El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y el Centro para la Integración Financiera presentaron un amparo judicial reclamando información del stand by. No hubo evaluación previa, ni dictamen jurídico ni decreto presidencial sobre el préstamo. Carta para la renegociación.
Foto: Eduardo «Vasco» Murúa.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será redefinido en sus condiciones financieras por parte del próximo gobierno. Esto lo reconoce el oficialismo, fuerzas políticas de la oposición y hasta los técnicos del organismo. Es el reconocimiento explícito de que el stand by, con los parches aplicados en este primer año de vigencia, fue mal diseñado tanto en el contenido de las políticas monetaria y fiscal como en el cronograma de desembolsos y repagos del préstamo de 57 mil millones de dólares. No solamente hay coincidencias en la necesidad de renegociar el acuerdo, sino que también la mayoría de los economistas evalúa como un pésimo error del macrismo haber ido en forma apresurada a abrazarse al FMI. Sin una decisión política audaz de sacarse de encima esa presencia dominante en la economía, utilizando reservas y consiguiendo líneas de financiamiento sin condicionamientos, el Fondo será un potente factor de perturbación, ya sea por las exigencias que pondrá en la mesa de negociación, como por su presión para que se implemente el tradicional ajuste ortodoxo.
El desastre financiero liderado por el primero secretario y después ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, acorraló la economía hasta acercarla al abismo del default. Y lo hicieron pese a que había una posición financiera muy holgada porque comenzaron con una administración desendeudada. Es evidente que hicieron las cosas muy mal para que en apenas dos años tuvieran que salir corriendo a tocar las puertas del FMI. Fueron sin estudio ni evaluación previa, sólo impulsados por la desesperación para no tener que declarar el default de la deuda. Para ello consiguieron el fuerte respaldo de Estados Unidos, decidido a salvar un gobierno que se ha subordinado a defender cada uno de sus intereses geopolíticos en la región.
El riesgo de caer al abismo llevó a la alianza macrismo-radicalismo a pactar rápido un acuerdo con el FMI sin cumplir los necesarios pasos administrativos ni legales para asumir esa deuda. El Fondo también suscribió el crédito sin tomar nota de esas irregularidades. Es una debilidad formal que puede ser una herramienta apreciable al momento de la previsible renegociación el año próximo, aunque se sabe por los antecedentes que en esa instancia la cuestión política y el papel de Estados Unidos son clave en el desenlace de las tratativas.
Demanda
El 14 de junio del año pasado, a los pocos días del anuncio del primer acuerdo con el FMI, la Cooperativa 22 de Mayo de Trabajo Limitada, responsable de la administración de Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA) y referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, a través de Eduardo “Vasco” Murúa, presentó un amparo en la Justicia solicitando el texto completo del contrato firmado, Memorando y Carta de Intención con el FMI y cualquier otra documentación complementaria del stand by. Además se reclamaba saber las características financieras del acuerdo: montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros (tasas de interés, cargos, prórrogas de jurisdicción, comisiones, aforos y toda otra información directamente vinculada con el empréstito contraído). Con la celeridad que más le convenía al Gobierno, la jueza María Alejandra Biotti rechazó la demanda. El 31 de julio fue apelada esa sentencia al considerar que esa decisión fue “dogmática y equivocada”. El 4 de octubre pasado, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con firma de los jueces Carlos Manuel Grecco y Sergio Gustavo Fernández, confirmó la sentencia de primera instancia por el mismo motivo en que se fundó esta última: “no haber realizado antes el reclamo en sede administrativa”.
El 22 de octubre, se interpuso el recurso extraordinario federal para impugnar la sentencia de Cámara. En el escrito se menciona que el motivo de continuar con la causa es que “a cuatro meses de haberse suscripto tal empréstito y luego de haberse gastado para controlar la suba del dólar la suma de quince mil millones de dólares que ya fueron entregados al PEN por el FMI con causa en dicho contrato, no sabemos cuál fue el procedimiento seguido al efecto, la causa y los motivos que llevaron a tomar ese crédito, ni a hacerlo por esa suma de dinero. En consecuencia, tampoco sabemos qué cuestiones macroeconómicas analizó el PEN antes de comprometerse a tomar semejante deuda externa sin pasar por el Congreso de la Nación”.
En la presentación se señala que es importante realizar una aclaración: cuando se refieren a “procedimiento”, “causa” y “motivos” lo hacen en el sentido más técnico que cabe atribuir a dichos conceptos en el contexto del derecho administrativo: “elementos esenciales de la toma de decisión por parte del poder administrador”. Agrega que “es importante destacar que no pretendemos discutir con este amparo la validez de esa decisión, tan sólo buscamos que el PEN ponga a disposición de la sociedad la información pública correspondiente a esa tramitación previa para poder analizarla y, en su caso, realizar los planteos que fueran procedentes”. Para apuntar que “con ese objeto promovimos el presente amparo por acceso a información pública”.
El Ministerio de Hacienda solicitó en dos oportunidades que se declare la causa abstracta.
Información pública
Ante los sistemáticos rechazos judiciales, el 6 de diciembre se sumó Eduardo Codianni, del Centro para la Integración Financiera, presentando un nuevo pedido de acceso a información pública. Esta vez, en sede administrativa y con un alcance más detallado que el de la demanda del caso “Murúa”. El 28 de diciembre, el Ministerio de Hacienda volvió a insistir (por tercera vez, considerando las dos oportunidades del caso “Murúa”) con el envío de la Carta de Intención y los Memorandos adjuntos, señalando que “la firma del acuerdo es una potestad del Poder Ejecutivo por lo que no requieren dictámenes previos ni aprobación del Congreso Nacional”. Indicó que la Ley de Administración Financiera en su artículo 60 dice que “se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo (tomar un crédito que no esté aprobado por ley), a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte”, entre ellos el FMI.
Como la repuesta administrativa de Hacienda fue considerada incompleta y evasiva por Codianni, el 28 de febrero pasado promovió un nuevo amparo judicial para que ordenen al Poder Ejecutivo a entregar la información solicitada. El punto principal de la presentación es la respuesta a esa réplica de Hacienda, diciendo que “es un verdadero dislate a la luz de los principios más elementales de derecho administrativo (que exigen un procedimiento previo como requisito de validez de cualquier decisión administrativa) y también a la luz de lo dispuesto por el artículo 61 de la propia Ley de Administración Financiera, el cual establece lo siguiente: “en los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos”.
Mail y expedientes
Mientras se encontraba corriendo el plazo para que el gobierno de Macri conteste la demanda de amparo, el 9 de abril Hacienda envió un correo electrónico a Codianni con una nota donde señaló lo siguiente: “La Dirección de Información Ciudadana ha tomado conocimiento sobre la existencia de una demanda de amparo interpuesta en sede judicial. Por indicación de la superioridad se cumple en informar que se encuentra a disposición suya, para su consulta o retiro, copia de los expedientes administrativos”. Eran los dos expedientes vinculados a los respectivos acuerdos con el FMI de junio y octubre, respectivamente.
Ambos expedientes fueron retirados del ministerio por el abogado de Codianni, el 10 de abril. A primera hora del día siguiente, Hacienda respondió la demanda judicial con una serie de explicaciones sobre el trámite administrativo y, una vez más, al igual que en el caso “Murúa”, solicitando se declare abstracta la cuestión. En el caso “Murúa”, Hacienda había afirmado que todo lo que había era la Carta de Intención y sus Memorandos adjuntos. Luego, frente al pedido de Codianni, aparecieron los expedientes.
De los dos expedientes se desprende lo siguiente:
(I) El primero fue iniciado por el Ministerio de Hacienda el 21 de junio pasado. Esto es, exactamente una semana después del ingreso de la demanda del “caso Murúa” , y nueve días después de la fecha en que se firmó la Carta de Intención, para solicitar el crédito.
(II) No hay constancia de dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención.
(III) No hay constancia de dictámenes del Banco Central sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de pagos (requisito exigido por el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera.
(IV) No hay constancia de actos administrativos mediante los cuales se haya decidido tomar el crédito. No obra en el expediente decreto presidencial alguno, así como tampoco resolución del directorio del BCRA ni resolución del Ministerio de Hacienda.
(V) No hay constancia de haberse suscripto acuerdo alguno. Sólo está la Carta de Intención y sus Memorandos adjuntos. Una Carta de Intención que dice expresamente que tales Memorandos son “hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo ‘stand by’”.
Banco Central
El 14 de marzo, Codianni realizó un nuevo pedido de acceso a información pública. Esta vez, ante el Banco Central y con el objeto que entregue diversa información sobre los dictámenes exigidos por el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera. El 8 de abril, el Banco Central atendió el pedido de Codianni. La respuesta fue evasiva e incompleta, lo cual sugiere que los dictámenes reclamados no existen.
Los abogados de la causa explican que la respuesta que recibieron fue insólita. El BC afirmó que había realizado una evaluación junto con el Ministerio de Hacienda y el propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, que había analizado el tema junto con el acreedor externo.
Murúa y Codianni compararon la respuesta del Central con la dada por Hacienda y comprobaron una falta de coordinación en las posturas asumidas. Mientras que Hacienda afirmaba y reafirmaba que no hacía falta contar con dictámenes previos, el Banco Central sostuvo que había realizado una “evaluación conjunta” junto al Ministerio de Hacienda y el propio FMI. También les llamó la atención que en su respuesta el Banco Central sostuviera que habían “estudiado el tema” y, sin embargo, no informara en qué expediente figuraban esos supuestos estudios.
Advierten que “si efectivamente no hay un dictamen previo del Banco Central, estamos en problemas porque no tenemos un estudio técnico que nos diga si podíamos hacer frente a la deuda pública externa que contrajimos. De ser así, los funcionarios que intervinieron en este procedimiento plagado de irregularidades habrían desconocido normas administrativas básicas para las funciones que cumplen”.
Responsabilidades
El 13 de mayo, el juez Esteban Furnari, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, rechazó la pretensión de acceso a información pública. Lo grave de la sentencia es que el propio juez, sólo unos párrafos más arriba de su conclusión, transcribió textual ese pedido administrativo: “El actor requiere ‘información clara, precisa, completa, detallada, suficiente y oportuna’ sobre diversas cuestiones vinculadas con el empréstito público acordado con el Fondo Monetario Internacional durante el año 2018”.
Codianni y Murúa evalúan que es evidente que hay muchas cuestiones (de las contenidas en ese pedido de acceso a información pública que el propio juez transcribió en su sentencia) que el Poder Ejecutivo se negó a informar y se niega a informar. El 20 de mayo, el juzgado concedió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó el amparo.
En la presentación, para ilustrar a los magistrados, indicaron que “para poner este agravio en términos claros y concretos con el objeto de demostrar el error en que incurrió la sentencia, proponemos a las y los integrantes de la Cámara de Apelaciones pensar el asunto en estos términos:
(I) En sede administrativa pedimos información sobre A, B, C y D.
(II) La sentencia rechazó el amparo sosteniendo que no hubo denegatoria de ese pedido de acceso a información pública “porque A no existiría”.
(III) ¿Y con respecto a B, C y D, qué pasó?
(IV) ¿Acaso no hubo una denegatoria tácita, arbitraria e ilegal al no informarse al respecto ni entregarse documentación alguna sobre tales cuestiones?”
En otras palabras, dicen: “¿Dónde está la información y la documentación requerida respecto de los actos administrativos por los cuales se decidió tomar los créditos? Decretos presidenciales, resoluciones del ministro de Hacienda, resoluciones del directorio del Banco Central. En los expedientes no hay nada. ¿Acaso tampoco existen? El Poder Ejecutivo debía expedirse concretamente sobre si esa información existe o no y, en su caso, entregarnos la documentación pertinente en formato digital y papel. No lo hizo”.
Para apuntar que “en cuanto a los efectos de este proceder, debemos ser lo más cautelosos posible. Para bien o para mal, el préstamo contraído con el FMI se encuentra en plena etapa de ejecución”.
Negociación
La valiosa investigación conjunta encarada por el del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y el Centro para la Integración Financiera arribó a las siguientes conclusiones:
- Cuando se firmó la Carta de Intención y los Memorandos no había siquiera un expediente iniciado (fue iniciado exactamente una semana después de que Murúa promovió el amparo);
- No hay actos administrativos del Poder Ejecutivo, del BCRA ni del Ministerio de Hacienda que ordenen tomar el crédito del Fondo;
- No hay dictámenes previos a la toma de deuda con el FMI, ni jurídicos ni del BCRA.
- No hay información alguna sobre la existencia de cláusulas de prórroga de jurisdicción para el caso de que hubiera un distracto (extinción de obligaciones) entre la Argentina y el FMI;
5. En los expedientes entregados por el Ministerio de Hacienda no hay acuerdo alguno firmado entre las partes, así como tampoco acto aprobatorio del FMI respecto de los Memorandos acompañados con las Cartas de Intención.
Para quienes impulsan esta investigación, las diversas y contradictorias respuestas del Poder Ejecutivo, autoridades del BCRA y del Poder Judicial aumentaron la incertidumbre original, pero también la certidumbre de que no habría actos administrativos ni dictámenes previos al acuerdo con el Fondo, todo lo cual confirmaría que los funcionarios intervinientes en el acuerdo stand by podrían ser pasibles de responsabilidades penales y patrimoniales.
Murúa y Codianni concluyen que “si nuestras sospechas son confirmadas, el Gobierno entrante podrá sentarse con el FMI para explicarle y probarle que la gestión Macri tomó la deuda más importante en la historia sin cumplir con los procedimientos que exige el derecho argentino y sin siquiera detenerse a estudiar si podíamos pagarla”.
Todas esas irregularidades pueden ser una buena herramienta de negociación en caso de que la oposición gane las elecciones. Refleja además el elevado grado de improvisación, irresponsabilidad y desesperación del gobierno de Macri en la decisión de contraer el endeudamiento más grande de la historia con el Fondo Monetario Internacional.
Un solo grito: «Bullrich: Basta de matar a nuestros pibes»
Resumen Latinoamericano, 24 mayo 2019
Fotos Jorge Form y Lucia Herrera, para Resumen Latinoamericano
fotos: de Jorge Form
Fotos Lucía Herrera, para Resumen Latinoamericano
Se desplomó la producción de smartphones en Tierra del Fuego
La producción de teléfonos móviles en Tierra del Fuego cayó 33% en el primer trimestre del año respecto del mismo período de 2018, según datos de la Asociación de Fabricantes de Terminales Electrónicas (Afarte).
26/05/2019
«El 2019 empezó con números negativos para el mercado de celulares en la Argentina», indicó la entidad, para precisar que «en el primer trimestre de 2019 la caída en la producción nacional fue del 33% interanual».
A nivel mundial se verificó también una merma del 6,6% en la cantidad de móviles vendidos durante el primer trimestre de este año, el sexto consecutivo en baja.
Según datos del IDC Worldwide Quarterly Phone Tracker, la caída en las ventas se debe a que los consumidores mantienen sus teléfonos más que antes, los nuevos modelos tienen precios más altos y es poco el incentivo para mejorar lo que se obtiene en cuanto a los dólares que se gastan.
También en el análisis global destacan que la expectativa por los próximos equipos 5G alimenta la decisión de postergar el recambio de smartphones.
En la Argentina, el primer trimestre del 2018 fue el único del año pasado con variación interanual positiva, 15% respecto del mismo período del 2017.
Así el primer trimestre de este año es el cuarto de caída consecutiva, tras «la crisis cambiaria que determinó la suerte de la industria».
«Que el derrumbe continúe se explica en las variables macroeconómicas que mantienen retraído el poder de compra del consumidor, pero también existen motivos de fondo que afectan a todo el mercado global de los teléfonos móviles», como las esgrimidas por IDC para explicar la merma a nivel global.
Mientras el Gobierno impone paritarias del 28% las estimaciones de inflación llegan al 40%
En la semana en la que el Gobierno terminó de imponer su pauta salarial para el mercado laboral en torno al 28%, el economista, jefe de la consultora Elypsis, Gabriel Zelpo, anticipó que la inflación se ubicará «en el orden del 40%».
26/05/2019
La inflación de este año se ubicará «en el orden del 40 por ciento», impulsada por la fuerte suba de precios registrada en los primeros meses del año, estimó hoy el economista jefe de la consultora Elypsis, Gabriel Zelpo.
Al realizar un pronóstico respecto del Índice de precios al consumidor (IPC) para los próximos meses, indicó: «Debería ubicarse en torno al 2 ó 3 por ciento de acá a fin de año».
«No es un indicador bajo. Debería ser menos de dos o uno, pero es considerablemente mejor a lo que vimos en la primera parte de 2019», puntualizó.
Según su criterio, «por lo que pasó en los primeros meses del año, ya está muy jugada», por lo que calculó que «va a rondar interanualmente en el orden del 40 por ciento».
Al ser consultado sobre el desempeño de la economía, Zelpo analizó: «De acá hasta junio o julio, se puede ver un horizonte relativamente mejor al de la primera parte del año. Los primeros meses fueron muy duros».
«Hay un piso muy bajo y un pequeño rebote ya es una cierta recuperación», aclaró en diálogo con Radio Con Vos.
De ese modo, insistió: «En el corto plazo se debería ver una recuperación».
Lo médicos paran otras 72 horas los hospitales y le piden a Vidal que por lo menos cierre las paritarias 2018
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) resolvió convocar un paro de 24 horas para el 29 de mayo y otro de 48 que se llevará a cabo en los primeros días de junio, con el propósito de reclamarle al Ejecutivo bonaerense que encabeza María Eugenia Vidal el cierre de paritarias 2018 y la apertura de la discusión salarial de este año.
26/05/2019 22:00:00
«El Congreso Provincial de Delegados de CICOP ?-realizado en la sede de Caseros 4140– votó estas medidas de fuerza en el marco del Día Internacional por la Salud de las Mujeres, declaró la presidenta del gremio, Marta Márquez, según un comunicado difundido por esa entidad sindical.
El gremio exige a la gobernadora Vidal la convocatoria paritaria para discutir salarios y condiciones de trabajo, «a partir de su incumplimiento del acuerdo alcanzado en noviembre pasado» que comprometía el llamado a la discusión paritaria antes de finalizar el año 2018 y que no fue realizado, habiendo transcurrido cinco meses de 2019.
«Esta falta de negociación que pone a los profesionales de la salud en una situación de discriminación respecto al resto de los estatales«, se sostuvo desde este sindicato que representa a 13 mil afiliados en los 80 hospitales bonaerenses.
La CICOP adelantó también que sus afiliados marcharán al Congreso Nacional el martes 28 en apoyo a la nueva presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
«Reclamamos a Vidal que cumpla con su responsabilidad de convocarnos a la paritaria para discutir salarios y condiciones de trabajo», finalizó Marquez.
Un nuevo incendio en Vaca Muerta: petroleros reclaman medidas de seguridad y capacitación
El jefe de Bomberos que intervino indicó que cerraron el predio porque se estima que «alguien habría iniciado el fuego de forma intencional».
25/05/2019
Un increíble incendio se desató en el antiguo basurero municipal de Añelo, en el centro del predio de Vaca Muerta, en la tarde del miércoles 22. La columna de humo alcanzó tal dimensión, que según informó el portal LMNeuquén llegaba a verse a más de 120 kilómetros de distancia.
El medio Río Negro afirma que el intendente Darío Díaz confirmó que se quemaron las bolsas en las que se traslada la arena de hidrofractura (fracking) y negó que se depositaran mantas oleofílicas. Dichas mantas, que se venden como una solución para derrames de hidrocarburos, estuvieron en el foco de un conflicto en el 2017. El mismo portal denunció que «YPF pagó a una empresa apadrinada por el gremialista Guillermo Pereyra más de $2.000 millones por un sistema que cuestionaba por ineficiente y contaminante.»
El intendente detalló que los bolsones que se acopian iban a ser reciclados como parte de un proyecto medioambiental. También aclaró que el predio era el basurero municipal pero fue cerrado porque se detectó que vecinos y empresas arrojaban residuos de forma indiscriminada.
El jefe de bomberos interviniente declaró ?se almacenan bolsones de plásticos hasta la deposición final?. Además, detalló que el predio se encuentra cerrado por lo que se estima que alguien habría iniciado el fuego de forma intencional.
El Sindicato de Petróleo y Gas de Neuquén, Río Negro y La Pampa, reclamó ayer a las empresas para que «apuren la puesta en marcha de medidas de seguridad y de capacitación de los trabajadores del sector para evitar más muertes en Vaca Muerta?, durante la reunión que mantuvo en Neuquén la Mesa de Vaca Muerta con representantes del gobierno provincial, gremios y empresas.
«Queremos que se achiquen los diagramas, acortar la jornada de trabajo para que no se corran riesgos y además se tienen que poner en marcha trabajos de reparación y seguridad de las instalaciones para que no vuelva a pasar lo que ocurrió con los dos compañeros que murieron en Fortín de Piedra», aseguró Ricardo Astrada, secretario adjunto del gremio petrolero.
El próximo encuentro se realizará el 6 de junio y entre tanto funcionarios del organismo provincial mantendrán reuniones con el Colegio de Ingenieros y profesionales del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) que «ha hecho un aporte muy importante en las áreas de formación y capacitación».
El 5 de mayo pasado dos jóvenes trabajadores murieron al caer a una pileta de residuos de hidrocarburos en una instalación de Tecpetrol, en Vaca Muerta.
Brutal incendio en Vaca Muerta...
El combo de la falta de control, de seguridad y contaminación provocan otra tragedia ambiental.
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¿Por qué la Televisión Pública no emite noticieros los fines de semana?
¿Por qué la Televisión Pública no emite noticieros los fines de semana?
El gerente de la TV Publica y presidente de FOPEA acaba de vomitar por Facebook una serie de descalificaciones no solo contra los delegados de SiPreBA sino contra todos los compañeros y compañeras del noticiero que le ponen su cuerpo y su voz a cada comunicado que emitimos en formato video.
En primer lugar sería bueno que en vez de escribir por redes sociales Sclauzero discuta estas cuestiones con los trabajadores, a quienes no recibe hace meses pese a nuestros intentos y pedidos de reunión casi diarios (que constan en actas).
El convenio de prensa sostiene que las horas trabajadas los francos se pagan al 200%. Sclauzero quiere liquidar el convenio y el Estatuto del Periodista. En su relato omite lo más importante: la paritaria cero (0% de aumento) en 2017 y 2018 con inflación de 25% y 47,6% respectivamente. Además, la quita del artículo 71 de nuestro salario, un ítem que se paga en toda la actividad. En ese marco de ataque, ahogo económico y extorsión, Sclauzero pretende que modifiquemos francos o aceptemos “franqueros” para hacer nuestro trabajo, es decir que nos flexibilicemos aún más de lo que ya lo hizo su gestión.
A Sclauzero no le interesa el federalismo ni adaptar el trabajo a las nuevas tecnologías. Por eso no promueve coberturas en el país y por eso desoyó cada una de nuestras propuestas tendientes a regular y capacitarnos en el manejo de nuevas herramientas laborales como los drones, que nuestros compañeros hacen en paralelo a su actividad laboral en el canal, ya que la empresa les da la espalda.
Su gestión no invirtió un peso en capacitación de personal ni en la renovación tecnológica de equipamiento, pese a nuestros persistentes pedidos. Los “altísimos viáticos” (que son los que plantea el convenio) no parecían importarle cuando cubríamos en cada provincia la actividad de Hernán Lombardi durante 2016 y 2017. Pero sí eran un problema para viajar, por ejemplo, a Esquel por el caso Santiago Maldonado, a donde solo fuimos una tarde por iniciativa del equipo periodístico que cubría el mundial de snowboard que inauguró Lombardi en Bariloche.
La TVP no trabaja con el mismo personal desde 2016. El 20% de nuestros compañeros y compañeras fueron empujados a aceptar un retiro forzado y una jubilación anticipada. Endeudados y sin poder llegar a fin de mes por la situación económica a la que nos sometió su gestión, la indemnización fue la única opción para que sus familias sobrevivan. No eligieron eso, no tenían otra opción.
Los comisarios políticos que llegaron esta semana lo hicieron por un decreto firmado por el vicepresidente de RTA que viola una ley nacional, la 26522 (vigente, mal que le pese a Sclauzero). Esos comisarios políticos vinieron a ocupar el lugar de nuestros compañeros expulsados.
La denuncia de censura y persecución la hacemos no solo los trabajadores y trabajadoras del noticiero sino también numerosos organismos de derechos humanos, encabezados por Norita Cortiñas, que estuvo el miércoles en nuestra Asamblea. En nuestra conducción sindical hay compañeros que sufrieron la cárcel y la represión de la dictadura. Podemos hablar de aquellos años sabiendo distinguir con lo que sucede en la actualidad pero nunca omitiendo la censura y la proscripción actual, que es lo que Sclauzero pretende.
Venezuela: es altamente llamativo la doble vara que utilizan Sclauzero y la gerenta de recursos humanos Marisa Piñeiro, quienes permiten que conductores llegados con su gestión hagan formulaciones como “la dictadura de Maduro”, “el régimen” o “la tiranía” pero piden descargos ante un zócalo que dice “intento de Golpe” o una presentación en donde se menciona a Guaido como “el autoproclamado Presidente”. Los medios más diversos a nivel mundial han utilizado unos y otros términos. Lo que nuestros compañeros y compañeras hacen es informar, no dar opiniones subjetivas. Pero sería bueno que Sclauzero, en lugar de abrir sumarios, plantee estas discusiones en la redacción y explique a los profesionales la línea editorial, cosa que no ha hecho nunca.
Pero no hablemos sólo de Venezuela, en donde Sclauzero y Piñeiro cometieron una aberración que viola el derecho constitucional de libertad de expresión. Previamente nos censuraron de la web, donde los periodistas del noticiero no pueden publicar y donde tampoco se publican las noticias que se emiten por la pantalla.
Sclauzero detesta a los trabajadores, al convenio y a las leyes laborales. A esta altura está claro. Es el mismo que el 18 de diciembre de 2017, mientras una represión salvaje atacaba a manifestantes y a periodistas con decenas de balazos de goma, brindaba con Patricia Bullrrich. Es el mismo que planteó que en la redacción del noticiero hay que estar “con el cuchillo en la mano” porque según él tenemos “un perfil de empleado público”, “gente que no han tenido formación ni exigencia profesional para hacer determinados contenidos”, “gente radicalizada que pertenece a La Cámpora o que ha tenido una gran militancia política con el gobierno anterior”.
Están a la vista nuestros comunicados y nuestra conducta con la gestión anterior y durante toda nuestra historia pero rechazamos de plano el macartismo, la persecución política e ideológica y el ataque a la libertad de expresión.
Por último, el noticiero actual de la TV Publica deja mucho que desear en lo que hace a pluralidad y contenidos, a pesar del esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras. Sin ir más lejos, hoy no cubrimos los actos oficiales por el aniversario de la Revolución de Mayo, tampoco estuvimos esta semana en San Miguel de Monte y así podemos mencionar decenas de ejemplos. Los invitamos a ver nuestras ediciones y comprobar la verdad.
Comisión Interna de SiPreBA- TV Pública
“Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo”
En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financiación de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos. Por Desinformemonos
Esta arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.
En el campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.
La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.
En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético.
Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.
A medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza. No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra.
Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.
En 2001 se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia, coordinado por la Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU.
En el año 2003, en la IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo, Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes.
Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH
En junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en octubre, la V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.
Esta carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su reconocimiento en Naciones Unidas.
En 2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de ONU.
Bolivia garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5 borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales, pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos (DDHH) que participaron activamente con propuestas.
Durante los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana de DDHH, donde la CLOC LVC, junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.
El 28 de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000 millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.
Este proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del sistema.
El proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración latinoamericana, la propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.
Sin embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales.
Brasil y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó afirmativamente.
La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.
Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras agrícolas, sólo llega al 25% de la población.
Garantizar la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar, ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.
Derechos campesinos y obligaciones de los Estados
La Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus niveles.
Algunos elementos para destacar:
El Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el mundo.
El Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%, situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.
El Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.
Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).
En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar representa a ⅔ de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En 2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de hectáreas en conflicto.
La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.
En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.
Otro dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.
En Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.
La adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.
Nuevos desafíos
Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.
Al instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas, así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los derechos de las campesinas y campesinos.
En el actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y la formación política de los líderes y lideresas del campo.
Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo, que garanticen la Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria, fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.
– Diego Montón-
Boletas de luz y gas llegarán este invierno con subas de hasta el 80 por ciento
Los aumentos contrastan con el congelamiento que anunció el gobierno. Además, parte del tarifazo del gas se pagará en el verano. El gobierno dice que el alza es de sólo el 50 por ciento.
Juego de Tronos terminó, pero la llegada del invierno es una amenaza vigente para los argentinos. Los aumentos en las boletas de luz y gas que llegarán en julio, agosto y septiembre pueden alcanzar, y hasta superar, el 80% si se comparan los valores que vendrán con los pagados el año pasado.Parte de la política tarifaria del gobierno consiste en exagerar la complejidad de los cálculos de los aumentos, con lo que genera confusiones y miradas diversas. En este caso, hay otros cálculos que apuntan a que la suba en la factura de gas llegará hasta el 50% para los hogares, mientras que la de la luz rondará el 42 por ciento.
El amparo de Cepis y los intendentes ya tiene juez
Cada seis meses, el gobierno anuncia ajustes promedio en tarifas de luz y de gas. Desde el invierno pasado, hubo dos aumentos en cada rubro. En el caso del gas, el último ajuste de 2018 fue del 45% promedio. En tanto, el aumento desdoblado en tres cuotas de los primeros seis meses de este año totalizó un 29% promedio (10% en abril, 9% en mayo y 7,5% en junio). Así las cosas, el alza acumula un 87,05 por ciento. A ello hay que descontar el 22% del «plan alivio», lo que deja el cálculo en torno al 60 por ciento. Conviene recordar que ese 22% se sumará a las facturas de verano.
De esta forma lo ve Mariano Lovelli, titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). «El aumento de gas va a quedar entre un 80 y un 85 por ciento. Una persona que en julio o agosto del año pasado pagó 5000 pesos, este año va a pagar 8000 u 8500 pesos», analizó y agregó: «Denunciamos como falso el congelamiento y eso se evidencia ahora, ya que no desestimaron este aumento de gas, como sí desestimaron el aumento marginal que quedaba de luz».
Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron a Tiempo que «sin tener en cuenta industria y comercio, sino sólo hogares de los principales centros urbanos y con el descuento del 22% que pasa para el verano, el promedio ponderado nos da un 32 por ciento. El aumento más grande será para la categoría R2-1, del 50 por ciento. El más chico, para la R3-4, del 19 por ciento».
Andrés Repar, miembro del Observatorio de Tarifas (OTA) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), coincidió con Lovelli. «Es un disparate hablar de un 32 por ciento. Puede ser un 60%, teniendo en cuenta la tarifa plana. Lo cierto es que el aumento gradual es un engaño. Está repartido, pero llegamos al invierno con todo el aumento implementado. Además, para el verano le queda al usuario un monto importante por pagar porque se va a juntar el mayor consumo de energía eléctrica con este porcentaje en gas que queda pendiente», advirtió.
Por su parte, el especialista en temas energéticos Andrés di Pelino coincidió con los números de las estimaciones oficiales. «El aumento aprobado punta a punta, del invierno 2018 al invierno 2019, era del 90 por ciento. A este incremento se le redujo un 20% como decisión de política económica del gobierno. De lo que quedó, un 30% en promedio llegará en las boletas y el pago del resto se diferirá al verano, en lo que forma parte del llamado ‘plan alivio'», argumentó.
Aun con el cálculo oficial, la mayoría de los usuarios residenciales pagará aumentos que alcanzan el 50 por ciento. El 55% de estos usuarios está incluido en las categorías R1 y R2 (con sus subcategorías). Para ellos, el aumento ponderado calculado por el gobierno va del 42 al 50 por ciento.
En este punto, el rol del gas en boca de pozo se vuelve preponderante, ya que el aumento para las productoras de gas será del 89%, siguiendo los cálculos oficiales. Para Di Pelino, «la Resolución 46 fue nefasta. Fue a contramano de la posibilidad de generar reglas de juego de mercado para el gas. Esas reglas deberían apuntar a juntar a los actores del mercado, a la oferta y la demanda, y lograr los precios de equilibrio. En lugar de eso, se estableció un sendero de precios completamente fuera de criterio, en dólares –cuando la Argentina es un país que se maneja en pesos– y con precios tres veces superiores a los de mercados semejantes, como puede ser el de Estados Unidos. No es justo que todos los argentinos paguemos así el desarrollo de Vaca Muerta».
En el caso de la luz, el último ajuste de 2018 fue del 25% promedio. En tanto, el aumento dividido en dos cuotas de los primeros seis meses de este año totalizó un 43% promedio (26% en febrero y 14% en marzo). En total, ambas subas suman un 80%. Sin embargo, Di Pelino apuntó que en la variación invierno 2018-invierno 2019 la suba rondará el 42 por ciento. «Hay que tomar en cuenta que el gobierno suspendió el aumento previsto para los próximos meses, no los canceló. Y eso sólo vale para el caso del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)», detalló.
Desde el gobierno nacional aseguraron que el congelamiento de tarifas sólo corresponde a usuarios residenciales y no a comercios, que pagarán el full. Al respecto, Lovelli apuntó: «No en cuanto al humor social, pero en términos inflacionarios es lo más importante. Los residenciales representan entre el 35 y el 40% del total del consumo de energía. El resto son pymes, comercios, industrias, etcétera. Y todos esos aumentos se van a trasladar a los precios de los productos en algún momento». «
Medidores inteligentes
Los «medidores inteligentes» serán obligatorios a partir del año próximo. Así lo afirma el «Reglamento Técnico y Metrológico para los Medidores de Energía Eléctrica en Corriente Alterna», aprobado por el gobierno nacional a través de la resolución 247/2019 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada el viernes último en el Boletín Oficial.
«Con el objetivo de acompañar la política energética actual, el uso de medidores de electricidad inteligentes se vuelve indispensable, atento a que promoverán la eficiencia energética, así como la sostenibilidad y la movilidad eléctrica», asegura la resolución.
Asimismo, los dispositivos permitirán «la aplicación de tarifas flexibles y personalizadas, aportando grandes beneficios a los usuarios, mejorando la calidad del servicio y generando datos en tiempo real que beneficiarán a la planificación, la operación y el mantenimiento de la red eléctrica».
Según el gobierno, los medidores permitirán a las compañías eléctricas conocer en tiempo real el consumo de sus clientes y segmentar rangos horarios, ofrecer al cliente la posibilidad de ahorro cuando utilice energía eléctrica fuera de los períodos de mayor demanda, que tiene un precio por kilowatt más barato.
Los usuarios, en tanto, tendrán también la posibilidad de conocer en tiempo real los consumos que realizan. Además, estos medidores ayudarán a identificar con mayor precisión las pérdidas de energía por inoperancia de las prestadoras o por fraude del usuario.
Para las empresas, facilitaría el monitoreo de las interrupciones del suministro y la posterior solución de los inconvenientes.
El amparo de Cepis y los intendentes ya tiene juez
Legisladores, intendentes y dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, junto a la Defensoría del Pueblo y el Cepis, presentaron en febrero último un recurso de amparo para frenar los aumentos en la tarifa de luz de 2019, que promedian un 43 por ciento.
La presentación judicial reclama que estos aumentos vulneran el principio de «tarifas justas y razonables» establecido por la Corte Suprema en el fallo Cepis de 2016. La CSJN había dictaminado que las tarifas debían estar acordes a los niveles de ingreso de los ciudadanos, entre otros puntos.
El gobierno había intentado frenar la medida a través de una inhibitoria sobre el juez Alberto Recondo, con el fin de pasar todos los juicios colectivos que hay en el país al ámbito de la Capital Federal. Sin embargo, la semana que pasó la Cámara Federal rechazó la inhibitoria y ahora el juez Federal 4 de La Plata, Recondo, quedó habilitado para dictar la sentencia.
Al respecto, Mariano Lovelli, titular de Cepis, opinó: «Tenemos argumentos para que el juez falle a favor. Entendemos que es una causa compleja porque el gobierno también la ha complejizado, al presentar muchos expedientes administrativos de prueba, en lo que entendemos es una táctica para tapar algo que es muy sencillo y simple, que es si se cumplió o no la premisa de la Corte Suprema en 2016». En ese sentido, amplió: «El juez no va a demorar mucho más la sentencia y esperemos que sea haciendo lugar al pedido de declarar la inconstitucionalidad del aumento tarifario de la luz. Somos optimistas porque tenemos argumentos sobrados. De otra forma, ya lo hubieran rechazado».
El amparo fue firmado por los intendentes Gabriel Katopodis (San Martín), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Juan Zabaleta (Hurlingham), Verónica Magario (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Julio Zamora (Tigre), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Marcelo Santillán (Adolfo González Chaves) y el intendente interino de Colón, Pablo Pino.
Bernal: quebró la metalúrgica Eitar y quedaron 240 familias en la calle
El jueves por la noche, los dueños de la empresa se llevaron computadoras y vaciaron las oficinas de administración.
La AFIP embargó las cuentas por una deuda millonaria de impuestos y los dueños «bajaron la persiana». Los trabajadores ya iniciaron el trámite para conformar una cooperativa laboral.
La crisis económica golpea sin freno y dejó en la calle a 240 trabajadores de la empresa metalúrgica Eitar SAIC, de Bernal Oeste, cuyos dueños presentaron la quiebra ayer luego de que la AFIP les embargara las cuentas por una deuda millonaria de impuestos, que se incrementó en los últimos años como consecuencia de la caída de las ventas, producto de la importación descontrolada.
La planta industrial, que fabrica accesorios para artefactos a gas y está ubicada en calle 189 N° 950, se encuentra tomada por los empleados, quienes custodian las máquinas con el afán de formar un cooperativa de trabajo; proyecto que ya iniciaron para presentar ante el juez que tramitó el concurso de acreedores iniciado por los propietarios hace un año y medio atrás.
El jueves por la noche, los dueños de la empresa se llevaron computadoras y vaciaron las oficinas de administración. No dieron mayores explicaciones a sus empleados, sólo se limitaron a decir que no podían seguir adelante por la gran deuda que tenían con el Estado y el personal.
ADEMÁS:oso tratamiento
En ese momento el panorama se volvió desesperante para los trabajadores, que en su mayoría son mujeres y jefas de hogar. «Desde el concurso de acreedores la empresa había comenzado a mejorar, pero con este embargo ya no pueden pagar los sueldos», explicó -en diálogo conPOPULAR- Francisco Gutiérrez, titular de la UOM Quilmes.
Asimismo, el secretario General del gremio metalúrgico confirmó: «Estamos haciendo guardia en la planta. Ya iniciamos el trámite para formar una cooperativa y lo vamos a presentar al juez del concurso. El objetivo es no perder un puesto de trabajo más y que la fábrica no cierre».
A su vez, Gutiérrez se refirió a la situación actual del país y consideró que el Gobierno nacional debería presentar un «plan de emergencia y salvataje de la industria en defensa de los puestos de trabajo». «Es cierto que Eitar mantiene una deuda con AFIP, pero le daba de comer a 240 familias. Desde la apertura de importaciones cayeron las ventas de manera imparable. Es una empresa modelo, de 10 mil metros cuadrados, con buena tecnología y que produce piezas de calidad para termotanques, estufas, cocinas y otros artefactos», resaltó.
#BastaDeFuncionarixsVaciadores
#PeriodismoEnEmergencia
#MenosNoticiasEsCensura
#NoAlVaciamientoEnTVPública
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Canal 7 Sipreba. Unidad De Los Trabajadores
Las mentiras de Sclauzero
El gerente de la TV Publica y presidente de FOPEA acaba de vomitar por fb una serie de descalificaciones no solo contra los delegados de SiPreBA sino contra todos los compañeros y compañeras del noticiero que le ponen su cuerpo y su voz a cada comunicado que emitimos en formato video (ver acá https://www.facebook.com/100000880904573/posts/2415598038479536?s=1385822163&sfns=mo )
En primer lugar sería bueno que en vez de escribir por redes sociales Sclauzero discuta estas cuestiones con los trabajadores, a quienes no recibe hace meses pese a nuestros intentos y pedidos de reunión casi diarios (que constan en actas).
El convenio de prensa sostiene que las horas trabajadas los francos se pagan al 200%. Sclauzero quiere liquidar el convenio y el Estatuto del Periodista. En su relato omite lo más importante: la paritaria cero (0% de aumento) en 2017 y 2018 con inflación de 25% y 47,6% respectivamente. Además, la quita del artículo 71 de nuestro salario, un ítem que se paga en toda la actividad. En ese marco de ataque, ahogo económico y extorsión, Sclauzero pretende que modifiquemos francos o aceptemos “franqueros” para hacer nuestro trabajo, es decir que nos flexibilicemos aún más de lo que ya lo hizo su gestión.
A Sclauzero no le interesa el federalismo ni adaptar el trabajo a las nuevas tecnologías. Por eso no promueve coberturas en el país y por eso desoyó cada una de nuestras propuestas tendientes a regular y capacitarnos en el manejo de nuevas herramientas laborales como los drones, que nuestros compañeros hacen en paralelo a su actividad laboral en el canal, ya que la empresa les da la espalda.
Su gestión no invirtió un peso en capacitación de personal ni en la renovación tecnológica de equipamiento, pese a nuestros persistentes pedidos. Los “altísimos viáticos” (que son los que plantea el convenio) no parecían importarle cuando cubríamos en cada provincia la actividad de Hernán Lombardi durante 2016 y 2017. Pero sí eran un problema para viajar, por ejemplo, a Esquel por el caso Santiago Maldonado, a donde solo fuimos una tarde por iniciativa del equipo periodístico que cubría el mundial de snowboard que inauguró Lombardi en Bariloche.
La TVP no trabaja con el mismo personal desde 2016. El 20% de nuestros compañeros y compañeras fueron empujados a aceptar un retiro forzado y una jubilación anticipada. Endeudados y sin poder llegar a fin de mes por la situación económica a la que nos sometió su gestión, la indemnización fue la única opción para que sus familias sobrevivan. No eligieron eso, no tenían otra opción.
Los comisarios políticos que llegaron esta semana lo hicieron por un decreto firmado por el vicepresidente de RTA que viola una ley nacional, la 26522 (vigente, mal que le pese a Sclauzero). Esos comisarios políticos vinieron a ocupar el lugar de nuestros compañeros expulsados.
La denuncia de censura y persecución la hacemos no solo los trabajadores y trabajadoras del noticiero sino también numerosos organismos de derechos humanos, encabezados por Norita Cortiñas, que estuvo el miércoles en nuestra Asamblea. En nuestra conducción sindical hay compañeros que sufrieron la cárcel y la represión de la dictadura. Podemos hablar de aquellos años sabiendo distinguir con lo que sucede en la actualidad pero nunca omitiendo la censura y la proscripción actual, que es lo que Sclauzero pretende.
Venezuela: es altamente llamativo la doble vara que utilizan Sclauzero y la gerenta de recursos humanos Marisa Piñeiro, quienes permiten que conductores llegados con su gestión hagan formulaciones como “la dictadura de Maduro”, “el régimen” o “la tiranía” pero piden descargos ante un zócalo que dice “intento de Golpe” o una presentación en donde se menciona a Guaido como “el autoproclamado Presidente”. Los medios más diversos a nivel mundial han utilizado unos y otros términos. Lo que nuestros compañeros y compañeras hacen es informar, no dar opiniones subjetivas. Pero sería bueno que Sclauzero, en lugar de abrir sumarios, plantee estas discusiones en la redacción y explique a los profesionales la línea editorial, cosa que no ha hecho nunca.
Pero no hablemos sólo de Venezuela, en donde Sclauzero y Piñeiro cometieron una aberración que viola el derecho constitucional de libertad de expresión. Previamente nos censuraron de la web, donde los periodistas del noticiero no pueden publicar y donde tampoco se publican las noticias que se emiten por la pantalla.
Sclauzero detesta a los trabajadores, al convenio y a las leyes laborales. A esta altura está claro. Es el mismo que el 18 de diciembre de 2017, mientras una represión salvaje atacaba a manifestantes y a periodistas con decenas de balazos de goma, brindaba con Patricia Bullrrich. Es el mismo que planteó que en la redacción del noticiero hay que estar “con el cuchillo en la mano” porque según él tenemos “un perfil de empleado público”, “gente que no han tenido formación ni exigencia profesional para hacer determinados contenidos”, “gente radicalizada que pertenece a La Cámpora o que ha tenido una gran militancia política con el gobierno anterior”.
Están a la vista nuestros comunicados y nuestra conducta con la gestión anterior y durante toda nuestra historia pero rechazamos de plano el macartismo, la persecución política e ideológica y el ataque a la libertad de expresión.
Por último, el noticiero actual de la TV Publica deja mucho que desear en lo que hace a pluralidad y contenidos, a pesar del esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras. Sin ir más lejos, hoy no cubrimos los actos oficiales por el aniversario de la Revolución de Mayo, tampoco estuvimos esta semana en San Miguel de Monte y así podemos mencionar decenas de ejemplos. Los invitamos a ver nuestras ediciones y comprobar la verdad.
Comisión Interna de SiPreBA- TV Pública
(Jorge Rodríguez, Norberto González, César Nenna, Agustín Lecchi).
Envio:RL
(Jorge Rodríguez, Norberto González, César Nenna, Agustín Lecchi).
Envio:RL
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