Las claves del decreto de necesidad y urgencia que el presidente Mauricio Macrio anunció este lunes incluyen las negociaciones por la designación del nuevo Procurador General. Los plazos y la urgencia política para correr la discusión pública de la dificultosa marcha de la economía.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó este lunes el presidente Mauricio Macri para aplicar la fallida ley de extinción de dominio fue publicado este martes en el Boletín Oficial y abre un escarpado camino para el Gobierno hasta obtener la aprobación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso. La decisión ocurre en el arranque de un año electoral signado por la recesión económica y establece mediante una decisión ejecutiva del Presidente una serie de mecanismos legales que no pasaron por el Congreso, luego de un largo debate durante el año pasado. En la Casa Rosada aseguran que la negociación para evitar que el decreto no sea anulado, se cruzará con la postergada designación del nuevo Procurador General, un cargo que ocupó Alejandra Gils Carbó hasta hace un año.
El texto, que lleva el número 62/2019, tiene vigencia desde hoy y también busca contener una exigencia de la diputada nacional y jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para aplicar por decreto la norma que no prosperó en el Congreso. En el apuro para hacerlo, dentro del Gobierno aguardan una serie de complicaciones, especialmente vinculadas a otro punto postergado en el Poder Legislativo, como el nombramiento del nuevo titular del Ministerio Público Fiscal, que fue encabezado hasta el 30 de octubre de 2017 por Gils Carbó. Desde entonces está en manos del Procurador Interino, Alejandro Casal.
El nuevo reemplazante es propuesto por el Presidente con acuerdo del Senado. El año pasado el Ejecutivo propuso a Inés Weinberg de Roca, actual integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño, pero su pliego todavía no fue aprobado en la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. En la Casa Rosada dan por sentado que esa demora será un obstáculo decisivo para lograr que la Bicameral de Trámite Legislativo apruebe el DNU publicado este martes. No se trata solamente de la profundidad del texto, que reforma el Código Civil, la Ley de Concursos y Quiebras y crea un nuevo régimen procesal civil para la recuperación de bienes provenientes de una decena de actividades ilícitas enumeradas en la norma. También crea una “Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN)” dentro del Ministerio Público Fiscal, que tiene un plazo de 60 días para realizar un informe sobre todas las causas penales en curso vinculadas a los delitos que menciona el decreto.
Esta pieza le atribuye una serie de nuevas funciones a los fiscales y puede ser aplicada bajo el interinato de Casal, pero en el Ministerio de Justicia aguardan que la oposición, y especialmente el PJ Federal, que conduce Miguel Angel Pichetto, reclame nombrar al nuevo Procurador antes de habilitar la vigencia plena del DNU.
“Hasta que se lleve adelante va a llevar un tiempo”, explicaron en la cartera que conduce Germán Garavano, aunque ese lapso será explotado públicamente por el Gobierno para profundizar el eje “anticorrupción”, que será “clave” en la campaña proselitista del presidente Macri encabezará por su reelección en los comicios de octubre próximo. La instalación pública del tema sería utilizado por los legisladores de Cambiemos dentro de ambas Cámaras para señalar a los bloques que se nieguen a aprobar el DNU. Sin embargo la demora en el Senado por la designación del nuevo Procurador es una deuda alimentada por el Ejecutivo, que no logra las adhesiones suficientes para su candidata, mientras mantiene un vínculo cada vez más estrecho con Casal en la conducción política del MPF, una ventaja que redujo la urgencia inicial que exhibió Macri luego de presionar a Gils Carbó por dos años, y con todo tipo de recursos, para que presentara su renuncia.
QUE DICE EL DNU. La carrera de obstáculos que deberá sortear el nuevo texto también incluye los cuestionamientos de distintos constitucionalistas, respecto a las potestades que se arroga sobre derechos básicos, pero que le otorga al Ejecutivo un amplio margen de acción en materia civil para intentar la recuperación de bienes provenientes de distintos delitos, que prescriben “a los 20 años”. Con un plazo que “comienza a computarse desde la fecha de ingreso del bien al patrimonio” involucrado. Si ese dato no es obtenido, “se tomara la fecha de presunta comisión del delito investigado”, según detalla el “Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio”, que figura en el anexo del DNU publicado este martes,
QUE DICE EL DNU. La carrera de obstáculos que deberá sortear el nuevo texto también incluye los cuestionamientos de distintos constitucionalistas, respecto a las potestades que se arroga sobre derechos básicos, pero que le otorga al Ejecutivo un amplio margen de acción en materia civil para intentar la recuperación de bienes provenientes de distintos delitos, que prescriben “a los 20 años”. Con un plazo que “comienza a computarse desde la fecha de ingreso del bien al patrimonio” involucrado. Si ese dato no es obtenido, “se tomara la fecha de presunta comisión del delito investigado”, según detalla el “Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio”, que figura en el anexo del DNU publicado este martes,
El régimen es paralelo a la vía penal sobre los bienes sospechados y la nueva Procuraduría “será la encargada de llevar adelante las investigaciones patrimoniales, podrá solicitar a los fiscales penales que pidan embargos y, junto con los fiscales civiles deberá presentar las demandas e impulsar las acciones”. También tendrá atribuciones para “requerir información de todas las áreas del Estado Nacional así como entidades públicas y privadas, las cuales no se pueden negar. El secreto fiscal, bancario bursátil se encuentra resguardado y podrá ser levantado por un juez a petición del MPF”.
Respecto a los bienes incautables, el texto habla de “todo bien que por no corresponder a los ingresos de su tenedor, poseedor, titular o representar un incremento patrimonial injustificado, hagan presumir su origen directo o indirectamente de los delitos enunciados”. Esa definición incluye a “todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria”.
La lista agrega a aquellos productos de la “transformación o conversión parcial o total, física o jurídica de los bienes antes mencionados” y “los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados”.
Los delitos en los que será aplicable el régimen de extinción son los vinculados a la ley de estupefacientes. También incluye el contrabando de drogas, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, corrupción de menores, proxenetismo, distribución de pornografía infantil, trata de personas y secuestro extorsivo.
La aplicación se extiende al fraude contra la administración pública de un funcionario, cohecho y malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones Ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, prevaricato, encubrimiento, presentación de balances e informes falsos agravados, delitos contra el orden económico y financiero y la asociación ilícita “siempre y cuando los delitos endilgados a la misma sean los antes enumerados”.
Respecto a la restitución de los bienes quitados en caso de sobreseimiento o absolución “en sede penal del demandado, fundados en inexistencia del hecho investigado o que en el mismo no encuadra en figura legal alguna, el Estado Nacional estará obligado a restituir los bienes o, de resultar imposible, un valor equivalente en dinero”.
Los bienes que eventualmente sean traspasados por la Justicia Civil al Estado, quedarán a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que conduce Ramón Lanús, bajo la órbita directa del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Los títulos negociables en manos de la ANSeS, cuyo director es Emilio Basavilbaso.Los bienes que eventualmente sean traspasados por la Justicia Civil al Estado, quedarán a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que conduce Ramón Lanús, bajo la órbita directa del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Los títulos negociables en manos de la ANSeS, cuyo director es Emilio Basavilbaso.
La oposición rechazó el decreto por inconstitucional y reclamó la intervención del Congreso
El Frente para la Victoria (FpV), el PJ Federal y el FIT rechazaron el anuncio de Mauricio Macri de habilitar por decreto la ley de Extinción de Dominio y advirtieron que el DNU es anticonstitucional. La iniciativa fue rechazada en el Congreso durante 2018.
La oposición presentó su rechazo total al decreto de necesidad y urgencia que anunció el presidente Macri y que busca establecer la ley de Extinción de Dominio.
Apenas se conoció el anuncio, el bloque de diputadas y diputados nacionales del FPV-PJ publicó con un fuerte comunicado. “Una vez más, el Ejecutivo Nacional demuestra su autoritarismo, dándole la espalda al Congreso Nacional cuando no acciona de acuerdo a sus deseos”, expresa. “El DNU de extinción de dominio es inconstitucional, más un acto de campaña que de gobierno, ya que los DNU están vedados para materia penal. Por eso, lo anunciado por Mauricio Macri involucra directamente cuestiones penales”.
Y continúa, “curiosamente, en el día que el FMI anuncia mayor contracción económica para la Argentina, el Gobierno de Cambiemos intenta tapar una nueva mala noticia con un mamarracho que viola la Constitución Nacional. Por último, apelamos a que el Ejecutivo Nacional sea verdadero ejemplo de transparencia, sin funcionarios con cuentas en paraísos fiscales (Offshore), sin beneficiar con políticas de Estado a amigos empresarios, sin endeudar por décadas a todos los argentinos y poniendo en la Oficina Anticorrupción a un opuesto político y no a una amiga, por nombrar algunos hechos repudiables. Corrupción es también generar desigualdad, beneficiando a unos pocos y perjudicando a una mayoría, hecho que viene llevando adelante Cambiemos desde su asunción”.
Por su parte, Myriam Bregman del Frente de Izquierda de los trabajadores, expresó. “Además de la medida demagógica de ‘extinción de dominio’ que está anunciando Macri (porque ya existen medidas para recuperar bienes de origen ilegal), hay que mirar muy bien el texto del proyecto porque lo que se trató oportunamente en el Congreso era inconstitucional”.
También Juan Grabois, referente de la CTEP, afirmó, “la corrupción hay que combatirla. La de ayer y hoy, con una perspectiva de futuro. Pero Macri dando cátedra sobre corrupción es como el Gordo Valor sermoneando sobre inseguridad. Recordar: Socma, Sideco, ManLiBA, offshores, blanqueo famiglia, DNU Clarín, buitres, Decreto Lewis, etc”.
También Felipe Sola, a través de su cuenta de Twitter repudió el decreto de Macri. “Hacer circo en los medios no es ir contra la corrupción. El presidente volvió de sus 25 días de vacaciones y como no sabe cómo encaminar las cosas decide hacer show y cambiar la Constitución Nacional por decreto”.
Christian Castillo, afirmó, “las 50 mayores fortunas de la Argentina llegan a 70.000 millones de dólares: 5 veces la suma de los fondos para Salud, Educación y Obras Públicas del Presupuesto 2019. Para sacar al país de la decadencia infinita hay que expropiar a los expropiadores. Lo demás es chamuyo”
El referente del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, dijo por Twitter. “Los Decreto de Necesidad y Urgencia están vedados para materia penal. El DNU anunciado por Macri involucra directamente cuestiones penales. La extinción de dominio es una penalidad más para los delitos que refiere. Por lo tanto es inconstitucional.”
Mientras que Leopoldo Moreau opinó, “Macri volvió a decepcionar a millones de argentinos. Todos esperaban que anunciara alguna medida para aliviar el tarifazo, el efecto de las crecidas, la crisis de las Pyme o la prevención del hantavirus y se descolgó vendiendo humo con un anuncio de campaña”.
También el referente del PJ Federal, Miguel Ángel Pichetto, se expresó al respecto. “Atento a la importancia de la ley de extinción de dominio habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se tratara en la Cámara de Diputados, donde Cambiemos es el bloque mayoritario. El Senado había sancionado una buena ley”.
fuente: Tiempo Argentino
Los trabajadores textiles de Sport Tech obtienen una gran victoria
Finalmente, en la nueva audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de San Martín, para resolver el prolongado conflicto en la Textil Sport Tech, ocupada por los trabajadores enfrentando una quiebra fraudulenta, estos obtuvieron una resonante victoria.
En primer lugar no se hizo lugar al pedido de desalojo y el Síndico le dio a los trabajadores la custodia de las máquinas y la planta. Por otro lado, se resolvió que el 1 de febrero se pagarán los sueldos de Diciembre. Y enseguida se empieza a construir una cooperativa. Otro dato interesante es que la empresa Puma (uno de los clientes de Sport Tech) tiene trabajo hasta junio, o sea que si el Síndico se decide a administrar la empresa “hay materia prima, contratos y se puede cumplir”, señaló Pablo Puebla, referente de la OLP, una de las organizaciones que ha estado apoyando en todo momento a los trabajadores.
También se supo que la empresa Nike aportatá 2.000.000 de pesos que debía, y que servirán para solucionar el tema de salarios.
Se supo que en un momento de la reunión el dueño de Sport Tech (el que dejó en la calle a los trabajadores) quiso suspender la quiebra y obligar a desalojar la fábrica, pero el Síndico lo echó de la reunión.
Se supo que en un momento de la reunión el dueño de Sport Tech (el que dejó en la calle a los trabajadores) quiso suspender la quiebra y obligar a desalojar la fábrica, pero el Síndico lo echó de la reunión.
Un obrero murió por un derrumbe en una obra en construcción
Otro empleado y un arquitecto resultaron heridos.
Un obrero murió y dos personas resultaron heridas este martes a raíz del derrumbe de una losa en una obra en construcción ubicada en avenida Mitre y Gutiérrez, en la localidad bonaerense de Munro.
El derrumbe se produjo este mediodía en una zona céntrica de Munro, Buenos Aires, hasta donde llegaron personal del SAME, bomberos y policías para asistir a los obreros que habían quedado atrapados, según indicó la fuente, que precisó que una persona murió y otras dos resultaron heridas.
Una columna cedió y la losa aérea que estaba en construcción se derrumbó sobre el estacionamiento del predio donde funciona el Laboratorio “Boston Scientific Argentina”, lo que provocó la muerte del obrero, a quien se identificó como Hugo.
La caída de la losa también afectó a otro empleado de la constructora Artibus y a un arquitecto, quienes resultaron heridos al quedar atrapados por sus miembros inferiores y fueron trasladados al hospital vecinal Houssay de Vicente López, informaron fuentes policiales.
“Según los datos de la gente que estaba trabajando adentro eran dos muchachos que quedaron atrapados y al tercero se le derrumbó sobre la cabeza”, contó por su parte Nicolás, vecino de la zona.
Otra muerte laboral: falleció un empleado que hacía mantenimiento en la red de energía de Córdoba
Se trata de un operario de la empresa de energía cordobessa EPC. Tenía 25 años y realizaba tareas de mantenimiento en una subestación. Desde la firma salieron a despegarse del hecho.
Un operario de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec) murió electrocutado el domingo a la mañana, según informaron fuentes policiales.
Se trata de Fabián Miranda, de 25 años, quien falleció, aproximadamente a las 9.10, al recibir una descarga mientras realizaba tareas de mantenimiento en una subestación en Avenida Colectora Sur.
El hecho se produjo cuando el trabajador estaba subiendo una escalera para bajar un transformador.
Desde Epec, aseguraron que se usaron todos los elementos de seguridad, aunque desde el gremio hace tiempo denuncian la precarización de las condiciones de empleo con los riesgos que eso trae.
La Justicia investiga las causas del deceso, que fue catalogado como “de etiología dudosa”.
Inti: protesta y denuncia de privatización de los Centros de Investigación y Desarrollo
Los trabajadores realizarán un acto exigiendo la reincoporación de los despedidos.
El próximo viernes a las 17:30, la Junta Interna de Ate INTI realizará un acto y un festival para conmemorar el aniversario del comienzo de la huelga y permanencia que paralizó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial durante 47 días. La medida fue como respuesta a los 258 despidos que implementó la gestión de Javier Ibañez.
El propósito del acto es volver a poner en discusión la situación que atraviesa el Instituto, así como exigir la reincorporación de los despedidos en general y, en particular, de aquellos que cuentan con fallos favorables de reinstalación en la Justicia y que la patronal se niega a reponer en sus funciones.
Según los nuevos representantes electos en diciembre pasado, y que pertenecen a la entonces opositora lista naranja, “la persecución política ya fue ratificada por varios fallos de la Justicia Laboral que ordenaron la reinstalación de trabajadores que apelaron a la instancia legal como otra vía de reclamo, que se suma a la de la organización sindical, ya que el reclamo por las reinstalaciones continúa vigente en el Instituto y han tomado mayor fuerza con el nuevo despido sin causa de una trabajadora consumado hace tres semanas”.
En un comunicado, la Junta Interna denuncia: “Por estas horas Ibáñez ha vuelto al candelero mediático ya que está acusado de ser uno de los partícipes directos en el negociado del Estadio de Atlanta cuando era funcionario de Mauricio Macri en la Agencia de Control Gubernamental”.
Además puntualizan: “Luego de las desvinculaciones arbitrarias, la política en el Inti estuvo signada por una militarización del predio, el vaciamiento institucional, la eliminación de líneas de trabajo, el congelamiento de la carrera laboral y la reducción presupuestaria”. Por último denuncian: “El intento de implementar a la fuerza un proceso de reestructuración basada en la privatización de los Centros de Investigación y Desarrollo y suplida por una estructura de pirámide invertida donde los cargos gerenciales se multiplican exponencialmente al punto de crear 11 gerencias y 29 subgerencias, en medio del discurso de austeridad que pretende imponer el gobierno nacional”.
El Gobierno impulsa medidas flexibilizadoras en el sector textil
Corte y confección para la reforma laboral
El nuevo secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, busca aprovechar la crisis de la industria textil para negociar con empresarios y el sindicato cambios en el convenio colectivo de la actividad. Incluye la creación de un fondo para el pago de indemnizaciones.
La reforma que impulsa el Gobierno busca incorporar cláusulas de productividad.
La reforma laboral vuelve a tomar impulso. Tras el fallido intento para modificar el marco regulatorio general mediante una ley, la flexibilización será negociada de manera directa con cámaras y sindicatos. El sector textil, uno de los más golpeados por el programa económico, es el candidato ideal para iniciar la transformación de las relaciones laborales anhelada por el gobierno. Las suspensiones y despidos masivos por el cierre de fábricas que no encuentran demanda para su producción allanaron el terreno. El abanderado oficial es el flamante secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, quien asumió a mediados del mes pasado. El funcionario pretende incorporar un fondo de cese laboral y un banco de horas en los convenios colectivos de trabajo de la cadena textil. Ambos instrumentos estaban previstos en el anteproyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo a finales de 2017. El paquete inspirado en la brutal reforma brasileña no logró avanzar en el Congreso. Un tercer elemento que busca incorporar Aparicio son cláusulas de productividad.
La avanzada oficial comenzó el viernes pasado y las conversaciones continuarán mañana cuando gremialistas y empresarios vuelvan a ser recibidos por el reemplazante de Jorge Triaca. El abogado expresa ante sus interlocutores que la crisis ofrece la oportunidad para retomar a escala sectorial la discusión de la fallida reforma laboral. Sin embargo, ni el banco de horas ni el fondo de cese laboral forman parte de los reclamos de las cámaras empresarias. Los representantes patronales solicitan el acceso al programa Repro o beneficios impositivos para atravesar 2019.
A pesar del entusiasmo de Aparicio, los gremios tampoco consideran que injertar porciones de la flexibilizadora reforma laboral en sus convenios colectivos represente una solución sustentable. Existen graves problemas para que los trabajadores de las fábricas quebradas cobren sus indemnizaciones. Incluso se registró un caso donde los dueños aprovecharon el desequilibrio de fuerzas para cancelar sus obligaciones en especie ofreciendo a sus empleados las mudas de ropa interior producidas por la firma. Pero, aunque la urgencia laboral y salarial los inclina a analizar las propuestas del gobierno, los representantes gremiales consultados por este diario advierten que esos instrumentos no pondrán un freno a la debacle sectorial.
Las causas de la crisis que arrasa con el empleo sectorial, explican los gremios, deben buscarse en la apertura comercial, el desplome del consumo interno y las altas tasas de interés. La actividad textil fue el bloque industrial más afectado por la corrida cambiaria y el programa de austeridad desplegado para intentar controlarla. El sector se desplomó 32,2 por ciento en noviembre y acumuló en once meses de 2018 una contracción de 13,6 por ciento. Las últimas estimaciones del Indec muestran que seis de cada diez máquinas disponibles en la industria están paralizadas ante la falta de demanda.
Por su crisis, el sector textil es el candidato ideal para iniciar el plan flexibilizador anhelado por el gobierno.
Las cifras se traducen en el cierre de las fábricas y despidos, ante lo cual la Secretaría de Trabajo propone desempolvar mecanismos previstos en la reforma laboral. La estrategia es similar a la utilizada a comienzos de 2017 cuando, ante la imposibilidad de avanzar con una reforma general de la Ley de Contrato de Trabajo, impulsó cambios por sectores. Los primeros casos fueron los petroleros y los trabajadores de la industria láctea, seguidos por la carne, empleados del sector automotor y los madereros.
La creación de un banco de horas en los convenios colectivos de trabajo, como deslizó Aparicio a sindicalistas y empresarios de la rama textil, habilita que se realice una compensación de horas a lo largo de un año, de forma que las horas trabajadas en exceso en una jornada se compensen con menos horas en otro día. En otras palabras, se pueden establecer jornadas de hasta 10 horas diarias sin pagar horas extras. La medida, que también fue incluida en la reforma laboral de Brasil, flexibiliza y aumenta la jornada laboral y así reduce los pagos suplementarios por horas extra que pasan a ser compensables.
Por su parte, el “fondo de cese laboral” sustituye al empleador en el cumplimiento de las obligaciones de pago de indemnizaciones por despido. La medida crea un sistema de capitalización de fondos para un despido “asegurado”. Como estaba redactado, el anteproyecto oficial reducía el monto de las indemnizaciones ya que dejaban de contemplarse para el cálculo las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual. Además, estipula la posibilidad de cobrar las indemnizaciones en cuotas.
Petroleros Santacruceños le tuercen el brazo a la Federación y suman recursos para su sindicato
El sindicato conducido por Claudio Vidal recuperó luego de varios fallos judiciales y administrativos a su favor logró recuperar los fondos sindicales que habían perdido al separarse de la Federación.
Luego de una larga disputa con la Federación Petrolera que hoy conduce Pedro Milla pero que iniciara en los tiempos en que ésta era comandada por el exdiputado nacional Alberto Roberti, los petroleros santacruceños lograron la recuperación de la cuota sindical que hasta el momento continuaba en disputa, pese a la desafiliación que encararon hace ya un largo tiempo.
Claudio Vidal, secretario General de los petroleros santacruceños, festejó el logro que les permite recuperar capacidad financiera para volcar los recursos de los trabajadores y “no para sostener estructuras que no los representan”.
Con un comunicado, los patagónicos señalaron que “El Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación homologó el acuerdo entre el Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz y la empresa más importante del sector para el pago de la cuota sindical, que traerá mayores beneficios para los afiliados y consolida la total independencia de la Federación”.
“Con la aprobación del acuerdo la empresa abonará la deuda que mantenía con el Sindicato en materia de cuota sindical más su actualización, lo que permitirá profundizar la política de obras y servicios para los petroleros, además de reducir la posibilidad de conflictos, fortaleciendo la actividad productiva”, añadieron los santacruceños.
Agregaron que “El Sindicato Petrolero celebra la decisión como un acto de justicia que le permite recuperar recursos que día a día vuelca a sus afiliados y que tiene en la construcción de escuelas y en diversos emprendimientos de alto impacto social a toda la comunidad santacruceña como beneficiaria”.
Por su parte el propio Vidal remarcó como ejemplo de lucha el largo recorrido judicial y administrativo que tuvieron que afrontar y lo calificó como un triunfo de la democracia sindical.
La industria perdió casi 116 mil empleos en la era Macri
La industria manufacturera llegó a la cifra más baja desde enero de 2009. Suma 7 meses consecutivo de caída de puestos de trabajo y en la gestión Cambiemos ya se destruyeron casi 116 mil puestos de trabajo.
En octubre pasado, 1.141.447 asalariados se desempeñaban en la industria manufacturera privada. Según las cifras que publicó la misma Secretaría de Trabajo, se trata del número más bajo desde enero de 2009.
El registro, que dio a conocer Tiempo Argentino, miestra también que en el transcurso del año que va de octubre de 2017 a octubre de 2018 se perdieron un total de 49.465 asalariados en la industria.
Las diferencias son más profundas en la comparación entre octubre de 2018 y el mismo mes de 2015. Ahí contabilizamos un total de 115.941 asalariados menos en tres años.
Adicionalmente, de la mano de la recesión, la cantidad de asalariados industriales del sector privado baja de manera constante desde marzo pasado, cuando había 1.193.398. Es decir, a octubre la estadística acumuló siete meses consecutivos de caída.
La secuencia de siete meses consecutivos de caída es la segunda más larga de la estadística pública de la Secretaría de Trabajo. La mayor es una de diez meses corridos, que va desde abril de 2016 hasta enero de 2017, es decir, durante la profunda recesión que siguió a la devaluación del peso apenas asumió Mauricio Macri la presidencia.
Tras vacaciones forzadas, suspendieron a los 160 trabajadores de una fábrica de cerámicas
Captura de YouTube tucasahoyargentina – Imagen ilustrativa
La empresa debía retomar sus tareas el 14 de enero luego de unas vacaciones forzadas por falta de demanda. Ahora ampliaron el período a la espera de que repunte la situación.
“El 22 de diciembre la empresa le dio a todo el personal junto las vacaciones debido a las bajas ventas y el stock acumulado”, detalló el delegado de Ceramistas Javier Clavero a BAE Negocios. “Cuando volvimos nos tuvimos que juntar con los directivos porque la situación sigue crítica y entonces no se puede volver a producir”, agregó.
También advirtió que “tampoco hay expectativas que mejore después y es incierto el futuro de los 160 operarios”. Además explicó: “Queremos volver a trabajar. Con las suspensiones perdemos el 20% del sueldo”.
Hacia fines de marzo reverán la situación siendo que hace varios meses se vieron afectados de lleno por la crisis en la construcción. “Este modelo económico no nos favores a los trabajadores y a los comerciantes”, concluyó el sindicalista.
El gobierno nacional continúa sin inmutarse ante los despedidos: cerró la Fundición Aguilar
El gobierno nacional continúa sin inmutarse ante los despedidos: cerró la Fundición Aguilar
Con marchas, fábricas ocupadas y acampes, los trabajadores y trabajadoras de todo el país siguen resistiendo a los despidos. Este martes le tocó a los empleados de la Fundición Aguilar.
Acompañados por organizaciones políticas y sindicales, reclamaron ante el inminente cierre del establecimiento industrial que se encuentra ubicado en la ciudad de Palpalá, en la provincia de Jujuy,
La movilización contra los 150 despidos se dirigió a la casa de Gobierno local, para solicitar la intervención del gobernador de Cambiemos, Gerardo Morales.
Según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que publica la AFIP, en apenas un año, cerraron 1328 firmas industriales que se suman a las 822 que cesaron de operar durante el año anterior y las 721 que lo hicieron entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2016.
Desde que asumió el gobierno actual, y sólo hasta octubre de 2018, (los casos mencionados al principio de esta nota no forman parte de ese registro), se contabiliza el cierre en forma neta de 2871 firmas industriales.
Las más de 1300 firmas industriales que cerraron en un solo año forman parte de las 6951 empresas que tramitaron su baja en la AFIP en el mismo período.
Los trabajadores de la planta Fundición Aguilar de Palpalá manifestaron su total y absoluto rechazo al pedido de proceso preventivo de crisis que formuló la empresa minera respecto del personal de su fundición.
Es que la empresa pretende indemnizar a los trabajadores con el 50%, desde el jueves último, cuando la empresa inició el procedimiento de crisis empresarial en Capital Federal, donde ha hecho una presentación formal ante la secretaria de Trabajo de la Nación y donde ya tuvo la primera audiencia.
Los empleados denunciaron que estuvieron expuestos a un “trabajo insalubre” con hornos que superan los 600 o 700 grados, por lo que actualmente presentan muchos deterioro en su salud.
Se lanza la Intersindical de Jubilados y Pensionados en Lucha
Este viernes a las 16 hs. se lanzará en la sede APSEE (San José 243-CABA) la Intersindical de Jubilados y Pensionados en Lucha. El espacio está integrado por jubilados y pensionados agrupados en la Corriente Federal de Trabajadores, Jubilados ATE Verde y Blanca, el Frente de Personas Mayores, la Confederación General de Jubilados, la Comisión de Adultos Mayores del Instituto Patria, las dos CTA y diversas agrupaciones de jubilados que adhieren al espacio.
El lanzamiento de la Intersindical tiene “el objeto de defender y legitimar nuestra autentica procedencia que son los sindicatos de origen y desde allí todas las Organizaciones y Sindicatos saldremos a reclamar por nuestros derechos” expresaron en un comunicado de prensa. Allí hace alusión a la creación, semanas atrás, de un promocionado Sindicato de Jubilados que recibió duras críticas al momento de su presentación.
“Esos Jubilados y Jubiladas no necesitan crear un nuevo Sindicato porque ya tienen el suyo y pretender constituir una institución que solo aborde la cuestión previsional separada del resto de las cuestiones reivindicativas, seria fragmentar fuerzas y debilitar la lucha” plantaron posición, semanas atrás, desde las organizaciones que conforman la Intersindical.
Este espacio que ahora tendrán un conformación más orgánica realizó un acto el 9 de diciembre pasado en el auditorio de la UOM donde se hizo un balance furibundo de la situación del país y de los jubilados y pensionados en particular. Allí también se hizo un llamado a trabajar en conjunto para enfrentar la situación.
El panorama para jubilados y pensionados en nuestro país es sombrío. Con la sanción de la Reforma Jubilatoria en diciembre de 2017 y el cambio de la fórmula de actualización de los ingresos estos quedaron casi 20 puntos por debajo de la inflación. La actualización anual en 2018 fue del 28,5% contra una inflación de 47,6% en el mismo período.
A ello se sumó la sanción de la Reparación Histórica en julio de 2016 donde con el supuesto objetivo virtuoso de adecuar las jubilaciones y pensiones a los valores correctos habilitó dos medidas escandalosas. Una fue el blanqueo de capitales, con decreto posterior de Macri permitiendo que los familiares de funcionarios puedan participar del mismo en forma anónima. La otra, comenzar a vender activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este últimos son las acciones del Estado en las empresas de mayor peso económico que pasaron a la órbita estatal tras la nacionalización del sistema previsional en 2009. Un resguardo para dar cierto marco de previsibilidad a la sustentabilidad futura del sistema.
Entre otras medidas negativas, también se recortó la posibilidades de jubilaciones por moratoria reemplazándola por la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) en donde se cobra el 80% de la jubilación mínima y que no se traspasa al cónyuge en caso de fallecimiento. También son conocidos los recortes en coberturas de medicamentos que sufren los que tienen la cobertura de salud del PAMI y los justificativos insólitos como quitar medicaciones por tener un automóvil menor a diez años de antiguedad.
Para hacer más oscuro el panorama, el Fondo Monetario Internacional viene recomendando hacer cambios profundos en el sistema previsional argentino. Lo ha hecho en diversas oportunidades, la última en un documento presentado apenas unos días atrás donde “recomienda” subir la edad jubilatoria cinco años y bajar el cálculo de la jubilación inicial. Una condena a la indigencia al sector adulto mayor y de posible concreción si continúa Cambiemos como Gobierno a la vista de la participación activa del FMI en el diseño de las políticas económicas en nuestro país.
Licencia por violencia, un triunfo de las trabajadoras
La Secretaría de Empleo Público aprobó el Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género. Podrán acceder quienes se encuentren en relación de dependencia laboral bajo el Convenio Colectivo de Trabajo del sector estatal.
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Empleo Público, aprobó el “Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género” en la Administración Pública Nacional. La medida, se dio a conocer a través del Boletín Oficial el 15 de enero.
El objetivo del protocolo es que se brinde acompañamiento a quien sufra violencia intrafamiliar o doméstica.
Podrán utilizar la licencia los agentes de la Administración Pública Nacional, que se encuentren en relación de dependencia laboral con las jurisdicciones u organismos comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional y que sufran violencia de género.
“Es el triunfo de la pelea que venimos llevando hace años. -resaltó Silvia León, Secretaria de Organización de ATE Nacional- Orgullosamente, podemos decir que nació fruto del trabajo de la ATE contra la violencia de género, encabezado por nuestra compañera Gladys Sosa en la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato. Ya se había conseguido en distintas provincias y jurisdicciones, y hoy celebramos que se incorpore en esta paritaria”.
Según el protocolo, podrán administrar la licencia los Directores Generales de Recursos Humanos de cada jurisdicción o ente descentralizado, debiendo notificar a todo el personal el circuito para recibir las solicitudes y los datos de contacto pertinentes “dichas áreas de Recursos Humanos deberán capacitar a su personal en el abordaje de esta temática, para que puedan brindar contención y asistir al denunciante, orientándolo hacia los organismos de atención competentes”.
La licencia, no requiere un mínimo de antigüedad en la relación de dependencia laboral y la persona solicitante deberá comunicarse con el área de Recursos Humanos.
“Las mujeres futbolistas son víctimas de prácticas ilegales que buscan ocultar la profesionalización”
Acompañada por abogadas feministas, la futbolista Macarena Sanchez Jeanney intimó extrajudicialmente al Club Deportivo UAI Urquiza para que “regularice su relación laboral”, y reclamó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el “cese de su inacción al respecto”. El club la despidió el 5 de enero, en medio del Torneo de Primera División “A” 2018-2019, dejándola sin trabajo por los próximos 6 meses. “Las jugadoras de fútbol en Argentina son sistemáticamente vulneradas en sus derechos como trabajadoras del deporte, por la simple razón de ser mujeres. UAI Urquiza utiliza diversos mecanismos fraudulentos para encubrir el vínculo laboral real. El fútbol será feminista, disidente y profesional”, sostiene la futbolista.
Difundimos comunicado:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de enero de 2019.
El día viernes 18 de enero del corriente año, la jugadora Macarena Sanchez Jeanney, acompañada por el equipo jurídico que la representa, integrado por abogadas feministas miembras de Abofem Argentina y el Estudio Jurídico M y G Asociadas, han solicitado al Club Deportivo UAI Urquiza, por medio de una intimación extrajudicial, la regularización de la relación laboral con la reclamante como futbolista profesional, y a la Asociación del Fútbol Argentino – A.F.A.- al cese de su inacción al respecto y la consecuente intimación inmediata a la entidad deportiva mencionada a los fines de regularizar la situación laboral de la jugadora.
El Club UAI Urquiza, por medio del Director Técnico del plantel de Primera División de AFA –previa reunión con la dirigencia del mismo-, le comunicó a Macarena, el pasado 05 de enero, que quedaba desvinculada de sus funciones como futbolista. Es importante aclarar que este despido se produce a mitad del Torneo de Primera División “A” 2018-2019, razón por la cual la jugadora no podrá ser inscripta por otra entidad hasta la apertura del libro de pases del próximo Torneo de Primera División “A” 2019-2020; dejándola sin trabajo, como mínimo, por los próximos 6 meses.
Como es de público conocimiento, las jugadoras de fútbol en Argentina son sistemáticamente vulneradas en sus derechos como trabajadoras del deporte, por la simple razón de ser mujeres. El Club Deportivo UAI Urquiza utiliza diversos mecanismos fraudulentos que operan como pantalla para encubrir el vínculo laboral real que se establece con la jugadora reclamante, modalidad que se extiende hacia el resto del plantel profesional en general. Dichos mecanismos son una réplica exacta de aquellos utilizados para negar el reconocimiento de la relación laboral profesional de los hombres jugadores de fútbol, durante los años 30′ en Argentina y que derivaron, con incontables luchas de por medio, en el reconocimiento de la profesionalización de fútbol masculino. Más de 80 años después, las mujeres futbolistas son víctimas de las mismas prácticas ilegales que buscan ocultar la profesionalización existente de la práctica deportiva, disfrazada de amateurismo.
Las acciones que tanto Macarena como esta representación hemos decidido llevar a cabo tienen por único fin obtener el reconocimiento de la relación laboral profesional que existe entre la entidad deportiva y la jugadora reclamante; a la vez que instar a la Asociación del Fútbol Argentino a dar cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente con la Federación Internacional de Futbolistas Asociados – FIFA – en materia de igualdad de género, y a las obligaciones de no discriminación hacia las mujeres que le atañen como entidad promotora del deporte, entendido éste como un derecho humano fundamental.
El fútbol será feminista, disidente y profesional.
Macarena Sanchez Jeanney
Maturano aseguró que “están dadas las condiciones para un paro general”
El dirigente sindical reclamó que “las paritarias de este año tienen que tener un piso de 30%”.
Por otro lado, el sindicalista reveló que mantuvo una reunión con Roberto Lavagna, junto a otros sindicalistas: “Lavagna nos dijo que vamos a tardar 5 años en salir de esto”.
Y remarcó: “Lavagna nos dijo que va a haber que renegociar con el FMI porque la deuda es impagable”.
Ordenan al gobierno porteño refaccionar una escuela pública con graves problemas edilicios
Se trata de la Escuela Primaria Común Petronila Rodríguez, en el barrio de Parque Chas. Un tribunal de la Ciudad advirtió que faltan inodoros y lavabos y que los niños permanecen sentados en un pasillo cuando llueve, entre otras deficiencias.
Un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que ponga en condiciones una escuela pública a la que concurre más gente que la permitida, faltan inodoros y lavabos, los chicos permanece sentados en un pasillo cuando llueve y en el comedor cada uno dispone de un espacio de 90 centímetros cuadrados para almorzar.
Se trata de la Escuela Primaria Común N° 27 D.E. 15 Petronila Rodríguez, del barrio porteño de Parque Chas. La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario María Soledad Larrea advirtió sobre las condiciones en que concurren más de 300 alumnos (según las previsiones para el ciclo lectivo 2019), y le recordó al Ejecutivo local “que debe prevalecer ante todo el interés superior del niño, particularmente cuando lo que se encuentra en juego es su seguridad y su educación”.
Según constató la jueza en el expediente, “un tercio de la superficie del patio cubierto se encuentra destinado a depósito y aula de música separada por cortinas, el metraje referido al comedor incluye el sector cocina (por lo cual el metraje utilizado para mesas y niños es sustancialmente menor y, de hecho, se informó que cuando algún niño se queda en forma extraordinaria deben sentarlo en las esquinas de las mesas y los carros con la comida pasan en forma muy estrecha, con el consiguiente riesgo”.
“Como consecuencia de la ocupación del patio cubierto, cuando llueve los niños deben permanecer durante el recreo sentados en los pasillos de los pisos superiores, no hay baños en el primer piso, las aulas que actualmente corresponden a los grados 4°B y 5°B son particularmente pequeñas”.
“El espacio efectivo destinado a servir la comida a los niños rondaría los 90 centímetros cuadrados y considerando que cada turno de comedor es de 130 niños, es evidente que no se está cumpliendo con la normativa vigente”.
Un informe técnico puntualizó –además- que “por lo menos tres aulas se encuentran en infracción y van a seguir estándolo de acuerdo con las previsiones para el año 2019. Considerando que en el colegio hay 156 niñas debieran existir para ellas 10/11 inodoros. Empero, el gobierno de la Ciudad informa que sólo tienen 5. Respecto de los niños (145) tendrían que haber 4 inodoros y 8 mingitorios, y se informa la existencia de 3 y 7, respectivamente. La carencia de lavabos es aún más notoria, pues para 307 alumnos debieran existir 15 bachas y sólo habría 8”.
Pero además, en la Ciudad en la que ocurrieron las tragedias de Cromañón, Beara y Time Warp, el gobierno porteño informó que el Factor de Ocupación Máximo es de 329 personas. No obstante, “la matrícula proyectada para 2019 es de 307 alumnos. A su vez, la directora informó que el personal docente y no docente suma 44 personas en forma permanente, más dos más que concurren dos veces por semana”.
“La simple sumatoria (que no contempla la eventual existencia de padres, miembros de la cooperadora) muestra el exceso del factor de ocupación, con el consiguiente riesgo que ello implica, particularmente en caso de ocurrir algún siniestro”, alertó la jueza.
El riesgo se potencia, además, porque tampoco se cumple con “las medidas de seguridad referidas a evacuaciones por emergencia, en especial referencia al sector del comedor, ubicado en la planta alta, con puerta de tamaño normal y al que se accede por una escalera no muy amplia”, especifica la resolución, a la que tuvo acceso Tiempo.
La causa judicial se inició a raíz de la presentación de un grupo de padres de alumnos regulares de la escuela, quienes advirtieron que “a partir del año 2016 se verificó un incremento en la matrícula de ingresantes que generó el colapso del espacio destinado a comedor, la insuficiencia de baños, la existencia de aulas cuya capacidad es inferior a la legalmente prevista”.
Además, señalaron que “la situación se agravó por la construcción del ascensor e instalación eléctrica en espacios que eran ocupados por aulas”. Y agregaron: “En la actualidad, los niños reciben sus clases de música en un patio, por lo que se imparten en voz baja para no molestar al resto del alumnado. A la par del incremento de la matrícula, se produjo una reducción de personal con funciones de limpieza y mantenimiento general del edificio”.
El gobierno porteño –explica la resolución- “informó que realizaría la rampa de acceso, reacondicionaría el patio exterior y efectuaría un censo de infraestructura para relevar la capacidad total del sistema educativo, teniendo prevista su finalización a partir del año 2018”.
Pese a que ello no ocurrió, y que la propia jueza comprobó personalmente las irregularidades denunciadas, el gobierno porteño presentó un escrito en el expediente diciendo que “no se ha probado la efectiva vulneración de derecho a la educación”.
La jueza le respondió: “es mi obligación recordarle a las autoridades del Poder Ejecutivo que su función no es establecer las políticas públicas sino ejecutarlas y, en todo caso, proyectarlas y remitirlas para su sanción. Quien las decide es el Poder Legislativo. Por eso no hay discrecionalidad cuando existen mandatos legales. El principio de sujeción a la ley es indiscutible y hace a la esencia del Estado de Derecho”.
El gobierno porteño ensayó como limitación a las obras las condiciones edilicias y patrimoniales del edificio, pero la jueza replicó que “aún considerando la importancia de la preservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico de la Ciudad, debe prevalecer ante todo el interés superior del niño, particularmente cuando lo que se encuentra en juego es su seguridad y su educación”.
En ese sentido, le recordó al Ejecutivo local que “han sido refuncionalizados edificios emblemáticos como el Museo de Arte Moderno, el Centro Cultural Kirchner (ex Correo Central) u otros… Cuando ha mediado voluntad, se han podido llevar adelante obras en edificios o áreas con protección urbanística. Se trata de evaluar los canales de acción que permitan compatibilizar la estética edilicia, con las necesidades escolares y con el cabal cumplimiento de las normas vigentes”.
La jueza emplazó al gobierno porteño a realizar una serie de obras urgentes para que la escuela esté en condiciones de iniciar las clases en 2019. En ese contexto, y a pesar de la oposición de la propia administración local, otra jueza, Andrea Danas, resolvió habilitar la feria judicial para acelerar los plazos y supervisar el cumplimiento de lo ordenado en el fallo.
“El margen de discrecionalidad de la Administración encuentra su límite en la letra de la ley. La Administración no puede decidir si cumple o no con la ley. Ese no es ese el sentido que cabe asignar al concepto de discrecionalidad”, resume el fallo.
Por el corte de luz, hay problemas en el suministro de agua
El apagón que afectó al norte de la Ciudad y oeste del conurbano bonaerense impactó en el servicio de agua, que comenzó a fallar en algunos barrios.
El gran apagón ocurrido esta tarde en media Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense provocó, según informó AySA, que se registren problemas en el suministro de agua por baja presión o, incluso, falta del servicio en algunos barrios del norte porteño y oeste bonaerense.
En el comunicado, la empresa aseguró que “una vez normalizado el abastecimiento eléctrico, el servicio se restablecerá en forma paulatina en el transcurso del día de hoy y primeras horas de mañana miércoles 23″.
Envío:RL
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