Por Darío Aranda, Resumen Latinoamericano, 19 abril 2020
Más de cien organizaciones campesinas y socioambientales apoyan los cuidados de cuarentena, coinciden en la importancia de la salud por sobre los negocios –como sucede con el coronavirus–, pero reclaman que se actúe de forma similar ante los agrotóxicos.
“¿De la pandemia del agronegocio quién nos cuida?”, es el título del comunicado de más de cien organizaciones sociales, ambientales y rurales que denuncian las fumigaciones con agrotóxicos. Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires son algunas de las provincias donde el agronegocio arrojó venenos sobre la población durante la cuarentena. Por contrapartida, organizaciones de la agricultura familiar-campesina se comprometieron a mantener la producción y los precios durante la pandemia. En Misiones, la organización Productores Independiente de Piray (PIP-UTT) donó 5000 kilos de alimentos en barrios populares.
“Mientras millones de argentinos y argentinas nos quedamos en nuestras casas para preservar nuestra salud ante la pandemia global, el agronegocio continúa regando nuestros territorios con agrotóxicos que comprometen la capacidad de nuestro organismo para hacer frente al virus”, comienza el texto firmado por la Coordinadora Basta es Basta (Entre Ríos), la Red Federal de Docentes por la Vida, las ONG Naturaleza de Derechos y Acción por la Biodiversidad, el colectivo de comunicación Huerquen, la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas, entre otras.
Entre las actividades “esenciales” y exceptuadas durante la cuarentena figura “la producción agropecuaria”, donde no se diferenció entre quiénes producen alimentos sanos, sin venenos, de los que producen transgénicos para exportación.
Desde el agronegocio, donde sobresale la Mesa de Enlace y Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa) comenzaron una campaña publicitaria donde se muestran “preocupadas por la salud”: ofrecen máquinas fumigadoras para combatir el dengue, regalan silos-bolsa (plásticos gigantes donde acopian los granos) para fabricar ropa de protección de hospitales y clínicas, productores de Villa María (Córdoba) publicitaron la donación de maíz transgénico en comedores comunitarios. La empresa cordobesa Porta Hermanos, en juicio por contaminar y enfermar al barrio San Antonio, publicita una campaña de donación de “alcohol en gel solidario”. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), donde participan todas las grandes empresas de agrotóxicos y transgénicos, envió una gacetilla el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, con un llamado a lavarse las manos y cuidarse del coronavirus.
“Si realmente queremos privilegiar la salud de la población, hay que prohibir que nos sigan contaminando y enfermando con venenos, es urgente cambiar el modelo agropecuario”, afirmó Eugenia Boccio, una de las impulsoras del escrito. Forma parte del Colectivo Cultura Orgánica de San Jorge (Santa Fe), ciudad que acumula denuncias y luchas contras las fumigaciones. Llamó a tener una mirada amplía frente a la pandemia: “Está muy bien aplaudir a los médicos, pero sin los campesinos que producen alimentos no podemos vivir”.
La Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero denunció en lo que va de la cuarentena fumigaciones en los departamentos de Jiménez, Rivadavia, Ibarra, Belgrano, Río Hondo y Pellegrini. Se repitieron casos en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. “Es la trágica cotidianidad de los pueblos fumigados, donde se liberan cada año alrededor de 500 millones de litros de agrotóxicos”, denunciaron las organizaciones y exigieron la aplicación de la Ley 25.675, que establece el “principio precautorio”: cuando hay riesgo de afectar la salud y el ambiente, se deben tomar medidas de protección.
En Argentina existes numerosas pruebas de los efectos de los agrotóxicos. Desde las denuncias de los pueblos afectados (Madres de Ituzaingó de Córdoba, vecinos de Avia Terai en Chaco y de San Salvador en Entre Ríos, entre otros) hasta las pruebas científicas. En la “Antología toxicológica del glifosato”, Eduardo Rossi recopiló más de 830 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente del herbicida más famoso.
El escrito de las organizaciones cita el libro “Transformaciones en los modos de enfermar y morir en la región agroindustrial de Argentina”, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Sistematizaron información de más de treinta relevamientos sanitarios en pueblos y ciudades (en el marco de la materia Práctica Final), y dan cuenta de las enfermedades que se repiten en los pueblos fumigados: abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas, problemas respiratorios y pulmonares.
“Sabemos que toda crisis es una oportunidad. Mientras las organizaciones del agronegocio la usan para lavarse la cara frente a la sociedad a la que envenenan cotidianamente; quienes firmamos esta carta les pedimos a nuestros gobernantes, una vez más, que defiendan nuestra salud”, resalta el final del escrito. Afirman que es tiempo de impulsar la agroecología, con alimentos sanos y a precios justos.
Como muestra de ese otro modelo, Productores Independientes de Piray (organización de El Dorado, Misiones, parte de la UTT) donó 5000 kilos de mandioca, poroto, maíz y frutas a familias humildes. En la misma sintonía, cuatro organizaciones de la agricultura familiar lanzaron la campaña “compromiso social de abastecimiento”, para que no falten alimentos durante la pandemia. Consiste en mantener el nivel de producción y a los mismos precios que estaban antes de la cuarentena. Se trata de la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y el Frente Nacional Campesino (FNC).
En los barrios pobres, nuestra pandemia es la Policía
Anahí Andrade, APL, Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2020.-
Este jueves hemos recibido la denuncia de Luisa Acosta, mamá de Miguel Ángel «Nacho» Herrera de 18 años de edad, quien el día 16 de abril, fue víctima de la desigualdad que provoca la diferencia de clase y del ya conocido y repudiado abuso de autoridad por parte de la policía de Monte Caseros. Ayer Nacho tuvo un accidente de tránsito. Su moto sufrió el impacto de otra moto que manejaba Claudio Rupani. Ambos fueron hospitalizados y, luego de un chequeo médico y sin haber sufrido heridas graves, los dos hombres fueron dados de alta esa misma noche. Ayer, en horas del mediodía, Nacho se dirigía a hacer un trámite relacionado con el accidente acompañado por su mamá, cuando en la vía pública los detiene un móvil policial y le comunican a Nacho que debía acompañarlos a la comisaría ya que el comisario necesitaba tomarle una declaración respecto al accidente del día anterior. Nacho hizo lo que la policía le pidió, y una vez en la comisaría lo dejaron detenido haciéndole saber a su mamá que quedaría allí por 19 días sin visitas. El comisario utilizó como excusa el hecho de que Nacho había violado la cuarentena el día del accidente y que además era culpable del mismo. (Anahí Andrade es hermana de Nino Largueri, desaparecido y asesinado por la Policía de Corrientes. Más abajo, el resto del texto).
Antes que nada queremos destacar que el día del accidente Nacho venía de realizar un trabajo de albañilería en la casa de su hermana, y que pese a la emergencia sanitaria que estamos atravesando y de tomar los recaudos necesarios, para muchos laburantes es imposible quedarnos en casa ya que si no trabajamos no podemos generar un ingreso para sostener a nuestras familias.
También es importante mencionar que Nacho viene siendo hostigado y perseguido por la policía desde hace un tiempo. Su madre vio cómo en la comisaría lo golpeaban luego de ser detenido. Está desesperada por la situación y teme por la vida de su hijo.
Cabe señalar que la otra víctima del accidente, Claudio Rupani es reconocido por su participación en el sector político, formó parte de la lista como concejal por el PJ en las últimas elecciones y es allegado de Eduardo Galantini, quien incluso se hizo presente en el hospital.
Rupani no está preso ni está siendo hostigado ni golpeado por la policía de Monte Caseros, sino que está en libertad a pesar de haber incumplido la cuarentena el día del accidente.
A esta costumbre que tiene el poder político, la justicia, y la policía de medir con diferentes varas el accionar de los ciudadanos es lo que nosotros denunciamos como privilegios de clase. Una vez más todas estas instituciones expresan con este accionar su abuso de poder contra los más desprotegidos.
Así también lo demuestra la institución policial hostigando, criminalizando, e incluso entrando a los tiros en los barrios más humildes para disciplinar a los pibes todas las noches. Recordamos también que fue haciendo uso de estas mismas prácticas que en el año 2015 la policía secuestró, torturó, desapareció y asesinó a Nino Largueri. El caso del asesinato de Nino por parte de la policía de Monte Caseros es ampliamente conocido por toda nuestra comunidad y ha recorrido todo el territorio nacional, desenmascarando lo peor de esta nefasta institución y el rol que cumple la justicia al encubrir el crimen y garantizarle impunidad y libertad a los policías que todos reconocemos como a los asesinos de Nino.
Repudiamos este accionar contra el joven Miguel Ángel «Nacho» Herrera. Exigimos que cesen los golpes, el hostigamiento y el abuso de autoridad hacia las personas de los barrios vulnerables por parte de la policía de Monte Caseros.
Queremos la liberación de Nacho ya mismo y que las investigaciones que deban realizarse se hagan en los ámbitos correspondientes sin detenidos por «portación de cara». La justicia debe ser imparcial y no guiarse por la condición de clase de los ciudadanos. Exigimos respuestas concretas y coherentes para Nacho y su familia y hacemos responsables a la policía y a la justicia de su integridad física.
MÁS DEL 95% DE LA POBLACIÓN DETENIDA ESTÁ EN CONDICIONES INFRAHUMANAS
Mujeres en prisión y pandemia
(Agencia Andar) En sus fallos, normas y disposiciones los tres poderes del Estado coinciden en señalar a las mujeres, en particular a las mujeres madres, como un colectivo vulnerable. Pero pocas veces la letra se traduce en política pública efectiva y las desigualdades que dejó en evidencia la pandemia en tantos otros aspectos se agudizan en el encierro.
“Hay muchas mujeres esperando encontrarse con sus hijos y corriendo el riesgo de que esta pandemia y la sobrepoblación hagan un desastre”, dice Canela Bella, referente de Proyecto Mecha, y sabe de lo que habla: ella tuvo a sus dos hijos estando detenida. Incluso antes de la pandemia, en el marco de la mesa de diálogo interinstitucional conformada para trabajar sobre la grave crisis humanitaria del sistema de encierro de la Provincia, se evaluaron medidas para esta población entre las cuales se destacó el acceso a la prisión domiciliaria.
Pero el sistema penal, tanto desde sus actores judiciales como penitenciarios y ministeriales, entienden como “madres” sólo a aquellas mujeres que tienen hijos o hijas menores de 5 años, la mayoría de ellas alojadas en la Unidad 33 de Los Hornos en el caso de la Provincia. Son 77 mujeres de las cuales unas 25 accedieron en este último tiempo a la morigeración de su pena con esta modalidad.
“El rango etario para otorgar es con niños menores de 5 años a cargo y creemos que tendría que crecer ese rango, por lo menos hasta los 12 años. Los niños necesitan estar con la madre siempre, pero más en esas edades y venimos peleando por eso. Pedimos un montón de arrestos domiciliarios, algunas no consiguen domicilio, otras se los niegan sus jueces a algunas se les suspendió la transitoria, otras madres tienen a sus niños en hogares. Hay muchas compañeras en preventiva por tenencia de estupefacientes con fines, con penas posibles de 3 años en preventiva; bueno y así cosas innumerables: los niños encarcelados que no pueden ir con sus familiares a pasear porque está la cuarentena, y las chicas dentro de la cárcel teniendo ya poca visita por ser mujeres: eso ya lo sabemos, que las que les llevan sus cosas son otras mujeres también cabezas de familia, o mayores de 60 que crían a sus nietos y tienen que transgredir la cuarentena para poder abastecer las necesidades que el estado no abastece”, enumera Canela.
De las 2151 mujeres detenidas sólo el 21% (un total de 462) ha accedido a un arresto monitoreado fuera de los penales de la Provincia. Quienes gozan de esta morigeración también están a cargo del estado y requieren de políticas públicas específicas, que no existen. Andrea Casamento, referente de ACIFAD una asociación civil de familiares de detenidos, evalúa que para ellas la situación es crítica. “Las personas que están saliendo con arresto domiciliario no conocen mucho cuáles son los circuitos dentro de sus propios municipios: no tienen idea dónde hay un comedor, dónde pueden pedir ayuda, muchas tienen que tramitar ahora la AUH porque mientras estuvieron detenidas no la pudieron tramitar y como todo está cerrado quedan aisladas ahí sin ninguna o con muy poca posibilidad”.
LLEVAR LA CÁRCEL A LA CASA
El acceso a la morigeración de la pena implica hoy para las personas detenidas que se lleven consigo muchas de las malas condiciones y agravamientos del encierro. La falta de comida, la inasistencia a la salud, el padecimiento de violencia. Casi no existen políticas públicas para esta modalidad de privación de la libertad y, si las hay, no se implementan.
Estefanía es integrante de Proyecto Mecha y cumple con un arresto en su casa desde hace tres años. “Lo más difícil es poder encontrar un sustento para solventar las necesidades básicas que van surgiendo día a día, sobre todo cuando sos madre. En mi caso, que soy primeriza, el estar encerrada más los miedos que te genera la maternidad los primeros tiempos hacen que necesites sobre todas las cosas contención, en primer lugar, contención de algún tipo porque la familia está abocada a poder conseguir recursos que permitan sustentar esas necesidades, principalmente en materia de salud o de alimentos”, señala.
Su bebé nació con problemas de salud y algo tan rutinario en los primeros meses de vida, como las consultas médicas, se volvía una odisea. “Lo más doloroso es cuando tu hijo tiene problemas de salud y requerís sí o sí de que otra persona cubra esas necesidades, que lo lleve a una guardia, a la pediatra porque vos no podes salir porque las autorizaciones tardan, porque a veces llegan y no te notifican, a veces no llegan la burocracia es un trastorno para estas situaciones. Uno de los problemas más importantes que tuve con respecto a los traslados fue que la policía exigía que me trasladaran esposada de pies y manos con mi hijo upa, recién nacido. Posteriormente, a partir de mi queja, decidieron que solamente me podían trasladar a mí sin mi hijo, lo cual no tenía sentido porque no podía pagar un taxi para que el chico fuera en un remis y que ellos me llevaran”.
La comida diaria es otro desafío, el sustento. “Los pañales, las cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas. Y con esto de la cuarentena se agudizó la situación porque es poco lo que se puede salir, es mucho lo que se consume al estar todos en la casa”, agrega Estefanía. Como ella, muchas mujeres sólo cuentan con la Asignación Universal por Hijo y algún bolsón de comida, que siempre es escaso y sólo cubre el abastecimiento de alimentos secos.
Desde ACIFAD detectaron que el Patronato de Liberados, el organismo a cargo del acompañamiento de quienes cumplen el arresto en sus casas, no está funcionando más que a través de llamados telefónicos, y buscan que los jueces u otros funcionarios responsables les avisen a los municipios que hay una persona con arresto domiciliario para que puedan llegar a ellas del mismo modo que llegan al resto de la población que está en sus casas. Hoy, más del 95% de la población detenida está alojada en cárceles, comisarías y alcaidías en condiciones infrahumanas. Volver a casa no puede ser llevarse la cárcel más allá de la restricción ambulatoria.
Qué la pandemia no agrave los sufrimientos populares
Por Julio C. Gambina, Resumen Latinoamericano, 19 abril 2020.-
Antes de la pandemia por el coronavirus la situación de la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, las/os regularizadas/os o las/os que no lo están, las/os activas/os y pasivas/os, era grave, en términos de ingresos y acceso a derechos. Es una característica de este tiempo del capitalismo y la ofensiva capitalista, neoliberal, construida desde la salida de la crisis de los setenta del siglo pasado, que se manifiesta en caída de los salarios e ingresos populares, flexibilización y precariedad laboral, con empobrecimiento ampliado de los de abajo. La tendencia, más allá de algunos intentos por contener los regresivos efectos sociales, en el país y en el mundo, confirma un retroceso en las condiciones de vida de la mayoría social por casi medio siglo, y con impacto negativo sobre la naturaleza, afectada por el extractivismo exacerbado y el saqueo de los bienes comunes.
Esa “normalidad” no nos satisfacía y no queremos a ella volver, sin embargo, la presencia del virus corona y agrava los efectos regresivos sobre la población empobrecida, incluso, afectando a sectores de ingresos medios y altos, que claman contra ciertas medidas preventivas de aislamiento. El tema es el cierre parcial, bastante extendido, de esferas de la producción y la circulación de bienes y servicios, con su impacto limitante en el acceso a la satisfacción de necesidades elementales. Volver a la normalidad es el reclamo que se instala en cierto “sentido común”. Nos parece interesante discutir el tema relativo a que “normalidad” es aquella a la que se pretende volver. Por ejemplo, en aras de la “normalidad” se negocian salarios a la baja para mantener empresas, afectando desde el 30 al 70% de los ingresos salariales previos a la pandemia. Es sin duda un ajuste, tal y como ocurre con el ascenso de los precios, especialmente de los alimentos, medicamentos y otros bienes y servicios que integran la canasta básica. Para el caso argentino, más allá del congelamiento de tarifas y combustibles, entre otras disposiciones para evitar subas de precios, la última medición del INDEC explicita una nueva escalada de una inflación que venía en retroceso desde diciembre 3,7%; enero 2,3%; febrero 2% y que escala en marzo con el 3,3%[1], incorporando nuevas incertidumbres sobre el futuro cercano.
La política pública asistencial en materia de alimentos y de ingresos monetarios intenta morigerar los efectos dramáticos sobre una mayoría empobrecida, que no puede resolver en la emergencia la reproducción de una cotidianeidad de subsistencia. Un tema adicional son los problemas logísticos del abastecimiento que no llega a todos los territorios, e incluso, se agrava con la evidencia de compras amañadas y sobreprecios. Por ello, no debe sorprender que ante las insatisfechas necesidades emerge la protesta e incluso la movilización pese al aislamiento, caso visible ante cesantías; pero también la solidaridad vía ollas populares, comedores en las barriadas y formas de asistencia comunitaria auto gestionada. La demanda por “resolver” estimula perspectivas críticas de desobediencia o movilización. En algunos casos, esta perspectiva es utilizada por el discurso de los sectores hegemónicos que inducen un fin apresurado de las medidas de prevención que involucran a la cuarentena. Es fuerte la presión empresaria para terminar con el aislamiento, que actúa sobre la realidad de necesidades insatisfechas en buena parte de la población empobrecida.
Por eso se necesitan medidas de política económica que vayan más allá de la emergencia y la subsistencia para empezar un camino de transformación en la producción y circulación de bienes y servicios. Una orientación hacia una nueva “normalidad”, diferenciada de la lógica de orden económico en que estábamos antes de la COVID19. Un punto de partida proviene de la cuarentena comunitaria, de esa parte de la población que no puede por condiciones objetivas cumplir con el aislamiento obligatorio. A estos sectores y espacios territoriales debe llegar asistencia financiera, material adecuado, incluso medidas y medios de seguridad sanitaria, formación y asistencia técnico profesional suficiente, que permita encaminar la producción material para el autoabastecimiento y la generación de producción social al entorno cercano, incluso más allá. Esa será la base de un plan más amplio que organice la producción y circulación de bienes y servicios hacia otra “normalidad” del orden económico social. Un plan que articule el saber popular con el profesional y que hoy recorre experiencias autogestionarias en todo el país.
¿De dónde saldrían los recursos?
La propia situación mundial está orientado el debate hacia inusitadas medidas, que en otro tiempo podían parecer imposibles. Los propios organismos internacionales están llamando la atención para flexibilizar restricciones fiscales o monetarios de los países ante la COVID19. Se demandan urgentes disposiciones relativas a la recomposición de la capacidad de atención de la salud pública y a una orientación estatal de la inversión en desarrollo científico y tecnológico relativo a la sanidad y a la emergencia. Más que achicar el déficit, las propuestas se orientan a relajar la contención del gasto público.
Es la caída de la producción mundial la que impone flexibilizar las restricciones a la emisión, que era y es norma sagrada entre los cultores de la corriente principal del pensamiento económico. Esta flexibilización de la política económica se verifica en los principales países del capitalismo mundial. Solo EEUU aprobó un paquete inicial de 8 billones de dólares más flexibilizaciones crediticias y subsidios. En el mismo sentido y en proporción relativa avanzaron Europa, Japón e incluso China. Se trata de una flexibilización relativa a contramano de una verdad sostenida por la ortodoxia monetarista, impuesta por la realidad del impacto económico y social de la situación de crisis.
No solo emisión, sino impuestos extraordinarios a los sectores más acomodados. La difusión de estudios sobre la desigualdad extendió el consenso para aplicar una tributación que achique la brecha de ingresos y riqueza. En Argentina empezó el debate, estando aún pendiente el alcance de los sujetos de la imposición y el monto a tributar, el que debe calibrarse en función de las necesidades de la emergencia y el plan de transformación productiva requerido y antes mencionado. Es obvio que los presuntos sujetos del impuesto despliegan una campaña crítica, intentando legitimar su papel de esenciales a la hora de definir el proceso productivo, invirtiendo la lógica teórica de que el capital es producto del trabajo humano.
La propuesta realizada a los tenedores de bonos de la deuda pública externa de legislación extranjera en estos días, habilita la discusión del uso de los recursos públicos, especialmente por los tres años de gracia en pagos de capital e intereses que promueve. Esta propuesta, como el re-perfilamiento de la deuda en divisas de legislación nacional, suspendiendo los pagos por este año abre un debate sobre el tema de la deuda. No es menor liberar recursos en la coyuntura, pero es evidente que no alcanza postergar un año los vencimientos de legislación nacional o tres años los de legislación extranjera. El problema subsiste, aun cuando se posterga un desenlace de inevitable default. Hay quienes sostienen que lo importante es el hecho de la suspensión temporaria, pero también habilita imaginarios que chocarán con la realidad de una impagable hipoteca sobre la economía y la sociedad en su conjunto.
Los anuncios del gobierno sobre unos 66.500 millones de dólares en manos de privados, un 20% del total de la deuda, acompañados por el arco diverso del oficialismo y gran parte de la oposición, especialmente los gobiernos provinciales, manifiesta la voluntad de pagar la deuda pública, aunque ahora aparece la novedad de quitas de intereses (62%) y capitales (5,4%) con tres años de gracia. Argentina ofrece canjear a tenedores privados de bonos, 21 títulos con vencimientos que llegan hasta el 2117. El canje será por 10 nuevos títulos, 5 nominados en dólares y otros 5 en euros, con tasas de interés en ascenso desde 0,5% para los primeros vencimientos en 2023, y una suba progresiva que llega a tasas del 4,875%. La propuesta supone pagos del capital en cuotas anuales desde el 2026 al 2047. Todo con tres años de gracia, 2020, 2021 y 2022. La propuesta está abierta por 20 días y resulta incierto el final de la negociación. No queda claro el qué y el cómo de la acumulación económica desde ahora hasta el 2023 para generar las condiciones de pagos en ese año y luego con intereses crecientes desde el 2025, los que se acompañaran de desembolsos de capital desde el 2026 y sucesivamente hasta el 2047.
Una verdadera hipoteca. Por eso, la suspensión de pagos que se demanda ante la situación mundial y local resultaría más efectivo, claro que supone un nivel de confrontación más decidido con la lógica de poder especulativo local y global. Argentina no puede pagar afirman desde el gobierno e incluso el FMI, por lo cual, los escasos recursos de reservas internacionales deben ser aplicados a la emergencia y a la transformación productiva que sugerimos. No alcanza con años de gracia sin modificar el marco de la organización económica de la sociedad.
En realidad, la voluntad de pago se expresó desde el comienzo de la nueva gestión con las negociaciones abiertas con el FMI, lo que supone el reconocimiento de lo actuado en la gestión previa, del mismo modo que se estableció un cronograma de ofertas de negociación a creedores privados. Por eso el aval parlamentario para disponer más de 4.500 millones de dólares de las reservas internacionales dispuesto para cancelación de deuda en la “Ley de solidaridad” aprobada en diciembre pasado. Fue la primera medida para sustentar las emergencias ante el cambio de gobierno.
Sostenemos un financiamiento planificado que incluya emisión monetaria, utilización de las reservas internacionales, suspensión total de pagos de la deuda junto a una auditoria con participación popular, y una reforma tributaria a grandes fortunas para sustentar la emergencia y un plan de transformación económica. Una transformación del régimen y legislación financiero será también necesaria, con un conjunto de medidas relativas a la modificación sustancial del sistema de producción y circulación. Son definiciones que requieren de una acumulación de poder político que hoy necesita ser programa de una perspectiva de construcción de poder político para frenar las amenazas de mayor ajuste sobre la mayoría de la sociedad, pero, sobre todo, para pensar en el escenario futuro post pandemia. ¿Cómo queda la sociedad superada la emergencia en curso por el COVID19? ¿A qué orden económico social aspiramos? ¿Cuál normalidad motiva nuestra reflexión relativa al presente y al futuro? Son interrogantes que circulan más allá de la inmediatez por atender las urgencias de la reproducción de la cotidianeidad.
Buenos Aires, 19 de abril de 2020
[1] INDEC. Índice de precios al consumidor (IPC), marzo 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_20405E6A626E.pdf (consultado el 18/04/2020)
Secretaría de la Mujer y la Diversidad de UTEP exige emergencia en violencia de género
Resumen Latinoamericano, 19 abril 2020
ANTE EL AUMENTO DE FEMICIDIOS EN CONTEXTO DE AISLAMIENTO
CUARENTENA SEGURA PARA TODAS
¡DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO!
CUARENTENA SEGURA PARA TODAS
¡DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO!
Desde las organizaciones populares sabemos que en el marco de la emergencia sanitaria se vienen tomando medidas, desde el gobierno, para dar batalla a la pandemia por el COVID 19 que se cobra la vida de cientos de miles en el mundo. En ese sentido el aislamiento social y obligatorio es una herramienta fundamental para evitar la propagación del virus. También sabemos que el “quedate en tu casa” tiene un rostro para las clases medias y altas, y otro muy diferente para los sectores populares, donde el hacinamiento y la falta de ingresos económicos fijos, entre otras cuestiones, dificultan seriamente la realización del aislamiento indicado y ponen en una situación extrema a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que viven al día. Lo sabemos y por eso estamos allí más que nunca, con comedores, merenderos y ollas populares, que son hoy el alimento de miles de personas.
Pero también el “quedate en tu casa” tiene un riesgo muy alto para las mujeres, travestis y transgénero, que conviven con sus agresores.Y también para los niños y niñas víctimas de abuso. No solo por el aumento de la violencia en sí, si no también por la falta de redes, la reducción de las posibilidades de pedir ayuda, de poder hablar con otras. En ese sentido entendemos y compartimos la consigna “no estás sola”, y las políticas de reforzar la difusión y atención de la Línea 144. Pero también vemos que esto no es suficiente, ya que no solo no llega a todas, si no que además no resuelve y no da cuenta de la cantidad de falencias que hay a la hora de poder realmente acompañar a una mujer para que pueda efectivamente salir de una situación de violencia, más aún cuando se trata de una compañera de la economía popular, de barrios o zonas rurales populares. Falencias que no son nuevas, pero que en un contexto de emergencia como el que nos toca vivir, se agudizan y tienen consecuencias más severas que nunca.
Como es de público conocimiento, desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se incrementó la cantidad de femicidios y travesticidios. Y esta es una realidad que nos duele y que nos obliga a actuar, a dar respuesta como podemos desde las organizaciones, pero también a exigirle al Estado que esté a la altura, porque si bien se han tomado medidas entendemos que no alcanzan.
En el contexto actual de aislamiento, vemos cómo se agudizan los problemas que ya venían teniendo los distintos dispositivos de asistencia, tanto estatales como de la justicia. Nos encontramos frecuentemente con comisarías que se niegan a tomarle la denuncia a las compañeras, la dificultad para acompañarla y realizar traslados por la falta de reconocimiento del rol de las promotoras como actividad exceptuada para circular, la falta de recursos económicos, alimentarios y de hospedaje para quienes quieren dar el paso de salir del contexto de violencia.
Desde las organizaciones tenemos la experiencia de haber escuchado, asistido y acompañado, a cientos y miles de compañeras. De organizar espacios de mujeres y diversidades, consejerías, equipos de promotoras. De movilizar para exigir la búsqueda de alguna compañera que no aparece, de pedir justicia, de hacer presión para que en una comisaría o fiscalía se actúe como corresponde. Somos una pieza fundamental para que muchas mujeres puedan tener acceso efectivamente a sus derechos, y en este contexto somos, a través de nuestros merenderos, comedores y ollas, una de las pocas caras visibles en los barrios y parajes rurales, a donde las compañeras recurren permanentemente solicitando ayuda. ¡Queremos ser parte de la solución!
Somos conscientes de que esta situación extrema se da en un contexto muy particular e imprevisto para cualquier gobierno, como lo es el aislamiento social. Y que, como tal, representa un desafío inédito en relación a cómo intervenir sobre una problemática que ya se presentaba de por sí compleja. Sin embargo, también entendemos que es justamente en estos contextos donde más debemos apelar a nuestra capacidad, creatividad y organización, y que es cuando más le debemos exigir al gobierno que esté a la altura de las circunstancias.
Celebramos que este momento nos encuentre con un Ministerio de las mujeres género y diversidades, porque entendemos que implica una jerarquización de las demandas de las mujeres y diversidades dentro de la agenda estatal. Pero este es un momento crucial donde eso debe ser puesto en juego, a través de políticas concretas. Esas políticas hoy no están llegando o son insuficientes. Y nosotras tenemos la responsabilidad de expresarlo y exigirlo.
Celebramos que este momento nos encuentre con un Ministerio de las mujeres género y diversidades, porque entendemos que implica una jerarquización de las demandas de las mujeres y diversidades dentro de la agenda estatal. Pero este es un momento crucial donde eso debe ser puesto en juego, a través de políticas concretas. Esas políticas hoy no están llegando o son insuficientes. Y nosotras tenemos la responsabilidad de expresarlo y exigirlo.
En este sentido, es que proponemos:
*Que se declare inmediatamente la Emergencia Nacional en Violencia de Género, en el marco de la emergencia sanitaria, lo que permitiría redefinir políticas y presupuestos con el objetivo de la reducción de la violencia;
*Incorporación de la perspectiva de género en los comités de crisis existentes (nacional, provinciales y municipales) y creación de los faltantes. Incorporando las actrices necesarias (Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, de la Justicia, Seguridad y de las Organizaciones sociales a través de las compañeras que realizan el trabajo de promotoras en violencia por razones de género);
*Reconocimiento institucional y económico del rol territorial de las organizaciones sociales. Nuestras compañeras son las que hoy sostienen abiertos los comedores y ollas, y quienes reciben permanentemente la demanda de las mujeres y diversidades en situación de violencia, quienes realizan en muchas ocasiones la asistencia económica, alimentaria y habitacional que el Estado no resuelve.
*Reconocimiento institucional y económico del rol de las promotoras que realizan prevención y que acompañan situaciones de mujeres y diversidades en riesgo, como actividad exceptuada del aislamiento, para poder circular e intervenir. Creación del Programa Nacional de 100.000 Promotoras
*Asignación de recursos para asistencia alimentaria, económica y habitacional, inmediata para las mujeres en situación de riesgo;
*Intervención sobre las comisarías y organismos de la Justicia que no cumplen su función de recepcionar denuncias, establecer medidas preventivas, etc. Con canales claros y efectivos de denuncia ante estas situaciones. Que haya en todas fiscalías de turno, fiscales especializados/as en violencia de género. Que se cumpla la efectiva exclusión de los violentos de los hogares hasta que termine la pandemia; la realización del aislamiento en los hoteles disponibles y el cumplimiento del procesamiento judicial en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. No otorgamiento de prisiones domiciliarias para los violentos.
Preocupante la creación de una fuerza de choque que prepara la Policía porteña para la pandemia
Por Gastón Rodríguez, Resumen Latinoamericano 19 de abril de 2020
Son 700 agentes convocados para un grupo de “Despliegue de Intervención Rápida”. Según el secretario de Seguridad, podrían actuar en “situaciones anómalas”, como las colas del súper.
El martes, en la reunión de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro, intentó desestimar el cuestionamiento de algunos diputados, que habían visto en la creación de un nuevo grupo policial el afán del Gobierno de la Ciudad de reprimir un eventual desborde social causado por la pandemia, con un pésimo ejemplo: “Lo que queremos es dar presencia inmediata ante una situación anómala –dijo–. Ya se ha dado de tener varias cuadras de cola para ir a un supermercado. Eso generó ciertas situaciones tensas que requieren un despliegue rápido”.
Entre el 8 y 10 de abril, en el predio que la Policía de la Ciudad tiene en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, 700 agentes de distintas comisarías fueron convocados a tomar instrucciones para desenvolverse como miembro del grupo “Despliegue de Intervención Rápida” (DIR). Aunque no hubo ninguna información oficial, Tiempo pudo averiguar que al frente de la flamante división estará el comisario mayor Pablo Kisch, en una suerte de doble comando con el subjefe Pedro Carnero. Kisch tiene experiencia en dirigir grupos especiales dentro de la fuerza, es decir, aquellos que no proceden como policía de proximidad y tienen régimen de Infantería: reprimen en células y avanzan con escudos, motos, escopetas y camionetas. El combo es un grupo con un poder de fuego por encima del resto de los efectivos.
“Lo primero que nos preocupó fue lo irregular de la convocatoria a los policías, algunos vía celular, de manera muy informal. Tampoco entendíamos cual era el motivo de esta nueva unidad que recibe entrenamiento para intervenir en conflictos sociales. Esto viene de la mano con la urgencia de la compra de elementos antidisturbios por casi 53 millones de pesos. En un contexto de pandemia, la prioridad en materia de recursos tiene que ser la salud. Al coronavirus no se lo va a combatir con gases lacrimógenos”, dice la legisladora porteña Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos,.
La diputada solicitó al Ejecutivo porteño que en un período no mayor a 30 días informe cuáles fueron las resoluciones y documentos oficiales con los que se justificó la creación del grupo DIR, en qué situaciones de conflicto intervendrá y quiénes serán los oficiales que estarán al mando.
“Se me ha puesto en conocimiento de que allí han sido instruidos una serie de agentes en acciones y tareas propias de los cuerpos especiales similares a la Guardia de Infantería. Los ejercicios de caminar juntos con escudos, instrucciones de tiro, la disposición en grupos integrados por tres escopeteros, dos choferes de motos y un chofer de patrullero, motivan saber cuál es el protocolo de actuación al que se ceñirá dicho cuerpo especial”, detalla el pedido.
En la reunión del martes, D´Alessandro insistió en que no se trata de un cuerpo de elite y explicó que “en la Ciudad hemos trazado más de 5500 objetivos para cuidar por diferentes situaciones, donde, entre otros, están las embajadas, las sedes del Poder Ejecutivo, los supermercados, los colegios, los hospitales y los 131 ingresos a la Capital”.
A la inquietud de la oposición y la ciudadanía por el nuevo invento represivo del Gobierno porteño, hay que sumarle el disgusto de los propios policías. La mayoría de los agentes fueron convocados de improviso y, si se negaban, tenían que conseguir un reemplazo proveniente del mismo lugar que ellos y con idénticas características profesionales. Un oficial que por razones obvias pidió reserva reflexionó: “Si se tratara de dar seguridad a los vecinos en problemáticas puntuales, no precisaríamos escudos y el poder de fuego de un grupo especial. Esto es una máquina de picar carne”.
Cheque en blanco
El 3 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la compra directa de municiones antidisturbios por un valor de 52.765.291 pesos realizada por la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Gobierno porteño a la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, dependiente de Fabricaciones Militares. La adquisición de 150 mil cartuchos de escopeta de balas de goma y casi 5000 granadas tuvo carácter de urgente.
“¿Cuál era la premura de esa compra? –se pregunta Montenegro– ¿Por qué no ponemos la energía en cuidar la salud y la vida de los porteños? Asumimos una actitud de trabajo en conjunto porque la prioridad es enfrentar este virus, pero eso no significa firmarles un cheque en blanco”.
Distracciones y delaciones
Otro de los pedidos de informe de la diputada Victoria Montenegro tiene que ver con la contratación de una empresa por parte del Poder Ejecutivo para espiar y controlar el trabajo de los integrantes de la Policía de la Ciudad. Varios efectivos se quejaron del aumento de denuncias contra ellos por supuestas distracciones motivadas por el uso del celular. Al mismo tiempo, denuncian la creación de un presunto sistema en el que los comisarios tienen mayor consideración de parte de las autoridades si realizan delaciones por desatenciones en sus labores contra agentes de su propia dependencia.
Por Tiempo Argentino
Envio:RL
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