Precarización: murió un repartidor de Rappi, atropellado por un camión
Ramiro Cayola tenía 20 años, había nacido en Bolivia y estudiaba periodismo deportivo. Trabajaba para @RappiArgentina y al momento de morir llevaba un pedido a un cliente de Puerto Madero.
Ocurrió en Buenos Aires. Tenía 20 años y se ganaba la vida trabajando con su bicicleta. Cuando llegaron los forenses, su celular todavía sonaba con pedidos.
Desde la Asociación de Personal de Plataformas lamentaron la muerte del joven y denunciaron condiciones de seguridad. – Foto ilustrativa: @AppSindical
Este viernes a la noche murió en Buenos Aires un joven de 20 años que trabajaba como repartirdor de Rappi. “Circulaba en bicicleta por avenida Madero mano al sur. Antes de llegar a la esquina de avenida Córdoba quedó encerrado entre una reducción de calzada dispuesta por las obras del paseo del bajo y un camión arrolló su cuerpo”, indicaron desde la Asociación de Personal de Plataformas tras conocerse la fatal noticia.
El joven fue identificado como Ramiro Cayola Camacho, era de nacionalidad boliviana, trabajaba como repartidor y estudiaba periodismo deportivo.
AppSindical@AppSindicalEntre sus pertenencias, se encontró la tarjeta que esta empresa les provee a los trabajadores para hacer pagos especiales. Ramiro, de nacionalidad boliviana, estaba estudiando periodismo deportivo.
“Su celular todavía sonaba insistentemente con pedidos de Rappi”, indicó la Asociación y denunciaron que desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre estos riesgos y “las plataformas no se hacen cargo de la protección de sus trabajadores, que arriesgan su vida para ganarse un ingreso”.
“Es la primera vez que tenemos que lamentar la muerte de un compañero de Rappi y estamos consternados. Sentimos bronca. Ante todo, vamos a acompañar a la familia de Ramiro”.
La tragedia ocurre días después de conocerse un fallo que pone el foco en las condiciones de precariedad en las que están los repartidores de empresas como Rappi, Glovo y Pedidos Ya.
AppSindical@AppSindicalAyer por la noche activistas de la Masa Crítica y miembros de @AppSindical se encontraban con su familia que tomó conocimiento del hecho al llegar a la comisaría.
AppSindical@AppSindicalVeníamos advirtiendo sobre esta tragedia anunciada. Las plataformas no se hacen cargo de la protección de sus trabajadores, que arriesgan su vida para ganarse un ingreso.
El juez Gallardo de Buenos Aires, dictaminó que el Gobierno porteño debía impedir el funcionamiento de estas empresas hasta que las condiciones de seguridad para sus trabajadores, tales como cascos, seguro y otras, estén garantizadas.
Desde hace tiempo trabajadores vienen reclamando para evitar riesgos, exigen que las empresas cumplan con el fallo y garantice todos los requerimientos que este impone.
Un proyecto en Córdoba que regularice a empresa de “bicideliverys”
Tras conocerse el fallo en Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba volvió a tomar fuerza esta semana un proyecto de ordenanza para regularizar el funcionamiento de los “bicideliverys”, que también hace eje en la seguridad y en las obligaciones que deben cumplir las empresas de plataformas digitales de envíos a domicilio.
El mismo fue realizado por el concejal Santiago Gómez quien el año pasado lo presentó en el Concejo Deliberante a través del bloque Vamos, y este viernes lo hará nuevamente por Unión por Córdoba, agregándole artículos con la nueva jurisprudencia.
En diálogo con La Nueva Mañana, el edil destacó los principales puntos de la iniciativa: “Este es un proyecto que diseñé con la ayuda de Diego Sánchez, secretario general del Sindicato de Mensajeros de Córdoba. A diferencia del presentado el año pasado, ahora incluimos un par de artículos donde hacemos eje en el Código de Tránsito de la ciudad Córdoba, para prohibir la circulación de aquellos trabajadores que no tengan casco, chaleco o vayan con mochilones en la espalda”.
“El Grupo Octubre aplica puntillosamente el plan de ajuste que critica al gobierno”
Trabajadores de Página/12 realizaron un nuevo cese de actividades para reclamar sueldos adeudados de las paritarias 2017 y 2018. “El Grupo manifiesta una línea editorial crítica a la situación económica, los planes del gobierno, el ajuste y demás, pero lo terminan aplicando puntillosamente”, aseguran.
Esto ocurre a pocas semanas de haber culminado los pagos adeudados de la paritaria 2017. Esta medida es la segunda que se toma en el día, ya que a partir del mediodía hubo otra de iguales características.
Tras una asamblea realizada el martes pasado, los trabajadores exigieron una reunión en la que se les diera una respuesta satisfactoria a sus reclamos. “La respuesta es totalmente absurda porque es leguleya. Dicen que no está homologada la paritaria que se firmó en junio del año pasado. La Secretaría de Trabajo es lenta en todos los trámites. Eso lo padecemos por el acuerdo de prensa escrita como lo padecemos por todas las cosas, pero realmente es una justificación absurda” cuenta Tato Dondero, trabajador del diario y Secretario General del SiPreBA ante la consulta de Canal Abierto. La negativa de la empresa culminó en las medidas que se tomaron en estas horas.
Y agrega: “la única respuesta concreta que nos dieron fue una comunicación por mail a todo el personal en el que nos dicen cuanto vamos a cobrar en este mes. Era un tema que estaba en duda, pero no es el tema de fondo. El tema de fondo es como van a saladar toda la deuda de la paritaria que asciende a miles de pesos. Esta es una plata que a su vez se va devaluando permanentemente. Por eso hicimos esa medida de fuerza hoy en el turno mañana y ahora en el turno tarde en función de expresar nuestra disconformidad con la política del Grupo Octubre para con los trabajadores y trabajadoras de Página 12
Los problemas de los trabajadores del diario fundado por Jorge Lanata son de larga data y las respuestas de la patronal, similares. “En 2017, cuando fue homologada la paritaria tampoco la pagaron y la están terminando de pagar ahora. Es un argumento táctico, como en este momento no está homologada nos dicen no les debemos nada, les estamos dando una planta a cuenta. Y cuando se homologue van a decir que no tienen plata por la crisis, la situación económica, por la reconversión de los medios y todo lo que sabemos” plantea Dondero.
Página/12 es parte de el Grupo Octubre, emprendimiento mediático del titular del Suterh, Víctor Santa María. Además del matutino, el grupo incluye la AM750, las revistas Caras y Caretas y El Planeta Urbano y la plataforma de streamming que lleva el mismo nombre del grupo. En los últimos meses adquirieron las señales que pertenecían a FM Palermo, además de haber reflotado la FM que supo ser Radio Malena y que, tras unos meses de silencio, será relanzada como FM Octubre, dirigida a un público juvenil. Además de la pata mediática, Octubre maneja la UMET y las dos salas de teatro Caras y Caretas.
A partir de la adquisición por parte de Santa María, el diario se vio viendo achicado suprimiendo suplementos históricos como Sátira/12 o M2 y achicando otros como Radar. También hubo una reconversión en función de fortalecer la pata digital del periódico, eliminando el suplemento No, que mutó en una sección fija diaria o alterando la dinámica de la redacción para que poder seguir actualizando el sitio digital del diario durante más horas.
Dondero argumenta que la situación que atraviesan “se da en un contexto en el que han buscado cambiar los horarios del personal y no ha habido ningún problema. ha habido predisposición de los trabajadores en hacerlo para fortalecer la web, darle más presencia a la web de Página todo el día. Ahí hubo predisposición de los trabajadores, pero no encontramos ningún tipo de predisposición de ellos. Ellos manifiestan una línea editorial de crítica a la situación económica, los planes del gobierno, el ajuste y demás y lo terminan aplicando ellos puntillosamente sobre sus trabajadores“.
En La Plata los sueldos municipales son de indigencia, pero el intendente cobra $ 150 mil
Tras el acuerdo firmado por el intendente de Cambiemos Julio Garro con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y UPCN, el salario promedio en abril estará debajo de los $ 10.000. En cambio el sueldo del alcalde trepa a los $148.900 de bolsillo mensual.
Corresponsal La Plata
El acuerdo fue firmado el lunes por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de La Plata y por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El texto, firmado por Rubén Darío Alfano (STM) y Teodoro Carlos Quintana (UPCN), relega el salario muy por detrás de la inflación con un incremento en cuotas para 2019 por un total de 22 %.
El impacto sobre el bolsillo
Los trabajadores municipales son los estatales peores pagos del país, sus salarios se ubican por debajo de la línea de indigencia y la precarización es la regla.
Según datos oficiales, de los 5.800 empleados con que cuenta el municipio (sin contar los cooperativistas) apenas el 25 % es parte de la planta permanente, mientras que los 4.300 restantes representan más de un 74 % de trabajadores en situación de precarización laboral, bajo la figura de planta temporaria mensualizada.
Según datos oficiales, de los 5.800 empleados con que cuenta el municipio (sin contar los cooperativistas) apenas el 25 % es parte de la planta permanente, mientras que los 4.300 restantes representan más de un 74 % de trabajadores en situación de precarización laboral, bajo la figura de planta temporaria mensualizada.
El sueldo básico promedio, categoría 8 de planta temporaria mensualizada con treinta horas semanales, es de $ 10.550, que con los descuentos de ley (IOMA e IPS) se transforma en apenas $ 8.567 de bolsillo. Con el aumento firmado por las conducciones gremiales tradicionales y sin ninguna consulta a los propios trabajadores ese salario alcanzará en abril los $ 9.484 netos.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA) publicada por el Indec en su informe de febrero de 2019 estableció la línea de indigencia arriba de los $ 11 mil. El intendente Garro tiene a la inmensa mayoría de la planta municipal con salarios de indigencia. Incluso aquellos que tienen un régimen semanal de cuarenta horas, que son una minoría entre la planta municipal, apenas supera los $ 11 mil mensuales de bolsillo.
Si tomamos la línea de la pobreza, el Indec informó que en marzo ésta se ubicó, para una familia con dos adultos y dos niños, en los $ 27.812. Esta medición que contempla además de alimentos, otros gastos de bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, salud, educación y transporte, es un horizonte muy lejano para los miserables salarios de aquellos empleados que día a día realizan las tareas administrativas de todas las áreas del ejecutivo local.
En el otro extremo, el Intendente Julio Garro, se lleva mensualmente la suma neta de bolsillo de $ 148.900, según datos publicados por la revista La Tecla. Es decir que gana en un mes, más que sus empleados en un año entero de trabajo.
Con el acuerdo q firmó @JulioGarro con los gremios amigos, el salario de un trabajador municipal en abril no llegará a los $10.000 de bolsillo. Mientras, la linea de indigencia es superior a $11.000 y el intendente d #LaPlatacobra en 1 mes el equivalente a 1 año de sus empleados— Luana Simioni (@LuanaSimioni) 14 de abril de 2019
Un acuerdo para la vergüenza
Aunque los datos publicados por el Indec en enero dieron a conocer que la inflación de 2018 fue del 47,6 %, la más alta en los últimos 27 años; el retroactivo del 8 % acordado por Alfano y Quintana, deja el aumento en un 32 % para el período anterior. Es decir, una pérdida salarial de más del 15 % si se toma como parámetro la inflación acumulada en 2018 según los datos oficiales.
Para este año, el acuerdo estableció un aumento salarial del 22 % que se aplicaría en tres tramos. Así, el acuerdo firmado antes de conocerse las cifras oficiales de inflación del mes de marzo, establece que la primera cuota de aumento para este año será del 4 % y se empezará a aplicar con los salarios del mes de abril.
Los números no cierran por ningún lado y los sindicatos parecieran usar la misma versión PRO para el Excel del ajuste. Según los propios datos del Indec la inflación acumulada en enero y febrero fue del 6,7 %. Días atrás el propio Marcos Peña sostuvo, en una entrevista con radio Mitre, que “el índice de inflación de marzo va a seguir alto”. En línea con las estimaciones oficiales, según la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la inflación de marzo fue del 4 %, y acumula en el año un avance del 11 % en los tres primeros meses del año.
La caída de los salarios municipales en relación a la inflación 2019 rondará el 7 % a partir de abril cuando se aplique la primera cuota de aumento pactada por los gremios.
La situación de ajuste pesa sobre los trabajadores con fuerza, tarifazos, inflación, aumento de alquileres y transporte. Mientras, los dirigentes gremiales se apuran a firmar paritarias a la baja, sentenciando a miles de trabajadores a vivir en la pobreza.
Conicet: 140 directores de todo el país reclamaron el cese del desmantelamiento
Conicet: 140 directores de todo el país reclamaron el cese del desmantelamiento
Se reunieron este sábado en Córdoba unos 140 directores de institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) para debatir y denunciar “la profunda crisis producida por una política de desmantelamiento”.
Según afirmaron en un comunicado, esta situación “se ve expresada en una dramática reducción del presupuesto real asignado a las instituciones que componen el sistema científico nacional agravada por el deterioro del funcionamiento institucional”.
En ese sentido, plantearon que la política del gobierno nacional “no está de acuerdo con la aspiración de una Argentina inserta en el mundo desarrollado”.
Agregaron que “centenares de proyectos de investigación se encuentran hoy paralizados porque su financiamiento ha sido pulverizado”. Indicaron también que la exclusión de jóvenes investigadores y el éxodo de científicos altamente calificados son algunas de las consecuencias que ya se están observando.
Finalmente, exigieron la inmediata implementación de un plan de salvataje del Conicet que contemple estos puntos:
– Aumento de emergencia del presupuesto de Conicet con magnitud suficiente para garantizar el funcionamiento de los Institutos, el cumplimiento de proyectos aprobados y la actualización de los salarios y becas.
– Prórroga de las becas de los jóvenes excluidos hasta la resolución del próximo concurso de Ingreso a la Carrera del Investigador Científico con aumento de vacantes para revertir el deterioro sufrido y retomar senda de crecimiento.
– La inmediata normalización del Directorio del Conicet con la designación de los miembros electores.
– La restitución del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, convertida en Secretaría, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.
Movida nacional para que no le corten el gas a los usuarios con tarifa social
Una organización de la sociedad civil busca poner en práctica un fallo del juez Ramos Padilla, que prohíbe los cortes de suministro a las personas vulnerables.
Medidores Protegidos se ha propuesto una vasta campaña: buscará relevar a todos aquellos usuarios del servicio de gas domiciliario que no puedan pagar las facturas a fin de que se les prohíba a las distribuidoras el corte del servicio. “Las empresas cortan el servicio, el Enargas mira para otro lado y la gente no sabe que puede acogerse al fallo judicial que prohíbe los cortes”, denunció Argentina en Red.
El año pasado, el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, hizo lugar a una cautelar presentada por distintas ONG. Determinó que “todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a los usuarios de este servicio” cuando “se trate de sectores socialmente vulnerables o se encuentre comprometida la vida digna”. Ante esta situación, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) pidió al juzgado que especifique a qué usuarios corresponde la categoría de “socialmente vulnerables”, lo cual aún no ha ocurrido.
En ese contexto, la Asociación Civil Argentina en Red entró en juego y realizó una presentación ante el Enargas en la cual propone tomar como usuarios socialmente vulnerables a aquellos hogares con Tarifa Social. El Enargas dio el visto bueno, pero se negó a aplicarlo de manera automática. “Nos dijeron que nosotros relevemos caso por caso y les pasemos el listado para después ellos notificar a las distribuidoras para que se abstengan de cortarles el servicio en caso de falta de pago”, explicó a Tiempo Pablo Sercovich, coordinador de Argentina en Red, que nuclea a distintas organizaciones contrarias a la política tarifaria de Cambiemos.
Sercovich sostuvo que “hay mucho desinterés por parte de las empresas de cumplir con la medida dictada por Ramos Padilla”, al tiempo que señaló que el “Enargas se hace el distraído”. En ese sentido, aseguró: “Hay 100 mil usuarios con el suministro cortado en todo el país”.
Desde Metrogas, distribuidora de gas en al Área Metropolitana de Buenos Aires, que tiene 400 mil usuarios con tarifa social, explicaron a Tiempo: “No hemos sido notificados por Enargas de suspender los cortes y entendemos que esto no va a ocurrir hasta que el juzgado se expida sobre qué usuarios son los ‘socialmente vulnerables'”. De todas formas, “como política de la empresa, hemos tomado la decisión de tomar a nuestros usuarios con tarifa social en esa categoría. A partir de esto, si no pueden pagar, ofrecemos facilidades de pago, estiramos los plazos, refinanciamos y solamente cortamos el servicios en una última instancia”. En el mismo sentido, aclararon: “Si hay un usuario que no está enmarcado en la tarifa social, pero demuestra de alguna manera que no puede pagar, también le damos el mismo trato”.
Ante la consulta de este medio, desde el Enargas expresaron no poder dar una respuesta al momento del cierre de esta edición.
Un punto de posible controversia es que los relevamientos de Medidores Protegidos se harán en las sucursales comerciales de las distribuidoras, adonde los usuarios podrán acercarse a llenar el formulario correspondiente y recibir su oblea de Medidor Protegido. “Hacer este relevamiento es una tarea titánica, pero no tenemos más opción que lanzar esta campaña. Vamos a disponer de grupos en las sucursales de las distribuidoras de todo el país, para relevar uno por uno los casos y nos vamos a encargar de toda la parte administrativa”, aseguró Sercovich, quien convocó a todas las organizaciones sociales a sumarse.
Una vez identificado el caso, Argentina en Red lo presentará a las distribuidoras, las que podrían ser sancionadas por el Enargas si cortan el servicio.
Ayer, Argentina en Red se reunió con todas las agrupaciones territoriales de todos los distritos de provincia, de CABA y del interior, para aceitar el mecanismo de los relevamientos.
Finalmente, Sercovich advirtió: “Una vez hecho todo el proceso de trámites, el usuario se va a llevar una oblea para pegar en el medidor. Si la empresa corta el suministro, estaría cometiendo un ilícito, lo cual nos llevaría a iniciar acciones penales”. «
Cambiemos insiste en avanzar hacia una mayor precarización laboral
El incremento de la desocupación favorece un proceso de flexibilización del trabajo, que enfrenta a trabajadores a la disyuntiva de resignar derechos para conservar el empleo.
Una realidad manifiesta
Los efectos que en el mundo del trabajo viene produciendo la profunda crisis económica argentina, son de enorme magnitud y se proyectan en distintas dimensiones.
La desocupación que duplica la existente a fines de 2015, ciñéndonos a la que se verifica en el empleo formal, replica lógicamente de manera similar en el sector informal y con ello va restando posibilidades de obtener alguna nueva ocupación a quienes perdieron su trabajo.
El declamado fomento del emprededurismo, que no ha dado muestras de un desarrollo aceptable ni sustentable, tampoco ha servido para paliar esa situación; por el contrario, genera una acentuación de sus consecuencias
La notoria detracción de la actividad industrial, comercial y de servicios se tradujo en el cierre de miles de empresas, que a la vez implicó una creciente disminución de la demanda de empleo.
En el ámbito público desde el año 2016 se ha acompañado esa tendencia expulsiva, que se mantiene hasta el presente e incluso se ha agudizado en razón de las exigencias del FMI, con decenas de miles de nuevos desempleados estatales.
La inflación incide negativamente en el salario real, que tampoco encuentra contención en la concertación colectiva. La que suma, a las limitaciones propias de esa coyuntura, el entorpecimiento que opone el Ministerio de Producción y Trabajo -en clara alianza con el empresariado- a toda estrategia en procura de una adecuada recomposición salarial sin resignación de derechos fundamentales reconocidos en los convenios colectivos.
Las iniciativas legislativas
Las leyes propuestas por el Gobierno y sus aliados políticos lejos han estado de mejorar el escenario antes descripto, ni de propiciar medidas que atiendan a las causas estructurales de la crisis de la cual el desempleo es un emergente.
En mayo de 2016 cuando se evidenciaba claramente la desocupación en ciernes, favorecida por los miles de despidos de trabajadoras y trabajadores del Estado que representaba una señal de habilitación para decisiones similares en el sector privado que ya venían registrándose, la Ley de Emergencia Ocupacional -sancionada por una amplia mayoría en el Senado (de dos tercios) y en Diputados (147 votos a favor, sólo 3 en contra y 88 abstenciones)- fue vetada rápidamente por el Poder Ejecutivo.
Esa normativa disponía la prohibición por 180 días de despidos y suspensiones, salvo por causas justificadas que debían acreditarse en un trámite administrativo previo, y la declaración de la emergencia ocupacional ante la constatación de más de 140.000 despidos y 35.000 suspensiones en los primeros cuatro meses de ese año.
El veto fue inmediato, acompañado por manifestaciones públicas del Presidente Macri aduciendo: “Esa ley va a traer más pobreza, porque claramente aquellos que están en la pobreza son más fáciles de vulnerar, de someter; tienen miedo a que podamos ejercer esa libertad, y por eso es que proponen leyes que apuntan a que no podamos avanzar, que desconfían de lo que somos capaces los argentinos”. Agregando, que hacía “uso de esta facultad constitucional (para) vetar la ley que para mí es antiempleo, que es una ley contra los argentinos, que demuestra que no confiamos en nuestro futuro”.
A tres años de aquellas curiosas definiciones, un mero relevamiento de lo acontecido demuestra la sinrazón de los argumentos formulados y la persistente hipocresía que caracteriza la apreciación oficial de una realidad signada por el empobrecimiento generalizado.
Es necesario también advertir que entre 2002 y 2007 en que rigió una legislación que, frente a un panorama ocupacional semejante, dispuso una prohibición análoga a los despidos injustificados, los resultados fueron muy positivos en términos de mantenimiento del empleo y sin provocar impacto negativo alguno en orden a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Por el contrario, se verificó un sustancial crecimiento del nivel de ocupación en función de políticas estatales proactivas, dirigidas a los factores reales determinantes y que de ningún modo responden al grado de flexibilización laboral alcanzable.
Se insiste en experiencias fracasadas
La teoría neoliberal sobre la necesidad de combatir la regulación protectoria del trabajo como principal variable para mejorar la competitividad, no resiste el menor análisis en vista a los resultados obtenidos en el ámbito local, regional e internacional.
En la Argentina hemos asistido a reiteradas experiencias, en línea con esa ideología y con las clásicas recetas del FMI, que fueron un total fracaso. Bastaría con cotejar la desocupación existente en 1989 (del 5,9%) con la que se presentaba en el 2002 (superior al 22%), mediando innumerables desregulaciones tutelares, nuevas regulaciones precarizantes -al punto de consagrarse más de 20 modalidades flexibles de contratación laboral- y un cepo virtualmente insuperable a la negociación colectiva por más de 10 años.
Sin embargo, y no por ignorancia sino con absoluta conciencia de los perniciosos efectos que caracteriza a iniciativas de esa naturaleza, en los últimos dos años el Gobierno viene insistiendo en Proyectos de reforma a la legislación laboral y de la seguridad social que abrevan en aquéllas concepciones del mundo del trabajo.
En noviembre de 2017 lograron sancionar la Ley de Reforma Previsional de gravosas consecuencias –inmediatas y mediatas- para la clase pasiva, pero no pudieron obtener la Reforma Laboral que propiciaban y que significaba un avasallamiento de instituciones tutelares básicas del Derecho del Trabajo.
En abril de 2018 frente a las resistencias insuperables a aquella Reforma Laboral integral, se apeló a otra estrategia, intentando un debate parlamentario fragmentado y así fue como, por intermedio del Senador Pinedo, se impulsó un Proyecto que abarcaba algunos Capítulos –pues literalmente así se enunciaba- de la que fuera propuesta en el 2017.
A un año de esa fallida maniobra, se vuelve a proponer una ley (S-930/19 Proyecto del Senador Roberto Basualdo) que se presenta con el supuesto objeto de “Regularización contra el empleo no registrado”, “Promoción del empleo” y “Lucha contra la evasión en la Seguridad Social y Registración Laboral”.
Ninguno de esos propósitos anima verdaderamente esa iniciativa legislativa, sino que completa un “blanqueo” de capitales y de una enorme evasión empresaria en perjuicio del Sistema de Relaciones Laborales, de los Subsistemas de la Seguridad Social y de las víctimas directas de tales conductas empresariales.
Por su intermedio se condonan el 100% de las deudas contraídas por la falta o la deficiente registración del personal dependiente, los intereses moratorios y punitorios como también las sanciones penales, abarcando incluso las ya verificadas y sujetas a procesos administrativos o judiciales en curso.
Se dispone la baja del REPSAL (Registro de Sanciones Laborales creado por Ley 26.940 en el año 2014), que no sólo incluye a los empleadores infractores por evasiones de esa índole sino también a quienes hayan violado la Ley 26.390 (Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente) y la Ley 26.364 (Prevención y Sanción de la Trata de Personas). Con lo cual, además, se libran de las consecuencias de integrar ese Registro (entre otras: no poder ser beneficiarios de programas de subsidios o de fomento financiados por la Nación, ser proveedores del Estado y acceder a líneas de crédito de la banca oficial).
Concede 365 días para acogerse a ese Régimen, pero computados desde la reglamentación de la ley para lo cual no se establece plazo alguno.
Tampoco se impone al empleador obligación ninguna con respecto al mantenimiento del plantel de personal existente a la fecha de la regularización, ni en particular en orden a la estabilidad de quienes hayan sido regularizados.
Al trabajador sólo se le reconoce un máximo de 60 meses de servicios con aportes –que cubrirá el Estado- del lapso total que comprenda la “regularización registral”, a los fines del cómputo jubilatorio.
Asimismo, reduce a sumas insignificantes los agravamientos indemnizatorios previstos actualmente por la Ley Nacional de Empleo, en los casos de falta o parcial registración (de la antigüedad y/o de la remuneración).
Con lo cual, por un lado, resta toda probabilidad de que se reclame en situaciones semejantes y, por otro, ninguna eficacia inhibitoria de represalias patronales puede esperarse en caso de que ello suceda, favoreciendo el mantenimiento de viejas o nuevas irregularidades de esa naturaleza.
Como el tero
El contexto general y el horizonte crítico en materia de empleo provoca, en quien hoy cuenta con un trabajo, la sensación –cierta- de padecer una gran vulnerabilidad.
La reducción de dispositivos tutelares, las medidas en exclusivo beneficio de los empleadores y la ausencia de actividad fiscalizadora de las autoridades del trabajo, no hacen sino acentuar esa razonable sensación.
Todo ello va en desmedro de la reivindicación de derechos conculcados, de la exigencia por el cumplimiento de los deberes a cargo del empleador y del consecuente menoscabo de las condiciones de trabajo.
La flexibilización y la deconstrucción del Derecho del Trabajo es el objetivo ostensible de la política laboral del Gobierno, en buena medida obtenida de hecho por las circunstancias apuntadas al comienzo de esta nota.
Las Reformas propiciadas son tanto una muestra elocuente de tales propósitos, como de las engañosas prácticas con las cuales pretenden disfrazar medidas siempre en perjuicio de las personas que trabajan y que tienen como únicos beneficiarios a seriales violadores de los derechos de los trabajadores.
En definitiva el último Proyecto de Ley, como el tero, se propone distraer la atención dando el grito en un lado y poniendo los huevos en otro.
Revisaron mochilas e impidieron el consumo de bebidas
Corrientes, una peatonal con patovicas
@arripancho
La inauguración de la Avenida Corrientes como calle peatonal, que se realizó anoche con espectáculos teatrales, danzas musicales y juegos, prometía ser una “fiesta para toda la familia” de acuerdo del Gobierno de la Ciudad, pero muchos de los que concurrieron se quejaron del desproporcionado operativo de seguridad que se desplegó en el espacio público. De acuerdo a los usuarios de redes sociales, los efectivos revisaron una por una todas las mochilas y bolsos de quienes intentaban ingresar a la peatonal, inclusive sacaron de la mano las bebidas alcohólicas que algunos disfrutaban en tranquilidad.
Postrado en la esquina de Callao y Corrientes, el personal de seguridad llevó adelante los controles durante toda la noche. “La inauguración de la Avenida Corrientes decía entrada gratuita, lo que no decían es que era con cacheo incluido, ni con los militares me pasó algo así”, se quejó uno de los participantes de las alrededor de 300 actividades que se realizaron en el lugar. De acuerdo a los organizadores, hubo más de 1.000 artistas en 20 conciertos y se desarrollaron más de 50 talleres de diversas temáticas.
En medio de la campaña electoral, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta aseguró que con este cambio buscaban recuperar la avenida Corrientes, que cuenta una de las mayores concentraciones de teatros, librerías y pizzerías del mundo, como una atracción cultural de la Argentina.
Francisco Arri@arripanchoEn los festejos de reinauguración de Corrientes, personal de seguridad privada revisa bolsos o mochilas en la esquina de Callao.
“En la esquina de Corrientes y Callao, personal de seguridad te exige revisar mochilas y carteras para caminar por Corrientes peatonal y prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas. En plena vía pública. Bolsonarismo larreteano”, se quejaron en Twitter.
El gobierno quiere cerrar C5N
EnvioRL
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