Resumen Latinoamericano */ 8 de febrero 2020 .-
En el marco de las actividades de formación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) lleva a cabo este verano las «Brigadas de Escolarización». Integrantes de la organización, estudiantes de las universidades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, vienen a nuestra a provincia a continuar con las tareas educativas en las ciudades del interior, a los fines de contribuir con la formación que desarrolla a lo largo del año la Escuela de Agroecología en Quimilí.
A esta institución asisten más de cien jóvenes que no pudieron acceder al sistema de educación formal o bien quedaron fuera de él en los últimos años. Se trata de un sistema de alternancia, donde las cursadas son de una semana por mes durante tres años seguidos. Las clases se imparten de marzo a junio y de agosto a noviembre: una semana en la escuela y tres en el territorio de su comunidad indígena, campesina o barrial, según detallaba Marisol Aguirre, una de las 30 coordinadoras de este proyecto.
Durante las vacaciones de enero y julio, los integrantes del Mocase de otras provincias y universidades se reúnen en Quimilí para organizar las “Brigadas de Escolarización” que consisten en visitar a los estudiantes en su casa y también promocionar la Escuela de Agroecología y la UNICAM SURI (Universidad Campesina en Villa Ojo de Agua). Este año, la iniciativa se lleva a cabo desde el 25 de este mes hasta el 7 de febrero, de la mano de casi 50 militantes divididos en 10 grupos.
Marisol explicaba que estas visitas atienden la necesidad de contar con un seguimiento de los más de 100 jóvenes de entre 14 y 30 años que asisten a la Escuela de Agroecología. Durante su paso por Santiago “refuerzan lo que los chicos vieron en el año, invitan a los que se quieren sumar a la escuela, realizan talleres de formación y están con ellos en sus territorios. Eso nos ayuda, nos fortalece en el trabajo territorial porque nosotros no podemos visitar casa por casa”, comentaba.
El próximo miércoles, al regresar a Quimilí realizarán una evaluación del trabajo de campo y las trayectorias educativas de los estudiantes visitados. A lo largo del año, además, colaboran con el armado de material para las asignaturas: cartillas, elaboración de videos, registro de clases, entre otros.
Las bases para la Escuela de Agroecología se sentaron en 2006, cuando el Mocase arranca una discusión sobre los jóvenes de las distintas comunidades que querían continuar formándose y estudiando. El problema principal es que muchos de ellos no tienen acceso a la educación formal, “con suerte a un primario”, señalaba Marisol.
Otra de las evaluaciones que hacían en el seno de la organización es que la formación convencional “no tenía nada que ver con la realidad campesina”. Para 2007 crean entonces la Escuela de Agroecología, “concebida no solamente como producir sano, saludable, sin veneno; sino con una mirada más territorial sobre quiénes son los que producen, dónde, quiénes son los dueños… Esto tiene que ver con la capacidad que tienen los pueblos de poder producir, resistir, vivir en el territorio”, reflejaba la coordinadora.
En un principio no había límites de edad para los estudiantes, con el correr de los años, a medida que la institución se moldeaba, lograron que el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP) la reconozca dentro de la Educación no formal, nivel adultos. Así como también, se reconoce la formalidad de la Terminalidad de Primaria de adultos.
Así, los jóvenes que no cuentan con este título pueden obtenerlo y luego iniciar los tres años de formación de la Escuela Agroecología. Hoy alberga a jóvenes (en su mayoría de zonas rurales) de Quimilí, Pinto, San José de Boquerón, Monte Quemado, Ojo de Agua, Telares, Añatuya y Santiago del Estero. En los últimos cinco años comenzaron a sumarse también desde los pueblos de la ciudad, en busca de otro tipo de formación distinta a la tradicional, construida desde y para los territorios del monte profundo.
*Fuente: Periódico Sur Santiagueño
Violencia institucional del Gobierno de la Ciudad. Un fotógrafo fue demorado por grabar atropellos contra los manteros
Por Nahuel Lag */ Resumen Latinoamericano/ 8 de febrero 2020 .–
Imagen: Fernando Almeira (Djambari Buenos Aires)
«¿Qué me grabas?», «borrá ese video», «te voy a cagar a trompadas». Esas fueron las amenazas que recibió el fotógrafo y periodista Federico Muiña el martes pasado por parte de un inspector de Espacios Públicos del gobierno de la Ciudad, cuando cubría uno de los reiterados operativos de desalojo de manteros senegaleses en el Once. Tras la amenaza, el inspector dijo haber sido «golpeado con la cámara» por Muiña, por la Policía de la Ciudad lo mantuvo 40 minutos demorado sin darle explicaciones.
«Hay una orden para evitar que se muestren estos operativos, todo lo mal que hace la gestión de Larreta. No creo que haya otra respuesta por lo que justifique estas reacciones», apuntó Muiña a este diario e indicó que no es la primera vez que la Policía de la Ciudad le pide documentación, lo demora con advertencias del tipo «vamos a ver si te tenemos que llevar detenido», por registrar los violentos operativos contra los manteros senegaleses, que según la Defensoría General de la Ciudad sufren el 57 % de los casos de violencia institucional contra comunidades extranjeras .
Muiña fue demorado durante un «operativo de barrido» en la intersección de las calles Castelli y Mitre. No era la primera vez que se encontraba con el inspector, de apellido Cohen, que también es conocido entre los vendedores por su prepotencia. «Me puse a filmarlo porque en un operativo anterior no llegué a registrar el momento en el que agredían a los vendedores. Entonces, se cruzó y me encaró para empezar a agredirme», relata el periodista, que hace 8 meses trabaja en la zona para visibilizar la situación de la comunidad senegalesa a través el proyecto colectivo Djambari Buenos Aires .
El tono agresivo del inspector quedó registrado en el video tomado por Muiña y también se lo ve golpeando la cámara del fotógrafo. Sin embargo, el funcionario de Espacio Público denunció al reportero porque «lo había golpeado con la cámara» para que el patrullero que acompañaba el operativo lo mantuviera demorado sin dar explicaciones de los motivos.
«Tengo una Nikon 5100 no la voy arriesgar para golpear a un inspector», desestimó Muiña el argumento del inspector —que fue confirmado a PáginaI12 desde el Ministerio de Seguridad porteño—. No es la primera vez que el argumento es usado por personal del gobierno de la Ciudad para impedir la tarea de trabajadores de prensa. En febrero del año pasado, el fotógrafo de PáginaI12, Bernardino Ávila, y su colega de la revista Cítrica, Juan Pablo Barrientos , fueron detenidos con el mismo argumento, avalado incluso por el vicejefe porteño, Diego Santilli. El fiscal penal y contravencional Walter López archivó la causa contra los reporteros gráficos tres meses después.
«La Policía de la Ciudad tiene orden, hace rato, de impedir cualquier tipo de registro fotográfico o de video de sus intervenciones, porque saben que esos materiales son los que después nos permiten reconstruir los hechos en los juicios. Ya la Metropolitana tenía esa directiva, acordate de los dos trabajadores de prensa de la RNMA baleados con plomo el 13 de marzo de 2013 en el desalojo de la Sala Alberdi «, advirtió la abogada de Correpi, María del Carmen Verdú, que acompaña junto a la RNMA, ARGRA y SIPREBA las causas de trabajadores de prensa detenidos y procesados.
Verdú advierte que la persecusión no se limita a los trabjadores de prensa sino que es «tanto para fotógrafos como para gente que use su celular. Sistemáticamente, cuando ven que alguien graba una detención, un operativo o un desalojo, se le van encima, provocan y detienen o al menos impiden la filmación». En noviembre pasado, se conoció el caso de un policía de la Ciudad que amenazó a un vecino por grabar la detención de un vendedor senegalés.
Facundo Molares Schoenfeld: preso político en Bolivia
Resumen Latinoamericano, 7 febrero 2020
En tiempos de dictadura, hay inocentes perseguidos y delincuentes liberados. Los medios comunitarios son acallados y existe la violación de derechos humanos, sin ningún respeto del derecho internacional.
El argentino Facundo Molares Schoenfeld (44 años) está detenido en Bolivia en medio de un clima de represión generalizada en el país vecino. Detenido el 11 de noviembre del pasado año, en un contexto donde sufrió severos problemas renales, las autoridades bolivianas han hecho todo lo posible para aislarlo, sin respetar el debido proceso judicial.
Su detención forma parte de la campaña mediática del gobierno golpista se busca asociar a Morales a una conspiración internacional en favor de Evo Morales a partir de su anterior militancia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde no tiene ningún cargo o delito imputado, legitimando así la intervención paramilitar propia de los golpes de Estado y vincular tanto a Facundo como a Evo en una guerra judicial esta vez asociada al llamado delito de Terrorismo .
La estancia de Facundo en Bolivia se debía a la cobertura periodística en su faceta de comunicador popular de las protestas y represión posterior al golpe de Estado, que llevaba su cámara fotográfica para retratar, en primer lugar las elecciones del 20 de octubre y luego el proceso destituyente que tuvo lugar en las semanas posteriores.
Su padre, Néstor Molares, viajó para interiorizarse de la situación de su hijo, de las condiciones de detención y de su estado de salud. Allí apenas pudo recabar información ante la negativa de las autoridades. Además, fue detenido, interrogado y obligado a abandonar el país bajo amenaza de muerte.
TESTIMONIO NÉSTOR MORALES, PADRE DE FACUNDO MOLARES SCHOENFELD
“La información que tengo es muy restringida desde que él fue detenido. Primero, en el hospital estuvo encadenado a la camilla sin ningún tipo de imputación formal durante 18 días, hasta que después- cuando lo ubico como mi hijo con nombre y apellido- aprovechan su historial pasado para involucrarlo en un supuesto complot internacional. Lo tiene en el hospital, lo sacan de terapia intensiva y- así como está y bajo los efectos de medicamentos- lo someten a audiencia cautelar y le dictan prisión preventiva. Con la expresa condición del juez de no ser trasladado hasta su recuperación, pero la Policía no hace caso“.
“Lo llevaron al penal de Palmasola, después al penal de Chonchocoro sin ropa, sin zapatos y sin medicamentos. Esto hace casi tres meses, porque él fue internado el 11 de noviembre del 2019. No he tenido comunicación con él por más de dos meses, la únicas noticias que recibo de él son en forma indirecta por medio de los cónsules. Primero, el cónsul Roberto Dupuy en Santa Cruz de la Sierra y ahora con la Cónsul de la Paz. La información que tengo es muy sesgada y muy retaceada, sigue con problemas de salud y recluido en aislamiento en el penal de Chonchocoro. Lo que hablé, … con la Cónsul es que el médico de la cárcel va elaborar un informe médico para que solicite al juez de la causa, en Santa Cruz de la Sierra, el traslado de Facundo para una revisación médica a un hospital de La Paz. Mientras tanto su salud se sigue deteriorando y sigue en condiciones terribles”.
“Él está involucrado en una causa colectiva. Donde también está involucrado el intendente de Monteros (Mario Baptista), una candidata a diputada, un concejal que es miembro del MAS y el médico que lo atendió en primera instancia junto a su ayudante y su madre. Metieron a todos en una sola bolsa. Él es el único imputado que fue trasladado a Chonchocoro, los demás no”.“Facundo estaba allá cubriendo las elecciones del 20 de octubre y lo internan el 11 de noviembre con una insuficiencia renal aguda”.
“Facundo estaba allá cubriendo las elecciones del 20 de octubre. Cuando ven como viene todo el proceso, se queda para registrar todos los hechos. No queda claro si él fue agredido, y a raíz de eso sufrió la insuficiencia renal aguda que tuvo. A él lo internan el 11 de noviembre. Yo llegó el 12 al hospital, junto a mi esposa. Él estaba internado en una sala de guardia con respirador artificial y un coma inducido. Me entrevisto con el médico de la sala y le pregunto “¿qué heridas tiene y cómo está?”. Él médico me dice que no tiene ninguna herida, que lo que tenía era una insuficiencia renal aguda. Además, le encontraron como unos perdigones en la cabeza, pero eso es viejo, pero no se toca porque sería contraproducente”.
“Él no tenía ninguna herida, lo ví porque prácticamente estaba desnudo en una camilla con una especie de pañal. No tenia heridas, pero los riñones no le funcionaban. Me dan un listado de remedios para ir a comprar para hacerle diálisis, que son los que voy a buscar junto con mi esposa. Cuando volvemos nos detiene la policía y nos secuestran- cerca de las 10 de la noche- y nos llevan 60 km, nos meten en dos celdas separadas a mi esposa y a mí. Nos tienen 25 horas sin comer, sin dormir e interrogándonos alternativamente todo el tiempo“.
“Cuando nos liberan, yo quería volver al hospital. Pero nos dijeron que si nos quedábamos nos iban a masacrar y a matar. Nos fuimos y nos tomamos un avión a las 2 de la mañana de Aerolíneas Argentinas y volvimos. No sólo no teníamos garantías, sino que teníamos la amenaza explícita que nos iban a matar. Por eso que no estoy en Bolivia y sigo acá”.
“Es falso todo lo que se dijo, de que fue herido en un enfrentamiento. Inclusive llegaron hacer una filmación falsa con una persona en el suelo esposado a la espalda, como si él fuera Facundo. Él estaba haciendo una tarea de fotoreportero, inclusive en todo ese revuelo pierde la cámara, los documentos y el celular”.
“Lo que pasa en Bolivia es terrible, han logrado entablar una dictadura bruta y resentida en sus formas. Hay un componente subreligioso, racista y clasista. Lo poco que pude recibir de manifestaciones- de ese lugar- fue todo muy injurioso, con la agravante de ser argentinos”.“Lo que pasa en Bolivia es terrible, han logrado entablar una dictadura bruta y resentida en sus formas. Hay un componente subreligioso, racista y clasista”.
“Soy juez en Chubut y cuando estuve secuestrado, el interrogador se presentó como una persona entrenada por los Estados Unidos. Me dio algunas señas de determinados lugares donde se había entrenado que sonaban reales. Me trató muy mal y me dijo que yo no debería ser juez porque a los jueces los nombra Dios. Era un agente especial o un interrogador, pero no pertenecía a esa comisaría”.
“Es un ciudadano argentino. He presentado recursos, reclamos y solicitudes en Cancillería. Lo que me manifiestan es que, como la Argentina no reconoce al régimen de facto boliviano, no mantienen relaciones diplomáticas por lo cual las gestiones se ven muy limitadas. Entiendo eso y lo comparto. Pero lo que yo estoy reclamando es una declaración pública del gobierno argentino que exprese su preocupación, aunque no esté dirigida al gobierno boliviano. Además, presente una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo mismo presenté una cautelar ante esa misma institución, presenté cuatro ampliatorias porque se fueron agravando las circunstancias de mi hijo, presenté un reclamo ante el relator especial de la Naciones Unidas contra la tortura y otro contra la desapariciones forzadas de personas y envié una carta al Papa. Presenté en la iglesias y la Cruz Roja Internacional y Boliviana”.
“En ningún momento he negado que él a pertenecido a la FARC, inclusive el trabajó en el tratado de paz homologado por Naciones Unidas. Él se retiró en el 2017 y desde ese año vive en Argentina, nos ayuda a trabajar en nuestra Chacra en Chubut. Trabaja como fotoreportero y escribe artículos para la revista Centenario. Ha hecho una actividad lícita y no tiene ningún tipo de pedido de captura”.
El triunfo del pueblo mendocino, las resistencias y los desafíos contra el avance de la megaminería
Por Tierra para Vivir / Resumen Latinoamericano/ 8 de febrero 2020.–
Los últimos días de diciembre sacudieron a la sociedad mendocina y a la argentina. Vivimos la primera movilización popular bajo el gobierno del recién asumido Alberto Fernández. Fue en defensa del agua, contra la megaminería y en definitiva contra el extractivismo. No es casual.
Las luchas contra la megaminería
La organización popular contra la megaminería se remonta a los años noventa. El gobierno de Menem adhirió a un tratado binacional (Argentina-Chile) en el año 97, que flexibilizó los marcos regulatorios para la actividad minera promoviendo, a través de las exenciones impositivas, la inversión extranjera. En esta época, se iniciaron los proyectos megamineros transnacionales Bajo La Alumbrera (Catamarca), Famatina (La Rioja), Veladero (San Juan), entre muchos otros y comenzó a gestarse un abanico de organizaciones y grupos que denunciaban los emprendimientos y sensibilizaban a las poblaciones respecto de las consecuencias socioambientales que tendría dicha explotación.
A principios de los 2000, un nuevo “boom minero” acompañó la mega devaluación de esos años, pero la construcción de un movimiento asambleario contra la megaminería empezó a mostrar su fortaleza.
En 2003, el movimiento No a la mina en Esquel (Chubut), consiguió una consulta popular en la que arrasó la negativa al proyecto minero El Desquite. Luego la legislatura provincial aprobó la Ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto con la utilización de cianuro en toda la provincia.
En 2005, en Ingeniero Jacobacci (Río Negro), comunidades mapuche, crianceros y organizaciones sociales se opusieron al proyecto “Calcatreu” para la explotación de oro y plata a cielo abierto de la Canadiense “Aquiline Resources” y junto a movilizaciones en toda la provincia lograron la sanción de una ley anticianuro (Ley provincial 3981), la segunda en el país. Sin embargo en 2011 el gobernador del PJ, Carlos Soria impulsó con éxito su derogación en el marco de sus primeras y únicas medidas.
Un año más tarde los pueblos de Famatina y Chilecito en La Rioja, luego de años de bloqueos, cortes de ruta y movilizaciones, lograron frenar a la Barrick Gold. Al poco tiempo, la legislatura provincial aprobó una ley que prohibió la minería a cielo abierto con utilización de cianuro que tan solo un año después fue derogada.
Ese mismo año, luego meses de movilizaciones y acampes, en Mendoza se aprobó la ley que suspendía todos los proyectos mineros, pero fue vetada por el entonces gobernador del radicalismo, Cobos. Las movilizaciones y los cortes de ruta se redoblaron y en 2007 el pueblo mendocino consiguió la aprobación de la Ley 7722 que prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería.
En 2009 la confluencia entre las asambleas de vecinos/as, las comunidades mapuche, organizaciones sindicales y religiosas permitió frenar la instalación de un mina de cobre en las inmediaciones de la localidad de Loncopué en Neuquén. Tres años después un referéndum aprobó la ordenanza 1054/12 que impide la explotación minera a gran escala en el ejido municipal.
En 2010 el pueblo de Andalgalá en Catamarca, que ya vivía las consecuencias de la minera Bajo La Alumbrera, detuvo el proyecto Agua Rica que se proponía triplicar la capacidad de explotación de La Alumbrera.
En los últimos años es destacable la tenaz lucha del pueblo de Jachal que ha sufrido cinco derrames de cianuro y mercurio desde 2015 hasta el día de hoy, como resultado de la actividad de la Mina Veladero de la Barrick Gold. Como resultados de estos derrames se ha degradado el agua potable y se destruyó la capacidad de producción de alimentos de la zona.
Las resistencias gestadas desde fines de los años ‘90, tuvieron importantes avances en la primera década del siglo XXI, dejaron valiosos saldos legislativos y organizativos, y enfrentaron la continuidad de la matriz extractivista de todos los gobiernos, provinciales y nacionales, desde entonces.
El extractivismo y la deuda
El extractivismo es la forma en la que se relaciona la sociedad capitalista con la naturaleza. La voraz apropiación y destrucción de los bienes comunes es la contracara de la producción ilimitada de mercancías que alimenta la acumulación capitalista.
La matriz extractivista actual en la Argentina se organiza en torno a dos ejes. Por un lado, las transformaciones neoliberales de las relaciones de producción que, a su vez, se estructuraron en tres pilares: el incremento de la participación del capital financiero en la producción agrícola y la transformación de alimentos en commodities, a partir la década de 1970; la expansión de la megaminería como posibilidad de ingreso de divisas favorecida por legislaciones benevolentes con el capital trasnacional y la privatización de los hidrocarburos, principal insumo energético, habilitando la exportación sin control, desde la década de 1990.
Por otro lado, todo esto se da en el marco de la posición subordinada de América Latina frente a las potencias imperialistas, característica de la división internacional del trabajo, que configura un lugar subordinado de este continente en el esquema mundial del desarrollo del capitalismo. Entonces, la matriz extractiva se ha desarrollado durante siglos en América Latina, a partir de la conquista española. En ese marco, los pueblos indígenas resistieron y en la década de 1990 lograron reinstalarse como actores centrales en el mapa político para dar batalla al irreversible impacto del sistema sobre la naturaleza. Esto cada día toma más fuerza y hoy ocupan un lugar imprescindible en las acciones políticas socioambientales en vinculación con la defensa de sus territorios ancestrales.
En las últimas décadas y en el contexto del capitalismo neoliberal, la exportación de bienes primarios de bajo valor agregado producto de la explotación masiva de bienes naturales ha sido una de las principales fuentes de dólares que ha permitido a los sucesivos gobiernos paliar la falta de reservas, el pago de la deuda externa y no perder la ya escasa credibilidad crediticia en los mercados internacionales. Los diferentes gobiernos apenas aportaron modulaciones en materia impositiva y de alineamiento entre los diferentes capitales transnacionales. En este sentido, queda a la vista que tanto el ex presidente, Macri, como el actual presidente, Fernández, tuvieran por igual guiños con las corporaciones mineras en el transcurso de sus campañas electorales.
Por ejemplo, en marzo de 2019, Macri se reunió con tres empresas mineras para reactivar el proyecto Agua Rica que hasta ahora se encuentra vigente, pero en etapa de exploración gracias a la resistencia del pueblo de Andalgalá. Por su parte, Alberto Fernández reivindicó a San Juan como provincia modelo y declaró que “los que exportan son sus aliados”. Recordemos que San Juan sufrió el peor desastre ambiental de la minería argentina en 2018! La empresa Barrick Gold que opera la mina Veladero, derramó en 2015, cinco millones de litros de agua cianurada contaminando, además, con mercurio y arsénico, los ríos Potrerillos, Jáchal, Las Taguas, Palca y Blanco. Desde entonces, se ha confirmado al menos un nuevo derrame cada año.
Estas promesas de campaña no tardaron en hacerse realidad. Ocho días después de asumir Fernández adelantó a la Asociación Empresaria Argentina que había conseguido eliminar leyes provinciales que impiden la extracción megaminera y sancionar leyes de impulso a esta actividad en Mendoza y Chubut. Evidentemente, contaba con buena información. Un par de días después, fue aprobada en la legislatura mendocina la ley 9209 (que pretendía reemplazar la 7722 habilitando el uso de sustancias tóxicas en la extracción minera), en el marco de un acuerdo entre el PJ y la UCR, y rápidamente promulgada por el gobernador Suárez de Cambiemos. Lo que no estuvo en los planes de Fernández fue la enorme movilización popular.
La movilización contra lo instituido
El discurso de “hechos consumados” de Fernández frente a los empresarios se combinó con la “resignación de lo posible” que pregonaron inicialmente los legisladores del kirchnerismo en Mendoza. Para ellos, la Ley 9209, que legalizaba nuevamente la minería contaminante, “era mala, pero no se contaba con tiempo ni votos para frenarla”, lo que quedaba era “introducir controles a la ley”. Sin embargo, el pueblo mendocino decidió defender la Ley 7722 que había conquistado en 2007 confiando en sus propias fuerzas, apoyándose en la organización asamblearia y en la movilización masiva en las calles.
El paciente trabajo de las asambleas en la construcción de poder popular a lo largo de estos años mostró una potencia impresionante. La reacción del pueblo mendocino superó en masividad incluso a las jornadas de 2007. La movilización por la derogación de la Ley 9209 comenzó el domingo 22 de diciembre por la mañana en San Carlos. A lo largo de la ruta 40 columnas de las diferentes localidades se fueron sumando a la caravana y el lunes por la mañana decenas de miles se manifestaron frente a la Casa de Gobierno. La respuesta del gobernador Suárez fue una brutal represión que dejó 45 detenidos.
Imagen de la histórica «Marcha más grande la historia» en Mendoza contra la modificación de la Ley 7722 | Foto: Martín Magallanes
Por la noche, los cacerolazos inundaron la ciudad de Mendoza, en varios departamentos se anunciaron cortes sumado a que el sector vitivinícola comenzó a mostrar también su descontento expresado en la posibilidad de suspender la tradicional Fiesta de la Vendimia. El martes Suárez se apresuró en promulgar la ley y declaró que no había vuelta atrás. Las protestas siguieron el 24 y el 25 durante los festejos de navidad, y diferentes organizaciones de la sociedad civil comenzaron a posicionarse en contra de la megaminería. El jueves el gobernador anunció la “suspensión” de la reglamentación de la 9209 y llamó al diálogo en un intento por detener las movilizaciones y garantizar la realización de los festejos de la vendimia. Si bien en términos legales la “suspensión” no significaba ningún avance concreto, era el primer indicio de que la movilización callejera comenzaba a erosionar la base de sustentación política de Suárez. Esta maniobra no convenció a nadie y al día siguiente una movilización fenomenal en toda la provincia asestó el golpe definitivo contra la 9209.
Legisladorxs del PJ que unos días antes habían votado a favor de la ley en acuerdo con la UCR, pidieron su derogación, que se volvió definitiva el 30 de diciembre. En estos días de intensa agitación social por el tema minero, el flamante ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié abandonó su rol de ser el primer promotor del respeto a la Ley General del Ambiente y del principio de no regresividad ambiental. Con declaraciones ambiguas, prefirió mantenerse al margen del conflicto en lugar accionar los mecanismos políticos y legales a su disposición para preservar los bienes comunes y la vida. Su intervención en futuros conflictos socioambientales no parece ser muy prometedora.
En Mendoza, la gestión del agua es un elemento que atraviesa su historia y configuración territorial y productiva. En la actualidad la provincia vive una profunda crisis hídrica agravada por el cambio climático. En este contexto, existen diferentes componentes de conflicto. Algunas propias de la competencia capitalista inter-ramas, en virtud de la compleja convivencia entre la minería y la vitivinicultura (que también consume grandes cantidades de agua y la contamina con agrotóxicos). Y otras relacionadas con la contradicción entre estas actividades y grandes sectores de trabajadores que se ven amenazados por la destrucción del ambiente donde reproducen su vida y fundamentalmente por el riesgo de quedarse sin agua potable como ya ha sucedido en otros pueblos de nuestro país. Quienes componen las asamblea provienen de diversos sectores socioeconómicos, trayectorias políticas, espacios y formas organizativas heterogéneas, a la vez que en cada territorio, localidad tienen características diferentes. En buena medida es esta heterogeneidad lo que permitió que conformen una fuerza social que interviene en este campo de tensiones sociales, con una perspectiva de defensa de los bienes comunes y de la vida. La acumulación de años de encuentros inter-asambleas y de constante organización permitieron la reacción rápida con movilizaciones y acciones directas de manera aceitada para no resignarse a lo “posible” y animarnos a hacer lo que nos dicen que es imposible.
Los desafíos por delante
La megaminería, el fracking y el agronegocio son objetivos estratégicos de la política económica de Alberto Fernández para conseguir los dólares necesarios para pagar la deuda. Por eso, a pesar de la contundente respuesta del pueblo mendocino, el gobierno continúa a la ofensiva. El presidente volvió a elogiar el “modelo minero sanjuanino”. Por su parte, Alberto Hensel, ex ministro de minería en San Juan y ahora secretario de Minería de la Nación, declaró que espera ver proyectos mineros desde Jujuy hasta Santa Cruz lo más rápido posible. Mientras el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, proponía un “green new deal” intentando darle una cobertura verde y desarrollistas a este proyecto económico basado en la extracción masiva de nuestros bienes comunes. La decidida orientación del gobierno nacional anticipa nuevos enfrentamientos por la gestión y apropiación de estos bienes. Luego de la contundente victoria en Mendoza, el centro de la disputa se ha desplazado momentáneamente a Chubut donde el pueblo se prepara para defender la histórica Ley 5001, pero ninguna porción de nuestro territorio está a salvo. A lo largo de toda la cordillera, las empresas transnacionales han puesto el ojo los suelos que contienen cobre, oro, plata y uranio. Por esta razón es necesario unir fuerzas con acciones coordinadas en todo el país en defensa del agua, poniendo de manifiesto en la agenda política las terribles consecuencias del agronegocio, la megaminería y el fracking. Estas actividades son la expresión local de la lógica de depredación y desposesión capitalista que debemos detener para salvar la vida en la Tierra. En este sentido, es urgente iniciar una transición global del sistema productivo con un horizonte ecosocialista.
Imagen de la histórica «Marcha más grande la historia» en Mendoza contra la modificación de la Ley 7722 | Foto: Martín Magallanes
La deuda funciona como una herramienta de los países imperialistas para desposeernos de los bienes comunes, por eso es fundamental rechazar de inmediato el pago. Además debemos exigir la sanción de leyes nacionales que prohíban en todo el territorio nacional las fumigaciones aéreas, el fracking y la megaminería. Con el objetivo de desmercantilizar los bienes comunes es necesario estatizar la gestión y extracción de los mismos, bajo control de les trabajadores y las comunidades. Pero estas no pueden estar aisladas de una perspectiva general del proceso de producción de bienes asociados al uso de minerales. Es imprescindible un modelo de transición que articule la disminución del volumen de producción de materiales no industrializados con la industrialización de productos de características durables, utilizando la mejor tecnología disponible. A su vez, es importante que esta transición se haga en el marco de una disminución radical del uso energético desde la extracción hasta el consumo del bien final, la incorporación de fuentes no fósiles a la matriz energética, eliminando de manera progresiva y sustantiva los elementos contaminantes y creando planes de remediación y prevención efectivos.
En definitiva, hablamos de producir según la necesidades sociales y no las necesidades del capital: dejar de producir bienes según su valor cambio, para volver a hacerlo según su valor de uso. Nuestra tierra, nuestros ríos, las montañas, los bosques, los alimentos que comemos, el derecho a preservar nuestra vida están amenazados por la destrucción del capital. El proceso mendocino, las luchas de Esquel, Jacobacci, Famatina, Loncopué, Andalgalá y Jachal, entre otras nos muestran que hay solo una salida posible y es caminar hacia un cambio de modelo económico. Esa transición se logrará únicamente con la organización desde abajo que es solo posible con el pueblo trabajador en las calles. Movilizades por la defensa del medio en el que vivimos y caminando en unidad junto a la luchas del sindicalismo combativo, los movimientos feministas e indígena, el activismo antirracista, para alcanzar una masividad que logré cambiar todo lo que necesite ser cambiado.
“¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo”. Berta Cáceres.
Envio:RL
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