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20 de noviembre de 2019
ESPECIAL BOLIVIA.
Otra masacre en El Alto /Disparan desde helicópteros y causan 6 muertos y 23 heridos de bala
Resumen Latinoamericano, 19 noviembre 2019.-
La policía volvió a mostrar su brutalidad sin límites baleando al cuerpo desde tierra y desde helicópteros a una multitud de manifestantes en Senkata, El Alto. El escenario fue en los alrededores de la planta distribuidora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la zona, adonde llegaron vehículos militares y policiales para retirar garrafas de gas a fin de romper el bloqueo que hacen los luchadores indígenas que exigen la renuncia de la despótica presidente de facto, Añez.
En un momento, para repudiar los ataques a balazos, varios pobladores volaron con dinamita una de las paredes de la plata de YPFB.
“¡Nos están matando!”, alertó un vecino en cercanías de la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto. Al menos un muerto y 15 heridos es el saldo de la refriega suscitada en medio del operativo policial-militar que este martes se activó para el traslado de un convoy de cisternas con combustible hacia La Paz.
La tensión ha vuelto al lugar y hasta después del mediodía continuaban los intentos de rodear el perímetro del centro de carburantes en medio del estruendo de explosiones y de disparos. Según versiones de los vecinos, los fallecidos son más.
Poco después de las 10.30 se activó el plan para dispersar y reprimir a sectores sociales que cumplen un bloqueo en el sector y que demandan la renuncia de la presidenta Jeanine Añez, quien asumió el poder tras la renuncia de Evo Morales. La sede del Gobierno estuvo sin combustible unos tres días.
En un video publicado por una radio alteña, dos mujeres en medio del llanto le reclaman a un grupo de policías por qué impiden que se rescate al fallecido, a lo que uno de los uniformados le responde: “Vamos a hacer la autopsia de ley, vamos a saber por qué ha muerto”.
Hasta el Hospital Boliviano Japonés del Distrito 8 llegaron 10 personas heridas (se presume por impacto de proyectil), de los cuales dos eran de gravedad por lo cual fueron traslados a otros centros de salud, según otra radio local. Mientras que en el hospital de el Kenko se contaron otros cinco.
El médico Aiver Huaranca, con la voz quebrada, contó que las fuerzas combinadas no respetaron ni su uniforme de médico puesto que los proyectiles también fueron en su contra. Urgió ayuda debido a que no hay personal médico en la zona.
“Es muy triste lo que está pasando acá, en el Distrito 8, en el momento que yo le estaba atendiéndole los primeros auxilios que él se merecía he recibido también los disparos, no pueden reconocer cómo es un médico cuando está con uniforme y está atendiendo a los heridos”, denunció el galeno.
Afirmó que le lastima “ver a un compañero morir en esa forma porque murió en mis manos, ver que es un tiro de bala que se adentraba en el corazón, qué triste, pido en este momento a todo el personal médico, enfermeras vengan a colaborarnos acá no tenemos médico, estoy solo” y luego cuestionó: “¿Dónde está Bomberos, la Cruz Roja?”.
En otro video que circuló en las redes sociales se ve cómo militares apuntan sus fusiles hacia la movilización y se escucha la percusión del proyectil.
También se reportó que un equipo periodístico de la estatal Bolivia Tv fue agredido cuando intentó ingresar a la zona del conflicto. «Le prenderemos fuego, esta es la cámara de Bolivia Tv», afirmó uno de los que protagonizó el hecho en otro video que circuló en las redes sociales.
Tras la salida del convoy volvió la tensión en lugar. Los movilizados reactivaron los puntos de bloqueo con fogatas ante la molestia por lo sucedido. Otro grupo intentó nuevamente dañar la pared con la cual se resguarda la planta y logró derribar una parte.
En el otro extremo de la urbe, en la zona de Río Seco, otro grupo de vecinos molestos comenzó a apedrear algunos vehículos que circulaban en el lugar por romper el paro de actividades convocado por una coordinadora que articula las protestas en ese sector.
Cisternas cargadas con combustibles logran salir de Senkata y se dirigen a La Paz
Después que la policía masacró a pobladores de Senkata, el ministro de Hidrocarburos, Victor Hugo Zamora, informó que varias cisternas lograron salir de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata hacia La Paz para romper el férreo bloqueo que ya está produciendo desabastecimiento.
“Hemos encontrado algunos grupitos que están intentado paralizar el operativo, pedimos a la población la mayor comprensión”, pidió la autoridad en contacto con Radio Panamericana, sin mencionar la cantidad de balas que se arrojaron sobre los cuerpos de ese «grupito».
Un fuerte contingente militar y policial abrió el camino a alrededor de 20 cisternas y camiones que transportan gasolina, diesel y gas.
Zamora no detalló el lugar por donde transitan las cisternas por seguridad. Informó que en la avenida 6 de Marzo que conecta a El Alto con La Paz, la Policía tuvo que hacer uso de agentes químicos debido a grupos que intentaban acercarse a las cisternas. “Es muy peligroso, las cisternas transportan combustible,(…) las fuerzas del orden saben y han procedido a actuar para precautelar la seguridad”, explicó el ministro cómplice de los nuevos asesinatos de bolivianos.
El lunes el Gobierno decidió importar combustible de Chile y Perú ante el desabastecimiento en La Paz que se hizo insostenible, debido a los bloqueos instalados en la planta de Senkata por pobladores que exigen que renuncie Añez.
#LTahora Este es el momento en el que personas afines al MAS destruyen, con la explosión de dinamitas, el muro de la planta distribuidora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la zona de #Senkata, en El Alto. redes sociales
Publicada por Los Tiempos en Martes, 19 de noviembre de 2019
Un médico de El Alto desbordado por el horror producido por la represión policial / 6 muertos y decenas de heridos graves a balazos
Resumen Latinoamericano, 19 noviembre 2019
Con lágrimas en los ojos y desbordado por tanto horror y criminalidad policial, un médico de El Alto pide a la Cruz Roja y organizaciones internacionales que no miren a un costado y concurran a Bolivia para ver la masacre que está produciendo día a día la dictadura de Añez y su grupo de civiles, policías y militares fascistas.
Miles de campesinos entraron en la ciudad de Potosí / Piden renuncia de Añez y la cabeza de Pumari y Camacho
Resumen Latinoamericano, 19 noviembre 2019
Llegaron también a Potosí pobladores de la provincia Saavedra
Testimonios desde Cochabamba/ Examen forense confirma que 9 muertes fueron por arma de fuego tras represión
Resumen Latinoamericano, 19 noviembre 2019.-
Ayer lunes 18 de noviembre, mientras la comunidad boliviana marchaba en el centro de Buenos Aires y en otros lugares del mundo, los militares se llevaban presos a pobladores del campo.
Los grandes medios de Bolivia no están informando estas cosas.
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Bolivia: Examen forense confirma que 9 muertes fueron por arma de fuego tras represión en Cochabamba
Después de más de siete horas de intervención, culminó el examen forense de las nueve víctimas fatales de la fuerte represión en Huayllani, en la avenida Villazón, en el departamento de Cochabanba, Bolivia.
El representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, informó que la totalidad de las víctimas (9) falleció producto de impactos de bala, señala el portal web Nodal.
El reporte defensorial señala que existe una persona más con riesgo de perder la vida. “Ahora debemos aguardar los resultados de balística para saber la procedencia de los proyectiles que causaron las nueve muertes, esto queda en manos del Ministerio Público”, dijo.
La Fiscalía General del Estado dispuso de un equipo completo de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para realizar las valoraciones médicas de heridos y la autopsia de las personas fallecidas.
“Mi cuñado murió con tres impactos de arma de fuego. Deja una niña de dos años en la orfandad. Pedimos justicia para nuestro hermano. Él vino de Villa 14. Allá tenía su cato de coca. Por eso salió a marchar”, contó uno de los familiares de Armando Carballo (25), una de las víctimas fatales de los enfrentamientos del viernes por la tarde.
Cox mencionó que realizó una visita a diferentes hospitales de Cochabamba y no encontró a funcionarios policiales y militares heridos.
Suspenden sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional
Resumen Latinoamericano*, 19 noviembre 2019.-
La presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, suspendió la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que se iba a desarrollar este martes, con el objetivo de «contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la pacificación del país».
A las 18H30 horas locales se tenía previsto la realización de la asamblea, en la que se preveía se convocaría a la elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y llamar a elecciones generales.
De esta forma, Copa, quien asumió la dirección de la cámara alta el último jueves, informó la suspensión de la actividad legislativa en un comunicado interno.
«La décima tercera sesión ordinaria de la Asamblea (…) será suspendida a efectos de crear y contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la consiguiente pacificación del país», señaló un comunicado de la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
También se pretendía tratar la renuncia del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. La oposición denunció que los legisladores del MAS buscan rechazar estas dimisiones.
Antes de que se hiciera público este anuncio, Morales denunció en Twitter del cerco de la plaza Murillo en la ciudad de La Paz por efectivos militares, «al viejo estilo de las dictaduras».
«El gobierno golpista de Mesa, Camacho y Áñez tiene un plan para cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional», denunció mandatario.
*telesur
Macri lo supo una semana antes. El 4 de noviembre Camacho pidió asilo al cónsul argentino en Santa Cruz si fracasaba
Por Alejandra Dandan / Resumen Latinoamericano/ 19 de noviembre 2019
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El 4 de noviembre Luis Fernando Camacho pidió asilo al consul argentino en Santa Cruz si fracasaba
El gobierno argentino supo con seis días de anticipación que se preparaba el golpe en Bolivia. Luis Fernando Camacho convocó a una reunión a los representantes diplomáticos de los consulados de Santa Cruz de la Sierra. La reunión que originalmente iba a hacerse el viernes 1° de noviembre pasó al lunes 4. Ese día se reunió con los representantes locales de la Argentina y de España. Pidió asilo al consulado argentino ante un eventual fracaso de lo que llamaba insubordinación civil. Asilo que el consulado no podía brindar porque la atribución le correspondía a la embajada en La Paz. Pero en ese contexto, les dijo que 48 horas mas tarde las Fuerzas Armadas iban a entrar en la casa de gobierno.
La información quedó volcada en un cable que el consulado argentino envió a la Cancillería. Y de acuerdo a información de primera mano obtenida por El Cohete A La Luna, los dos cónsules buscaron disuadir al fanático empresario de lo que consideraban una locura. Bajo esa perspectiva quienes intervinieron del encuentro creyeron haberlo convencido.
Las Fuerzas Armadas de Bolivia estaban encabezadas hasta el domingo pasado por el general Williams Kaliman, cercano al Presidente. Hasta último momento Kaliman no se pronunció sobre la situación cada vez más grave del país. Primero emitió un comunicado. Después se mantuvo en silencio hasta que, al final, sugirió la renuncia del Presidente. El director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano, que siguió de cerca los acontecimientos en Bolivia, explicó en estos días que es muy probable que al interior de las FFAA hubiera división, y todavía la haya.
Pese a las presiones ejercidas primero por Camacho para la sublevación con movilizaciones de miles de personas en las calles, «las Fuerzas Armadas tuvieron varias horas de desconcierto, no se aprovecharon del vacío institucional y en ningún momento asumieron el control de las riendas del país. Esto no les exime de responsabilidad porque se fueron acoplando al tsunami golpista», dijo. «A partir de ahora veremos qué ocurre porque la partida aún no está cerrada. Hasta el momento, la autoproclamada Presidenta ha cambiado al comandante de las Fuerzas Armadas, lo cual quiere decir que no se fía del anterior ni de su ascendencia sobre otros mandos intermedios». El viernes a la noche, la partida parecía comenzar a perderse. Bajo el mandato de Áñez, los militares asesinaron a cinco manifestantes en Cochabamba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundía en su sito oficiales los videos que se viralizaron de la represión con los muertos y decenas de heridos. Y describía un «uso desproporcionado de la fuerza policial y militar».
La trastienda
Hasta un mes antes de este tsunami, los representantes del consulados extranjeros en el oriente rico de Bolivia no conocían a Luis Fernando Camacho. Hay que pensar su emergencia no sólo asociada a las movilizaciones del último tiempo. Uno de los detonantes que observa el cuerpo diplomático en esta furiosa movida comenzó a preanunciarse en septiembre con los incendios de Chuquisaca. Ellos creen que en aquellos sucesos de incendios en la zona de la Amazonía boliviana hubo una mano negra que acicateó a la oposición de un país sin crisis económica, con 75 por ciento de su población entre los sectores de clase media.
Camacho es conocido en Santa Cruz como empresario. Es un abogado de 40 años, con posgrado en Barcelona que proviene de una de las familias económicamente más poderosas de la región más rica del país con inversiones en negocios de seguros, sistema financiero e hidrocarburos. La elite a la que pertenece hoy representa el 5% de la población, que en realidad también pueden pensarse como supervivientes del esquema de poder que menguó hasta quedar reducido durante el gobierno de Evo. Ese universo de empresarios, sin embargo, no es homogéneo. Entre ellos existe un sector que creció económicamente con el gobierno y con el que el masismo contaba como retaguardia.
Pero Camacho es además el hombre de la Biblia y el rosario. Un hombre que aglutinó alrededor de esos dos símbolos la representación de católicos integristas, fundamentalistas y protestantes, símbolos que podían levantar la idea de la corona española frente a los tradiciones indígenas o la celebración a la Pachamama de los pueblos originarios que confluyeron en el gobierno.
Formalmente es presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, una organización que nació en los años ’50 de la mano de los petroleros y empresarios de hidrocarburos que disputó por regalías con el Estado. La organización nuclea actualmente a una veintena de asociaciones diversas con apoyo de sectores medios blancos y ramas más radicales como la Unión Juvenil Cruceña, con formación falangista, conocida en los últimos días por la virulencia de los ataques racistas.
Ya en 2008 el sociólogo Ricardo Eid describía a los unionistas en esos términos: la táctica es sorprender y atacar en grupo, con armas contundentes a personas desarmadas, aisladas, débiles, se alimenta con la impunidad que los protege, pues la Unión es parte del poder regional que hasta entonces, decía, no tenía oposición apreciable en la ciudad.
El Comité Cívico de Santa Cruz es, además, parte de una estructura más amplia. Tiene representaciones en los nueve departamentos de Bolivia. Y esa es la estructura que funcionó como estado paralelo desde las elecciones del 20 de octubre para paralizar el país con bloqueos, convocatorias al paro y reclamos encabezados vía Twitter por el propio Camacho.
Para las elecciones argentinas del 27 de octubre, el consulado en Santa Cruz debió negociar con los integrantes del Comité local la apertura de pasos para quienes acudían con sus documentos a la sede de la votación. Los cívicos funcionaban en los hechos como autoridad de control territorial.
En las elecciones bolivianas primero desconocieron los resultados y exigieron balotaje. Y luego radicalizaron la postura con el correr de los días. Cuando Evo Morales aceptó convocar a un balotaje, exigieron su renuncia.
La reunión
Una revisión de los acontecimientos que ocurrieron entre el 1° y el 5 de noviembre permite entender qué discutió Camacho ante el Consulado. Ese 1° de noviembre, ya exigía vía Twitter la renuncia de Morales. Poco después lo emplazaba a tomar una decisión con plazos perentorios. Tiene 48 de plazo, decía. Y luego, sólo le quedan 24 horas. Finalmente el día 5 de noviembre anunció a qué se refería con esa línea de tiempo: dijo que tenía escrita una carta de renuncia de Evo Morales. Y que él mismo se encaminaba a llevarla al Palacio del Quemado.
Pero, ¿eso iba a anunciar? ¿Una carta? ¿O ese plazo hablaba del golpe?
Los cónsules se reunieron el 4 de noviembre. Hubo un café. Por la Argentina estuvo Roberto Dupuy y por España Agustín Uña Rodríguez. Dupuy es radical. Cree en los procesos democráticos. Y tal vez sirva decir que en la página web del Consulado se lo ve dando clases en escuelas con proyecciones del Simón Bolivar de Zamba.
Dupuy avisó a la Cancillería que iba a hacerse esa reunión. Y también le avisó a su jefe político, el embajador argentino en La Paz Normado Alvarez García, otro radical, amigo de Gerardo Morales, hermano de Julio Rolando Alvarez García, «Pampero», estudiante de derecho en Tucumán, y militante de la JUP, desaparecido en agosto de 1976. La idea del encuentro provocó ciertas tensiones entre embajada y consulado. Pero según lo que pudo reconstruir El Cohete en una semana caliente, los diplomáticos de Santa Cruz de la Sierra sabían que las Fuerzas Armadas comenzaban a tener fisuras. Que Camacho encabezaba movilizaciones de un millón y medio de personas. Y que tenía información de primera mano que ellos necesitaban conocer para reportar a sus gobiernos.
Algo de esa reunión trascendió esta semana. Algunas versiones señalaron que la Argentina ofreció un salvoconducto a Camacho como protección si fracasaba el intento de golpe, pero eso no es cierto. De acuerdo a los datos de El Cohete, fue al revés. La reunión se hizo a instancias de Camacho. Y el cónsul argentino no dio apoyo sino que intentó disuadir.
La agenda tocó por lo menos dos temas:
Asilo. Camacho pidió asilo al consulado si fracasaba en el avance contra el gobierno. Como se dijo, el consulado volcó el pedido en uno de los varios cables que emitió. Y le dijo que el asilo sólo lo podía otorgar la embajada, que no estaba en Santa Cruz sino en La Paz.
Fuerzas Armadas. Supieron que se preparaban para intervenir militarmente 48 horas más tarde. Es decir, el 6 de noviembre. Ese primer intento de golpe es aparentemente lo que, si esa versión es como dicen, ellos lograron demorar. Y que terminó con un golpe de otras características, y la renuncia de Evo.
Chuquisaca
Los orientales responsabilizaron erróneamente a Evo por los incendios. El gobierno central había desplazado habitantes de Occidente al Oriente como parte de sus políticas. Las quemas son parte de una práctica naturalizada en la Amazonía como parte de los mecanismos de expansión de la frontera agraria. Alrededor de los incendios hay otras hipótesis. Pero en Santa Cruz creen que los blancos de la clase media achacaron la responsabilidad a los desplazados de occidente, los recién llegados, los cabecitas negras bolivianos.
La campaña para salvar la selva y paliar el fuego se propaló en las redes sociales. Camacho, cuyo padre había encabezado un intento de golpe diez años antes, emergió con voz aglutinadora en ese contexto.
Para entonces la Argentina envió brigadas especializadas en control de fuego. También lo hizo Gerardo Morales. Esta semana se habló de esa ayuda para ligar a Morales con el golpe. Morales desmintió todo y, pese a la tensión que mantuvo con Evo, encuadró los sucesos en Bolivia como golpe de Estado.
Pese a eso, hay una escena en la que vale la pena detenerse. No por Morales, sino por la foto.
Morales envió brigadistas y fue a buscarlos el 4 de septiembre. Ese mismo día a la noche llegó a la provincia de Jujuy la hija del Presidente Donald Trump. Ivanka viajó a apoyar la acción de una ONG llamada Pro-Mujer, creada en los años ’90 en Bolivia. A partir de este año, esa organización cuenta con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. Eso explica la participación en primer plano de celebridades del Departamento de Estado de Estados Unidos en una foto tomada al pie del cerro de los siete colores en Purmamarca.
La delegación estadounidense integrada por el Subsecretario de Estado, John Sullivan; el Jefe Interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero (OPIC), David Bohigian; la Subsecretaria Interina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung y el Administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green. El embajador Edward Prado, El canciller Faurie, Ivanka Trump, Gerardo Morales y su nueva esposa, Tulia Snopek.
La USAID tiene larga historia en la región. Creada en 1961 en el marco del Plan Marshall como programa de asistencia y fortalecimiento para diversas geografías del mundo, hoy es uno de los dispositivos que depende del Departamento de Estado y canaliza fondos de acuerdo sus prioridades programáticas. Los líderes progresistas latinoamericanos la denunciaron en diversas ocasiones como mascarón de la CIA y usina de financiamiento para proyectos de desestabilización. Lo hicieron Hugo Chavez, Rafael Correa y en 2013 Evo Morales. El Presidente de Bolivia echó a sus representantes y acusó a la USAID de interferir en los asuntos internos y «seguir conspirando» contra su gobierno.
Ivanka permaneció menos de 24 horas en Jujuy. Llegó el 4 a las 21 horas. Y se fue a la tarde del día siguiente. Durante ese día visitó a una panadera de Palpalá en las fueras de la capital de la provincia. Y el negocio familiar de una costurera en la capital. Pachama hace ropa que combina diseños de tela occidental y aguayos indígenas diseñados por Alejandro Polo, el hijo del matrimonio.
Polo fue candidato del Frente Unidad Ciudadana. Terminó metido en aquella escena porque su madre lleva catorce años dentro del Programa Pro-Mujer, que en los hechos es un sistema de micro-créditos que le permite obtener una suma de 45.000 pesos cada cinco meses al 7% de interés. El dinero no le permitió sortear la crisis de estos años. Y el proyecto Pachama, con seis años de vida, perdió en los últimos cuatro las bocas de venta en cuatro provincias y estuvo o está a punto de reconvertirse a vinos. Polo sabe que el mecanismo del programa no resuelve sus problemas de estructura económica, pero aceptó la visita de Ivanka porque la foto podía darle publicidad.
Algo así puede pensarse también de la visita de la hija de Trump. El montaje para una foto. Cuando estuvo adentro del local, le pidió a los varones que estaban adentro que salieran porque necesitaba una imagen sólo de mujeres.
Alejandro salió. Luego volvió. Y consiguió lo que quería. No pudo lograr que se probara una ropa porque ni su madre se atrevió a pedírselo. Ni lo hizo la única empleada que queda en el local. Pero pudo pedirle que posara con los dedos en V.
La V.
La hija de Trump salió después a Paraguay. Oscar Laborde del Parlasur recordó en un artículo a Mark Feierstein, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la USAID en 2012 quien aseguró que Washington prioriza el apoyo a fuerzas opositoras que «están luchando por los derechos humanos y la democracia”. Para entonces, habló de sus apoyos a Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua. E incluyó también a Bolivia como parte de los espacios de la no-democracia.
Fuente militar alerta que crecen divisiones entre policía y Fuerzas Armadas
Resumen Latinoamericano*, 19 noviembre 2019.-
«En este momento (noche del 17 de noviembre), se están desarrollando tres operaciones represivas en el país», alertó. La primera en Senkata, en El Alto; la segunda en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, «en un lugar llamado Sebastián Pagador (una villa del distrito 14 de la ciudad), que es una zona de migrantes mineros donde ya se han registrado más de cuatro o cinco heridos; y la tercera en la localidad de Achocaya, entre la ciudad de La Paz y El Alto, en un municipio intermedio». Denunciaba que en este último, para ese momento, habían cinco heridos, y la probabilidad de una persona fallecida.
Senkata, de los tres teatros represivos, es el que más cobertura ha recibido. Está en El Alto (hay posibilidades de un poco más de cobertura), y ahí se encuentran depósitos de gasolina y diésel críticos para el abastecimiento de las ciudades de El Alto y La Paz, en un momento en el que comienza a escasear dramáticamente, y el gobierno golpista importa combustibles desde Chile y Perú, y según el diario Los Tiempos de Cochabamba, se está levantando un puente aéreo para «distribuir” alimentos en La Paz y El Alto.
Pero lo que ocurre en la villa de Sebastián Pagador y en especial Achocaya no gozan de la misma cobertura (de por sí escasa). Pero eso no impidió confirmar lo que una fuente, perteneciente al mundo militar que contactó a Misión Verdad (y que, por motivos de seguridad, su nombre se mantiene en reserva), que, como muchos, rechazan el golpe y la actuación que han tenido las Fuerzas Armadas (FFAA) de Bolivia en el derrocamiento del gobierno y los días de instalación del golpe, ahora representado por la autoproclamada Jeanine Áñez.
«El escenario en el que hoy día se están desarrollando estas operaciones represivas es muy confuso, pero todo indica que el gobierno ha decidido radicalizar su comportamiento represivo, en un comportamiento absolutamente arbitrario, violatorio de los derechos humanos y que va a desatar en las próximas horas una gran operación de persecución política contra ministros, viceministros o funcionarios públicos de alto nivel», alertaba, en consonancia con el tono alebrestado que el flamante Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha desplegado desde que asumió la cartera en el gabinete de facto.
El 14 de noviembre, Murillo hablaba de ir a la cacería de altos dirigentes, y el 18 de noviembre, acentuando las detenciones y la búsqueda y captura de dirigentes sociales o figuras del gobierno de Evo Morales. «Puede haber 100 detenidos esta tarde también porque hay gente que está hostigando, y vamos a seguir deteniendo a gente que está hostigando, después no vengan a decirme no estaba haciendo nada», recogió el diario Página Siete.
«Están buscando a dirigentes, ministros, directores de empresas, para detenerlos y por supuesto acusarlos de un conjunto de delitos que forman parte de la puesta en escena política para justificar las condiciones en las que nos encontramos», revela la fuente en otro contacto al día siguiente, confirmando que «ya existen procesos que se han abierto por sedición, por atentados contra la seguridad del Estado, por otros delitos».
Al parecer, el encargado de esta faceta del trabajo sucio le corresponde, entre otros, al diputado Rafael Quispe, de Unión Democrática (UD), el mismo partido de Áñez y Murillo. Quispe ya elevó una denuncia ante la fiscalía boliviana acusando a Evo Morales de terrorismo, entre otra serie de denuncias, expedientes y acusaciones contra figuras del MAS en el presunto auspicio de actividades «sediciosas». Y es que, según la fuente, existen varios motivos de peso para que la administración golpista acelere el paso y logre transmitir la idea de que el apuro con detenciones y otra serie de acciones políticas recientes, difícilmente corresponden a un gobierno que solo se encargará de «la transición», no se debe a la urgencia por controlar la situación o que, eventualmente, se les vaya de las manos.
Porque, de acuerdo a lo que Misión Verdad pudo saber gracias a la fuente, a contrapelo del intento (no exitoso) de revestir al golpe de Estado de la legitimidad que no consigue todavía, la maquinaria represiva encargada de aniquilar el contragolpe comienza a agrietarse. Lo que ante el público «de bien» pareciera un nuevo gobierno que presuntamente las tiene todas consigo, detrás de las cámaras las señales de malestar y desaprobación con los últimos acontecimientos es un signo común tanto de las FFAA como de la policía, en una maraña de conflictos internos, intrigas y desgajamientos en los que se entrecruzan las diferencias históricas de ambos cuerpos y los cuestionamientos del desborde represivo.
A nueve días (hoy 19 de noviembre) del golpe de Estado en Bolivia, cada vez se sabe más de lo que no se dijo o se encubrió, una vez que la operación de desestabilización, y sobre todo el momento de cambio de régimen, se puso en marcha. La ventana que abre la fuente, describe un escenario mucho más complicado, sobre todo para quienes hoy en día dicen detentar el poder político en el Estado Plurinacional.
Malestar, rechazo y deserciones en las Fuerzas Armadas
«Esta es la primera vez que se están realizando operaciones conjuntas de naturaleza represiva entre Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía en los últimos 20 años. Normalmente, las decisiones políticas para el uso tanto de una como de la otra en actos represivos solía hacerse de manera independiente; esta es la primera vez que se están llevando a cabo operaciones represivas conjuntas», algo que «ha generado tanto en una institución como en la otra un malestar debido a un largo conflicto interinstitucional que viene de hace más o menos un siglo».
El inicio de esta operación conjunta, lo sabemos, fue cuando el propio 11 y 12 de noviembre efectivos de la policía en La Paz y Cochabamba hacían peticiones públicas al ejército para que se incorporase en tareas represivas, puesto que las fuerzas policiales estaban siendo rebasadas por las movilizaciones de los movimientos sociales y la gente en la calle en rechazo al golpe.
«A través del general [Williams] Kalimán las FFAA se han incorporado al control represivo a lo largo y a lo ancho del país, pero en particular en la ciudad de La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. En general, los mandos intermedios han asumido esta decisión de Kalimán con bastante reticencia por varias razones. La primera, porque sienten que ingresaron en un momento en el que la policía estaba viviendo una crisis de capacidad operativa y por lo tanto las fueron a salvar de la situación crítica. Consecuentemente, en este conflicto, las FFAA se han visto obligadas a resolver la incapacidad de la policía que durante todos estos años ha estado involucrada en prácticas mafiosas, corrupción generalizada y violaciones de derechos humanos; la policía es una de las instituciones más desprestigiadas y desacreditadas por las que desafortunadamente tuvieron que salir a apoyar en el marco de este régimen golpista», puntualiza la fuente.
La actitud de las FFAA en la represión es «muy poco comprometida» y está generando «fisuras internas». «Se están produciendo deserciones de soldados, particularmente en la ciudad de Cochabamba y en el Departamento de La Paz. En el caso de Cochabamba son soldados que provienen del Trópico (las zonas calientes y selváticas del Departamento), y en el caso de La Paz provienen de El Alto: soldados que están desertando para no disparar contra sus propios hermanos», sostiene.
«Por otra parte, los oficiales que están al mando de la tropa han dispuesto que los soldados retiren las agujas percutoras de sus fusiles porque no se sienten seguros de que los soldados puedan intervenir de acuerdo a las órdenes de sus mandos, sino que esta sensación de inseguridad y desconfianza de los soldados ha hecho que solamente salgan para mostrar sus armas en una actitud más disuasiva».
En redes sociales ha comenzado a emerger a la superficie cómo en otros sectores del país, como en Oruro, unidades militares con apresto se han incorporado a las marchas y movilizaciones de campesinos e indígenas, al menos en los departamentos andinos, lo que de por sí representó la primera señal de que no todo estaba bajo control dentro de las FFAA.
Otra veta del conflicto interno lo representa también el juego del control de las instituciones en río revuelto. Al parecer, uno de los factores de malestar inmediato en este plano se expresó con el desplazamiento de la Unidad de Seguridad Presidencial (USP), encargada de la seguridad de la Casa Grande del Pueblo (el palacio presidencial), compuesta por oficiales del ejército. «Al intervenir la policía en el golpe de Estado, prácticamente se cobró esta factura», produciendo «un sentimiento muy agudo de insatisfacción y malestar».
Pero el patrón de la policía en desmedro de las instituciones que pasaron a manos de las FFAA o civiles no se detiene en quién controla la seguridad de la Casa Grande, «al mismo tiempo que los militares fueron a salvar a la policía de su crisis de capacidad operativa, la policía estaba recuperando algunas instituciones que pasaron a manos de civiles, como por ejemplo el Servicio de Identificación Nacional», sostiene la fuente.
No solo el cúmulo de políticos que encontraron sentido de oportunidad para dejar su nombre rubricado en esta página aciaga de la historia boliviana: así como arriba se reparten las palancas del Estado (y sus presupuestos), abajo, la policía reproduce el mismo esquema de rebatiña clientelar haciéndose con lo que pueda, así vaya en desmedro de tal vez la institución más sensible de todo el concierto estatal. «La polícía estaba encargándose de recuperar los espacios perdidos que el gobierno de Evo Morales le había quitado prácticamente por la corrupción generalizada», redondea la fuente.
Pero otro fantasma de mayor peso y calado recorre el ánimo de las filas de la tropa: «Estos días la población los están llamando ‘militares asesinos’. Esta es una categoría despectiva que están recibiendo en gran parte del país, algo que el presidente Evo había resuelto después de la masacre sangrienta de octubre de 2003. Evo Morales reconcilió a las FFAA con la sociedad, y particularmente con la ciudad de El Alto, después de que fueron usadas por Gonzalo Sánchez de Losada» en la represión que produjo más de 70 muertos y más de 500 heridos, en la llamada «guerra del gas».
Los están tratando de asesinos en las calles y esto está desembocando en que se cuestione la decisión del general Kalimán de haber pedido al presidente Evo su renuncia, resume la fuente.
Celos, intrigas y miedo en la Policía Nacional
«No es menor» el tema de la policía, afirma la fuente. «Están agotando sus reservas de agentes químicos; están agotando la munición anti-motines y están llegando al límite del agotamiento en la policía, particularmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz los días de uso intensivo del personal, pero además sin relevo».
Un documento de la policía que llegó a la redacción de Misión Verdad, fechado el 14 de noviembre, confirma lo que afirma la fuente. Se trata de un memorándum (número 02467/2019) que el Comando General de la Policía Boliviana le envía al despacho del coronel Franklin Hernán Prado Alconz, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza del ente.
«Debido a la coyuntura social que atraviesa nuestro territorio nacional y con el propósito de contar con recursos humanos para restablecer el orden público, su autoridad, en el marco de sus atribuciones, deberá realizar un informe sobre la factibilidad para que los cursantes de los Centros de Formación Policial de Pre y Post Grado de la Universidad Policial ‘Mcal. (sic) Antonio José de Sucre’, egresen a la brevedad posible, para reforzar a incorporarse a los servicios policiales», reza el documento (el subrayado es de MV).
De alguna manera un poco forzada, dicha petición resuena con el despliegue de menores y novatos del ejército alemán cuando el gobierno nazi, próximo al colapso por el avance del Ejército Rojo, lanzó a la defensa de Berlín a niños y menores, por más que en esta oportunidad se trata de policías en proceso de especialización.
No es la caída de Berlín en el 45, pero todo pareciera ir apuntando al inicio de un ciclo aún menos predecible y volátil. Porque aquí no se detienen los problemas de la policía, a.k.a. la institución más desprestigiada del país. El miedo, la inseguridad y el temor a represalias en la calle medra en los barracones policiales. Muchos han hecho conciencia de lo que significó agredir a la whiphala (la emblemática bandera de los pueblos indígenas de América y la que oficialmente es la otra bandera de la nación boliviana).
La fuente enfatiza que «están siendo expuestos, están sobre-exponiéndose durante estos más de 20 días [de motín y represión], hay un malestar también generalizado debido a esta sobre-exposición». Bajar la wiphala del Comando General en La Paz «generó una gran reacción contra la policía que se ha convertido en una verdadera bandera de lucha de la población que vive en la parte occidental del país», la región andina, generando además «conflictos y controversias dentro del mando policial y el personal de suboficiales, sargentos y de tropa de la policía».
Ya es público, notorio y comunicacional que después de 23 muertos y cientos de detenidos, el régimen de Áñez firmó un Decreto Supremo (el DS 2082) autorizando la transferencia de 34,7 millones de bolivianos (4 millones de dólares, aproximadamente) señalando de forma escueta que están siendo «destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas», excluyendo el alcance que esa mezquina frase de legajo encierra. La fuente asegura que la función esencial del decreto es «para pagar los gastos de movilización, la logística y, lo que la policía sospecha, son gastos en lo que ellos llaman ‘bonos de lealtad’. Es decir, la policía está acusando a las FFAA de que el gobierno le estaría pagando un bono de lealtad para mantenerse en este despliegue represivo».
La policía ve este decreto como la confirmación de que el componente armado del Estado recibe un trato preferencial que no reciben los cuerpos policiales (ya no digamos el solo hecho de que para mantener a los soldados en la calle requiere de un incentivo de millones de bolivianos). Pero, además, junto al DS 2082, el gobierno de Áñez emitió otro decreto, cuatro días antes, en el que absuelve a los militares de «cualquier responsabilidad penal», tal como se refleja en el DS 4078.
«La policía hoy día está tremendamente preocupada por los resultados del despliegue represivo. Fundamentalmente por la cantidad de muertos, heridos y detenidos que están llevando adelante las agencias de inteligencia y seguridad de la propia policía. Esto está generando un temor en la policía de que la gente nuevamente retorne a incendiar las unidades policiales, a perseguir a policías que viven en la ciudad de El Alto o en áreas urbanas. Está creando un enorme temor y ya se siente dentro de la policía dudas razonables para salir a reprimir todos los días», acota la fuente, que ostenta claros conocimientos del mundo militar y de seguridad en su país.
Y en esta última afirmación, se hace indispensable retener un dato crucial para más adelante en esta nota: son las agencias de inteligencia, no tropa regular de la policía, la que está llevando a cabo la mayoría de detenciones, forzando al resto del cuerpo a sentirse comprometido por las acciones de sus servicios, sin necesidad de que la actuación específica de un grupo absuelva al otro.
Tanta oscuridad contrasta con el supuesto tono «conciliador» con el que el nuevo jefe de la Policía Nacional, coronel (ej.) Rodolfo Antonio Montero Torricos, trata de dirigirse a los movimientos sociales y los integrantes del MAS en todo el país. «Si yo tengo que doblegarme a cualquier persona de mi amada Bolivia y pedirle perdón si es que hemos ofendido a alguien, no tiene nada más que llamarme y yo voy a estar ahí. Quiero paz, queremos tranquilidad, ya no quiero más ofensas”, o «si hemos hecho algo, si hemos ofendido a la ciudad de El Alto, discúlpennos», como si se tratara de una riña comunitaria, y no de la «política de Estado» del régimen de Áñez.
Esas declaraciones las da el mismo día en el que el antiguo comandante general, Yuri Calderón, fuera relevado de sus funciones (14 de noviembre): el mismo día del decreto 4078 y de la circular de la Comandancia solicitando que fueran a la calle los estudiantes de la academia policial. Todo esto un día después de que el régimen de facto relevara a los mandos militares, todos cursantes de la Escuela de las Américas, así como los mandos policiales, con probados vínculos con el FBI y otras agencias federales estadounidenses, tal como lo reveló el investigador Jeb Sprague en The Grayzone.
Para agravar las capas del conflicto interno, «hay una disputa entre policías y militares respecto a quién le corresponde los más de 20 muertos que se han producido hasta el día de hoy. La policía acusa a las FFAA de haber utilizado sus armas letales, las FFAA acusan a la policía de usarlas ellos y por lo tanto hay un fuego cruzado de acusaciones entre ambas instituciones», alerta la fuente.
La DEA, narcoabogados, paracos y narcodelatores: ¿la arteria del golpe?
Volvamos al dato que en unos párrafos más arriba se dejó constancia: la (muy conflictuada) policía ejecuta represión, excesos y esquiva probables responsabilidades en el conteo de vidas sesgadas desde que el régimen instalado librara toda su carga contra la población movilizada contra el golpe. Pero las detenciones, donde se ha evidenciado nocturnidad, asaltos a domicilios, filas de detenidos y un amplio cúmulo de registro fotográfico y audiovisual que hace rimar lo que ocurre ahora con los terribles años de dictadura militar en los 70 y 80 del siglo pasado, que, de acuerdo a la fuente, han sido acciones de los servicios de inteligencia policiales.
Esto pareciera sugerir una estructura operativa paralela a la cadena de mando formal.
«Las operaciones policiales están desarrolladas por las agencias de inteligencia, en algunos casos están acompañadas de cuerpos no oficiales, de equipos no oficiales, es decir, que no forman parte de la estructura orgánica de la policía. Y, por lo tanto, esto nos hace presumir que está en desarrollo toda una estrategia de trabajo con el paramilitarismo», señala la voz informante.
Y ante lo descrito más arriba, tiene sentido que para evitar que las contradicciones y fisuras del cuerpo policial impacte en su eficacia, o, incluso, dadas las circunstancias dé un vuelco político perjudicial al régimen, las fuerzas del golpe necesiten de un órgano al servicio exclusivo de la razzia golpista que garantice resultados favorables (por su miopía y falta de talento político, Áñez es claramente una de las figuras-fachada, probablemente carente de incidencia concreta y real sobre la situación).
¿Pero cuáles actores sugieren formar parte de esta línea de acción (posiblemente) no declarada?
«Fundamentalmente en la parte del oriente, y específicamente en el caso de la ciudad de Santa Cruz, nos han informado que hay grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista y otros provienen de sectores que trabajan en la ilegalidad. Están acompañando el trabajo de la policía». Afirmación de la fuente que parece estar en consonancia con las imágenes que se vieron durante los días en los que se consuma el derrocamiento de Morales, cuando en redes sociales comenzaron a publicar videos en los que se veía a policías, militares y gente armada y con diversidad de uniformes, o de civiles pero con aprestos militares (chalecos antibalas, fusiles de asalto), luego de que el ejército atendiera al llamado de asistencia de la policía para contener las protestas: los «yijadistas» cochabambinos gritaban «¡Sin miedo!» entre otras consignas matonas, un probable lapsus público que destaca el temor que sentían cuando comenzó el contragolpe en la calle y no tenían el aplomo de enfrentarlo por sí mismos. La gavilla es un signo de los golpes neoliberales.
De confirmarse todo lo afirmado por la fuente, la especulación sobre un organigrama y una estratagema aún más oscura que el propio proceso que le dio inicio al cambio de régimen en Bolivia comienza a hacerse patente, uno que avanza y actúa detrás de la operación de relaciones públicas con el que se arma la fachada de «gobierno», una combinación de figuras oportunistas o inoperantes (¿la propia Áñez?) con otros que, en áreas estratégicas, sean efectivamente los encargados de conducir la agenda hasta su concreción, por lo visto, cueste lo que cueste.
Pero lo descrito hasta ahora, luego de un intento de homogeneidad tratado de transmitir, acrobáticamente encajado en medios bolivianos e internacionales, en realidad se trata de una facción que trata de reaccionar rápidamente contra las fisuras generales, que, por supuesto, no solo se atestiguan en lo contado hasta ahora por la fuente a Misión Verdad, sino a otros errores de cálculo que solo por eso pareciera acentuar aún más el papel de los Estados Unidos en el proceso antes, durante y después del golpe.
Por ejemplo, «el Ministro de la Presidencia (Jerjes Justiniano) ha desarrollado intensa actividad en su bufet defendiendo a narcotraficantes, y es uno de los hombres más fuertes, políticamente hablando, de Luis Fernando Camacho». Narcotráfico y secesionismo ultra cruceño, algo que ya traza a la vez un signo de la composición del gabinete del régimen y una de las fuerzas «superiores» a la estructura de gobierno que lo conduce.
Por otro lado, queda claro que la repentina disminución del foco sobre Luis Fernando Camacho no lo aleja ni lo exime de esta fase del golpe. «Hay una penetración de equipos informales, ilegales, que están operando en los servicios de inteligencia apoyados políticamente por tanto Luis Fernando Camacho, como por el propio Ministro de la Presidencia».
El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha dispuesto un «aparato especial de la Fiscalía» para detener a los senadores del MAS. En declaraciones dadas el 18 de noviembre, Murillo desarrolla que para capturar a las figuras políticas del MAS (etiqueta que se empleará contra todas las formas que el régimen considere oposición al golpe) se están empleando además de los servicios de la policía y el ejército, «sistemas de emergencia que hemos armado los días anteriores, privados que están trabajando conmigo y sistemas de inteligencia de la zona», por lo que la factibilidad de una estructura paralela, o paraestatal, ejecuta, suministra y colabora con acciones muy específicas dentro del golpe.
«No hay que olvidar que el actual Ministro de Gobierno es un soplón de la DEA. De hecho, su patrimonio se ha construido sobre la base de transferir información sobre actividades de narcotráfico en el Chapare, y la DEA lo convirtió en uno de los soplones más importantes de la región. Consecuentemente, lo financió en sus actividades privadas, que básicamente eran actividades de fachada», dijo la fuente. «Eso explica la ferocidad, la brutalidad con la que se refiere a funcionarios públicos, el lenguaje que utiliza para proferir amenazas e insultos, y los adjetivos que utiliza como si este tipo estuviera en un safari en el África».
No es entonces de extrañar que sea en voz de Murillo que se revele el rostro más violento del golpe desde las instituciones. El lenguaje que emplea, su perfil, el afán con el que enfatiza el «papel» que están jugando Venezuela, Cuba, Rusia y hasta las FARC en «la sedición» contra el golpe. Murillo ha detenido médicos cubanos, ciudadanos venezolanos a los que los acusa de tener uniformes de la policía venezolana y carnets del PSUV, así como es difícil divorciarlo de las acciones que en paralelo ejecuta la ministra de Comunicación, hostigando y acusando a la cobertura internacional (y no precisamente de medios castrochavistas) también de sedición, acusación que por supuesto alcanza a los medios rusos dentro del «plan macabro» que inserta a la lucha contra el golpe dentro de las «brisas bolivarianas» que ya «denunciaron» Luis Almagro, Lenín Moreno, Iván Duque y varios funcionarios del gobierno chileno de ser los responsables de la inestabilidad en sus respectivos escenarios.
«Esa es la naturaleza [de Murillo], está entrenado por la DEA, justamente para hacer el papel que está haciendo en este momento, y este es un tipo que no tiene ningún escrúpulo para participar con equipos extralegales. Por supuesto, está abriendo las puertas de par en par para la incursión informal de la DEA. En este momento y en el futuro, su papel será el de legitimar la presencia de la DEA ante un escenario de aparente desborde del narcotráfico, del terrorismo, de ‘las fuerzas violentas de las FARC’, etcétera, etcétera. Este es un personaje que seguramente va a construir la narrativa para facilitar el reingreso de la DEA, de la CIA o de otras agencias norteamericanas» al país.
Ser narcodelator al servicio de la DEA (expulsada de Bolivia por el presidente Evo Morales en 2008) podrá otorgarle a Murillo varios privilegios de línea directa con esa agencia (o la CIA, puesto que en estos asuntos no existe, en realidad, un límite claro sobre dónde empieza operando una y dónde termina la otra), pero también, dado en el terreno que juega, los mismos gringos pueden tener archivos y expedientes que hacen a estos personeros vulnerables o hasta extraditables de voltearse la tortilla en su contra. Lo mismo se puede decir de las conexiones que también alcanzan a Áñez y su entorno familiar, tan lejos de dios y tan cerca del uribismo en Colombia. Esto, también, pareciera destacar el patrón común de líderes vulnerables judicialmente que alcanzan el poder. Confirmando otro elemento que se ha hecho hábito en los grupos de poder que le interesan a los Estados Unidos que lleguen a los distintos gobiernos de la región. Gente con el agua penal al cuello.
Pasan los días y cada paso pareciera ser más agónico para el régimen de Áñez en su periplo por consolidar un gobierno que ya se otorga más atributos que uno de transición. Naturalmente, todo ese juego con las formas legales y políticas es el intento de fachada pública que manipula sobre el vaciado de sustancia política de los reglamentos que rigen al Estado que apenas conquistan. Otro elemento más que certifica indirectamente la presencia de los Estados Unidos es la mediocridad de cálculo con la que se tomó en cuenta desalojar a Evo y el «después vemos» con el resto del Estado, la sociedad que se opone al golpe o silenciosamente no lo avala, el país en particular y la región en general que se vio a lo largo de 2019 con el caso venezolano: solo se consideraba un elemento que supuestamente desencadenaría todo para facilitar el ascenso de Juan Guaidó.
Más cruento y menos tragicómico es el caso boliviano, donde el MAS sigue controlando los dos tercios de las dos cámaras del poder legislativo, el poder encargado en designar al nuevo Tribunal Electoral que llame a elecciones (por ley, la presidencia no puede hacerlo), por lo que ya hay peticiones de que «las fuerzas vivas» del golpe armen algún ornitorrinco jurisprudencial de última hora que baipasee al Senado y al Congreso, puesto que el régimen necesita la exclusión y proscripción del MAS, forzando a trabajar a las dos instituciones armadas y de seguridad del país mientras intenta omitir el contexto conflictivo que desde hace tiempo está presente entre ambas fuerzas, el mismo que desestimando la fuerza de calle ahora se ve obligado a emplear cuerpos irregulares y monta en la autopista de la impunidad el desempeño de las operaciones represivas (al menos de la institución castrense), y ahora, a pesar del inmenso apoyo nacional e internacional de medios para normalizar el relato de cara al público, comienzan a filtrarse informaciones sobre el conflicto interno del propio régimen golpista, como la información que llegó a la redacción de este medio.
Lo revelado hasta ahora a Misión Verdad no debe tomarse como un signo esperanzador que automáticamente se inserte en el tono celebrador con el que (naturalmente) se espera cualquier señal de progreso del contragolpe sobre las líneas ya conocidas en Venezuela en 2002; la historia es opaca, y obedece al cauce contextual donde se desarrolla.
Todo esto pareciera, por otro lado, certificar que el relato del golpe no está cerrado, que la situación permanece abierta y que el flamante (¿narco?)régimen representado por Jeanine Áñez no la tiene todas consigo. Esta otra versión muestra que las fisuras dentro de las FFAA y la policía son mayúsculas y están dando en el centro del funcionamiento de las operaciones represivas. Y confirma de forma aún más dramática que la batalla más grande que se está dando es por la propia alma de Bolivia.
*Misión Verdad
Evo Morales denuncia cerco militar a plaza en La Paz/ Policía reprime con gas a indígenas en el centro de La Paz/ Resistencia en el Alto
Resumen Latinoamericano, 19 noviembre 2019.
Evo Morales, desde su asilo en México, denunció hoy que la Plaza Murillo en el centro de La Paz, se encuentra cercada por tanquetas militares.
‘Denunciamos ante la comunidad internacional que al viejo estilo de las dictaduras, la Plaza Murillo se encuentra cercada de tanquetas militares’, escribió en su cuenta en Twitter.
Añadió que ‘el gobierno golpista de Mesa, Camacho y Áñez tiene un plan para cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional. #GolpeDeEstadoEnBolivia.’
Tras la asonada golpista contra Evo Morales el pasado 10 de noviembre, diversos sectores fundamentalmente campesinos, indígenas, docentes y mujeres, iniciaron intensas jornadas de movilizaciones para exigir la renuncia del gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez.
Bloqueos de carreteras, vigilias, marchas y cabildos son algunas de las formas de protestas, varias de ellas reprimidas por el ejército y la policía.
La autoproclamada mandataria firmó un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares desplegados contra las movilizaciones.
‘El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad’, señala.
La orden fue promulgada el viernes, el mismo día en que al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de uniformados en un enfrentamiento en una zona cocalera cercana a la ciudad de Cochabamba.
Asimismo, según la agencia de noticias Fides, ante la salida de carros con GLP y cisternas con combustible, de la planta de Senkata en la ciudad de El Alto, rumbo a La Paz, manifestantes intentaron oponerse, pero fueron dispersados por la Policía que utilizó agentes químicos.
Policía reprime con gas a indígenas en el centro de La Paz
Un grupo del movimiento de campesinos e indígenas que se encontraban realizando una vigilia en los alrededores de la Plaza Murillo, ubicada en el centro de La Paz, fueron reprimidos con gas lacrimógeno por un contingente de policías en horas de la noche de este lunes.
De acuerdo con los reportes del lugar aproximadamente a las 11H30 (hora local) un grupo de policía, afines al gobierno de facto de la senadora Jeanine Áñez, gasificaron a los hombres, mujeres e indígenas de avanzada edad que estaban en el lugar y que venían de distintas provincias.
Un comerciante de la calle Comercio comentó que «muchos de los gasificados eran de la tercera edad. Habían ancianas que ya estaban durmiendo en el momento que se dio la gasificación».
La calle Comercio y Genaro Sanjinés, fue uno de los puntos donde el lunes 18 de lunes se estaba realizando una vigilia de los campesinos e indígenas quienes exigen la renuncia de la autoproclamada senadora Jeanine Áñez y la recuperación de la institucionalidad en el país, pero luego de la arremetida del contingente policial solo quedo varios cartones que servían como cama, junto a wiphala y otros elementos.
#GolpeDeEstadoBolivia | Policías atacaron con gas en la plaza Murillo de La Paz la noche del lunes, a la marcha pacífica proveniente desde diferentes provincias del país >> http://bit.ly/teleSUR
El alto resiste están muy bien parapetados en senkata una refinería que abastece de gas domiciliario y gasolina a la paz, han cavado trincheras y se teme que si el ejército hace uso de fusiles la refineria explote.
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Ministra de Salud denuncia detalles de golpe de Estado
Resumen Latinoamericano*, 19 noviembre 2019.-
La titular del Ministerio de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, denunció los pormenores del golpe de Estado contra el mandatario boliviano, Evo Morales, y el sicariato cometido contra dirigentes del Movimiento al Socialismo, (MAS), actos oficializados por la oposición de derecha del país suramericano el pasado domingo 10 de noviembre.
“Son acciones de sicariato fuera de los cánones democráticos”, aseveró la ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño.
Montaño destacó en entrevista exclusiva para el medio de comunicación con sede en Irán, HispanTV, que este proceso de derrocamiento contra Morales se gestó desde las entrañas de la Policía Nacional de Bolivia, con el apoyo de un importante grupo de miembros de las Fuerzas Armadas Bolivianas.
En este sentido, la ministra boliviana detalló que el pueblo boliviano quedó desamparado ante esta sublevación parcial de los cuerpos de seguridad del Estado, en un complot para apoya a la derecha, quienes tenían el control de este golpe de Estado.
De acuerdo con las declaraciones de esta funcionaria del Gobierno boliviano, antes de la publicación de la misiva coaccionada de renuncia del presidente Evo Morales, dirigentes golpistas de la oposición de ese país, irrumpieron para amenazar e intentar disuadir a miembros del MAS para que en una acto de traición testificaran contra el primer mandatario indígena.
Asimismo, Montaño reveló que las fuerzas de seguridad del Estado comandadas por Evo Morales jamás fueron contra el pueblo, a diferencia de las acciones violentas ejercidas por el actual Gobierno de facto.
*telesur
Responsabilizan a EE.UU. de financiar golpe de Estado
Resumen Latinoamericano*, 19 noviembre 2019.
Diversas voces responsabilizan hoy a Estados Unidos de orquestar y financiar con pagos a militares y policías, del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia.
El propio Evo, desde su asilo en México no solo señala al gobierno de ese país, sino a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la embajada estadounidense en La Paz, y sectores reaccionarios de la derecha boliviana como conductores de la asonada golpista.
‘La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos y menos de los movimientos sociales, está al servicio del imperio norteamericano’, dijo Morales en su primera rueda de prensa al llegar a México.
Asimismo, el líder indígena detalló en una entrevista al diario La Jornada que la embajada de Estados Unidos urdió el golpe y provocó el derramamiento de sangre.
Todo empezó con las discusiones para modificar la constitución para una nueva reelección con lo que él no estaba de acuerdo, tras lo cual empezó una guerra sucia con base en la mentira, la encabezó la embajada de Estados Unidos, aseguró.
En ese encadenamiento de hechos, diversas fuentes aseguran que el general Williams Kaliman quien presionó a Evo Morales a renunciar a la presidencia el pasado 10 de noviembre, fue remunerado por Estados Unidos con un millón de dólares.
Kaliman recibió ese monto de manos de Bruce Williamson, encargado de negocios de la embajada estadounidense, mientras otros generales recibieron la misma cantidad y varios jefes de policía fueron pagados con 500 mil cada uno.
Tras la autoproclamación de Jeanine Añez como presidenta interina, Kaliman fue inmediatamente reemplazado y enseguida huyó a Estados Unidos para resguardarse ante una posible investigación inmediata.
Kaliman asumió el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia el 24 de diciembre de 2018, previamente había estado al mando del Ejército.
Central Obrera Boliviana inconforme, urge a elecciones presidenciales
(Prensa Latina) El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, urgió a las autoridades del Gobierno de facto a convocar nuevas elecciones para pacificar el país, sumergido hoy en una crisis institucional y política.
Huarachi exigió también la derogación del Decreto Supremo 4078 y entablar una mesa de diálogo con todos los sectores sociales en conflicto.
La COB cuestionó la aplicación de ese decreto porque, según plantea, da vía libre a los militares para reprimir con armas de fuego las movilizaciones de la población sin que tengan responsabilidad penal.
‘Como entidad matriz, muy preocupados de este Decreto 4078. Pedimos la abrogación inmediata y que se entable, de una vez, el diálogo con los sectores en conflicto’, subrayó el líder de la COB, organización que previo al golpe de Estado del 10 de noviembre pidió la renuncia del presidente Evo Morales.
El actual ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, defendió el polémico decreto, el cual ‘simplemente autoriza a las Fuerzas Armadas, para que de manera conjunta con la Policía Nacional puedan actuar en cumplimiento y en resguardo de la seguridad de todos los bolivianos’.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave la norma y aseguró que la misma desconoce los estándares internacionales en ese ámbito.
Entretanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, desplazó una ‘misión técnica’ para recabar información en Bolivia, en medio de una escalada represiva contra las movilizaciones que solo el viernes cobró la vida de nueve campesinos en la ciudad de Cochabamba. Mientras, el golpista Luis Fernando Camacho emplazó al Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez a renovar la estructura de instituciones electorales hasta el próximo jueves y convocar a nuevas elecciones generales a celebrarse antes del 19 de enero.
Camacho, uno de los principales instigadores de la violencia y el golpe de Estado contra Morales, lanzó en las redes sociales un ultimátum a las autoridades actuantes ‘para que podamos tener un Tribunal Supremo Electoral’.
Algunos observadores opinan aquí que, al parecer, comenzaron a surgir divergencias entre los diferentes actores políticos sobre la cuestión del poder.
La CIDH cifra en más de una veintena de muertos, cerca de 700 heridos y centenares de detenidos el saldo que hasta el momento deja la convulsión social que vive Bolivia.
En medio de fuerte represión, ONU despliega misión técnica en Bolivia
(Prensa Latina) En medio de una fuerte represión contra protestas populares que exigen el fin de la violencia y rechazan el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, se despliega hoy una misión técnica de la ONU en Bolivia.
Un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU desarrolla una misión técnica para recabar información sobre el estado de las garantías fundamentales en ese país y esclarecer los hechos de violencia, denuncias de asesinatos por parte de las fuerzas militares y otras violaciones.
De hecho, ya se han producido reuniones con actores nacionales bolivianos, según indicó la Oficina Regional para América del Sur de esa instancia de Naciones Unidas.
Por su parte, el enviado personal del secretario general de la ONU, Jean Arnault, se encuentra en Bolivia para participar en una iniciativa de diálogo en aras de calmar la actual crisis y llevar paz a ese país.
Así indicó el vocero del máximo representantes de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, y dijo que Arnault asistió a un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal para el Diálogo y la Unión Europea, con diferentes sectores de la sociedad.
El enviado personal de Guterres es el encargado de participar en nombre de la ONU en este proceso que debe definir los acuerdos para la convocatoria de nuevas elecciones generales.
Pero la situación en Bolivia continúa fuera de control, luego del golpe de Estado contra Evo Morales, quien debió asilarse en México para proteger su vida ante las amenazas.
El Gobierno de facto en esa nación, encabezado por la autoproclamada presidente Jeanine Añuez, ha desatado una violenta represión, al extremo de emitir un decreto que exime a los militares de responsabilidad penal en el control de las manifestaciones populares.
La medida se une a la erogación de fondos millonarios para la compra de equipamiento adicional para las Fuerzas Armadas, así como la creación de un organismo especial a cargo de detener a aquellos legisladores afines al Movimiento al Socialismo que cometan presuntos actos subversivos y sedición.
En lugar de pacificación, ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado, apuntó Morales por medio de su cuenta en Twitter.
Después de masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un Estado de sitio. Sería la confirmación de que, pidiendo democracia, instalaron una dictadura, subrayó.
Este fin de semana, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reportó denuncias de muertes de manifestantes que habrían sido causadas por las fuerzas públicas y urgió a las autoridades de Bolivia a garantizar la seguridad y el derecho a la vida de las personas que protestan.
Según dijo por medio de un comunicado, teme que la situación en esa nación pueda empeorar y recrudecerse la violencia y represión.
Denuncia embajador venezolano en Cuba injerencia de EE.UU. en Bolivia
(Prensa Latina) El embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez, denunció las pretensiones de Estados Unidos de reimplantar las políticas neoliberales en el continente, utilizando a las oligarquías tuteladas de la región.
En un artículo que publica hoy el portal de noticias Cubadebate, el diplomático afirmó que los grandes avances populares y económicos experimentados por Bolivia en la última década bajo la dirección de Evo Morales motivaron el golpe de estado que sufre esa nación.
Así ha ocurrido históricamente: allí donde los pueblos comienzan a forjar su soberanía, el imperialismo interviene para proteger sus intereses, plasmó Chávez, y puso los ejemplos de Brasil, Chile y Argentina, donde la burguesía del continente logró frenar el impulso de procesos revolucionarios y democráticos.
Explicó, asimismo, que en la nación del altiplano se produjeron grandes cambios en favor de los más necesitados, de la población indígena, trabajadores y campesinos.
La democracia participativa, el reconocimiento y protagonismo de los pueblos originarios, las luchas contra la discriminación de género, la reivindicación de los movimientos sociales, son importantes victorias que Bolivia ha logrado en estos años de construcción del Estado Plurinacional, apuntó.
De igual forma, el crecimiento económico experimentado durante los años de gobierno progresista, son un ejemplo de los grandes logros en 14 años de gestión progresista, que los grandes medios internacionales han querido ocultar.
La recuperación por parte del Estado de grandes empresas estratégicas como la de hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones, permitió disponer de los recursos para invertirlos en salud y educación, disminuyendo significativamente los niveles de pobreza, dijo.
Recordó que desde el mismo inicio del proyecto de liberación indigenista en Bolivia, la oligarquía nacional y Estados Unidos, temerosos de perder sus privilegios en una nación con abundantes recursos mineros, conspiró para derrocar a Evo Morales.
Señaló que el pueblo boliviano hoy toma las calles de La Paz, como un solo puño, que trae a la memoria la avalancha de pueblo que salió a rescatar el hilo constitucional en Caracas, el 13 de abril de 2002.
Salieron a defender la revolución indigenista, el Estado Plurinacional, los logros, y a condenar el fascismo desatado por los militares del gobierno de facto; salieron, valientemente, a la reconquista de sus sueños de independencia, aseveró.
Militares y Policías en Bolivia: Rencor histórico en las entrañas del aparato político fascista
Por Ernesto Eterno, Resumen Latinoamericano, 19 noviembre 2019
Bolivia vive un momento más de desgarramiento social y político en su larga historia de inestabilidad y golpismo cívico-policial-militar. Lo que le ocurre, más allá de la tragedia que vive este pueblo heroico, tiene demasiadas paradojas como para dejarlas pasar por alto. La primera de ellas es la hasta ahora incomprensible aventura destructiva de un país que enfilaba al siglo XXI por la ruta inédita de ser ella misma. Nunca como ahora el país había logrado lo que muchos otros envidian para sí mismos: crecimiento económico sostenido, estabilidad política, unidad nacional en construcción e inserción internacional respetable, amén de los logros sociales y la derrota secular de las dos maldiciones del subdesarrollo: extrema pobreza y analfabetismo.
La segunda paradoja es sostener que hubo sucesión constitucional cuando en realidad de lo que ocurrió fue un asalto planificado al poder. Desde la realización de cabildos sucesivos en el país como simulación democrática hasta el motín policial lo que hubo fue un manejo del tablero político arteramente orquestado, desde tiempo atrás,en las entrañas del imperio con la complicidad de las élites regionales racistas que se enfundan en una religiosidad casi macabra. Yanine Añez, autodenominada “Presidenta Constitucional”, explica una ascensión ilegal e ilegítima al poder que no es más que el corolario del diseño golpista tejido finamente durante los últimos 3 o 4 años. Este remate fascista estuvo precedido por un conjunto de operaciones encubiertas que se desplegaron sistemáticamente y que los órganos de inteligencia fueron incapaces de advertir o que los encubrieron.
La terceraparadoja es el penoso papel de los medios de comunicación que cuando se les antoja se llaman democráticos, transparentes e independientes. Hoy, apenas son un manojo inescrupuloso y ruin de información sesgada o para decirlo brevemente constituyen una maquinaria de manipulación vergonzosa al servicio de los intereses empresariales monopólicos. Junto a la planoplia de la mentira sistemática, dirigida desde la diplomacia pública norteamericana, las redes sociales cumplieron el perverso papel de filtrar desproporcionadamente, en contenido como en alcance, sólo la supuesta “maldad masista, incluido el fraude descomunal”, encubriendo al mismo tiempo la brutalidad y la violencia del paramilitarismo comiteísta cruceño, de las bandas armadas cochalas o del sicariato paceño.
La cuarta paradoja tiene que ver con el papel de la estructura monopólica de la violencia legítima destinada a proteger el Estado y al ciudadano cuando en la realidad lo que ahora produce es violencia, muerte y terror estatal para sostener un régimen ilegítimo contra la voluntad popular mayoritaria. Nunca como ahora policías y militares enfundados en la supuesta defensa de la democracia y el control de la protesta callejera llevaron tan lejos sus armas represivas comandados desde “cuartos de guerra”.
Cobijados por el nuevo régimen violento militares y policías conviven hermanados por la sangre y el luto de decenas de bolivianos en medio de sus odios ancestrales con un mando político transitorio que ignora su controversial pasado.
¿ Cómo entender que militares y policías, cuyo rencor recíproco a lo largo de más de un siglo, que marcó a fuego sus distantes historias institucionales, soporten hoy la estructura gelatinosa de un régimen que solo ha producido muertos y heridos?
Más allá del surrealismo que nos envuelve, policías y militares libran en medio del golpe de Estado una guerra silenciosa que no parece cesar a pesar de la cantidad de muertos que lleva el sello de sus armas letales. El encono que envuelve a ambas instituciones cuya historia no termina de despejarse en el siglo XXI tiende a constituirse en el límitereal del régimen golpista.
Los síntomas del encono empiezan a salir a flote en medio de las turbulentas manifestaciones sociales. Ambos frentes represivos se acusan mutuamente de haber disparado contra civiles indefensos responsabilizándose en medio de la convulsión social. Policías acusando a militares y militares acusando a policías es una constante que tiende a profundizarse a medida que pasan las horas.
El tragicómico papel de la Fiscalía General del Estado apareciendo en escena tratando de calmar el pánico corporativo con el argumento de que las muertes se produjeron por “armas largas” es ya un síntoma de la crisis que se anuncia irreversible. Por su parte, para evitar más conflicto entre ambos y para distraer la atención de la opinión pública el sector radical del gobierno, asesorado por agencias norteamericanas, apela al fácil expediente de culpar a extranjeros armados como las FARC, cubanos, colombianos y venezolanos, por las muertes que dejan a su paso las fuerzas represivas oficiales.
La disputa perenne por preservar la cercanía al poder político desde ambas instituciones empieza a producir sus propios cismas internos con las consecuencias de una posible debacle del gobierno golpista y fascista sustentado en el poder de las bayonetas, los gases y el plomo.
Los militares por dentro
Después de 16 años de haber ejecutado una de las mayores masacres sangrientas contra el pueblo de El Alto que supuso sanciones penales y encarcelamiento para los mandos de la época, las FFAA retornaron a las calles vestidos con su inconfundible kaki norteamericano con la misión de enfrentar la escalada de conflictos sociales en todo el país. El domingo 10 de noviembre, el Comandante en Jefe de las FFAA, Gral. EjtoKalimán, aparentemente desconcertado y con voz trémula dispuso la salida de las FFAA a las calles cuyo resultado trágico hasta hoy supera los 20 muertos. La mitad de las víctimas, mayoritariamente jóvenes, corresponde a la “Masacre de Sacaba” del último fin de semana. Nada hace prever que esta decisión conduzca a Kalimány sus comandantes sayonesal mismo lugar donde cumplen sentencia sus antecesores responsables de la masacre sangrienta de El Alto en octubre del 2003.
La decisión de Kalimán que contrastó radicalmente con la del presidente Morales constituye una de las expresiones mayúsculas del fracaso educativo y pedagógico de las FFAA en situaciones de crisis política. Evo Morales renunció precisamente para evitar muertes innecesarias a contrapelo de Kalimán que dispuso la salida de los militares con las consecuencias conocidas.¿Quién le impuso a Kalimán la orden para la salida de los soldados a la calle? ¿Qué motivó que esta decisión sea modificada 24 horas después, cuando le comprometió a su Capitán General que no movería ninguna unidad militar pretextando falta de equipo, munición y agentes químicos?
La autonomía política del GralKalimán en el momento de mayor crisis social y política que precipita el golpe definitivo retrata de alguna manera no solo el fracaso del mando político sobre la milicia sino la incomprensión de sus ethos profesional, su cultura e ideología corporativa conservadora, pragmática, oportunista e inmediatista. Ni siquiera el funcionamiento autista de la Escuela Antiimperialista sirvió para moderar la decisión de Kalimán en circunstancias que requerían un mínimo de fidelidad estatal.
El Alto Mando jugó su carta más crítica apoyado en conversaciones previas con Luis Fernando Camacho y funcionarios de la embajada de los EEUU. No hay que olvidar que Kalimán fue agregado militar en Washington durante un par de años y que una parte de su familia permanecía en los EEUU.
Actualmente, el personal militar que ocupa la cadena de mandos medios se encuentra en el dilema de salir a las calles para seguir reprimiendo a la gente o mantenerse en sus cuarteles debido a las funestas consecuencias derivadas de su intervención callejera. Pero la duda más fuerte surge de la responsabilidad militar o policial una vez retorne la calma al país. Muchos de los oficiales consideran que la Policía echará bajo los hombros de las FFAA toda la responsabilidad de los muertos y heridos puesto que solo ellos usan armas de grueso calibre. El cálculo postconflicto está empezando a minar la confianza de las bases en sus mandos a los que consideran irresponsables e inoportunos.
La valoración sobre la gestión de Evo Morales recorre los pasillos de los cuarteles. Sostienen que Evo los mantuvo fuera de todo conflicto social durante 13 años,situación que permitió que se incrementara su legitimidad institucional ante la opinión pública frente al descrédito de la Policía por sus evidentes actos de corrupción e indisciplina. Los oficiales admiten que su nivel salarial y su calidad de vida cambió sustantivamente con el “proceso de cambio” al mismo tiempo que su incursión en tareas sociales permitió ser considerados por el gobierno como“soldados de la patria”. El pago del bono “Juancito Pinto” o de la “Renta Dignidad” o su papel en la gestión de los desastres naturales encomendada a las FFAA permitió un acercamiento sensible a la sociedad. Además de lo anterior la valoración acerca del incremento del presupuesto de defensa, compra de activos y mejoramiento de la calidad de vida del soldado forma parte de sumemoria inmediata.
Empero hoy, y a menos de una semana, un régimen de facto, comandado por un grupo político radical y dirigentes religiosos fanáticos está conduciendo a las FFAA a enfrentar el desprecio mayúsculo de la sociedad y la condena internacional cuyos efectos difícilmente será superados en las próximas décadas.
Al grito colectivo de ¡militares asesinos¡en las calles los mandos medios temen sufrir consecuencias como las siguientes: 1) deserción de soldados en medio del conflicto, lo que significa una derrota moral sin precedentes, 2) Pérdida de poder en espacios que Evo Morales había logrado construir para garantizar su fidelidad como es el caso de la Seguridad Presidencial (USDE), acceso a cargos públicos de alto nivel (gerentes de empresas estatales) e inclusive a cargos diplomáticos, 3) Desprestigio institucional que derivaría en la disminución dramática de conscriptos para el servicio militar obligatorio que en realidad es la que justifica su existencia institucional, 4) Repudio popular permanente en las calles, 5) Procesos penales.
La desazón militar frente a los acontecimientos y el elevado número de víctimas fatales producto de la represión está conduciendo al cuestionamiento de sus altos mandos y a un nivel de desconfianza interna sin precedentes. En un radiograma enviado a las unidades militares de la 8va División del Ejército desde el Comando en Jefe de las FFAA del 14 de noviembre del 2019 se dispone que el cuerpo de oficiales “vigile la conducta de los cadetes, alumnos y soldados originarios de la región del Chapare dentro de todas las actividades que se desarrollen en las unidades”. Disposición de esta naturaleza solo expresa un temor casi visceral sobre sus propios soldados ratificando una vez más su condición de fuerzacivilizatoria y de ocupación colonial.
Este radiograma expresa el miedo atroz al mundo indígena pero a su vez el desprecio y la desconfianza que le genera su presencia en las FFAA. Una verdadera aberración cultural y corporativa después de más de 35 años de democracia y 13 años de una aparente inclusión indígena en las FFAA. Este es el mejor ejemplo del fracaso de la presunta democratización militar y de la convivencia plurinacional e intercultural en el mundo uniformado.
Muchos oficiales sensibles al conflicto histórico con la Policía cuestionan la decisión desacertada e inoportuna de Kaliman porque habría “salvado” a la Policía en un momento clave de su crisis operativa. La quema de la whipalapor efectivos de la Policía y el retiro de ese símbolo de su uniforme produjo un profundo malestar social que motivó ataques contrasus instalaciones obligándolas a clamar apoyo militar para ser salvados de la ira popular. El agravio contra la bandera reconocida constitucionalmente produjo un quiebre entre Policía y población rural e indígena.
Lo cierto es que el odio proverbial entre militares y policías no deja de fluir en medio de un golpe grotesco que se sostiene en el uso irracional de la fuerza y en la conducta racista del gobierno que tiene mucho parecido a las añejas dictaduras militares guiadas por consignas ultramontanas extranjeras.
El golpe de Estado contra el proceso democrático liderado por Evo Morales tiene el sello inconfundible de las FFAA como actor protagónico aunque fue la Policía Nacional quien encabezó el golpe desde la ciudad de Cochabamba el día viernes 8 de noviembre. Al parecer, el domingo 10 de noviembre del 2019 pasará a la historia como uno de esos días tragicómicos en el que un general mediocre y oportunista como Kalimán, con un Estado Mayor pusilánime y envilecido, decidieron resignarse a servir los intereses de una Policía éticamente descompuesta, moralmente destruida y patéticamente circense que usó la biblia como escudo religioso para legitimar su sobrevivencia.
Algunos sectores de las FFAA consideraban que el asedio popular contra la Policía constituía el mejor momento para saldar cuentas por los hechos ocurridos en febrero del 2003. En aquella ocasión policías francotiradores, entrenados por los EEUU, asesinaron cobardemente a varios soldados del Regimiento Escolta Presidencial cuando una muchedumbre pretendía ingresar al Palacio de Gobierno en reacción a una medida económica antipopular. Según muchos oficiales, Kalimánse convirtió en un héroe proverbialde las vergonzosas jornadas golpistas policiales, un hecho jamás imaginado por las FFAA.
Triste papel político el de los militares que tuvieron que salvarle la vida a su histórico enemigo acérrimo cuando éste estaba al límite de su colapso represivo. El Comandante Departamental de la Policía de La Paz imploraba con lágrimas en los ojos ayuda a las FFAA para sostener el asedio de los movimientos sociales que pugnaban por la destitución de la presidenta autonombrada.
El apoyo militar a una policía languideciente en un escenario de disputa política fue un episodio excepcional. En 1952 el Ejército había sido derrotado por el movimiento obrero que dio lugar a que la Policía se montara en la espuma revolucionaria para vengarse del mal trato que los militares otorgaban a los carabineros de la época.
Normalmente la Policía Nacional se alineaba a los golpes militares en condición de furgón de cola y con el rabo entre las piernas en procura de lograr algún festín burocrático. El 10 de noviembre ocurrió todo lo contrario.
La Policía por dentro
El golpe de Estado promovido por las fuerzas policiales desde la ciudad de Cochabamba contra el gobierno de Evo Morales era un secreto a voces que fue maliciosamente ignorado por el Ministro de Gobierno, hábilmente manejado por el Comandante General de la Policía y eficientemente articulado por las fuerzas opositoras de derecha que sabían desde años previos que la Policía Nacional constituía un aliado formidable para sus planes desestabilizadores. La oposición, asesorada por agentes externos, hizo trabajo de relojería dentro de la Policía mientras el gobierno las ignoraba o solamente apelaba a ellas en casos de conflictividad social
No cabe duda que en la cadena geográfica de control y mando de la estructura policial el departamento de Santa Cruz y en particular la ciudad de Santa Cruz constituía el eslabón más débil en el que se construyó una suerte de pacto de complicidad entre Ministerio de Gobierno y fuerzas policiales comandadas por mandos vinculados a la constelación delictiva regional. Paradójicamente, el lugar en el que el delito había adquirido dimensiones transnacionales y transfronterizas era precisamente en el que se construyó una arquitectura de regulación policial del delito como en el caso de la cárcel de Palmasola. De igual manera, esta red de complicidad político-policial alcanzaba a circuitos mafiosos del narcotráfico,tráfico de armas, casas de juego o tráfico de tierras en favor de extranjeros cuyo funcionamiento era operado por policías patrocinados políticamente.
Santa Cruz constituía una suerte de territorio autónomo policial que fue hábilmente usado por las fuerzas de oposición que vieron en sus márgenes de autonomía estatal las mejores condiciones para la conspiración sediciosa armada.
Durante los 13 años del gobierno de Evo Morales no se tuvo la capacidad de generar una política de institucionalización, modernización ni disciplinamiento profesional de las fuerzas policiales. Contrariamente, los mandos policiales, favorecidos por las rotaciones continuas, se beneficiaron de privilegios inimaginables a lo que se sumó una cultura de corrupción escandalosa, torpe o deliberadamente desatendida.
Solo al final del mandato de Morales la Policía fue beneficiada por un moderno sistema de control territorial en el marco de la seguridad ciudadana denominada BOL 110 que en buenas cuentas sólo incrementaba la capacidad de producción de información para fines informales. El soporte tecnológico sirvió como una concesión graciosa y electoralista que la Policía lo recibió sin el entusiasmo esperado.
La relación entre gobierno y policía en más de una década adoleció de fallas estructurales pero la peor de ellas fue encomendar a un funcionario de alto nivel una responsabilidad central cuando sus prioridades fueron conducir equipos de fútbol.
Morales enfrentó varios episodios de insubordinación, motines y sedición policial que fueron aplacados después de negociaciones complejas pero que nunca lograron resolverse de manera estructural. Las raíces del descontento policial fueron retroalimentadasinternamente manteniéndoseeste clima invariable y acumulativo a lo largo del tiempo. Simultáneamente, las descomunales prácticas de corrupción policial no recibieron el tratamiento adecuado ni proporcional desde el gobierno.
Los privilegios policiales, las prácticas de corrupción así como los amplios márgenes delictivos de naturaleza corporativa solo operaban y funcionaban en los niveles de mando dejando a los subalternos apenas las migajas o “mordidas”, situación que potenció el malestar policial subalterno cuya responsabilidad apuntaba al gobierno nacional.
Por otra parte, la privilegiada relación político-militar generó profundo resentimiento en la Policía Nacional. Los policías se veían como ciudadanos de segunda frente al trato considerado del gobierno a los militares tratados como ciudadanos de primera. La presencia del Presidente Evo Morales en los aniversarios militares, los discursos solícitos valorando el trabajo militar así como los privilegios y prerrogativas concedidas periódicamente constituyeron “golpes sistemáticos ofensivos” contra una Policía queoperaba cotidianamente en condiciones deplorables.
El tratamiento inequitativo del gobierno nacional en favor de las FFAA -construcción de edificios, campos deportivos, compra de equipo y material militar, inversiones costosas en tecnología como radares etc – alimentó un fuerte rencor antimilitar y antigubernamental dentro de las fuerzas policiales. La parcialización explícita del gobierno de Morales en favor de las FFAA fue asumida como una humillación persistente que fue traducida en una narrativa antigubernamental por el cuerpo de oficiales sobre sus subalternos desamparados de información.
Además de la displicente relación entre Evo Morales y la Policía el gobierno nacional llevó a cabo una política de cercenamiento de sus principales fuentes institucionales de recaudación. Aunque las decisiones fueron correctas,dirigidas a eliminar la corrupción, ésta fueron interpretadas de modo distinto por la Policía en su afán de preservar nichos de privilegio burocrático.
Morales fue mucho más lejos respecto al recorte de las prerrogativas policiales al asignar a las FFAA la tarea de lucha contra el contrabando. Las unidades policiales especializadas de lucha contra el contrabando fueron disueltas y reemplazadas por unidades militares. Los militares ocuparon la frontera logrando romper redes de ilegalidad y control territorial que significó una doble amputación: para los grupos delictivos civiles que vivían del fecundo negocio del contrabando y para los policías que vivían de la protección de las redes de ilegalidad a las que otorgaban protección e impunidad.
Fue ésta la Policía sediciosa la que se enfrentó al gobierno de Evo Morales y la que produjo directa o indirectamente su renuncia. Nunca antes la Policía había logrado derrocar un gobierno democrático como lo hizo esta corporación indisciplinada y políticamente enferma.
El golpe cívico-policial no sólo tuvo un componente político sino también de naturaleza reinvindicativa alimentada por una memoria de oprobio, privaciones y maltrato.
Los motines policiales reflejaron un odio atroz contra el gobierno que estaba contenido y que estalló en sucesivas olas corporativas apoyadas por una clase media que se expresó en las calles dejando fluir su profundo malestar y desprecio contra un gobierno en plena retirada.
El golpe policial apoyado e impulsado en las calles por las protestas clasemedieras dejó entrever su finalidad multifascética.
En primer lugar sirvió como la mejor oportunidad para vengarse del gobierno por el conjunto de maltratos y desplazamientos institucionales, una suerte de catarsis corporativa inflamada en una retórica de odio y religiosidad que estalló sin que nadie se percatara de su potencial efecto.
Los motines encarnaban la tarea de recuperar sus privilegios corporativos que habían sido cercenados por razones políticas y cedidos a las FFAA por el gobierno nacional. El primer objetivo que logró recuperar la Policía por sus efectos simbólicos fue la Unidad de Seguridad Presidencial (USDE) de manos del Ejército. Consumada la renuncia de Evo Morales la Policía Nacional no tardó ni un minuto en hacerse cargo del dispositivo de seguridad de la Casa Grande del Pueblo obligando al cuerpo de seguridad presidencial a su desalojo inmediato de dicho edificio. Los más de 70 miembros de este equipo especial que protegieron a Morales durante más de una década tuvieron que replegarse casi de manera humillante al Estado Mayor de las FFAA a recibir sus nuevos destinos.
De igual manera y por asalto, la Policía Nacional restableció el control de los edificios del servicio de identificación personal (SEGIP) que había sido institucionalizado por el gobierno de Morales para cortar de raíz una de las mayores fuentes de corrupción policial.
La retoma policial de instituciones, espacios y prerrogativas formó parte de las promesas del caudillo cruceño Luis Fernando Camacho para precipitarlas al golpe, objetivo que se cumplió casi quirúrgicamente. En unos de los cabildos realizados en Santa Cruz Camacho se comprometió a devolverles todas las instituciones “arrebatadas injustamente por el gobierno nacional” y otorgarles un tratamiento salarial y beneficios de jubilación similares a los de las FFAA, un incentivo sin duda irrefutable.
Más allá de los complejos problemas que enfrenta el nuevo mando policial los efectivos están experimentando signos de un peligroso agotamiento físico después de más de 20 días de trabajo callejero y prácticas represivas. Empero, la autonomización policial en este contexto de crisis se traduce en una peligrosa actuación de pequeños grupos que operan con independencia del mando central. Este clima incierto, con un gobierno que apela al discurso recalcitrante y un ministro de gobierno impulsado por odios atroces contra funcionarios de gobierno está promoviendo la constitución de grupos policiales armados junto a bandas de paramilitares que trabajan bajo una lógica sicarial y vengativa.
En medio del desconcierto político ha surgido un nuevo factor de malestar policial generado por la otorgación de 34 millones de bolivianos a las FFAA para cubrir los costos de la logística represiva. Los miembros de la Policía Nacional sospechan que estos recursos servirían para favorecer a los mandos militares traducidos en “bonos de lealtad”. Al mismo tiempo el malestar se agrava contra el gobierno golpista y contra las FFAA al haberse aprobado el DS 4078 cuyo objetivo es autorizar el uso de la fuerza militar, equipos y armas, otorgándoles para el efecto la inmunidad respectiva, condición de la que no goza el cuerpo policial.
Conclusiones
Está claro que militares y policías constituyen las cornisas en las que se asienta el poder del gobierno golpista. También parece claro que estas cornisas sostienen disputas históricamente irresueltas e irreconciliables que con el paso de los días ofrecerán escenarios de mayor fractura y polarización. Más allá de su carácter provisorio, un gobierno con sentido común debiera empezar a conocer aunque palmariamente las profundas fracturas corporativas para evitar ser derrotados por sus consecuencias. Afortunadamente, el gobierno golpista sólo mira la sombra y no el hueso y por ello su tiempo es tan breve como el estallido convulso de ambos cuerpos que empiezan a retorcerse para anularse o destruirse mutuamente.
Que la sangre llegue al río no depende de los golpistas, depende en todo caso de las profundas heridas que han vuelto a ser abiertas bajo un mando político ignorante, arrogante, rabioso y suicida. El golpismo tiene sus límites paradójicamente en el uso de la fuerza policial y militar y dependerá de cómo se resuelve este duelo histórico en las entrañas del poder fascistoide.
Con una Policía Nacional enajenada por sus múltiples contradicciones internas y unas FFAA desconcertadas por la dimensión del conflicto y sus futuras responsabilidades política, jurídicas e institucionales los bolivianos viven un panorama desolador.
La Paz, 18 de noviembre del 2019
Pensamiento Crítico. Rita Segato: “Hay un plan para transformar a América Latina en un Medio Oriente”
Por Rita Segato* / Resumen Latinoamericano/ 19 de noviembre 2019 .-
Cada vez es más evidente en esta parte del mundo la actividad de grupos fundamentalistas que eligen el cuerpo de las mujeres como espacio privilegiado de ejercicio de su poder. Al mismo tiempo, participan de procesos políticos reaccionarios y fomentan la violencia racial, de clase y de género.
Cuando me llegó la invitación para participar de esta mesa, me pregunté qué era lo que me gustaría tener la oportunidad de decirle a este gran público y supe inmediatamente que me gustaría mucho aprovechar esta oportunidad y lo haré. Antes, y para que se entienda lo que hablaré de forma muy compacta, les pido que me tengan paciencia para que puedan entenderme mejor y tengo que avisarles que personalmente no tengo ningún pudor en adherir a la teoría del complot. Sí creo que hay un complot en América Latina contra el futuro que deseamos por lo menos la gran mayoría de los que estamos aquí presentes.
Lo que traigo es un mensaje que puede sorprenderles. He dudado al decidir esta presentación, hasta que entendí que cuando pensamos que hemos comprendido algo después de observar y pensar mucho, tenemos la obligación de compartirlo, ponerlo a circular y no hay escapatoria para eso.
Desde hace más de una década, recorro casi como en rutina, es mi rutina realmente, este continente latinoamericano de norte a sur, de México a la Argentina, y puedo decir que conozco en profundidad las prácticas violentas de varios de sus países: México, El Salvador, Guatemala, Colombia, Argentina y Brasil. He podido concluir entonces que son dos los procesos que conspiran contra la posibilidad de una efectiva democracia en nuestro continente:
1)Lo que se conoce como el crimen organizado, y yo prefiero darle un nombre más generalizante: La esfera paraestatal de control de la vida, en la cual diversas formas de actividad criminal y de enriquecimiento no declarable controlan la vida de un número creciente de personas. Nuestras repúblicas, por su defecto de fundación -No tengo tiempo; he hablado sobre eso muchas veces. No puedo referirme aquí a que me refiero con defecto de fundación pero creo que lo sentimos en nuestra experiencia diaria. ¿A qué le llamo la esfera paraestatal de control de la vida? A varias formas de control de sectores sociales más vulnerables por el crimen organizado, las guerras represivas paraestatales de los regímenes dictatoriales con sus fuerzas paramilitares, o sus fuerzas oficiales actuando paramilitarmente, la represión policial con su acción de siempre, ineludiblemente en un registro estatal y en un registro paraestatal, el accionar represivo y truculento de las fuerzas de seguridad privadas que custodian las grandes obras, las compañías contratadas en la tercerización de la guerra, las así llamadas guerras internas de los países o conflictos armados, son en general formas de genocidio. Son todos parte de un universo bélico paraestatal, paramilitar, paralegal. Formas de control de la vida con bajos niveles de formalización. No comparten ni uniformes, ni insignias, o estandartes, ni territorios estatalmente delimitados, ni rituales ceremoniales que marcan el principio o el final de las guerras.
Entonces, es ese sistema que incluye las prácticas paralegales y parapoliciales y paramilitares lo que se expande en este momento en el continente sin contención. Muchos de ellos, sobre todo los de los países del triángulo norte de América Central, Honduras, El Salvador, Guatemala y también incluyo a México, son países sitiados en su interior por formas paraestatales de control de la vida de la población y de los territorios, y esos espacios son cada vez más extensos. Y el cuerpo de la mujer, como bastidor donde se escribe la soberanía de esos dueños, nos lleva y nos guía en la lectura de este momento contemporáneo en América Latina. Vi en estos días una imagen que me impresionó por lo que creo que revela, y escúchenme bien porque no lo voy a explicar. A partir de 2016, en México la línea de los homicidios crece en una línea recta, sin oscilaciones ni cambio de rumbo. Lo normal en una estadística de cualquier tipo es que haya pequeñas oscilaciones hacia arriba o hacia abajo. Hay algo curiosísimo en la estadística publicada por mi amiga Teresa Inchaustegiu, una gran feminista mexicana: el gráfico, a partir de 201, sube en una línea tan recta que parece trazada por una regla. Sin oscilaciones ni cambios de rubro. Es rectamente ascensional. Una forma inédita, desconocida en las estadísticas del crimen y en cualquier otra estadística sobre lo humano. Es sin dudas una línea que demuestra sin dudas la artificialidad de este fenómeno y sus causas. No se trata de una curva espontánea. Ningún trazo, ningún diseño de naturaleza o de la historia puede ser trazado con regla. Este aumento de los homicidios en México es un trazado de regla. No lo voy a explicar, pero piénsenlo.
Este fenómeno, este sitio interno, esta forma de control de la vida a partir de organizaciones cuya regulación responde al principio de dueñidad del que he hablado en tantos textos y entrevistas, diciendo que hablar de la desigualdad hoy en día ya no es suficiente, diciendo que la existencia de dueños de territorios y vidas se expresa por medio de la espectacularizacion de su arbitrio y no existe nada más arbitrario que la crueldad aplicada al cuerpo de las mujeres que no son el enemigo bélico en un imaginario arcaico así como también en el cuerpo de los niños.
Esta toma de las naciones y obstáculo de la democracia es característico de México, de los países del triángulo norte centroamericano, y responde y recluta fuerzas que están disponibles mediante la reproducción constante del mandato de masculinidad con su pedagogía de la crueldad.
El segundo elemento que conspira contra nuestras democracias, porque para mí son dos elementos, dos procesos, dos estrategias del poder de los dueños de la vida y de la muerte, que hacen imposible la democracia en nuestros países. Uno es el crimen organizado que estoy describiendo y el segundo, los sectores fundamentalistas de las iglesias. Coloco al mismo nivel exactamente la entrada, la inoculación, el implante del crimen organizado en América Latina con el implante de los fundamentalismos cristianos. Son equivalentes, idénticos en su conspiración contra la posibilidad de que tengamos democracias. Hoy, la grieta que dividía iglesias evangélicas de la iglesia católica, esa dieta tradicional entre el mundo de la reforma, los protestantes y los católicos, se ha desplazado a otro lugar y marca otra división, mucho más importante que la antigua: la división entre sectores cristianos, católicos y evangélicos del campo crítico, que quieren y desean una mejor vida para más gente y una práctica que da algún grado de continuidad a las búsquedas del diálogo ecuménico de los años sesenta y setenta, y sectores católicos y evangélicos fundamentalistas. La división hoy pasa por ahí; no pasa más entre reforma y catolicismo, pero pasa entre cristianismos ultraconservadores fundamentalistas, y cristianismos que dan continuidad a la pauta del ecumenismo e intentan conversar buscando una vida mejor para todos.
Estos sectores evangélicos fundamentalistas han importado las estrategias del faccionalismo religioso que destruyó el Medio Oriente haciéndolo ingresar a nuestra región del mundo. Estoy hablando de una conspiración y creo que hay un plan realmente de transformar a América Latina en un Medio Oriente y uno de los métodos es la guerra religiosa, es el faccionalismo religioso. Veo diversos indicios, no puedo hablar de ellos ahora, de que esto está siendo así.
Mis textos sobre religión, de una época de trabajos analíticos sobre religión, política y nuevas territorialidades cuya publicación es de diez años atrás, vuelven a estar en pauta. Se trata de una anexión blanda, entrada por medio de los territorios cuerpos en territorios nacionales.
Es por estos dos caminos, el terror frente al arbitrio de las formas paraestatales del control de la vida y la presencia de sectores cristianos fundamentalistas adentrados ya en nuestro continente y firmemente instalados, que se da el implante de un huevo de la serpiente bergmaniano. Yo creo que es eso lo que estamos viviendo. Estos dos implantes abren el implante al fascismo en nuestras sociedades.
La permanencia de una estructura institucional republicana, con procedimientos que pueden llamarse democráticos meramente por la práctica de las elecciones para los cargos representativos en la política, se ve malograda irremediablemente por el miedo y por el fanatismo faccional religioso.
En el centro de este fanatismo faccional religioso, su clave, su manera de enunciarse es también, como en el caso del crimen organizado con el control paraestatal de la vida, el cuerpo de las mujeres. Una democracia que no es una pluralista será una dictadura de la mayoría. Nos han vencido en la sociedad, créanlo, porque confiamos demasiado en el Estado, porque le hemos puesto todas las fichas de nuestras luchas al campo estatal y hemos olvidado, gobernantes y gobernados, que existe vida inteligente en la vida social, en la sociedad, especialmente en la vida comunal.
Aquí quiero contarles un pequeño episodio porque con un cuento es más claro lo que quiero decir. Habla de algo que me pasó recientemente. Al traducir un texto para una revista llamada Critical Times, me pusieron un traductor de Berkeley que cuando llegó a esta categoría que uso bastante que es el mandato de masculinidad me dijo que eso no existía en la lengua inglesa. En mis últimos textos digo que la única manera de reorientar la historia es desmontando el mandato de masculinidad. Desmontando el mandato de masculinidad se acaban las guerras, no hay a quién reclutar. El traductor me dijo que iba a traducirlo como “la regla de la masculinidad”. Le dije que no porque no era lo mismo. El mandato de masculinidad tiene una ambigüedad. Por un lado, es una investidura, el hombre está investido de hombre, pero por otro lado hay imposiciones; hay condiciones para mantener esa investidura. Una duplicidad como en la noción de sujeto en Foucault. Entonces, fui yo misma al Google y puse “mandato de masculinidad” en inglés y lo que apareció tuvo un impacto en mí tan sorprendente porque no esperaba esa expresión: masculine mandate es el título de un libro de la teología cristiana de ultraderecha, ultra fundamentalista, de un autor llamado Richard D. Phillips, nieto de oficiales, hijo de oficial del Ejército norteamericano que pasa de su labor en el ejército norteamericano a la iglesia y como pastor presbiteriano y oficial publica este best seller llamado así, en el cual muestra que en el mundo, la imagen y semejanza de dios no somos nosotras, es de los hombres que están llamados a dirigir, amar a sus esposas y disciplinar a sus hijos para servir a la iglesia de Jesucristo. Está todo escrito ahí.
Por otra parte, el crimen organizado y la adhesión irrestricta y fervorosa de las masas populares a las iglesias fundamentalistas es explicable porque la gente también ve en las iglesias la salvación de la dueñidad. Se les aparece como forma de ponerse al amparo del control de los paraestados que se expanden en nuestro continente. Hay un vínculo en dos procesos de la sociedad. Esas dos fuerzas, pero sobre todo el fundamentalismo, nos hacen saber a las mujeres algo que no sabíamos, que por el efecto de la minoritización, de una estructura colonial moderna que dice que existen temas centrales, las finanzas, la política, la salud, la educación, los temas de centro y temas de minorías, de las parcialidades, de interés particular, nosotras adherimos equivocadamente a temas del centro del interés y temas del interés particular. Nuestros antagonistas de proyecto histórico nos están diciendo la centralidad de la cuestión de la mujer. Ellos que apuntan a nuestros descubrimientos, con proyectos extremos de cancelar la reflexión propia de nuestro proyecto histórico. Estos antagonistas nos están diciendo que nuestras luchas son centrales porque desequilibran el poder, erosionan la plataforma de todos los poderes. Y nos muestran con esto que la minoritización es un error porque colocan en el centro de sus intereses, de sus propuestas, de lo que quieren cancelar, colocan nuestras metas políticas.
El fundamentalismo se expresa en el control del cuerpo de las mujeres, de sus vientres, de su libertad y soberanía. Nuestros antagonistas de proyecto histórico nos muestran, uno, el error de la minoritización, de las políticas de las identidades que acataron identidades políticas como minorías. Dos, el error de la fe estatal: tomamos el Estado pero ellos trabajaron en la sociedad. El error de considerar el campo del Estado pasible de ser ocupado para reorientar la historia. La historia se re orienta como lo hicieron ellos como nos acaban de enseñar, en la sociedad misma. Desde el Estado no hemos visto que haya sido posible.
Reconstruir comunalidad, vincularidad y retomar la historia de la politicidad femenina, destruida, cancelada, represada y capturada en el espacio nuclear privatizado e íntimo de la familia, es indispensable. Una politicidad en clave femenina es, no por esencia sino por experiencia histórica acumulada, en primer lugar, una política del arraigo espacial y comunitario; no es utópica sino tópica, pragmática y orientada por las contingencias y no principista en su moralidad. Próxima y no burocrática. Investida en el proceso más que en el producto y, sobre todo, solucionadora de problemas y preservadora de la vida aquí y ahora.
*Socompa
Fotos de la nota: Horacio Paone
Foto de portada: Golpe de Estado en Bolivia
La wiphala símbolo de los pueblos
Resumen Latinoamericano, 19 noviembre 2019.-
Si algo hemos aprendido en estos convulsionados días es que la verdadera guerra es por conquistar el imaginario de los pueblos, la disputa comunicacional de los sentidos y esa la perdemos casi todos los días ante el poder de los medios hegemónicos proimperialistas, pero algo de victorias y mucho de derrotas quedan grabadas en ese territorio de los símbolos, una fundamental que debemos rescatar a tiempo, la Wiphala, esa bandera de la unidad, igualdad en la diversidad que hasta los Lgbti han reinvindicado, símbolo milenario de nuestros mas puros sentimientos, de Pachacamac y de la Pachamama, esencia cultural de contenidos más complejos que el aire que la mueve, pero que esencialmente resume una cosmovisión del buen vivir comunitario que se contrapone a la cosmovisión de los supremacistas blancos, al individualismo capitalista depredador, al fanatismo religioso que intenta anular la conciencia y la razón para reemplazarla por los valores de los depredadores elitistas impuestos con la espada y la cruz.
La Wiphala, al igual que nuestros símbolos naturales insertos subrepticiamente en las representaciones religiosas impuestas por los invasores españoles y que obligaban a reproducir y colgar en todos los ámbitos sociales a nuestros indígenas, ha perdurado con toda su fuerza y fue rescatada únicamente en la Constitución política de Bolivia, es de cierta forma, una victoria legal y legítima de nuestros pueblos originarios que no lograron exterminar como muchos quisieron y querrían ahora, como sí lo hicieron los yanquis criminales con sus pueblos originarios.
La Wiphala debe seguir siendo rescatada, debe ser el símbolo universal de la resistencia de más de 500 años contra los asesinos de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestra cosmovisión del Sumak Kawsay, símbolo de que el bienestar de las grandes mayorías, de la comunidad entera, debe estar por encima de los privilegios de unos pocos, dispuestos a mentir, a descalificarnos, a matarnos por mantener esos privilegios, un símbolo permanente de la sabiduría ancestral que han intentado aplastar construyendo sus templos sobre nuestros lugares sagrados, confundiendo y tratando de reemplazar la preclara magia de nuestros rituales con la superchería y el fanatismo irracional de religiones sembradas por la CIA, la USAID, desde la posguerra, así como sembraron un país inventado, Israel, su instituto lingüístico de verano, su ejército de salvación, etc.,etc., desde antes del triunfo de la revolución cubana, pero que luego de ella se intensificaron los flujos de capitales para promover en todos nuestros países estas sectas como estrategia de guerra cultural hegemónica.
La Wiphala debe constituirse entonces como único símbolo valido de todos los movimientos, organizaciones y partidos que realmente luchen por la soberanía, la dignidad y los derechos de Nuestramerica, y igual que en Bolivia, debe estar siempre al lado de las banderas particulares, este debe ser uno de nuestros propósitos iniciales de resistencia cultural, la Whipala debe ser el símbolo único y sin fronteras de nuestra unidad como pueblos en resistencia contra el supremacismo blanco imperialista y todos sus valores retorcidos de dominación para mantener sus privilegios con un sistema caduco que nos sigue matando de muchas formas y en muchas partes todos los días y tal como sucedió, allá mismo en Bolivia, cuando asesinaron al Che intentando matar su ejemplo, les exploto en su criminal cara imperialista multiplicándose por millones en todo el mundo.
Desde la Red de Solidaridad entre los pueblos, invitamos a todos nuestros hermanos de lucha y resistencia, para iniciar una campaña comunicacional y cultural mundial #WiphalaSimboloDeUnidadyResistencia, iniciemos con colocarla en nuestros estados de redes sociales, comunicados, provoquemos a los creativos de nuestra gente de buena voluntad con la lucha justa de los pueblos, organizaciones, movimientos, partidos, para desarrollar todos los elementos publicitarios posibles desde la autogestión, ahora que creen haber ganado al pisotearla, quemarla y escupirla, ahora que quieren atentar contra nuestros símbolos comunitarios de resistencia profundos, contra la democracia al derrocar a un presidente popular legítimo, ahora más que nunca levantemos con orgullo nuestros valores del buen vivir, que no haya un espacio donde no nos vean, llenemos de banderas, murales, camisetas, gorras, gigantografias, autoadhesivos de todos los tamaños, etc., etc. Que nuestra victoria cultural se evidencie, con nuestras armas de la alegría, la unidad y la organización.
Desde Quito, Jose Ariza Conaicop Ecuador, Red de Solidaridad entre los Pueblos, Red de Psicólogos Nuestroamericanos
Maestros rurales de La Paz marchan en rechazo a la presidencia de Áñez
Resumen Latinoamericano, 19 noviembre 2019.-
Todos los accesos a la plaza Murillo fueron reforzados, como ocurrió en días pasados, con la ayuda de las Fuerzas Armadas. El objetivo era evitar que se escuche la voz enojada de los maestros.
Una multitudinaria marcha de maestros de educación rural del departamento de La Paz colapsó este martes el centro de la ciudad sede del Gobierno, en rechazo de la presidenta transitoria Jeanine Áñez y reafirmando su apoyo al exmandatario Evo Morales.
La extensa caravana se concentró desde horas de la mañana en la avenida Naciones Unidas en El Alto y descendió hacia el centro paceño. Cerca al mediodía arribó a la avenida Mariscal Santa Cruz, El Prado, y luego se dirigió hacia la plaza San Francisco.
En la avenida Pando, los maestros continuaron con su recorrido. Foto: Aleja Cuevas
El transporte público y privado se vio impedido de transitar debido a la movilización que rechazaba a Jeanine Áñez como la presidenta del país y además denuncia que hubo un golpe de Estado para forzar la renuncia de Evo Morales.
Todos los accesos a plaza Murillo fueron reforzados, como ocurrió en días pasados, con la ayuda de las Fuerzas Armadas .
Los movilizados, en El Prado paceño. Foto: La Razón
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Publicada por Los Tiempos en Martes, 19 de noviembre de 2019
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