Adrián Gianángelo, hermano de Débora, aseguró que el objetivo es que todos sean condenados y “cumplan prisión efectiva”. A casi seis años del siniestro, este miércoles comenzará el juicio penal por la explosión del edificio, que causó 22 muertes
6 de mayo de 2019
Los magistrados serán los encargados de llevar adelante el juicio. Las audiencias, que se desarrollarán en el nuevo edificio del Centro de Justicia Penal, se extenderán alrededor de un mes y medio. Serán todos los lunes, miércoles y jueves, por la mañana, y los martes, por la tarde.
Según está previsto, el proceso comenzará este miércoles a las 8, con los alegatos de la fiscalía, la querella y las defensas de los imputados. Después será el turno de los testimonios de unas 130 personas que fueron convocadas con el objetivo de esclarecer el hecho.
La fiscal Graciela Argüelles fue la encargada de llevar adelante la investigación desde el viejo sistema judicial penal. La pesquisa demandó unos 35 meses antes de ser elevada a juicio en 2015, a lo que después se sumó la realización de una nueva pericia que concluyó el año pasado.
Cadena de negligencias
La teoría de la fiscalía es que la explosión fue la consecuencia de una serie de negligencias en la que participaron los gasistas que trabajaban en el edificio durante la mañana del siniestro, los administradores del consorcio y personal de la empresa Litoral Gas.
En total, once personas fueron procesadas por el delito de estrago culposo agravado. Carlos Osvaldo García, el gasista que manipuló el regulador de gas minutos antes de la explosión; Pablo Daniel Miño, ayudante de García; Gerardo Luis Bolaño, Guillermo Oller y Luis Curaba, todos inspectores de Litoral Gas; Claudio Tonucci, jefe de mantenimiento de redes de la empresa; Viviana Beatriz Leegstra, gerenta técnica de la firma; Carlos Repuppili, Mariela Calvillo y Norma Bernarda Bauer, administradores del consorcio del edificio, y José Luis Allala, otro gasista que intervino días antes de la tragedia para reparar el gabinete de gas.
La única familia que quedó como querellante en la causa, la de Débora Gianángelo, tiene una hipótesis similar a la de fiscalía.
Adrián Gianángelo, hermano de la joven, aseguró ayer que el objetivo es que los once acusados sean condenados y “cumplan prisión efectiva”.
“Esto no puede quedar impune, sólo como una página negra de Rosario. No sólo pasamos por el dolor de la pérdida de un ser querido, sino también por el hecho de ver durante éstos años a los once imputados en libertad. Lo que pretendemos es la aplicación de una pena máxima“, añadió en declaraciones a la emisora local LT8.
Tras eso señaló que “en el proceso de instrucción del juicio quedó en claro la cadena de responsabilidades”. Y detalló: “Los eslabones incluyen a los gasistas, los inspectores de Litoral Gas, el consorcio, el inspector de redes y la jefa técnica. Nuestra querella fue la única que apuntó en la acusación a la desidia empresarial”.
También destacó la entereza que sus padres -Sonia y Horacio-, quienes siguieron adelante con el reclamo. Su acción como querellantes posibilitó que se arribe a la instancia del juicio penal.
“Son decisiones personales. No tengo la respuesta para lo que hicieron las otras familias. La tragedia de calle Salta nadie me lo contó. La viví. Denuncié irregularidades antes de esta tragedia. He colaborado en la búsqueda de mi hermana y mi vecino. He ido hasta Arteaga a llevar el cuerpo de mi hermana y volvimos a seguir colaborando con el rescate. Hay que estar en la Justicia, seguir la causa, estudiar. No es fácil acusar a una persona de un delito. Hay que estar muy seguro de lo que se hace. Es una decisión familiar basada en los pilares de la memoria. Ella no está físicamente pero está espiritualmente. Mi hermana se merece Justicia”, señaló.
Consultado sobre por qué su familia no firmó el convenio civil, explicó: “El acuerdo económico representaba que la aseguradora absuelva de culpa a los que mataron a mi hermana y desistir de la acción penal. Y la verdad es que pensamos que esto no puede quedar en el olvido”.
El delito de estrago culposo agravado prevé penas de prisión de entre un mes y cinco años, que pueden ser de cumplimiento efectivo. Eso dependerá del resultado del juicio.
El hecho
El siniestro de calle Salta 2141 se produjo a partir de una fuga de gas generada cuando un gasista intentaba cambiar el regulador, minutos después de las 9.30 de la mañana del 6 de agosto de 2013.
Las víctimas fatales fueron Teresita Babini (67 años), Federico Balseiro (30), Florencia Caterina (27), Oclides Ceresole (78), Luisina Contribunale (34), María Ester Cuesta (92), Lydia D’Avolio (86), María Emilia Elías (28), Maximiliano Fornarese (34), Débora Gianángelo (20), Santiago Laguia (25), Beatriz López (69), Carlos López (40), Estefanía Magaz (21), Adriana Mattaloni (57), Soledad Medina (31), Hugo Montefusco (56), Domingo Oliva (76), Juan Pennice (70), Roberto Perucchi (68), Ana Rizzo (65) y Maximiliano Vesco (29).
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Salta 2141: cuatro fiscales participarán del juicio oral
Son Graciela Argüelles, Valeria Piazza Iglesias, Miguel Moreno y María Eugenia Iribarren. Piden el sobreseimiento de un gasista y un reclamista.
Por Lucas Ameriso lucasameriso@lacapital.com.ar
Sebastián Suárez Meccia
Martes 07 de Mayo de 2019
El juicio penal por la explosión del edificio de Salta 2141, en donde se debatirá la responsabilidad de once imputados por estrago culposo agravado, tendrá cuatro fiscales intervinientes: Graciela Argüelles, Valeria Piazza Iglesias, Miguel Moreno y María Eugenia Iribarren. Será un juicio oral y público donde se juzgarán responsabilidades de los imputados por estrago culposo agravado tras la muerte de 22 personas el 6 de agosto de 2013. En tanto, la Fiscalía que instruyó la causa impulsó el sobreseimiento del primer gasista y el agente de Litoral Gas que actuaron el 25 y 26 de julio al considerar que no hay elementos de prueba para juzgarlos.
Mañana comenzará el juicio de una de las causas más resonantes del último lustro. Por sus consecuencias, impacto social y expectativa en torno a su desenlace.
Serán más de 100 los testigos citados ante el tribunal compuesto por los magistrados Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva. Y se estima que su trámite se extienda casi dos meses en las audiencias previstas en el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Virasoro.
Está previsto que las convocatorias se produzcan cuatro veces a la semana. El acto judicial dará inicio mañana con una jornada de alegatos de la Fiscalía, querella y defensas de los imputados.
La polémica ya comenzó antes de llegar a los estrados judiciales. El reclamista de Litoral Gas Gerardo Bolaño y el gasista José Luis Alalla intervinieron días antes de la tragedia en el gabinete que estalló. El primero, el 25 de julio; y el segundo, el día posterior, de mañana y tarde. Cronológicamente unos diez días antes de la explosión.
El sobreseimiento de ambos fue notificado ayer a través de la Oficina de Gestión Judicial. La fiscal Argüelles explicó a LaCapital que se tomó esa decisión porque
"no hay prueba para vincularlos, y tampoco se podrá producir prueba durante el juicio para que así sea".
"No hay elementos para poder llevarlos a juicio. Sus conductas no son típicas y no encuadran en una figura penal", explicó la funcionaria judicial.
La Fiscalía ya materializó el pedido, pero el único querellante en la causa, Adrián Gianángelo, insistió en que seguirá adelante con estas dos imputaciones.
"Para nosotros en esta cadena de responsabilidad cada eslabón es importante, es fuerte, cada uno tiene una posición de garante; el conocimiento que tenían de los hechos, las irregularidades y las posibilidad de evitarlos. Por eso la imputación está encuadrada como delito contra la seguridad pública por estrago culposo agravado por la muerte de 22 personas", dijo Gianángelo a este diario. "Me gustaría que el juicio desnude la corrupción y desidia empresarial que mata injustamente a todas estas personas", remarcó.
El abogado de la querella, Angelo Rossini, indicó que las evidencias recopiladas "hay que reeditarlas en el juicio oral, por eso todos los testigos y las pericias son importantes y quienes declararon tienen que volver a hacerlo allí en esta instancia. La causa es muy compleja desde el punto de vista jurídico penal, porque se debatirá sobre la comisión por omisión, algo novedoso en Santa Fe, pero con similitudes con la causa por Cromañón. Creemos que al final llegaremos a buen puerto", adelantó el letrado.
Argüelles encabezó la investigación desde el viejo sistema judicial penal. Ahora se sumarán otros tres fiscales.
Esa etapa se extendió casi tres años antes de ser elevada a juicio en 2015. Luego se sumó la realización de una nueva pericia que también se dilató en el tiempo y que concluyó el año pasado.
La teoría de la fiscalía es que la explosión fue la consecuencia de una serie de negligencias en la que participaron los gasistas que se desempeñaron en el edificio durante la mañana del estallido, los administradores del consorcio y personal de Litoral Gas.
Fuente:LaCapital
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