Horacio Rovelli / Resumen Latinoamericano / 14 de abril de 2019
Napoleón Bonaparte preparó la Batalla de Austerlitz, donde las fuerzas a su mando derrotaron a la alianza rusa-austríaca en 1805, planificando cada paso, juntando fuerzas donde más necesitaba y siguiendo su sistema de ser más en el momento preciso, cuando contaba con 72.000 hombres y 157 cañones y el frente ruso-austríaco lo enfrentaba con 85.000 soldados y 308 cañones.
El centro del área era una colina de suave pendiente de unos once o doce metros de altura, Napoleón dijo a sus mariscales: “Caballeros, examinad cuidadosamente este terreno, será el campo de batalla; ustedes jugarán un papel decisivo en él”. Austerlitz sentó las bases para un lustro de dominación francesa del continente europeo. En tres meses los franceses habían ocupado Viena, destrozado los dos ejércitos y humillado al Imperio austríaco y al Imperio ruso.
Salvado el tiempo y la distancia, es similar a lo que se está planteando el FMI con respecto a nuestro país. Lo dice su vocera y Directora General, Christine Lagarde: “Estamos empezando a ver que el programa realmente funciona; nuestra evaluación es que la Argentina está en un punto en el que se encuentra saliendo del fondo“. Esto es de todo punto de vista falso. Saben en el FMI, como sabía Napoleón, que conviene fingir debilidad en un flanco mientras se prepara la caballería para cercar a la coalición enemiga.
Lo que menos le interesa al FMI es la recuperación de la economía argentina. Lo único que le importa es que se cumplan sus condiciones para asegurar, en el corto plazo, que no se le dispare el tipo de cambio a su “protegido” gobierno de Cambiemos y también que sirva para condicionar al gobierno que viene — esa es su estrategia permanente.
Por trascendidos periodísticos —porque no está en las recomendaciones en ingles que el FMI le hace en abril de 2019 al gobierno argentino para otorgarle el cuarto tramo del crédito del FMI por 10.835 millones de dólares—, el “Fondo” estima que en la AFIP se pierden de recaudar cerca de 260.000 millones de pesos por las exenciones del IVA. Por eso propuso informalmente a legisladores de Cambiemos subir hasta el 14% de la alícuota de ese gravamen en alimentos como carne, harina, panificados, frutas, verduras, granos y legumbres, que hoy pagan una tasa del 10,5%. También propone gravar con una tasa del 1 al 3% al agua y la leche, que se encuentran exentos del impuesto general al consumo doméstico. Paralelamente solicitan al gobierno de Cambiemos reducir la evasión en el IVA y auditar a los trabajadores que están anotados como monotributistas (Régimen Simplificado).
El total de adheridos al monotributo supera levemente los tres millones de afiliados, en muchos casos no solo han dejado de pagar el aporte correspondiente, sino que lo más probable es que no lo vuelvan a hacer por un tiempo a causa de la profundidad y la extensión de la crisis que el gobierno de Cambiemos ha generado. Lo reconoce el mismo gobierno cuando afirma que el 35,3% de los trabajadores lo hacen sin realizar aportes previsionales y sociales (no registrado) a diciembre de 2018, contabilizando trabajadores con aportes (en blanco): 12.196.000 personas.
En una economía que se cae a pedazos, que trata de resistir hasta tener una orientación y que se fortalezca el mercado interno (y externo), el FMI exige que paguen los trabajadores y sus familias más IVA cuando consumen alimentos, o aquellos que son monotributistas verificar si están bien categorizados o si les corresponde el régimen. En cambio no dicen media palabra sobre gravar la compra-venta de divisas, la renta financiera, la fuga de capitales (que el mismo BCRA denomina Formación de activos de residentes argentinos en el exterior y que estima desde enero de 2016 a febrero de 2019 en 62.540 millones de dólares, suma superior al crédito del FMI), la propiedad rural y las manifestaciones conspicuas de riqueza.
Existe evasión en el IVA y en el monotributo (pagado por cuentapropistas), pero seguro que es muy menor a la evasión y elusión de impuestos a las ganancias, al patrimonio (nacional y provincial) y al contrabando de exportaciones e importaciones.
Con todo hay un leve avance en la estrategia del FMI. Que paguen los que siempre pagan es su leitmotiv, pero esta vez al menos le pone un límite a la venta de dólares, de manera tal que el BCRA solo pueda vender si se supera el techo de la banda de flotación a razón de 60 dólares por jornada cambiaria.
Según afirmó el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, las ventas serían desde abril a noviembre de 2019 por hasta 9.600 millones de dólares, cifra que el FMI considera, por ahora, como máxima, para sofocar las corridas por lo menos hasta las elecciones de octubre, apalancadas por la liquidación de las exportaciones y por la renovación de gran parte de los vencimientos de títulos públicos del año. De no ser así y siempre que se respete ese límite, por lo menos no van a vender a los “conocidos” de siempre (aunque el BCRA se niegue a dar el nombre de los compradores amparados por el “secreto bancario”) más reservas del BCRA que significan más deuda para que el pueblo argentino pague en las condiciones que impone el FMI, mientras una “ignota” minoría se beneficia.
En esa política de “posicionamiento” también juegan los fondos de inversión que no se fueron del todo o directamente no se pudieron ir, como lo hicieron el JP Morgan, Merrill Lynch, HSBC, Deutsche Bank y Morgan Stanley entre otros. Dado que no vieron el problema y no supieron aprovechar el momento por estar colocados a más largo plazo, ahora tratan de negociar con los probables candidatos para recuperar o no seguir perdiendo con sus colocaciones en títulos públicos y/o en acciones en pesos. Estas le dejaron muy buena rentabilidad en los años 2016 y 2017 pero derraparon medidas en dólares durante el año 2018. Hoy, por ejemplo, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street valen entre un 30 y un 35% menos que en el año 2015.
La estrategia del empresariado local
Los empresarios están divididos entre los que se beneficiaron y benefician con la especulación más obscena, que son esencialmente los operadores o traders, los administradores y los dueños de cuentas paralelas o no declaradas [4]; y los que quedaron hundidos por la depreciación cambiaria del año pasado, o sea las grandes empresas locales que colocaron obligaciones negociables en dólares, confiadas en que Cambiemos completaría incluso dos gestiones. Pero el gobierno derrapó en un poco más de dos años y, si sobrevive, será porque el FMI tiene sumo interés en liberar el tipo de cambio pero después de las elecciones de 2019.
Con deuda en dólares y con un mercado interno cada vez más reducido, pende sobre sus cabezas la espada de Damocles por la liberación cambiaria que significa pérdida de su patrimonio y la necesidad siempre presente de ceder mercado o la misma empresa a capitales foráneos.
Ante esa situación tratan de armar y presentar su propia propuesta política, pero en la extrema debilidad necesitan sí o sí acordar con Cristina Fernández de Kirchner, dueña de un importante caudal de votos por la gestión realizada, que demuestra que era el camino correcto en la Argentina de comienzos del siglo XXI.
No hay experiencia de países que se hayan desarrollado si no se produce una alianza fuerte entre el empresariado local y el Estado.
El economista Aldo Ferrer sostenía que no es posible la construcción del empresario argentino en ausencia del Estado nacional y el ejercicio efectivo de la soberanía, para terminar afirmando: “No hay un componente genético en el empresario argentino cuando privilegia la especulación sobre la producción. Cada país tiene el empresario que se merece en virtud de su capacidad de constituir un Estado nacional dispuesto a impulsar la transformación de la estructura productiva. En nuestro país, la carencia o insuficiencia de estas condiciones fue extremadamente crítica en el período de la hegemonía neoliberal, durante el cual el sistema económico creó condiciones hostiles a la producción. Continuar en el camino de revertir muchas de esas herencias sigue siendo una tarea pendiente”.
El plan y la estrategia
Siempre salvando el tiempo y la distancia, la estrategia del FMI se asemeja a la de Napoleón: sabe lo que tiene que hacer, conoce el campo de batalla y despliega sus fuerzas. En cambio el frente austro-ruso, como pasó en Austerlitz, no sabe cómo asumir el combate. Lo ideal sería que no se repitiese la historia del general y conde ruso Federico Guillermo de Buxhoeveden, que estaba completamente borracho durante la batalla.
Pero también es cierto que seis años y medio más tarde, en junio de 1812, la Grande Armée de Napoleón, formada por 691.500 hombres —el mayor ejército jamás formado en la historia europea hasta ese momento—, cruzó el río Niemen y se dirigió a Moscú. El pueblo ruso conducido por su Comandante en Jefe, Mijaíl Kutúzov, aplicó la estrategia de tierra arrasada y ataques de guerrilla y esperó que el crudo invierno ruso diera cuenta del ejército napoleónico.
Eso es historia. El problema actual argentino sigue siendo quién conduce y para qué.
(*) Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Publicado en cohetealaluna.com
Juan Guahán / Resumen Latinoamericano / 14 de abril de 2019
Mauricio Macri cumple 1221 días de haber comenzado su mandato presidencial y le restan –si lo termina- 240, pero ya ha iniciado su “fin de ciclo”. Lo advierten las encuestas y lo certifica el fino olfato de los jueces federales. Los votos de las provincias patagónicas se inclinan por una “tercera posición”.
Hay que tener presente algunas fechas electorales que hoy sacuden a los “operadores” políticos que se mueven frenéticos buscando los arreglos que les permitan acceder al manejo de una porción del presupuesto. El próximo 22 de junio es el “cierre de listas”; el 11 de agosto es la fecha prevista para las elecciones internas (PASO).
El 27 de octubre habrá elecciones para presidente y legisladores nacionales y eventualmente el 24 de noviembre habrá segunda vuelta si ninguna fórmula presidencial alcanza el número requerido para ser electo en la primera vuelta. Estas fechas y la trasmisión del mando, prevista para el 10 de diciembre, son las que movilizan voluntades, objetivos y recursos de la más diversa índole.
Ellos forman parte de una metodología que es el sustento de lo que se conoce como la democracia representativa. En ella, según el artículo 22 de la Constitución: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”.
Esto hace que la papeleta que se puso en la urna le da autoridad a quien junte más votos a gobernar por cuatro años y hacerlo o no de acuerdo a los prometido. Esa es la esencia de la democracia que tenemos. De todos modos estos aspectos institucionales deben ser complementados con otras cuestiones políticas y ellas tienen que ver con la confianza en ese gobierno para que pueda gobernar.
La confianza política en el actual gobierno sigue cayendo hasta el punto que no son pocos los que ponen en duda que pueda cumplir con los plazos constitucionales ya fijados. Más allá de esa situación extrema, que hasta ahora no aparece, sí es evidente que el gobierno ha iniciado el período en el que su capacidad de decisión sobre los factores de poder tiene un peso cada vez menor. Eso no lo imposibilita para proponer leyes, dictar decretos o resoluciones pero su efectivo cumplimiento e influencia en la sociedad se va deteriorando.
Todo lo dicho permite afirmar que se ha iniciado el “fin de ciclo” del actual gobierno macrista, situación que muy difícilmente pueda ser revertida, lo que anticipa la perspectiva de una derrota electoral.
Son muchas las cuestiones que van marcando la aproximación a esa situación, pero algunos hechos recientes le dan una fuerza y credibilidad mucho mayor: varias encuestas y el comportamientos de la Justicia Federal.
Respecto de las encuestas, la inmensa mayoría de las conocidas coincide en un tema clave: Macri pierde con los principales candidatos de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, Lavagna y Sergio Massa. Es un dato que, al igual que todas las encuestas, puede estar “tocado” por otros intereses. Pero esos “otros intereses” forman parte del sistema de poder que tenía al macrismo como gobierno propio y que –ahora- lo han abandonado.
Si no queremos considerar a las encuestas, tenemos lo ocurrido en las recientes elecciones provinciales y también en la percepción que se puede obtener de la generalizada bronca que cosecha en la calle y en sus dificultades para presentarse en público.
El otro punto en el que se verifica esta pésima tendencia -para el macrismo- está referido al comportamiento más reciente de la Justicia Federal. En ese sentido hay una serie de medidas desplegadas esta semana y que merecen ser consideradas. Por ejemplo, llama la atención la pérdida de vigor de las causas impulsadas desde varias usinas y despachos del gobierno y radicadas en los Tribunales Federales de Comodoro Py (en la Capital Federal). Mientras tanto crecen aquellas otras causas, aplaudidas y muy posiblemente promovidas desde el kirchnerismo, asentadas en la Justicia Federal de la ciudad de Dolores.
En Comodoro Py hay un par de situaciones desarrolladas estos últimos días que llamaron la atención. Una está referida a la demoras en los juicios vinculados a las causas por corrupción de Cristina y otros dirigentes kirchneristas. Con ello se va diluyendo la estrategia macrista de hacer la campaña con Cristina sentada en el banquillo de los acusados.
Es como si algunos funcionarios judiciales -maestros en el arte practicado por los teros- están comenzando a “pisar” las causas para frenar su avance. El otro dato, no menos significativo, es que el propio juez Claudio Bonadío, articulador de las causas contra el kirchnerismo, tomó un par de inéditas decisiones: liberó a dos personas, cuya detención había sido avalada por la propia Cámara: Rafael Llorens (exasesor legal del Ministerio de Planificación) y José María “Vasco” Olazagasti (exsecretario privado del ministro Julio de Vido).
Mientras eso ocurría en Comodoro Py, por el lado de Dolores el juez Alejo Ramos Padilla sigue firme en su despacho, avalado por la Corte mientras crece la causa que tiene al fiscal Carlos Stornelli como uno de los principales involucrados. (Dicho sea de paso hubo una movilización en Tribunales en solidaridad con el mencionado Fiscal y allí se reunió una multitud estimada entre 28 y 30 personas).
Así es como la Justicia se va acomodando a este “cambio de ciclo” que se está iniciando. Es probable que esta tendencia vaya en aumento, porque si Cristina no es candidata esas causas perderán buena parte de su interés y si lo es el cambio de ciclo se hará más ostensible.
La Patagonia se anota para una “tercera posición”
En las elecciones presidenciales del 2015 el peronista de derecha Sergio Massa creyó haber descubierto el “agujero del mate” proponiendo un camino intermedio entre el cristinismo y el macrismo. Lo graficó diciendo que quería construir un espacio que expresara “la ancha avenida del medio”.
Los resultados de esa elección no fueron los que él esperaba. En las legislativas del 2017 repitió el esquema y la suerte le volvió a ser esquiva, después de haber acompañado a Mauricio Macri en algunas andanzas internacionales, desde hace algunos meses cría su política tratando de cobijarse en el regazo de Cristina.
Ahora da la impresión que las provincias patagónicas están eligiendo el camino –que hace cuatro años atrás- Massa propusiera sin la osadía y constancia de darle continuidad, aunque su “ubicuidad” siempre deja abierta esa posibilidad.
Lo cierto es que los recientes procesos electorales de tres provincias patagónicas parecen optar por caminos propios, sin quedar aprisionados en la lógica del enfrentamiento Cristina-Macri.
Semanas atrás se votó a gobernador/a en Neuquén y el último domingo se repitió esa elección en Río Negro. Al mismo tiempo, en Chubut se realizaron las primarias de una futura elección provincial.
En Río Negro ganó una fuerza provincial (52,49%), con una candidata –Arabela Carreras- que tuvo que reemplazar a la candidatura del actual gobernador Alberto Weretilneck, porque la Suprema Corte de Justicia había dispuesto que era inconstitucional su reelección. Resultó segundo Martín Soria (35,08%), hijo del ex gobernador y candidato del kirchnerista Frente para la Victoria y resultando tercera la candidata de la macrista Cambiemos, con apenas 5,67% de votos.
En Chubut se realizaron las elecciones primarias. El actual gobernador Mariano Arcioni, quien espera ser reelecto por una fuerza provincial cercana al peronismo federal logró el 31,8%. El peronismo unido tuvo tres fórmulas que sumadas alcanzaron el 34,28% de los votos.
Ahora tendrán la ardua tarea de mantener esa unidad, en torno al triunfador y futuro candidato a gobernador, el kirchnerista Carlos Linares (16,6%), los otros dos candidatos consiguieron 14,08% y 3,6% respectivamente. Por último el candidato de Cambiemos reunió el 14% de los sufragios.
Si a estos datos de las elecciones del domingo pasado le agregamos lo que ocurriera en Neuquén recientemente, tendríamos un panorama de cómo se dio el voto patagónico. Su síntesis se puede resumir en:
1) La importancia de las fuerzas locales en el interior: En dos casos (Neuquén y Río Negro) ganaron fuerzas de tipo provincial que niegan su pertenencia a los dos grandes polos nacionales (Cristina/Macri) en disputa. El tercer caso (Chubut) hay una paridad con leve ventaja peronista, que se resolverá en las elecciones definitivas, entre un “peronismo unido” y la fuerza local también de procedencia peronista.
2) Los fracasos de Cambiemos: En los tres casos la alianza macrista Cambiemos obtuvo resultados lastimosos que son un pésimo antecedente para las elecciones presidenciales, aunque haya habido algunos “votos útiles” de adherentes de Cambiemos que prefirieron votar a la fuerza local para evitar una victoria kirchnerista, no parece que esos traslados de votos sean la causa de las derrotas que están sufriendo.
3) El cristinismo no logra acaudillar al conjunto del peronismo del interior: Tanto en Río Negro como en Chubut se pudo observar la existencia de un importante voto proveniente de fuerzas originadas en un peronismo que prefirió colocar los temas locales por encima de las disputas nacionales.
Los resultados de las primarias de una provincia no Patagónica como San Juan, tienen varias semejanzas con los casos patagónicos. Allí hubo una rotunda diferencia a favor del actual gobernador peronista –Sergio Uñac- que tampoco se mete en el enfrentamiento Cristina/Macri y opta por buscar la unidad, desde una proximidad con el peronismo federal.
De todo lo dicho surge que las elecciones ya celebradas indican que la mentada “grieta” tiene un peso sustancial solo en dos distritos, aunque estos sean claves: La Capital Federal (7,95% del electorado nacional) con una clara preeminencia macrista y los distritos del Gran Buenos Aires (25,92% del electorado nacional) donde el predominio cristinista es apabullante. Pero esos distritos son apenas la tercera parte del conjunto nacional.
**Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Descontento, protesta y amenazas con el “cuco”
Julio C. Gambina / Resumen Latinoamericano / 14 de abril de 2019
La inflación y la recesión golpean fuerte en la mayoría de la sociedad argentina y crece la protesta por el impacto económico, lo que motiva iniciativas para implementar políticas económicas impensadas en el oficialismo. Es que por vez primera suena la alarma de merma en el consenso electoral que dificulta los planes reeleccionistas. La “economía” empieza a intervenir en las opciones electorales de los votantes y peligra la reelección de Macri.
Apareció ahora la intención de extender el programa de “precios cuidados” o considerar “acuerdos de precios” con principales cadenas de producción y comercialización, tanto como nuevas líneas de crédito con los fondos de ANSES, los de la seguridad social. Son medidas en las que la ideología liberal oficial no acuerda, pero se imponen ante el descontento creciente que reproduce la prensa, incluso la que puede ser considerada amiga. Algo hay que hacer, sostienen.
Queda claro que es una respuesta de tipo política para mantener las expectativas de consenso electoral en sectores que hoy tienen dudas en sustentar un nuevo periodo de Macri, el PRO y Cambiemos.
Las medidas no están dirigidas al núcleo duro de consenso ideológico, a quienes nada les debe satisfacer medidas “intervencionistas” como las mencionadas. Apuntan a disputar el consenso de una franja del nuevo y creciente descontento por el impacto social de la política económica. De implementarse durarían hasta las elecciones, luego, otra vez el ajuste sin anestesia, pero con el consenso de los votos.
Explícitamente el Jefe de Gabinete y en variadas ocasiones el Presidente han denostado cualquier mecanismo visibilizado como intervencionista, claro que al mismo tiempo impulsan una fuerte intervención del Estado en el establecimiento de la tasa de interés o en la suba de las tarifas de servicios públicos. Buena parte de la suba de precios en la actualidad se deriva de la intervención del Estado, caso de las autorizaciones en la suba de precios a pre-pagas, petroleras, o simplemente el cronograma de aumento de tarifas o la política monetaria y suba de tasas de interés.
Las opiniones críticas relativas al intervencionismo estatal son por lo tanto de tipo ideológico. El Estado siempre interviene, la discusión es a favor de quién. No hay dudas que el gobierno favorece a un núcleo reducido de beneficiarios en el ámbito de la especulación, la banca y el mercado de capitales, los grandes productores y exportadores y las empresas privatizadas de servicios públicos.
El nuevo problema para el gobierno y sus asociados es el crecimiento del descontento, que podría, dicho en potencial, entorpecer los planes reeleccionistas a fin de este año. Avisados del tema, la campaña en curso remite al “cuco”, que no es otra cosa que el retorno del “populismo”.
No solo el gobierno instala la cuestión, sino que también se procesa entre radicales y peronistas, incluidos los que imaginan que pueden desplazar de la primera magistratura a Macri desde fines del 2019. Remito a Lavagna, Massa, Urtubey, Pichetto, Lousteau entre varios de los que disputan la gestión del modelo. Por su parte, los aludidos como populistas pocas pistas otorgan sobre lo que harían desde el gobierno.
Así las cosas, ya no se discuten temas concretos relativos a cómo resolver las necesidades de la población, sino a una opción imaginaria entre el país populista o el moderno y liberal sustentado desde la fuerza en el gobierno, sin opciones para pensar e ir más allá de esas variantes.
La dificultad de la opción es que todos los indicadores sociales o variables en consideración, tales como la pobreza, el desempleo, la carestía de la vida, e incluso el riesgo país que mide el poder mundial, registran guarismos peores en el presente que en el denostado pasado inmediato adjudicado al populismo. Vamos a insistir que no apostamos al populismo, aun cuando queremos desmitificar la falsa opción presentada desde el poder.
Mucho se trabajó mediáticamente al “cuco”, con el populismo, Venezuela, o el socialismo, ejemplificado en Cuba o el fracaso de la URSS. No se trata de la defensa a libro cerrado de esas experiencias, o de gobiernos locales anteriores, denominados populistas, sino la posibilidad de pensar que no hay un solo camino para el presente y el futuro del país y del mundo.
Repican que el único camino posible es el actual, con el FMI detrás y por cierto el contexto del programa liberal que sustentan gobiernos de la derecha latinoamericana, obviando la tradición autoritaria y la corrupción que las sustenta junto a un regresivo impacto social en calidad de vida.
El descontento no supone la protesta en la misma dimensión, aunque ya tiene fecha el paro nacional para el 30 de abril, convocado desde un arco sindical y social diverso que no involucra explícitamente a la cúpula de la CGT.
La fecha de la protesta es previa al Primero de Mayo y resulta simbólica la conmemoración del día internacional de los trabajadores y las trabajadoras ante la ofensiva abierta contra los derechos sindicales, individuales y colectivos, patrón verificable en todo el mundo, muy especialmente con la demanda de reaccionarias reformas laborales, previsionales e impositivas.
Asistimos a un tiempo de revancha para el capital, en contra los derechos conquistados en décadas de lucha y organización del movimiento sindical y social por décadas.
Ofensiva capitalista contra el trabajo. ¿Se puede transitar otro rumbo?
Desde la OIT en su centenario, el propio gobierno y las patronales se instaló hace un tiempo un debate relativo al “futuro del trabajo”, engañoso mecanismo para disfrazar la ofensiva del capital contra los derechos de trabajadoras y trabajadores.
El trabajo es una actividad humana que transforma la realidad, la naturaleza y al propio ser humano; es un dato de la historia y no puede concebirse el futuro sin el aporte del trabajo. No hay futuro sin el aporte del trabajo vivo de las trabajadoras y los trabajadores del mundo.
Los clásicos de la Economía Política, en el origen de la disciplina científica que intentaba explicar el capitalismo sostuvieron que el CAPITAL es Trabajo acumulado. Qué decir hoy sobre el desarrollo tecnológico, la innovación, la robótica o la inteligencia artificial, sino que son creaciones del trabajo humano acumulado.
Si esos adelantos técnicos y científicos hoy son utilizadas por los propietarios de medios de producción, los empresarios de mayor acumulación de capitales, da cuenta de la privatización concentrada del aporte social universal de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo a través de la historia.
El trabajo es fuente del valor, y como recordamos, fuente creadora del capital, por ende, de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista. Esta tríada derivada de la ganancia afecta la calidad de vida de la mayoría de la sociedad: las trabajadoras y los trabajadores. No se trata de un tema local, sino mundial y derivado de las relaciones capitalistas de producción.
Son razones suficientes para defender el derecho de las trabajadoras y trabajadores a la apropiación social de una riqueza que es apropiada privada y concentradamente por unos pocos, generando condiciones de desigualdad insostenibles, que en la propia estadística oficial en la Argentina señala que el 10% más enriquecido por ingresos en el país percibe 20 veces más que el 10% más empobrecido. Por lo dicho es que el 32% de la población argentina percibe ingresos por debajo de la pobreza y ya no alcanza con estar empleado para no ser pobre, exacerbado con más de un tercio de trabajadoras y trabajadores en situación irregular de empleo.
No solo las trabajadoras y trabajadores son las y los generadores de la riqueza y del capital, sino que la impunidad empresaria, aceptada por la ineficacia del control estatal impide que más de un tercio de la población trabajadora tenga acceso a la seguridad social.
Sobre esta base se sustenta el chantaje del acuerdo del gobierno argentino con el FMI que demandan reaccionarias reformas laborales, previsionales e impositivas. Es más, el FMI convoca a seguir con el rumbo actual de política económica e induce a la oposición a sustentarlo a futuro. Son condicionantes para desarmar derechos individuales, sociales y sindicales conquistados en una larga historia de organización sindical y social.
Por eso el paro nacional, como forma de canalizar organizadamente la protesta y darle cauce al descontento. Algunos se interrogan si el paro cambia algo, y en ese sentido, se trata de una acción colectiva que motiva la discusión sobre los rumbos posibles de acción, si solo alcanza con esperar las elecciones o si el debate del rumbo a seguir se precipita en la demanda social ampliada motorizada por acciones de movilización y organización del descontento. No tienen razón los que niegan la acción colectiva y el paro como una de sus formas, válido para las condiciones actuales y también en la historia reciente con otros gobiernos. El movimiento se construye andando y la historia de la lucha de clases no se detiene.
Varias veces hemos sostenido que la política es más que las instituciones y el momento de su conformación vía elecciones. Es algo que los medios de comunicación y el debate en redes tiene asumido, por lo que la acción de calles también contribuye a sostener un debate político sobre qué hacer en el país. Los paros son necesarios ahora, tal como lo fueron previamente, porque constituyen acciones constitutivas de sujetos autónomos de partidos, gobiernos y patronales, con reivindicaciones programáticas y, en definitiva, estrategia del movimiento obrero y popular, imprescindible en este tiempo histórico.
Hay que modificar el rumbo de la intervención estatal y frenar el financiamiento del programa en curso, lo que supone la anulación del acuerdo con el FMI, una gigantesca hipoteca a corto y mediano plazo, con las obligaciones de allí emanadas que promueven mayor recesión desde el objetivo por déficit fiscal cero y el compromiso de no emisión. No alcanzará con renegociar las condiciones del acuerdo con el Fondo, se necesita la anulación. Para eso se requiere mayor movilización y paros como parte de la lucha y organización popular, como ayer y mañana para fortalecer la demanda popular.
El ajuste fiscal y la política cambiaria y monetaria de allí emanada establece tasas de usura que han comprometido en los últimos seis meses, solo en intereses de títulos (leliq) unos 200.000 millones de pesos, equivalentes a unos 4.500 millones de dólares. Son recursos que bien podrían haberse utilizado para financiar una política alternativa, para resolver empleo y ampliación de la producción con vistas a satisfacer necesidades de la población. Es un mecanismo para desangrar al país, para transferir al exterior riqueza socialmente generada en el país.
Ante el descontento y la protesta resulta necesario pensar en alternativas, descalificando la posibilidad de la crítica por derecha de los ortodoxos liberales que pretenden exacerbar el ajuste y la regresiva reestructuración, tanto como la reaparición de propuestas por la dolarización, caso de Cavallo, quien sostuvo la oportunidad para dolarizar salarios y jubilaciones. Una propuesta destinada a consolidar la pérdida de poder adquisitivo de la población que percibe ingresos fijos, cuando por efecto de sucesivas devaluaciones y dolarizaciones de precios, la ganancia del sector más concentrado estuvo asegurada.
La dolarización apuntada exacerba la dependencia económica y financiera y está a contramano del rumbo soberano necesario que la realidad exige en el presente. Tampoco alcanza con la crítica a la política actual sin establecer los mecanismos de política alternativa con base en la defensa soberana de los intereses de la mayoría de la población y por otro orden socioeconómico.
No basta con el descontento y aun con la protesta; es momento para instalar una discusión sobre otro rumbo para la economía, la sociedad y el Estado, con un horizonte centrado en satisfacer necesidades y terminar con la lógica liberal que privilegia la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista.
Enviio:RL
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