Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2019
Por Lucía Herrera
Anahí Esperanza Salcedo está detenida desde el 14 de noviembre pasado, tras el atentado en la tumba del asesino de obreros Ramón L. Falcón, en el cementerio de la Recoleta. Como se recordará, ella resultó seriamente afectada por la explosión, sufriendo la pérdida de varios dedos de su mano derecha, fractura de clavícula y graves heridas en el rostro. Durante las primeras semanas de su detención estuvo internada en el Hospital Fernández, de donde a pesar de las indicaciones médicas y la intervención de su defensa, el juez Julián Ercolini dispuso su traslado el 10 de enero al penal de Ezeiza, en estado delicado y sin terminar sus tratamientos. Sus familiares y abogados defensores denuncian que a raíz de este traslado injustificado, la salud de Anahí se agrava día a día, y que la decisión judicial implica una clara persecución política.
Ante esta situación, se han presentado recursos de Hábeas Corpus sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta adecuada. Anahí continúa detenida en Ezeiza, donde no puede realizar debidamente sus tratamientos, ya que el suministro de antibióticos y analgésicos se demora o falta, no recibe rehabilitación por sus fracturas, amputaciones y post operatorios, ni una alimentación conforme a sus necesidades especiales por las heridas y repetidas cirugías en el rostro que le impiden ingerir normalmente, y donde tramitar una evaluación médica y un eventual traslado para nuevas intervenciones implica tiempos burocráticos que no solo atentan contra su recuperación, sino que directamente significan un deterioro acelerado de su salud física y psíquica.
Por otra parte, sus abogados denuncian que Anahí ha sido sometida a un régimen de aislamiento, tratada como “terrorista” y privada de los derechos que le corresponden a cualquier detenida. Según surge del escrito presentado ante el Juzgado “la discriminaron, […] la pusieron fuera de todo beneficio carcelario diciéndole expresamente cada guardiacárcel y cada guardia que ellos ´tenían órdenes superiores de proceder de esa manera´”, lo cual indica un claro ensañamiento y una persecución política hacia ella.
Las consecuencias de este maltrato implican daños irreversibles para Anahí y un pronóstico de salud muy complejo sino se revierten con urgencia. Su cuadro infeccioso no se termina de curar, por la discontinuidad en el suministro de antibióticos, que por otra parte le han afectado el estómago porque tampoco recibe protectores gástricos. Tiene ambas extremidades superiores afectadas, una por las amputaciones en su mano y la otra por la fractura de clavícula, lo cual le significa diversas dificultades para higienizarse, alimentarse y todo lo que hace a su autonomía plena, para lo cual no recibe tratamientos kinesiológicos y por lo tanto su rehabilitación está seriamente comprometida. No recibe alimentación blanda, tal como habían indicado los médicos del hospital, dadas sus limitaciones por las cirugías en la mandíbula, ni se controla la ortodoncia que se le colocó provisioriamente y que ya le está causando nuevas heridas en la boca. Todo este cuadro, lógicamente le causa dolores continuos que tampoco son atendidos.
“A Anahi la están dejando que sufra y quede con sus miembros inutilizados”, afirma su abogado Eduardo Soares, quien junto a su socia María del Rosario Fernández han interpuesto recursos ante diversas instancias judiciales y señalan la responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la dirección del Complejo Penitenciario de Ezeiza y el propio Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 10, que lleva adelante el proceso contra Anahí y por lo tanto tiene el deber de velar por sus condiciones de detención.
La defensa y los familiares, amig@s y compañer@s de Anahí insisten en la necesidad y el derecho de que se traslade a Anahí nuevamente al Hospital Fernández o se le otorgue un arresto domiciliario para que reciba la atención médica que le corresponde, que cese el maltrato y persecución política al que está siendo sometida, al tiempo que solicitan la máxima difusión del caso y la solidaridad de organizaciones políticas y de Derechos Humanos para visibilizar estas arbitrariedades e injusticias.
La virtud de Rodolfo Walsh de fusionar literatura, militancia y Revolución /Homenaje en Quilmes y Avellaneda
29 marzo 2019
En la semana de la memoria, se efectuaron dos actividades relacionadas al periodista, escritor y militante revolucionario Rodolfo Walsh. Tanto en la Casa Rodolfo Walsh, de la localidad bonaerense de Quilmes, como en la sede Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, se historió el triple rol de Walsh como escritor, periodista y militante.
El autor entre otros textos imprescindibles, como “Operación Masacre”, “¿Quién mató a Rosendo?” y una serie de “cuentos irlandeses”, el hombre, que convocado por el periodista Jorge Ricardo Masetti viajó a Cuba para sumarse al plantel inaugural de la Agencia Prensa Latina y debatió junto a otros grandes del periodismo de esa época, con el Che y Fidel sobre la imperiosa necesidad de construir matrices comunicacionales propias desde un pensamiento revolucionario, el periodista que dirigió el diario de la CGT de los Argentinos, fue parte del diario Noticias, impulsado por la organización Montoneros, y que finalmente dio vida a la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) en tiempos de la dictadura militar del 76. Todo eso y mucho más fue Rodolfo Walsh y su legado hoy recupera inocultable vigencia para combatir el discurso único impuesto por quienes gobiernan el continente y el mundo.
Tanto Enrique Arrosagaray, autor de “Rodolfo Walsh en Cuba”, el periodista Fabián Domínguez (“Bitácora de un clandestino”, una biografía sobre Walsh), el director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez (compañero de Walsh en la Agencia Ancla), el decano de la UTN. Jorge del Gener y Claudia Cesaroni (abogada, experta en criminología, militante de Derechos Humanos) recordaron a Walsh en sus distintas facetas pero sobre todo, rescataron la idea de “poder dar testimonio” en tiempos difíciles, como el actual, por ejemplo.
Arrosagaray, ilustrando sobre el paso de Walsh por Cuba, Aznárez compartiendo imágenes de la presencia de Walsh en el diario de la CGTA, en Noticias, en las FAP y Montoneros. Domínguez, dando cuenta del Walsh escritor e investigador periodístico de excelencia y Cesaroni, relatando con emoción su experienciade investigar y escribir sobre la masacre del Pabellón Séptimo de la Cárcel de Villa Devoto en 1978, una pieza indudable del estilo Walsh para abordar temas de esas características. El conjunto de todas esas experiencias y su relación con lo que fueron los años de la dictadura, asociándolos con este presente opresivo en lo político y económico, y autoritario y devastador en lo social y cultural, no sólo significaron una buena muestra de que Walsh sigue presente sino que rescata la idea de que su ejemplo de luchador hasta las últimas consecuencias ilumina el camino de cara al futuro.
Enrique Arrosagaray, en la Casa Rodolfo Walsh, de Quilmes.
Los sucesos el jueves en la localidad de El Sauzalito, ubicada en El Impenetrable chaqueño dieron pie una situación de extrema tensión y a la militarización de la zona. Durante la mañana, unas sesenta personas ocuparon la comisaría local y liberaron a un detenido. En las redes sociales y en algunos medios de comunicación regionales se desató una campaña para instalar un escenario de violencia y paramilitarismo contra la Guardia Comunitaria Whasek, del pueblo wichí. Desde la Guardia informaron que vecinos y familiares del detenido fueron los protagonistas y alertaron sobre una maniobra para perjudicar a la organización Wíchi.
Por Agencia Timbó| ANRed. 29 marzo 2019
“Nación wichí”, “guerrilla”, “grupos paramilitares” comienzan a ser eco estigmatizando a un pueblo que padece una permanente violencia desde todos los aspectos. Unos días antes del informe emitido por TN sobre las “guardias Wichi”, en el mismo pueblo, una niña fue encontrada inconsciente en un predio de fútbol: abusada y con graves lesiones en la cabeza y el rostro. La agresión fue comunicada por la Guardia Wíchi y es uno de los tantos casos de violación hacia mujeres originarias de las comunidades: “detengan los femicidios, los ataques violentos a mujeres indígenas, el narcotráfico, la comercialización y el consumo de drogas”, expresaron hace unos días en un comunicado de prensa.
Desde diciembre de 2018, cuando se formó la Guardia Comunitaria Wichí Whasek, los medios hegemónicos regionales y nacionales desarrollaron un discurso en el que se afirma que esta organización representa una fuerza paramilitar y peligrosa, que se arroga el derecho a hacer uso de armas y a controlar caminos. Se difundió la “portación de armas” sin hacer reparo que entre los 160 comuneros había dos viejos rifles de aire comprimido. El alboroto mediático trajo el recuerdo, todavía fresco, del asesinato de Santiago Maldonado y la criminalización del lof Cushamen: hachas, palas viejas, herramientas del campo y alguna honda eran el “arsenal mapuche” que escondía la “RAM”. En aquel entonces las pantallas avivaban el “separatismo Mapuche”.

La construcción de un enemigo interno fue la impronta constante en los discurso del gobierno para reprimir la protestas que amenazan zonas reservadas para negocios inmobiliarios, extractivos, etc. En el Chaco comienza a repetirse la misma formula que justifique la militarización de una zona muy rica en bienes naturales: lo que queda del corazón de la vieja cuña boscosa chaqueña, la segunda región más importante de América Latina en donde aún se conserva una importante cantidad de hectáreas de monte. Convertir a El Sauzalito, este pueblo a las puertas de El Impenetrable con unos dos mil habitantes, en otro Pu Lof en Resistencia Cushamen como en aquel entonces lo hizo la ministra Patricia Bullrich. En Cushamen se elaboró la idea de la influencia externa, terrorista, subversiva para establecer el control en territorios legítimamente indígenas y ponerlos a disposición de los intereses económicos de grandes empresas extranjeras como la perteneciente a Benetton. Eso llevó a los intentos de desalojo, la represión y, posteriormente, al asesinato y desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería.
El 20 de marzo, con el objetivo de brindar información sobre su organización y funcionamiento, Ariel Fabian, vocero de la Guardia Comunitaria Wichí Whasek brindó una conferencia de prensa en la Casa de la Memoria de la ciudad de Resistencia, capital de Chaco. Fabian explicó que la Guardia surgió como una necesidad de la comunidad para dar solución a problemas acuciantes en su territorio: el narcotráfico, la trata de personas, la violencia de género y la tala indiscriminada e ilegal del monte. Actualmente la integran unas 160 personas en El Sauzalito y 180 en Misión Nueva Pompeya. Aunque no han sido legalizadas, la Guardia cuenta con una resolución municipal que avala su existencia. Han expresado que entienden los límites y alcances en materia de vigilancia dentro del territorio indígena.

La Guardia, que no tiene nada que ver con una organización paramilitar ni guerrillera, mantiene un buen diálogo con el ministro de Seguridad, el Ingeniero Daniel Chorvat, en el que han discutido la posibilidad de colaborar en las tareas de vigilancia territorial de la policía. En testimonios brindados en medios de comunicación, el ministro aclaró que, en materia de seguridad, control de caminos y uso de las armas, el Estado tiene la exclusividad.
La expulsión de los territorios ancestrales , el saqueo de los bienes naturales que representaban el sustento vital humano y cultural de estos Pueblos, la situación de extrema pobreza y necesidad, los abusos y violencia de género, el profundo racismo arraigado, además de la corrupción y el narcotráfico instalados en la zona son indicadores a tener en cuenta cuando las organizaciones y comunidades finalmente tienen estas reacciones y realizan estas acciones.
Grave denuncia de la Gremial de Abogad@s por la muerte de un joven detenido en un hospital
29 marzo 2019
DENUNCIA PÚBLICA DE LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS
Complicidad entre trabajadores de la salud y la policía para asesinar a Nico Pelayes
(APL) Nicolás Pelayes, de 18 años, murió esposado a una camilla del hospital provincial Mariano y Luciano Vega de Moreno, el lunes 21 de enero. Estaba bajo custodia de la Policía Bonaerense, luego de haber recibido dos disparos en las piernas que le provocaron heridas leves. En la siguiente denuncia, la Gremial de Abogados y Abogadas responsabiliza a policías de asesinar al joven en connivencia con médicos, enfermeros del establecimiento. “Tenemos las terribles fotos y videos de cómo lo maltrataron en presencia de esos médicos y personal del Hospital. Como se le cagan de risa. Como verduguean a la mamá. Y varias horas después apareció muerto a golpes en una camilla escondida al fondo de un pasillo. Ningún médico ni enfermero/a vio nada. Ninguna cámara de video captó nada”, afirma La Gremial en el escrito.
COMUNICADO DE LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS
COMUNICADO DE LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS
A Nico lo persiguió a los tiros una Comisión policial en Moreno.
Tenemos los videos donde se ve claramente que Nico no disparó, ni estaba armado.
Es más, se ve que una mujer policía hiere en la cabeza a su compañero.
A Nico le dan dos disparos en las piernas.
Heridas leves.
La Gremial de Abogados tiene ya copias completas de la causa.
Todos los médicos declaran que Nico estaba bien.
También declaran que no vieron nada, ni saben quién mató a Nico.
Nico aparece muerto con heridas que no tenía al ingresar al Hospital.
Lo mataron Policías con acuerdo y complicidad de Médicos y enfermeros.
Médicos y enfermeros que luego en su función sindical reclaman solidaridad y acompañamiento.
Esto lo vemos en los empleados estatales de los Institutos de Menores que se hacen los boludos cuando apalean o matan niños y se esconden tras la imagen de “trabajador” para defenderse entre sí.
Lo vemos en los empleados de los Juzgados y Fiscalías afiliados a Sindicatos Judiciales que verduguean a los presos peor que la yuta.
Y nos tratan a los Defensores peor que los fiscales.
La Gremial de Abogados no puede dejar pasar esas cosas porque tenemos autoridad moral para gritarlas.
Porque corremos aún por esos trabajadores cuando caen en cana o los reprimen.
Estos médicos y enfermeros del Hospital de Moreno son igual o más responsables que la yuta en la salvaje muerte de Nico Pelayes.
Y vimos a algunos delegados de ese mismo Hospital con discursos de “izquierda” defender corporativamente al Hospital.
La foto que acá pegamos da cuenta de que Nico ingreso al Hospital con leves heridas que no tardarían más de 30 días en curar.
Nico estaba encadenado.
Nico estaba con custodia policial permanente.
Tenemos las terribles fotos y videos de cómo lo maltrataron en presencia de esos médicos y personal del Hospital.
Como se le cagan de risa.
Como verduguean a la mamá.
Y varias horas después apareció muerto a golpes en una camilla escondida al fondo de un pasillo.
Ningún médico ni enfermero/a vio nada.
Ninguna cámara de video captó nada.
A la Gremial se la suele criticar por lo que dice.
Jamás escuchamos una sola crítica por nuestro trabajo, por lo que hacemos o a lo que no hacemos.
A la Gremial se nos exige mucho y tratamos de estar a la altura.
Es curioso que se nos critique por lo que decimos y no por lo que hacemos.
A los y las compañeros médicos, enfermeros, judiciales, estatales, etc les decimos que no tienen obligación de ser botones, delatores o encubridores.
Deben considerar que por debajo de ustedes hay en Argentina millones de seres humanos en condiciones de vida espantosas. Y que ser – como mínimo- neutrales con esos compatriotas o hermanos latinoamericanos los enaltece.
Actuar verdegueando como muchos judiciales o apoyando a los verdugos como muchos estatales o trabajadores de la salud los envilece.
Y además la Gremial los seguirá denunciando.
Como denunciará a los Intendentes, Gobernadores o funcionarios nacionales de los que esos trabajadores dependen, sean del Partido que fuere, sean de la ideología que digan ostentar.
Nico Pelayes no es el único que asesinan de esta forma conjunta.
Ingreso a Hospital como dice el acta que reproducimos.
Y lo mataron adentro entre policías y trabajadores de la salud.
Tenemos los videos donde se ve claramente que Nico no disparó, ni estaba armado.
Es más, se ve que una mujer policía hiere en la cabeza a su compañero.
A Nico le dan dos disparos en las piernas.
Heridas leves.
La Gremial de Abogados tiene ya copias completas de la causa.
Todos los médicos declaran que Nico estaba bien.
También declaran que no vieron nada, ni saben quién mató a Nico.
Nico aparece muerto con heridas que no tenía al ingresar al Hospital.
Lo mataron Policías con acuerdo y complicidad de Médicos y enfermeros.
Médicos y enfermeros que luego en su función sindical reclaman solidaridad y acompañamiento.
Esto lo vemos en los empleados estatales de los Institutos de Menores que se hacen los boludos cuando apalean o matan niños y se esconden tras la imagen de “trabajador” para defenderse entre sí.
Lo vemos en los empleados de los Juzgados y Fiscalías afiliados a Sindicatos Judiciales que verduguean a los presos peor que la yuta.
Y nos tratan a los Defensores peor que los fiscales.
La Gremial de Abogados no puede dejar pasar esas cosas porque tenemos autoridad moral para gritarlas.
Porque corremos aún por esos trabajadores cuando caen en cana o los reprimen.
Estos médicos y enfermeros del Hospital de Moreno son igual o más responsables que la yuta en la salvaje muerte de Nico Pelayes.
Y vimos a algunos delegados de ese mismo Hospital con discursos de “izquierda” defender corporativamente al Hospital.
La foto que acá pegamos da cuenta de que Nico ingreso al Hospital con leves heridas que no tardarían más de 30 días en curar.
Nico estaba encadenado.
Nico estaba con custodia policial permanente.
Tenemos las terribles fotos y videos de cómo lo maltrataron en presencia de esos médicos y personal del Hospital.
Como se le cagan de risa.
Como verduguean a la mamá.
Y varias horas después apareció muerto a golpes en una camilla escondida al fondo de un pasillo.
Ningún médico ni enfermero/a vio nada.
Ninguna cámara de video captó nada.
A la Gremial se la suele criticar por lo que dice.
Jamás escuchamos una sola crítica por nuestro trabajo, por lo que hacemos o a lo que no hacemos.
A la Gremial se nos exige mucho y tratamos de estar a la altura.
Es curioso que se nos critique por lo que decimos y no por lo que hacemos.
A los y las compañeros médicos, enfermeros, judiciales, estatales, etc les decimos que no tienen obligación de ser botones, delatores o encubridores.
Deben considerar que por debajo de ustedes hay en Argentina millones de seres humanos en condiciones de vida espantosas. Y que ser – como mínimo- neutrales con esos compatriotas o hermanos latinoamericanos los enaltece.
Actuar verdegueando como muchos judiciales o apoyando a los verdugos como muchos estatales o trabajadores de la salud los envilece.
Y además la Gremial los seguirá denunciando.
Como denunciará a los Intendentes, Gobernadores o funcionarios nacionales de los que esos trabajadores dependen, sean del Partido que fuere, sean de la ideología que digan ostentar.
Nico Pelayes no es el único que asesinan de esta forma conjunta.
Ingreso a Hospital como dice el acta que reproducimos.
Y lo mataron adentro entre policías y trabajadores de la salud.
Gremial de Abogados y Abogadas
Buenos Aires/ Marzo 2019
Buenos Aires/ Marzo 2019
Protesta cultural en Plaza de Mayo denunciando la pobreza
Resumen Latinoamericano, 29 marzo 2019
15 MILLONES DE POBRES
Cuando ellos ganan, vos perdés. Es hora de discutir la riqueza
Un grupo de militantes y artistas del Frente Patria Grande nos acercamos al Ministerio de Economía para denunciar la responsabilidad del gobierno de Macri ante el crecimiento de la pobreza.
Más de 2 millones de argentinos y argentinas cayeron en la pobreza en el último año, llegando hoy a un indice de 32 %. Mientras los bancos tienen ganancias extraordinarias, mientras algunas empresas se siguen enriqueciendo la gran mayoría tenemos que hacer malabares para llegar a fin de mes.
Frente a eso, desde el Frente Patria Grande proponemos:
Aumentar los salarios y jubilaciones..
Integración 4.500 barrios populares, garantizando luz, agua de red, y cloacas.
Decretar la Emergencia Alimentaria
Elecciones en Argentina: Sistema político y agenda
Amílcar Salas Oroño y Javier Calderón Castillo / Resumen Latinoamericano / 29 de marzo de 2019
La elección presidencial argentina que ocurrirá en octubre de este año será la número 20 desde el retorno a la democracia, un número no demasiado alto si se compara con las trayectorias electorales de otros países de la región. Este año se eligen presidente y vicepresidente (en fórmula cerrada) para el período 2019-2023. Además, se renovarán las cámaras del Congreso: en todas las provincias del país (23 más la Ciudad de Buenos Aires) se elegirán 130 diputados nacionales (de 257), y en 8 de ellas serán electos 24 senadores nacionales (de 72), con mandatos por 6 años (2019-2025). En orden provincial, también habrá elecciones a gobernadores – ya comenzaron, en un calendario que será “escalonado” durante todo el año-, salvo en las provincias de Corrientes y Santiago del Estero, distrito que tampoco pone en disputa ningún cargo legislativo provincial. Sin dudas, el impacto de los escenarios provinciales sobre las elecciones nacionales será importante, sobre todo en aquellos casos en que las fechas coinciden.
Es cierto que el peso electoral de las 23 provincias y la Capital Federal no es igual: hay un notorio desbalance a favor de la provincia de Buenos Aires: representa el 37% del padrón electoral; de cada tres votos, uno (y un poco más) es de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, lo que suceda allí en las primarias definirán cuáles serán los candidatos a gobernador que los representarán en el distrito (y los candidatos a intendente en los municipios, que también se eligen) será un aspecto determinante de los resultados generales a la Presidencia, donde también comenzará a valer como variable política el “arrastre de votos”, esto es, cuál de los candidatos (a presidente, gobernador o intendente) empuja para arriba –o para abajo– a los candidatos de todo el espacio político.
El anterior es un aspecto central de la cultura política argentina: no existen candidaturas individuales, todo se presenta desde los partidos políticos o coaliciones partidarias. En un segundo nivel importancia por caudal electoral están las provincias de Córdoba, Santa Fe, y la Ciudad de Buenos Aires (con proporciones bastante similares), seguidas por Tucumán, Mendoza y Entre Ríos, entre las más destacadas. Lo que suceda en estos seis distritos también debe ser considerado como clave para los resultados generales.
Existe, asimismo, un condicionante institucional relativamente novedoso para el sistema electoral argentino que, como lo indican algunos estudios, tiene sus consecuencias sobre la dinámica general del proceso de competencia y, sobre todo, en los ritmos e intensidades de las campañas: la obligatoriedad y simultaneidad de las primarias partidarias para los cargos nacionales (las PASO, Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) que se realizan en agosto de este año. En muchos casos, las PASO no sólo “adelantan” el proceso de selección de candidaturas -dado que las inscripciones ocurren en los meses previos- sino que también dejan instalado los lugares a partir de los cuales los competidores arrancan sus campañas, lo que define buena parte de las estrategias. Es cierto que hay casos en los que los resultados de las PASO no se repiten en las elecciones de octubre, e incluso se invierten los vencedores –como en la última elección legislativa del 2017, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires– aunque la tendencia suele ser de confirmación de los resultados. Un detalle no menor, vinculado a la relación entre las primarias y las elecciones generales, debe ser destacado como variable: en la última elección del 2017 –si bien era legislativa nacional, para diputados y senadores- el espacio político de Cambiemos (del actual presidente Mauricio Macri) creció significativamente en sus resultados de octubre en la mayoría de los distritos electorales respecto de las PASO de agosto; más modesto fue el crecimiento del espacio político del kirchnerismo (que ocupó el segundo lugar en la provincia de Buenos Aires); y llamativo el retroceso de la opción pretendidamente intermedia (peronismo no kirchnerista) que quedó condicionada por una “estructura de competencia” polarizada entre los dos espacio más gravitantes -Cambiemos y Unidad Ciudadana-, algo similar a lo que le ocurrió en las elecciones presidenciales del 2015.
El clima político regional en la agenda electoral argentina
Desde un punto de vista más general pueden identificarse flujos circulares en la narrativa electoral de las derechas en todo el Cono Sur; flujos que, a su vez, se retroalimentan. El ejemplo más palpable es el tema de la seguridad, articulado en la agenda global de poder de los EE. UU., con un efecto de clivaje político para las campañas y los medios de comunicación hegemónicos. Lo punitivo, como respuesta a la “demanda social” por seguridad, está siendo un factor de influencia cultural que proyecta como principales problemas de la sociedad argentina los robos comunes, los atracos y el microtráfico. Se jerarquiza la seguridad en los discursos sobre los derechos relacionados con la justicia social. Los asesores de la campaña del oficialismo macrista, por tanto, auguran una polarización de la campaña con eje en la seguridad, contra la corrupción (de los gobiernos anteriores, no la propia), y silenciando los temas de la economía o los derechos sociales.
Los debates propuestos desde el Ministerio de Justicia y Seguridad sobre la baja de imputabilidad para judicializar a niños y niñas de 14 años, y la presentación al Congreso de un nuevo código penal punitivista y antiderechos así lo indican.
También el oficialismo macrista, si mantiene ese camino argumental de la seguridad, deberá dar cuenta de los yerros de quienes gobiernan con ese estilo autoritario. En ese sentido, habrá que ver en qué medida no se convierte, como proposición, en un factor de respuesta social en el medio de la campaña, como sucedió, por ejemplo, durante las últimas semanas de la campaña de Fernando Haddad en Brasil el año pasado. El miedo tiene anticuerpos y puede convertirse, en ese sentido, en fuerza social. Infringir mucho miedo puede tener un rebote que incida en las elecciones, ya que moviliza sentimientos subjetivos y colectivos de autoprotección, como ocurrió en las dictaduras del Cono Sur o en los gobiernos de ultraderecha en la región, en especial por la existencia de sectores sociales muy movilizados por los derechos en la Argentina, con el movimiento de derechos humanos a la cabeza, la movilización feminista, el fuerte sindicalismo crítico y el movimiento de trabajadores de la economía social y popular.
No faltará el tema de la crisis en Venezuela; aparecerá sin dudas en la campaña, pues el macrismo, como otros grupos de derechas del continente, tratará de cosechar réditos de la matriz antichavista convertida en guerra mediática continental que ha logrado capilaridad en amplios segmentos sociales. Aunque no es posible determinar lo que ocurrirá en el país bolivariano, pase lo que pase, será utilizado como argumentario de la campaña, teniendo en cuenta las últimas declaraciones del publicista y estratega político de Cambiemos, Jaime Durán Barba, un experto provocador y polarizador.
Pero mirar para la región -y, en otro sentido, para los países latinoamericanos gobernados por las derechas, usar la situación venezolana como referencia- puede ser también algo complejo, siendo que sus “estabilidades” no son tan sencillas como se supone. La estabilidad de estos supondría un triunfo parcial de la ofensiva conservadora, pero esta no llega a ningún rincón del continente, empezando por los propios datos de la realidad argentina, marcados por un deterioro económico y social de altas proporciones. Trasladar con éxito la ola antiderechos encarnados por los presidentes Iván Duque, Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Lenín Moreno, Mario Abdo Benítez y Martín Vizcarra, tiene una relativa dificultad, porque las realidades de esos países indican que los efectos de las políticas neoliberales y conservadoras son rechazadas por una buena parte de la sociedad, en algunos casos mayoritaria, lo que supone una grieta latente en todo el continente.
Conclusión: sistema y candidaturas
Los problemas de gestión del presidente Macri le mantienen abajo en las encuestas de percepción ciudadana. Según las encuestadoras, el 63% de la población desaprueba la actuación del Gobierno, mientras que el 33% aprueba algo (26%) o todo (7%). Dicha situación propició la decisión de muchas autoridades provinciales de “escalonar” las elecciones provinciales y desligarlas de la elección nacional. Incluso, muchos aliados de Cambiemos entendieron que la mala imagen de Macri podría contagiar de forma negativa sus aspiraciones de Gobierno provincial o local, tendencia que el oficialismo intentará contrarrestar con su arbitrio en lo que respecta a la transferencia de recursos a las provincias.
Es curioso que, pese al fuerte impacto electoral de la provincia de Buenos Aires en lo nacional, ningún bonaerense ha sido electo como presidente. Este es un hecho producto de las tradiciones políticas argentinas y las composiciones de su federalismo político, cuestiones que también hacen a la competencia presidencial -y a las decisiones de las fuerzas en disputa-. El oficialismo tiene, en este contexto, quizás en la buena imagen de su gobernadora –María Eugenia Vidal- un recurso que intentará utilizar al máximo, al igual que su probado manejo de campañas electorales lo que le da, en el período que va desde las PASO a la elección general, ciertas condiciones de competitividad. Por eso también es que Mauricio Macri ya asumió que será candidato a su reelección, pese al escenario social desfavorable que enfrenta. Por ahora, es el único en colocarse en ese lugar.
Otros nombres están en la arena electoral, como el del exministro de Economía, Roberto Lavagna -del peronismo antikirchnerista-, el del actual diputado Agustín Rossi, del kirchnerismo, o el exgobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, cuyo acercamiento al kirchnerismo en los últimos tiempos lo corren del espacio político que venía representando (que si bien han mencionado sus intenciones de competir, aún no lo han hecho oficialmente). Está también la reciente aparición del presentador de programas de entretenimiento, Marcelo Tinelli, quien todavía no ha dado demasiadas pistas sobre su postulación –ni tampoco muchas precisiones a qué cargo aspira-, que ha colocado otros elementos en el escenario. Y, por supuesto, la expresidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, que es la figura política con mejor intención de voto para las elecciones, pero que todavía no ha formalizado su participación.
Habrá que ver qué otros nombres aparecen en estos pocos meses que quedan; se puede afirmar, sin embargo, que hay condicionamientos del sistema político a considerar –por ejemplo, el kirchnerismo no gobierna ni la provincia de Buenos Aires ni ninguno de los otros tres distritos clave, ni cuenta con la capacidad publicista de Cambiemos- que también pueden modificar lo que es un dato inobjetable de estos últimos meses: el profundo y sentido malestar de la sociedad argentina para con el actual Gobierno de Macri.
Celag
Envío:RL
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