Por Mariana DM, Revista Resistencias-Resumen Latinoamericano, 08 de febrero de 2019.
Según informó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) ya se pueden pedir los turnos en ANSES para comenzar los trámites para acceder a la reparación económica tal como lo dispone la Ley Brisa, para aquellxs niñxs y adolescentes cuya progenitora haya fallecido por violencia de género. Desde el INAM remarcaron que la gestión no requiere la participación de abogados ni gestores y es totalmente gratuito. El dinero otorgado a hijxs de víctimas de violencia de género es mensual y equivale a una jubilación mínima. La edad límite para cobrarlo es hasta los 21 o ilimitado en caso de discapacidad.
El proyecto fue impulsado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro y la ley fue sancionada en julio y reglamentada en octubre del año pasado. Fue denominada Brisa por la hija menor de Daiana Barrionuevo, asesinada en diciembre de 2014, cuyo principal sospechoso es su expareja, Iván Rodríguez.
Gran parte de esta conquista es gracias a la lucha feminista que visibilizó la situación y respondió ante la necesidad de miles de chicxs que quedan huérfanxs por la violencia machista. Con la consigna “Ni una menos” se difundió y concientizó acerca de las miles de mujeres que son asesinadas y cuyxs hijxs quedan sin madre y, muchas veces, a cargo del agresor. La Ley Brisa es un avance en términos de derechos. Lxs niñxs y adolescentes son víctimas colaterales de los femicidios y el Estado es responsable de ellxs.
Soberanía tecnológica en jaque: El proyecto satelital Arsat-3 podría quedar en manos estadounidenses
Resumen Latinoamericano / 8 de febrero de 2019
Argentina es uno de los pocos países que tienen la posibilidad de construir satélites a precios competitivos. Desde que la Alianza Cambiemos de Mauricio Macri asumió la gestión del gobierno argentino en 2015, se han producido grandes recortes presupuestarios en todas las áreas vinculadas a la Ciencia y la Tecnología (CyT). En el caso de la industria espacial, el desfinanciamiento ha tenido un claro objetivo: poner en manos extranjeras el control de la industria satelital.
La política de desfinanciamiento del sector se opone a lo establecido en la Ley N° 27.208, sobre desarrollo de la industria satelital, que estipula el respaldo y desarrollo sostenido de la empresa Argentina Satelital Sociedad Anónima (Arsat), junto a un plan de negocios sustentable para la producción y la comercialización de satélites geoestacionarios.
En ese contexto, el por entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad -actualmente ocupando la cartera de Defensa- designó a su yerno como presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo, como presidente de la empresa, el 30 de junio de 2017 anunció, durante el Simposio Internacional Satelital de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), una serie de avances para concretar el lanzamiento del satélite ARSAT-3 en el año 2020.
Sin embargo, el gobierno continúa con los recortes presupuestarios que, a esta altura, hacen irreal la posibilidad de que dicho satélite de producción nacional pueda ser puesto en órbita. Junto a esta adversidad, semanas después del mencionado anuncio, salió a la luz una carta de intención firmada el 29 de junio de 2017 entre Rodrigo de Loredo y la compañía estadounidense Hughes Communications, perteneciente a EchoStar Corporation, para la puesta en marcha del proyecto Arsat-3.
EchoStar Corporation se encuentra respaldada por varios fondos financieros de origen angloamericano. Más del 32% de la participación accionaria de esta compañía está en manos de capitales pertenecientes a Putnam Investments Bank y a Vanguard Group. Este último es considerado como uno de los big player, o gran jugador, de las finanzas globales, teniendo la capacidad de imponer fuertes condiciones ante otros, incluso países.
Esta información resalta las intenciones estadounidenses de controlar una vez más los costos de los servicios satelitales en la región, monopolizando el mercado y obstruyendo la soberanía tecnológica.
El acuerdo firmado por el funcionario argentino y la empresa estadounidense, que propone ceder el 51% del satélite a la compañía extranjera, puso en alerta al sector tecnológico y a una serie de actores del congreso argentino. Es que el tratamiento parlamentario de este tipo de compromisos u obligaciones se encuentran contempladas en la mencionada Ley. N° 27.208, donde se indica que deben ser acordados y aprobados por en el Congreso argentino.
Por otro lado, durante el año 2014, se realizó una licitación mediante la cual se ofrecía un segmento de espectro radioeléctrico para el despliegue de telefonía móvil 4G, en la que participaron todos los prestadores de telefonía móvil. Sin embargo, un grupo inversor (Vila-Manzano) no cumplió con el pago establecido en dicha licitación y, como consecuencia, el recurso radioeléctrico fue asignado a Arsat con la finalidad de brindar conectividad en zonas donde las grandes empresas no brindan cobertura.
El espectro radioeléctrico es un recurso que se encuentra valuado en 500 millones de dólares y aún no ha sido explotado económicamente debido a los recortes en infraestructura. Pero, para sorpresa de muy pocos, el Poder Ejecutivo decidió el 21 de enero de 2019, a través del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 58/2019, licitar dicho recurso para que termine en manos de privados, saltando los pasos legales establecidos, restringiendo aún más la soberanía tecnológica del país.
Sería prudente contemplar el destino de dichos fondos en el Congreso para evitar que estos sean utilizados discrecionalmente -para cubrir el déficit fiscal y/o el pago de servicios de la deuda externa- en vez de reinvertirse para el desarrollo tecnológico argentino
Más de cincuenta años de construcción de capacidades y entornos institucionales en materia espacial, ubicaron estratégicamente a Argentina en el plano internacional y en una posición líder en la región. El país es uno de los pocos que tienen la posibilidad de construir satélites a precios competitivos.
Considerando que la construcción de los satélites de comunicación Arsat-1 y Arsat -2 costaron unos 270 millones y 250 millones de dólares, 
respectivamente, si el Congreso lo dispone, sería factible, con las prontas ganancias que se obtendrán por los satélites ya puestos en órbita, retomar y financiar la construcción total de los Arsat -3 y Arsat -4, actualmente suspendidos.
En 1826, el presidente Bernardino Rivadavia promulgó la Ley de Enfiteusis, que legitimaba la existencia de una hipoteca de tierras y bienes públicos para cubrir el empréstito de la Banca Baring Brothers. No sería prudente permitir que el espectro radioeléctrico y el desarrollo tecnológico argentino sean hipotecados a los intereses transnacionales, cual “Ley de Enfiteusis del siglo XXI”, para solventar, de manera “encubierta”, la deuda contraída por el ejecutivo argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de 56 mil millones de dólares, para financiar la fuga de capitales, que finalmente quedarán en bolsillos privados.
Ahora bien, la Ley de desarrollo de la industria satelital que el gobierno de Mauricio Macri desconoció con el intento de entrega de Arsat-3 a Hughes Communications y el DNU 58/2019 pueden aún revertirse en el Congreso.
Las potenciales ganancias de Arsat-1 y Arsat-2, estimadas en unos 500 millones de dólares, junto a la licitación del espectro radioeléctrico que el gobierno pretende “regalar” con el DNU 58/2019, podrían financiar el desarrollo de los siguientes satélites, profundizando un camino de soberanía tecnológica del país, junto con un potencial beneficio para el conjunto de la región en un necesario proceso de integración tecnológica autónoma en favor de los pueblos.
*Observatorio de Ciencia y Tecnología, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE-FILA).
SÉPTIMO RUIDAZO CONTRA EL TARIFAZO EN BUENOS AIRES
Como viene ocurriendo todos los viernes, vecinos y vecinas de distintos barrios porteños se lanzaron a las principales avenidas para hacer oír su descontento por los tarifazos aplicados por el gobierno derechista de Mauricio Macri.
FOTOS JORGE FORM (Para Resumen Latinoamericano)
Séptimo ruidazo contra el aumento de tarifas
“Estamos cansados del ajuste”
Imagen: Dafne Gentinetta
Por séptimo viernes consecutivo, una multitud protagonizó un nuevo “ruidazo” contra el aumento de las tarifas de los servicios públicos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades del Gran Buenos Aires. “Estamos cansados de la política de ajuste del presidente Mauricio Macri”, exclamó una mujer ante uno de los pocos móviles televisivos que cubrían la actividad en Acoyte y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito. De fondo, los carteles superpuestos mostraban consignas relacionadas con el aumento de las tarifas, pero también reclamos específicos sobre el recorte presupuestario en Educación.
El Pueblo ya no aguanta esta locura, y lo demuestra en cada #Ruidazo. Es tiempo de que Macri y Vidal den marcha atrás con el Ajuste y los tarifazos que implementan a diario... #BastaDeAjuste #BastaDeTarifazos #RuidazoNacional
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Es más que descontento. Es enojo porque nos sabemos estafados. #Ruidazo en Colegiales
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“La educación es un derecho social y vamos a pelear muy fuerte para que no se cierren escuelas”, sostuvo el secretario general de Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López. Pablo Sercovich, titular de Argentina en Red, una de las organizaciones convocantes, señaló que “estamos avanzando, todos los viernes de febrero, hacia lo que será el gran ruidazo ciudadano”, convocado para el primero de marzo a las 20 en Plaza de Mayo. Entre las protestas también se cuestionó la actitud de la AFIP para embargar una cuenta de C5N destinada al pago de sueldos.
Multudinaria marcha de antorchas en Mendoza contra los tarifazos
El jueves 7 se realizó en la Ciudad de Mendoza una masiva marcha contra los tarifazos, el ajuste y los despidos convocada por el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la Multisectorial 21F, donde participaron además movimientos sociales, cooperativistas, PyMEs y otros manifestantes. Se trató de la quinta marcha consecutiva lanzada por este espacio, tras las realizadas los jueves de anteriores semanas en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata y Bariloche. En esta ocasión se destacó en particular la presencia de organizaciones ambientalistas, con el reclamo central de oposición al fracking en la provincia que gobierna el radical Alfredo Cornejo, de la alianza Cambiemos. Por Indymedia Trabajadoras/es.
Movimientos sociales marcharan en todo el país contra los aumentos en alimentos y tarifas
Los Movimientos Populares, junto a las centrales sindicales, realizarán el miércoles 13 sendas marchas para exigir una paritaria social que contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos y de las tarifas.
El acto central será frente al Ministerio de Desarrollo Social, y se llevarán a cabo marchas en todo el país.
Este lunes 11 de febrero, a las 11, se realizará una conferencia de prensa en la sede de CTEP, Pedro Echagüe 1270, para informar sobre la jornada nacional que los Movimientos Populares junto a las centrales sindicales.
En la reunión de gabinete del jueves, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, anunció que trabaja para resolver “de la mejor manera posible” los reclamos de las organizaciones sociales, con el propósito de “mejorar la situación social” pero, no enumeró medidas concretas.
“Seguimos trabajando con dirigentes de las organizaciones sociales con el propósito de mejorar la situación social y apoyando los canales de diálogo para entendernos y resolver de la mejor manera posible algunos de sus reclamos”, afirmó a la prensa luego de la reunión.
Respaldo sindical para los trabajadores de C5N
Desde SiPreBA salieron a rechazar el fallo judicial que impide la apertura de la cuenta para que los empleados del canal de noticias cobren sus sueldos. Aseguran que es un “duro golpe a la libertad de expresión”. También se solidarizó el Indio Solari
Redacción Canal Abierto | Tras la reciente negativa de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a habilitar una cuenta a través de la cual algunos medios del Grupo Indalo, como C5N, pudieran pagar sus salarios a los trabajadores, el Sindicato de Prensa de Buenos (SiPreBA) sostuvo en un comunicado que “la resolución no solo ataca derechos, fuentes y condiciones laborales sino que asesta un duro golpe a la libertad de expresión” ya que “pone en peligro la continuidad de un medio”.
“Por lo tanto, exigimos la inmediata intervención del Estado para asegurar los puestos de trabajo de los compañeros de C5N, como así también la continuidad de un importante canal informativo para la sociedad –continúa el documento-. El SiPreBA ratifica que el respeto de los derechos laborales debe ser un pilar fundamental en un Estado democrático, que tiene además la obligación de garantizar el derecho al acceso a la información por parte de la población y la libre expresión de las y los trabajadores de prensa. El SiPreBA acompaña la lucha de la Asamblea de Trabajadorxs de C5N para revertir esta dramática situación”.
Este pronunciamiento por parte del sindicato se da luego de que los jueces Gerardo Vassallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto de la Sala D de Apelaciones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial aceptaran una petición de la AFIP para que rechazaran el pedido del juez Cosentino, quien solicitaba habilitar una cuenta para pagar los sueldos de los trabajadores del canal de noticias.
La señal entró en una crisis económica permanente desde que los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabian de Sousa, fueron detenidos. De hecho, el pasado 18 de octubre, los trabajadores decidieron hacer una huelga en el canal y emitir programas antiguos.
“La realidad es bastante compleja en relación a la empresa porque los dueños están presos y tienen las cuentas embargadas. Lo que nosotros cobramos es producto de los cheques de publicidad. La empresa no tiene firma porque hubo una reestructuración y el apoderado no está más. Al estar concursada, cada unidad pasó a autosolventarse, el que más problemas tiene para subsistir por propio recurso es el canal, por la magnitud que representa. Nunca alcanza el dinero para sostener lo mínimo, explicó por entonces, en diálogo con Canal Abierto, Alexis Szewczyk, periodista de C5N.
La decisión de Consentino apuntaba a destrabar la cuestión administrativa y garantizar el pago de los salarios, pero el pedido de la AFIP la bloqueó.
SiPreBA destaca que el caso de C5N no es un hecho aislado, dado que “gran parte de los medios de nuestro país se encuentra en una grave crisis”. “En los últimos años hemos perdido más de 3.000 puestos de trabajo en todo el país, situación de la que el Gobierno no es ajeno y, como en cualquier industria en crisis, debe asumir la responsabilidad de buscar una solución”, alegan y exigen que “se vote el proyecto que oportunamente presentamos en el Congreso para declarar una ley de emergencia laboral” en la actividad periodística.
Apoyos
Inmediatamente, se sucedieron los respaldos de distintas personalidades de la política y los medios, de la central obrera CTA Autónoma, y de la comunidad en general que convirtió en tendencia de Twitter los hashtag #CuentaParaSueldosC5N y #ElGobiernoQuiereCerrarC5N.
Hace pocas horas se sumó el apoyo del músico Carlos “Indio” Solari, quien se pronunció por esa red social a través de la cuenta de su biógrafo, Marcelo Figueras. “El Indio Solari acaba de pedirme vía mail: ’Si hacés alguna exposición de solidaridad con C5N, sumame por favor’. Así que acá va.#C5NPuedeDesaparecer #CuentaParaSueldosC5N”, dice el tuit.
Protesta de trabajadores de FATE-Aluar: “Aprovechan la crisis para implementar un ajuste”
Protesta de trabajadores de FATE-Aluar: “Aprovechan la crisis para implementar un ajuste”
Bajo el lema “¡Los dueños de FATE-Aluar no tienen problemas económicos, los trabajadores sí!”, los trabajadores y trabajadoras de la mencionada firma, reunidos en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, realizaron una marcha de protesta desde las 14.30 frente a la Secretaría de Trabajo, para que caiga el recurso preventivo de crisis.
Denunciaron que “con la excusa de una supuesta pérdida en los últimos dos movimientos económicos de la empresa FATE, el empresario nacional Madanes Quintanilla ha lanzado una ofensiva contra los trabajadores de dicha fábrica, cuyo primer paso es la presentación de un recurso de crisis ante la secretaría de trabajo nacional”.
“Históricamente, la conducción empresarial de FATE presionó en forma permanente a los trabajadores y buscó todo tipo de estrategias para flexibilizar las condiciones laborales”, señalaron en un comunicado.
Detallaron además que “Esto sucedía al mismo tiempo que el grupo empresarial de la familia Madanes crecía económicamente, y aumentaba el número de empresas de su propiedad, generando, luego de instalar la “fábrica madre” FATE, empresas como ALUAR (fábrica de aluminio con ganancias en los últimos 9 meses de 1,4 millones; la represa Futaleufu, que reportó ingresos por $444 millones; el parque eólico de Puerto Madryn; INFA (construcción, montajes y servicios industriales) que en 2018 facturó $ 936 millones, Transpa (transporte de energías), REFATE y varias más”.
“En mayo de 2018, la revista FORBES nombra a Javier Madanes Quintanilla con un patrimonio de 1.600 millones de dólares”, documentaron.
Concluyeron que “queda claro que el verdadero plan de Madanes es aprovechar una coyuntura de crisis para implementar un ajuste y tener una empresa que le arroje mayores ganancias sobre la base de la flexibilización de los trabajadores”.
Fuerte reacción contra una nueva medida oficial: “La AFIP busca destrozar la actividad pyme”
Fuerte reacción contra una nueva medida oficial: “La AFIP busca destrozar la actividad pyme”
El gobierno dispuso este viernes una actualización de las tasas de intereses resarcitorio y punitorio, que de este modo fueron fijadas en 4,5% y 5,6% mensual, respectivamente.
La Resolución 50/2019, publicada en el Boletín Oficial, establece además un mecanismo de actualización periódica para los valores en cuestión que tomará como referencia la tasa nominal anual para depósitos a plazo fijo en pesos a seis meses del Banco Nación.
Desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) rechazaron estas medidas y aseguraron que ”la AFIP solo busca destrozar la actividad pyme registrada, empujándolas a la marginalidad”.
”Las pymes no dejan de pagar los impuestos porque las tasas de la AFIP son baratas, que además no lo son”, señaló Raul Zylbersztein, secretario general de la entidad.
Según el dirigente, las pequeñas empresas ”son víctimas de la recesiónproducida por el ajuste, el aumento de las tarifas, la recesión y las altas tasas de interés.
Paritarias 2019: judiciales piden un aumento para compensar la caída del año pasado
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reclamó al Gobierno provincial la reapertura de las paritarias.
“Para dar un cierre a la discusión salarial de 2018, el gremio judicial reclama un incremento salarial no inferior al 15,6%, a fin de compensar la brecha existente entre el 32% otorgado unilateralmente por el gobierno y la inflación del 47,6%, medida por el INDEC”, indicó el gremio.
A principios del mes de diciembre de 2018, los judiciales rechazaron en asambleas, en forma unánime, la oferta salarial que completaba un incremento salarial del 2018 del 32%, más un bono de $7.000.
“En una clara demostración de la falta de voluntad del gobierno provincial de respetar el derecho constitucional de negociación colectiva de los estatales, María Eugenia Vidal ordenó liquidar el aumento salarial rechazado por la AJB y suspendió las negociaciones salariales”, señaló Abramovich.
Al respecto, el sindicalista aseguró que están “exigiendo la continuidad de la negociación salarial de 2018, donde debe lograrse como mínimo la recuperación del poder adquisitivo perdido durante ese año”.
Ni una migrante menos: repudio al Gobierno por la expulsión de una ciudadana peruana
Desde el “Foro de Migrantes de la Argentina” emitieron un comunicado en rechazo a la expulsión de la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva y de su hijo Michael, de dos años, por considerarla un proceder ilegal y absolutamente inmoral de parte del gobierno. La medida se tomó en el marco del endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Mauricio Macri, que busca estigmatizar a la población migrante como la responsable del fracaso económico de su gestión.
Por EMERGENTES
Desde el “Foro de Migrantes de la Argentina” repudiamos la expulsión de la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva y de su hijo Michael, de dos años, por considerarla un proceder ilegal y absolutamente inmoral de parte del Gobierno.
La expulsión se produjo este lunes cuando la policía forzó a Vanessa y a su hijo lactante a subir a un avión rumbo a Perú, *separándola de sus otros dos hijos, de 5 y 14 años, que quedaron en Villa Lugano*. La medida se tomó en el marco del endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Mauricio Macri, que busca estigmatizar a la población migrante como la responsable del fracaso económico de su gestión.
Condenamos enérgicamente esta estrategia de “populismo penal” que *intenta crear un sentido común xenófobo y discriminatorio* y, a su vez, quiebra la vida de una familia, dejando a dos niños en el más absoluto desamparo *¿De esta manera, acaso, se combate la delincuencia?*
Vanesa tiene 33 años y vivió por más de quince años en Argentina. Fue condenada en 2013, en un juicio abreviado, a una pena de cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes. Salió en libertad antes, por su buena conducta. Estudió, hizo una tecnicatura en enfermería, y trabajaba para mantener a su familia.
Vanesa tiene 33 años y vivió por más de quince años en Argentina. Fue condenada en 2013, en un juicio abreviado, a una pena de cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes. Salió en libertad antes, por su buena conducta. Estudió, hizo una tecnicatura en enfermería, y trabajaba para mantener a su familia.
En su afán de crear un “enemigo público”, el gobierno ha hecho una interpretación forzada del Artículo 70 de la Ley de Migraciones que no pondera derechos ni obligaciones legales y que se encuentra completamente reñida con los derechos que la Constitución Argentina ampara. Ningún juez hizo un chequeo socioambiental para revisar con quién y cómo quedaban los niños o cómo se mantendrá esta ciudadana que, en el más completo desamparo, se comunica con sus chicos desde Lima a través de un teléfono público.
El caso de Vanesa es la prueba concreta de que a este Gobierno no le importa disminuir la delincuencia ni resguardar los derechos ciudadanos y que *sólo busca aferrarse al poder azuzando fantasmas y estimulando los instintos más bajos de la sociedad*. *¡Devuelvan a Vanesa y su hijo! #NoAlDNU70 #MigrarNoEsDelito #NiUnaMigranteMenos FORO MIGRANTES DE LA ARGENTINA*
BUENOS AIRES
El Ministerio de Educación porteño falseó información para justificar el traslado de la Escuela de Cerámica
La lucha de la comunidad de la emblemática escuela de Almagro, en contra del traslado compulsivo a 8 kilómetros de su sede, sufrió un traspié tramposo. Rápidamente, sortearon la zancadilla.
Entre la lista de requerimientos Ferrer, quien preside el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 23, dispuso: “Remitir copia de la nómina de personal docente y no docente que ejerce cargos actualmente en el Bachillerato. En caso de ejercer funciones de manera exclusiva en el funcionamiento del Bachillerato, deberá informar también el horario y las tareas desempeñadas. En caso de que no ejerza tareas de manera exclusiva en el Bachillerato, deberá informar: a) si presta tareas para alguna otra de las tres modalidades que componen la Escuela de Cerámica N° 1 (Bachiller, Auxiliar y Técnico), aclarando, en caso de corresponder, en cuál de los tres niveles presta tareas, las funciones y horario de las mismas, b) si presta tareas además en otra dependencia, informando el lugar de trabajo, el horario y las tareas desempeñadas en cada una de estas”.
La maniobra del gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta fue esperar la feria judicial. Y mientras ésta sucedía, esperaron el turno de la jueza Andrea Danas para presentar el informe. Según señala la abogada de la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), Silvana Graciano, que acompaña a los docentes de la escuela, “es una jueza que tradicionalmente no hace lugar a cierto tipo de derechos. En esa oportunidad, el gobierno presentó la información. La jueza no nos la mostró y dictó una resolución judicial a partir de la misma”. UTE, entonces, pidió “vista” y “traslado” de la información presentada por el gobierno, antes de que se resolviera el pedido, y Danas no hizo lugar aunque se trata de un derecho de la parte denunciante.
Recién en instancia de apelación, señala la letrada, fue cuando tuvieron acceso al informe, lo circularon entre los docentes y al revisar las listas, con los que pudieron comunicarse en período de receso, “el 90% dijo que la información era falsa o incompleta”. Otros docentes no aparecían en el listado. Y ocho, que el gobierno presentaba como docentes que no tenían problemas en cambiar de horario, no trabajaban en la escuela. “Respecto de estos ocho, estamos evaluando que ellos denuncien esta situación, ya que se los muestra como personal de la escuela y en realidad algunos se jubilaron, otros renunciaron y otros tienen baja administrativa”, aclara la abogada.
Información trucha
A continuación, el listado proporcionado por UTE de los docentes nombrados en el informe presentado por el Ministerio que dirige Soledad Acuña, que no prestan servicio en la institución:
- Abadie: renunció a la escuela.
- Abal: jubilado.
- Bogado: con licencia por art. 71 en la Escuela Mastrazzi.
- Chechetto: jubilada.
- Di Paolo: Jubilada.
- Gomez Camacho: con baja administrativa.
- Groisman renuncio
- Riganti: con baja administrativa.
Cabe agregar que además de esta información falsa, hay en el listado otros 60 docentes sobre los cuales se brinda información errónea y con omisiones. Lo que cometen los funcionarios es el crimen de “falsedad ideológica de un documento público”, cuya pena está prevista entre seis meses y seis años.
Entonces, la jueza Danas revoca la pre-cautelar basándose en información falsa, errónea e incompleta, y la oculta a la parte denunciante. “Es grave lo que hizo el gobierno. No es que están respondiendo a una entrevista en un canal de televisión como políticos. Son el Estado y en esa calidad, están dando información falsa motivados por una orden judicial. Un instrumento público, producido por el estado es falso. Esto es un delito”, sostiene Graciano.
No se metan con los pibes
Así las cosas, tras la decisión de la jueza Danas, la mudanza volvía a ser posible y la comunidad del “Cera” veía jaqueado todo su esfuerzo por permanecer en la sede de Bulnes 45 y porque se amplíe allí el edificio.
Pero aparece un nuevo actor. La Asesora Tutelar Mabel López Oliva, de turno en la feria judicial, recibió a más de cincuenta chicos en entrevistas individuales que le plantearon los distintos problemas que se les presentaban frente al traslado de la escuela, y la cantidad de derechos que se les vulneraba. “Hay un chico que va con muletas y vive a una cuadra y media, no podés mandarlo con dos colectivos a más de 70 cuadras. Hay varios chicos con discapacidad; chicos que participan en la organización familiar y se ocupan de sus hermanos. El 80% de la matrícula de la escuela es de Almagro”, describe la letrada de la UTE. A raíz de estas presentaciones la asesora tutelar solicita una nueva medida cautelar que es concedida por el juez Guillermo Scheibler, de turno al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, frenando nuevamente el traslado. “Ella pide una nueva medida cautelar y dice que no sólo no tendría que mudarse la escuela sino que además no tendría que haber ninguna modificación en la planta docente. Porque hay muchísimos derechos afectados”, comenta Graciano.
“Este tercer juez de la feria judicial, con la presentación de los chicos, dice que aquí no está contemplado ninguno de los derechos de los pibes. No se puede hacer una mudanza resuelta en dos días. En 48 horas el gobierno inició y terminó un acto administrativo. El Estado debe rendir cuenta de sus actos -agrega la abogada-. Los funcionarios deben dar cuenta de los fundamentos, de las causas, del objeto de sus actos. No es la empresa privada que el patrón decide lo que quiere. Los funcionarios deben aplicar la ley, no pueden hacer otra cosa que aplicar la ley”.
Córdoba: 19 despidos inminentes en metalúrgica Acerfor
La empresa avanzaría con la decisión luego que la alimenticia Arcor le diera baja a contratos de servicios. Audiencia y cuarto intermedio hasta el 11 de febrero.
La empresa avanzaría con la decisión luego que la alimenticia Arcor le diera baja a contratos de servicios. Audiencia y cuarto intermedio hasta el 11 de febrero.
La metalúrgica Acerfor, de la localidad cordobesa de Arroyito, anunció el despido de 19 empleados como acción directa por la baja de contratos de servicio con la gigante alimenticia Arcor.
La situación convocó incluso al Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) que realizó reuniones para que se mantengan los puestos laborales.
La firma Acerfor dejaría, así, sin empleo a 19 trabajadores y desde Alimentación realizaron la denuncia en Ministerio de Trabajo a las partes que conforman la relación laboral.
Fueron citadas el STIA Arroyito representando a los trabajadores; Carlos Guevara por parte de Acerfor; y la firma Arcor solidariamente responsable de la situación ante la baja del contrato de fecha 29 de febrero.
Guevara, dueño de Acerfor aduce que “al no tener trabajo por parte de Arcor, la principal generadora en un 99%”, debe dejar cesanteados a los empleados. El STIA pidió que se mantengan los 19 puestos de trabajo.
La primera audiencia fue en la jornada del jueves 7 de febrero y por ahora rige un cuarto intermedio hasta el lunes 11. Allí se verá la respuesta que emiten las partes.
Cabe destacar que los representantes empresarios dieron casi cerrado el tema y estarían pensando en el despido inevitable de los empleados.
Vidal convocó a los gremios docentes a las paritarias 2019
La reunión será el próximo miércoles en La Plata. 2018 terminó sin acuerdo entre los sindicatos y los funcionarios de la provincia. El gremio pide recomposición salarial.
El gobierno de María Eugenia Vidal convocó a los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) a la primera paritaria de 2019. La reunión será el próximo miércoles a las 17:30 en el Ministerio de Economía ubicado en La Plata.
El año 2018 terminó sin acuerdo entre los sindicatos del FUDB -Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop- y el gobierno provincial. Sin embargo, en la última reunión del año pasado los funcionarios adelantaron una oferta para 2019. La propuesta, que no fue puesta en consideración por los gremialistas, implicaba un aumento del 20% en seis tramos más una cláusula de ajuste contra la inflación.
Las clases comenzarán el 6 de marzo. No obstante, hay grandes posibilidades de que el reinicio del ciclo lectivo se vea afectado por los paros docentes. Roberto Baradel, titular de Suteba, ya anticipó que primero buscarán “recuperar los 16 puntos” que perdieron contra la inflación en 2018. En caso de no lograr un acuerdo salarial, tomarían medidas de fuerza. El año pasado fueron 29 los días que se perdieron producto de las huelgas.
El gobierno conformó mesas educativas distritales, que funcionarán hasta febrero en cada uno de los 135 distritos, y tiene la presencia de consejeros escolares, inspectores y comunidad educativa en general. Las nuevas estructuras políticas intentarán llevar adelante “acciones tendientes a garantizar el inicio de clases” y a “adelantarse a las situaciones de conflicto que puedan suceder”.
Desde la administración bonaerense responsabilizan a los sindicatos por la falta de acuerdo del año pasado: “La última reunión con los sindicatos de maestros fue el 28 de noviembre. El día anterior los trabajadores estatales de la Provincia recibieron una propuesta similar que fue aceptada y cerraron la negociación paritaria para 2018 y también para 2019. En cambio los sindicatos docentes la rechazaron”.
A su vez, agregaron: “Mientras los trabajadores estatales ya comenzaron a cobrar un 4 % de aumento en enero, los maestros no pudieron mejorar su salario este mes por la reiterada negativa sindical”.
Chaco: empleados de Call Center de Resistencia denuncian despidos injustificados
Los empleados de Konecta Site IX denuncian que la medida es “injustificada y arbitraria”. No hubo notificación y temen perder las indemnizaciones.
Los trabajadores del Call Center Konecta Site IX de la ciudad de Resistencia denunciaron a la empresa por despidos “injustificados y arbitrarios”. Gabriel Torres y Rosario Pérez, son los abogados que llevan adelante los casos de cinco trabajadores que han sido despedidos.
El mismo se fundamenta básicamente, en que los empleados fueron despedidos con causas “que no tienen un marco legal sustentable y no corresponden a un despido. Son medidas arbitrarias tanto por la forma en que lo hicieron, las razones alegadas y los tiempos con los que se manejaron”.
Al ser despedidos con causa, la indemnización no corresponde. Sin embargo, según denuncian tantos los trabajadores con el respaldo de sus defensores, “la causas más alegan son las situaciones de caídas de llamadas, baja productividad, desgano, razones que no se pueden comprobar”.
“Yo fui el martes 15 a trabajar, 14:30 me logué, atendí hasta las 18 cuando, se me acercó un líder y me dijo ‘junta tus cosas tenes que acompañarme’. Me parece que no es la manera”, consideró una ex trabajadora.
Y explicó que ahora como son con causa “van a por los más antiguos”. Añadió que “las causas son casi las mismas, baja performance, baja productividad, objetivos que plantea la empresa, las famosas métricas que se cumplen mensualmente, todo carece de sustento y de comprobación”.
Los trabajadores del Call Center acudieron al gremio de ATACC (Asociación de trabajadores Argentinos De Centros De Contactos), pero no obtuvieron una respuesta, denunciaron.
“Nos dijeron que harían reuniones, que vendrían personas especializadas, cosa que se terminó suspendiendo”.
Catamarca: echan a 11 choferes de la línea de colectivos Guido Mogetta
Lo denunciaron los trabajadores de la empresa de transporte público. La empresa acusa al gobierno nacional y provincial por la pérdida del subsidio al gasoil. Temen más despidos.
Casi una docena de despidos se registraron en la empresa de transporte de pasajeros Guido Mogetta la semana pasada. Desde la compañía aseguran que “se debe a una medida paliativa como consecuencia de la pérdida del subsidio nacional al gasoil”. Eso generó un conflicto entre empresarios y el Gobierno provincial en enero pasado. Los choferes despedidos de otras empresas temen que se extienda la situación a más colegas.
Se trata de la primera medida que afecta directamente a los trabajadores luego de la quita del subsidio nacional al gasoil, aún a pesar de la asistencia que dio la Provincia y del compromiso de la gobernadora Lucía Corpacci de que buscarían la forma de compensar la pérdida de esos recursos.
Las empresas dejaron de utilizar el aire acondicionado en las unidades que sí lo tienen, y redujeron considerablemente la frecuencia de los colectivos para “ahorrar gastos”.
Los ex empleados de otras líneas que fueron despedidos el año pasado expresaron su temor de que esta situación afecte a más compañeros, y aseguraron que existe un “estado de desamparo total”.
“En su momento le pedimos al ministro de Servicios Públicos y a la gobernadora que analicen la situación de los trabajadores de transporte, pero vemos con total tristeza que los trabajadores fueron usados nuevamente. Los trabajadores y los usuarios del transporte quedaron de rehenes en esta situación, aún cuando ya fue solucionado el problema que aquejaba a las empresas. Causa pena ver que compañeros están siendo despedidos y sancionados”, expresaron en un comunicado.
Por otra parte, denunciaron que las elecciones gremiales de UTA a nivel nacional fueron cuestionadas, por lo que consideraron que tanto el gremio a nivel nacional como provincial se encontraría “acéfalo”.
Walmart avanza con 50 “despidos encubiertos” en Neuquén
El Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Neuquén informó que los empleados recibieron “la propuesta de retiro voluntario”. La modalidad se repite a nivel nacional.
“A través de un comunicado 50 empleados de Walmart recibieron la propuesta de retiro voluntario ofreciéndoles más del 100 por ciento de indemnización”, comunicó el Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Neuquén.
Desde el gremio del Centro de Empleados de Comercio (CEC) denuncian que la empresa estaría encubriendo la decisión ante una posible situación de crisis. “Muchos de los trabajadores que se ven afectados están en actividad desde que se abrió la sucursal y otros hace más de cinco años, por lo cual para algunos pareciera una propuesta atractiva con la indemnización que se les ofrece”, sostuvo el secretario general del CEC Ramón Fernández.
Por el momento la empresa no brindó mayores detalles pero desde el gremio aclararon que los afectados sospechan “despidos encubiertos”. Además aclararon que el personal de recursos humanos se habría comunicado con los trabajadores para negociar un retiro voluntario a cambio de una cifra considerable pero muchos de ellos rechazaron la propuesta por lo cual el sindicato sospechó de la preventiva crisis que enfrentaría la compañía.
La cadena norteamericana desembarcó en la capital neuquina en 1998, empleando en ese momento a unas 440 personas.
En agosto del año pasado, a nivel nacional los trabajadores de un local en la ciudad de Buenos Aires ya habrían experimentado una situación similar. El personal administrativo citó individualmente a los 200 afectados para que firmen la indemnización, con el sustento que la compañía no percibió ganancias el último año y medio.
La Cooperativa 8 de Enero, ex Sport Tech, realizó un festival para juntar fondos
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Al respecto Mirta Franco, trabajadora de la Cooperativa 8 de Enero e integrante del Sindicato Único de Costureros y Empleados del Vestido (SUCEV-CTA A), recordó que “la cooperativa se llama así porque fue el día que comenzamos nuestra lucha, plantándonos aquí en la fábrica sin agachar la cabeza, para tener continuidad en nuestros puestos de trabajo”.
“Necesitamos seguir trabajando porque hoy en la Argentina no hay casi ningún puesto de trabajo”, enfatizó la trabajadora. Y afirmó que “esta pelea debe servir de ejemplo para que los demás trabajadores textiles sepan que hay otra opción, no solamente agachar la cabeza”.
Por su parte Hugo “Cachorro” Godoy, indicó que esta “es una demostración más de la capacidad de resistencia de nuestra clase trabajadora, porque cuando la empresa quiso cerrar, inventando una quiebra, los trabajadores dijeron no”.
Y aseguró: “es un desafío que, a un mes de haber ocupado la fábrica, los trabajadores y trabajadoras se hayan constituido como Cooperativa 8 de Enero”.
“Esperamos que el síndico pague los sueldos que se le debe a los trabajadores, que les reconozcan la cooperativa, para que esta se ponga en funcionamiento de manera inmediata, y que los trabajadores hagan que esas máquinas se pongan en producción”, apuntó Godoy.
“Desde la CTA Autónoma queremos darle continuidad al apoyo a este ejemplo de trabajadores y trabajadoras organizados en la CTA Autónoma. Fábrica que cierra, fábrica que se ocupa y que se pone a seguir funcionando en manos de los trabajadores y trabajadoras”, concluyó el dirigente.
Por último Tomás Devoto, secretario de Salud Laboral de la CTA Autónoma bonaerense, dijo que “el festival de hoy fue muy emotivo. A un mes de la ocupación de la fábrica para que no la vaciaran vemos entusiasmo en los trabajadores para poner en pie y a producir la cooperativa”.
“Es un ejemplo esta lucha porque muestra que resistiendo, teniendo dignidad y voluntad de lucha se puede tener triunfos ante la política de este gobierno. A pesar de las traiciones de los sindicatos que decían representar a los trabajadores”, apuntó Devoto. Y finalizó aclarando que “ahora empieza una nueva etapa, la construcción de la Cooperativa y su puesta en funcionamiento”.
Estuvieron presentes compañerxs de la Mesa Provincial, Pablo Centurión, Alejandra Brillante, Tomás Devoto, Juan Laurenzo, entre otrxs. También estuvo por la Mesa Nacional el secretario General Adjunto Hugo “Cachorro” Godoy.
* Periodista de la Secretaría de Comunicación de la CTA-A Provincia de Buenos Aires
Informe especial
Mucho más que Wrangler y Lee
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Con la partida del país de Wrangler y Lee debido a “una reestructuración”, la debacle de la industria textil se convirtió en trending topic en Twitter este 6 de febrero. Los números rojos que afectan al sector se volvieron algo tangible para gran parte de los opinadores de la red más politizada cuando, además de barrer con otros 200 empleos, se cargaron a dos de las marcas más icónicas de jeans de la Argentina.
La situación dista mucho de ser nueva. Según los números publicados esta semana por el CEPA, del total de despidos durante 2018 (69.696 casos), 37.341 (el 54%) fueron de la industria. En un desglose por sector, luego de los trabajadores automotrices, los textiles fueron los segundos más afectados: durante el año pasado se perdieron en ese rubro 6.927 empleos.
En lo que va de 2019, los 200 despedidos de Wrangler y Lee se suman a los 80 de la textil Confecciones Riojanas, que alegó “baja en las ventas”; y a los 120 de Sport Tech, de la localidad bonaerense de Villa Lynch, quienes tras un intento de cierre y quiebra fraudulenta por parte del dueño de la empresa que produce mercadería para Nike, Adidas y Puma acaban de conformar la Cooperativa “8 de enero” –con el acompañamiento de la CTA Autónoma- en honor al día en que empezó el conflicto.
Como única respuesta, el Gobierno impulsó hace pocos días el llamado “Acuerdo por el Empleo en la Indumentaria”, una suerte de flexibilización sectorizada. El proyecto permitiría para el rubro textil dos situaciones que iban a formar parte de la reforma laboral que no fue: un fondo de cese laboral y un banco de horas. En la práctica, el primero se trata de un fondo al que el propio trabajador o trabajadora irían aportando para indemnizarse a sí mismos en caso de despido. El segundo, de horas a crédito que se trabajarían cuando el patrón lo requiriese y se podrían compensar trabajando menos tiempo en el futuro. Es decir, la jornada laboral se podría extender hasta 10 horas sin el pago de extras.
De costos y consumo
En una reunión con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el secretario de Trabajo, Luis Aparicio, la propuesta fue rechazada, inesperadamente, por todos los actores textiles.
En un documento conjunto, la Asociación Obrera Textil (AOT), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (Setia), de la Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI)y del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva) comunicaron que ninguna de las reformas “implica una reactivación industrial y mejora la calidad de empleo y de trabajo”, que tampoco repercutirán en “un aumento del consumo” y que “violan toda la normativa referida a la negociación colectiva”.
Fuente: Federación de Industrias Textiles Argentinas.
Pero no sólo se opusieron los sindicatos, sino el propio empresariado. “El problema es que no hay renta, es que estamos en un país donde quieren poner leyes que te hagan producir barato para no venderle a nadie”, explicó Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentina (IPA) y de la Fundación ProTeger, en diálogo con Canal Abierto.
La iniciativa estuvo amparada en un supuesto macrista que fue pronunciado por el actual Presidente hace décadas, cuando apenas soñaba con liderar Boca Juniors: “Lo que hay que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más”. Pero, para Meloni, “el diagnóstico del Gobierno está equivocado”.
“La inflación es sobre el costo, pero el costo también es la presión impositiva, el gas, el agua, la logística, los peajes, la nafta. Hay muchas cosas que inciden en el costo –analizó el empresario-. Hubo unanimidad en que la prioridad es tomar medidas de fondo, fomentar el mercado interno. Hay muchos importadores que tienen sobre stock y no vendieron porque no es una cuestión de precios”.
Desde el mundo cooperativo tienen una visión parecida. Joaquín Fernández Sancha, presidente de la Red Textil Cooperativa y secretario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) afirmó: “Nosotros dependemos de los mismos factores que los empresarios, y sufrimos las caídas en las ventas. El problema que tiene que resolver este gobierno es la demanda, no los salarios. Pero este proyecto responde más a pedidos del Fondo Monetario Internacional y a exigencias de gente como el cuñado presidencial Daniel Awada, que a los intereses de los trabajadores”.
Al hermano de Juliana Awada también lo señalan como ideólogo de la iniciativa desde La Alameda, organización que impulsa la Cooperativa Textil 20 de diciembre y que denunció al dueño de Cheeky y de Cómo quieres que te quiera por “reducción a la servidumbre” de obreros textiles que trabajaban para sus locales. “Lo que también buscan con esta iniciativa, y es el principal interés de las grandes marcas, es cambiar la ley 12.713 que regula el trabajo a domicilio -detalló Tamara Rosenberg, referente de La Alameda-. Esta ley establece la responsabilidad solidaria de las marcas que tercerizan en talleres, que muchas veces son clandestinos y con trabajadores explotados. Hoy, si algo ocurre con esos trabajadores, son ellas las que en última instancia se deben hacer cargo”.
“Esto va a ser una masacre”
La apertura de las importaciones, la caída del mercado interno, el aumento del dólar, la inflación, las tasas siderales y los tarifazos son señaladas por los representantes del sector como las principales causas de una crisis que no vivían desde 2001.
Según los últimos números del Indec, la producción manufacturera sufrió en diciembre último una caída del 14,7% frente al mismo mes de 2017. La mayor desde 2002, cuando estalló la convertibilidad. A los textiles les fue peor que al promedio: en diciembre cayeron un 36,3% por el derrumbe del 45,1% en hilados de algodón. 2018 cerró para el rubro con una caída del 10,7%. Si sumamos toda la era Macri, los tres años le costaron al sector un tercio de su producción.
De acuerdo a datos difundidos por la Fundación ProTejer, el 89% de las empresas textiles del país declaró una caída en sus ventas durante el 2018.
¿Cuáles son, entonces, las medidas necesarias para bajar del tobogán? Para Meloni, las soluciones se inscriben en un cambio total de rumbo: “Para revertir esto no hay dudas de que se necesita tener una tasa de interés no usurera, hay que dar una moratoria generosa, pesificar las tarifas de los servicios y darnos previsibilidad, pero la prioridad es el consumo, y el consumo lo hacen los trabajadores. Las empresas se están cayendo a pedazos, en IPA tenemos 20 rubros y 18 están mal. Si no empiezan a tomar medidas, esto va a ser una masacre”.
Fuente: Canal Abierto
* Directora de Canal Abierto
Los artesanos de San Telmo resisten el desalojo en la calle Defensa
En lucha por el derecho a trabajar
Integrantes de Artesanos Unidos denunciaron que desde hace cuatro semanas no les permiten vender sus artesanías los domingos. Como parte de la presión, se sumó la militarización de la calle para expulsarlos definitivamente, advirtieron.
Desde hace cuatro domingos, en San Telmo los artesanos no pueden montar sus puestos.
Desde hace cuatro domingos –mañana sería el quinto—, la calle Defensa, del 700 al 1000, ha cambiado bruscamente su aspecto tradicional, el que quieren ver desde siempre los porteños y los turistas, del interior del país o los que llegan de todos los rincones del mundo. Los metales, las cerámicas, las maderas, talladas, moldeadas por manos expertas, han sido desplazadas en forma abrupta por policías uniformados vestidos para la guerra, en un lugar donde siempre reinó la paz. Representantes de los cientos de artesanas y artesanos de La Feria de San Telmo, en diálogo con PáginaI12, explicaron que se trata de “un conflicto” que les impide trabajar, como lo hacen desde hace décadas, en un sitio que es “un emblema de identidad y cultura de nuestra ciudad”. Denunciaron que están siendo “avasalladxs como consecuencia de la presión que ejercen los sectores más privilegiados de San Telmo, representados por los anticuarios”. Esa presión hace que el gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, haya militarizado el paseo público para expulsarlos en forma definitiva.
Como respuesta, artesanos y artesanas vienen realizando una resistencia pacífica que consiste en ocupar las cuatro cuadras realizando espectáculos artisticos, música, baile y acciones directas para contrarrestar la persecución que están sufriendo. Además de las asambleas y acciones públicas que están realizando para impedir el desalojo, los Artesanos Unidos de la Calle Defensa se han presentado ante la jueza Romina Tesone, a quien solicitaron el dictado de una medida cautelar para que el gobierno de la Ciudad respete su derecho a trabajar y los antecedentes que avalan su histórica presencia en el lugar.
Haydée y Martín, integrantes de Artesanos Unidos, dijeron que el grupo está denunciando “las presiones que se están ejerciendo sobre los poderes represivos para desalojarnos, con la intención de utilizar posteriormente el mismo espacio donde hoy estamos nosotros”, con fines comerciales. En un comunicado, los artesanos señalaron que “este arbitrario proceso de marginación y disgregación intenta desplazarnos del lugar donde trabajamos cada domingo, y por ende nos arrebata la posibilidad de tener un ingreso económico a cientos de artesanxs que hace años venimos construyendo un espacio cultural que ya ha sido visitado por cientos de miles de turistas provenientes de todo el mundo”.
Los artesanos cuestionaron que el proyecto oficial incluya un acuerdo con la Cooperativa El Adoquín, algo que generó controversia entre los artesanos y los vendedores de productos gastronómicos, dos sectores que tienen legítimos derechos, que deberían contar, cada uno, con su lugar, sin entorpecer la actividad del otro. Este diario intentó hablar con Gabriela Olguín, de El Adoquín, pero el diálogo no fue posible, al menos por el momento. Los artesanos defienden su lugar histórico, en la calle Defensa, y consideran que los vendedores podrían trabajar en igual condición y sin problemas, sobre la calle Chile, a pocos metros unos de otros.
El acuerdo al que aluden los artesanos, les quitaría a ellos la posibilidad de seguir trabajando en las cuadras que van del 800 al 1000 de la calle Defensa. Los artesanos señalaron que lo que el gobierno busca con este acuerdo es “el atropello y la manipulación para que en definitiva terminemos confrontadxs entre nosotrxs”. Los artesanos señalaron que “de ningún modo” aceptarán “la usurpación de sus lugares de trabajo”. Por ese motivo “estamos denunciando un pacto cargado de vicios que no contempla las más básicas normas de respeto, dignidad y convivencia”.
El problema central sigue siendo que, por cuatro domingos consecutivos, se ven “impedidxs de armar los puestos debido a los operativos que nos envía la fiscal premiada por la empresa Nike, Celsa Victoria Ramírez, desde la fiscalía 35”. Precisaron que “los operativos consisten en procedimientos de control e intimidación por parte de patrullas y personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, apoyados por la Policía y el cuerpo de Infantería”. El domingo pasado “fue el cuarto fin de semana consecutivo que no trabajamos, pero ante la imperiosa necesidad de hacerlo armamos los paños y fuimos reprimidos por la Infantería, que nos arrojó gases a pesar de haber hecho una resistencia pacífica y pese al inmenso caudal de turistas que pasaba por el lugar”.
Mañana volverán a reunirse sobre la calle Defensa “para seguir resistiendo y para pedir la igualdad de derechos, y la regularización y reconocimiento del espacio donde trabajamos como un paseo cultural que representa un espacio turístico que entre todxs lxs artesanxs supimos construir durante más de una década”. Una de las artesanas que no puede trabajar es Mónica Raquel Alegre, la madre de Luciano Arruga.
Envío:RL
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