Resumen Latinoamericano* / 4 de febrero de 2020
Desde el pasado 23 de enero, los 513 habitantes de la étnia Wounaan de Buenavista en Bajo Baudó, Chocó han alertado sobre la existencia de una enfermedad que ha causado el fallecimiento de 5 niños y síntomas como diarrea, vómito y deshidratación en al menos otros 100 menores de edad. Tras la visita del Ministerio de Salud que solo acudió al lugar una semana después de las advertencias hechas por la comunidades, la cartera descartó la existencia de una epidemia activa, pese a que la enfermedad continúa propagándose.
Según Orlando Moya, representante legal del Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan, hasta la semana pasada se dio un reporte de 187 niños atendidos y cerca de 300 personas examinadas entre las comunidades de Buenavista Unión Pitalito y Puerto Piña, de ellos, tres permanecen en grave estado de salud.
El abandono estatal la enfermedad que aqueja a comunidades Wounaan
Aunque el ministro de Salud (e), Iván González, visitó el corregimiento y reconoció que han fallecido cuatro menores en enero de este año y uno en diciembre del 2020, afirmó que su muerte no se debió a una epidemia, al respecto Moya resalta que el Gobierno debe tener en cuenta el contexto departamental y el precario sistema de salud del Chocó.
Resalta que no se paga puntual a los enfermeros y que el centro hospitalario ubicado en la cabecera municipal se encuentra a una distancia de seis horas de Buenavista, además que a veces no existen los medicamentos suficientes ni los programas de salud diferenciales para la población indígena.
El Ministerio de Salud se comprometió a reforzar el puesto de salud de Buenavista, a mitigar la enfermedad por medio de filtros de agua e implementar una ambulancia para que se pueda transportar a las personas a la cabecera municipal. Pese a estas medidas, Moya expresó que el Gobierno debe hacer un estudio más serio y profundo, además de garantizar el acceso al agua potable, saneamiento básico y establecer un plan de contingencia para que así «no transcurran más de una semana antes de que lleguen las autoridades y la gente siga muriendo».
«Lo cierto es que no se ha podido controlar, diariamente se presentan niños con esos síntomas» – Orlando Moya
Sobre la enfermedad, Carlos Tirso Murillo, secretario de Salud de Chocó expresó que los niños han presentado «una infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda», razón por la que se han tomado muestras del agua de la zona para analizarla y encontrar algún resultado relevante.
Independientemente del resultado que arrojen estas pruebas, Moya alerta que en otras comunidades incluidas la Embera Wounaan Katio Chamí y la población de Juradó, también ha presentado síntomas similares, muchos de ellos derivados de enfermedades que provienen, según relata Moya de las grandes ciudades, «afectando a las poblaciones por medio de las fumigaciones o la contaminación del agua» que las poblaciones consumen directamente de afluentes naturales.
Chocó, un departamento propenso a las enfermedades
El problema de salud pública en el departamento, las barreras de acceso para la población indígena, la ausencia de cobertura de entidades promotora de salud y la desnutrición infantil se ven reflejados en casos de enfermedades como la malaria que pasó de 19.520 casos a 28.853 de 2015 a 2016 o la enfermedad diarreica aguda que pasó de 12.801 a 20.513 en la misma época.
Pero no se trata solo de enfermedades físicas, según la encuesta nacional de Salud Mental, el Pacífico es la zona que presenta una mayor prevalencia de trastornos mentales, derivados de factores ligados a la violencia y la pobreza extrema, tan solo en el Chocó el 80% de la población ha sufrido de desplazamiento, factores que aumentan la posibilidad de desarrollar trastornos como ansiedad, pánico, depresión, trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia.
Contagio Radio*
Enero de 2020: el más letal para líderes sociales y políticos en los últimos cinco años
Resumen Latinoamericano* / 4 de febrero de 2020
La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo énfasis en que varios de los municipios en los que hubo asesinatos son zonas en donde se implementarán los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), que deberían contar con esquemas de protección colectiva.
Enero de 2020 es, hasta el momento, el mes más violento en contra de líderes sociales, políticos y comunales en los últimos cinco años, de acuerdo con las cifras que entrega el más reciente informe sobre violencia política de la Misión de Observación Electoral (MOE). Los números son muy dicientes y señalan que en el mes que pasó se presentaron 19 asesinatos de personas que tenían relación con actividades políticas, comunales o sociales.
En enero de 2016, el número de asesinatos fue de cinco; en enero de 2017 hubo 11; en enero de 2018 hubo 18; y en enero de 2019 los asesinatos fueron 16. De igual forma se incrementaron las amenazas contra estas personas. Solo en el mes pasado se registraron, según la MOE, 32 de estas acciones de hostigamiento.
“En total hasta el 30 de enero, se han registrado 55 hechos de violencia política contra líderes políticos, sociales y comunales, teniendo como los más afectados los líderes sociales con 35 hechos (63,6 %). En segundo lugar, están los líderes políticos, con 16 hechos, 11 de esos hechos, amenazas. Los hechos de violencia se han presentado en 34 municipios (3 %) de 15 departamentos (45,5 %)”, señala el informe de la organización civil.
En ese sentido, hace énfasis en las amenazas que han recibido otros líderes políticos que fueron electos en las elecciones regionales de 2019. “Es preocupante los hechos de violencia que han recibido los nuevos mandatarios locales y concejales, puesto que han sido víctimas de amenazas o atentados. Como es el caso del alcalde electo de Buenos Aires (Cauca) que fue víctima de un atentado del que salió ileso. Mientras que, en San Pablo (Bolívar) fue amenazado, presuntamente por un grupo armado ilegal, el presidente del concejo municipal, quien quedó en segundo lugar en las elecciones de alcalde”, dice la MOE.
También se hizo el llamado de atención sobre los municipios en donde hubo asesinatos en enero, como Puerto Asís y Puerto Guzmán, en Putumayo; Tibú y Convención, en Norte de Santander; Montelíbano y Tierralta, en Córdoba; y Caloto, Inzá y Páez, en Cauca. “A excepción de Inzá y Páez (Cauca), son municipios PDET, (y) deberían contar con esquemas de protección colectivos e individuales”, dice la MOE en su informe. Y agrega: “En lo corrido del mes (de enero), el 50 % de hechos de violencia se registraron en 10 de las 17 regiones PDET, por lo que es necesario que haya mayor atención en dichos territorios por parte de los gobiernos locales y el Gobierno Nacional”.
Definición del líder social, político o comunal, según la MOE
Líder político: precandidatos, candidatos y ex candidatos a cargos de elección popular; funcionarios y exfuncionarios públicos de elección popular; altos funcionarios del Estado de todas las ramas del poder público y entes de control de los niveles nacional, departamental y municipal; líderes políticos y dirigentes de partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, incluyendo los líderes informales que hacen parte activa de la vida política.
Líder social: personas que ejercen un rol de liderazgo y representación a través de organizaciones sociales formales o informales de orden nacional, departamental, regional o local, en temas como la defensa del medio ambiente, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la equidad de género, la defensa de la comunidad LGTBI, la protección de los territorios, tradiciones y comunidades étnicas, la defensa de los Derechos Humanos, entre otros.
Líder comunal: Candidatos y miembros electos de Juntas de Acción Comunal.
El Espectador*
Envio:RL
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