Por Juan Guahán
Los hidrocarburos fósiles, que por millones de años se formaron en profundas entrañas del planeta, comenzaron a mostrar la decadencia de sus posibilidades de continuar siendo el alimento predilecto de las máquinas inventadas por los humanos en el último siglo. Ante su progresivo agotamiento florecieron las experiencias destinadas a prolongar la vida de esta fuente […]
Los hidrocarburos fósiles, que por millones de años se formaron en profundas entrañas del planeta, comenzaron a mostrar la decadencia de sus posibilidades de continuar siendo el alimento predilecto de las máquinas inventadas por los humanos en el último siglo.
Ante su progresivo agotamiento florecieron las experiencias destinadas a prolongar la vida de esta fuente de energía. Así fue como surgió la técnica del fracking para romper las rocas y sacar el petróleo que éstas guardaban en sus porosidades.
Para ello era necesario producir múltiples pequeñas explosiones para hacer estallar esas rocas y extraer el petróleo que tenían escondido. EEUU desde hace unos 10 años vio en esta técnica, la posibilidad de evitar su dependencia de los países que eran los grandes proveedores de petróleo, uno de los puntos débiles de su hegemonía mundial. Ya veremos la situación actual de esas explotaciones.
Las reservas y explotación de Vaca Muerta (en la sureña provincia argentina de Neuquén) responden a esa lógica. Los gobernantes argentinos, cultores del principio “yo resuelvo mi problema, lo que venga después es problema de los que vengan después”, procedieron en consecuencia.
El macrismo lo viene presentando como una de sus grandes logros, al transformar a Argentina en exportadora de gas. El cristinismo no le fue a la zaga y reivindica su rol de padres de esa experiencia.
En muchos casos las objeciones de las comunidades locales de pueblos originarios fueron desoídas. El hecho que varios países (Francia entre ellos) hubieran prohibido esas explotaciones tampoco fue considerado. La denuncia de especialistas que consideraron que sus efectos pueden ser más nocivos que la minería a cielo abierto, al vincular las formaciones de petróleo y de gas con acuíferos, tampoco se escucharon.
Las experiencias ocurridas en Holanda e Inglaterra; Ohio, Oklahoma y Arkansas, en el sentido que esa multitud de pequeñas explosiones generaban movimientos sísmicos y desplazamientos de placas geológicas, con terremotos de hasta 5,2 en la escala de Richter, tampoco tuvieron eco.
Recientemente los vecinos de Sauzal Bonito, en el área de Vaca Muerta, hicieron saber de su preocupación por los reiterados movimientos sísmicos (hasta tres por día) producidos en los últimos tres años. Los mayores, producidos entre octubre y noviembre 2018, dejaron como secuela “casas partidas con paredes que se rajan y que corren riesgo de caerse”.
El negocio es grande, los intereses son muchos. En lo inmediato permitiría arrimar dólares, por las exportaciones de gas. Lo demás… poco importa a los gobernantes.
Pero poco a poco, también van apareciendo las limitaciones económicas de ese vasto negocio. Para la economía argentina esos topes toman dos formas. Una de ellas -que ya apareció- es el subsidio para que las empresas inviertan en esa actividad. La otra es la corta vida y los costos de los pozos sometidos a este tipo de explotación.
Para asegurar las ganancias empresariales, el gobierno (Resolución 46/2017) garantizó a las empresas extractoras un precio y ganancias (hasta el 2021). El salto en el valor del dólar y los ajustes exigidos por el FMI hicieron imposible mantenerlo en los montos acordados.
A los valores actuales, solo para el gas, ese subsidio sería de 2.464 millones de dólares, cifra fabulosa, aunque mucho menor a la originalmente prevista y ahora demandada por las empresas.
La consecuencia es que está cayendo la producción de gas, las empresas amenazan con despidos; el sindicato petrolero (sin el aval de los gremios de la construcción y de camioneros) y las grandes empresas (encabezadas por Techint) aprietan al gobierno, demandando que se cumpla lo pactado. Amparados en el principio constitucional de la seguridad jurídica van a la justicia y el futuro es incierto.
La otra cuestión en danza es la propia viabilidad, a largo plazo, de las inversiones en el método fracking. Todo funciona, el caso argentino es una prueba más de que toda funciona -mientras llueva plata dulce (del Estado en Argentina o inversores privados en EEUU), hasta que la caída se vuelve irreversible.
EEUU, a la cabeza mundial de la explotación petrolera –por el desarrollo del fracking-, parece haber iniciado la etapa descendente. La oportunidad del ataque a Venezuela, parece que tiene una de sus claves en ese tema y la necesidad estadounidense de contar con reservas a mano en un futuro no muy lejano.
Como ocurre con la soja y ahora con el fracking, un sospechoso y cómplice silencio social avala la irresponsabilidad de la dirigencia y permite esas políticas. En lugar de buscar alternativas, la comodidad aletarga las conciencias y permite que lo malo aparezca como necesario, en lugar de buscar un camino diferente.
Deuda: pago imposible, renegociación o default
Esta semana Argentina vivió un corto “veranito financiero”: un dólar tranquilo; los intereses –por las nubes- pero bajando; el “riesgo país” dando un respiro. Las grandes empresas que habían perdido el 50% de sus valores bursátiles, recuperaron, en estos días, cerca de un 20% de los mismos.
Al lado de esos datos, las informaciones internacionales nos refieren que es más fuerte la percepción que Mauricio Macri no tiene futuro, que los temores hacia una vuelta de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia.
En ese marco reaparece el tema de la deuda externa. Quedan pocas dudas que este tema es una de las formas más eficaces para garantizar nuestra dependencia respecto de los llamados países centrales.
Primero, crean las condiciones para endeudarnos. Luego establece las condiciones, a través de los “acuerdos” con el FMI, para subordinarnos a los poderes mundiales generando un sistema que nos ata al capital financiero internacional y las grandes potencias que les sirven de sede. Según la Secretaría de Hacienda, la deuda pública nacional -al 30 de setiembre pasado- era de 308.000 millones de dólares, el 50% de nuestro PBI y sus intereses representan el 18% del total de los ingresos fiscales.
El principal acreedor es el FMI: uno de cada tres dólares que Argentina paga por intereses se los debemos a ellos. El endeudamiento macrista (en tres años) es de 71 mil millones de dólares, 10 mil millones más que el período 1991/2001 y casi el doble de los 38 mil en cinco años del kirchnerismo (2005/2015).
A no asustarse, porque la deuda de EEUU es del 110% de su PBI. Ah, claro … es la deuda de EEUU, patrón del sistema y país decisor dentro del FMI.
Más allá de elucubraciones de laboratorio, la deuda –tal como está tomada- es imposible de pagar. Descartado ese camino quedan dos posibles vías para el próximo gobierno: renegociación o default.
Claro está que la eventual continuidad de Macri permitiría que siga algo parecido al actual recorrido, con algunas extensiones de plazos y más concesiones que seguramente implicarán mayores pérdidas de soberanía. Recordemos que se ha presentado en Tribunales una denuncia contra el Presidente por “traición a la patria”, por los compromisos asumidos respecto de los recursos naturales, como garantías por las deudas.
En realidad se trata de una renuncia a la inmunidad soberana del Estado, pactando la jurisdicción de los tribunales extranjeros, al igual que todos los gobiernos precedentes, desde la dictadura de 1976.
El camino más elegido por los economistas está en las perspectivas de refinanciación. Todos acuerdan que las condiciones de la misma estarán en directa relación con la fuerza y voluntad que tenga y exponga el próximo gobierno.
En cuanto al default es rechazado por estos mismos economistas por los dolores que le traería al pueblo. Aunque debemos recordar que los primeros y mejores años del crecimiento kirchnerista se dieron –justamente- en medio del no pago de la deuda y la afectación de esos recursos a otros destinos.
*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
estrategia.la/2019/02/09/argentina-vaca-muerta-de-la-salvacion-al-infierno-la-deuda-y-su-pago-imposible/
Fuente:KaosenlaRed
A pesar de la policía y los matones del millonario Joe Lewis, 90 militantes reivindicaron la soberanía en Lago Escondido
Resumen Latinoamericano, 10 febrero 2019
La marcha pacifica por la soberania por el camino público de Tacuifi.
Por Julio Urien
Noventa compañeros/as de los Agrupamientos Sanmartinianos, frente a los obstáculos puestos po la empresa Hidden Lake S.A y su representante Van Ditmar que cerraron el camino con tranqueras por medio de cadenas y candados y presencia intimadora de personal de seguridad de la empresa, fueron superados por nuestra accion, que recurriendo con nuestros abogados a la justicia se logro, que esta habilitara la continuacion de la marcha por el camino publico hasta acceder al Lago Escondido, resolucion que enfurecio a la direccion de esa empresa, pese a esto se logro cruzar el rio Foyel y acceder por el camino de servidumbre (Tacuifi) en la propiedad de Joe Lewis. Ya de noche unos 21 compañeros/as como vanguardia acompañados por nuestros corresponsales y la television francesa, a poca distancia de acceder a la orilla del lago Escondido recibieron la orden de evacuar por orden del juez y la policia, por seguridad, debido a la condiciones de la noche. Pese a la insistencia de continuar por parte de los compañeros que conformaban la marcha, no tuvieron otra alternativa que acatar la orden.
La policia los trasladó hasta la ruta 40.. La columna que marchó por el camino de montaña que es publico (reconocido por el Presidente de la Nacion) practicamente inaccesible luego de tres dias de marcha, al llegar al Lago se enfrento a todo tipo de presiones y obstaculizaciones por parte de la patota de Joe, a la que se sumo la privacion ilegitima de la libertad y tortura y atentado contra la vida cuando embestieron con dos embarcaciones a motor contra el kayak cuando estaban por arribar a la isla en el medio del Lago.
En el kayak navegaban dos compañeros (una compañera de ATE Capital y otro de radio grafica, integrantes de FIPCA) que fueron amenazados de muerte y arrojados al agua helada y dejados hasta que ya en estado de hipoterma fueron subidos a una de las lanchas camufladas de la empresa que los embistio y los arrojaron a la costa. Todos sus equipos fueron incautados.
Los compañeros del campamento los socorrieron y presionaron a la policia para que intervinieran (que esta a merced de la empresa de Joe Lewis) y luego de varias horas lograron que fueran evacuados. (Los compañeros ya estan recuperados). Diecisiete compañeros actualmente estan regresando bajando por la montaña, (decidiendo hacerlo por sus propios medios) con una moral y espiritu de cuerpo muy altos. Abogados de la fundacion FIPCA ya presentaron Habeas Corpus para que se les de seguridad e inician denuncias penales. Una tercera columna de veinte compañeros/as de la Fundacion, tambien se habian acercado al lago Escondido por el camino del Manso por terrenos del Sr Montes quien autorizo su transito, este presionado por Van Ditmar pidio que esta no continuara y los compañeros se retiraron. Van Ditmar se habia juramentado que no ibamos a acceder al lago Escondido y lo logramos.
Los agrupamientos Sanmartinianos de FIPCA expresión de los sectores populares organizados y comprometidos con la defensa de nuestra Soberania continuaran con su politica de denuncia y presencia en el terreno de los intereses contrarios a la Patria, planteando nuestra consigna de Patria Si Colonia no.
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Comunicados:
1° Los compañeros que participaron de la Marcha por el Camino de Tacuifi, han retornado todos al campamento base y se encuentran en perfecto estado.
2° Los compañeros que realizan el camino de montaña iniciaron hoy el camino de regreso. Se estima su arribo a El Bolson para el día martes 12 de Febrero.
3° Tres conpañeros de la columna del Camino de Montaña fueron evacuados anoche por personal de Policía de Montaña, luego de que dos lanchas de Joe Lewis rodearan a dos de ellos que navegaban el Lago Escondido en kayac, los embistieran, arrojaran su equipaje al agua y voltearan el kayak.
Los tres compañeros se encuentran en base y en buen estado de salud fisica. Los dos agredidos aun en shock pero ya contenidos.
4° En el dia de hoy presentamos Habeas Corpus a favor de los 17 compañeros que se encuentran regresando por el camino de montaña. La Justicia de El Bolsón ya interviene para garantizar su seguridad.
2° Los compañeros que realizan el camino de montaña iniciaron hoy el camino de regreso. Se estima su arribo a El Bolson para el día martes 12 de Febrero.
3° Tres conpañeros de la columna del Camino de Montaña fueron evacuados anoche por personal de Policía de Montaña, luego de que dos lanchas de Joe Lewis rodearan a dos de ellos que navegaban el Lago Escondido en kayac, los embistieran, arrojaran su equipaje al agua y voltearan el kayak.
Los tres compañeros se encuentran en base y en buen estado de salud fisica. Los dos agredidos aun en shock pero ya contenidos.
4° En el dia de hoy presentamos Habeas Corpus a favor de los 17 compañeros que se encuentran regresando por el camino de montaña. La Justicia de El Bolsón ya interviene para garantizar su seguridad.
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(Opinión) Joe Lewis sigue mandando en el sur
Días atrás el gobierno nacional volvió a demostrar su indiferencia por el concepto de patria en su aspecto más sensible: la integridad territorial. Pobladores rionegrinos de la zona cordillerana volvieron a realizar una marcha, la cuarta, “por la soberanía” para exigir la apertura de los accesos públicos a Lago Escondido, apropiado por el multimillonario británico Joe Lewis, un amigo personal del Presidente de la Nación. Esa apropiación se inscribe en la extranjerización de tierras patagónicas que tiene lugar ante el dejar hacer de la clase política y las fuerzas de seguridad como supuestas encargadas de la vigencia y custodia de las fronteras.
En este caso el agravio es completo: la propiedad está en el área que la ley considera como de seguridad de fronteras (ahí las tierras no pueden estar en manos de extranjeros); constituye uno de los más bellos lugares de la provincia y, como si no fuera suficiente, en el lugar producen energía aprovechando los recursos naturales del país y se la venden al municipio de El Bolsón.
Pero además, Lewis (de quien ha dicho el Presidente que es “un empresario que colabora desinteresadamente con el país”) y su cohorte de abogados se permiten desconocer una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que ordenó la apertura de los accesos al lago, cerrados por orden del magnate. En apoyo de esa resolución el Presidente llegó a decir que el acceso al Lago Escondido ya estaba garantizado por un sendero de montaña y que era “un camino en perfectas condiciones para cualquier ciudadano”. Una falacia más, ya que ese sendero de acceso requiere tres días de caminata y solo puede ser emprendido por quienes conocen muy bien esa geografía.
Los que han intentado efectuar ese recorrido (u otro más breve y accesible que permitía el acceso con automóviles) lo han encontrado cerrado, ya sea por obstáculos puestos adrede o -increiblemente- por fuerzas policiales y de Gendarmería, apostadas allí para defender la posesión de tierras argentinas ocupadas por un extranjero.
Las reiteradas marchas de ciudadanos que reclaman el cumplimiento de las leyes no parecen conmover a quienes deberían velar por su cumplimiento. Queda claro que para el gobierno resulta más fácil apalear comunidades mapuches que emplazar a millonarios extranjeros para que cumplan con nuestra legislación. Y también queda claro que esta situación está en sintonía con la concepción de “país-negocio” que viene desplegando el macrismo desde sus misma asunción y que, lamentablemente, recién ahora parece ser advertida por gran parte de la población. El de Lago Escondido (o Hidden Lake como la ha bautizado su actual ocupante) es uno más de los episodios que vienen marcando un “cambio” de rumbo hacia las formas más extremas de liberalismo que se pretenden imponer.
Actitudes prepotentes como la de Lewis, consentidas y hasta justificadas por las autoridades nacionales y provinciales,nos distancian de las aspiraciones de soberanía territorial que la mayoría de los argentinos siguen defendiendo.
fuente: Diario La Arena
Se duplicó la cantidad de asalariados y jubilados que paga Ganancias desde que asumió Macri
Suman 2 millones cuando en diciembre de 2015 eran 1,175 millones. Este año ya se agregaron 50 mil jubilados y pensionados. Y habrá más asalariados por la suba de salarios.
Los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias.” La promesa electoral del entonces candidato presidencial Mauricio Macri no se cumplió. En rigor, sucedió al revés: se duplicó la cantidad de asalariados y jubilados que pagan Ganancias en los tres años de mandato de Cambiemos.
La última novedad en la materia ha sido la inclusión de casi 50 mil jubilados y pensionados al padrón de los contribuyentes de este impuesto, provocado a partir de una decisión del Palacio de Hacienda la semana pasada.
De acuerdo con la última información disponible, en diciembre de 2015 el fisco le retuvo anticipos de Ganancias a 1.175.478 contribuyentes, tanto trabajadores en relación de dependencia como jubilados y pensionados. En septiembre de 2018, esa cantidad sumaba 2.007.189. Los datos fueron extraídos del informe que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizó ante los Diputados en octubre pasado.
La cifra de asalariados y jubilados a los que se les deducen anticipos de Ganancias depende de los ingresos mensuales, y por eso varía mes a mes. Suelen crecer en diciembre y junio por el efecto del cobro del aguinaldo.
La cantidad de asalariados, jubilados y pensionados que pagarán Ganancias (se los conoce como Cuarta Categoría) este año crecerá por dos razones.
Los 47.600 jubilados y pensionados que se agregaron desde enero pasado al pago de Ganancias fueron el blanco de una decisión del gobierno nacional instrumentada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “Hasta diciembre de 2018, el mínimo no imponible de seis haberes mínimos se aplicaba haber por haber, mientras que a partir de enero ese mínimo se aplica por beneficiario. Esto implica que beneficiarios de dos o más haberes inferiores al mínimo no imponible pasarían a pagar Impuesto a las Ganancias en la medida en que la suma de esos haberes sí supere el mínimo no imponible. Según las estimaciones de la OPC, este cambio implica que unas 47.600 personas deberán comenzar a pagar el impuesto a las Ganancias, lo que aportará una recaudación adicional de aproximadamente $ 1600 millones durante 2019”.
La otra razón del incremento en la cantidad de asalariados que tributará Ganancias será que sus aumentos salariales de 2018 fueron superiores al crecimiento del mínimo no imponible.
De acuerdo con la ley votada el año pasado, el mínimo no imponible de Ganancias se actualiza por medio de un indicador salarial que publica la Secretaría de Trabajo, el RIPTE. Ese indicador aumentó en 2018 un 28,29 por ciento. Se sabe que la inflación fue del 47,6% a nivel nacional y que apenas un puñado de sindicatos logró empardar o acercarse estrechamente al nivel de la carestía. Pero una cantidad mayor de ellos obtuvo incrementos salariales a lo largo del año pasado por encima del 28%, algunos muy numerosos como docentes o comercio. Esto implica que una mayor cantidad de personas superará el umbral a partir del cual se paga Ganancias, fijado en un ingreso bruto de $ 46.145,91 para aquella persona que no pueda realizar deducciones a fin de aligerar el peso de Ganancias en sus ingresos. Para el caso de una persona con dos hijos a cargo, ese salario bruto a partir del cual se paga Ganancias asciende a $ 61.045.
El empleo del RIPTE como índice de movilidad de Ganancias provocará otro efecto: desde enero de 2016 hasta fin del año pasado, la Cuarta Categoría aportaba el 20% de lo que recaudaba por Ganancias la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Esa cifra subirá por el efecto antes mencionado. Es decir, no sólo se ampliará la base de contribuyentes, sino que además pagarán más.
Este panorama contrasta con el que a partir de este año recibirán las empresas, las que podrán deducir el efecto de la inflación a la hora de calcular este impuesto (ver al lado).
El afán recaudatorio, con un direccionamiento preciso hacia las personas de a pie, cuyos ingresos no constituyen ganancias, tiene un mentor: el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario por el cual la recaudación debe ser “fortalecida” para que la recesión no afecte el déficit cero
Hospitales colapsados: desde incendios hasta operaciones sin luz
Los casos se multiplicaron los últimos meses en centros de salud públicos de todo el país, especialmente en provincia de Buenos Aires. Hay cierres de servicios, falta de personal e insumos, y siniestros por fallas de infraestructura, en pleno achicamiento presupuestario.
Los hospitales públicos están colapsados”, denuncian los gremios médicos. Si bien aclaran que no es algo de ahora, llaman la atención sobre la multiplicidad de siniestros que ocurrieron en el último tiempo: incendios, inundaciones, cortes de luz en el medio de operaciones. Mientras tanto, el proceso de vaciamiento del sistema de salud se profundiza, con falta de nombramientos, servicios cerrados, y escasez de insumos claves por parte de un Ministerio que pasó a ser Secretaría y busca provincializar la salud.
Sólo en el mes de enero el Hospital Interzonal de Agudos San Martín de La Plata sufrió dos cortes de luz. Los grupos electrógenos, tercerizados por el gobierno de María Eugenia Vidal, volvieron a fallar, y las tres horas sin energía del segundo corte, en la madrugada del 23 de enero, resultaron críticas para sectores como neonatología, mientras enjambres de médicos llegaban de sus casas para evitar el traslado de 23 bebés en incubadoras, bombeándoles oxígeno de manera manual. Una semana después, una parte del cielorraso se desplomó en un sector de consultorios. No hubo heridos porque estaban sin uso por la merma de la demanda en verano. Pablo Maciel, médico y secretario gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (Cicop), aseveró: “El presupuesto 2019 es el más bajo de la historia de la provincia y ya empezó a traernos problemas”.
También en La Plata, a mediados del año pasado, los profesionales del Hospital de Niños Ludovica debieron continuar una operación con las linternas de sus celulares, por un corte de luz. Según explicaron luego los médicos, lograron finalizar la cirugía cardiovascular, a tórax abierto, pero sin resolver la patología.
A 836 kilómetros se ubica el Hospital Perrando, en Resistencia, Chaco. El fin de año los atrapó operando a la luz de sus teléfonos, ante la falla del grupo electrógeno “y bolseando a mano a los pacientes con respirador artificial en neonatología”, relata Ricardo Matzkyn, secretario de la Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de la Salud Pública de Chaco. Cuenta que el 4 de enero, en el hospital de Sáenz Peña, el segundo más grande de la provincia, “quedaron encerrados en uno de los ascensores una parturienta con un bebé con asistencia respiratoria, durante 45 minutos”.
Trama y desenlace
“En Provincia tenemos un déficit presupuestario crónico, que se agrava año a año. En 1994 Salud ocupaba el 10% del presupuesto total, y hoy es sólo del 5,3%”, expresa Jorge Yabkowski, de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (Fesprosa). Habla de “crisis de nombramientos” y escasez de médicos, como en el hospital de Escobar, donde tienen 40 vacantes para pediatría. En el de Moreno renunciaron siete pediatras: “A un profesional de 32 años, que terminó la residencia y quiere entrar ahí, por 36 horas semanales le ofrecen 28 mil en mano. ¿Te parece que va a agarrar?”. En la última paritaria quedaron 15 puntos debajo de la inflación.
A la de nombramientos se agrega la “crisis de los insumos”, en su mayoría dolarizados, con licitaciones atrasadas respecto de la inflación. “En el Hospital Güemes de Haedo, líder en la atención de terapia intensiva y politrauma, no había reactivos elementales como troponina para el infarto, amilaza para la pancreatitis, ni coagulograma para llevar a un paciente al quirófano”, denuncia Yabkowski. En la cartelera del Cetrángolo de Vicente López, referencia en patologías respiratorias, apareció el jueves una hoja A4 anunciando que “por falta de reactivos no se realizan: Coagulograma, Amilasa, CPK, LDH, TGP, GSA, IgE y Calcemia”.
“La falta de insumos es crónica del sistema. En el último año vimos que faltaron tiras reactivas e insulinas para diabéticos, también medicación psiquiátrica y anticonceptivos. Y no tenemos mamógrafo”, enumera Silvana Scali, licenciada en Trabajo Social del Hospital Oñativia, partido de Almirante Brown.
Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires, pasó de 287 mil habitantes en los ’90, a 452 mil en 2010. Gran parte es clase media y baja, los que más necesitan el sistema público. Pero sigue con un solo hospital, provincial, que está literalmente colapsado. Meses atrás demolieron la guardia para crear una nueva. Por el ajuste frenaron la obra. Hoy los boxes de la guardia funcionan en el sector de los consultorios externos, divididos por cortinas. Otros atienden en la sala de espera. “Se está trabajando en situaciones complicadas –se lamenta Adriana Montana, trabajadora del centro de salud–, quedó la sala de espera y el resto de los consultorios en un solo peine, donde la gente está hacinada. Y algunos sectores están sin ventilación. Los días de calor son imposibles”. Adriana es una de las cuatro integrantes del sector de salud mental, para atender 50 pacientes por día. En La Matanza, apunta Yabkowski, hay sólo mil camas para casi 2 millones de habitantes.
Todos los fuegos el fuego
“Nos negamos a seguir cayendo”. Con esa frase resumen el reclamo los médicos del Hospital Evita de Lanús. En la madrugada del 5 de septiembre del año pasado se incendió el tablero eléctrico ubicado en el Archivo. En el piso de arriba descansaban médicos de guardia que debieron ser rescatados por personal de mantenimiento. Tras la caída de un paciente y un camillero por el hueco de un ascensor, la Defensoría del Pueblo elevó un pedido de auditoría de infraestructura. Fue rechazado por las autoridades del hospital.
“En la noche del 30 de enero, una médica de guardia de Obstetricia, debido al calor y la falta de funcionamiento de los aires acondicionados, se descompensó y cayó al piso mientras realizaba una histerectomía por atonía uterina sin contar con el instrumental adecuado. Lo que extendió la cirugía a tres horas y media, con altísimo riesgo para la paciente”, relata Sandra Álvarez, profesional del Evita. El pedido de cuatro cajas instrumentales que realizó el semestre pasado nunca fue respondido. “Por carencia de insumos y poca higiene hay suspensión de cirugías”, advierte Álvarez. En el Evita es crítica la falta de reactivos, sobre todo de endocrinología, virología y VHI: “Sólo hay para cirugías y partos. De 18 licitaciones que debían hacerse por reactivos, se pasó a seis, y tres están aún sin resolver por cuestión de precios”. La profesional completa: “No hay desfibrilador, no hay vacuna antivaricelosa porque Nación no compra; y hay roedores en espacios como tomografía”.
El Hospital Oñativia se emplaza en Rafael Calzada, al sur del GBA. Donde las necesidades de la población siempre serán menores a las respuestas. El 17 de diciembre comenzó un incendio en la sala de máquinas (del que aún se desconocen las causas) y se extendió al primer piso, en el que funcionaban sectores críticos como internaciones, terapia y quirófanos. Esa madrugada evacuaron a todos los pacientes, organizando un operativo de emergencia en el hall. “Todo lo realizó el equipo de salud, poniendo el cuerpo. Por eso no hubo heridos. No había un plan de evacuación oficial, podría haber sido mucho peor”, alerta Scali. Lo que vino después no fue mucho mejor. Las atenciones empezaron a ser deambulatorias, donde se pudiera. Guardias de contingencia, equipos sin funcionar: “Hasta nos quedamos sin internación después del siniestro”.
Llueve sobre mojado
“En enero hemos tenido situaciones caóticas en el sistema público –profundiza Ariel Gómez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba–. Hubo tres lluvias y se inundó la mayoría de los hospitales de la provincia. En el de Niños, de referencia a nivel nacional, se empezó a llover mientras estaban haciendo una neurocirugía. Y después aparecieron alacranes”.
Alude a lo ocurrido el 25 de enero, cuando los médicos operaban a un niño 5 años de un tumor cerebral. Lograron que quede estable en terapia intensiva. Una semana antes se había inundado el mismo quirófano. En el Hospital Misericordia el sistema de desagües no funcionó. En cuestión de minutos, médicos y enfermeros debieron evacuar a los ocho bebés que permanecían en incubadoras.
Gómez trabaja en el hospital regional Domingo Funes, que concentra todo el Valle de Punilla, desde Carlos Paz hasta Capilla del Monte: “Estamos sin ambulancia ni tomógrafo, porque se lo llevaron en agosto para una campaña política. Hay días que directamente no hay anestesistas, ni pediatras, ni cirujanos”, advierte.
Las lluvias en el norte causan estragos. A principios de año en Chaco, la ambulancia que transportaba a una mujer embarazada a punto de parir cayó en una zanja. El enfermero y la obstetra no dudaron, e improvisaron una sala de parto en el medio del camino a la altura del paraje Las Hacheras. En la mayoría de estos centros de salud la comunidad se moviliza diariamente para elevar sus reclamos. Conviven trabajadores, pacientes y vecinos. Así ocurre cada miércoles en las rondas del Hospital Posadas, encabezadas por Nora Cortiñas, donde exigen “la reincorporación de los miles de despedidos, el cese del ajuste y la renuncia de los directores”. «
Trabajadores de FATE rechazaron el preventivo de crisis presentado por Madanes
Para el sindicato, el PPC busca atacar al convenio colectivo.
Mediante una comunicación interna, el CEO de la compañía notificó a sus trabajadores acerca de la presentación de un recurso preventivo de crisis realizado ante la secretaría y su intención de “aumentar la eficiencia del establecimiento y reducir costos fabriles”.
El empresario alega que la caída del mercado interno así como las retenciones a las exportaciones y la reducción de los reintegros, afectaron la rentabilidad de la empresa del grupo que, además, regentea la metalúrgica Aluar, la hidroléctrica Futaleufú y la constructora Infa, entre otras firmas.
Sin embargo, según un informe difundido por el SUTNA, el patrimonio de Madanes Quintanilla, según la revista Forbes, asciende a los U$S 1600 millones.
Para el sindicato, las pérdidas circunstanciales que pudiera estar generando la empresa FATE ($ 300 millones según Madanes) deberían sopesarse a la luz de los resultados de todo el grupo empresario.
Es que las ganancias netas de Aluar en apenas nueve meses de 2018 ascendieron a $ 1415 millones, las de la hidroeléctrica Futaleufú a $ 444 millones mientras que la constructora Infa, según su último balance, facturó $ 936 millones.
Al mismo tiempo, destacan que el acuerdo del gobierno nacional con el de los Estados Unidos para el ingreso de aluminio generó una suba de un 60% de las acciones de Aluar en apenas un mes.
Según el informe del SUTNA, la ofensiva contra los trabajadores que encubre el preventivo no resolvería la crisis de FATE toda vez que los salarios representan menos del 10% del total de los costos de producción. Para el SUTNA, la crisis de FATE es “responsabilidad del gobierno”.
En su comunicado se ponen “a disposición para reanudar el diálogo” con la empresa pero advierten que “recurriremos a todos los métodos de la clase obrera en legítima defensa de los intereses de los trabajadores”.
Pereyra ya espera despidos en Tecpetrol y acusa a Macri y Rocca de “tomar de rehenes a los trabajadores”
Guillermo Pereyra, uno de los gremialistas más amarillos, adelantó que esta semana habrá despidos en Tecpetrol. Pidió que se mantengan los subsidios a las empresas y acusó a Macri y Paolo Rocca de tomar de rehenes a los trabajadores.
Mientras Mauricio Macri y Paolo Rocca pelean por una multimillonaria suma en concepto de subsidios para la producción en el yacimiento Vaca Muerta, los que parecen empezar a pagar las consecuencias de esa batalla son los trabajadores petroleros.
Es que Tecpetrol, la firma de Rocca que está emplaza en esa zona, está a un paso de comenzar con los despidos dentro del plan de desinversiones para presionar al Gobierno Nacional a que cumpla con lo rubricado.
“El resto de los operadores están trabajando normalmente sin bajar inversiones”, precisó Guillermo Pereyra, secretario General del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa y uno de los gremialistas más amarillos.
“Se acusan mutuamente el gobierno y Tecpetrol, es cierto que se han cambiado las reglas de juego pero el resto de las operadores no bajaron las producciones”, aseguró Pereyra en una conferencia de prensa en la que se mostró con Miguel Angel Pichetto.
Hasta acá Pereyra había aceptado flexibilizar el convenio colectivo para abaratar los costos laborales en Vaca Muerta y hasta firmó un pacto en el que garantiza que no habrá huelgas. Sin embargo, “la semana que viene va a haber despidos en Fortín de Piedra”, confirmó el petrolero que supo ser secretario Adjunto de la combativa CGT Azopardo.
“Es una responsabilidad de todos, vamos a tomar las riendas y vamos a actuar de acuerdo a las leyes para defender los puestos de trabajo”, concluyó Pereyra, quien solicitó a la Secretaría de Energía el encuentro de la Mesa Vaca Muerta para tratar el tema.
El ajuste del FMI en Vaca Muerta la furia de Techint y el el sindicalismo paraempresario
El lápiz rojo del organismo que preside Christine Lagarde obligó al gobierno de Macri a recortar subsidios y a enfrentarse contra el poderoso holding de Paolo Rocca.
La historia viene de lejos y está llena de detalles y de dimes y diretes. Aquí la contaremos de la manera más sintética posible, pero sin descartar nada de lo importante. Los CEOs de la Alianza Cambiemossiempre se presentaron a sí mismos como los campeones del libre mercado. Cabía esperar entonces que el cambio del gobierno “confiscador”, ese que recuperó el control del capital accionario de YPF y estableció retenciones móviles a las exportaciones de crudo, traería algo más que la simple dolarización tarifas y la percepción de precios plenos, es decir, liberados de los filtros arancelarios, la vieja ambición de las variopintas empresas del sector energético. Todo parecía simple: dolarizar, eliminar retenciones y desregular, “el mercado” haría el resto. En pocas palabras, con Cambiemos llegaría el reino de la libertad capitalista y se enseñorearía la libre competencia empresaria.
Macri no dejó dudas de sus intenciones y puso al frente del área energética, inicialmente ascendida a ministerio, al primus inter pares de la oposición petrolera al kirchnerismo, el ex CEO de Shell Argentina Juan José Aranguren. La tarea dolarizadora fue rápida. El resto no tanto.
Detengámonos en el mercado gasífero, que es el que brilla por su pastiche de estos días. Cuando se habla sobre el particular con cualquier especialista aparece como “algo muy complicado”, complicación que no es tal, sino gran variedad. Aunque tiene un precio de referencia internacional, como por ejemplo el “Henry-Hub”, el gas no se puede almacenar en grandes cantidades. Esto hace que no sea exactamente una “commodity” con precio único y existan infinidad de tipos de contratos de compra-venta delimitados generalmente por la “ininterrumpibilidad” o no de la provisión. Más ininterumpible, más caro el precio.
Sucede que en los momentos de alta demanda, como por ejemplo en invierno y, durante el gobierno anterior, también en el verano, se debe inyectar la producción a los gasoductos troncales que abastecen, por ejemplo, las centrales térmicas de generación eléctrica y a las distribuidoras, obviamente mayormente “ininterrumpibles”. Para colmo existe una empresa mixta, Cammesa, que intermedia con las productoras licitando compras para las generadoras, distribuidoras y grandes usuarios. Y un detalle más para complicar la formación de precios: los subsidios cruzados de todo tipo. Solamente trabajando todos los días en el sector se pueden conocer todos los detalles, pero el esquema general y los actores en disputa son los descriptos.
Durante el kirchnerismo, para estimular vía precios la producción de los hidrocarburos no convencionales, cuya producción es más cara que la convencional –demanda un reticulado de pozos de varios tipos (verticales y horizontales) y fractura hidráulica, a lo que suma la menor duración de los yacimientos– se recurrió a los denominados “programas plus” que luego, para el sector gasífero, tomaron la forma del Plan Gas. Básicamente se establecía una producción base de los yacimientos y, por el gas excedente, es decir por toda la producción nueva que se sumara a la existente, se pagaba un precio más alto, un subsidio a cargo del Estado Nacional. El objetivo macroeconómico era producir más localmente e importar menos. Además, a diferencia de las importaciones, el subsidio demandaba pesos, no dólares. Un dato de color, que pocos recuerdan, es que cuando Axel Kicillof manejaba el área y Aranguren era el CEO de Shell, el segundo felicitó al primero por el diseño del Plan Gas.
Con el Plan Gas, entonces, el Estado subsidiaba la producción nueva. Fueron los tiempos de auge de yacimientos de YPF como “El Orejano”, por entonces el no convencional más importante del mundo fuera de América del Norte.
La línea de base del Plan Gas era lo que los yacimientos ya producían. Luego, la diferencia de precio, el subsidio, se pagaba sobre el gas nuevo hasta completar los 7,5 dólares el millón de BTU. Eran los tiempos en que las importaciones llegaban hasta los 18 dólares. El plan tenía además un componente adicional, un acuerdo político, el compromiso social de mantener empleos y actividad.
Con coherencia, Aranguren mantuvo lo que antes había elogiado a través de la Resolución 46/2007 que además incluía un sendero descendente para los subsidios. Comenzaban en 7,5 dólares en 2018, siempre para el millón de BTU, y se reducían cincuenta centavos por año. El subsidio no era para siempre, un buen dato.
Pero lo bueno quedó en los papeles. En la práctica hubo un redireccionamiento discrecional de los subsidios. Una característica del nuevo esquema fue que también podían entrar al régimen proyectos que comenzaran de cero. De los 15 proyectos que presentó la provincia de Neuquén sólo se eligieron 5 y uno de ellos, Fortín de Piedra, de Tecpetrol, la petrolera de Paolo Rocca, uno de los empresarios que más hizo por la restauración neoliberal junto a Héctor Magnetto, se llevó el 70 por ciento del total de los subsidios. También se aprobaron dos proyectos de YPF, La Ribera y Estación Fernández Oro. Y uno a la petrolera de Eduardo Eurnekian, otro sponsor del macrismo primigenio. En Fortín de Piedra, Tecpetrol dice haber invertido más de 1.500 millones de dólares, lo que lo convirtió en la explotación estrella de shale gas de la formación Vaca Muerta y en el yacimiento más importante del país. Su producción declarada superó en 2018 los 17 millones de metros cúbicos por día, contra, por ejemplo, los alrededor de 5 millones que produce El Orejano, el más importantes de YPF.
Mientras tanto, el acuerdo social del Plan Gas fue reemplazado por la flexibilización laboral negociada, a modo de leading case, con el sindicato petrolero que conduce el senador por el Movimiento Popular Neuquino Guillermo Pereyra.
Los 17 millones de metros cúbicos por día de Fortín de Piedra no sólo generaron una súper masa de subsidios para la familia Rocca, experta en relaciones con el Estado, sino también un segundo efecto inesperado, una sobreoferta de gas que “enrareció” el mercado. Las últimas licitaciones convocadas por Cammesa, por ejemplo, fueron ganadas por Tecpetrol. La firma podía además ofrecer un precio bajo no sólo por la abundancia de su producción, sino porque en la otra punta tenía asegurado el subsidio. Este precio rondó los 2,8 dólares el millón de BTU, aproximadamente el valor del Henry Hub en Estados Unidos. Para enojo del resto de las operadoras la “competencia en el mercado” quedó absolutamente distorsionada.
Mientras tanto, la sobreoferta del verano, de la que no se enterarán los consumidores residenciales, que pagan entre 6 y 7 dólares el millón de BTU, también respondió a otro fenómeno puramente macrista: la caída del consumo por la recesión y los altos precios. Sin embargo, es posible que en invierno vuelva a verse algún barco regasificador muy parecido al que se despidió con bombos y platillos en los breves tiempos del ministro-secretario Javier Iguacel, el compensador, aunque el gobierno hará lo imposible por evitar el papelón.
Pero la cadena de la felicidad de los subsidios que habilitó el auge de Fortín de Piedra llegó a su fin.La culpa la tuvo el lápiz rojo del FMI, que provocó un cambio de las reglas de juego e hizo volar por los aires la sacrosanta “seguridad jurídica”. Rocca seguramente sabe que la culpa no es de la voluntad de su amigo Mauricio, pero tiene el derecho de su lado y amenazó con juicios mil millonarios en dólares al Estado y con recortar la producción. Rápidamente, Guillermo Pereyra salió en apoyo de la demanda empresaria y se esperan conflictos gremiales que no aparecieron con la flexibilización laboral.
Al nuevo secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, le quedó la papa caliente de resolver el entuerto. La decisión del gobierno fue bajar los subsidios a la mitad de la producción de Fortín de Piedra. Ya no pagará por los 17 millones de metros cúbicos, sino por 8,5. Tecpetrol no quedó en Pampa y la vía, pero se le redujo drásticamente su margen de negocios. Para el resto de las operadoras fue un alivio que, quizá, balancee la competencia en el mercado interno. Cualquiera sea el caso, la pelea entre Tecpetrol, el gobierno y el resto de las operadoras recién comienza.-
Criminalización de la protesta: ahora en la lucha por el agua potable
Desde la Municipalidad de Garupá, Misiones, piden desaforar a un diputado del Movimiento Evita por acompañar el reclamo de los vecinos ante la falta de agua. Un nuevo caso de judicialización de la protesta en una provincia castigada por la falta de servicios básicos.
Por Sergio Alvez | La semana pasada, organizaciones sociales junto a vecinas y vecinos de la localidad misionera de Garupá se manifestaron frente al edificio municipal en repudio a la desesperante falta de agua potable. El diputado provincial Martín Sereno, quien además es referente del Movimiento Evita y la CTEP, estuvo presente en la acción, y por ello fue denunciado por la Municipalidad, acusado de “alterar el orden público”. El Ejecutivo municipal solicitó el desafuero del legislador.
La denuncia judicial contra Sereno fue presentada por el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Garupá, José Luis Peralta, quien solicitó en su acusación “que la Justicia determine una medida perimetral de prohibición de acercamiento a las distintas sedes de la Municipalidad de Garupá en un perímetro no menor a 500 metros” y que “se eleven las actuaciones a la Cámara de Diputados de la provincia a efectos de que oportunamente se solicite el desafuero y se aplique concurso de delitos” contra Sereno.
Tanto el propio Sereno como las organizaciones sociales que formaron parte de la protesta presentaron pruebas audiovisuales y testimonios que dan cuenta de lo verdaderamente ocurrido. “Hubo 30 policías de testigos que vieron las agresiones que sufrimos nosotros de parte del personal municipal y también tenemos registro en videos” manifestó el diputado Sereno, conocido por su presencia física en innumerables conflictos sociales y manifestaciones populares.
Desde el Movimiento Evita de Misiones repudiaron “la insostenible denuncia penal” realizada hacia Sereno. “Una vez más vemos como estos sectores de poder intentan a través de argumentos falaces desprestigiar y subestimar la lucha y el reclamo del pueblo organizado. Está a la vista de todos que bajo ninguna instancia recurrimos a la violencia, cuando de su parte no pueden sostener lo mismo. A plena luz del día grupos de municipales amedrentaron a compañeras y compañeros que reclamaban por un derecho básico como es la provisión de agua potable. Hemos visto como quitaban las chapas patentes de las motos, como pinchaban las cubiertas de la camioneta del compañero Martín Sereno”, indicaron.
En tanto, la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha, que nuclea a organizaciones sociales y sindicales de la provincia de Misiones, emitió un comunicado en el cual advierten que “se trata de una maniobra de distracción para desviar la atención acerca de la gravísima e inaceptable situación por la que atraviesan las vecinas y vecinos de Garupá ante la falta de un servicio básico como el agua potable, privación que tiene como a uno de los actores responsables al Ejecutivo municipal de Garupá”.
“En su nefasta denuncia, Peralta acusa a nuestro compañero Sereno de ’alterar el orden público’ y ’hacer valer indebidamente su influencia’ -agregan-, en relación a una reciente protesta ciudadana que tuvo como epicentro el radio del edificio municipal, y dónde quienes se manifestaron fueron los vecinos hartos de la inoperancia de la dirigencia municipal y cansados de sufrir por las deficiencias o la nulidad del servicio de agua potable”.
Asimismo, el comunicado añade que lo que la Municipalidad busca “es tapar el sol con las manos ante la conflictividad social que se agiganta cada vez que en vez de brindar respuestas certeras y soluciones concretas, los responsables políticos deciden distraer y estigmatizar los justos reclamos”.
Graciela De Melo, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, aportó que “a Sereno lo quieren desaforar por hacer escuchar la voz del pueblo, por ser el único diputado que se pone a la cabeza de las luchas por reclamos tan genuinos y de primera necesidad como es el agua potable”. “La intendencia de Garupá en lugar de ponerse a buscar soluciones, hace responsable de su negligente tarea al reclamo popular”, sostuvo.
¿Cuál debería ser el salario mínimo de un trabajador?
La Junta Interna de ATE-INDEC estima que para cubrir las necesidades de una pareja con dos hijos menores se necesitan, al 31 de diciembre de 2018, $39.409 de bolsillo. Difundimos el informe.
Con la difusión del Indice de Precios del mes de diciembre 2018, se conoció que la inflación acumulada para ese año fue del 47,6%. Un problema que el gobierno nacional no pudo controlar aun y que persistirá en el 2019. Según las estimaciones de la mayoría de los analistas, la inflación este año rondará, al menos, el 30%. Dicho de otro, modo será un año complicado para trabajadores/as, los jubilados y los sectores más vulnerables.
Este ejercicio tiene como fin ser un argumento para que utilicen tanto nuestros paritarios como otros representantes gremiales para exigir una urgente recomposición salarial, sea cual fuera su forma de contratación y la urgente apertura de paritarias. Esto, sin dejar de tener en cuenta que el gobierno autorizó el aumento de los servicios públicos, el transporte y la medicina.
Para ese fin se realiza un ejercicio de estimación para acercarse a lo que serían los valores requeridos en la actualidad para cubrir las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y su núcleo familiar.
Un Hogar constituido por una pareja con dos hijos menores necesita $39.409,4 al 31 de diciembre de 2018. Este valor se compone de $12.386,8.- (Canasta alimentaria mínima) y $ 27.022,6.- (Otros bienes y consumos mínimos).
Este es un ejercicio de estimación donde se trata de utilizar información publicada y emplear metodologías útiles para proveer las mejores aproximaciones posibles como referencia válida para la discusión salarial y otras necesidades de la sociedad.
Las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, pero todavía no se han aplicado en las mediciones. No son las habitualmente utilizadas para la medición de la Pobreza, que se siguen empleando para hacer comparables los datos.
Por lo tanto, ambas canastas no deben verse como contrapuestas, sino como metodologías diferentes pero compatibles entre sí.
Pero, en cualquier caso, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio.
Un fallo contra los trabajadores y trabajadoras prensa
Los jueces Gerardo Vassallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, fallaron a favor de la AFIP, negando la apertura de la cuenta inembargable que había ordenado el juez Javier Cosentino, para el uso exclusivo del pago de salarios atrasados a los y las trabajadoras de C5N. Una gran cantidad de personalidades, artistas, conductores, periodistas, políticos y organizaciones sindicales se solidarizaron con la lucha de la comisión interna de C5N. Los trabajadores y trabajadoras de prensa del medio continúan la lucha exigiendo una #CuentaParaSueldosC5N. Por ANRed.
La decisión de la Justicia también afecta a los demás medios del Grupo Indalo, como Radio 10, Mega 98.3, Pop 101.5, Vale 97.5 y One 103.7. “No se ignora que la decisión aquí adoptada, podría dificultar el pago de salarios y demás cargas laborales de devengamiento posconcursal que corresponde a la planta de empleados de la concursada. Tampoco se ignora la índole alimentaria de tales conceptos“, reconoce parte del fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Pero a pesar de eso falló a favor de la AFIP, complicando de esa manera la situación económica y alimentaria de las familias de los y las periodistas a las que se les debe el sueldo que les corresponde.
Durante todo el día de ayer en las redes sociales la consigna que exige una #CuentaParaSueldosC5N fue trending topic y, ante la amarga novedad de la negativa de la Justicia, no se hicieron esperar las amplias muestras de repudio al fallo y de solidaridad con los y las trabajadoras del medios. De esa manera, se sumaron una gran cantidad de personalidades de diversos espacios y áreas, como periodistas, referentes del espectáculo, políticos y organizaciones.
En su cuenta de Twitter el periodista Alejandro Bercovich relató la situación que están viviendo: “Trabajamos en medio de una incertidumbre total. Seguimos creciendo en audiencia. Pero estos jueces no permiten que la plata que entra por publicidad vaya al pago de sueldos y que el juicio contra la empresa siga su curso. ¿Querrán que cierre el canal, nomás?”, se preguntó.
La periodista María O’Donell expresó: “digo #CuentaParaSueldosC5N para que no se pierdan fuentes de trabajo, en defensa de la diversidad de voces, y también porque la AFIP tendrá más chances de cobrar la deuda si la empresa sigue funcionando”.
Por su parte, el periodista Roberto Navarro aseguró que “el gobierno quiere cerrar C5N, el único canal en TV que da cuenta del saqueo de Cambiemos. Sin C5N será una elección fraudulenta porque el pueblo no dispondrá de información en un medio de comunicación masivo. Se apaga la democracia”.
En tanto, el periodista y conductor Juan Amorín tuiteó en su cuenta: “lo digo sin ningún ánimo de chicanear: ojalá @FOPEA y @Adepargentina se expidan sobre el fallo de la Cámara de Apelaciones contra los colegas de @C5N, a los que les niega cobrar a través de una cuenta inembargable, poniendo en riesgo sus fuentes de trabajo”.
La legisladora porteña por FIT y abogada DD.HH., Myriam Bregman, expresó: “repudio, rechazo, es poco. Un fallo donde la AFIP, que deja evadir, fugar, o lo que se les ocurra a los grandes empresarios, provoca un fallo contra los trabajadores de C5N. La justicia Comercial siempre dando muestras de su desprecio por los que trabajan“.
“Toda mi solidaridad con los compañeros trabajadores de C5N. Todo mi apoyo para la necesidad de que exista una cuenta sueldo para que puedan cobrar con regularidad. Defendamos las fuentes de trabajo, la pluralidad de voces y la libertad de prensa”, sumó su apoyo el senador nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas.
El conductor Jorge Rial repudió el fallo y expresó que, más allá de su línea editorial, “los trabajadores nada tienen que ver, es su medio de vida, en referencia a que son víctimas de los dueños del Grupo Indalo. “Defender la libertad de expresión y de prensa es defender a los medios, te gusten o no te gusten, sean opositores u oficialistas”, agregó.
El secretario general de la CGT, Héctor Daer, también se sumó al rechazo al fallo y pidió “la rectificación urgente, teniendo el salario carácter alimentario. Así no es justicia. Toda mi solidaridad con los trabajadores”.
La Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la Provincia de Buenos Aires (CADyPBA) consideró que el fallo “constituye desde la recuperación de la Democracia, uno de los ataques con precisión quirúrgica más duros contra la Libertad de Expresión, al tiempo que representa una amenaza para el resto del periodismo independiente, crítico con el modelo económico que lleva adelante el gobierno de turno”.
El abogado Marcelo Parrilli también expresó su solidaridad: “El gobierno quiere callar al único canal que denuncia la tragedia que vive el pueblo argentino, más ahora que entramos en etapa electoral. Estemos junto a los que pelean en defensa de su fuente de trabajo y en defensa de la información”.
Además, un grupo de diputados y diputadas opositoras, entre los que se destacan Leopoldo Moreau, Agustín Rossi y José Pablo Carro, firmaron una declaración donde expresaron su “más enérgico rechazo” a las trabas de la Justicia.
Rappi, Glovo y las “nuevas” formas de explotación de la juventud
Con testimonios, análisis, videos y fotos, te contamos cómo funcionan las nuevas (viejas) costumbres del capitalismo de plataforma. Cómo lucha la juventud por sus derechos y por su futuro.
“La mayoría de nosotros, venezolanos y colombianos, estamos muy explotados porque pasamos más de 15 horas en la calle, exponiendo nuestros celulares, bicicletas y hasta nuestras vidas por una empresa que no da la cara”. El que habla es Rodolfo, “colaborador” de Rappi. El día que se quejó lo mandaron a reclamar “a Bogotá”.
La escena resume una de las “nuevas” formas de precarización a las que se enfrenta la juventud veinteañera. Desde Buenos Aires a Madrid, pasando por el DF mexicano y decenas de grandes ciudades. Las nuevas tecnologías, las grandes ciudades que demandan cada vez más “servicios” y un “ejército juvenil de reserva” crean un nuevo combo. En él, Rappi, Glovo o Uber son vendidos como los símbolos de la nueva era de la “economía colaborativa”, un verso sobre el que se esconden las viejas costumbres del capitalismo de plataformas.
Daniel Catalano, de ATE Capital: “Si triunfa un Gobierno popular en Argentina los yankees van a fomentar un Golpe de Estado”
Por Florencia Rojas
El Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, repudió la injerencia norteamericana en la política interna de Venezuela. En un acto realizado frente a la Embajada de Estados Unidos, el dirigente defendió la autodeterminación de la nación latinoamericana.
“El pueblo venezolano eligió a Nicolás Maduro. Hay que respetar el voto popular”, expreso el dirigente estatal tras un acto convocado por la CTEP, Unidos y Organizados, Quebracho, el Polo Obrero y ATE Capital.
La concentración empezó frente a la Facultad de Derecho desde donde debían marchar hasta la Embajada norteamericana. Pero un fuerte operativo policial comenzó a reprimir a los manifestantes que de todos modos pudieron llegar hasta el consulado, ubicado a veinte cuadras del punto de encuentro.
“Si triunfa un Gobierno popular en Argentina los yankees van a fomentar un Golpe de Estado”, advirtió Catalano quien además denunció que a Donald Trump “no le importa la democracia sino quedarse con el petróleo de ese país”.
La reelección de Maduro generó una condena de los países líderes y como contra réplica aparecieron movimientos populares
Organizaciones sociales preparan su primera demostración de fuerza de 2019 con amplio aval gremial
Las organizaciones sociales anunciaron una protesta el próximo miércoles, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en una jornada “contra el hambre y los tarifazos”. Fuerte respaldo gremial a la medida.
La jornada la organizaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), junto con otras organizaciones sociales y sindicales.
La protesta se realizará a la 13, en la avenida 9 de Julio 1025, sede del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley.
El reclamo incluirá el pedido para la aprobación de las leyes de Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar, Infraestructura Social y Emergencia en Adicciones. También pedirán un presupuesto para “una ley de Urbanización de Barrios Populares”.
Además, también pretenden “la implementación de una medida de carácter excepcional para los beneficiarios de prestaciones sociales del sistema de seguridad social nacional y para los beneficiarios de los distintos programas de trabajo que se encuentren domiciliados en las zonas de catástrofe afectadas por las inundaciones”, según informaron a través de un comunicado.
En el plano gremial la Corriente Federal que comanda Sergio Palazzo anunció su respaldo. Será uno de los sectores que complementará la convocatoria piquetera. También será de la partida la CTA Autónoma que comanda Hugo “Cachorro” Godoy que suelen mantener fuertes vínculos con el triunvirato de San Cayetano.
El Suteba de Roberto Baradel también confirmó su apoyo y se espera que el titular de la estratégica CATT y ex triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, haga lo propio por los lazos que el rosarino generó con el triunvirato de San Cayetano a los largo de estos últimos años.
Conferencia de prensa de los Movimientos Populares
Lunes 11 de febrero 
A las 11 hs. 
Sede CTEP, Pedro Echagüe 1270, CABA
Anuncio de la jornada nacional de lucha que los Movimientos Populares llevarán adelante junto a las centrales sindicales el miércoles 13 de febrero.
A la sombra de los docentes, los judiciales le piden a Vidal la apertura de la paritaria
Como los docentes, los judiciales no cerraron la paritaria 2018. Los salarios perdieron más de 15 puntos frente a la inflación del año pasado. Acusaron a la Gobernadora de no respetar el derecho a la negociación colectiva.
Luego del proceso inflacionario de 2018, con un incremento de precios del 47,6% según el propio INDEC, los empleados judiciales de la provincia de Buenos Aires reclamaron que se reabran las paritarias para recomponer el poder adquisitivo del salario.
“Para dar un cierre a la discusión salarial de 2018, el gremio judicial reclama un incremento salarial no inferior al 15,6%, a fin de compensar la brecha existente entre el 32% otorgado unilateralmente por el gobierno y la inflación del 47,6%, medida por el INDEC”, expresó la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
Las autoridades del sindicato se presentaron en la cartera laboral bonaerense que lidera Marcelo Villegas solicitando la inmediata reapertura de las negociaciones paritarias suspendidas desde el pasado 4 de diciembre de 2018, fecha de la última reunión.
En ese marco, el gremio señaló: “En una clara demostración de la falta de voluntad del gobierno provincial de respetar el derecho constitucional de negociación colectiva de los estatales, María Eugenia Vidal ordenó liquidar el aumento salarial rechazado por la AJB y suspendió las negociaciones salariales”.
Y dejaron bien en claro que siguen “exigiendo la continuidad de la negociación salarial de 2018, donde debe lograrse como mínimo la recuperación del poder adquisitivo perdido durante ese año”. Por eso rechazaron la oferta de la administración Vidal de subir salarios en un 32% más un bono de 7 mil pesos.
“El inicio o no de las clases es responsabilidad de la gobernadora Vidal”
El líder de SUTEBA, Roberto Baradel, recordó que “hubo una pérdida del 15% del poder adquisitivo de los docentes durante el 2018”, y advirtió que “el inicio o no de las clases es responsabilidad de la gobernadora Vidal”.
El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, advirtió que “hubo una pérdida del 15% del poder adquisitivo de los docentes durante el 2018”, de cara a las negociaciones salariales con el gobierno bonaerense que comienzan el próximo miércoles.
El gremialista sostuvo que “este gobierno ha bajado el salario de los trabajadores. Estaba en primer lugar en la región en dólares y ahora entre el octavo y el décimo. Hubo una pérdida del 15% del poder adquisitivo de los docentes durante el 2018”.
En dialogó con FM La Patriada dijo que “el inicio o no de las clases es responsabilidad de la gobernadora Vidal, porque nosotros pedimos ser convocados desde enero”.
“Este es el gobierno que más ha atacado a los docentes en democracia”, afirmó el gremialista.
Por su parte, la secretaria general adjunta del Suteba, María Laura Torre, señaló que los gremios asistirán a la reunión con la “expectativa” de cerrar las paritarias del año pasado.
Además consideró que la convocatoria para este mes “es tarde si es que Vidal insiste en seguir planteando pautas a la baja, no dialogar”.
“Vamos con todas la expectativas de cerrar el 2018”, enfatizó y evaluó que “desde mediados del año pasado hay un malestar que no sólo se expresa en los sectores más humildes”.
“Vemos en la escuela que las familias empiezan a contar la pérdida de trabajo”, puntualizó y analizó que el Gobierno “le ha hecho mucho daño a los trabajadores”.
Casi dos mil empresas pidieron permiso para despedir sin causa en los últimos dos meses
El Ministerio de la Producción y Trabajo recibió 7.666 solicitudes de cesantías por parte de 1.924 empresas hasta el pasado 1 de febrero. El listado comenzó a fines de noviembre.
Desde que a mediados de noviembre el Gobierno estableció que las empresas debían informar diez días antes de efectivizar despidos sin causa, el Ministerio de la Producción y Trabajo recibió 7.666 solicitudes de cesantías por parte de 1.924 empresas hasta el pasado 1 de febrero.
“Estas cifras forman parte del conjunto de desvinculaciones y vinculaciones habitual que tiene lugar todos los meses en el mercado de trabajo, como parte de la dinámica de entradas y salidas. La novedad es que comenzaron a ser informadas. A su vez, la tasa de despidos sin causa, según datos de la Encuesta de Indicadores Laborales, se encuentra dentro de los parámetros relevados durante meses y años anteriores”, dijeron voceros ministeriales a Clarín.
Los datos oficiales marcan que, en 12 meses a noviembre de 2018 (ultimo dato oficial), el empleo total registrado en sus distintas modalidades bajó de 12.350.200 a 12.177.900. Son 172.300 empleos menos, pérdida que ascendería a 200.000 interanual cuando se difundan los datos de diciembre.
La mayor caída interanual corresponde a los asalariados del sector privado, con 117.700 ocupados menos, de los cuales el grueso son de la industria (61.800), el comercio (30.800) y la construcción (18.800). En cambio hubo aumentos en agricultura (+7.600), minería (3.900), servicios sociales y salud (1.600) y enseñanza (7.100), entre otros.
Además, en la comparación con otros períodos recesivos, el informe laboral señala que en los meses de recesión de 2018 el empleo se redujo a una tasa anualizada del 2,7%, superior a las de las recesiones de 2016 ( -1,4%) , 2014 (-0,5%) y 2012 (-1,7%).
El CEPA (Centro de Economía Política Argentina) calculó que en 2018 hubo 69.696 despidos, 16.303 del sector público y 53.393 de empresas privadas, con el agregado de que los últimos cuatro meses hubo un significativo incremento tanto de despidos como de suspensiones en el sector privado.
“Comparando con los 33.162 casos de 2017, es un 91% superior”, dice el Informe de CEPA que destaca la industria registró el 54% de los casos totales.
Textiles congelan el plan de Sica de flexibilizar la actividad y le piden medidas del Gobierno
Los gremios y las cámaras empresarias del sector textil acordaron dejar de lado la flexibilización laboral y pidieron que el Gobierno “adopte medidas para recuperar la industria”.
El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Hugo Benítez, indicó que los empresarios “entienden y están totalmente de acuerdo en que no se puede discutir una modificación del convenio porque necesitamos que la industria esté funcionando a pleno y se empiecen a tomar medidas para eso”.
Benítez expresó que en las conversaciones mantenidas con la Federación de la Industria Textil Argentina (FITA) “analizamos que hasta tanto no se adopten medidas para reactivar, no podemos discutir modificaciones al convenio”.
La posición de los empresarios se suma así al rechazo que los cuatro gremios del sector manifestaron al intento del Gobierno de aplicar una flexibilización laboral con cambios en el convenio para abaratar indemnizaciones y aguinaldos, flexibilizar las jornadas laborales, el otorgamiento de vacaciones y regularizar el trabajo a domicilio.
“Para nosotros el tema se terminó con la presentación del documento de rechazo a cualquier tipo de flexibilización y reforma del convenio colectivo de trabajo que le elevamos al ministro Dante Sica”, dijo Benítez, en declaraciones a NA.
El sindicalista recordó que en la convocatoria del Gobierno a gremios y empresarios para analizar la situación de la industria “los funcionarios no hablaron nada de eso sino que empezaron a pedir cambios en el convenio, por lo que resolvimos expresar nuestra procupación y rechazo en ese documento”.
Benítez consideró “irracional” el intento de flexibilización laboral del Gobierno “cuando la industria tiene más de la mitad de su capacidad instalada, afronta cierres, despidos, suspensiones y adelanto de vacaciones, porque, al no haber consumo, dejan de producir”.
“Si está todo parado, nadie quiere hablar del convenio y nosotros no vamos a aceptar cambios que signifiquen un deterioro del poder adquisitivo y el sistema de vida de los trabajadores” dijo Benítez.
Explicó que los gremios “mantienen un diálogo fluido con las cámaras empresarias, en el que la principal preocupación no son los convenios sino cómo hacemos para lograr una reactivación”.
“Lamentablemente la industria está totalmente parada y lo del convenio hay que discutirlo en un ámbito más favorable, con la industria trabajando en forma normal y no en estas condiciones”.
Benítez agregó por último que: “El Gobierno sigue estando ausente en la propuesta de medidas que se necesitan para reactivar el empleo y el consumo interno”.
Moyano dijo que los empresarios quisieron modificar el convenio de Camioneros y que “los sacó cagando”
El secretario Adjunto de Camioneros confirmó que los empresarios de la actividad pidieron modificar el convenio colectivo. Señaló que eso afectaría “de manera abismal” a los trabajadores y que “los sacó cagando”.
El secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, comunicó que el gremio no cederá ante el pedido de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) de discutir “ciertos puntos” del convenio colectivo de trabajo del sector.
Según el hijo de Hugo Moyano, esas modificaciones “afectarían de manera abismal el poder adquisitivo de los trabajadores, entre otros derechos del trabajador ganados en el Convenio Colectivo (40/89)”.
En un comunicado enviado a la prensa, Moyano explicó que a los representantes empresarios “los sacó cagando ante el pedido de sentarse a discutir una posible reforma”.
Ademas se expresó furiosamente: “No entregaremos un solo derecho adquirido. Si se atreven a tocar alguna conquista, se arrepentirán y nos verán en la calle con toda la fuerza de los trabajadores, dispuestos a pelear”.
Por último Moyano mandó a la FADEEAC a “que le pida al Gobierno Nacional que le baje el precio excesivo del combustible, el peaje y el seguro” antes de hacerle algún pedido a la organización sindical.
Envío:RL
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