Resumen Latinoamericano* / 12 de marzo de 2020
(APL) «Como ya hemos denunciado, a lo largo de las audiencias en el juicio por el femicidio de Anahí Benítez -en el que Marcos Bazán es injustamente acusado- los miembros del Tribunal Oral en los Criminal 7 actúan de una manera totalmente sesgada, inclinando la cancha y afectando el derecho legítimo a la defensa. Principalmente el señor Lugones, uno de los jueces del tribunal, se dedica a intervenir en el debate de manera radicalmente diferente a como se espera que un juez actúe. En el artículo 364 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires se afirma:
«Excepcionalmente, si al término de cada exposición quedasen dudas sobre uno o más puntos, los miembros del Tribunal, podrán formular preguntas aclaratorias sobre los mismos a quienes comparezcan a declarar al juicio”. Es decir, la intervención de los jueces en el debate debería ser excepcional y sólo para evacuar dudas sobre lo que dijo un testigo. (…) En la audiencia del día 11 de marzo, la actitud del fiscal Lugones fue nefasta: se dedicó a hostigar a los testigos –peritos especializados que intervinieron en la investigación-, realizó preguntas indicativas, confrontó a los testigos tratando de que digan cosas que no dijeron, introdujo temas que no se habían tratado y se rebajó a discutir abiertamente con los miembros de la defensa. Para peor, cada vez que la defensa de Marcos reclamaba y se oponía a las preguntas del Fiscal Lugones, la presidenta del Tribunal Elisa Moyano buscaba evadir la oposición y proteger la actitud de su colega». Fragmentos salientes del texto de Familiares y Amigues de Marcos Bazán, quienes reclaman un juicio limpio. Más abajo, la nota completa.
Como se muestra en cada audiencia, el señor Lugones hace gala de una ignorancia brutal acerca de cómo se debe llevar adelante el debate y ejerce un abuso de su autoridad, extralimitando sus funciones. O para decirlo de manera más sencilla, actúa directamente como si fuera un fiscal.
En la audiencia del día 11 de marzo, la actitud del fiscal Lugones fue nefasta: se dedicó a hostigar a los testigos –peritos especializados que intervinieron en la investigación-, realizó preguntas indicativas, confrontó a los testigos tratando de que digan cosas que no dijeron, introdujo temas que no se habían tratado y se rebajó a discutir abiertamente con los miembros de la defensa.
Para peor, cada vez que la defensa de Marcos reclamaba y se oponía a las preguntas del Fiscal Lugones, la presidenta del Tribunal Elisa Moyano buscaba evadir la oposición y proteger la actitud de su colega.
Y por si fuera poco, esto no es nada nuevo: hace unos años la Cámara de Casación de la Provincia anuló un juicio porque se demostró que el TOC 7 de Lomas de Zamora (donde el Fiscal Lugones ejerce sus tareas) llevó adelante estos mismos mecanismos, perdiendo totalmente la imparcialidad (http://www.casi.com.ar/sites/default/files/62-64.pdf).
Por esta razón, los amigues y familiares de Marcos denunciamos que el TOC 7 está tratando de condenar a un inocente a como dé lugar y preanuncia a cada momento su sentencia. No les importa saber qué pasó con Anahí Benítez, no les importa si garantizan la impunidad al meter a un perejil tras las rejas, sólo les importa obtener una rápida condena y aparentar que “hicieron justicia”.
¡Queremos un juicio limpio! ¡Queremos justicia real!
Familiares y Amigues de Marcos Bazán
JUSTICIA. “La reforma de la Justicia se tiene que hacer dialogando con los sectores que la necesitan”
Resumen Latinoamericano*/ 12 de marzo 2020 .-
Alejandra Gils Carbó valoró los objetivos generales del proyecto del Gobierno para modificar el sistema judicial, aunque alertó que algunas de las iniciativas son insuficientes. Además, desplegó una potente crítica de la corporación judicial y sus alianzas con los servicios, los medios y el poder político y económico. La ex Procuradora General de la Nación habló en un encuentro convocado por la CTA Autónoma
La ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, analizó en profundidad los puntos que ya trascendieron del proyecto con el que el Poder Ejecutivo pretender reformar el Sistema de Administración de Justicia argentino.
En una extensa exposición, la reconocida abogada aseguró que “la única manera de que la reforma sea adecuada y suficiente es que los sindicatos, los movimientos populares, las organizaciones sociales, sean involucradas en las discusiones”.
Además, realizó una crítica sobre la actualidad del sistema judicial y su participación en la persecución política ejecutada por el gobierno anterior: “Se utilizó a la Justicia para poner en riesgo la democracia, para socavar las posibilidades electorales del partido más cercano a los intereses populares”, aseguró.
La presentación se dio en el inicio de un encuentro sobre Poder Judicial y relaciones laborales convocado por la CTA Autónoma, en el que participaron especialistas de distintas órbitas vinculadas al sistema judicial, abogados de sindicatos y centrales gremiales, jueces, funcionarios, docentes universitarios y especialistas académicos.
En la apertura del evento también participaron Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de central, y el secretario adjunto de la CTA-A y titular de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, quien destacó: “En una gran ofensiva de los sectores conservadores nuestro pueblo fue capaz de ponerle límite a un proyecto que quería gobernar el país por más de cuatro años”.
“Tuvo la capacidad de sostener la lucha en las calles –continuó Godoy-, de no limitarse a resistir sino de construir alternativas, y esa unidad nos ayudó a derrotar electoralmente al neoliberalismo. Pero ahora viene el tiempo de que esa unidad se profundice para posibilitar el desarrollo de un Estado al servicio de las mayorías, y necesariamente la Justicia forma parte de ese Estado, y no hay Justicia plena sin un pueblo protagonista”, concluyó el dirigente estatal.
Luego, Gils Carbó, insistió en que “las reformas que se presentan parecen razonables pero no suficientes, pero hay que ver si en este momento lo suficiente es razonable, dada la perspectiva de fuerzas, por eso es muy importante el involucramiento de los sectores populares”.
La ex Procuradora desplazada por el macrismo en 2017, brindo una mirada profunda sobre el law fare y los “sótanos de la democracia” denunciados por el Presidente Alberto Fernández, con un llamado de atención sobre el anacronismo estructural del que padece el actual sistema judicial, que no ha sabido actualizarse para brindar respuestas ante la globalización, el poder de los mercados desplazando el rol del Estado, el crimen organizado trasnacional, la financiarización de la economía, la multiplicación de paraísos fiscales, las cuestiones ambientales, y la deslocalización de las grandes empresas que reproducen precarización laboral.
Alejandra Gils Carbó dialogó con Canal Abierto
Alejandra Gils Carbó en la apertura de la Jornada de Debate Poder Judicial y Relaciones Laborales de la CTA-A, sobre las #jubilaciones de los jueces: "es una medida de #justicia distributiva. Hay muchos magistrados que están a favor".
Valoró positivamente la intervención de la AFI, y la iniciativa para unificar la Justicia penal y la ordinaria, aunque cuestionó que “falta una ley que regule la interceptación de comunicaciones, es llamativo que no haya una ley que controle las escuchas”.
“Hay una tercera etapa en la que llegó la total degradación del sistema, el law fare, la acción conjunta de jueces, medios de comunicación, y la política para que la Justicia se desempeñe como aniquiladora de las propuestas de oposición al proyecto neoliberal”, denunció. Y destacó: “La reforma apunta a poner fin a la promiscuidad en jueces, fiscales y servicios de inteligencia, a diluir la hegemonía de los doce jueces de Comodoro Py, al armado de causas y a la manipulación de los sorteos”.
“Se habla de crear un consejo de fortalecimiento, en el que estarían representados distintos sectores. Me parece central que haya representación de los trabajadores, que se oiga la voz de los que están en situación de vulnerabilidad, porque esos son los que ley y la Justicia deben proteger”, dijo.
Los últimos minutos de su ponencia los dedicó a profundizar sobre los ítems de la reforma que apuntarían a la corrupción judicial y los privilegios de los sectores dominantes: “Hay muchos jueces federales que están esclavizados por miedo al carpetazo, y la gente de la oscuridad maneja estas técnicas con mucha habilidad, manejan información y así se mantiene el sometimiento. Entonces, si se suman 63 jueces nuevos que no han estado durante décadas invitados a la Embajada, ni seguidos ni espiados, a mediano plazo tendría un efecto positivo”.
“Los ministros de la Corte no van a las villas, a los barrios, ni siquiera a un hospital público, porque eso sería bajar línea, entonces la bajada de línea a jueces y fiscales es que hay que poner el foco en las cámaras empresarias, en la bolsa”
Concluyó Gils Carbo: “La reforma de la Justicia se tiene que hacer dialogando con los sectores que la necesitan. Me parece bien que no la dialoguen con los jueces porque siempre buscan la protección corporativa de sus privilegios, pero la tienen que dialogar con los sectores que la necesitan”.
*Fuente: CANAL ABIERTO
La deuda pública externa es impagable y en buena parte odiosa
Resumen Latinoamericano*/ 12 de marzo de 2020 .–
Profesionales, investigadores/as y docentes del área de las ciencias económicas, manifestan su preocupación por el elevado endeudamiento público de la Argentina y el curso que está siguiendo la negociación, mediante una declaración dirigida al gobierno nacional. Asimismo proponen que se investigue la deuda pública «Nosotros y nosotras sostenemos que las medidas propuestas son la consecuencia lógica y coherente de haber declarado que la deuda es impagable e insostenible. Más aún, es odiosa. Que además está viciada de nulidad. No es legítima, ya que no ha sido autorizada por el Congreso Nacional». Por Eduardo Lucita
Compartimos la declaración
Quienes firmamos esta declaración, profesionales, investigadores/as y docentes, todos/as del área de las ciencias económicas, queremos manifestar nuestra preocupación por el elevado endeudamiento público de la Argentina y el curso que está siguiendo la negociación. Somos conscientes que ello supone un gran condicionante de la política económica, que se constituye en una hipoteca que afecta a la mayoría empobrecida de la población. Tanto desde el Gobierno como desde el FMI se sostiene que la deuda no es sustentable, que no existe capacidad actual de cancelación y por ende se sugiere un proceso de renegociación que involucra posponer cancelaciones de deuda al FMI y a los prestamistas privados, en algunos casos estirando vencimientos y en otros, generando quita de intereses y de capital. En cualquier caso, aún en una exitosa “negociación”, el pago de la deuda se constituye en una gravosa obligación a costo del sacrifico social. Pagar la deuda, hoy o más adelante, supone pérdidas de derechos sociales y ajustes fiscales en desmedro de los más necesitados, con un impacto mayor en las mujeres y las disidencias. Es un resultado que escamotea a los grandes beneficiarios del endeudamiento, o sea, del uso de los dineros desembolsados por los prestamistas, sean privados o el propio FMI.
El Presidente de la Nación sostuvo, en la inauguración del periodo legislativo, que el destino de los fondos desembolsados entre 2015-2019 está en estudio en el Banco Central, lo que debería abonar para una tarea de la bicameral de la deuda y más aún para una comisión con participación popular de auditoría de la deuda. Se estima que gran parte de los desembolsos del FMI, tuvieron como destino “fuga de capitales”, sea por pagos de intereses de deuda, remesas de utilidades al exterior o constitución de activos externos de residentes locales. Resulta así que un mínimo de esos recursos fue constituido como reservas internacionales. Esclarecer esta cuestión no es un tema menor, ya que podría accionarse judicialmente contra los responsables directos e indirectos de esta verdadera estafa al pueblo argentino. Sostenemos que hay responsabilidades en funcionarios nacionales intervinientes en la suscripción de diferentes modalidades de endeudamiento, también de los prestamistas externos, conocedores de la no sustentabilidad de la deuda pública del país. Es un argumento insoslayable al momento de definir a la deuda pública de la Argentina como Deuda Odiosa, ya que no satisfizo necesidades de la sociedad y tanto el prestatario como el prestador eran conscientes de la incapacidad de pago en los términos en que se asumieron los préstamos.
Avanzar en pagos de la deuda, aun con quitas de capital e intereses y corrimientos de los plazos de los vencimientos, supone volver a endeudarse para seguir pagando. Los pagos, aún menguados, demorarán la reactivación de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social afectada por la elevada inflación y la recesión. Incluso, más allá de cualquier negociación, nada asegura que en poco tiempo el país retome una nueva crisis de deuda, más aún cuando hay serios indicios que la economía global podría deslizarse hacia una nueva recesión, lo que perjudicaría nuestras exportaciones y por lo tanto el ingreso de dólares. Así un nuevo rescate del Fondo sería inevitable y colocaría a la Argentina en el rumbo de Grecia, con renovados ajustes tras ajustes que profundizarían la recesión, debilitarían la recaudación fiscal mientras crecerían el desempleo y la pobreza. También puede ocurrir que los poderosos fondos de inversión no acepten quitas importantes de deuda y exijan cobrar algo en efectivo, reducir poco o nada la carga de intereses y conocer el acuerdo con el Fondo antes que firmar su propio acuerdo. En este caso serían los propios fondos los que provocarían el default. Si así fuera la economía se dislocaría, el dólar blue estaría por las nubes y el precio de los bonos se derrumbaría.
Por el contrario ¿qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno tome una acción soberana y declara su propio default? Esto significaría suspender unilateralmente los pagos e iniciar una investigación integral. Se dice que quedaríamos aislados financiera, comercial y políticamente. ¿Acaso no estamos sin acceso a los mercados “voluntarios” de crédito desde marzo del 2018? ¿China o Brasil dejarían de comprarnos y vendernos? ¿El FMI, la OCDE, el G20 o la OMC nos expulsarían de sus filas? Nada de esto sucedió antes ni sucedería ahora.
Por lo antedicho proponemos:
1. Que la Deuda Pública de la Argentina sea investigada, auditada de manera integral e independiente, con participación popular, para lo cual los organismos estatales deben estar al servicio de esa Auditoria Popular. Así lo ha establecido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2012. En ese camino puede abonar la investigación en curso en el BCRA, para nutrir la bicameral y la participación popular.
2. Que al tiempo que se investiga la deuda, se suspendan los pagos, contemplando una diferenciación entre los prestadores. Especialmente aquellos vinculados a la política de seguridad social. Aludimos a los títulos en poder de ANSES y otros ámbitos del Estado, a quienes deberá establecerse un régimen particular para evitar el colapso de la política social y/o de seguridad social.
3. Que en la deuda con el FMI, sustentada en las consideraciones políticas de los principales accionistas del Fondo para otorgar el préstamo, en particular EEUU, debe discutirse la legalidad de la actuación del Fondo y por lo tanto proponer la nulidad de lo actuado, claro, con las responsabilidades de los funcionarios y entidades involucradas en el accionar. Argentina debe denunciar al FMI ante la ONU por los incumplimientos de su Carta Orgánica.
4. Que se organice un Censo de tenedores de títulos, con detalle de las operaciones de compra, relativas a los valores de adquisición y cruzando la información con entes de recaudación tributaria en diferentes países. Se busca evitar la legitimación de acciones especulativas y de evasión fiscal. Ello incluye investigar en detalle la fuga de capitales.
5. Que es necesario derogar la Ley de Entidades Financieras vigente desde los tiempos de la dictadura y fuente de todas las maniobras bancarias y las sociedades financieras. También sancionar una legislación contra los fondos buitres, en el camino de las acciones internacionales impulsadas en 2014/5 en el ámbito de Naciones Unidas.
Nosotros y nosotras sostenemos que las medidas propuestas son la consecuencia lógica y coherente de haber declarado que la deuda es impagable e insostenible. Más aún, es odiosa. Que además está viciada de nulidad. No es legítima, ya que no ha sido autorizada por el Congreso Nacional.
Que constituyen una salida a la actual crisis, no exenta de problemas, pero basada en la defensa del interés nacional y de los intereses concretos de los/as trabajadores/as y los sectores más desprotegidos.
Buenos Aires, marzo de 2020.
Dr.Claudio Katz. Docente, investigador UBA-CONICET; Dr. Martín Schorr, IDAES/CONICET; Lic. Claudio Lozano, Coordinador de IPYPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas); Lic. Gabriela Roffinelli, Coordinadora del Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mundial de CLACSO, Docente UBA; Lic. Alejandro Bercovich, Periodista; Dr. Julio C. Gambina, SEPLA, UNR; Lic. Beverly Keene. Docente UBA;Dr. Enrique Elorza, Coordinador Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, UNSL;Lic. Andrea C. Haro Sly. UEDP-Tucumán; Lic. María Julia Eliosoff Ferrero. Economía Feminista, UNLP/SEC; Dr. Mariano Féliz. Investigador CONICET / UNLP / Sociedad de Economía Crítica (SEC); Dra. Agostina Costantino. Investigadora CONICET / UNS / SEC); Lic. Facundo Barrera. UNLP/CONICET/SEC; Lic. Sergio Arelovich, Docente UNR; Dra. Luciana Ghiotto. UNSAM-Conicet; Lic. Lucas Castiglioni, UNICEN, Tandil Dr. Francisco Cantamutto. Investigador CONICET / UNS / SEC; Dr. Pablo Ernesto Pérez. Investigador CONICET / UNLP / SEC; Daniel Campione, UBA; Lic. Karina Forcinito. Docente investigadora UNGS/UBA; Dr. Andrés Musacchio Idehesi-UBA/CONICET; Dr. Andrés Wainer. FLACSO/CONICET; Dr. Néstor Forero. Auditor Causa Olmos; Lic. Alejandro Marco del Pont, UNLP; Lic. Leonardo Pérez Esquivel. Auditor AGN: Lic. César Crocitto, UBA; Dr. Jesús Plaza y Guillermo Robledo, Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe; Eduardo Lucita, EDI; Lic. Demián García Orfanó, Del. ATE Min. de Economía; Lic. Rosario Escola, UBA; Dr. Jorge Francisco Cholvis. Lic. Luis Laferriere. UNER.
¿A dónde fueron a parar 109 mil millones de dólares de la deuda?
Aram Aharonian y Horacio Rovelli / Resumen Latinoamericano / 12 de marzo de 2020
Durante los cuatro años de gestión del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, Argentina se endeudó por 129.000 millones de dólares: 85.000 millones fueron en bonos y 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El 10 de diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno, las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) alcanzaban los 25.092 millones de dólares y el 9 de diciembre de 2019, cuando dejó el gobierno, las reservas internacionales sumaban apenas 45.190 millones. O sea, faltan 108.902 millones de dólares.
La pregunta es obvia: ¿A dónde fueron a parar los casi 109 mil millones de dólares de la deuda argentina? ¿En qué se gastó, quiénes compraron los bonos al BCRA?
Seguramente, una parte se invirtió en obras y otra parte cubrió el déficit fiscal de la administración nacional, pero no menos de 88.371 millones de dólares que el BCRA contabiliza como FAE (Formación de Activos Externos de residentes en la Argentina) fueron sacados del circuito legal del país.
La ahora directora del Banco Central, Betina Stein, recordaba que no hubo un acto administrativo (decreto del Ejecutivo) que autorizara a algún funcionario a la firma del acuerdo con el FMI, previo análisis de la legalidad e impacto que tendría en la balanza de pagos.
Y apuntaba al antecedente del genocida Emilio Massera (almirante miembro de la Junta Militar de la dictadura de 1976-1983), quien tuvo que responder con su patrimonio por las atrocidades cometidas en ocasión y en ejercicio de su cargo público.
Stein insiste en que el Estado debe investigar las circunstancias que rodearon a la toma de la deuda en dólares de mayor envergadura en la historia del país. Y si de haber existido irregularidades en el proceso de decisión, el Estado, víctima de los perjuicios patrimoniales ocasionados por tales irregularidades debería demandar judicialmente a los funcionarios responsables de haber generado ilegítimamente esa deuda, para que se los condene a reparar esos perjuicios con su propio patrimonio.
Beneficiarios
Obviamente, quienes pueden comprar esas divisas son los sectores más ricos de la sociedad y, entre ellos, las 50 familias residentes en la Argentina que aparecen en la Revista Forbes de EEUU entre las 2.000 personas más ricas del mundo.
Entre ellas, las 211 familias y sociedades dueñas de 2.516 establecimientos agropecuarios que poseen 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables) en la Provincia de Buenos Aires; o los Benetton; los Joseph Lewis; los Hiriart; los Walbrook; los Soros; entre otros grandes latifundistas extranjeros pero con residencia en este país.
También, los dueños de los bancos, petroleras, mineras y grandes comercios que operan en el país.
Hoy, la Argentina se encuentra en plena (y larga) negociación con sus acreedores de una deuda que creció en forma sideral durante la gestión neoliberal y que empoderó a grandes fondos de cobertura o inversión financiera como Black Rock, Fidelity, Pimco, Franklin Templeton, que crecieron tras la crisis internacional del año 2008 de los bonos de securitización, reemplazando a grandes bancos por un lado y administrando aportes de capitalización de jubilaciones y pensiones privadas, por otra parte.
Como administradores de esos cuantiosos activos, los fondos de inversión vieron el negocio de prestarle a tasas de usura a países como Argentina, que financiaron su déficit fiscal que es en moneda local con préstamos en divisas. Cuando al situación cambia y en medio de devaluaciones, es difícil determinar su precio y, por ende, no se puede pagar.
Por ejemplo, Black Rock administra activos financieros por varias veces el PIB argentino (de 352.300 millones de dólares) teniendo acciones de Monsanto-Bayer, BASF, Coca Cola, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, General Electric -entre otras transnacionales-. y, es uno de los principales tenedores de títulos de deuda del Tesoro de EEUU, país que es el principal deudor del mundo con un pasivo de 22 billones de dólares (62,5 veces el PIB argentino).
Estos grandes fondos representan al capital financiero internacional y tiene clara influencia sobre los Estados y sus gobiernos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo entre otros organismos multilaterales, como sobre importantes palancas de producción y comercialización de la economía mundial.
El frente externo
La crisis mundial causada por el mortal coronavirus conllevó el derrape de los precios del petróleo y de los comodities por la menor demanda de China, que castigó de doble manera a la Argentina. En primer lugar, porque exporta básicamente alimentos y, en segundo término, porque se tienen fundadas expectativas en la extracción de petróleo y gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta en sus 30.000 kilómetros cuadrados abarcando las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
Parte de la deuda externa total, de 324.300 millones de dólares, está en moneda y en jurisdicción extranjera, razón por la cual el 10 de marzo último, el gobierno publicó el Decreto para reestructurar la deuda de los bonos emitidos bajo ley extranjera existentes al 12 de febrero de 2020, que suman 68.842 millones de dólares.
Asimismo, se le confirió al ministro de Economía, Martín Guzmán, la autoridad para efectuar la renegociación con los acreedores y reestructurar la deuda, e incluso prorrogar la jurisdicción en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres, y Tokio como fue en su emisión original.
La exigencia de parte importante de los tenedores de esos 35 bonos era que la Argentina presente junto a su reestructuración un plan de pago, que nace de los supuestos de superávit comercial y del superávit fiscal. Guzmán, ante el Congreso, se refirió a algunos escenarios que en el mejor de los casos iba poder permitir pagar el 1% o 1,2% del PIB (unos 4.000 millones de dólares) en el 2023, con lo cual estaba infiriendo que se suspenderían los pagos por los años 2020, 2021 y 2022.
Difícilmente, los grandes fondos de inversión financiera o de cobertura, tenedores de parte importante de los títulos de deuda del Decreto 250/20, estén dispuestos a esperar tres años para poder cobrar parte de los intereses, ni a esperar para cobrar la amortización del capital e incluso aceptar quitas en el capital adeudado, que son las tres variantes de la reestructuración.
Esos fondos tuvieron reuniones con Guzmán y la prueba de que no se ha arribado a un acuerdo, es la baja sistemática del precio de esos títulos en los mercados internacionales. A ello hay que sumarle el marco internacional desfavorable y el conflicto interno con los privilegiados de siempre (terratenientes y agronegocio), que tornan la situación en sumamente difícil.
No sería extraño que ante ello, en varios títulos y en forma unilateral, la Argentina reestructure el capital adeudado, los plazos y la tasa de interés, que en el caso de los títulos comprendido en el Decreto 250/20 implicará para sus tenedores la presentación judicial y, con ello, otra vez se agiganta la sombra del juez Thomas Griesa y su fallo a favor de los “buitres” acreedores del país.
El decreto del presidente Alberto Fernández no dice nada sobre la deuda emitida en moneda extranjera bajo ley local, instancia que considera abrir sólo una vez concluida la que ahora comienza. El país está semiparalizado, condicionado a la reestructuración de la deuda externa, en espera de un plan de gobierno integral y soluciones para la generación de fondos que puedan impulsar, entre otros, planes productivos y sociales.
Auditoría y no pago
Organizaciones con larga trayectoria en la temática de la Deuda Pública como CADTM y ATTAC alertaron sobre la presentación de propuestas a “libro cerrado” al Congreso, negociadas previamente en forma confidencial como hecho consumado y señalaron que éstas deben partir del acceso a información completa de los actores y potenciales damnificados (el pueblo), y el rechazo a la existencia de una evidente desproporción en la capacidad y/o los tiempos de negociación de una de las contrapartes.
Señalaron que debe haber una indispensable identificación previa, mediante una auditoria pública con participación ciudadana activa, de los tenedores de títulos, incluyendo la información completa de titularidad, fecha y precio de la secuencias de compra/venta de cada título y agentes de intermediación, para descubrir maniobras de agiotismo, ocultamiento de activos, inside trading y otras prácticas.
La auditoría sirve también para determinar si el uso que se hizo de la deuda contratada era legítimo u odioso.
Estas organizaciones, propusieron públicamente la consideración jurídica como Deuda Odiosa, contraída –incluso en gobierno regular- contra los intereses de la Nación, a sabiendas de los acreedores; desestimar una negociación contra reloj: no aceptar en el inicio de las negociaciones un “tolling agreement” (acuerdo de continuidad) que inhiba la previsión de un elemental “plan B” de fracasar las mismas en un tiempo tan acotado.
Asimismo propusieron la adopción de una ley contra los “Fondos Buitre” y que consiste en plantear que estos no puede pretender una suma de dinero superior a la suma de dinero que efectivamente pagó para adquirir un título de deuda pública y, más importante, la suspensión unilateral del pago de la deuda y rechazar durante la emisión de títulos de Deuda Pública, la delegación en una jurisdicción extranjera el poder de solucionar un litigio entre el país deudor y los tenedores de los títulos.
Argentina, como en 2001, no debería dudar en declarar una suspensión de pagos por un lapso mínimo, con una prolongación si fuera necesaria, para permitir la posibilidad de utilizar las sumas ahorradas para reactivar el consumo y la actividad económica en beneficio de la población.
Mientras los terratenientes y dueños del agronegocio declaraban un lock out contra la medida del gobierno de gravar en un 3% más las exportaciones, desde los sectores populares se reclama al gobierno informar el estado real de situación a todo el pueblo y para ello harán oír su voz en las calles.
* Aharonian es periodista y comunicólogo uruguayo, magister en Integración, fundador de Telesur y presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA). Rovelli es licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Universidad de Buenos Aires. Analistas senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario