Qué se dice en Comodoro Py sobre el anuncio ante la Asamblea Legislativa
El impacto de la reforma judicial
Por Sofía Caram
Imagen: Guadalupe Lombardo
Un impacto dispar es el que generó en Comodoro Py la reforma judicial anunciada por el Presidente ante la Asamblea Legislativa. Página/12 consultó a jueces, fiscales y abogados que habitan el edificio de Retiro. El único denominador común fueron las dudas sobre la letra chica de la ley que aún no se conoce. Mientras algunos jueces celebraron la ampliación de magistrados porque consideran que va a “alivianar el trabajo”, otros plantearon sus reparos por la implementación y la articulación con el sistema acusatorio. Por un lado, opinaron que para toda reforma hace falta plata. Por el otro, advirtieron que el argumento de la falta de presupuesto es sólo una excusa para no avanzar con los cambios, ya que se trata de una “decisión política y administrativa”.
Fusionar la Justicia Federal penal con parte de los tribunales ordinarios y el fuero penal económico, para ampliar la cantidad de jueces que instruyan las causas por corrupción; unificar el fuero contencioso administrativo con el civil y comercial; la implementación en todo el país del sistema acusatorio; la creación del Consejo para Afianzar la Administración de Justicia y la revisión de los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema son algunos de los lineamientos generales de las modificaciones que se vienen. Aún sin los detalles del mega proyecto, este lunes en los pasillos, ascensores y despachos de Comodoro Py fue, sin dudas, el tema excluyente.
“En lo operativo va a estar muy bien porque nos va a alivianar el trabajo”, dijo un juez con asiento en el cuarto piso. Sin embargo, advirtió que “hay que esperar” los detalles del proyecto para evaluar el verdadero impacto. En contraposición, uno de sus colegas opinó que se van a sumar las causas de los otros fueros, por lo que no está garantizado que se vayan a descomprimir los juzgados.
Tras el discurso de Alberto Fernández, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, aclaró que “los delitos graves, de corrupción, trata de personas, lavado de dinero ya son federales, pero la lista se va a ampliar. No es sólo corrupción” y señaló que “las causas que ya existen seguirán en manos de los mismos jueces que las instruyen ahora”. Para Losardo, “la Justicia Federal va a tener mayor posibilidad de avanzar más rápido en las causas y trabajar de una manera más eficiente y eficaz”.
Desde su oficina en el tercer piso y mate de por medio, otro de los magistrados opinó que lo que más va a lograr depurar el poder de Comodoro Py va a ser la implementación del sistema acusatorio en todo el país. “El sistema actual es ineficiente y permite la corrupción”, consideró. Muy crítico del sistema vigente, explicó que los procesos actuales son “largos, secretos, poco transparentes” y recién se logra ver si la instrucción está bien o mal hecha cuando se llaga al juicio oral. El nuevo esquema, que va a incluir la oralidad en los procesos y les dará más trabajo y responsabilidad a los fiscales, “limitaría las arbitrariedades”.
Si bien se cree que los fiscales van a ganar más poder con el sistema acusatorio, muchos de ellos resisten el cambio. Es que en la actualidad no rinden cuentas ni son evaluados por su desempeño y tienen los márgenes suficientes para impulsar o demorar causas o para imputar o no. Además, salvo que el juez haya delegado en ellos la investigación, sólo pueden solicitar medidas probatorias. Con el Acusatorio, los y las fiscales serán los responsables de producir la prueba, investigar, alegar y ganar los casos. “Ahora van a tener que ponerse a estudiar y trabajar en serio”, advirtió un funcionario. En el mismo despacho señalaron, además, que debe haber un direccionamiento de la política criminal “para que los fiscales no hagan lo que quieran”.
“El verdadero problema son los poderes fácticos”, opinó otro de los jueces, al señalar que la ampliación de los magistrados federales no necesariamente va a garantizar que no se cometan irregularidades. Según analizó, “si un grupo económico, un medio de comunicación o alguien muy poderoso toca la puerta de un juzgado, los jueces deben tener herramientas, espalda y respaldo de todo el sistema para resistir las presiones”.
En medio de la heterogeneidad de opiniones, la Asociación de Magistrados no se pronunciará hasta tanto se conozca el detalle de los proyectos del Ejecutivo. Al contrario de lo sucedido con la iniciativa para terminar con las jubilaciones de privilegio, en la que fue unánime y veloz el rechazo desde los tribunales, en este caso aún no hay posturas firmes ni mucho menos unificadas.
“Esto no cambia nada”, opinaron en otra fiscalía, desde donde sugirieron “cambiar la filosofía de la denuncia penal como arma política”. ¿Y cómo se podría implementar?, preguntó este diario. “Poniendo algún tipo de penalidad. Que paguen las costas si la denuncia no prospera. Que no les salga gratis”, respondieron.
Un abogado penalista de amplio recorrido celebró la medida al afirmar que cumplirá con el objetivo de diluir el poder de Comodoro Py. “Es una forma no traumática, es decir, sin juicio político, de licuar ese poder”, dijo. No obstante, puso reparos al alertar que el macrismo “colonizó también la justicia ordinaria”.
Otra de las incógnitas tiene que ver con la federalización de los tribunales orales ordinarios. El último antecedente se ubica en el intento del macrismo de elevar a ese rango al TOF 9, pero la Corte frenó la polémica medida, que buscaba formar un tribunal a medida de la persecución de ex funcionarios. Las dudas se plantean porque ese precedente podría dar por tierra con parte del proyecto.
Sin embargo, otro experto penalista consultado por Página/12 consideró que aquel intento fue vía Consejo de la Magistratura. Y que en este caso sería por una ley del Congreso y para todos los tribunales orales, lo que ubicaría a este punto de las modificaciones en condiciones de prosperar.
03 de marzo de 2020
Terminan en manos de empresas vinculadas a ex funcionarios de Cambiemos
Las sospechosas entregas de terrenos de Macri al gobierno porteño
Por Werner Pertot
Las vidas y negocios de Macri y Nicolás Caputo siguen empecinadamente cruzados.
Imagen: Bernardino Avila
Imagen: Bernardino Avila
Un terreno que será entregado a comercios pese al reclamo de los vecinos de que sea un espacio verde. Otro que curiosamente terminó en manos de una empresa vinculada a negocios de ex funcionarios del gobierno de Cambiemos. Un tercero que fue entregado a una empresa de la familia de Nicolás Caputo, el "hermano de la vida" del ex presidente Mauricio Macri. Mientras avanza la investigación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ordenada por un decreto de Alberto Fernández, surgen cada vez más los casos en los que los empresarios tienen relaciones más que cercanas con el gobierno que entregó los terrenos a último momento y antes de irse.
El Presidente firmó una serie de decretos para revisar la entrega de unos cien inmuebles al Gobierno porteño que hizo Macri en sus últimos días de gobierno. Algunos de ellos, el último día de gobierno, lo que estaría violando una ley que prohibe tomar ese tipo de decisiones en los últimos dos semestres del mandato. El decreto de Fernández es muy claro en tanto que la AABE debe identificar a los eventuales responsables administrativos o penales. De todas formas, ya existe una causa penal que ahora está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Además de la discusión sobre el plazo en que lo hizo y si es legal, entre las concesiones que Macri entregó a la Ciudad empiezan a surgir desde sospechas sobre los destinatarios finales y su cercanía con el PRO, hasta resistencia de los vecinos a que se entreguen a privados esos terrenos.
Viaducto San Martín
Este último caso es el del bajoviaducto San Martín, en la Comuna 15. Los terrenos bajo el viaducto del ferrocarril San Martín son una franja que va de la estación Paternal a Juan B. Justo y Córdoba. Distintas organizaciones vecinales como Amigos del Lago de Palermo o Vecinos por Palermo, que forman parte de los consejos consultivos de las Comunas 13 y 15, avanzan con un proyecto para derogar la privatización, que fue votada en una sesión maratónica en la Legislatura porteña a fines del año pasado.
La cesión de los terrenos se hizo, como en otros casos, el último día de Gobierno de Macri. La reunión de las distintas organizaciones es el martes a las 19 en el Club Armenio. Los vecinos advierten que no se escucharon los reclamos de que esos terrenos sean destinados a espacio público y no privatizados y que no se le dio intervención a las Comunas. "Fortuitamente, nos enteramos de que la AABE por octubre de 2019 estaba preadjudicando ésto terrenos a distintas empresas. Presentamos una impugnacion al proceso. El día 9 de diciembre a la tarde pasaron de preadjudicados a adjudicados en el expediente, y en misma resolucion desestiman nuestra impugnacion por impropia", explicó a este diario Gerardo Yunis, uno de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comuna 15.
Mercado de los Carruajes
En la misma línea de entregas apresuradas y destinatarios sospechosos está en ex Patio de los Carruajes, que Horacio Rodríguez Larreta mencionó en su discurso de apertura. Este predio de 4200 metros cuadrados se lo entregaron por 20 años a una empresa en la que están la hija y el sobrino de Nicolás Caputo, de estrecha relación con Macri. La empresa se llama Mercado de los Carruajes S.A., nombre al que mutó de su anterior conformación como Athenee Groupe. Para garantizarle el negocio a esa empresa, los Gobiernos de Macri y Larreta firmaron una adenda incluso antes de que la Legislatura apruebe la cesión. Ya tuvo una primera aprobación en la sesión maratónica de diciembre del año pasado. Tampoco esperaron que interviniera la Comisión Nacional de Museos.
Paseo de la Infanta
Al igual que el bajoviaducto, Macri lo entregó en sus últimas horas como presidente. El 9 de diciembre salió la adjudicación de la AABE: fue a las 17.36 y, dos minutos después, cedió el bajoviaducto San Martín. El objetivo final, en este caso, es que los actuales ocupantes del predio público se lo queden de manera permanente. Una investigación del periodista Javier Borrelli en Tiempo Argentino, indicó que los actuales concesionarios del Paseo Marcela Brenda Iglesias están vinculados a ex funcionarios de Cambiemos. Concretamente, la empresa ganadora -que se creó diez días después de la convocatoria a la licitación- es Estación Rosedal, y la integra Alejandro Peltenburg, dueño del boliche Crobar junto a Ernesto Melinsky.
Se trata de uno de los principales empresarios de la noche porteña, participante del Ultra Music Festival, un show masivo de música electrónica. El dato: Peltenburg integra Ciudad de la Furia S.A. junto a Ignacio Pérez Riba, que es el ex jefe de Gabinete de Dante Sica y de Francisco Cabrera en el Ministerio de Producción en la era Macri. Los auditores de la AABE analizan si se cumplió con la publicidad de la licitación. También señalan que algunos de los requisitos podrían estar direccionando la licitación a Estación Rosedal, que integran varios de los sublocatarios actuales. Además, la SIGEN advirtió que existía un conflicto de intereses, pero fue desoída.
03 de marzo de 2020
El Banco Central ya investiga los fondos que tomó Macri y cómo se fugaron
La auditoría de la deuda se conocerá en dos semanas
El Gobierno utilizará las conclusiones del relevamiento para negociar con el FMI. También analizará eventuales acciones judiciales por incumplimientos del gobierno anterior.
Por Cristian Carrillo
Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Guido Sandleris, protagonistas de la explosión de endeudamiento.
Tener voluntad de pago de la deuda generada por Cambiemos y relevar la legitimidad de los empréstitos tomados no son caminos contradictorios para el Gobierno. Tal como confirmó este domingo el presidente Alberto Fernández, el Banco Central inició un proceso de revisión de la deuda tomada durante el macrismo y el destino de ese flujo financiero que, según estimaciones privadas preliminares, en un 90 por ciento fue a engrosar la fuga de capitales. El informe oficial de la autoridad monetaria se conocerá públicamente en dos semanas y en el mercado especulan con cuál será el uso que se dará a esa información. Por un lado podría ser un elemento de negociación política con los acreedores, principalmente con el Fondo Monetario. Por otro, podría apuntar contra Mauricio Macri y los funcionarios económicos del gobierno anterior que no habrían cumplido los requerimientos legales para la toma de la deuda con ese organismo. Independientemente del uso, el informe permitirá establecer las prioridades en la discusión sobre quiénes recaerán las responsabilidades del endeudamiento desenfrenado.
La revisión de la deuda era algo que se venía reclamando desde adentro y también desde afuera del Gobierno, sin por ello expresar un repudio sobre la deuda asumida por el macrismo. En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Fernández anunció que se investigará la deuda e, incluso, que ese relevamiento ya estaba en marcha. “El Banco Central se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos merecieron. Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda”, señaló el mandatario.
Este lunes el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dio más detalles. “El estudio lo está haciendo el Banco Central, está analizando el nivel de deuda que se tomó y cuáles fueron los destinos de esa deuda. Una parte pudo haber ido a refinanciar deuda existente, pero otra fue claramente creación de activos en el extranjero, en castellano fuga. El informe va a estar en 15 días. Los argentinos debemos saber qué sucedió con los recursos ¿Dónde está esa plata? En puentes y en infraestructura no está, claramente”, afirmó Cafiero. La actual directora del Banco Central, Betina Stein, planteó antes de asumir ese cargo que el gobierno de Cambiemos incumplió la normativa para la toma del crédito extraordinario con el FMI y que se podría reclamar judicialmente un resarcimiento por esa situación. Su argumento ahora lo llevará como denuncia judicial el abogado Eduardo Barcesat.
La decisión de reestructurar la deuda no dejará sin analizar las políticas de especulación financiera que provocaron la crisis. Los relevamientos privados sobre la base de la información que fue publicando en su momento el Central y el Ministerio de Hacienda anticipan la magnitud de esa crisis. Un informe del Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra-CTA) da cuenta que entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercero de 2019 la deuda pública externa se incrementó en el equivalente a 103.808 millones de dólares. Por su parte, un documento de la Universidad de Avellaneda discrimina que la deuda pública en moneda extranjera creció 87.000 millones de dólares en ese lapso, un 54 por ciento. De este monto, la deuda bajo legislación extranjera creció en 76.500 millones (116 por ciento).
Pero estos fondos no fueron a obras de infraestructura ni a apalancar la producción. Según los datos del Balance Cambiario del BCRA correspondiente al mes pasado la “formación de activos externos del sector privado no financiero” (conocido como fuga de capitales) durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri (diciembre 2015-noviembre 2019) acumuló 88.371 millones de dólares. La tarea del organismo que conduce Miguel Pesce es desentrañar los mecanismos de elusión cambiaria, la asignación prevista para los fondos ingresados, el destino que finalmente tuvieron y quienes llevaron a cabo la fuga.
No queda claro aún que se hará con esa información, como tampoco la que está recopilando la Bicameral de la Deuda, que se conformó para investigar la misma situación. “Haremos un informe pormenorizado de lo que sucedió y a dónde fueron esos recursos. Ahora hay que enfrentar el pago de esa deuda que se ha tomado. Cuando estén los informes veremos si hay medidas judiciales para tomar”, aseguró el jefe de Gabinete en una entrevista radial.
En marzo del año pasado la diputada Fernanda Vallejos, que actualmente preside la Comisión de Finanzas, denunció al Ejecutivo por el convenio con el Fondo Monetario. El acuerdo con el organismo no pasó por el Congreso y el destino de los desembolsos solo aceleró la fuga de capitales y el Central lo utilizó para intervenir en el mercado de cambios, algo que está prohibido en el estatuto de la entidad. El mes pasado insistió, cruces mediante con referentes del macrismo, que se ponga en funciones la Comisión a Bicameral de la Deuda. De cara a esa puesta en marcha, la diputada encabeza una investigación con referentes de primera línea del sector financiero para conocer “cómo es el funcionamiento de fuga que se puso en práctica y cuáles fueron los canales para realizarla”, según pudo Página/12 desde ese espacio.
Al igual que Stein, Vallejos denunció que el Central incumplió las obligaciones que estipula la ley de entidades financieras y no existen los informes en relación con el impacto de dichas operaciones sobre la balanza de pagos. Además, como obra en la causa Codiani, que fue elevada a la Corte, hay serios cuestionamientos al procedimiento y condiciones legales de la toma del crédito con el FMI, la causa y los motivos que derivaron en ese accionar estatal y las decisiones que llevaron al gobierno a endeudar al país.
Fuente:Pagina12
03.03.2020
UNA NUEVA ARGENTINA
Una épica de la sensibilidad para gobernar tierra arrasada
Un gobernante justo necesita un discurso justo: exacto y racional. El discurso de apertura de las sesiones extraordinarias empezó a dirimir aquellos interrogantes que se abrieron el diciembre pasado. La hora de los acuerdos. La hora de los contratos. Una Argentina compartida, un Estado junto a los flagelos sociales pero que exige una “épica de la sensibilidad” con mayor grado de responsabilidad, compromiso y solidaridad.
En el discurso del 138º período de sesiones ordinarias del congreso, Alberto Fernández introdujo una dicotomía muy criticada por algunos analistas de discursos: la verdad versus la mentira como fundamento originario de la forma democrática. Sin embargo, para no someternos a un debate que exceda los límites de esta nota, entendemos que esta apuesta discursiva trajo aparejada una propuesta política: volver a poner en valor la palabra pública. Si bien no hace falta que despleguemos grandes argumentos para saber que la noción de valor adquiere distintas significaciones ideológicas, podemos intuir que el domingo, el Presidente propuso una nueva noción; la de “recuperar el valor de la palabra” como una jerarquía ética y moral que revalorice la política como instrumento.
La nueva Argentina se construye como significante de disputa, una marca de la época albertista que recupera la herencia de los albores de la democracia reciente. El “Nunca más” funciona como un tropo que se separa del uso exclusivo de los derechos humanos, para compartir su pertenencia con otro campo discursivo, el económico-financiero. Otras categorías también emergen en un nuevo marco de referencia para re-significar e interpretar los tópicos históricos que forman la identidad colectiva del pueblo argentino: el aborto, un tema de salud pública; la soberanía, un reclamo patrio; la justicia, una reforma urgente; el desarrollo productivo, la recuperación de las economías regionales; el conocimiento, hacia dónde queremos ir; la educación, la matriz cultural. Esto se va fijando como una nueva cosmogonía, la del entendimiento y la responsabilidad, que deja atrás la voracidad del tecnicismo de los ceos, para reubicar la gestión del Estado por la política.
Los pilares de una nueva Argentina
“Políticas de Estado” y “políticas de la sociedad” son las variables para la institucionalización de la política. Acompañadas por novedosos y no tan novedosos fundamentos ideológicos: la preeminencia de los temas de género - como el aborto y los mecanismos de regulación y prevención de violencias- en la planificación del Estado; la cuestión ambiental; las agendas de las mujeres y disidencias, así como del movimiento obrero organizado y de los movimientos sociales, se convertirán en disparadores para oxigenar debates que atraviesan al tejido social.
La escena de una nueva apertura de sesiones legislativas en manos de un gobierno peronista fue acompañada de imágenes que, como pinceladas de una nueva Argentina y estilo político, empiezan a construir un imaginario novedoso. La narrativa peronista vuelve a recuperar la liturgia y lo simbólico como parte constitutiva de su relato. El nuevo tándem, Wado de Pedro y Santiago Cafiero, como dos apuestas fuertes son el resultado auténtico de la unidad que se abre paso en la jungla del frente de todos. Una generación nueva de la política que comparte la sobriedad y la prudencia como una combinación necesaria para tranquilizar a los viejos jugadores. El rol de ambos es crucial en este momento de pequeñas derivas.
Empezó marzo con todo. Un gobierno que a 81 días de gestión comenzó trotando parece entender que esta será una carrera larga, llena de obstáculos. La agenda que se puso sobre la mesa el domingo abarca las demandas más heterogéneas, aquellas que se constituyeron en la agenda pública como cuestiones prioritarias aunque sin descuidar lo importante. Un gobierno de muchos, para muchas y muchos, pero empezando “por los de abajo”. En ese camino, a prepotencia de acuerdos y consensos, se van conformando las premisas de una nueva Argentina.
*Alejo Tolosa es Profesor de Enseñanza Media y Superior en Historia (UBA) y maestrando en Administración y políticas públicas (Universidad de San Andrés).
*Marianela Nappi es Licenciada en Comunicación (UBA) y comunicación política (FLACSO).
Fuente:PoliticaArgentina
Familiar del ARA San Juan por el ascenso post mortem: "Estoy muy emocionado, sentimos que son valorados"
Claudio Rodríguez, hermano del jefe de máquinas, criticó al gobierno macrista y afirmó que la jueza Yánez desestimó a ex funcionarios implicados.
Claudio Rodríguez, el hermano del Submarinista y jefe de máquinas del Ara San Juan Hernán Rodríguez, se refirió al decreto del ascenso post mortem de los 44 tripulantes publicado esta mañana en el boletín oficial y señaló: "Cuando leía el decreto y luego de haber escuchado el presidente, el ascenso post mortem es un cambio de bocha, otra mirada, otras palabras del Gobierno". Además apuntó contra el gobierno anterior por haberles mentido y cuestionó a la jueza de la causa Marta Yánez
En diálogo con El Destape Radio, el familiar agregó que "empezamos a sentir que son reivindicados, que se valora el esfuerzo" y manifestó que "los familiares estamos muy emocionados por esto".
Sobre el vínculo de los familiares con el gobierno anterior, Rodríguez aseguró que "la relación con el Gobierno de Macri fue nefasta. Sólo nos sentimos acompañados por los medios y el pueblo argentino" y destacó que "el gobierno de Macri se desentendió y el ministro Aguad nos mintió".
"La relación con el Gobierno de Macri fue nefasta. Sólo nos sentimos acompañados por los medios y el pueblo argentino"
En torno a la causa judicial, Claudio Rodríguez advirtió que para la jueza Yañez los responsables son seis pero sólo recibirán la pena excarcelable de 1 mes a 5 años y reveló que la magistrada les informó "que no tienen nada que ver el ex presidente Macri, a los jefes de las Fuerzas Armadas, al ministro de defensa Aguad y al jefe de Armada". El familiar denunció que se podrían haber hecho muchos peritajes, se debería haber enviado una sonda para observar el submarino por dentro y hasta reflotar los tanques de aire "para saber si los chicos intentaron salir".
"La Armada también se portó muy mal. Nos mintieron. A los 3 días sabíamos que había habido un principio de incendio y en abril Aguad nos dijo que pasó", se explayó.
Por último, destacó que "todavía no se sabe qué pasó con el ARA San Juan"; agregó que "creemos que los cuerpos ya no deben estar por la presión, pero queremos seguir investigando qué ocurrió" e insistió en que “estamos totalmente orgullosos de este ascenso”.
Reabren una causa contra el tío de D’Alessio, escribano del gobierno de Macri
Carlos Marcelo D’alessio, vinculado al supuesto fideicomiso ciego con los bienes del ex presidente, es investigado por haber sido titular de una empresa off shore que aparece en los Panamá Papers.
La Cámara Federal reabrió una investigación contra el ex escribano general de la Nación durante el macrismo, Carlos Marcelo D’alessio (tío del falso abogado Marcelo D’Alessio) por haber sido titular y presidente de una empresa off shore que aparece en los Panamá Papers.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia revocaron el sobreseimiento que había dictado en primera instancia la jueza María Servini y ordenaron profundizar la investigación sobre la base de medidas de prueba que propuso la fiscal Paloma Ochoa.
D’Alessio fue designado en diciembre de 2015, apenas asumido el gobierno de Cambiemos, por el entonces presidente, Mauricio Macri, y su cargo como escribano general de la Nación pasó a depender del ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano.
Según documentación a la que accedió Tiempo, por aquel entonces D’Alessio figuraba como “integrante del directorio y presidente de una sociedad radicada en el extranjero”: Lafibal International Corporation, registrada en 2006 en Panamá y actualmente disuelta.
Lafibal fue creada a través de un estudio de abogados que se hizo tristemente famoso justamente a partir de los Panamá Papers: Mossak Fonseca.
“El objeto de la pesquisa radica en establecer la presunta omisión del nombrado de asentar en su declaración jurada inicial del año 2015 -fue designado como Escribano General de la Nación- el ser integrante del directorio y presidente de una sociedad radicada en el extranjero. Esa actividad fue calificada bajo las previsiones del artículo 268 (3) del Código Penal”.
Ese artículo reprime con penas de entre 15 días y dos años de prisión a quien “en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”. Es uno de los delitos con condenas de prisión leves del Código, pero tiene un agregado de singular significación: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Servini estimó que no había existido tal omisión porque la empresa radicada en Panamá, a la cual no se le conoce actividad alguna, estaba inactiva.
La inclusión de D’Alessio en los “Panamá papers” era conocida desde antes de su designación en el cargo. De hecho, la difusión de la investigación que llevó a cabo un consorcio de periodistas de diversos países fue demorada hasta después de las elecciones de 2015, en las que resultó electo Macri.
D’Alessio también aparece vinculado con otro episodio que lo relaciona directamente con Macri: la constitución de un supuesto fideicomiso ciego al que el ex jefe del Estado transfirió su patrimonio durante su mandato.
Se llamó Seguridad Fiduciaria S.A. Y el administrador de los bienes del ex presidente era un socio de D’Alessio.
Fuente:TiempoArgentino
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