Resumen Latinoamericano* / 4 de febrero de 2020
Expertos consideran que esta manera de proceder «viola la Carta Magna» y recuerdan que «la libertad de expresión es un pilar constitucional».
La Presidencia brasileña usó su cuenta oficial de Twitter para acusar de «militante anti-Brasil» a la directora Petra Costa, cuyo documental, nominado al Óscar, ‘Democracia em Vertigem’ (Al filo de la democracia), narra el auge de la izquierda hasta la victoria del actual mandatario, Jair Bolsonaro, en las elecciones en 2018.
«La cineasta Petra Costa desempeñó el papel de activista anti-Brasil y empañó la imagen del país en el extranjero con una serie de noticias falsas en una entrevista en la televisión estadounidense», escribió en un mensaje en inglés la Secretaría de Comunicación (Secom) en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.
Costa realizó una entrevista con PBS, televisión pública de EE.UU, en la que declaró que en el estado de Río de Janeiro hay más muertes que en todo EE.UU. o que Bolsonaro incentiva a los hacendados a invadir tierras indígenas y quemar la selva amazónica.
En su hilo en Twitter, el Secom agrega partes de la entrevista que considera erróneas y añade sus explicaciones.
«Sin el más mínimo sentido de respeto por su tierra natal y por el pueblo brasileño, Petra dijo en un guión irracional que la Amazonía pronto se convertirá en una sabana y que el presidente Bolsonaro ordena el asesinato de afroamericanos y homosexuales», critica.
Y continúa: «Es increíble que un cineasta pueda crear una narrativa llena de mentiras y pronósticos absurdos para denigrar a una nación solo porque no acepta el resultado de las elecciones».
El documental de Costa, de 36 años, relata los eventos que cambiaron el panorama político en Brasil desde el auge del progresismo, el ‘impeachment’ contra Rousseff, la entrada del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en prisión y culmina con con la elección de Bolsonaro en 2018 como presidente de la República.
A mediados de enero, el mandatario ultraderechista calificó el documental de «ficción» y «porquería». «Es buena para aquellos que les gusta comer buitres», sentenció.
«Violación de la Constitución»
Desde su cuenta de Twitter, la expresidenta Rousseff criticó que Costa había sido víctima «de una intolerable agresión oficial por parte del Gobierno de Bolsonaro».
«La Secretaría de Comunicación de la Presidencia mostró un video, hecho con dinero público, para ofender a una artista brasileña solo porque ejerció su derecho inalienable de criticar al gobierno en una red de televisión. Esto es censura y una falta de respeto brutal por la libertad de expresión», destacó.
También el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva mostró su solidaridad con la directora. «Bolsonaro reacciona, a pesar de la verdad, utilizando la estructura del Gobierno para atacar a la cineasta. La persecución de la cultura es un método de está gestión. Mi solidaridad con Petra por el coraje de narrar los hechos en tiempos de guerra por la verdad», afirmó Lula.
En declaraciones a la Folha de S.Paulo, la abogada Monica Sapucaia Machado, especialista en derecho administrativo, aseguró que los tuits del Secom violan la Constitución.
Según Machado, el articulo 37 de la Carta Magna señala que «la publicidad gubernamental será de carácter educativo, informativo u orientativo».
«Nunca debe comportarse como un instrumento de opinión sobre una obra cultural, sobre todo porque en Brasil la libertad de expresión es un pilar constitucional«, asevera.
RT*
Tribunal de Brasil rechazó nueva denuncia contra Lula en caso Guarujá
Resumen Latinoamericano* / 4 de febrero de 2020
La jueza brasileña Lisa Taubemblatt rechazó una nueva denuncia de la Fiscalía contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el llamado caso del apartamento triplex de Guarujá, en Sao Paulo, y la catalogó como una acusación «inepta, genérica, vaga e imprecisa».
La decisión de la jueza expresó que la denuncia «debe contener los elementos y circunstancias de tiempo, modo, forma de ejecución, así como individualizar la conducta del acusado. Se considera inepta una denuncia genérica, vaga e imprecisa en la que no se particulariza la conducta», reseñó Prensa Latina.
«El informe debe contener la exposición del hecho delictivo con todas sus circunstancias. Este es el núcleo de la imputación, la causa de la pregunta, y debe limitar con precisión los hechos narrados para que sea posible ejercer la defensa contradictoria y amplia», indica la decisión de Taubemblat, del Sexto Tribunal Federal de Santos, en Sao Paulo.
En 2017, Lula fue condenado por el entonces juez Sérgio Moro (actual ministro de Justicia) a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero, por ser el presunto propietario de un inmueble en Guarujá, en la costa de Sao Paulo.
Sin embargo, la propiedad, o incluso la titularidad de la misma, nunca fue demostrada por el Ministerio Público Federal (MPF) y el exdirigente obrero terminó siendo condenado por «actos indeterminados».
La pasada semana, el MPF denunció a Lula, al coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, Guilherme Boulos, y a otras tres personas vinculadas con movimientos sociales por la ocupación del triplex de Guarujá, el 16 de abril de 2018.
La supuesta irrupción en la propiedad ocurrió nueve jornadas después del arresto de Lula (7 de abril). Como el expresidente estaba detenido durante la invasión, el MPF indicó que el exsindicalista «alentó la ocupación».
Para Taubemblatt, aunque Lula declaró en Sao Paulo que pidió a Boulos que ocupara el triplex, «esas manifestaciones por sí solas no son capaces de constituir un vínculo causal entre la participación intelectual del acusado y la conducta delictiva directa».
La magistrada recalcó que el MPF «no vinculó de manera concluyente, necesaria y decisiva la conducta individual del agente con el hecho delictivo».
ÚN*
La corrupción (de los otros) os hará libres
Resumen Latinoamericano, 4 febrero 2020.-
La derecha latinoamericana utiliza las acusaciones de fraude como excusa para desmantelar instituciones públicas y abrir nuevos mercados a bancos y fondos.
El expresidente Lula, rodeado de sus partidarios, llega a la sede del sindicato de metalúrgicos, horas antes de entrar en prisión. (Fotograma del documental ‘Democracia en peligro’ de Petra Costa).
Por Andy Robinson.
La corrupción real o inexistente está resultando un arma perfecta no solo para quitar de en medio a todos los rivales políticos de la nueva derecha justiciera en Latinoamérica, sino para abrir excelentes oportunidades de negocio a aquellos bancos de inversión especializados en privatizaciones y a gestores de fondos de inversión especializados en mercados emergentes, o en el caso del sector minero, subterráneos. (Por cierto, es probable que si lee este post en La Vanguardia vea al lado una imagen de una mina a cielo abierto y la frase: “El momento perfecto para invertir en América Latina”. Al menos a mí siempre me aparece últimamente cuando leo algo sobre América Latina…).
En Bolivia, por ejemplo, la operación más o menos golpista de Jeanine Áñez, basada en acusaciones de fraude y corrupción contra Evo Morales, va a allanar el camino para que bancos de inversión y mineras y petroleras multinacionales aprovechen el fin de la era de las nacionalizaciones de Evo Morales. El propio ministro interino de Desarrollo, Wilfredo Rojo, cuando, días después del golpe contra Morales, le preguntaron por lo que se puede hacer con las empresas públicas, afirmó: “Hay muchas opciones. Se puede alquilarlas, capitalizar con capital privado, vender o cerrar”. Si gana Áñez u otro candidato de la oposición unificada contra al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, esos anuncios con la foto de la mina a cielo abierto van a aparecer en cada búsqueda de la palabra “Bolivia”.
Y como Brasil está “por delante de la curva” en este proceso de aprovechar la lucha contra la corrupción para abrir el mercado a la honrada y transparente iniciativa privada, mediante actuaciones de jueces (y algún militar), merece la pena mirar qué ha pasado con los dos grandes pilares de la economía dirigida por el Estado durante la década de gobiernos del Partido los Trabajadores (PT): el enorme banco de desarrollo BNDES y la petrolera semiestatal Petrobras.
La Vanguardia publicó un artículo sobre la estrategia macroeconómica y el plan de privatización del ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, un Chicago boy que, tras vivir en el Chile de Pinochet, amasó una fortuna multimillonaria como gestor de fondos en el sector financiero.
He aquí algunos datos más concretos sobre el uso de la corrupción existente o inexistente para eliminar los obstáculos a los bancos de inversión internacionales o las multinacionales de energía.
Tanto en el BNDES como en Petrobras, las acusaciones de corrupción han sido decisivas para justificar el desmantelamiento de esos dos vehículos de la política industrial y la inversión pública del Partido de los Trabajadores (PT) durante sus años al mando en Brasil.
En el caso de Petrobras, todo el mundo sabe que la utilización ilegal de ingresos petroleros para financiar partidos políticos (y en algunos casos enriquecer a políticos corruptos) había sido una triste realidad histórica en Brasil durante décadas, parte de un sistema clientelar de la política. Pero Lava Jato, la investigación judicial encabezada por el superjuez y ahora superministro de Bolsonaro, Sergio Moro, con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, causó tal descalabro de las acciones de Petrobras y un ambiente tan hostil que creó las condiciones perfectas para la privatización parcial ya en marcha. “Propagaron el mito de la quiebra de Petrobras para justificar la privatización”, dice Felipe Coutinho, presidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras.
Aunque Petrobras no se ha incluido en el paquete de privatización presentado por Guedes en Davos el mes pasado, muchos consideran que la venta masiva de activos de la petrolera es el primer paso hacia su privatización total.
En contra de todas las investigaciones y auditorías, Bolsonaro insiste en que el BNDES es corrupto
En el caso del BNDES, ni tan siquiera hay indicios de corrupción. Cuatro investigaciones en el Congreso, otras judiciales y la auditoría estadounidense Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, realizada a finales de enero, no han encontrado irregularidades. Aunque varios de sus clientes –básicamente, la multinacional cárnica JBS– habían creado una red de sobornos, el BNDES no estaba involucrado, según el informe del auditor norteamericano. “El BNDES es una enorme burocracia, tal vez poco ágil, pero la burocracia lo protege de la corrupción”, explica Ricardo Summa, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
El BNDES está diezmando su cartera de créditos y vendiendo tantas acciones de su cartera que muchos creen que el objetivo de Guedes, a medio plazo, es cerrar el icónico banco creado por el presidente desarrollista Getulio Vargas en 1952, y que llegó a ser más grande que el Banco Mundial.
Pese a que no existe ninguna prueba en contra del banco público, al día siguiente de la publicación de la auditoría, Bolsonaro afirmó que existe una “caja negra” en el BNDES para esconder las pruebas de su corrupción. No es de extrañar su insistencia. La corrupción del BNDES fue uno de los elementos de su programa electoral que dio mejores resultados para criminalizar al PT.
Pero no es solo el delirante presidente de ultraderecha el que, en contra de todas las investigaciones y auditorías, insiste en que el BNDES es corrupto. En Washington, he hablado con economistas de diferentes instituciones multilaterales y todos tenían muy claro que BNDES había sido partícipe en la corrupción. Seguramente habían leído The Economist, que criticaba al BNDES por ser demasiado grande ya en 2010, cuando la economía brasileña era la envidia del mundo.
(Dicho sea de paso, será interesante ver cómo The Economist reacciona si el documental Democracia em Vertigem de Petra Costa gana el Oscar, ya que es una denuncia de las fuerzas judiciales, políticas y mediáticas que forzaron la destitución de Dilma Rousseff en 2006. Pocos recuerdan que The Economist justificó el golpe parlamentario contra la presidenta del PT con una portada titulada “Time to go” –es hora de que se vaya– y una foto de Rousseff. Esto fue solo un año y medio después de su reelección).
El nuevo presidente del BNDES, Gustavo Montezano, nombrado por Bolsonaro hace unos meses, tuvo que enfrentarse a un terrible dilema. No podía rechazar las conclusiones de la auditoría que él mismo había encargado, pero negar la existencia de la corrupción sería contradecir al presidente Bolsonaro. De modo que le salió una explicación cuando menos original: “Las leyes (…) hacen legales estas redes de corrupción”. Es decir, que cumplir con la ley no quiere decir que no hayas sido corrupto.
Los dos presidentes anteriores, ambos nombrados por Bolsonaro, fueron despedidos tras rechazar enérgicamente las acusaciones contra el BNDES. Montezano –de 39 años– no quiere ser el próximo en caer.
El BNDES proporcionaba créditos por debajo del precio de mercado a grandes empresas, desde Petrobras a Vale, JBS o Embraer. Esto, obviamente, no es ilegal ni corrupto. Es algo necesario en una economía en la que apenas hay financiación privada para proyectos a largo plazo y que tiene también los spreads (márgenes bancarios) mayores del mundo. Y donde, incluso después de la bajada en picado de los tipos del Banco Central del 15% al 5% desde el 2017, los bancos privados aún cobran el 300% por la deuda en una tarjeta de crédito. (No es un misterio que el Banco Santander obtenga el 30% de sus beneficios mundiales de la economía brasileña, incluso tras cinco años de cero crecimiento). Pero lo que hace el BNDES para intentar financiar el sector productivo no le gusta nada al sector privado.
Es más, el BNDES registraba fuertes plusvalías (ingresos para el Estado) mediante sus participaciones en el capital en las empresas que ayudaba a convertir en multinacionales competitivas, desde la minera Vale a la cárnica JBS, la eléctrica Eletrobras (ya en vías de privatización) o la misma Petrobras.
Esto tampoco les gustaba a los bancos privados pese a que es el “core business” de la banca privada de inversión. “La gestión del BNDES ha sido abusiva; no es malo tener un banco de desarrollo pero uno tan grande no”, me dijo un analista de Goldman Sachs. Puede ser cierto pero también es verdad que Goldman es, precisamente, un banco de inversión que podría verse beneficiado por la desaparición del BNDES.
Es lógico pensar que las falsas acusaciones de corrupción contra el BNDES tienen el fin de justificar el desmantelamiento del banco. ¿Por qué? El economista Eric Gil Dantas plantea dos posibles motivos para el empeño en eliminar el BNDES, pese a su larga historia de proporcionar crédito en una economía privada de crédito barato en el sector privado, sobre todo para proyectos estratégicos.
Uno: el sector privado quiere beneficiarse de la venta de la cartera de participaciones del BNDES. Ya hay indicios de que se pretendía vender acciones de la cartera a tarifas por debajo del precio justo y, con el dólar a cuatro reales, los inversores extranjeros estarán frotándose las manos ante la liquidación de la cartera.
Segundo motivo para Gil Dantas: “La existencia del BNDES impide que bancos privados como Itaú o Bradesco ganen dinero con créditos a tipos más altos; el BNDES siempre es un enemigo que debe ser eliminado”.
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario