Los movimientos sociales advierten que habrá más protestas y movilización
Le reclaman al gobierno que los reciba para negociar un aumento del salario de los programas de empleo. La remuneración cubre sólo el 50% de la canasta de indigencia.
El jueves, Stanley suspendió la reunión que tenía prevista en esa cartera con los movimientos sociales. “No había posibilidad de dar respuesta a los reclamos”, sería parte de la explicación con la que se encontraron las organizaciones.
En consecuencia, la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero, entre otros, anunciaron la intensificación de las medidas, juntas o por separado.
Gildo Onorato, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)), analizó: “Esto excede la Ley de Emergencia Social. Porque acá hay un salto en la canasta básica y una devaluación de la moneda que impacta sobre todos los trabajadores y especialmente en los más humildes. Nosotros estamos planteando una recomposición de los programas de empleo acorde a la inflación. Y con los índices de pobreza anunciados es más que razonable”.
La canasta básica para una familia tipo (padre, madre, un hijo y una hija menores de edad), para poder vivir mensualmente es, según el Indec, de $ 27.570 pesos. El salario mínimo, vital y móvil, es de $ 12.500. Y la llamada canasta alimentaria, el ingreso mínimo que requiere una familia tipo para dejar de ser indigente, es de $ 11.117,11 pesos. Ante estas cifras, Onorato marca que “los programas de empleo están en 6000 pesos. Ni siquiera llegan a la canasta alimentaria”.
Por ello, varias de las organizaciones sociales acompañarán la movilización de la CGT convocada para el próximo 4 de abril. Y en caso de no mediar respuestas, el grueso de las organizaciones prevé concretar, el próximo diez de abril, una Jornada Nacional general con diferentes acciones callejeras.
Para Daniel Menéndez, de Barrios de Pie “el gobierno muestra una improvisación enorme. El problema es que no hay pensada ninguna política pública que se pueda anunciar para mejorar la realidad”. Además, Menéndez anunció que Barrios de Pie tiene previsto el 3 de abril una movilización a la sede de la firma Mastellone Hermanos SA, en Puerto Madero, “para reclamar que dejen de especular con el precio de la leche y que haya abastecimiento”.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, marcó: “Es alarmante para miles de familias, que ni siquiera haya un anuncio social de parte del gobierno simultáneamente al anuncio de los datos del Indec”. El PO votó movilizarse el 4 de abril, pero no en la marcha de la CGT, porque plantean, entre otros puntos, “que no hay un paro nacional como debería haber, de 36 horas con movilización”. También para ese día evalúan un acampe en la Avenida 9 de Julio. Y posteriormente “unificar acciones de lucha” en la Jornada Nacional general.
Habría posibilidades de reunión con el gobierno para el 3 de abril. Si se concreta, de allí dependerá, en gran medida, si se levantan medidas. O si, caso contrario, la protesta sube la temperatura social.
Desde el Movimiento Evita también acusaron a la cartera de Desarrollo Social de desfinanciar 17 Espacios de Primera Infancia (jardines comunitarios) para niños y niñas de entre 45 días y tres años bajo la gestión de organizaciones sociales en la provincia de Buenos Aires. Entre otros puntos, las directoras de esos EPI reclaman siete meses de atraso en salarios de trabajadoras y alimentos “en perjuicio de 1700 niños y bebés” en territorio bonaerense. “En la Provincia tenemos 17 espacios que funcionan desde 2018. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hace desembolsos cada seis meses. Nosotros recibimos sólo uno, el año pasado, con un retraso de cuatro meses. El segundo desembolso, deberíamos haberlo cobrado en octubre y todavía no lo recibimos”, cuenta a Tiempo Carolina Pedelacq, directora del jardín comunitario Juana Azurduy, del distrito de San Martín. Y detalla que en el transcurso de este mes “habilitaron algunos pagos en cuentagotas” a cinco de los 17 EPI afectados. “Los jardines se sostienen por el compromiso de las mujeres de los movimientos populares. Hacemos un esfuerzo enorme por no dejar a las familias tiradas como pretende la ministra Stanley”.
La marcha del próximo jueves juntará a todos los sectores sindicales
Participarán del 4A tanto la conducción de la CGT como los sectores disidentes, las CTA y la izquierda. Hay diferencias de programa y reclamos de plan de lucha.
Tras una semana de debates dentro de las diferentes corrientes del movimiento sindical, todo indica que el próximo 4 de abril habrá una confluencia de todas ellas en la movilización que convocó la Central General del Trabajo (CGT). La marcha se hará desde la plaza de Once, a las 14 horas.
Dentro de la conducción de la CGT hubo algunas discusiones. Héctor Daer y Carlos Acuña, el binomio de conducción, encabezan al sector más dialoguista cuya principal preocupación es plantear una posición que ubica a las elecciones de octubre como la puerta de salida para el movimiento obrero.
Un texto que saldrá en forma de solicitada el mismo jueves de la marcha pondrá esta perspectiva en juego, aunque existe una minoría algo más confrontativa que aspira a que en el documento se deje entrever que esta movilización tendrá algún tipo de continuidad. Este punto es una divisoria de aguas: una fuente vinculada a la conducción de la CGT le dijo a Tiempo que “esta movilización no es el principio de nada”.
Esta posición es una respuesta a las expresiones de los líderes del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y el movimiento 21F. Pablo Moyano, de Camioneros, dijo el jueves pasado que su sector exigirá “a la CGT un plan de lucha que tiene que continuar con un paro nacional en abril”.
Héctor Amichetti, de la Corriente Federal de Trabajadores, agrupamiento sindical referenciado en el kirchnerismo y que integra el Fresimona, le dijo a Tiempo que ese sector “participa activamente de la marcha del próximo jueves”, con lo que desmintieron versiones que indicaban que ese sector se bajaba de la movilización. Al igual que Moyano, Amichetti recalcó que “demandamos una reunión del Comité Central Confederal para darle continuidad a la marcha con un plan de lucha”.
Amichetti aseguró que si la CGT no da ese paso, su sector seguirá con las “acciones propias”. Recalcó que el sector presentó un escrito en el que reclama la realización de un plan de lucha.
En tanto la CTA-T que dirige Hugo Yasky convocó a la movilización “en confluencia con las demás centrales sindicales”. Esta central exige la declaración de la emergencia alimentaria y nutricional, la emergencia tarifaria, la emergencia habitacional y la emergencia ocupacional. No plantea medidas de fuerza para más adelante. Este sector se concentrará en Congreso desde las 11 horas.
Por su parte, la CTA-A que dirige Ricardo Peidró definió la semana que pasó convocar a movilizar “por trabajo, producción, soberanía, justicia, aumento salarial y en defensa del sistema previsional”. Para este sector, se deben generar “las condiciones para la construcción de un paro general que ponga freno al ajuste del gobierno nacional”.
La izquierda sindical agrupada en el Plenario Sindical Combativo (PSC) se movilizará con una columna independiente que llegará hasta Plaza de Mayo con las consignas “Que la crisis la paguen las patronales, abajo el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores, paro activo de 36 horas”. También se movilizarán los movimientos sociales referenciados en este sector político.
“El sindicato cumple un rol policial dentro de la fábrica”
En el Enredando las mañanas del pasado miércoles, charlamos con los trabajadores despedidos de la planta automotriz Fiat de Córdoba. Denuncian la incompetencia del sindicato (Smata) que además de no proteger los derechos del trabajador, “colabora directamente con la empresa en señalar a aquellas personas que resultan molestas o críticas dentro de la fábrica”. En el marco de un crecimiento constante de los índices de pobreza y desocupación, el panorama para este año no ofrece mejores perspectivas. Por RNMA
Las automotrices de Córdoba están viviendo una situación lamentable con suspensiones periódicas y una cifra de 1200 puestos de trabajo perdidos por la paralización de la producción. El año pasado Macri vaticinó inversiones que nunca llegaron. Hace cinco meses Arístides, ex trabajador de la planta automotriz Fiat, fue despedido de su puesto de trabajo. En diálogo con Enredando Las mañanas, nos contó cómo fue su caso.
“A mí me despiden en octubre del año pasado en el marco de una reducción de horas trabajadas, también llamadas suspensiones, que están realizando no sólo Fiat sino en el conjunto de las automotrices. Han avanzado con muchísimos despidos en la fábrica, enmascarados en un supuesto retiro voluntario.”
“Aunque no parezca, los despidos terminan siendo masivos porque se realizan a cuenta gotas. En la fábrica anuncian que se abre el ‘retiro voluntario’ en la empresa y llaman a la oficina de recursos humanos ofreciendo el retiro voluntario, que significa que te pagarían lo que te corresponde por ley, más 4 o 5 sueldos aproximadamente. Por la situación que está viviendo el país, son muy pocos los que aceptan este retiro voluntario.”
“Ya en septiembre la cosa se pone más áspera. En mi caso yo estaba trabajando como cualquier otro día y me vinieron a buscar en un auto y me llevaron a la garita de seguridad que está en la puerta de la fábrica. Ahí, uno de recursos humanos que me dijo que iban a prescindir de mi trabajo y si aceptaba en ese momento me pagaban unos sueldos más y, si no, me llegaría un telegrama sólo con el dinero que corresponde por ley.”
“Es bastante brutal el sistema, ni siquiera te dejan despedirte de tus compañeros.”
“Más allá de mi caso en particular, justo hoy estaba leyendo en una publicación ANRed, que durante el 2018 se produjeron en el país más de 1000 despidos por día. Es impresionante lo que está pasando en este momento no sólo con los índices de pobreza sino también con el desempleo. Hay que tener en cuenta que la producción que se realiza en Fiat, y en la mayoría de las automotrices en Argentina, se exporta a Brasil en un 70% aproximadamente. Por eso, en realidad, la crisis de las automotrices en el país comienza un poco antes del gobierno de Macri: alrededor del 2011 producto de la crisis de Brasil y se agravó mucho más luego del 2015.”
“En ese marco empiezan con las suspensiones, que implican que al trabajador se le pague un 70% del sueldo. Es decir, un empleado suspendido trabaja dos o tres días por semana normalmente, y esto tiene un impacto importante cuando se cobra la quincena.”
“Lo primero que uno se pregunta en todo esto es ¿dónde está el sindicato? El Smata no sólo que no cumple su rol de defensa de los derechos de los trabajadores, tanto salariales y como de puestos de trabajo y condiciones laborales, sino que por el contrario colabora directamente con la empresa en señalar a aquellas personas que resulten de alguna manera molestas críticas dentro de la fábrica. Hay una complicidad dentro del sindicato.”
“Unos meses antes de que nos despidan hicimos un quite de colaboración, es decir, durante tres días no hicimos horas extras cuando la empresa necesitó hacerlas. Fuimos un grupo de alrededor de setenta compañeros que lo hicimos porque el comedor que estaba dentro de la fábrica, tenía escasa comida para la cantidad de gente que iba a comer y después que era prácticamente comida para perros. Casualmente los primeros despedidos fuimos los que hicimos ese quite de colaboración.”
“Cuando fuimos a plantear esta persecución al Smata no hubo ningún tipo de respuesta. El rol de los delegados del Smata dentro de la empresa es de informar cuando hay suspensión y cuando no hay suspensión. Tienen un trabajo de meterle miedo a la gente. Es un rol bastante policial dentro de la fábrica, parece increíble porque estamos hablando un sindicato.”
“En ese sentido la situación es un poco desesperante. Hay compañeros que realizan una tarea monótona durante 8 horas y 18 minutos, haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo con descansos que son bastante cortos y con un salario que, si bien puede estar un poco por encima de la media, no es el sueldo de antes. No somos trabajadores privilegiados.”
“Estos avances de la empresa por sobre las condiciones laborales se entiende a partir de las necesidades empresariales de aumentar los ritmos de producción y de ganancia, pero también de un sindicato que es totalmente sumiso, funcional y cómplice.”
“Yo estuve presente cuando Macri hizo un acto en Fiat con el gobernador Schiaretti y se anunciaron inversiones. Se empezó a trabajar durante un par de meses bastante fuerte porque se comenzó a fabricar un nuevo modelo: el Cronos hasta que empezaron las suspensiones y los despidos. Las inversiones fueron una de tantas mentiras que ha dicho el gobierno.”
Salarios: gremios van por lo perdido en 2018 y con la incógnita de la inflación
En metalúrgicos y construcción proponen cláusulas de recuperación por la diferencia entre la carestía y los sueldos. El sector empresario de comercio pedirá ayuda al gobierno
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La actitud de bancarios y camioneros anticipa un áspero año de negociaciones en medio de la campaña electoral. Las empresas, en tanto, dan señales de confusión y hasta se guarecen en una crisis que en muchos casos las tiene como claras responsables o, al menos, como partícipes necesarias.
Esta semana se producirá una nueva tanda de encuentros paritarios. El común denominador de la parte laboral es el planteo que apunta a recuperar lo perdido en 2018 y negociar aumentos salariales acordes a la inflación de 2019. Pero esta última es un misterio que promete patear el tablero de más de una negociación.
En el caso de los metalúrgicos, el directivo de la Cámara de la Mediana Empresa Metalúrgica (Camima) Aldo Lo Russo aseguró que en las reuniones con la UOM la mayoría de las empresas prefiere “no dar recomposiciones” y que la única propuesta es discutir salarios a partir de abril.
En contrapartida, la UOM manifestó su deseo de negociar un aumento del 44 por ciento. Pero la propuesta salarial de las empresas es de un 17% por seis meses, para discutir después el resto del año.
“Antes de hacer una oferta de recomposición estamos analizando el nivel de la actividad de la industria porque hay muchos que no quieren dar absolutamente nada. Estamos haciendo encuestas para saber exactamente la magnitud de la caída de la actividad” con el fin de “justificar que no se pueden pagar retroactivos”, detalló Lo Russo.
En el caso del comercio, se está aplicando la actualización firmada a fines de 2018, que incluye pagos en enero (7%), febrero (7%) y marzo (6%). El acuerdo redondea un 45% en total para 2018.
Aunque las negociaciones del acuerdo 2019 comenzarán esta semana en la Cámara de Comercio (CAC) aseguran que todavía no definieron una propuesta. Su secretario, Mario Grinman, aseguró a Tiempo que las empresas no ven con malos ojos un posible acuerdo trimestral o semestral.
En la antesala del primer encuentro, el sector empresario abrió el paraguas: “Estamos ante una fuerte caída del consumo y el comercio está haciendo un enorme esfuerzo para mantener la misma plantilla de personal”, dijo Grinman, quien apeló a “la responsabilidad” del sindicato y pidió una ayuda al gobierno: “Va a ser muy importante que el gobierno aporte, por ejemplo, una herramienta fiscal que permita que nosotros podamos trasladar al trabajador lo que hubiéramos contribuido al Estado”.
En CAME, que agrupa a pymes, reconocieron preocupación por el marco inflacionario que agrega una distorsión particular a la mesa de negociaciones: “Ya echó por tierra los números que teníamos para el arranque del año y no sabemos cómo va a terminar”, dijeron a Tiempo.
Desde el lado del sindicato de Empleados de Comercio consignaron que aún no hay un porcentaje de aumento a pedir, pero anticiparon que “se irá como mínimo por un porcentaje igual a la inflación”, además de “alguna cláusula de revisión”.
En tanto, en la construcción también hay pocas certezas. En el sindicato UOCRA puntualizaron que el último tramo del acuerdo 2018 (un 7%) se pagó en marzo y que la suba salarial fue del 41,8 por ciento. Indicaron, además, que es seguro que irán por una actualización de lo perdido en 2018, pero que todavía no se sabe la magnitud del pedido. «
Estatales
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro el próximo miércoles 3 en reclamo de la reapertura de paritarias para ese sector de trabajadores de la provincia de Buenos Aires.
La Ciudad gasta más de 7 millones por día en veredas
En 2019, la Subsecretaría de Vías Peatonales gastará 2600 millones en el mantenimiento de aceras, aunque otras áreas contratan para lo mismo. El monto supera lo invertido en infraestructura escolar y en subtes. Entre las ganadoras hay aportantes a la campaña de Macri.
El fallo que días atrás condenó a la Ciudad a reponer el adoquinado original en Palermo, Colegiales y Belgrano volvió a poner de manifiesto el negocio millonario que ha generado el gobierno porteño con el mantenimiento de las veredas y calles de la Capital Federal. Una red de empresas amigas del macrismo, muchas de ellas aportantes de campaña, que suelen repetirse en las licitaciones y realizan trabajos en veredas sanas. Sólo en 2019 se destinarán más de 7,1 millones de pesos diarios a esta tarea: el monto supera, por ejemplo, a lo que el Ejecutivo invierte en infraestructura escolar y en el subte.
En la Comuna 14, la Ciudad reemplazó los históricos adoquines por réplicas de materiales más “baratos”. Pasa en otros barrios, pero fue ahí donde la defensora oficial Lorena Lampolio, del Juzgado Nº 20, dictaminó que no remuevan más empedrados y restituyan los antiguos.
“Lo que sucede es producto de un cóctel explosivo que combina la percepción de los vecinos sobre lo que es el ‘progreso’ en el espacio público inmediato y los negocios de las empresas amigas de la gestión”, enfatiza Carlos Blanco, de Basta de Demoler, denunciante en la causa. El empedrado es sólo un eslabón de una cadena millonaria que elaboró el macrismo para el mantenimiento de las trazas porteñas.
“¿Pero esa vereda no la habían arreglado ya?”. La queja de los vecinos se repite. Desde el gobierno sostienen que si bien el mantenimiento depende de cada frentista, decidieron hacerse cargo de su reparación. Para eso lanzaron el Plan Integral de Veredas. Las mayores beneficiadas son las empresas de servicios, principales culpables de las roturas de aceras. Según cálculos de los entes controladores, firmas como Edesur, Edenor y Aysa se “ahorraron” 120 millones entre 2017 y 2018 en reparación de veredas.
A pesar de la crisis y el ajuste, el Ejecutivo porteño destinará más de 2600 millones de pesos para arreglo y mantenimiento de aceras en 2019, la mayoría centralizados en la Subsecretaría de Vías Peatonales. Otro par de miles de millones se repetirá el año próximo, a un ritmo de 7,1 millones por día.
Los números no cierran: en 2014, Macri aprobó el gasto de 600 millones en dos años. En 2016, Larreta renovó la licitación, esta vez por $ 1332 millones. Sin embargo –y de acuerdo a datos oficiales–, de las 321.380 veredas que tenía la Ciudad en 2018, 155.221 aún estaban en mal estado. Entre 2018 y 2019 se presupuestó arreglar 127.674 de ellas, un 82% de todas las que estaban mal. A pesar de que la mayoría ya estarían arregladas, aún resta desembolsar otros $ 2200 millones en 2020. La hipótesis: están rompiendo veredas “sanas”.
“El de Vías Peatonales es uno de los presupuestos más importantes: supera los 1256 millones que se destinan a infraestructura escolar y los 729 millones para obras en el subte. Es importante pensar dónde ponen las prioridades, por qué destinan tanto dinero a veredas y cuáles son las empresas que ganan. Y ahí descubrís las redes de contacto y negocios detrás de cada una, como Bricons, que aportó un millón de pesos a la campaña y ganó 228 millones en obras”, resalta la legisladora Andrea Conde (Unidad Ciudadana).
Bajo la gestión de Macri y Larreta se cartelizaron las licitaciones del espacio público, adjudicando cada comuna a una empresa determinada. Los llamados se dan cada dos años, y los nombres de las ganadoras se repiten. Aparte de Bricons aparecen otras aportantes: Altote, Control Ecológico SA, Naku, Marcalba, Ingevial. También Urbaser, esponsor de la Fundación SUMA, de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y socia del Grupo Macri en ACS. Tanto esta como Salvatori y Mantelectric coinciden en otra licitación cartelizada del Ministerio de Ambiente y Espacio Público: la del “Servicio de Mantenimiento Integral de las Áreas Verdes”, tanto en 2015 como días atrás cuando adjudicaron la de 2019-2021. Entre ambas, Ciudad gastará más de $ 3000 millones. Mantelectric se presentó junto a SES SA, la empresa de Nicolás Caputo. Desde 2015 a julio de 2018 se vieron beneficiadas con ocho readecuaciones de precios, que duplicaron el valor original.
El Plan Integral de Veredas prevé otros $ 4500 millones para licitaciones de calles, desde tareas de pavimentación hasta obras de bacheo, aunque nadie precisa en qué se diferencian de las tareas que hacen las empresas encargadas de las aceras.
El Ejecutivo le sumó además 38 contrataciones directas por $ 64 millones para más arreglos de veredas a dos firmas (Derby Eland SA y EcomLat), cuyos dueños son amigos. Otros 13.500.000 de pesos fueron para McKinsey, en un servicio de consultoría que busca “optimizar el mantenimiento de veredas de la Ciudad”. Se trata de la firma donde se conocieron Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. El macrismo tercerizó incluso la inspección de obras en vías peatonales, pagándole 38 millones a la empresa HYTSA.
La legisladora Conde destaca la figura de Efraín Viejobueno. Es el gerente operativo de Coordinación de Vías Peatonales: “Está en RRLL, del Grupo Macri, y viene de IECSA, de Angelo Calcaterra, su tío. Lo dice sin desparpajo en sus redes. Juega de los dos lados del mostrador”.
Más allá de los millones y de tercerizar acciones que podría realizar el Estado a menor costo, los trabajos de las empresas avanzan con dudosos criterios estéticos (ejemplo, las capas de cemento reticuladas en lugar de baldosas) y en varios casos avasallando la identidad y la memoria barrial. Ocurrió en Juan B. Justo al 2700, donde retiraron la baldosa que contenía nombres de la familia Gallina, desaparecida por la dictadura cívico–militar en 1977. «
Diferentes contratos para hacer la misma tarea
Es normal encontrar en la Ciudad licitaciones de diferentes ministerios que superponen tareas. Mientras el de Ambiente se encarga del mantenimiento de las veredas y de los espacios verdes, el de Desarrollo Urbano contrata firmas para trabajos como el “Plan de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa en la Ciudad”. Lo hizo el año pasado por 2033 millones de pesos –con un sobreprecio de 145 millones– y de nuevo dividiendo en zonas para beneficio de más empresas. Una beneficiada fue Mantelectric, que también ganó en la licitación de veredas y en la del mantenimiento de espacios verdes. Otro llamado fue para la construcción y mantenimiento de cunetas y cruces de hormigón para la red de ciclovías, que también involucran veredas. Serán 142 millones de pesos por dos años.
A esto se suman obras en aceras de la Secretaría de Gestión Ciudadana, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral y hasta del BA Elige, que seleccionó proyectos para arreglar veredas por $ 100 millones, a pesar de que ya estaban contempladas en las licitaciones de Ambiente.
Marcalba, aportante y gran ganador
Una de las firmas paradigmáticas en el arreglo de veredas es Marcalba SA Uno de sus dueños es Alejandro Gastón Radetic, acusado de correr picadas por la 9 de Julio y subir los videos a sus redes sociales. Entre él, su socio Alberto Andrenacci y la hija de este, María de los Ángeles, aportaron a la campaña de Mauricio Macri unos 562.500 pesos, bastante poco comparado con los más de 500 millones que ganaron en estos años bajo la gestión macrista. La licitación “Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad de Buenos Aires 2015/16” dividió en zonas a la Capital Federal y los dos socios fueron por separado. En la Zona 11 ganó Fontana Nicastro (también de Andrenacci) por $ 85.124.305; la Zona 10 fue obtenida por Marcalba a un valor de $ 84.227.258. Su prosperidad continuó, porque a Marcalba le adjudicaron la Zona 8 en la licitación del mantenimiento y arreglo de las aceras para el período 2017-2018: a los $ 122 millones que obtuvo originalmente en 2016, le agregó cuatro readecuaciones de precios, por más de 51 millones de pesos extra.
Gremios de Prensa le recordaron al Presidente la situación que atraviesa el periodismo argentino
La libertad de expresión según Mauricio Macri
“Le recordamos a @mauriciomacri que nunca antes en la historia democrática el periodismo y los medios tuvieron tantas dificultades” fue la respuesta de la Asamblea de trabajadores y trabajadoras de Prensa de la TV Pública, nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), a las declaraciones de hoy, a través de Twitter, de Mauricio Macri acerca de la libertad de expresión en el país.
Macri había afirmado que “la Argentina tiene la más amplia libertad de prensa de su historia”. Como reacción al tuit presidencial el gremio recordó que durante la gestión de Cambiemos se contabilizaron “3500 puestos de trabajo perdidos, cierre de empresas periodísticas y un ataque a los medios públicos que garantizan la pluralidad de voces”.
“Hoy en la Argentina, la libertad es absoluta. Es tan grande que se volvió transparente. Pero conviene recordar que lo que vivimos es el resultado de haber abandonado para siempre los mecanismos encubiertos que usaron gobiernos anteriores para someter a la libertad”, escribió Macri a través de su cuenta de Twitter.
También destacó que desde el gobierno “no intervenimos ni influimos en las decisiones editoriales, no presionamos ni cuestionamos la tarea de los medios ni de los profesionales de prensa, no descalificamos, no aceptamos que se ‘juzguen’ periodistas en la Plaza de Mayo como sucedió hace apenas 9 años atrás”.
La respuesta de Sipreba no se hizo esperar y desde el sindicato recordaron que, sin ir más lejos, hoy la TV Pública no cubre las primarias que se celebran en la provincia de San Juan, ni tampoco la definición de la Superliga en donde Racing podría consagrarse campeón debido a la fuerte política de vaciamiento que padece el canal estatal desde 2016.
Las afirmaciones del Presidente llegan al término de una semana en la que se conoció que, de cara al año electoral, los conductores de los noticieros de la TV Pública serán reemplazados por animadores contratados de manera directa, una decisión que acota la pluralidad de voces de la que se jacta la alianza gobernante y que llama la atención en el marco de las “políticas de austeridad” que proclaman las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Le recordamos a @mauriciomacri que nunca antes en la historia democrática el periodismo y los medios tuvieron tantas dificultades: 3500 puestos de trabajo perdidos, cierre de empresas periodísticas y un ataque a los medios públicos que garantizan la pluralidad de voces [sigue]
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“Perdimos 8 mil puestos de trabajo en lo que va del año y hay otros 13 mil en riesgo”
Lo aseguró el titular del Smata, Ricardo Pignanelli. Además contó que el ministro Sica no da respuestas y sentenció: “El problema es del modelo”
31/03/2019
Los números de la industria automotriz son abrumadores. Por lo negativo, claro Es que la cantidad de empleos perdidos y la suma de suspensiones conforman un panorama que empieza a encender las alarmas a todos los actores de la actividad.
A días de que el INDEC confirmara que las automotrices funcionan a sólo el 15% de la capacidad instalada, el titular del gremio de mecánicos, Ricardo Pignanelli, explicó el impacto de la crisis en las plantas.
“Perdimos 8 mil puestos de trabajo en lo que va del año y hay otros 13 mil en riesgo“, dijo el gremialista en declaraciones a AM 750.
Además, el referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional especificó que “Los problemas los tenemos en el conurbano, porque ahí están radicadas las industria”.
“Yo creo que sí puede haber un quinto paro nacional”, agregó Pignanelli y explicó que “En el Gobierno no se dan cuenta de que no tenemos espacio para pulsear”.
Por último expuso situaciones en las que fue a pedirle respuestas al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica y se fue con las manos vacías. “Me reuní con Dante Sica en Toyota hace dos meses y le entregamos propuestas. Quedó en que nos iba a llamar y no nos llamó“.
Por último dejó una sentencia clara respeto de su mirada sobre la problemática industrial: “El problema es del modelo”.
La textil Ritex despidió a 80 de sus 150 operarios
Se resolvió en la última audiencia en Trabajo. Además 30 de los que continuarán con tareas deberán cambiar de turno y pasarán a cobrar un 70% del salario que venían percibiendo.
31/03/2019 20:59:00
Miriam Espinoza, secretaria de Trabajo de la Provincia de La Rioja confirmó que Ritex decidió despedir a ochenta empleados de los 150 con los que cuenta la firma. Es la confirmación del ajuste que ya se había adelantado en los últimos días desde la empresa.
En tanto explicó al portal local Ritex que treinta de los que continuarían trabajando, deberán ?aceptar un pase de turno?, lo que significa menos remuneración.
Además dijo que a aquellos que se queden en la firma, cobrarán ?una gratificación?. El sindicato será el encargado de definir quiénes son los treinta, remarcó.
Por último especificó que a los empleados cesanteados les pagarán entre un 65% y un 70% de la indemnización que corresponde por ley. Ese porcentaje es similar al que cobrarán los despedidos de Hilados I, otra de las grandes textiles en crisis del parque industrial riojano.
Despidos masivos en laboratorio Craveri
Unos 40 empleados llegaron a trabajar el viernes y les impidieron ingresar. La firma había intentado gestionar un preventivo de crisis. Achique del mercado y desmanejo empresarial
31/03/2019
El laboratorio nacional Craveri despidió a unos 40 trabajadores de planta y técnica. Las cesantías se “comunicaron” a través de un listado que les prohibía el ingreso a los afectados por el ajuste el viernes por la mañana, al momento de tomar tareas.
Se trata de empleados de las unidades de manufactura de la calle Arengreen, a su planta de hormonales de Villa del Parque; y a un puñado de roles administrativos, informó el portal especializado Pharmabiz.
“Fueron retenidos, imposibilitándoles el ingreso por el personal de vigilancia”, comentó Hofacio Waserman, delegado de Craveri.
“Hay una baja de la producción, pero responde a decisiones de Juan Craveri, el dueño del laboratorio. Hay una contracción del mercado farmacéutico, pero no es eso lo que nos aqueja a nosotros“, explicó el gremialista.
En julio pasado la firma había abierto un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, expediente que finalmente no prosperó. Además ofreció la opción del retiro voluntario pero no fue aceptada por los empleados que ahora están terminando su ciclo.
“Lo que solicitamos es la reincorporación de todos los despedidos a sus puestos de trabajo. El agravante es que la empresa quiere pagar el 50% de la indemnización”, especificó Waserman.
Por último el delegado confirmó que el gremio de Sanidad no avaló el procedimiento preventivo de crisis y que mantiene un “apoyo total” a los trabajadores.
Petroleros al borde del conflicto con Sinopec
Si tocan a un trabajador “se van a encontrar con una medida de fuerza que va a ser de las más fuertes a nivel provincial”, advirtieron los petroleros santacruceños.
El secretario general de los petroleros santacruceños Claudio Vidal amenazó a Sinopec con iniciar medidas de fuerza si, como consecuencia de la falta de inversión en los yacimientos de Santa Cruz, despiden a trabajadores.
El gremialista, luego de la reunión con enviados de la compañía china y representantes de distintos sectores, durante las actividades de la comisión de seguimiento de la legislatura provincial, dijo a Télam que en el encuentro “escuchamos mentiras” y que “si bien la pelea es con un peso pesado como Sinopec, o con el estado chino, nosotros en Santa Cruz estamos siendo demasiado blanditos”.
“No me van a tocar ni un solo trabajador petrolero. No vamos a permitir retiros por el 241 ni despidos injustificados por el 245 (de la ley de contrato de trabajo). Nos vamos a mantener firmes en esta postura”, expresó el gremialista al recordar que “hemos dialogado durante tres años” y que “se terminó el tiempo de diálogo”.
“Tocan a un trabajador y lamentablemente se van a encontrar con una medida de fuerza que va a ser de las más fuertes a nivel provincial”, insistió.
Consultado por Télam sobre las condiciones internacionales, Vidal consideró que “el precio del barril se maneja a nivel internacional. Hoy la actividad (petrolera) tiene todas las posibilidades de salir adelante. Nosotros, desde la provincia, debemos exigir qué es lo que están haciendo hoy, por qué dejan de invertir” concluyendo que las compañías “están especulando con lo que se viene” ante la discusión sobre la extensión de nuevas áreas en la provincia, estimada para este fin de año.
Los gremios docentes definen posición respecto de la oferta de Vidal
Los cinco gremios que integran el Frente de Unidad de Docentes Bonaerenses (FUDB) continúan debatiendo en asambleas los detalles de la oferta salarial mejorada que les presentó la gestión de María Eugenia Vidal, y se espera que el próximo lunes definan si la aceptan o rechazan.
“Hay que escuchar la voz de la gente. Los delegados les van a dar mandato a los secretarios generales de cada distrito, y el lunes vamos a reunirnos y sacar una puesta en común”, sostuvo este viernes el titular de Udocba, uno de los gremios del FUDB, Miguel Ángel Díaz, sobre la metodología que lleva adelante su sindicato.
En el gobierno provincial se muestran confiados en que los gremios finalmente aceptarán la oferta salarial y lograrán apaciguar el conflicto que se extendió durante todo el año pasado, ya que los sindicatos rechazaron todas las propuestas que recibieron a lo largo de 2018.
No obstante, los sindicalistas avisaron que no descartan rechazar esta última propuesta -pese a que reconocieron tras la reunión del miércoles pasado con los funcionarios que supera a la oferta anterior- y en ese caso podrían activar además un paro de 48 horas.
“No sé cómo van a reaccionar los compañeros. Dejemos la puerta entreabierta. No la cerremos pero tampoco la abramos”, señaló Díaz en una entrevista radial.
Las asambleas sindicales para analizar al detalle la letra chica del acuerdo se iniciaron el jueves, continuaron este viernes y finalizarán el próximo lunes cuando los cinco gremios del FUDB deberán dar una respuesta al Ejecutivo provincial.
La oferta contempla un 15,6% de aumento en concepto de la pérdida adquisitiva del salario durante 2018 (a pagarse un 5% en marzo y 10,6% en julio), mientras que para este año se establece una revisión trimestral en función de la inflación con cláusula gatillo.
Además de la cuestión estrictamente salarial, los sindicatos reclaman “dejar sin efecto los sumarios por persecución laboral, dar cumplimiento irrestricto a los 12 puntos en materia de infraestructura escolar y el nombramiento de los cargos faltantes”, entre otros temas.
Los petroleros enfrían las paritarias a la espera del índice de inflación de marzo
Aunque las negociaciones estaban encaminadas, la disparada de precios enfrió todo. Esperarán los datos de inflación de marzo para regresar a la mesa paritaria. Se le empastan las pretensiones a Sica.
La paritaria petrolera pasó a cuarto intermedio hasta que se conozcan los datos de inflación de marzo. Entonces, se terminará de definir la compensación del impacto de los precios sobre el salario y el porcentaje de incremento para el ejercicio que va desde el 1° de abril hasta el 31 de marzo del 2020.
El cuarto intermedio se resolvió en una reunión en la que los representantes sindicales bajaron las pretensiones esgrimidas en el encuentro previo. A saber: del 30 por ciento que pidieron de aumento desde abril pasaron a discutir una suba de entre el 20 y 22 por ciento con cláusulas de revisión para compensar los desfases del acuerdo original respecto a la inflación.
“En este país en el que se perdió el control de la economía vamos a poner las clausulas de revisión que hagan falta”, indicó el secretario del gremio petrolero, Guillermo Pereyra.
En cuanto a la compensación para el ciclo que finaliza el domingo, se estima que se negociará un 12 por ciento. Ese porcentaje se sumará al 40% que ya rige.
La discusión por la paritaria entre el gremio y las empresas involucra a 22000 empleados que son parte del motor para Vaca Muerta.
Musimundo cierra otra sucursal y ya suman 12 las que bajaron las persianas
La cadena de venta de electrodomésticos cerró la sucursal de Fisherton en Rosario y despidió a 20 trabajadores. Ya son 12 las sucursales que bajaron la persiana.
30/03/2019
La crisis económica que atraviesa el país y que deriva en una gran caída en las ventas sumada a los tarifazos, los altos alquileres y la falta de financiación concluyeron en el cierre de otra de las sucursales de la cadena Musimundo.
Esta vez, cerró la sucursal Fisherton ubicada en Rosario, provincia de Santa Fé y despidieron a 20 trabajadores.
Este cierre se suma a los de los locales de Callao y Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires; Mercedes; Saladillo: Pehuajó; Bragado; Chivilcoy y Trenque Lauquén, en la provincia de Buenos Aires; además de Neuquén; Famailla y Banda del río Salí en Tucumán.
Desde la compañía explicaron que todo se debe al contexto económico y sobretodo a la caída en las ventas.
El sector de venta de electrónica y electrodomésticos está complicado desde hace tiempo, algunas cadenas están retrasando el pago de sus sueldos, otras como Musimundo optan por cerrar sus sucursales.
En diálogo con el medio Conclusión, Ariel Ruffine, delegado gremial de Musimundo señaló: ?La empresa cerró sin argumentos, hace unos días estuvimos reunidos y no nos dijeron nada?.
En tanto, Juan Gómez, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, dijo que ?esto es una muestra de lo que hace el empresariado en general, luego de llevarse millones del país. Esta empresa se enriqueció a costa de los trabajadores y en el primer viento de cambio, los despide. Cuando se niega a trasladar a personal despedido a otras sucursales, lo que hace es olvidarse de quien la enriqueció?.
Envío:RL
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