los jóvenes hasta un descampado lleno de basura. Arrojan a Iván y Ezequiel a ese basural, los amenazan con tirarlos al Riachuelo (como ocurrió con Ezequiel Demonty, quien murió ahogado tras ser arrojado por policías federales en 2002).
Simularon fusilarlos por separado, les roban celulares, ropas y cadenitas. Los liberan a condición de que corran porque si los volvían a capturar, los matan.
Luego de la sentencia
Un acto improvisado por la emoción de quienes luchan contra la impunidad de los represores, quienes día a día denuncian que los jóvenes de los sectores populares son hostigados por las fuerzas represivas armadas por el Estado.
Porque además esta sentencia hay que contextualizarla. Este fallo merece ser llamado histórico porque desde el Gobierno de Cambiemos se ha promovido a la represión, incluso se ha elevado a política de Estado la ejecución sumaria, conocida popularmente como la “doctrina Chocobar”. Donde además los crímenes de Estado cometido contra Santiago Maldonado y luego contra Rafael Nahuel, fueron encubierto y justificado por el presidente Macri y la ministra Bullrich.
Por eso, afuera del Tribunal, este viernes Nora Cortiñas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que la movilización de la juventud puede lograr estos fallos.
Por la Garganta Poderosa
“Con la condena a los seis prefectos me siento mucho más tranquilo, porque hoy empieza a borrarse un nudo en la panza que llevo desde hace dos años. Ojalá que este fallo influya en el barrio para que las Fuerzas de Seguridad se den cuenta de que a los pibes de las villas sí nos reclaman. Y que no tienen que pisotearnos, Nunca Más”, Iván Navarro, torturado junto a su amigo Ezequiel por la Prefectura Naval, el 24 de septiembre de 2016.
#FueTortura
CUANDO EL PUEBLO CLAMA JUSTICIA
#FueTortura
Fotos: EMERGENTES
Fuente: La Izquierda Diario/ La Garganta Poderosa/ EMERGENTES/ Agencias
Casación revocó los sobreseimientos de comunicadorxs, ¿y ahora de qué nos disfrazamos?
Fernando Tebele /*Resumen Latinoamericano / 21 de septiembre de 2018.
La movilización del 1 de septiembre de 2017, a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, culminó en la CABA con 31 personas detenidas. Entre ellas, varias desarrollaban tareas comunicacionales y puntualmente dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que transmitían en vivo a través del Facebook de la RNMA. Ahora, Casación dio marcha atrás con los sobreseimientos -tras el pedido del Fiscal Moldes, que dijo que estaban disfrazados de periodistas- y ordenó seguir investigando a la gente que hacía cobertura de la represión ese día. En el programa radial La Retaguardia, lo explicó María del Carmen Verdú, integrante de Correpi, en diálogo con Fernando Tebele. (Por La Retaguardia)
Foto: convocatoria “comunicar no es intimidar” de la RNMA
Foto: convocatoria “comunicar no es intimidar” de la RNMA
“El año pasado, el 4 de septiembre a las cuatro de la mañana estábamos bajo la lluvia esperando la soltura de los compañeros y compañeras. El fallo de Casación se originó en el recurso que metió el fiscal Germán Moldes en diciembre. Allí decía que quienes nosotros argumentamos que son trabajadores y trabajadoras de prensa: Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone (ambos de la RNMA); Carlos Ardila Guerra, fotógrafo profesional de ATE y alumna de la UNA; y Paola Barriga Montero, también estudiante avanzada de la UNA y fotógrafa de un centro cultural feminista, Marcelina Meneses, según Moldes no eran fotógrafos, sino que estaban disfrazados, como podrían haber ido disfrazados de Pierrot, Colombina o El Zorro. Por eso, este año, cuando tuvimos la audiencia ante la Cámara que fue en la víspera del día del Periodista, hicimos aquel carnaval veneciano en Comodoro Py con todos los disfraces”, recordó Verdú. “A partir de allí, nos encontramos con una resolución con votos divididos. Nos tocó la Sala III, por un lado el juez Mahiques que viene de Mercedes, que dijo que el fallo de la Cámara Federal que sobreseyó a estas cuatro personas es impecable. Además, consideró que no hay ningún elemento de prueba que permita decir que estaban haciendo otra cosa más que su trabajo. En el caso de los otros dos, Liliana Catucci y Eduardo Riggi -el que se suponía que iba a recibir la coima de 50 mil dólares que quería pagar Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra-, dijeron que para sobreseer hace falta certeza negativa”, explicó la abogada y citó textual: “‘Tiene que haber una certeza apodíctica’, escribió Riggi, y acá todavía quedan dudas de si estas personas se pelearon con un policía, le pegaron, lo insultaron. Por supuesto que cuando fueron detenidos los compañeros, menos lindos, les dijeron de todo. Pero eso era porque estaban siendo arbitrariamente detenidos e impedidos de desarrollar su tarea, estaban transmitiendo en streaming live, por el Facebook de la Red de Medios. Está el video para quien lo quiera ver, se ve que están con el chaleco de prensa, que uno está haciendo las imágenes y el otro actúa como ayudante de cámara guiándolo, como corresponde en un equipo de dos que graba en esas circunstancias”. “Entonces, apelando nuevamente a esta idea de la intimidación pública y de crear un pánico colectivo, revocaron el sobreseimiento y ahora estamos con ellos cuatro en una especie de limbo porque la causa tiene que volver a la Cámara y ésta debe decir qué hace. Volvemos a la situación inicial, cuando estaban procesados por obra y gracia de nuestro viejo conocido don Marcelo Martínez de Giorgi. El mismo de Antena Negra TV y de la causa de Tiempo Argentino”, recordó. “Ahora tendremos que esperar que la Cámara resuelva, entendemos que lo lógico es que dicten una falta de mérito como con el resto de los detenidos y detenidos. Naturalmente, apenas la causa vuelva a primera instancia empezaremos a aportar la segunda tanda de pruebas que teníamos en la manga que son los testigos. En el momento en que Medo y Juan fueron detenidos había otros compañeros de la RNMA que estaban presentes, que son quienes avisaron lo que sucedía”, describió Verdú.
El mensaje es claro
El mensaje es claro
“Afortunadamente, logramos mantener el sobreseimiento en el caso de Carlos (Ardila Guerra) porque era demasiado grotesco. La versión de Moldes era que se lo veía en una actitud hostil contra el personal policial en una foto. La foto ha circulado por todas las redes, está agregada al expediente: Carlos está trepado a una valla, como hacen habitualmente los reporteros gráficos, y está apuntando a los policías con el objetivo de la cámara. La actitud hostil es que estaba sacando una foto.
El mensaje es claro. Si a quien saca una foto, a quien graba un video, a quien transmite en vivo lo que está ocurriendo en la calle le puede pasar esto, imaginate lo que le ocurre al que va a protestar”, enfatizó la abogada de CORREPI. “Por allí pasa el disciplinamiento, por allí pasa este estado de excepción del que venimos hablando desde la desaparición forzada y muerte de Santiago, luego el fusilamiento de Rafael Nahuel, la doctrina Chocobar y hoy el secuestro y la tortura de una docente de Moreno que junto con sus compañeras y compañeros vienen paliando el hambre de los pibes de las barriadas pobres armando ollas populares porque las escuelas están cerradas después del estallido en el que murieron Sandra y Rubén por el mal estado de la instalación de gas. A Corina (de Bonis) la secuestraron, le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza, le escribieron con un clavo en la panza ‘ollas no'”, enumeró. “La compañera está bien, afortunadamente, con todo el espíritu y toda la fuerza para seguir la pelea para adelante. También consideremos la noticia de que detuvieron a un compañero del PSTU por la causa del 18 de diciembre, en la que todavía se mantiene la captura internacional de Sebastián Romero -el de la cañita voladora-. En este caso, detienen por orden del juez federal Sergio Torres a Daniel Ruiz, un dirigente del gremio de petroleros de la misma agrupación política de Sebastián Romero. Por esta causa también estuvieron detenidos los compañeros del Partido Obrero, Dimas Ponce y César Arakaki”, agregó Verdú. “Ese es el escenario que tenemos. En las movilizaciones los principales medios titulan ‘caos de tránsito’, Crónica sacó una placa diciendo ‘no salga de su casa’, cuando justamente la exhortación es: ¡A las calles! Esto es el resultado directo de la política del FMI y de Macri”, denunció.
¿A las calles o a las urnas?
El mensaje es claro. Si a quien saca una foto, a quien graba un video, a quien transmite en vivo lo que está ocurriendo en la calle le puede pasar esto, imaginate lo que le ocurre al que va a protestar”, enfatizó la abogada de CORREPI. “Por allí pasa el disciplinamiento, por allí pasa este estado de excepción del que venimos hablando desde la desaparición forzada y muerte de Santiago, luego el fusilamiento de Rafael Nahuel, la doctrina Chocobar y hoy el secuestro y la tortura de una docente de Moreno que junto con sus compañeras y compañeros vienen paliando el hambre de los pibes de las barriadas pobres armando ollas populares porque las escuelas están cerradas después del estallido en el que murieron Sandra y Rubén por el mal estado de la instalación de gas. A Corina (de Bonis) la secuestraron, le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza, le escribieron con un clavo en la panza ‘ollas no'”, enumeró. “La compañera está bien, afortunadamente, con todo el espíritu y toda la fuerza para seguir la pelea para adelante. También consideremos la noticia de que detuvieron a un compañero del PSTU por la causa del 18 de diciembre, en la que todavía se mantiene la captura internacional de Sebastián Romero -el de la cañita voladora-. En este caso, detienen por orden del juez federal Sergio Torres a Daniel Ruiz, un dirigente del gremio de petroleros de la misma agrupación política de Sebastián Romero. Por esta causa también estuvieron detenidos los compañeros del Partido Obrero, Dimas Ponce y César Arakaki”, agregó Verdú. “Ese es el escenario que tenemos. En las movilizaciones los principales medios titulan ‘caos de tránsito’, Crónica sacó una placa diciendo ‘no salga de su casa’, cuando justamente la exhortación es: ¡A las calles! Esto es el resultado directo de la política del FMI y de Macri”, denunció.
¿A las calles o a las urnas?
“Claramente no todo el mundo está tomando real consciencia o pensando en las herramientas que hay que desarrollar desde el campo del pueblo trabajador para defendernos en una etapa tan excepcional y tan dura como la que estamos atravesando. Es cierto que hay un sector de lo que muy ampliamente podríamos denominar como campo popular que tiene la actitud de retraerse y esperar a 2019. A mí lo que me preocupa y me motiva es el otro lado. Era un orgullo ver a los compañeros y compañeras del FOL, de todas las organizaciones de carácter territorial, el Frente Popular Darío Santillán, etcétera, con más de cien ollas populares en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y otros lugares del país”, contó. “Plantearon la situación concreta de los cooperativistas, de los trabajadores de la economía popular y de los desempleados. Simultáneamente se dio la inmensa movilización de los estatales, en la que el Vasco Izurieta explicó cuál es la situación hoy para los laburantes cuyo trabajo es garantizar los derechos de todos los demás. Eso ocurre con los trabajadores del ex ministerio de Trabajo, de Salud, Educación, etcétera. Nos enteramos de este decreto del gobierno nacional que con el recorte que hace en salud, en ciencia y tecnología, en educación, en niñez, aumenta exponencialmente el presupuesto del ministerio de Seguridad para reprimir. Si en ese escenario, vos tenés que sentarte a discutir si hay que salir a la calle, algo te está fallando en el razonamiento”, aseguró Verdú.
Evangelistas intentarán impedir el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew
Resumen Latinoamericano/ 22 de septiembre 2018
Por ANRed/
El Consejo de Pastores de Iglesias Evangélicas de Trelew (Copiet) le entregará hoy una nota al intendente Adrián Maderna para que se suspenda el Encuentro Nacional de Mujeres previsto para octubre. Esta misma organización evangélica organizó las marchas autodenominadas “Pro-vida” en la ciudad sureña durante los meses que duró el debate parlamentario sobre la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE). En julio de este año, el pastor evangélico Chash Luna visitó la ciudad para realizar una actividad religiosa y en esa oportunidad fue recibido por el intendente Maderna en su despacho junto a otros concejales, otorgándole a tal actividad el rótulo de “interés municipal”. Por otro lado, la Comisión organizadora del 33° Encuentro Nacional de Mujeres denunció mediante un comunicado la falta de apoyo de la intendencia en cumplir con los acuerdos para llevar adelante el evento que será multitudinario.
El Consejo de Pastores de Iglesias Evangélicas de Trelew (Copiet) le entregará hoy una nota al intendente Adrián Maderna para que se suspenda el Encuentro Nacional de Mujeres previsto para octubre. Según informo el medio El Chubut, la carta cuenta con el aval de 2.000 firmas de cristianos, evangélicos, católicos y comunidad en general. Entre las explicaciones indican que esta postura se debe a “los hechos de violencia que se suscitan después de cada encuentro anual que como referencia se resaltan en las diferentes provincias. Como destrozos de los bienes, espacios públicos e instituciones religiosas”. Además, añade las agresiones físicas al género masculino, fuerzas de seguridad, cuidadores de edificios y “acciones inmorales como desnudarse públicamente, entre otras agresiones de diferente índole”.
Cabe destacar que esta misma organización evangélica organizó las marchas autodenominadas “Pro-Vida” en la ciudad de Trelew durante el debate parlamentanrio por el proyecto IVE.
El intentendente de la ciudad Adrián Maderna, en el mes de julio recibió en su despacho a Carlos Enrique Luna Arango, más conocido como Cash Luna, pastor Evangélico neo-pentecostal, fundador del Ministerio Casa de Dios, cuya sede principal se encuentra en Guatemala. En esa oportunidad se realizó una actividad que contó con el apoyo de la intendencia que nombró al evento religioso de “Interés municipal”. En ese entonces el intendente Maderna en diálogo con el Diario Jornada dijo “para nosotros, como ciudad es un honor que haya aceptado la invitación y que se pueda llevar adelante esta actividad que dura dos días. Es importantísimo para la ciudad” agregó “hemos trabajado muy fuerte con gastronómicos y hoteleros para las promociones. La ocupación, está cerca del 45%. Es un evento que congregará muchas personas.Se trabajará desde Tránsito hasta la Agencia de Seguridad Vial. Esperemos que no sea la última visita. Cuando es la palabra de Dios, siempre es bienvenido”.
Días atrás, la Comisión organizadora del 33° Encuentro Nacional de mujeres, mediante un comunicado denunció la falta de apoyo de la intendencia en la organización del evento que será multitudinario, exponiendo que no se cumplen los acuerdos básicos para garantizar el bienestar de todas las mujeres y feminidades disidentes que se congregarán en la ciudad a desarrollar el histórico encuentro.
Resumen Latinoamericano, 21 septiembre 2018
La situación del país, gobernado por el FMI y un presidente títere del imperio ha llevado al estudiantado a expresar su bronca en las movilizaciones y también en las calles con carteles que aluden al momento.
Envío:ResumenLatinoamericano
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