Resumen Latinoamericano* / 28 de febrero de 2020
Entre el 1 de enero y el 26 de febrero fueron asesinadas en Argentina 43 mujeres víctimas de la violencia machista, más siete casos que se encuentran bajo investigación, comunicó a Sputnik la coordinadora nacional del movimiento feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Silvia Ferreyra.
«Tenemos registrados 43 femicidios y 32 intentos de femicidio en lo que va del año, más siete muertes en proceso de investigación», señaló la referente feminista.
Durante estos dos meses dos niñas o mujeres murieron a manos de los victimarios en feminicidios vinculados y otros dos niños y varones fueron asesinados por estar relacionados con la víctima de la violencia machista, reseña Sputnik.
«En los últimas días han trascendido varios de estos casos por su violencia y porque han causado un gran impacto en los medios de comunicación, como en el caso de uno de los femicidios vinculados, como se conoce a los niños o adultos que son asesinados para causar un daño a la víctima», advirtió Ferreyra.
Uno de esos casos que conmocionó a la opinión pública fue el asesinato de un niño de cuatro años en la ciudad de Puerto Deseado, en Santa Cruz (sur), en un hecho en el que su madre fue violada y sometida a una feroz paliza hasta que los agresores pensaron que se encontraba sin vida, por una simulación de la propia víctima.
Mumalá observó, al respecto, que la mitad de los casos vinculados que se producen en Argentina tiene por víctimas a menores de 15 años.
«Nuestra sociedad no se resigna a recibir estos casos de femicidio por muerte de violencia machista y sigue reclamando justicia y que desde el Estado se tomen medidas políticas que atiendan esta situación de emergencia», sostuvo la coordinadora.
Medidas pendientes
El informe de Mumalá revela que el 68% de los femicidas era pareja o expareja de la víctima, mientras que otro 17% era familiar de la mujer asesinada.
Como consecuencia de estos feminicidios, 57 niños y niñas se quedaron huérfanos de madre.
El Observatorio detectó que el 23% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, que en un 19% de los casos, el homicida se suicidó tras matar a la mujer.
Otro dato relevante registrado por la organización es que el 2% de los feminicidas pertenecía a las fuerzas de seguridad del país.
Mumalá insiste en que este año se trate en el Congreso un proyecto de ley presentado el año pasado para declarar la emergencia nacional en violencia de género, lo que «podría ser una respuesta oportuna a los casos que estamos registrando mes a mes y que nos golpea en la cara», planteó Ferreyra.
El movimiento feminista también reclama al Poder Ejecutivo que se implemente la Educación Sexual Integral (ESI) en todo el territorio «por ser una de las herramientas más valiosas para prevenir muchas de las situaciones de violencia», acotó la titular de Mumalá.
La coordinadora también puso el foco en la capacitación obligatoria sobre género y violencia contra las mujeres y diversidades destinada a los funcionarios nacionales que trabajan en los tres poderes del Estado, según estipula la Ley Micaela, promulgada hace un año.
«La aplicación de la Ley Micaela debería ampliarse para toda la función pública de los distintos niveles del Estado y para las instituciones por donde transitan o permanecen varones, como son los clubes, centros culturales y establecimientos comunitarios», planteó Ferreyra.
En Argentina se mantiene el promedio una vez más de una víctima de la violencia machista cada 32 horas.
ÚN*
Comunidades indígenas solicitan que en Jujuy se respete y cumpla la vigencia del Estado de Derecho
Resumen Latinoamericano* / 28 de febrero de 2020
Hacemos conocer a la ciudadanía en general que en estos últimos días el gobierno de Jujuy ha hecho llegar en circunstancias irregulares un texto – mediante la Policía de la Provincia de Jujuy, a la Comunidad Indígena La Quiaca Vieja, por el cual supuesta y UNILATERALMENTE da por cumplido el proceso de evaluación de impacto ambiental – en referencia a la obra Zona Franca La Quiaca Vieja -.
Al respecto se destaca:
a. La Comunidad Indígena La Quiaca Vieja ha reclamado formalmente por escrito al Sr. Gobernador de Jujuy el cumplimiento de la Ley Nacional 24071 y el Convenio 169 OIT en referencia a la obra «Zona Franca La Quiaca Vieja» en razón de que dicho proyecto AFECTA el territorio de esta Comunidad Indígena.
b. Se hace público el acto de violencia institucional de imponer unilateralmente de dar por cumplido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la obra en cuestión.
c. Las Comunidades Indígenas Libres de Jujuy se declaran en estado de alerta ante un potencial acto de violencia y ataque a los pacíficos habitantes de la Comunidad Indígena La Quiaca Vieja.
d. Se solicita a los tres poderes de la Provincia de Jujuy, a las autoridades de las instituciones nacionales correspondientes al INAI, a las entidades defensoras de los Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a los Sres. Diputados y Senadores Nacionales su participación para que en Jujuy se RESPETE Y CUMPLA LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO , en particular que el Gobierno de Jujuy cumpla con la Ley Nacional argentina 24071 así como el mandato constitucional a los gobiernos provinciales de hacer cumplir la constitución y las leyes nacionales, tal como lo reclama la Comunidad Indígena La Quiaca Vieja de Jujuy.
Comunidades Indígenas Libres de Jujuy
27 de Febrero de 2020.-
Bercovich: “ Hay que meter presos a los que endeudaron al país y permitieron que se fugara el dinero de ese endeudamiento”
Por Mariano Pacheco, Resumen Latinoamericano, 28 febrero 2020
¿Se puede no pagar la deuda? ¿Qué ha pasado con la histórica consigna de “No pago de la deuda externa” y su incidencia en la actual coyuntura Argentina? ¿Es viable avanzar en torno al planteo de que es necesario auditar e investigar los orígenes de los compromisos del país con los organismos internacionales? Sobre estos ejes revista Zoom conversó con Alejandro Bercovich, economista y periodista radial, gráfico y televisivo, que en la actualidad conduce los programas “Brotes verdes” en C5n y “Pasaron cosas” en Radio con vos, y escribe en Bae Negocios y revista Crisis.
¿Se puede no pagar hoy la deuda externa en Argentina? Ese tal vez es un planteo que resuena, no digamos en el simple ciudadano de a pie, pero seguramente en las cabezas de muchos lectores y lectoras atentas que están con preocupación por la actual situación que atraviesa hoy el país. Por otra parte que han comenzado a plantear que hay que auditar la deuda, invertigarla, y no faltan quienes continúan sosteniendo la consigna de “No pago de la deuda externa”, que en otros contextos – pongamos por caso: los años ochenta del siglo pasado– tuvo mucho peso entre las organizaciones sindicales, sociales y políticas de este país. Hoy tal vez hay quienes plantean que la deuda no es ilegítima porque la contrajo un gobierno surgido de las urnas, más allá de que lo hiciera por decreto y no por el Congreso. ¿Vos qué pensas?
Está muy bien plantear los tres ejes juntos porque están muy imbricados. En primer lugar te diría que no es una locura, hoy por hoy, plantear el No pago de la deuda, como consigna o como eje de intervención política por parte de la izquierda y las organizaciones anti-capitalistas, e incluso, por los movimientos sociales, sindicales. La deuda es un mecanismo de sujeción política y no un mecanismo financiero y se puede rastrear su origen política y está bastante manifiesto en lo que ocurrió en los últimos cuatro años, con lo cual no me parece para nada plantear como argumento que “es una locura”. Es claro, por otra parte, que hoy son bastante marginales quienes sostienen esos planteos, y creo que tiene que ver con que en los años ochenta todavía estaba muy claro el origen de esas deuda –con los milicos en el poder– y que no se había contraído en nombre de nosotros, al menos desde un punto de vista institucional, porque la adquirieron en pleno gobierno dictatorial y no democrático. Entonces en ese momento el planteo era más lineal, y logró tener más anclaje social. Ahora han pasado cuarenta años, y los efectos del planteo no son los mismos, pero creo que se puede seguir sosteniendo, en tanto se entienda que es un mecanismo de sujeción política antes que un mecanismo financiero o un resorte más del capitalismo, y también, si se tiene en cuenta que la deuda no puede ser repudiada por el hecho de haber sido contraída por un gobierno dictatorial –que es lo que dice todo el tiempo el presidente Alberto Fernández– pero sí puede ser encuadrada bajo el marco de la deuda odiosa en tanto –como dijo hace muy poco Cristina Fernández en La Habana– no se usó ese dinero para autopistas, carreteras, diques, casas, sino que fue un simple vehículo para la fuga de divisas. Entonces, en la medida en que se establezca claramente que el dinero que ingresó al país se fugó y que los fondos que usufructuaron el dinero por las altas tasas que había y las comisiones que cobraron también en la colocación, son los mismos que usufructuaron la diferencia de cambio por haber comprado dólares más baratos y haberlos fugado antes de la devaluación, puede al menos plantearse una discusión en la cual ésto sea uno de los ejes. Yo, en ese sentido, no t engo dudas de que, como hacen algunos movimientos sociales, el que no tiene una infraestructura básica para que sus hijos toman agua potable –como está pasando en el Chaco salteño– puede decir a los gritos que no se pague la deuda. No tienen que pedirle permiso nadie porque hay una deuda muy anterior, que es de este país con aquello que marca la Constitución Nacional que tiene que proveerle a sus habitantes y a toda persona de bien que quiera habitar el suelo argentino. Esta es una cuestión central, incluso para quienes están en el costado izquierdo de este gobierno, porque pensar que tendrían que disciplinarse y no plantear la discusión sería una muy mala decisión política. En mi caso, desde mi práctica práctica periodística, me he propuesto mantenerlo en discusión, más allá de que, como bien vos señalabas, es muy difícil hoy sostenerlo. Pero no es la primera vez que la burguesía se encolumna con una misma posición respecto a un modo de ver las cosas, en este caso la deuda, y pretende decir hasta donde se puede y hasta donde no. Y eso es algo que hay que discutir.
¿Y sobre el planteo de auditar la deuda qué pensas?
Creo que cualquier expresión de repudio respecto de la deuda tiene que ser muy serio y partir de un estudio pormenorizado de cual fue el origen de la deuda, quienes se beneficiaron y cómo eso impactó en las condiciones de vida de los argentinos. Incluso creo que el gobierno, para poder tener una posición de mayor fortaleza en la renegociación de la deuda con los acreedores –y hasta sin querer patear el tablero o repudiar las emisiones más escandalosas de Caputto o lo que se contrajo con el Fondo incluso contra sus propios estatutos, etcétera–, al gobierno le conviene aprovechar cierta dinámica –como hacen los sindicalistas más burócratas cuando van a un patrón y le dicen que si no concede algo se pudre con los zurdos– y escuchar a quienes están a su izquierda con estos planteos. En ese sentido la auditoría es el paso uno, sí o sí. También creo que hay que investigar otra cosa, que nos lleva a tu tercer planteo…
… La cuestión de la ilegitimidad de la deuda incluso contraída por un gobierno surgido del sufragio…
Claro. Yo creo que indagar respecto no sólo de con qué papeles o cuando se aprobó por decreto o por ley cada emisión de cada bono de deuda, sino que hay que estudiar en detalle si Caputo finalmente no funcionó como delivey boy de los grandes fondos de inversión y los bancos de Wall Street que necesitaba colocar una liquidez a determinado plazo y que él les proveía bonos para calzar esa liquidez en un país que pagara mucho interés como Argentina. Si es así es algo que configura delito, y debería ir preso. Entonces: hay que investigar las fallas institucionales de los decretos, pero también establecer las responsabilidades. Acá hay algo que ya he dicho en otras oportunidades – y no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que escuché decir a varios especialistas en cuestiones de medio ambiente– y es prestar atención a lo que sucede con muchas empresas respecto del medio ambiente. Lo que hacen sus ejecutivos, ante la penalidad que se establece contra ellas por contaminar –que es una multa en plata– es incorporarlo a su ecuación económica. Y acá pasa algo similar con el tema de la deuda: en la medida en que solamente se renegocie y se diga “bueno, este pagó tanto de más o no”, se está permitiendo que estos tipos incorporen a la ecuación económica el endeudamiento un sobrecosto eventual del default parcial. Por eso creo que lo que hay que hacer es ponerlos presos. Hay que metemos presos a los que endeudaron al país y permitieron que se fugara el dinero de ese endeudamiento, así la próxima vez lo van a pensar dos veces. Claro: meterlos presos no es simple y ahí la movilización popular es fundamental, porque estos tipos sí que se robaron todo. Esa creo, al fin y al cabo, que debería ser la dinámica que adquiera un planteo popular frente al problema de la deuda.
fuente: revista Zoom
Envio:RL
29 de febrero de 2020
Panorama político
El discurso de Alberto Fernández: quién lo prepara, qué dirá, los proyectos que lanzará
La hoja de ruta del primer año de gobierno llega enmarcada por la reforma judicial y la batalla redistributiva alrededor de la soja. El lugar del aborto legal y dónde se colocará la oposición.
Por Fernando Cibeira
Alberto Fernández prepara su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Imagen: Bernardino Avila
Imagen: Bernardino Avila
El gobierno de Alberto Fernández nació marcado por la estrechez económica y la necesidad de una urgente solución a la cuestión de la deuda, con una agenda imposible de pagos por delante. Las dificultades obligaron a un inicio incómodo, con cambios en la movilidad jubilatoria que necesitaban explicación para detallar su carácter "solidario". En estas horas, a nada del discurso de apertura de las sesiones ordinarias y a poco de que se cumplan los emblemáticos primeros cien días de gestión, el Gobierno se encuentra enfrascado en dos debates que indudablemente le sientan mejor y que recuerdan algunas de las batallas del kirchnerismo.
Alberto Fernández se dedicó el viernes a pulir su discurso junto a Santiago Cafiero, Gustavo Béliz y el politólogo Alejandro Grimson. La primera apertura de sesiones siempre tiene algo de fundacional. El mensaje de asunción se emparenta más con ideas generales --en su mayoría ya expresadas durante la campaña-- mientras que la presentación del 1 de marzo tiene mayor vínculo con un plan de gobierno, en el que aquellas ideas deben verse plasmadas en proyectos concretos. En la edición del domingo pasado, este diario adelantó algunas pistas de por dónde van a ir la cosas en el recinto.
La suba de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados remite de inmediato al conflicto de 2008. Curiosamente, ese episodio fue el detonante de la salida de Alberto Fernández del gobierno de Cristina Kirchner y de que estuvieran una década sin hablarse. Es claro, en el entorno del Presidente ven muy diferente la actual situación. Primero, porque no se trata de una suba generalizada sino que es sólo al producto que se vio notoriamente favorecido por la escalada del dólar. Otros se mantienen en el mismo nivel y algunos, como la pesca, inclusive van a tener rebajas. Por eso sostienen que la medida no tiene un fin "recaudatorio" sino "redistributivo". Esos mismos recursos que se van a obtener por los tres --¡tres!-- puntos extra de retenciones se destinarán a mejorar las condiciones de los sectores agropecuarios menos favorecidos a través de medidas como préstamos que otorgará el Banco Nación para mejorar la productividad.
Incluso, comentaban que medidas adicionales, como las 40 nuevas rutas de cabotaje anunciadas por Aerolíneas Argentinas, también resultan una forma de ayuda para regiones del interior del país. En definitiva, en la Rosada le quitan a esta nueva discusión por las retenciones el carácter de aquella que unificó al "campo" contra el poder central. En cambio, lo enmarcan en la estrategia de --en el actual marco de estrechez-- encarar un "proceso redistributivo progresista", como definía ayer un hombre cercano al Presidente. Además, en un marco de diálogo y discusión con todos los sectores. Por eso, como todavía está abierto la negociación, no habría ningún anuncio de Fernández sobre retenciones en su mensaje en la Asamblea Legislativa.
La otra discusión actual tiene que ver con el Poder Judicial. La Justicia está entre las instituciones peor conceptuadas por la sociedad y, a los gritos, necesita cambios. La corporación se abroquela por sus privilegios. Fuera de lo anecdótico de la cuestión del quórum, Juntos por el Cambio se unió en defensa de la continuidad de jubilaciones exorbitantes, algo que había reclamado que se eliminara apenas dos meses atrás y que, de acuerdo a una encuesta de Analogías, apoya más del 70 por ciento de la gente. Dominada por el sector más ultra que rodea a Mauricio Macri --Patricia Bullrich, Elisa Carrió--, la lógica de la oposición retoma la conducta del otrora "grupo A". Rechazar todo hoy es más importante que mostrar coherencia en sus posiciones.
Es de imaginar que la conducta se repetirá respecto al proyecto de reforma del Poder Judicial, que se aguarda como uno de los puntos fuertes del mensaje del Presidente en el Congreso. El contenido de la reforma se viene manteniendo en reserva. Béliz trabajó en eso, lo mismo que la ministra Marcela Losardo y el propio Fernández. La atención estará puesta en los cambios en el fuero federal, epicentro del lawfare local que mantiene en tensión al kirchnerismo. La reforma le permitirá al Presidente dar una respuesta a la encerrona de la discusión por la existencia de presos "políticos", su solución a la situación que él mismo denunció en su momento.
La otra iniciativa importante que anunciará será la de interrupción legal del embarazo, presentada como prioridad por la Casa Rosada. A diferencia de la anterior discusión, en el Gobierno imaginan un tratamiento más rápido y exitoso. Esta vez no es un Ejecutivo que simplemente habilita el debate sino que prepara un proyecto y lo impulsa.
Serán dos proyectos --reforma judicial y aborto-- de suma importancia y que seguramente acaparán el debate parlamentario en los próximos meses, con su lógica extensión hacia la opinión pública. No es casual que se trate de dos iniciativas que, en principio, no requieren recursos presupuestarios. El paréntesis hasta el 31 de marzo -hipotética fecha de conclusión de las negociaciones por la deuda- actúa como un límite de hierro. "En abril o mayo vamos a saber dónde estamos parados", le repite el Presidente a cada sindicalista que recibe, un implícito pedido de paciencia hasta que se sepa con cuántos recursos se contará. Para algunos ministerios la línea es de hierro.
Es muy comentado el parate en la obra pública, que tiene nerviosos a algunos gobernadores e intendentes. Con poco, el ministro Gabriel Katopodis se dedicó a los plaanes de infraestructura básica y a reactivar, en cuentagotas, las obras que estaban paralizadas desde que Macri cortó todo. Allí, la aprobación del presupuesto es vital. La única excepción es Desarrollo Social, donde en poco tiempo Daniel Arroyo consiguió repartir 922 mil tarjetas Alimentar, la gran apuesta social del Gobierno, que por un lado sirve para el combate prioritario contra el hambre y, por el otro, funciona como vehículo para la reactivación de al menos un sector productivo. Las tarjetas se cargan el tercer viernes de cada mes. Para el caso del Conurbano, ese día es una inyección de 1.800 millones de pesos. En Córdoba, de casi 600 millones. Unos 80 mil millones de pesos anuales que salen de cambios de partidas presupuestarias y de la ley de emergencia alimentaria.
Para satisfacción de las autoridades, la mayor parte se gasta en leche, carne, frutas y verduras. Era la recuperación nutritiva que necesitaba con urgencia un sector de la población para no sufrir daños tal vez irreparables. Por ahora, un 40 por ciento de los gastos se realizan en supermercados y un 60 por ciento en los demás establecimientos. La apuesta es que se inserten cuanto antes los sectores de la economía popular ofreciendo alimentos de mejor calidad y más bajo precio, para acompañar ese movimiento de la economía desde abajo en base a recursos del Estado.
Es lo que hay, en medio de un complejo proceso de negociación de la deuda. Como en toda gestión, hay ministros que sostienen que habría que hacer una exposición más rigurosa y sistemática del desastre encontrado. Una especie de informe, un libro negro. No es la idea de Fernández, que quiere evitar el discurso de la herencia recibida, convencido del hartazgo general. Habrá, sí, menciones en su discurso, pero prevalecerá la idea de iniciativas a futuro y esperanza por lo que viene. Porque en el Gobierno suman y concluyen que es mucho para lo poco que llevan.
Mayores aumentos para las jubilaciones más bajas y medicamentos gratis para jubilados, cerca de un millón de tarjetas para alimentar a los sectores más postergados y mover el consumo en los barrios, congelamiento de tarifas, combustibles y transporte, retenciones más altas a la soja para favorecer las producciones regionales, baja de tasas para favorecer el crédito, líneas para pymes y demás. Una serie de medidas, explican, que van en la misma dirección. En un momento de estrechez, distribuyen lo que hay con el criterio de favorecer a los de abajo, un punto no negociable. "Como siempre dijimos, vamos a dialogar con todos. Pero nunca vamos a renunciar a las convicciones redistributivas. Para eso vinimos", advertían en la Casa Rosada.
29 de febrero de 2020
El Presidente confirmó que enviará la reforma judicial al Congreso
“Hay que empezar a ordenar la justicia federal”
Alberto Fernández lo anunciará formalmente durante la apertura de sesiones ordinarias que se llevará a cabo el próximo domingo. Será uno de los temas del año legislativo.
Alberto Fernández hablará por segunda vez ante los legisladores nacionales
Imagen: Bernardino Avila
Imagen: Bernardino Avila
El presidente Alberto Fernández cumplirá con uno de los lineamientos del discurso que pronunció ante los legisladores nacionales el día de su asunción y enviará el proyecto de reforma judicial al Congreso de la Nación. El anuncio formal tendrá lugar el próximo domingo en el marco de la inauguración del periodo de sesiones ordinarias.
La confirmación llegó de boca del propio Fernández que, en declaraciones radiales, consideró que “la justicia argentina necesita una revisión” y aclaró que se trata “de un proyecto de reforma que intenta poner orden en el funcionamiento de la Justicia que le corresponde al Estado Nacional, que es la Justicia Federal”. Además, el primer mandatario advirtió que el Poder Ejecutivo está trabajando en un proyecto sobre los tribunales ordinarios de la Ciudad” porque “hay que traspasar ciertas jurisdicciones que vienen demoradas"
"Yo sé cómo funciona la Justicia, y lo que estoy tratando es de mejorarla", dijo Fernández, y agregó: "Le pido a los argentinos que entiendan que no tengo ningún problema con la Corte, y también que la inmensa mayoría de los jueces son probos y honestos”.
Cuando el proyecto ingrese al Congreso, el Presidente terminará por poner en marcha la "reforma integral de la justicia" que anunció el último 10 de diciembre. Ese día, también ante la Asamblea Legislativa, se había comprometido a impulsar la reforma judicial, intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y terminar con sus fondos reservados. Con lo concerniente a los servicios de inteligencia ya había avanzado.
En ese marco, en su primer discurso como presidente, Fernández había prometido: "Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales y linchamientos mediáticos".
Por otra parte, en el marco de la entrevista concedida a Radio10, el titular del Ejecutivo también se refirió a la designación de jueces durante el mandato de Mauricio Macri y anunció que revisarán “los pliegos de la gestión anterior porque, teniendo en cuenta cómo están funcionando las cosas, tenemos que ver quién es quién, y si estamos de acuerdo”.
De cara al futuro funcionamiento del Poder Judicial, Fernández sentenció: “Quiero jueces independientes, quiero jueces dignos, probos. Creo que una inmensa mayoría son así. No se trata de meter a todos en la misma bolsa.”
En tanto, desde el Frente de Todos le aseguraron a PáginaI 12 que la reforma judicial será uno de los debates que atravesará todo el año legislativo. Si bien aun no hay definido un cronograma especifico en el bloque oficialista comienzan a mirar el calendario para ordenar un tramite que incluya una serie de audiencias públicas o exposiciones antes de que los legisladores comiencen con el debate.
Fuera de micrófono, uno de los diputados oficialistas que más interactúa con los tribunales federales, advirtió que "no será una tarea sencilla" porque "los jueces federales seguramente se opondrán al proyecto, como se opusieron cada vez que se quiso avanzar en una reforma. Para eso seguramente contarán con el apoyo de buena parte de la oposición, como sucedió en el debate por las jubilaciones de privilegio."
El presidente se refirió a la auditoría que realizará el FMI
“Queremos que vean lo que han dejado" "
El gobierno anterior se gastó toda la plata del fondo de garantía de sustentabilidad para sostener la bicicleta y la fuga de divisas”, aseguró Fernández.
“Esta vez el esfuerzo no lo van a hacer los que menos tienen", Fernández.
Imagen: Bernardino Avila
Imagen: Bernardino Avila
"El gobierno anterior se gastó toda la plata del fondo de garantía de sustentabilidad para sostener la bicicleta y la fuga de divisas”, aseguró el presidente Alberto Fernández al asegurar que espera la auditoría del FMI para que el organismo multilateral pueda ver la situacion de quebranto en que dejó la economía Mauricio Macri. A su vez, se refirió al aumento de las retenciones que está en carpeta y le pidió a las entidades rurales que puedan "entender cuál es la situación económica".
Deuda
Fernández aseguró que se sintió respaldado por el FMI luego de que el organismo multilateral coincidiera con el Gobierno en que la deuda argentina no es sostenible. “En materia económica teníamos razón, no estábamos encaprichados, cuando dije en campaña que Argentina estaba en default, me dijeron que estaba asustando a los mercados, pero estaba diciendo la verdad”, aseguró. “Cuando el Fondo dice que Argentina no puede pagar está diciendo exactamente eso. Con el ministro Martín Guzmán hemos logrado que el fondo entendiera que decíamos la verdad y que teníamos razón”, agregó.
Además, el presidente hizo referencia a la revisión del artículo IV que realizará el FMI para monitorear las cuentas argentinas. “Queremos que vean lo que han dejado, yo no miento, que vean lo que no quisieron ver”, aseguró. “Que miren cómo se frenaron las obras públicas y lo que dejaron para pagar a los jubilados”, concluyó. La semana que viene habrá una nueva misión del FMI en Argentina.
Retenciones
“Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo”, aseguró Fernández en respuesta a si mantendría un encuentro con la Mesa de Enlace, durante una entrevista por Radio 10. Tras un largo encuentro entre Basterra y las entidades rurales, todavía no fue definido el nuevo esquema de retenciones. Mientras tanto, el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior continúa cerrado y el lunes habrá una nueva reunión.
“Esta vez el esfuerzo no lo van a hacer los que menos tienen, lo van a hacer los que están en mejores condiciones, que son los que exportan, le pido al campo comprensión y ayuda”, aseguró Fernández. “Tienen que entender la situación argentina, el mismo FMI dice que el país no puede pagar sus deudas, si el Fondo dice eso se darán cuenta en qué estado están las arcas públicas, no puede ser que a uno le pidan al mismo tiempo que supere el déficit fiscal, pero nadie quiere aportar nada”, enfatizó.
Además, el mandatario se refirió al llamado grupo de productores autoconvocados y dijo que tienen una intencionalidad política dado que están influenciados por dirigentes del PRO. “Tienen todo el derecho del mundo a expresarse en contra, pero deberían tener la honestidad intelectual de presentarse como opositores, porque no es lo mismo que hable un presunto chacarero que un dirigente encubierto”, aseguró. Pese a las amenazas de tractorazos, cortes de ruta o cese de comercialización que proponen desde ese grupo, el presidente dijo que está tranquilo: “No hay mayor indecencia que no cumplir con la palabra, y yo estoy cumpliendo con los que nos votaron, que sabían qué queríamos nosotros como fuerza política”.
29 de febrero de 2020
Panorama económico
Jubilaciones de privilegio: 200 pizzas para los jueces
Cómo se amplió la brecha entre los jueces jubilados y lo que perciben los demás.
En 2012 los jueces ganaban 10 veces más y ahora son 14 veces. Qué pasaría si no se reformara el sistema. El efecto bola de nieve a favor de los más favorecidos.
Por David Cufré
Imagen: Guadalupe Lombardo
El primer intento del kirchnerimo por acotar las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos resultó derrotado. Fue en mayo de 2012, cuando el entonces titular de la Anses, Diego Bossio, se presentó en el Congreso para advertir que esos sistemas previsionales generaban una desigualdad mayúscula con el resto de los jubilados y provocaban un desequilibrio fiscal cada vez más importante. La jubilación media de los jueces en ese momento se ubicaba en 22.077 pesos, contra los 2.233 pesos del haber medio del régimen general. La diferencia era prácticamente de 10 veces. El lobby de la corporación judicial, sin mayores grietas entre progresistas y reaccionarios, logró en aquella ocasión torcerle el brazo al gobierno y la iniciativa quedó en la nada. Fue una victoria muy redituable para los sectores que defienden la desigualdad social.
Ocho años después, cuando el Frente de Todos vuelve a la carga con el tema, la distancia entre los haberes de los jueces y el resto de los jubilados se ha estirado de 10 a 14 veces. Los primeros pasaron a ganar 293.107 pesos como ingreso medio (la jubilación se multiplicó por 13 en esos ocho años), mientras que los del régimen general quedaron en 20.575 pesos (la suba fue por 9 en relación a 2012). La ampliación de esa brecha de manera tan notable demuestra que efectivamente era necesaria la reforma de las jubilaciones de privilegio en 2012 para evitar que la desigualdad se siguiera agigantando. Si la ley se hubiese aprobado aquel año y los jueces hubieran conservado la distancia de ganar “solo” diez veces más que la jubilación media general, entonces en este momento cobrarían 205.750 pesos de jubilación, no los 293.107 pesos que perciben en realidad. Son unas 200 pizzas que se apropiaron los jueces, en términos de Prat Gay.
Esta evolución regresiva debería motivar alguna clase de autocrítica por parte de quienes se opusieron a la reforma de los regímenes de privilegio a principios de la década pasada. Pero el caso expone cuánto cuesta arrancar avances en materia distributiva.
Ni siquiera la cuestión fiscal movilizó a economistas y sectores de la oposición en este debate. No se puso énfasis en el exceso del gasto público para pagar las jubilaciones de jueces y diplomáticos, ni en ninguno de los otros dogmas neoliberales que se usan habitualmente para cortar derechos a las mayorías populares. A Juntos por el Cambio en esta ocasión lo sensibiliza no afectar derechos adquiridos. Esa es su preocupación principal, que se mantengan los beneficios extraordinarios para los jueces y diplomáticos por el mayor tiempo posible. Es una actitud loable. Garantizar derechos, aunque sean privilegios para unos pocos en un escenario de emergencia social. Por eso el PRO, la UCR y la Coalición Cívica reclaman la inclusión de un artículo que diga taxativamente que ningún integrante del sistema judicial perderá los derechos adquiridos. Esa defensa conmovedora contrasta con el desprecio que mostró el gobierno de Mauricio Macri en relación a los derechos adquiridos de la inmensa mayoría de los argentinos durante su gestión.
El régimen de jubilaciones especiales para los jueces ocasionó un déficit al Estado de 9.914 millones de pesos el año pasado, ya que los aportes de los beneficiarios de esa caja no alcanzaron a cubrir los gastos que ocasiona pagar haberes tan altos, de 293 mil pesos en promedio en diciembre último. Esos 9.914 millones de pesos que tuvieron que detraerse del presupuesto general para tapar el agujero de los jueces hubieran alcanzado para pagar 704 mil jubilaciones mínimas del sistema público de reparto (de 14.068 pesos en diciembre). En este punto también se observa lo grave que fue no haber aprobado la reforma de las jubilaciones de privilegio en 2012. En aquel año, el déficit del sistema previsional judicial resultó de 433 millones de pesos, lo que equivalía a 257 mil jubilaciones mínimas de 1687 pesos. Es decir, el impacto en términos distributivos creció exponencialmente los últimos ocho años. Se pasó de utilizar los recursos equivalentes a 257 mil jubilaciones mínimas en 2012 para pagarles más a los jueces a 704 mil haberes mínimos en 2019.
El Ministerio de Trabajo proyectó una agudización del problema hacia adelante si no se acotan los privilegios de los magistrados y demás miembros del Poder Judicial. En 30 años, estimó, el déficit fiscal que se produciría por sostener sus jubilaciones pasaría de los 9914 millones de pesos de 2019 a 27.937 millones.
Más allá de la cuestión presupuestaria, los jueces tampoco encuentran auxilio en otro argumento usual de los sectores conservadores para defender sus intereses: la comparación con “el mundo”. Argentina debe hacer lo que se hace en el mundo, dicen, en referencia a los países centrales de Occidente. En ese sentido, la legislación comparada les juega en contra. En España, país de referencia para la estructura jurídica argentina en materia previsional, no existe un régimen especial para los jueces. El tope de ingresos es de 2600 euros mensuales, según destacó la diputada Mirta Tundis en la sesión de la Cámara baja. En Brasil, ya analizando la situación en la región, tampoco existe un régimen especial para el Poder Judicial. En Colombia los jueces se jubilan dentro del régimen general, y las prestaciones no pueden superar el equivalente a 25 salarios mínimos. En México los jueces están incluidos en el sistema previsional del conjunto de los trabajadores del Estado. En Uruguay sí se aplica un sistema especial, con 70 años como edad mínima para el retiro.
Los mismos conceptos que involucran al Poder Judicial se pueden aplicar para los jubilados del Servicio Exterior. En su caso, el haber medio era de 27.560 pesos en 2012, en tanto que en la actualidad alcanza a 335.934 pesos. Es decir que la jubilación de los diplomáticos se multiplicó más de 12 veces, contra 9 veces de la jubilación media del régimen general. En consecuencia, en 2012 su ingreso era equivalente a 12 haberes medios del sistema de reparto (de 2233 pesos), mientras que ahora son más de 16 veces (con una jubilación media general de 20.575 pesos).
Frente a tanta desigualdad, la voluntad política que muestra el gobierno de Alberto Fernández para retomar una antigua disputa de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, refleja la continuidad de los procesos políticos. Algo similar se observa en relación al debate por la suba de retenciones para la soja. Son disputas que exigen una fuerte unidad del campo popular para poder avanzar. Es de esperar que esta vez sea una lección aprendida.
Fuente:Pagina12
Se mantienen las jubilaciones de privilegio para las máximas autoridades de la Iglesia
28 de Febrero de 2020
Los obispos y arzobispos que se jubilan cobran por encima de los $100.000.
En el medio de las discusiones sobre las jubilaciones especiales, el diputado nacional Nicolás Del Caño introdujo un dato que pone en manifiesto que algunos privilegios siguen siendo sostenidos por el Estado a pesar del intento de modificar el régimen jubilatorio de los judiciales y diplomáticos.
Se trata de las jubilaciones de los arzobispos y obispos, jerarcas de la Iglesia Católica, quienes perciben una jubilación superior a $100.000 por mes gracias a un decreto del genocida Jorge Rafael Videla. El decreto Nº 21.540 fue promulgado en marzo de 1977 y en sus primeros artículos ordena al Estado a pagar con fondos del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional "una asignación mensual vitalicia" a quienes integran la jerarquía eclesiástica que se hayan jubilado por "razones de edad o invalidez".
En el caso de “arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas o exarcados del culto católico, apostólico, romano y el vicario castrense para las Fuerzas Armadas” esa jubilación equivale, según el decreto de los genocidas aún vigente, al 70% de lo que cobra un “juez nacional de primera instancia”. En el caso de “obispos auxiliares de arquidiócesis, diócesis, prelaturas o exarcados”, de “pro-vicario castrense para las Fuerzas Armadas con dignidad episcopal” y “obispos auxiliares para las Fuerzas Armadas”, cobran el equivalente al 60% de esos mismos salarios judiciales.
Cabe recordar que dicho decreto surgió en el marco de una alianza entre la cúpula de la Iglesia Católica con los militares genocidas, cuyo trabajo articulado permitieron los secuestros ilegales, las torturas, asesinato y desaparición de las 30.000 personas víctimas del Terrorismo de Estado que comenzó en 1976.
Además, mantiene vigente el vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica a pesar de que no todos los argentinos adhieren a dicho credo.
El decreto no fue derogado por ninguno de los gobiernos de la democracia.
Fuente:Analisis
Marisa Graham es la nueva Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes
La abogada fue designada luego de una sesión en la que resurgieron los debates a favor y en contra del aborto. La votación fue de 47 a 21 a favor.
28 de Febrero de 2020
El Senado aprobó la designación de la abogada Marisa Graham como Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en una sesión extraordinaria en la que las posiciones en favor y en contra del aborto fueron el telón de fondo del debate como consecuencia de la postura pública de la funcionaria en favor de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
El oficialismo aprobó el nombramiento, por 47 votos contra 21, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó juramento a Graham y a los defensores adjuntos en la misma sesión extraordinaria en la que se aprobó su pliego.
Durante la sesión, legisladores de la oposición como la radical de Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez, pidieron que se rechace a la postulante con el argumento de que el aval de la comisión bicameral que dio curso a su nombramiento el año pasado había caducado.
Las posiciones en favor y en contra del aborto marcaron la discusión durante la sesión que condujo la vicepresidenta Fernández de Kirchner, en lo que funcionó como antesala de lo que podría ser un nuevo debate sobre la legalización de la interrupción del embarazo, previsto para este año, en el Congreso.
El tratamiento en el recinto de la nominación de Graham volvió a poner al descubierto, incluso, las discrepancias en el propio seno de las fuerzas políticas mayoritarias, aunque en Juntos por el Cambio fue más explícita la diferencia de opiniones a la hora de pronunciarse sobre el pliego.
Graham había recibido el aval de la comisión bicameral de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes luego de atravesar concursos y exámenes entre más de 70 postulantes pero senadores de la oposición como la tucumana Elías de Pérez consideraron que el dictamen no debía ser tratado porque estaba vencido el plazo.
La vicepresidenta Fernández de Kirchner contestó que esa interpretación de los plazos era errónea y autorizó continuar con el tratamiento del dictamen.
En representación del Frente de Todos, la senadora por La Pampa Norma Durango consideró que “la Cámara de Diputados convalidó la designación” y pidió a los senadores que “no miren para otro lado porque los niños y niñas de nuestro país están esperando ser escuchados”, en lo que calificó como “una deuda histórica” con la infancia.
Algunos de los senadores de Juntos por el Cambio que se expresaron a favor del nombramiento fueron Laura Rodríguez Machado, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, mientras que otros como Mario Fiad antepusieron la posición de Graham en favor del aborto como fundamento para desistir de acompañar el pliego.
Rodríguez Machado, de PRO, pidió “superar los prejuicios y la grieta” y expresó “su respeto” al trabajo de la comisión que aprobó el dictamen.
Fiad, en cambio, se preguntó cuál sería la posición de Graham ante un eventual conflicto “entre la voluntad de la madre y los derechos del niño por nacer” tras hacerse pública su postura en favor de la legalización de la interrupción del embarazo.
Entre quienes defendieron el pliego se encontraban además Lucila Crexel, del Movimiento Popular Neuquino; Alberto Weretilnek, de Juntos Somos Río Negro, y los integrantes del Frente de Todos, Magdalena Solari, Mario Pais, Jorge Taiana y Beatriz Mirkin.
Taiana advirtió que la cuestión principal es “poner a los niños por delante” y saber si Argentina “es capaz de responder por sus necesidades” y su compañera de bancada Mirkin reclamó “dejar de traer esa ensalada del debate de los verdes y celestes” y centrarse saldar la deuda de la Defensoría vacante hace 15 años.
Fuente:TiempoArgentino
Deuda externa
En Reino Unido aseguran que Alberto y Georgieva deben "limpiar el desorden que heredaron" de Macri y Lagarde
El semanario británico The Economist publicó un editorial sobre la reestructuración de la deuda y la negociación con el FMI en el que reconoce que el pasivo es "insostenible". Si bien pide un ajuste, la nota señala que Fernández y la titular del Fondo tienen que corregir la "herencia" de sus antecesores y que el país lograría una importante "reducción del capital e intereses".
Mientras desde Buenos Aires dirigentes macristas aún insisten en afirmar que la deuda que dejó Cambiemos es "manejable" a pesar de las pruebas empíricas, hasta el mundo en el que intentaron sostener su gestión como exitosa insiste en demostrarles lo contrario: el prestigioso semanario británico The Economist publicó un duro editorial en el advierte que el pasivo argentino es "insostenible", asegura que Alberto Fernández y Kristalina Georgieva deben "limpiar el desorden que heredaron" de Mauricio Macri y Christine Lagarde, y pronostica que el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados deben aceptar una importante reducción del capital e intereses en el marco de la negociación para la reestructuración.
En plena negociación del gobierno argentino con bonistas privados y con el FMI por la reestructuración de la deuda, el medio con base en Londres señaló que el organismo de crédito internacional le dice “duras verdades a los acreedores argentinos” relacionadas a la incapacidad de pago de la Argentina.
"El FMI es el mayor acreedor de Argentina y posee USD 44 mil millones del fajo de deuda extranjera de USD 100 mil millones que Argentina quiere renegociar. La semana pasada, el Fondo dejó en claro que la deuda del país es insostenible. El endeudamiento se acerca al 90% del PBI. El país se está recuperando de la caída del peso, la reducción de las reservas y una recesión amarga", dice el artículo, que así destroza a la administración de Cambiemos y otorga la razón al Frente de Todos.
Sin nombrar textualmente a Macri ni a Lagarde, The Economist los destroza: la publicación advierte que Argentina y el FMI "tienen cosas en común" porque, entre otras cosas, el presidente Fernández asumió en diciembre de 2019, dos meses después que Georgieva se pusiera al frente del ente de crédito, y que "ambos líderes quieren limpiar el desorden que heredaron".
"Puede no admitirlo, pero la Argentina y el FMI tienen cosas en común. Ambos están bajo nueva administración. El presidente Alberto Fernández asumió el cargo en diciembre, dos meses después de que Kristalina Georgieva se convirtiera en jefa del Fondo. Ambos líderes quieren limpiar el desorden que heredaron", enfatiza TE.
En el texto se recuerda que el organismo de crédito internacional encabezó en 2018 el vigésimo primer rescate al país y se señala que en el contexto actual están en juego una montaña de dinero, la credibilidad de la misión de Georgieva de reinventar el FMI y "las perspectivas de 45 millones de argentinos"
Frente a la demanda de algunos acreedores de que el FMI recorte también sus acreencias, el artículo refiere que "el Fondo tiene el trabajo de prestar cuando otros no lo harán, y por lo tanto, tiene el derecho a insistir en que se le pague, incluso cuando a otros no".
"El país está tambaleando por la caída del peso, reservas reducidas y una amarga recesión", afirma el semanario británico, y recuerda el planteo del Fondo sobre que "el ajuste del cinturón requerido para pagar todas las deudas no es económico ni políticamente factible".
El editorial afirma que, "en lo que tanto Argentina como el FMI coinciden, es en golpear a los acreedores privados, quienes a lo largo de los años han sido tan crédulos como los votantes y los tecnócratas del FMI".
Es en este punto en que el texto de The Economist pronostica algo central en el marco de la discusión actual acerca de qué modelo de renegociación debería llevar adelante Alberto y si habrá quita o no.
"Si tiene éxito, la reestructuración debería conducir a reducciones en el capital de la deuda y los costos de intereses por un valor tal vez del 10-20% del PBI", sentencia el semanrio londinense.
Resalta luego que "los acreedores se apilaron en la compra de de los bonos soberanos argentinos a 100 años, emitidos en 2017, que ahora valen 42 centavos por dólar".
"La Argentina necesitará un nuevo préstamo para ayudar a pagar el viejo", afirma The Economist, y señala que "se espera que el Gobierno presente el próximo mes una propuesta formal de reestructuración de la deuda".
El editorial cuestiona que, mientras que en el pasado este tipo de programa implicaba préstamos a largo plazo en conjunción con demandas de austeridad, las autoridades argentinas "han estado haciendo lobby al Fondo y a los ministros de finanzas del G7 para que adopten un enfoque más blando que priorice el crecimiento".
Esa postura coincide con "la ambición de Georgieva de refundar el FMI: en lugar de siendo el disciplinador de las finanzas globales", haciendo "más por ayudar a los países pobres a crecer en el largo plazo", describe. Según agrega el artículo, el organismo "debe evitar imponer innecesaria humillación o sufrimiento en Argentina, pero también debe evitar consentir la ilusión de que de repente se convertirá en una economía próspera".
No obstante, llama a que "el gobierno gaste menos en jubilaciones, empleados públicos y subsidios a la energía, y, en cambio, más en inversión, para que la perspectiva de crecimiento de Argentina mejore". También aboga por una estructura impositiva "más amigable con las exportaciones y con leyes laborales menos perjudiciales para la contratación".
Finalmente, la nota editorial insta a la titular del FMI a proponer "unas pocas metas duras sobre el déficit y la inflación", y dejar "que sea el gobierno el que vea cómo alcanzarlas: creciendo más rápido, si es posible, o si no, apretando entonces el cinturón"
Fuente:PoliticaArgentina .
En plena negociación del gobierno argentino con bonistas privados y con el FMI por la reestructuración de la deuda, el medio con base en Londres señaló que el organismo de crédito internacional le dice “duras verdades a los acreedores argentinos” relacionadas a la incapacidad de pago de la Argentina.
"El FMI es el mayor acreedor de Argentina y posee USD 44 mil millones del fajo de deuda extranjera de USD 100 mil millones que Argentina quiere renegociar. La semana pasada, el Fondo dejó en claro que la deuda del país es insostenible. El endeudamiento se acerca al 90% del PBI. El país se está recuperando de la caída del peso, la reducción de las reservas y una recesión amarga", dice el artículo, que así destroza a la administración de Cambiemos y otorga la razón al Frente de Todos.
Sin nombrar textualmente a Macri ni a Lagarde, The Economist los destroza: la publicación advierte que Argentina y el FMI "tienen cosas en común" porque, entre otras cosas, el presidente Fernández asumió en diciembre de 2019, dos meses después que Georgieva se pusiera al frente del ente de crédito, y que "ambos líderes quieren limpiar el desorden que heredaron".
"Puede no admitirlo, pero la Argentina y el FMI tienen cosas en común. Ambos están bajo nueva administración. El presidente Alberto Fernández asumió el cargo en diciembre, dos meses después de que Kristalina Georgieva se convirtiera en jefa del Fondo. Ambos líderes quieren limpiar el desorden que heredaron", enfatiza TE.
En el texto se recuerda que el organismo de crédito internacional encabezó en 2018 el vigésimo primer rescate al país y se señala que en el contexto actual están en juego una montaña de dinero, la credibilidad de la misión de Georgieva de reinventar el FMI y "las perspectivas de 45 millones de argentinos"
Frente a la demanda de algunos acreedores de que el FMI recorte también sus acreencias, el artículo refiere que "el Fondo tiene el trabajo de prestar cuando otros no lo harán, y por lo tanto, tiene el derecho a insistir en que se le pague, incluso cuando a otros no".
"El país está tambaleando por la caída del peso, reservas reducidas y una amarga recesión", afirma el semanario británico, y recuerda el planteo del Fondo sobre que "el ajuste del cinturón requerido para pagar todas las deudas no es económico ni políticamente factible".
El editorial afirma que, "en lo que tanto Argentina como el FMI coinciden, es en golpear a los acreedores privados, quienes a lo largo de los años han sido tan crédulos como los votantes y los tecnócratas del FMI".
Es en este punto en que el texto de The Economist pronostica algo central en el marco de la discusión actual acerca de qué modelo de renegociación debería llevar adelante Alberto y si habrá quita o no.
"Si tiene éxito, la reestructuración debería conducir a reducciones en el capital de la deuda y los costos de intereses por un valor tal vez del 10-20% del PBI", sentencia el semanrio londinense.
Resalta luego que "los acreedores se apilaron en la compra de de los bonos soberanos argentinos a 100 años, emitidos en 2017, que ahora valen 42 centavos por dólar".
"La Argentina necesitará un nuevo préstamo para ayudar a pagar el viejo", afirma The Economist, y señala que "se espera que el Gobierno presente el próximo mes una propuesta formal de reestructuración de la deuda".
El editorial cuestiona que, mientras que en el pasado este tipo de programa implicaba préstamos a largo plazo en conjunción con demandas de austeridad, las autoridades argentinas "han estado haciendo lobby al Fondo y a los ministros de finanzas del G7 para que adopten un enfoque más blando que priorice el crecimiento".
Esa postura coincide con "la ambición de Georgieva de refundar el FMI: en lugar de siendo el disciplinador de las finanzas globales", haciendo "más por ayudar a los países pobres a crecer en el largo plazo", describe. Según agrega el artículo, el organismo "debe evitar imponer innecesaria humillación o sufrimiento en Argentina, pero también debe evitar consentir la ilusión de que de repente se convertirá en una economía próspera".
No obstante, llama a que "el gobierno gaste menos en jubilaciones, empleados públicos y subsidios a la energía, y, en cambio, más en inversión, para que la perspectiva de crecimiento de Argentina mejore". También aboga por una estructura impositiva "más amigable con las exportaciones y con leyes laborales menos perjudiciales para la contratación".
Finalmente, la nota editorial insta a la titular del FMI a proponer "unas pocas metas duras sobre el déficit y la inflación", y dejar "que sea el gobierno el que vea cómo alcanzarlas: creciendo más rápido, si es posible, o si no, apretando entonces el cinturón"
Fuente:PoliticaArgentina .
Alberto Fernández y las jubilaciones de privilegio: "No tengo ningún interés de que los jueces renuncien"
Viernes 28 de Febrero
Tras la media sanción en Diputados, el mandatario recordó que un miembro de la Corte "gana tres o cuatro veces más que lo que gana el Presidente o un senador" y agregó: "Ojalá los jueces dignos sigan trabajando".
El presidente Alberto Fernández se refirió a los cambios en las jubilaciones de privilegio para el servicio exterior y los magistrados al advertir: "Yo no tengo ningún interés de que los jueces renuncien y se vayan, no induzco a nadie a jubilarse y ojalá los jueces dignos sigan trabajando y entendiendo que se tienen que hacer un aporte distinto a la Argentina".
En ese sentido, rechazó este viernes el planteo opositor sobre el proyecto de ley y recordó que un miembro de la Corte Suprema de Justicia "gana tres o cuatro veces más que lo que gana el Presidente o un senador".
También opinó que la oposición operó con una "desvergüenza asombrosa", luego de que los diputados de Juntos por el Cambio se retiraran del recinto donde se debatía la ley en la Cámara baja. "Ayer escuchaba hablar a un diputado de la oposición y me preguntaba seriamente cuál es su honestidad intelectual por decir que uno promueve esta ley para vaciar la Justicia", dijo a Radio 10 y apuntó que "sólo tiene el propósito de que las cosas se igualen un poco en Argentina".
En ese sentido, expresó que "el país está pasando por un momento muy difícil, entonces esos regímenes son insoportables, simplemente desde la lógica, porque que haya jubilaciones promedio de 350 mil pesos, y otras que están cerca de los 700 mil es de un costo fiscal altísimo".
El Presidente también afirmó que convocaron a los miembros del Poder Judicial para debatir la ley, aunque encontraron "una resistencia muy grande", y agregó que el presidente del Consejo de la Magistratura le llevó una propuesta que incorporó (la de cambiar las edades jubilatorias), también para "tratar de darle certezas a algunas dudas que tenían".
Fuente:Infonews
"Presidenta, usted también es mujer como yo": el fuerte cruce de Cristina Kirchner con una senadora de Juntos por el Cambio
La titular del Senado volvió a advertir que no deben llamarla "presidente", sino con esa palabra pero género femenino.
Al igual que ocurrió hace una semanas con el jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a corregir a una senadora de Juntos por el Cambio que se refirió a ella como "presidente" del Senado.
Durante un cruce con la senadora de la UCR, Silvia Elías de Pérez (quien quería impedir la votación de la defensora de niños, niñas y adolescentes), la ex mandataria volvió a defender el uso del femenino para referirse a su cargo.
-"Tiene la palabra senadora para ampliar...", le concedió CFK a la legisladora radical.
-"Le agradezco presidente, la propia comisión bicameral...", arrancó Elías de Pérez cuando la titular del Senado la paró en seco.
-"Presidenta, presidenta", le aclaró tajante Cristina Kirchner.
-"Bueno, presidenta, como usted quiera", le restó importancia la legisladora radical, que no se esperaba la última réplica de la líder del Frente de Todos.
-"Presidenta, usted también es mujer como yo", remató CFK.
Ya el mes pasado CFK había discutido lo mismo con un senador de su propia fuerza política. El legislador formoseño apeló a la Real Academia Española para justificar su postura a favor de denominarla "presidente" pero la propia RAE se pronunció a favor de usar la forma planteada por la vicepresidenta.
#RAEconsultas Aunque «presidente» puede usarse como común en cuanto al género («el/la presidente»), es preferible hoy usar el femenino morfemático «presidenta», documentado en español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico desde 1803.
35 personas están hablando de esto
Fuente:ElDestape
ESCÁNDALO JUDICIAL
Testigo clave reveló que Macri creó en la AFIP un "grupo de control" para perseguir a Indalo
Se trata del jefe del departamento de investigaciones de grandes contribuyentes de la entidad recaudadora, quien deslizó que dicho grupo era controlado desde la Rosada.
VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020
En su declaración ante el Tribunal Oral Federal 3, Jorge Schiaffini aseguró que durante la gestión macrista se creó en la AFIP lo que denominó un "grupo de control" para perseguir y perjudicar ex profeso al Grupo Indalo, presidido por Cristóbal López.
No se trata de un testigo cualquiera sino del jefe del departamento de investigaciones de grandes contribuyentes de la entidad recaudadora, quien señaló que ese grupo irregular y con participación externa era controlado desde la Casa Rosada, en particular por el exvicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien tenía el control político de la AFIP –aunque no lo mencionó.
El testigo reveló que el objetivo principal era la petrolera Oil Combustibles, con alcance al resto de las empresas del grupo. Schiaffini confesó ser autor del primer documento que motorizó el organismo recaudador respecto al “informe de situación fiscal” de la petrolera que terminó quebrando merced a las presiones que sufrió por parte de la AFIP.
Como se sabe, tanto López como su socio Fabián De Sousa permanecieron detenidos casi dos años con prisión preventiva por esta causa, prisión que había sido ordenada por el juez Julián Ercolini. En septiembre del año pasado, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó que ambos recuperaran la libertad.
A principios de este mes, Cristina Fernández de Kirchner había denunciado judicialmente la existencia de estos "grupos de tareas" creados por la gestión macrista para perseguir a personas vinculadas a su gobierno y a ella misma y su familia.
"A partir de que Mauricio Macri llegó al Gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc.) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia”, decía Cristina en su escrito.
Para la vicepresidenta, esos grupos tenían como objetivo "la destrucción de opositores mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos en coordinación con los medios de comunicación hegemónicos”.
Fuente:DiarioRegistrado
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