11 de enero de 2019

Los organismos de derechos humanos frente a la acusación de la ministra Bullrich,

10 de enero de 2019 
Los organismos de derechos humanos frente a la acusación de la ministra Bullrich 
“Una afirmación deliberadamente falsa” 
La ministra de Seguridad acusó a los organismos de no defender a los policías muertos ni a las víctimas. Desde el CELS, advirtieron sobre el peligro que representa usar la inseguridad como estrategia de campaña.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volcada de lleno a la campaña electoral. 

Imagen: NA
Volcada de lleno a la campaña electoral, la ministra Patricia Bullrich buscó generar una antinomia con los organismos de derechos humanos al afirmar que “nunca se ponen de lado del policía asesinado ni de la víctima”. La afirmación es “deliberadamente falsa e incorrecta”, advirtió el director del CELS, Gastón Chillier, quien recordó los históricos cuestionamientos del organismo a la ley de personal policial que los obliga a actuar aún cuando están fuera de servicio, situación en la que se produce la mayor cantidad de muertes policiales. “¿Qué autoridad tiene Bullrich para hablar sobre cómo comportarse ante una muerte cuando promueve el ‘mate primero y averigüe después’?”, se preguntó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien recordó que “para nosotros el principal derecho humano a proteger es el derecho a la vida, siempre”.
–¿Hay posibilidad, como dicen organismos de Derechos Humanos, que (las pistolas Taser) sean usadas para torturar? -le preguntó Clarín.
–Los organismos de derechos humanos nunca se ponen del lado del policía asesinado, ni de la víctima. Por eso la opinión que tienen de la Taser es poco consistente. Es un arma no letal, que siempre debe ser usada con cuidado. Pero si quieren que no haya Policía y que cada uno se defienda como pueda, deben decirlo claramente– fue la respuesta de la ministra.
“Las Taser son un arma de tortura. Le preguntan a Bullrich si ‘como dicen los organismos de derechos humanos’ las Taser pueden ser usadas para torturar. En lugar de responder que no y que respeta los derechos humanos, ataca a los organismos”, advirtió H.I.J.O.S. Capital desde Twitter. “Esa afirmación es una estupidez, una ofensa más a los organismos que hay que tomar como de quien viene. Tengamos presente que su jefe, el presidente Macri, a poco de asumir habló del ‘curro de los derechos humanos’”, recordó Almeida ante la consulta de PáginaI12. “Para nosotros el principal derecho humano a proteger es el derecho a la vida, siempre. ¿Qué autoridad tiene Bullrich para hablar sobre cómo comportarse ante una muerte cuando promueve el ‘mate primero y averigüe después’? ¿Qué ha hecho ella ante las muertes de Santiago Maldonado y de todos los muertos por la policía?”, se preguntó.
“Es evidente y burda la estrategia de campaña de intentar generar una antinomia con los organismos, y como estrategia me parece peligrosa”, señaló Chillier, quien consideró “deliberadamente falsa e incorrecta” la afirmación sobre la actitud ante las muertes de policías. “En el CELS nos manifestamos históricamente en contra de una regulación que genera la mayor cantidad de muertes de policías al obligarlos a actuar aún cuando están de franco. En 2018, 20 de los 28 policías que murieron estaban fuera de servicio y actuaron porque si no lo hacen son sancionados. Aunque hayan trabajado quince horas y estén con su familia en una plaza, sin chaleco antibalas, esa regulación los obliga a actuar. El CELS hace más de veinte años que viene luchando contra esa regulación que no sólo pone en riesgo la integridad física y la vida de los policías sino que afecta también las condiciones laborales, ya que nadie trabaja turnos de 24 horas”, destacó.
Un segundo aspecto que resaltó Chillier pasa por los riesgos para la sociedad, incluidos los policías, del discurso de “mano dura” y su materialización en el protocolo sobre uso de armas de fuego. “El CELS es crítico de un protocolo que promueve al abuso de la fuerza, con lo cual genera una escalada en el uso de armas que implica poner en riesgo la integridad física y la vida de todas las personas: de quien eventualmente delinquió y debe ser juzgado, de terceros que muchas veces mueren en contextos de enfrentamientos, y de los propios agentes de las fuerzas”, explicó. Si desde el Estado se fomenta la idea de que el policía está habilitado para matar “se genera una escalada de violencia porque quien va a delinquir sabe que va a matar o morir”, advirtió.
Chillier calificó como “absolutamente irresponsables” las declaraciones de Bullrich y consideró que “no debería jugar con el miedo y la demanda legítima de seguridad, porque es jugar con fuego”. “Bullrich y la clase política deberían mirar de reojo lo que ocurre en Brasil, ver lo que pasa cuando irresponsablemente se azuzan los miedos, cómo se terminan legitimando plataformas políticas de negación de derechos”, advirtió. Por último, contextualizó la afirmación de la ministra en el fracaso de las políticas oficiales. “Ante la imposibilidad de poder dar una buena noticia en términos económicos y sociales, es bastante claro que sólo les queda enarbolar el discurso del orden y la mano dura, y es muy peligroso”, alertó. 
Fuente:Pagina12

"Este proyecto retrotrae al modo que ya probó la Dictadura" 
Publicado el 10-01-2019 
La senadora Norma Durango se opone al proyeto de bajar la edad de imputabilidad de menores. “Lo qué hay que bajar es la inflación, los índices de pobreza, hay que bajar la deserción escolar y el desempleo”, aseguró.
La senadora Norma Durango aseguró que el proyecto que impulsa el Gobierno Nacional de bajar la edad de imputabilidad “persigue el objetivo primordial de profundizar políticas de castigo sobre las y los jóvenes”. 
“Creo que esto es una idea de campaña, no es casual en el 2017 y antes en 2015 el tema tomó protagonismo, y fue cercano a un hecho que involucraba a menores. Se confunde a la ciudadanía haciéndole creer que una reforma en la legislación será aplicada a jóvenes que cometieron delitos que tuvieron difusión mediática nacional el ultimo tiempo, lo cual es falso, porque las leyes penales no son retroactivas”, afirmó la senadora pampeana.
Agregó que “cuesta mucho creer que tenga buenas intenciones. Consideró que el objetivo primordial que persigue el proyecto es profundizar políticas de castigo sobre las y los jóvenes”.
Durango hizo hincapié en que “esta no es una medida dirigida a la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, y tampoco resolverá los problemas de inseguridad. Lo qué hay que bajar es la inflación, los índices de pobreza, hay que bajar la deserción escolar y el desempleo. Creo que se equivocan en el diagnóstico quienes creen que estigmatizando a la juventud van a lograr algo. Lo que hay que hacer es trabajar por la inclusión social, cultural deportiva y sobre todo educativa de las niñas niños y adolescentes en la Argentina, en definitiva lo que hay que hacer es trabajar en la prevención, con políticas públicas integrales para evitar que nuestros jóvenes delincan, nos quieren hacer creer que hay pibes que nacen chorros y eso no es así, y el Estado debe garantizar el desarrollo integral de este colectivo”.
Como se informó el Gobierno Nacional tiene redactado el proyecto que dispone la baja de la edad de imputabilidad penal a 15 años y que busca que se apruebe en el mes de febrero, en sesiones extraordinarias.
“Lo dije desde siempre me opongo a la baja de la edad de imputabilidad. Conozco y acuerdo con la opinión del Comité de los Derechos del niño, de la ONU, conozco y acuerdo con lo que opina UNICEF y la mayoría de las ONG que respetan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Está comprobado por la experiencia de muchos países, que bajar la edad no trae mayores niveles de seguridad, y si bien hay que discutir un Régimen Penal Juvenil, hay que hacerlo en el marco del respeto a los derechos de este colectivo”, dijo Durango.
La senadora había opinado hace unos días que “las y los adolescentes tienen que estar en la escuela, no en la cárcel y deben tener la certeza de que cuando terminen el ciclo escolar tendrán la opción de estudiar una carrera superior o trabajar dignamente”.
Reiteró que “la verdad que tengo dudas al respecto. Me parece hasta inconstitucional en parte este proyecto, dado que bajar la edad de imputabilidad sería regresivo y gravísimo. En el Derecho Internacional de Derechos Humanos existe el principio de no regresividad y de progresividad, esto quiere decir que está prohibido regresar a instancias anteriores con un derecho determinado. Yo no soy abogada pero tengo claro que en materia de derechos humanos y derechos conquistados sólo se debe avanzar, nunca retroceder. En este sentido voy a recordar un dato muy interesante que es gráfico, el Código Penal, sancionado en 1921, establecía la edad de punibilidad en 14 años. Y en el año 1954 durante el gobierno peronista, se estableció en 16 la edad, en el marco de una clara política diseñada para proteger la infancia y la adolescencia, y cuando llegó la dictadura, derogó parcialmente esa legislación y llevó la edad de punibilidad a 14 años. Ideológicamente es clara la posición que tengo y me parece que como peronista y como militante de los derechos humanos y en este caso como titular de la Comisión Bicameral de NNyA no puedo menos que señalar que este proyecto retrotrae al modo que ya probó la Dictadura en Argentina”.
La senadora recordó que “el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones a la Argentina en junio del 2018 recomendó que se ‘apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal’. No se trata de sumar más leyes, hay que cumplir las que ya existen, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) y todos los tratados internacionales de derechos humanos establecen los derechos con los que cuenta cada niño y cada niña, pero miles no tienen las condiciones básicas de existencia, ni alimentación y educación adecuadas”.
Para finalizar, señaló que “no nos olvidemos de lo que todos sabemos es una realidad, que el hilo no se corte por lo más delgado, siempre detrás de un adolescente que delinque hay una situación de miseria, abandono y/o violencia, y muchas veces grupos criminales organizados, adultos que los usan”.
Fuente:ElDiariodelaPampa

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