En Comodoro Py miran al Congreso
Coronavirus: analizan implementar juicios orales de manera remota
El Consejo de la Magistratura ya recibió varios pedidos de tribunales del fuero penal para que se establezcan mecanismos tecológicos con el objetivo de dar continuidad a los procesos de manera online. Entre ellos, están el juicio a Cristina Kirchner y los de lesa humanidad. La exploración de nuevos sistemas y las trabas.
Por Sofía Caram
El Poder Judicial analiza la posibilidad de continuar con los juicios orales de manera remota.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
El Poder Judicial analiza la posibilidad de continuar con los juicios orales de manera remota. Tras las sucesivas prórrogas de la feria extraordinaria y ante la casi segura extensión del receso sanitario hasta el próximo 24 de mayo, el Consejo de la Magistratura ya recibió varios pedidos de tribunales del fuero penal para que se establezcan mecanismos tecnológicos con el objetivo de dar continuidad a los procesos de manera online. Entre ellos están el juicio a Cristina Kirchner y los de lesa humanidad. La experiencia ya fue exitosa en algunos juicios abreviados, pero las dudas están en los debates más complejos, con varios imputados, testigos y querellas. Mientras en Comodoro Py miran con atención la experiencia del Congreso, advierten que uno de los mayores escollos -–además de la cuestión técnica-- es la dificultad para certificar que quien declare del otro lado de la pantalla lo esté haciendo por su propia voluntad.
Al igual que los poderes Ejecutivo y el Legislativo, el Judicial busca avanzar en la digitalización del trabajo para dar continuidad al servicio de Justicia en medio del aislamiento obligatorio.
El jueves pasado, en los tribunales federales de Retiro todos siguieron con atención la experiencia de un juicio a distancia. Sin mayores dificultades, un proceso unipersonal --es decir, con un solo juez-- a cargo del TOF Nº1 se desarrolló con el imputado vía teleconferencia desde el penal de Marcos Paz. En la sala de audiencias del edificio de Comodoro Py 2002 sólo estaban presentes el juez y un secretario, con el distanciamiento social reglamentario y protocolos de higiene. La plataforma digital utilizada fue la misma que se aplica habitualmente en los casos en los que los detenidos que deben declarar en un juicio piden hacerlo desde la cárcel para no ser sometidos a los traslados.
Este sistema debutó en los debates orales por delitos de lesa humanidad, cuando los acusados o testigos estaban fuera del país y declaraban desde cualquier lugar del mundo, conectados a una computadora ubicada en alguna embajada o consulado. A partir de allí, su uso se fue extendiendo a otros procesos y se aplica con regularidad. Ahora, la emergencia por la pandemia global impone el enorme desafío de ampliar la virtualidad para casi la totalidad de un proceso, lo que implica una mayor complejidad. Las plataformas que se usan habitualmente son Polycom y Cisco, pero ninguna de ellas permite más de doce puntos de conexión -–de usuarios-- en simultáneo. “Estos programas no aguantan si los nueve tribunales orales los usan a la vez. Por ejemplo, no podría haber dos juicios el mismo día en esas condiciones”, explicó a PáginaI12 un funcionario judicial que trabaja en la elaboración de la nueva modalidad. Por eso, en el Consejo de la Magistratura estudian la posibilidad de armar una plataforma especial a través de Arsat, mientras que en tribunales también analizan el uso de algunos sistemas desarrollados por universidades.
Mientras tanto, en Comodoro Py están mirando con atención las pruebas piloto de Diputados y Senadores, con el objetivo de tomar la experiencia como ejemplo. Desde la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal a cargo del edificio de Retiro, se piensan por estos días los protocolos posibles para lo que podría ser un sistema mixto. Por ejemplo, podría estar sólo uno de los tres jueces o juezas de un tribunal junto a un secretario/a de manera presencial en la sala de audiencias y el resto de las partes, (fiscalía, querellas, defensores e imputados) en forma remota.
Los mayores problemas que todavía no saben cómo resolver son dos. Por un lado, la dificultad en materia de seguridad informática, para evitar hackeos o interferencias. Por otro, la manera de garantizar que un testigo o imputado no esté siendo coaccionado, es decir, que esté declarando por su propia voluntad. Esto es algo muy sencillo de establecer cuando la indagatoria o la testimonial tiene lugar en presencia del tribunal. Pero a distancia, alguien podría estar al lado del declarante, fuera de cámara, amenazándolo para que diga tal o cual cosa, lo que sería imposible de detectar desde el otro lado de la pantalla. Una de las soluciones que se analizan sería la posibilidad de enviar un efectivo de alguna fuerza de seguridad al domicilio del testigo o imputado al momento de su declaración. Sin embargo, aún está en duda la capacidad logística que implicaría esta opción. Por eso, algunos opinan que quien declare lo haga de manera presencial con todos los recaudos necesarios, mientras que empleados/as, secretarios/as, abogados/as y fiscales participen en forma virtual.
Al mismo tiempo, habría que digitalizar gran parte de las pruebas, lo que en algunos casos, advierten, sería casi imposible o muy difícil de llevar a cabo en un tiempo razonable. Sobre todo en juicios del fuero Penal Económico, donde cheques, dinero en efectivo, cajas de seguridad, etc. suelen ser elementos probatorios materiales fundamentales. Además, los protocolos deberían contemplar los procedimientos que suelen tener lugar durante los juicios, que implican sí o sí el trabajo en el territorio, como el reconocimiento de lugares y las reconstrucciones de los hechos que se investigan.
Como se ve, implementar un juicio a distancia respetando todas las garantías procesales es de una enorme complejidad. “No podemos aplicar un sólo protocolo para todos los juicios. Estamos pensando en algo general, pero cada caso deberá tener sus propias normativas según las características y la etapa en la que se encuentre cada proceso. No es lo mismo un juicio que recién se inicia, que requiere la presencia de todos los imputados, por ejemplo, que uno que está en la etapa de alegatos o de las últimas palabras”, detallaron a este diario en Comodoro Py.
Juicio Vialidad y de lesa humanidad
El Consejo de la Magistratura ya recibió varios pedidos formales para que se implementen los juicios remotos. El juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal Nº2, elevó la solicitud para continuar con el proceso por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que está acusada la Vicepresidenta Cristina Kirchner junto a otros doce imputados. El juicio está en la etapa las testimoniales. Las audiencias se venían desarrollando a un ritmo muy lento, los días lunes y con la declaración de sólo un testigo cada vez, con una lista prevista de más 180.
Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal, organismos de derechos humanos y las diferentes querellas de los procesos contra los genocidas de la última dictadura cívico militar también reclamaron a la Cámara de Casación que se reanuden las audiencias a distancia. Sobre todo porque se trata de procesos muy largos, que ya vienen demorados y cuyos imputados, en su mayoría, son de edad avanzada, por lo que podrían morir antes de la sentencia. En concreto, pidieron que se reinicien aquellos que estaban en trámite y que comiencen los que estaban a un paso de arrancar antes del aislamiento obligatorio. En total, son más de una decena de juicios.
En todos los casos, la dificultad es la misma. Se trata de debates orales con muchas personas involucradas. Según pudo relevar PáginaI12, la Casación ya remitió las solicitudes a cada uno de los tribunales, quienes a su vez deben acordar los detalles del trámite con el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema
11 de mayo de 2020
Se ve como uno de los dirigentes más conocidos del país
Pichetto busca instalar su partido para 2021
"Estoy recorriendo el país y haciendo videoconferencias con toda la Argentina. La campaña nacional me sirvió como base de despegue. Creo que soy uno de los tipos más conocidos después de Macri, Cristina y Alberto Fernández", dijo.
El ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto sigue pensando en volver al ruedo en las próximas elecciones.
Imagen: NA
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El ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto sigue pensando en volver al ruedo en las próximas elecciones. En plena pandemia, desde el aislamiento que cumple en Vicente López, el ex hombre fuerte del Senado sigue apuntalando al partido UNIR como su base electoral para competir en las próximas elecciones dentro de Juntos por el Cambio. "Estoy trabajando en UNIR para hacer un partido nacional. Estoy recorriendo el país y haciendo videoconferencias con toda la Argentina. La campaña nacional me sirvió como base de despegue. Creo que soy uno de los tipos más conocidos después de Macri, Cristina y Alberto Fernández", afirmó Pichetto en una entrevista con Mapuchito Noticias. "Tengo convocatoria de todos los medios", se infló. Luego de la derrota, el ex senador quedó afuera de la presidencia de la Auditoría General de la Nación, lugar que reclamó para sí la UCR. "Estoy dispuesto a mantener la unidad de Juntos por el Cambio, pero no me voy a subordinar a que nos excluyan como nos hicieron en esta campaña", dijo Pichetto. Ahora reclamará más lugar en las listas. Habrá que ver qué respuesta recibe.
11 de mayo de 2020
Comienzan a otorgarse este lunes
Créditos subsidiados para mipymes
El BCRA habilitó esta línea que tendrá disponibles alrededor de 22.000 millones de pesos y cuyo fondeo estará compuesto por una reducción en el stock de Leliq y la liberación de encajes bancarios. La línea se suma a la vigente para mipymes a 24 por ciento, que lleva aprobado y en proceso créditos por 199.674,2 millones de pesos, de los cuales se desembolsaron 156.811,6 millones de pesos, entre un total de 100.332 empresas.
Las entidades que no presten los montos estipulados por esta nueva línea serán penalizados con una reducción en su posición de Leliq de hasta 3 puntos.
Las empresas que accedan a los créditos a tasa subsidiada a través de las líneas Mipyme o la nueva Pyme Plus deberán pedir la conformidad del BCRA para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios para la adquisición de divisas.
Las debilidades del sistema de cuidados a ancianos que expuso la pandemia
Coronavirus: residencias para mayores, los mayores peligros
Solo en la Capital, ya son 29 los muertos en residencias y 132 los casos de covid-19 en 13 establecimientos. El sistema, las necesidades y la falta de controles.
Por María Daniela Yaccar
Imagen: Telam y Sandra Cartasso
Bombas de tiempo. Eso son las residencias de adultos mayores --todavía popularmente y mal llamadas "geriátricos", concepto que se corresponde con paradigmas arcaicos-- en tiempos de pandemia. Las noticias que llegan de Europa son alarmantes: más del 50 por ciento de las muertes que se contabilizaban en la última semana de abril habían ocurrido en residencias. Lo que sucede en el país espanta también: aparecen con frecuencia nuevos hogares como focos de contagio. Solo en la ciudad de Buenos Aires, ya son 29 los adultos mayores muertos en residencias y hay 132 casos positivos en 13 establecimientos. Las históricas debilidades en el sistema de cuidados a personas mayores --como la ausencia de una ley nacional para estos espacios-- quedan al desnudo. A lo mejor este escenario sea una oportunidad para prestarle más atención.
"La pandemia irrumpe en un mundo envejecido, que vive un fenómeno que he llamado 'gerontoglobalización': la humanidad, en todo el planeta, logró conquistar años de vida. Constituyó a la vejez en una etapa larguísima, de 20, 25 años promedio", dice la gerontóloga Isolina Davobe a Página/12. La población mayor de 60 años a nivel mundial está entre el 8 y 9 por ciento y la expectativa de vida promedio es de 80 años. "En los países más envejecidos, como Japón e Italia, enseguida apareció la pregunta: ¿qué hacemos con las personas mayores? La otra pregunta que apareció en el planeta, no sólo en la Argentina, es: ¿y con las residencias de larga estadía? ¿Qué hacemos?", describe la abogada e investigadora del Conicet.
"Viejismo" es el término que emplea para sintetizar el conjunto de respuestas y políticas de Estado que el coronavirus activó a nivel mundial. Término acuñado en 1969 por el psiquiatra Robert Butler para aludir a toda práctica que discrimine, invisibilice, desprecie o silencie a un ser humano sólo por ser viejo. "Se ha invisibilizado el fenómeno del envejecimiento. No se habla demasiado de él. Se ha desarrollado una cultura viejista, a partir del silenciamiento de los problemas específicos de personas mayores. Se las pone a todas en la misma bolsa, en el lugar de la dependencia. Nos equivocamos completamente", sentencia la especialista. En esa dirección se inscriben medidas como la obligación de llamar por teléfono antes de salir o actitudes como culpar a los jubilados que no saben usar el cajero automático.
Las residencias en la pandemia
La tasa de internación en residencias de larga estadía es muy baja en la Argentina. Está entre el 2 y 2,5 por ciento de los adultos mayores, según datos aportados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a "nuestra composición de familia latina", plantea Eugenio Semino, director de Tercera Edad del organismo. En estos días viene visitando residencias afectadas y hablando con familiares. Se encuentra siempre con un mismo sentimiento: la culpa. "El nono tiene que morir en casa pase lo que pase. Los sajones tienen una altísima tasa y la internación es voluntaria", compara.
El viernes, el Ministerio de Salud porteño confirmó el fallecimiento de 29 adultos mayores en residencias en la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron confirmados 132 casos positivos en 13 establecimientos. En la semana que pasó fueron noticia los 37 contagios (30 residentes, siete trabajadores) y la evacuación en la residencia Carpe Diem , de Paraguay al 2400, en Recoleta. También se confirmó el primer caso de covid-19 en una institución de Mendoza que mantiene convenio con el PAMI.
Antes hubo otros casos muy resonantes. El del Apart Incas, por ejemplo, residencia privada ubicada en el barrio porteño de Belgrano, donde además de 21 infectados se registraron siete muertes, y el del Santa Lucía de Saldán, en Córdoba (convenio con PAMI), donde contrajeron la enfermedad más de 60 personas, entre internos y trabajadores, y hubo 10 muertes. Hubo un episodio de contagios masivos en el partido bonaerense de Hurlingham, donde al menos siete personas se infectaron y varios mayores debieron ser trasladados para recibir atención médica. Otro caso importante en la provincia fue el de una residencia en Moreno, clausurada por no contar con habilitación (una muerte, 20 contagiados). En el ámbito porteño se sucedieron los allanamientos (en Flores, Devoto, Parque Avellaneda y Montecastro).
"Más allá de que son noticia, no son muchas las residencias las afectadas", dice Mónica Roqué, secretaria de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI. "Se han tomado las medidas a tiempo, pero hay que saber que son el lugar de mayor riesgo. Seguramente vamos a encontrar muchos casos más y muchas personas, sobre todo mayores de 80 años, van a fallecer. Es lo que plantea el escenario mundial", añade. El PAMI creó una comisión de expertos y activó un protocolo sanitario --en "permanente actualización"-- para monitorear la evolución del coronavirus en residencias.
En el ámbito porteño, desarrolla un trabajo conjunto con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. La tarea de control recae fundamentalmente en el Ministerio de Salud porteño, pero también tiene participación la cartera de Desarrollo Humano y Hábitat. La Justicia deberá evaluar la responsabilidad de instituciones, autoridades encargadas de auditorías e incluso de las familias de los residentes.
Para Semino, más importantes que los protocolos son los testeos muestrales. En España, el 45 por ciento de las muertes de personas mayores acontecieron en "estados de internación geriátrica", en espacios de "mejor infraestructura" que los que pueden hallarse en la Argentina. "La gran diferencia con respecto a Alemania, que prácticamente no tuvo muertes en internación, es que testearon personal y residentes en forma permanente. Nosotros no tenemos la guita de Alemania. Planteamos que se hagan testeos muestrales de cada lugar empezando por el personal", explica. Es una tarea que viene demorada en la ciudad de Buenos Aires: iba a comenzar el 4 de mayo, pero los insumos de China para realizarlos no llegaron aún al país. "Si no se hace metódica y sistemáticamente el testeo, los infectados ya están".
Un mapa posible
Según cifras de la Defensoría, en el país hay 150 mil "camas" de internación en 3800 establecimientos. A su vez, hay otros mil a los que se define como clandestinos. Semino sostiene que el asunto central en torno a la actividad es que es "Pamidependiente": de aquellos 150 mil servicios, "un tercio" son los que PAMI otorga a sus afiliados. "Esto hace que los geriátricos y sus dueños, durante toda la vida, terminen teniendo a PAMI como referencia económica y demanda cautiva. Por lo cual existió una corrupción estructural en todos estos años. Nunca despegaron como actividad comercial competitiva", sugiere el abogado y gerontólogo, que sí detecta "negocios inmobiliarios", sobre todo en los últimos años. Una visión que se distancia de otras voces críticas en relación a cómo el Estado deja que el mercado y el lucro hagan de las suyas en este tema, como las que aparecen en una nota publicada por este medio a mediados del año pasado .
En ese artículo, Vilma Paura, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, decía: “Cuando el Estado participa en la atención y el bienestar de las personas mayores garantiza el acceso a bienes y servicios más allá de la posibilidad de comprarlos en el mercado. En cambio, cuando no lo hace o tiene una participación restringida, esto queda librado a la posibilidad que tengan ellos y sus familias de poder pagar los precios del mercado”.
En ese artículo, Vilma Paura, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, decía: “Cuando el Estado participa en la atención y el bienestar de las personas mayores garantiza el acceso a bienes y servicios más allá de la posibilidad de comprarlos en el mercado. En cambio, cuando no lo hace o tiene una participación restringida, esto queda librado a la posibilidad que tengan ellos y sus familias de poder pagar los precios del mercado”.
Sintetizando mucho, pues hay variantes de lo más diversas, la tipología de residencias de larga estadía arroja por lo menos tres categorías: las privadas, las "caras", como la que estalló en Avenida de los Incas, de entre 150 y 180 mil pesos de cuota. Un segundo gran sector trabaja con PAMI. Son "más chicas, más modestas, con menos hotelería". Y el tercero, que se "extendió mucho", es el de las clandestinas, "que cobran conforme a la cara del cliente, entre 10 y 20 mil pesos, y trabajan en negro y con personal en negro".
En la ciudad de Buenos Aires se cuentan aproximadamente 500 espacios. PAMI tiene convenio con 200. Otro grupo importante lo integran los hogares privados que rondan los 60 y 70 mil pesos de cuota. Existen también espacios administrados por el Estado, pero su escasez es llamativa. "Los cuidados de larga estadía no han sido política de ningún gobierno. Esto es de larga data, de hace dos siglos atrás. Y se corresponde con cómo nacen estas instituciones en la historia argentina: no con el Estado, sino por las sociedades de beneficiencia", explica Davobe.
El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño tiene bajo su órbita los edificios que componen en la Ciudad la oferta estatal. Nada más dos están en la capital: el Guillermo Rawson, en Constitución, y el San Martín, en Paternal. Los otros se encuentran en Ituzaingó (Martín Rodríguez Viamonte) y Necochea (Raimondi). El secretario de Integración Social para Personas Mayores del GCBA, Sergio Costantino, añade que hay además "tres hogares conveniados", a los que ingresan adultos que viven en la calle. Hay cuatro residencias de PAMI y un hogar dependiente de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (Balestra).
Costantino detalla que la cartera de Desarrollo "acompaña"; que el poder de "policía" sobre las residencias lo posee el Ministerio de Salud. "Estamos acompañando día a día. Esta es una situación que nunca pasó en el mundo. Estamos tomando todas las medidas, accionando todos los protocolos. Tenemos muchos empleados que trabajan en otros lugares y ámbitos y eso complica. Tratamos de hacer que se queden en los hogares la mayor cantidad de horas", asegura. Entre recientes medidas para incrementar la bioseguridad en los espacios que dependen de la cartera, están los turnos de 12 horas para restringir la rotación del personal de enfermería. También cabinas de sanitización para ingreso y egreso de personal y su sectorización para buscar que estén en contacto siempre con los mismos residentes.
Costantino responde a una denuncia periodística en torno al Martín Rodríguez Viamonte, que aloja a 737 ancianos. Hubo tres casos de covid-19 entre los trabajadores, quienes señalaron falta de protección sanitaria y riesgo de trabajo por desidia de las autoridades. "Uno estaba con licencia y con los otros activamos el protocolo dentro del hogar. Charlo permanentemente con los trabajadores", afirmó el funcionario. Ante la consulta de si era verdad que los empleados debieron ir a trabajar igual tratándose de casos sospechosos y sin conocerse los resultados de los testeos, contestó que no era cierto. Al momento, no hubo ningún caso de contagio entre los residentes de hogares dependientes del GCBA.
"Hay muy pocas residencias públicas en todo el país. Tampoco hubo de parte del Estado, en ningún nivel, una política de promoción de empresas", remarca Davobe. "Cuando en las décadas del '60 y '70 crece la cantidad de personas mayores, aparece un mercado nuevo: el del cuidado de la persona mayor. Por el servicio que brindan, las empresas deberían ser supercontroladas por el Estado. Cumplen un servicio que el Estado no puede o no quiere dar", agrega la gerontóloga.
Por todo esto es cuestionable la caza de brujas hacia lugares clandestinos. En CABA muchos pasaron a moverse en las sombras tras un endurecimiento en las exigencias para las habilitaciones. "Hay cada vez más personas mayores y una necesidad creciente. Si no hay un Estado que cubra esa necesidad o empresas privadas que quieran invertir de manera legal, van a dar ese servicio emprendimientos de manera paralela, y los va a contratar gente en la inmediatez y la urgencia. El Estado ha mirado para el costado convirtiéndose en cómplice de la clandestinidad", sugiere Davobe. "Agradezco que este tema haya salido a la luz", dice Roqué. "El Estado hasta el día de hoy nunca miró a las residencias clandestinas. Debe ayudarlas a dejar de serlo. Son lugares necesarios", apunta.
De hecho, es muy curioso que el primer precedente de la actividad a nivel mundial esté ligado, justamente, a la clandestinidad. En el siglo VI antes de Cristo, los aristócratas que precisaban de cuidado y estaban solos fueron a buscarlo a los conventos. Hacían un acuerdo con las órdenes religiosas: donaban sus bienes a modo de pago por alojamiento, cuidado y alimentación. "Nacen de manera espontánea y sin regulación, son hijos de la necesidad", define Davobe.
Hacia una ley nacional
La Constitución Nacional no dice una palabra sobre el cuidado hacia los adultos mayores. Tampoco existe una ley nacional dedicada a las residencias de larga estadía. Desde el siglo pasado, municipios y gobiernos provinciales son los que regulan y controlan con ordenanzas y leyes. Algunas aparecieron como consecuencia de tragedias (incendios, inundaciones). El problema es que se inscriben en el derecho administrativo. Son normas en torno a cantidad de habitaciones, dimensiones de las mismas, autoridades, servicios básicos, etcétera, que no atienden a los derechos humanos de quienes habitan los espacios.
Espacios que se encuentran tan en un limbo que resulta complejo definirlos. Aunque aún sea lo más común mencionarlos como "geriátricos", es un término inválido y obsoleto porque los reduce a la dimensión médica cuando es de suponer que ofrezcan otro tipo de servicios, como actividades recreativas y culturales. Y cuando van mucho más allá de aquella dimensión: son el centro de vida de muchas personas.
La más reciente de todas las normas es la de la Ciudad de Buenos Aires (5670), reglamentada en 2018. "Hay un artículo que habla de una práctica que no debió siquiera ser nombrada en una ley: las sujeciones. Se establece de manera explícita que por razones de cuidado o seguridad la institución puede sujetar a una persona por orden médica. Se puede hacer por siete días y prorrogarse por siete más. Si tuviera que seguirse prorrogando se debe pedir autorización judicial. Hoy en los tribunales de CABA han crecido de manera sustanciosa los pedidos de los establecimientos de continuación de prácticas de sujeción", advierte Davobe. Prácticas que pueden requerir de "cables, sábanas o fármacos", y que contradicen "a todas luces" la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores , vigente y obligatoria en la Argentina desde hace tres años. "La ley de CABA lo puso sobre la mesa, lo reguló, pero en la práctica sabemos que se hace en otros lados."
La especialista trabajó en la elaboración del Proyecto de Ley sobre Régimen Jurídico del Contrato de Servicios Residenciales Gerontológicos, en colaboración con la senadora Norma Durango, para incorporar una perspectiva de derechos humanos al escenario. También lo está apoyando el legislador Mario Fiad. El rasgo esencial es que coloca "en el centro de la escena a la persona mayor, como contratante, ubicando a la familia en el papel de garante o fiador". "La familia tiene que actuar pero siempre bajo la protección del sistema de salud mental que rige en la Argentina y con la participación de abogados para que se respete la autonomía y la capacidad jurídica de las personas mayores, así como también su espacio para decidir por sí. No invadiría las jurisdicciones, sino que complementaría sus normas", explica la doctora en Derecho. Discriminación, destrato, abusos: esos son algunos viejismos que la iniciativa pretende desterrar.
El problema de la atención
Eugenio Semino, director de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, repasa otras problemáticas que registra en las residencias de larga estadía. Una es "estructural": la de recursos humanos. Son las mujeres las que en general se dedican a la "sacrificadísima" tarea de cuidados en los hogares. "No son consideradas personal de salud y se les paga una miseria. Los sueldos de convenio son de 20 lucas. Es un sector absolutamente inobservado. Y es una de las grandes formas de explotación y exclusión", afirma el abogado. Las cuidadoras y auxiliares que trabajan en CABA y en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires suelen vivir en "barrios humildes del segundo y tercer cordón". Viajan muchísimo hasta llegar a sus lugares de trabajo y la mayoría de las veces completan sus salarios desempeñándose en diferentes espacios.
En tiempos de pandemia, otro eje es la "fragilización de la atención". De por sí, las residencias suelen trabajar "con el mínimo exigido por la ley, con pocos insumos de protección y bioseguridad". "A partir de la cuarentena, el mínimo empieza a mermar aún más", advierte Semino. Parte del personal debió ser licenciado por tener más de 60 años, por embarazo o enfermedades preexistentes. Por protocolo no pueden ingresar familiares. "El familiar, sobre todo en el caso de los postrados, funcionaba como rueda de auxilio al personal, especialmente en la ingesta. Hay menos personal y no hay ayuda externa, lo cual fragiliza la atención, sobre todo la de los más frágiles. Si se los cambiaba cuatro veces se los cambia dos, con lo cual aparecen escaras. Tienen malas ingestas, aparecen la desnutrición, la deshidratación", grafica el director de Tercera Edad de Defensoría del Pueblo.
Un tercer problema es la "reubicación" de los mayores a quienes se les va dando el alta, "más cualitativo que cuantitativo": "no hay nada establecido" en torno a este tema y "se va haciendo lo que se puede". El caso de la residencia Santa Lucía de Saldán, que fue clausurada, sirve para ilustrar este punto: la semana pasada los familiares de los residentes difundieron una carta abierta porque PAMI no había conseguido un nuevo lugar para ellos. La mayoría se encontraba en hospitales y varios estaban ya en condiciones de recibir el alta.
11 de mayo de 2020
El Presidente llamó a "cuidar lo conseguido" en la lucha contra el coronavirus
La carta de Alberto Fernández: "Es tiempo de evidencia científica, no de rumores"
El mandatario destacó el "esfuerzo colectivo" ante la pandemia y aseguró que los argentinos y argentinas "hemos hecho un contrato para cuidarnos". Sobre la nueva etapa del aislamiento, advirtió: "Si cumplimos, podremos seguir avanzando. Si hay incumplimiento, deberemos retroceder". Volvió a criticar a quienes piden levantar la cuarentena.
Imagen: NA
El presidente Alberto Fernández publicó una carta que compartió desde sus redes sociales en la que llama a "cuidar lo conseguido" tras casi dos meses de cuarentena por la pandemia de coronavirus. "Es tiempo de cuidados, no de temores infundados. Es tiempo de evidencia científica, no de rumores. Es tiempo de solidaridad, no de estigmas", aseguró.
El mandatario planteó que hay un acuerdo "que hemos construido los argentinos: cuidar a todos, a todas y a todes". "Un día, cuando esta situación haya pasado y recuperemos todos los aspectos de nuestra vida, podremos celebrar los logros que hayamos alcanzado como sociedad", aseguró.
En su carta, Fernández apuntó contra los "voceros de la apertura económica", a quienes acusó de presionar "con cualquier argumento para ponerle fin a la cuarentena". Dijo que esa decisión en otros países del mundo "en realidad, solo ha servido a aumentar el contagio y las muertes, sin evitar el deterioro económico".
"No hay país capaz de impedir la entrada y la expansión del virus. Ya los contagiados se cuentan en millones y los fallecidos en cientos de miles. Además, se están produciendo consecuencias gigantescas en la economía global. Este año habrá una enorme caída de la producción, muchas empresas pierden valor en días o semanas, se han destruido millones de puestos de trabajo y ha bajado intensamente el consumo", planteó el Presidente.
Sobre la nueva fase de la cuarentena en la Argentina, Fernández celebró que "podemos iniciar una apertura progresiva, cuidadosa y responsable" y dijo que "cada semana podremos ir sumando algunas actividades comerciales, productivas o de servicios para ir activando la economía".
Al mismo tiempo, advirtió que "es clave respetar las normas de distanciamiento social y continuar con el hábito de lavarnos las manos, evitar tocarnos la cara, usar barbijos cuando salimos, ventilar ambientes y comunicarse por teléfono con un médico o una autoridad sanitaria si tenemos síntomas".
"Todos y todas somos responsables del cuidado y cada paso que demos depende de cada uno y cada una. Si cumplimos, podremos seguir avanzando. Si hay incumplimiento, deberemos retroceder", advirtió Fernández.
La carta completa de Alberto Fernández
Queridos argentinos, queridas argentinas
Quiero reiterar mi agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes por lo que hemos logrado unidos en estas semanas. Soy muy consciente de que es un esfuerzo colectivo y conozco las dificultades que genera la pandemia en las familias y en cada persona. Todos extrañamos mucho a nuestros seres queridos.
Los argentinos y las argentinas hemos hecho un contrato para cuidarnos. Un contrato para que el impacto de la pandemia sea compatible con nuestro sistema de salud. Ese fue el objetivo que siempre nos propusimos para salvar vidas. Por eso desde el primer día de la cuarentena hemos trabajado para construir nuevos hospitales, preparar camas de aislamiento y contar con los insumos críticos necesarios. Hemos avanzado mucho y seguimos trabajando.
También desde el primer día hemos tomado medidas para mitigar el impacto económico y social de la pandemia. Soy muy consciente de esa realidad y expliqué la situación que teníamos cuando asumí. Y sabemos cómo se agrava ahora la crisis económica en todo el mundo. Por eso hemos tomado medidas económicas dirigidas a apoyar a todas las familias, a los más vulnerables, a los trabajadores, a los monotributistas y también a las pymes. El Estado está presente, acompañando y cuidando a todos los argentinos.
Desde que comenzó la cuarentena, hace más de 50 días, hemos hecho un gran trabajo colectivo y hemos obtenido los primeros logros. El más importante es haber podido reducir la velocidad del contagio. Ahora debemos cuidar esos logros.
Para saber cuál es la situación hay un parámetro muy importante: saber cuántos días demora en duplicarse la cantidad de casos. Cuando iniciamos la cuarentena, la cantidad total de casos en el país se duplicaba cada 3,3 días. Hoy, a nivel nacional, hemos logrado que se dupliquen los casos cada 25 días. Más de dos tercios de los nuevos casos son en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En los últimos días hemos visto y escuchado a voceros de la apertura económica presionando con cualquier argumento para ponerle fin a la cuarentena, una medida que se ha tomado en muchísimos países del mundo. Pero ninguno ha logrado jamás demostrar que el fin del aislamiento haya servido a la economía. Porque, en realidad, solo ha servido a aumentar el contagio y las muertes, sin evitar el deterioro económico.
Para tomar noción basta con mirar lo que ocurre en el mundo. La pandemia tiene características inusitadas. No hay país capaz de impedir la entrada y la expansión del virus. Ya los contagiados se cuentan en millones y los fallecidos en cientos de miles. Además, se están produciendo consecuencias gigantescas en la economía global. Este año habrá una enorme caída de la producción, muchas empresas pierden valor en días o semanas, se han destruido millones de puestos de trabajo y ha bajado intensamente el consumo.
El mundo ya no será igual. Pero, a pesar de la incertidumbre, tenemos una certeza: sabemos que ha fracasado un modelo basado en la especulación financiera global. Un modelo que desprecia a la producción real, a los seres humanos y al medio ambiente. Sabemos que también ha fracasado el menosprecio por lo público y por estados preparados para proteger a sus ciudadanos. Estamos convencidos de que en el mundo por venir deberán estar en el centro los seres humanos, la justicia y la igualdad.
Un día, cuando esta situación haya pasado y recuperemos todos los aspectos de nuestra vida, podremos celebrar los logros que hayamos alcanzado como sociedad. Y también habremos aprendido nuevos hábitos de cuidado y de salud. En ese momento, recordaremos esta crisis inmensa, quizás más que otras que nos han tocado vivir. Pero atravesar la crisis es el momento más difícil. No solo por las restricciones económicas y de movilidad o por los temores por la salud de nuestra gente. Es el momento más difícil porque cuesta mucho ver que finalmente nos vamos a reponer, vamos a salir, todos juntos y más fuertes que antes.
Ahora entramos en una nueva etapa de nuestro plan. Hay restricciones que continúan vigentes en todo el país, pero podemos iniciar una apertura progresiva, cuidadosa y responsable. Cuidadosa porque iremos paso a paso, de modo paulatino. Cada semana podremos ir sumando algunas actividades comerciales, productivas o de servicios para ir activando la economía. Y es responsable porque las salidas siguen siendo exclusivamente para las actividades autorizadas.
Cuando una persona sale a la calle hoy, sale a una calle donde está presente el virus. Para ser más claro: salir a la calle es salir a buscar el virus. Todo ha cambiado desde inicios de marzo y debemos prepararnos para aprender a convivir con él.
Aprender a convivir con el virus significa que antes de construir una nueva vida cotidiana sin las restricciones actuales, necesitamos fortalecer la prevención para evitar el contagio. Por eso, es clave respetar las normas de distanciamiento social y continuar con el hábito de lavarnos las manos, evitar tocarnos la cara, usar barbijos cuando salimos, ventilar ambientes y comunicarse por teléfono con un médico o una autoridad sanitaria si tenemos síntomas. Esto último es muy importante para no producir aglomeración en los hospitales.
Todos y todas somos responsables del cuidado y cada paso que demos depende de cada uno y cada una. Si cumplimos, podremos seguir avanzando. Si hay incumplimiento, deberemos retroceder.
Cada actividad que se reinicie debe rediseñarse con criterios sanitarios. Cada persona que se reintegre a la actividad laboral o social deberá extremar los cuidados, tanto al salir de su casa como en la calle, en el trabajo y al regresar a su hogar.
Debemos hacer todo lo posible para evitar el transporte público. Todas las personas que deban desplazarse y puedan hacerlo en su propio medio de transporte estarán menos expuestas al virus. Por eso, las grandes empresas tendrán que asegurar por sus propios medios el desplazamiento de sus empleados.
Cada jurisdicción tendrá que habilitar y fiscalizar estos nuevos procesos productivos. Los grandes centros urbanos tendrán que reorganizar los horarios para evitar aglomeraciones.
El Gobierno nacional tiene la capacidad de monitoreo de los casos en todas las provincias y municipios del país, y vamos a fortalecer los mecanismos de control epidemiológico. Allí donde debamos cerrar la actividad, no tendremos dudas en hacerlo.
No será un camino lineal hacia la reapertura. La experiencia internacional indica que en algunas ciudades, establecimientos o instituciones donde hoy no hay contagio, puede haberlo en el futuro. Sabemos que tendremos más casos y que se acerca el invierno, que es cuando crecen las enfermedades respiratorias.
Ante situaciones de contagio, hay que ocuparse rápidamente de cada caso, se trate de una localidad, una institución o un barrio. Hay que seguir las recomendaciones de aislar a las personas contagiadas y a sus contactos.
Nadie quería vivir este tiempo doloroso, pero no nos queda más remedio que convivir con el virus. Por eso, lo que iniciamos es un proceso dinámico donde habrá que reducir y a veces incrementar las medidas de cuarentena.
Este es el nuevo desafío que nos pone a prueba como sociedad.
Es tiempo de cuidados, no de temores infundados. Es tiempo de evidencia científica, no de rumores. Es tiempo de solidaridad, no de estigmas.
Este es un acuerdo que hemos construido los argentinos: cuidar a todos, a todas y a todes.
Nadie se salva solo. De esta situación saldremos juntos.
Cuento con ustedes. Ustedes cuenten conmigo.
Fuente:Pagina12
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