La CTA Autónoma reclamó distribuir la riqueza y la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo
La CTA Autónoma CTAA que lidera Ricardo Peidro aseguró que «se impone distribuir la riqueza para combatir la pandemia de coronavirus», luego de su segundo encuentro virtual desde el inicio del período de emergencia sanitaria, y solicitó «la inmediata convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil»
Una declaración de la central obrera ratificó su rechazo al pago de «la ilegítima deuda externa» y exigió «una investigación sobre su origen», a la vez remarcó que «el endeudamiento provocado por Mauricio Macri no fue en beneficio de las mayorías populares sino un mero instrumento de enriquecimiento y fuga de capitales para ganancia de las corporaciones y las multinacionales»
«La CTA Autónoma celebra la iniciativa del gobierno de imponer un cobro por única vez a las grandes fortunas, pero esa acción debería convertirse en un impuesto que grave de forma permanente los ingresos extraordinarios de los sectores más poderosos, porque la riqueza es generada por los trabajadores», subrayó la Central.
Peidro y los secretarios adjuntos de la central, Hugo «Cachorro» Godoy y Claudia Baigorria, añadieron que es preciso aplicar «un ingreso universal familiar equivalente al salario mínimo, vital y móvil, a fin de atender la grave crisis nacional», y propusieron extender «la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las familias que aún no los reciben», remarcaron.
La CTA reclamó políticas públicas para atender «la emergencia por la violencia de género y los femicidios», celebró «el triunfó que significó la aprobación en Tucumán de la ‘Ley Micaela'» y repudió «la reforma jubilatoria en Córdoba, que redujo ingresos, aumentó la edad para jubilarse y cambió el cálculo de haberes».
«Hay un agravamiento de la crisis previsional en todo el país, por lo que se impone un aumento de emergencia para todos los jubilados. Además, la CTA Autónoma celebra la decisión oficial de extender la prohibición de los despidos y suspensiones y solicita una mayor presencia para que ello se cumpla de forma efectiva», fundamentó la organización.
También realzó la constitución del Comité de Emergencia y la aprobación del Plan Nacional de Protección de Trabajadores de la Salud, que integrarán la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), y saludó la eximición del impuesto a las ganancias para el sector, aunque exigió que se extienda a todos los trabajadores.
Por último, los dirigentes señalaron que «es imperioso convocar a la Mesa de Diálogo Social y al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil», concluyeron.
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Detectan artilugios de empresarios para defraudar al Estado y quedarse con fondos del programa ATP
(Por Jorge Duarte) El caso fue detectado por abogados laboralistas en varias metalúrgicas, pero se cree que ocurre en diversas actividades. Las firmas imputan jornadas laborales mayores para que el Estado, con el ATP, les cubra una porción mayor de los salarios. En casos hasta les queda plata «a favor».
Como ante cada programa de política laboral que implica una erogación de recursos, los empleadores se largan en una frenética carrera para encontrar artilugios que les permitan apropiarse de una porción mayor de la torta. Eso es lo que está ocurriendo por estas horas con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado.
La ayuda estatal contempla el pago de hasta el 50% de los salarios del sector privado con un máximo de dos salarios mínimos. Primero se descubrió el caso de los CEOs, dueños, Presidentes y gerentes que se inscribieron en las nóminas de personal para autofinanciar una porción de sus haberes.
Ahora un grupo de abogados laboralistas detectó varios casos en los que las empresas declaran jornadas laborales mayores a las reales. Por el momento lo pudieron comprobar en firmas metalúrgicas que logran recibir en las transferencias de la ANSeS sumas que cubren, en algunos casos, el 100% de los salarios de las suspensiones y más. Sospechan que la metodología se repite en otros sectores.
Como muestra presentaron el caso de la metalúrgica de San Martin, Inetrlaken SRL. Según pudo saber InfoGremiales la compañía tiene 78 empleados en blanco y le cabe la general de la ley en la actividad. Un grupo minoritario de trabajadores prestan servicios (aunque denuncian que lo hacen sin protocolo de salud), mientras que la mayoría está suspendido y cobra el 70 por ciento del salario bruto. En la práctica es algo así como el 85% del salario neto. Al pie de la letra lo que firmó la UOM con las cámaras empresarias.
Sin embargo, al momento de depositar el Salario Complementario, hubo muchos casos en los que la ANSeS transfirió sumas que superan la totalidad de lo que debían percibir los operarios suspendidos.
Trascendió el ejemplo de una empleada que con el acuerdo de suspensiones debía cobrar 14.408 pesos. La empresa había adelantado aproximadamente un 50% de ese total, 7.300 pesos. Pero la ANSeS luego le pagó 15.967.
Lo más grave del asunto es que el empleador le comunicó que los 7.300 pesos que le había pagado como adelanto, más la diferencia entre los 14.408 que debía cobrar y los 15.867 que efectivamente depositó la ANSeS, quedan imputados para el salario de mayo. Es decir, la ANSeS le pagó más de la totalidad del salario de suspensión y la empresa se apropio de ese excedente como masa salarial.
De más está decir que si se tratara de un error involuntario la diferencia quedaría en favor de la trabajadora o sería devuelta al Estado. De ninguna manera sería para que el empresario lo utilice como propio.
Según explicó el abogado laboralista Mariano Suarez, ya hay al menos 15 casos corroborados en los que la empresa se apodera del dinero «sobrante» de la ANSeS.
Los empleados, por estas horas, preparan no sólo la denuncia laboral del caso sino una acción penal por el uso defraudatorio de los fondos públicos que está distorsionando la finalidad del aporte del Estado en la emergencia sanitaria y económica producto de la pandemia de Covid-19.
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Detienen a ex-funcionario de DDHH de Macri: tenía cinco trabajadores esclavizados
Se trata de Juan Spañoletti, ex viceintendente de Federación y ex funcionario de Derechos Humanos durante el macrismo. En su finca, cercana a Concordia, tenía esclavizados a cinco trabajadores que hacía tres días no comían.
A partir la denuncia de uno de los trabajadores, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay dio la orden a la Policía Federal para que realice un operativo que terminó con la detención de Juan Spañoletti, ex-viceintendente de Federación por la UCR y ex delegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en el macrismo.
Spañoletti está acusado de explotación a trabajadores en su finca en Colonia Ayuí, ubicada entre Concordia y Federación.
Según se constató, son cinco los trabajadores oriundos de Misiones que eran obligados a vivir en una choza de madera y nylon. Dormían en camas hechas con alfalfa y hacía 3 días que no comían.
En el operativo también se secuestraron 200 mil pesos. Los testigos indicaron que las personas vivían «en condiciones infrahumanas».
A Spañoletti se lo imputa de trata de personas del artículo 145 bis del Código Penal y que establece que puede ser condenado desde cuatro a ocho años de prisión.
«Los muchachos hace tres días que no comían. Anoche fue la primera comida que hicieron porque encontraron harina en la casa del cuidador y se hicieron reviro. El hombre tenía $200 mil en la camioneta. La Federal le secuestró la plata y estaba preocupado por las ovejas. Pidió que le dejan plata para darle de comer a las ovejas», le dijo Silvio Pucheta, funcionario de la Dirección de Trabajo al medio local Entre Ríos Ahora.
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La Juventud Trabajadora Debate y se Organiza
Jóvenes dirigentes sindicales realizarán un conversatorio virtual sobre la salida a la pandemia
El este sábado 23 de mayo a las 17.00 horas se realizará una jornada virtual de debate y reflexión sobre la situación política nacional y el rol de la juventud trabajadora.
Foto: el observatorio del trabajo
La transmisión en vivo, titulada “La Juventud Trabajadora Debate y se Organiza, por una salida a la pandemia”, se realizará a través del Facebook Live del *Movimiento de Unidad Sindical (MUS) este sábado 23 de mayo a las 17.00hs.
De la jornada participarán jóvenes delegados y delegadas e integrantes de las comisiones directivas de sindicatos como la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica, Televisión, Subte, Astilleros, Portuarios, Informáticos, Mineros, Dragado y Balizamiento, de la CTA, entreo otros contarán sus experiencia, pero también manifestarán sus incertidumbres y certezas para avanzar y contribuir a una salida frente a la pandemia.
Mauricio Melian, secretario adjunto del sindicato de trabajadores del astillero Tandanor y uno de los organizadores del evento señaló que “Queremos que participen todos los jóvenes y todos los dirigentes gremiales que lo consideren oportuno más allá de su profesión, oficio o ámbito territorial. La convocatoria es amplia para todos. La idea es saber en qué lugar está el trabajador, cuál es la salida que le podemos encontrar y debatir el contexto de la pandemia para las ramas esenciales, no esenciales, formales e informales”.
Por su parte, Gabriel Galeano, integrante de la Comisión Interna de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación en el fuero laboral y coordinador de la actividad destacó que “El sindicalismo tiene que tener un rol fundamental en la etapa que se viene. Los trabajadores y las trabajadoras no podemos ser pasivos frente al actual escenario. Se profundizó la pérdida del poder adquisitivo por el chantaje de los grupos monopólicos. Avanzan en la suspensiones, los despidos y los recortes salariales. El 60 % de los jóvenes está en la informalidad laboral”.
Los panelistas confirmados son Celeste Zurrían (ASOC. BANCARIA), Rodrigo Loza (FEDERACION GRAFICA), Matías Benevento (CTA), Mauricio Melian (SITTAN), Jonathan Aguilar (SATSAID), Pablo Dacovich (ATILRA), Milagros García Mokosce (AGTSYP), German Cabral (Municipales Chaco), David Melian (FEMPINRA), Sergio Acosta (FEMPINRA), Patricia Maciel (SOMU), Ariel Santillán (UNION INFORMATICA), Roció Orellana (CTA SALTA), Maira Ybañez (COOPERATIVA RENACER – USHUAIA), Soledad Rotaris (SUTEF – RIO GRANDE), Ramiro Apasa (RIO TURBIO ATE), Ricardo Curiqueo (SOEFRNYN), Octavio Martin (SINDICATO UNIDO DE SERENOS DE BUQUE), Chávez Ariel (DRAGADO Y BALIZAMIENTO), Martínez Diego (SEAMARA), Sotelo Luis (Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo), Sergio Parra (CI-APUBA-Sociales) y Mora Monteverde (AGD FADU). La moderación del evento estará a cargo de Gabriel Galeano (Comisión Interna Fuero del Trabajo UEJN).
Foto:MUS
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Por un caso de coronavirus
Hospital Rivadavia: cerraron la unidad coronaria y hay 35 trabajadores aislados
El contagio se produjo con una paciente que se atendió allí. Denuncian que hubo un «mal manejo administrativo y sanitario de la situación».
Imagen: Sandra Cartasso
La dirección médica del Hospital Rivadavia, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, cerró la Unidad Coronaria, que funcionaba como terapia intensiva para pacientes que no tuvieran coronavirus, tras el diagnóstico positivo de uno de los pacientes que, por error, estaba internado allí. “Fue un mal manejo administrativo y sanitario de la situación”, señaló Mauricio Salvatore, jefe de Neurocirugía del Hospital Rivadavia, uno de los 35 profesionales de la salud que fueron aislados por haber estado en contacto con el paciente contagiado de coronavirus, sin los elementos pertinentes.
“La desprotección médica que hay en los hospitales de la Ciudad es un descontrol”, señaló Salvatore, y advirtió que, cuando pidió realizarse el testeo para saber si se había contagiado, le dijeron que tendrá que esperar 72 horas para comprobar si desarrolla síntomas. “Uno ya ni se preocupa por uno mismo pero tenemos familias a quienes cuidar”, afirmó Salvatore. Según pudo saber este diario, el Ministerio de Salud porteño ordenó testear a todo el personal médico y de enfermería que trabaja en el Hospital Rivadavia y que ahora se encuentra en cuarentena.
El Hospital Rivadavia tiene una estructura de pabellones, edificios separados donde funciona cada servicio. Hace una semana, la dirección médica había decidido trasladar a los pacientes que requerían terapia intensiva pero no tenían coronavirus, a la Unidad Coronaria. “Si les hubieran hecho el hisopado antes de trasladarlos, no pasaba nada de todo esto. Ahora cinco de los pacientes que estaban en la sala son sospechosos y una ya es positivo”, señaló Salvatore. La paciente que dio positivo, una mujer de 23 años, fue trasladada al Hospital Álvarez pero tuvo que volver porque allí no cuentan con servicio de neurología. “La operé de un tumor cerebral y se estaba recuperando de una meningitis, que es algo común cuando un paciente está mucho tiempo en terapia intensiva. Ahora, además de la meningitis tiene coronavirus”, explicó Salvatore, preocupado por la situación de la paciente, a quien no puede tratar porque tiene que permanecer aislado.
«Desde hace al menos un mes estamos exigiendo que se testee al personal de salud, que ingresen más trabajadores a los equipos, y que se incorporen termómetros en las entradas para poder controlarnos antes de ingresar», señaló Gastón Salega, enfermero del Hospital Rivadavia y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y explicó que «gran parte de quienes ingresaron a trabajar en el último tiempo se fueron. No pueden poner en riesgo sus vidas por contratos inestables de trabajo y sueldos bajísimos«. Por su ubicación, el hospital es el primero al que acuden los vecinos y vecinas del Barrio Mugica –exvilla 31–, uno de los focos principales de contagio de coronavirus en la Ciudad.
«Los pacientes positivos están repartidos, mezclados. Hace varias semanas que las autoridades vienen dando vueltas sobre dónde se internará cada caso. Si se hubieran tomado las decisiones a tiempo se podrían haber evitado estos contagios», afirmó Salvatore. El problema de la Unidad Coronaria se desató porque, al ser pacientes que supuestamente no tenían coronavirus, no se puso en práctica el protocolo sanitario y de distanciamiento. Después de varios días de internación en aquella sala, la dirección de infectología del Hospital informó sobre el diagnóstico positivo de uno de ellos. “Los insumos que necesitamos para atender a los pacientes con coronavirus te los dan a cuentagotas. No tenemos, como debería ser, barbijos, antiparras y camisolines en la entrada de cada sala de internación», relató el jefe de Neurocirugía.
Mientras que los 6 pacientes que compartían esa sala fueron trasladados –algunos a hospitales, otros a distintas salas del mismo centro de salud–, los 35 trabajadores, entre médicos especialistas, enfermeras y enfermeros, están aislados en sus casas, esperando el testeo para comprobar si se contagiaron. Una de las enfermeras, que había pedido el hisopado, ya dio positivo. «A medida que van aumentando los casos se nota el deterioro que hace más de 10 años sufre la Ciudad en cuanto a salud pública», advirtió Salega y se preguntó: «con 35 médicos en cuarentena, ¿quién va a atender a los pacientes que llegan?«.
Informe: Lorena Bermejo.
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Ruiz Malec dictó conciliación obligatoria y Techint deberá reincorporar a los 30 despedidos de Siderca
La decisión se tomó ayer tras la audiencia de la que participaron la UOM y la empresa de Paolo Rocca. Regirá por 15 días y la empresa deberá retrotraer los despidos.
Horas después de que una Resolución firmada por la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, considerara una «infracción grave» del Pacto Federaldel Trabajo los despidos y suspensiones que se dispongan en el distrito, y, por lo tanto, se agravaran las sanciones, Hubo un cara a cara por las cesantías en Techint.
En una audiencia citada por la cartera laboral provincial, la Unión Obrera Metalúrgica y referentes de Techint discutieron por la cesantía de 30 operarios de una contratista exclusiva de la fábrica de tubos sin costura Tenaris-Siderca, de Campana.
El ajuste, a cargo de la empresa Ferrúa, una proveedora de chatarra, fue denunciado por la seccional Campana, que lidera Abel Furlan y fue tomada como un desafío a la vigente prohibición de despidos.
Los metalúrgicos temen que el ajuste se profundice y sean en total 600 los puestos de trabajo destruidos por Tenaris Siderca.
Seg+un pudo saber InfoGremiales, sin acuerdo de partes la cartera laboral dictó conciliación obligatorio por la lapso de 15 días hábiles. La medida implica, en la práctica, que se retrotraiga el conflicto a foja cero, por lo que la empresa deberá reincorporar a los despedidos del lunes.
Las partes fueron notificadas anoche, por lo que se espera que en las próximas horas los operarios puedan regresar a sus puestos de trabajo.
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Edgardo Llano: «De seguir así Moroni tiene un destino final muy pronto»
Sindicatos de la actividad aerocomercial lanzaron duras críticas a la aerolínea LATAM que descontó unilateralmente el 50% de los salarios a sus trabajadores mientras reciben por parte del Estado argentino el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). También cuestionaron al ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Así lo evidenció Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), en Radio Gráfica.
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Jubilados: 31 pesos por día por decreto
El gobierno decretó un ajuste del 6,12 % para junio, julio y agosto a todos los haberes de jubilados y pensionados. Con este porcentaje el haber mínimo será de 16.359 pesos de bolsillo mientras que la Canasta Básica de un Adulto Mayor asciende a 45.000 pesos. Por RedEco.
Desde el gobierno se argumenta que la mayoría de jubiladas y jubilados percibirá ingresos por encima de la inflación en el primer semestre de 2020. Pero la realidad no es esa. Porque esa cifra debe leerse a la luz de la capacidad real de consumo y de lo lejos que queda para cubrir los gastos necesarios de su vida cotidiana.
“El haber jubilatorio tiene una continuidad en términos de la maldad aplicada porque la fórmula ahora suspendida había generado resultados nefastos en 2018 y 2019, donde el poder adquisitivo de los jubilados perdió 19 puntos”, recordó Eugenio Semino, en una entrevista radial realizada por el programa Los Locos de Buenos Aires.
El ombusman de la Tercera Edad explicó además que este semestre, que tenían la posibilidad de recuperar algo – porque el acumulado del aumento en marzo y junio de este año, si se hubiese aplicado la fórmula vigente, daba 23.72 % – el gobierno suspendió la fórmula de ajuste.
“Decretaron un primer reajuste de marzo, discrecional, achatando la pirámide, cambiando los índices, distorsionando el sistema. Y luego con el decreto reciente dieron un 6.12 % para todos. Y vemos que ese 23.72 % que debían reajustar se convierte en un pérdida que es de casi 4% para el haber mínimo y para el resto de entre 8 y 10 puntos. Es decir, se le baja la jubilación”, agregó Semino.
“El criterio discrecional y anticonstitucional del Poder Ejecutivo para reajustar por decreto los haberes jubilatorios inevitablemente nos conduce a reemplazar el sistema previsional público, de reparto, asistido, intergeneracional, por un subsidio cuyo monto será decidido por el poder discrecional del gobernante de turno”, plantea, en tanto, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados
ANSES administra el 50% del gasto primario del presupuesto nacional, para pagar alrededor de 20 millones de prestaciones de los cuales, unos 7 millones son Jubilaciones y Pensiones. La cuantía de las mismas se rige por las leyes vigentes de Previsión Social que establecen los requisitos para su obtención, como la edad y años de aportes, y en base a ello se determina el monto de los haberes jubilatorios y su actualización. Ningún decreto puede disminuirlo, como viene sucediendo, porque es violatorio de la Constitución Nacional y de las leyes vigentes.
Medidas parciales, como un bono, un bolsón de comida o su reemplazo por 1.600 pesos para 3 meses, o la postergación de pagos de créditos que se utilizan para alimentos y paliativos para haberes mínimos, no resuelven el drama de los jubilados.
Al respecto la Mesa es tajante: “La jubilación no es un subsidio. El aporte jubilatorio del salario o ingreso, establecidos por ley, es un aporte diferido al Estado para obtener una jubilación, sustituto del salario o ingreso, para vivir dignamente”. El reclamo es por un urgente aumento de emergencia en todas las escalas y que ninguna jubilación esté por debajo de la canasta básica de un adulto mayor. Para ello, la Mesa platea que es necesario la utilización de los fondos previsionales como corresponde, además de aumentarlos con el blanqueo de todos los trabajadores y restituyendo los aportes patronales.
Mientras que el Gobierno subsidia parte de los salarios de grandes empresas que han venido acumulando grandes ganancias, les da un mísero aumento a los jubilados y pensionados. Y encima, algunas de ellas (Techint, Clarín) suspenden y despiden violando las normas vigentes.
“La especulación con la compra venta de divisas es parte de la estafa que termina en el incremento de precios. Por si fuera poco, los especuladores dan señales auspiciosas ante un cercano y posible acuerdo entre el Gobierno y los Fondos Financieros por una negociación que significa ajuste para nuestro pueblo. En el horizonte está el ajuste y por eso la señal a los acreedores son menores ingresos para nuestras viejas y nuestros viejos. El ajuste sobre los haberes de las/os jubiladas/os tributa a los intereses del FMI y los bonistas que exigen el ajuste fiscal y previsional”, afirman desde la Corriente Sindical Carlos Chile.
Por su parte, Eugenio Semino, aseguró: “Es imposible discutir cuestiones que son absolutamente falaces. Por ejemplo, cómo se puede vivir con 16.000 pesos en Argentina. Y esto es lo que perciben 4 millones de jubilados. Y digo que es imposible porque es tratar de adaptar la realidad a una ficción. Con ese dinero no subsiste nadie y sin embargo se naturaliza que estos 4 millones de personas son jubilados y no son pobres”.
Entrevista a Eugenio Semino en el programa Los Locos de Buenos Aires:
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Le tuercen el brazo a Cheeky que pagará el 100% de los salarios a sus empleados
Tras la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense y el reclamo gremial, la firma de Juliana Awada cambió su posición original. Pagará el 100% de los salarios de abril y debatirá cómo continúa.
Luego de la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que el miércoles había intimado a la textil Cheeky, la empresa familiar de Juliana Awada, ex primera dama, a pagar los salarios completos de sus empleados, hubo un cambio de postura. La firma confirmó que abonará el 100% de los haberes.
Eso quedó plasmado en un acta que se formalizó en una nueva audiencia que se desarrolló hoy y a la que asistieron, además, referentes del Sindicato de Empleados Textiles (Setia), del Sindicato de Cortadores (UCI) y del Sindicato del Vestido (Soiva).
La empresa, que además recibió ayuda estatal por intermedio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado, originalmente quería pagar el 75% como acordaron la UIA y la CGT.
Desde la cartera que comanda Mara Ruiz Malec habían desechado el planteo y aseguraron que no puede determinar el empleador unilaterlamente ingresar al acuerdo marco firmada por la central obrera y la unión empresaria. Además lo apercibieron con la posibilidad de aplicarle las multas que se estipulan para las faltas graves del del Pacto Federal del Trabajo.
«Van a pagar el 100% de abril y veremos como acordamos el pago por mayo y por junio», le dijo a InfoGremiales José Minaberrigaray, secretario Gremial del Setia.
«Todos los acuerdos que hemos firmado nosotros fueron superadores a lo pactado por la CGT y UIA. Superan el 80% y algunos llegan hasta el 90% del salario neto. Es mucho mejor que lo que querían pagar», agregó. Las charlas seguirán en los próximos días.
Vale recordar que Cheeky Sociedad Anónima es una de las empresas de mayor facturación a nivel nacional en su rubro, con cientos de locales y franquicias no sólo a lo largo y ancho de la Argentina, sino también en varios países limítrofes.
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Para Plaini y Micheli el apoyo económico debe ser solo para trabajadores
Críticas sindicales por la ayuda a las grandes empresas
La conducción de la CGT no comparte estos cuestionamientos y reivindican la gestión del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Por Felipe Yapur
Los sindicalistas Pablo Micheli y Omar Plaini pidieron que el auxilio económico del Estado llegue solo a los trabajadores.
El hecho de que directivos de la gigante metalúrgica Techint, entre otras empresas, hayan sido beneficiados por el programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que otorga el Gobierno para paliar la crisis causada por la cuarentena generó la reacción crítica de dirigentes gremiales. El canillita y senador bonaerense del Frente de Todos, Omar Plaini, y el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, cuestionaron que el beneficio llegue a gerentes. En ese contexto reclamaron que el beneficio solo sea para los trabajadores. En el Consejo Directivo de la CGT no hay, al menos por ahora, una posición unificada pero en general respaldan esta herramienta que implementó la Casa Rosada para auxiliar a las empresas en el marco de la crisis que se profundizó por la pandemia de coronavirus. Desde el Gobierno consideran que los sindicalistas molestos están mal informados y afirman que el mecanismo de la ATP ha beneficiado a 2,2 millones de trabajadores o, lo que es lo mismo, signfica una ayuda de 35 mil millones de pesos.
Plaini fue el primero en hacer público su malestar. El actual senador provincial aseguró que los trabajadores canillitas están viviendo “una situación desesperante. Estamos reclamando, hicimos varias notas al ministro de Trabajo pidiendo una asistencia económica. Necesitamos esos 10 mil pesos del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para parar la olla”, indicó. Estas quejas de Plaini tienen un tiempo. Hace más de un mes que pidió, y ahora lo reiteró, que los afiliados de su gremio sean incluidos en la asistencia de la Anses pero aseguró que todavía “no hay respuestas”. Es por ello que Plaini dijo sentirse con “impontencia y bronca” cuando trasciende que el gobierno nacional ayudó, a través de las ATP, a empresas más que importantes. En ese sentido dijo que va a “seguir peticionando que la clase trabajadora sea el eje central de todo el desarrollo humano”.
En tanto, Micheli primero criticó que hubiera “importantes directivos” de grandes empresas beneficiados con el ATP y consideró que pagarles a estas personas “es una burla”. Luego le apuntó a Moroni: “Pareciera el ministro de Trabajo de otro gobierno, porque no tiene nada que ver con lo que plantea el presidente Alberto Fernández. Tiene mucho más interés de que les vaya bien a los empresarios en detrimento de los trabajadores”, aseguró.
El Consejo Directivo de la CGT por ahora no emitió una declaración oficial y tampoco hay una opinión unificada. Algunos de los conductores de la central obrera no comparten esta lectura que hacen Plaini y Micheli. Es más, consideran que hay cierto grado de desconocimiento de cómo funcionan las empresas privadas. Uno de los principales dirigentes cegetistas prefiere manejarse con cuidado en cuanto a las críticas hacia el gobierno: “Es posible que siendo trabajador del Estado, donde los salarios y la estabilidad laboral están garantizados, o incluso siendo independiente quizá no vivan la realidad que tienen otras organizaciones sindicales del sector privado y se habla con demasiada liviandad”, dijo a PáginaI12. Pero, por si acaso, reconoció que “puede haber alguna gran empresa que no merezca recibir el ATP”.
La ATP se implementa con una compleja instrumentación que involucra a los ministerios de Economía (Martín Guzmán), Desarrollo Social (Daniel Arroyo), Trabajo (Claudio Moroni) y la AFIP, todos bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete. El “canal” por el que ingresa la solicitud es la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont y se eligió esta institución porque es la que posee el mejor y más sofisticado sistema de información con el que se realiza la evaluación de las solicitudes para acceder a la ATP.
El punto fue que en un principio este beneficio sólo incluía a las empresas que tuvieran cien empleados, pero ese número quedó rápidamente corto. Entonces se amplió a todas aquellas que eran consideradas actividades escenciales. Eso disparó otras críticas porque ahí aparecieron otras actividades, como las estaciones de servicio que estaban autorizadas a funcionar pero no había autos en la calle, que reclamaron poder acceder a esta ayuda. Eso se amplió pero cuando se levantó el límite de empleados hubo una avalancha y por ahí se colaron las empresas gigantes como Techint y comenzó el problema porque muchas pymes quedaron relegadas.
Según informaron desde la AFIP, se presentaron 450 mil empresas que representan 8 de cada 10 de las que existen en la Argentina. De este universo sólo accedieron al beneficio unas 258 mil firmas, algo así como 5,5 de cada 10. A partir de eso, la ATP llega a unos 2,2 millones de trabajadores que, en dinero, representan unos 35 mil millones de pesos. Cada ATP puede representar hasta dos salarios mínimos o la mitad del sueldo del empleado. Las que todavía no pueden acceder a este auxilio son las cooperativas pero para ellas el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa está elaborando un abordaje especial porque, a diferencia de una empresa, las cooperativas no tienen trabajadores.
En cuanto a la polémica que desató el hecho de que los gerentes de Techint accedieran al beneficio, desde las oficinas de la AFIP sostienen que la responsabilidad es de la empresa que al entregar la nómina de beneficiados, tal como lo exige la resolución que implementa las ATP, deben incluir el CUIT, CUIL y CBU de sus empleados y ahí fueron los de su plantilla gerencial. Por lo tanto, nadie en el Estado quiere hacerse cargo de que en algún lado, como suele decir Maradona, “se escapó la tortuga” porque Techint no es la única, también está la empresa Vicentin que recibió el beneficio pese a que sus autoridades están imputadas penalmente en una denuncia por préstamos irregulares recibidos del Banco Nación durante la gestión del macrista Javier González Fraga. Otra de las grandes empresas que recibe la ATP es La Nación.
Hubo otro problema que generó este beneficio y fue que al mismo tiempo que se implementó se produjo un peligroso incremento del valor del dólar disparando la brecha entre el oficial y el paralelo. Por ese motivo, el gobierno determinó que aquellas empresas que reciben auxilio para pagar los sueldos no podrán operar con ninguno de los mecanismos que existen para hacerse de dólares como el contado con liquidación, distribuir utilidades y comprar sus propias acciones. Esto lo definió el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa que otorga la ATP. Ahora bien, en caso de que quisieran continuar jugando con el dólar deberán renunciar al beneficio y devolver el dinero que recibieron del Estado en concepto de ayuda.
Para esto la AFIP habilitó un sistema para que se concreten las devoluciones. Hasta ahora hubo muy pocas empresas que renunciaron al beneficio en tanto que otras pymes continúan esperando poder acceder al Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción.
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Pese al coronavirus, las mujeres agricultoras siguen de pie
Productoras de la región cuentan sus formas de organización frente a la pandemia.
El coronavirus afectó a diversos sectores del trabajo; la situación de las mujeres productoras no es la excepción. Con las ferias suspendidas, las dificultades para vender las frutas y verduras se sumaron a la intensificación de las tareas domésticas y de cuidado. Sin embargo, la unión volvió a hacer la fuerza: las protagonistas de la simiente de nuevos procesos productivos hablan en clave de alternativa a un sistema de producción capitalista cuyas fisuras son cada vez más voraces.
Beatriz Gudiño es promotora de género de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Santa Fe. “En este contexto de aislamiento por el coronavirus, las mujeres seguimos trabajando la tierra. Se multiplicaron las tareas, porque al no estar los niños en la institución educativa se le atribuyen más responsabilidades a las mujeres”, describe.
“Al haberse cortado las ferias, la mujer ha vuelto a ocupar el lugar que tradicionalmente nos han adjudicado: depender económicamente de las parejas, realizar los quehaceres de la casa y el cuidado de los hijos. Se está volviendo a naturalizar eso”, problematiza. La joven productora refiere que, nucleadas en la UTT, 85 mujeres producen en la zona noreste del departamento La Capital.
Virginia Liponezky, de La Verdecita, también refiere al impacto del aislamiento: “La mayoría de las que están al frente de los puestos de las ferias son las compañeras. Cuando te ves afectada económicamente, también se ve afectada tu autonomía. Tampoco podemos hacer las reuniones, que son espacios muy importantes para expresarnos”. En los orígenes de la organización santafesina resuena el nombre de la histórica militante feminista Chabela Zanuthig. Hoy, La Verdecita nuclea a 30 productoras del cordón hortícola de Santa Fe
Tanto en la UTT como en La Verdecita se organizaron para hacer llegar la producción a través de la venta telefónica de bolsones. El sábado pasado, las ferias comenzaron nuevamente a realizarse.
Mujer Raíz
Al sur, en Desvío Arijón, Amanda Martínez experimenta los primeros meses de trabajo de Mujer Raíz, el nuevo espacio de género de Desvío a la Raíz – Agricultura Ancestral. Martínez subraya el aspecto colectivo: “La intención de crear el espacio tuvo que ver con poder entender el rol fundamental que cumplimos las mujeres en la producción de alimentos. Desde siempre, no desde ahora. Es un sector muy invisibilizado el de la mujer campesina”.
La afirmación se explica por historias de personas cercanas, relatos repetidos a lo largo de los años: “En nuestro pueblo hasta no hace mucho tiempo era muy común escuchar a las mujeres que se vestían de varones para que les pudieran dar trabajo. Mujeres que se fajaban para pasar por hombres y poder recolectar la frutilla o para poder ser hacheras”.
“En Santa Fe está la comunidad Qom de Las Lomas, donde el 90% habla en su lengua originaria, y la transmisión de esa lengua la hacen las mujeres. Son las protectoras de esa identidad cultural. De la misma manera ocurre en las huertas”, explica Amanda. “Las huertas más grandes que tenemos son de mujeres. No es casual. Los compañeros hacen un aporte importante, pero quienes sostienen realmente, quienes conocen de verdad los yuyos, cómo está la tierra, cómo va a venir la producción, son las mujeres. Ellas tienen esos saberes”, dice la joven.
Con la pandemia, las manos que labran la tierra a orillas del río Coronda se pusieron rápidamente a coser indumentaria de seguridad para el personal de los centros de salud de Desvío Arijón. «Al otro día de organizarnos ya estábamos haciendo 200 barbijos. Tenemos cubierto el pueblo con barbijos, con batas, con pantalones, con botas», afirma Amanda, y agrega que también se las ingeniaron para sostener una red de distribución de lo producido, pese al aislamiento obligatorio.
Villa Juana: Las Mariposas
La organización horizontal y comunitaria es la salida de muchas, de eso bien saben las mujeres del campo y de los barrios en la ciudades. Así lo cuenta Lidia Camargo, de Las Mariposas del barrio Villa Juana, en Arroyo Leyes. La mujer se acuerda de los inicios, hace tres años, de la plaza que limpiaron entre las vecinas, de lo que consiguieron para el barrio:
—Acá no había luz en la calle, pero ahora sí, gracias a que estamos todas juntas.
Ese fue el principio, después vino la pregunta por cómo parar las ollas entre todas. “Yo hago canelones de verdura para vender. Entonces un día les digo a las chicas, ‘qué les parece si hacemos una huerta orgánica’, y todas estuvieron de acuerdo. Por lo menos sé lo que estoy cocinando y dándole a la gente”, cuenta Camargo.
Las once productoras de Villa Juana por el momento no venden lo que producen, pero con eso comen y de eso viven. En el sentido más literal: viven porque la huerta comunitaria también es una forma de escape a los campos de la fruta fumigada.
—Hay chicas que trabajan todos los años en la frutilla, pero hay químicos y les hacían mal. Ahora les estoy enseñando a hacer canelones para que vendan. A trabajar la comida de lo que uno planta.
Lidia resume la necesidad de unirse en tiempos de crisis: “juntarnos nos abrió la mente, aprendimos sobre nuestros derechos”.
Alternativa
En una entrevista en Página/12 -titulada “No le echen la culpa al murciélago”, de la periodista Claudia Korol-, Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), afirmó que, para prevenir futuros brotes de virus como el Covid 19, “Se tendría que poner en discusión el sistema alimentario agroindustrial, desde la forma de cultivo, hasta la forma de procesamiento”. En el mismo sentido opinan las mujeres consultadas para esta nota.
“Creemos que la economía tiene que ser una, donde no haya lugar para los parámetros del capitalismo de la ganancia per sé, a costa de todo, de prender fuego el Amazonas, de envenenar el agua, de explotar a las personas, de matarnos a las mujeres. El ecofeminismo viene a dar las respuestas a todas estas crisis, porque la pandemia es una más de todas las crisis que estamos viviendo a raíz del capitalismo”, considera Liponezky.
“En este contexto por fin se habla de la importancia del cuidado, que ni siquiera es retribuido. Es nuestra oportunidad para revalorizar ese trabajo de cuidado, el tiempo de las mujeres, que no es una variable elástica sino que se rompe y se rompe en la salud y muchas veces en la vida de las mujeres”, reflexiona.
“Sabemos que hay muchas enfermedades, como el cáncer, que fueron despertadas por los agrotóxicos. Por eso reivindicamos una forma de producir que no dañe la salud de las personas”, afirma por su parte Beatriz Gudiño.
“Para poder llegar a ese proceso es importante el consumo y la producción local y empezar a romper con estas lógicas que destruyen la tierra, que contaminan el aire y los alimentos y que sobre todo, que concentran el poder”, finaliza Amanda Martínez.
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Imputan una decena de choferes cordobeses por movilizarse para reclamar salarios
Lo resolvió la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria de Córdoba. Es por violar la cuarentena. Entre los implicados, está la secretaria general de la UTA Córdoba, Carla Esteban.
Una decena de choferes del gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Córdoba fueron imputados por movilizarse en el centro de la capital provincial en el medio de la cuarentena por el coronavirus. La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria de Córdoba acusó a los manifestantes por violar el aislamiento social obligatorio y preventivo.
Entre los acusados, se encuentra la secretaria General del sindicato, Carla Esteban, quien había dicho al portal Cadena 3 que preferían correr el riesgo de ser imputados al de que «algún compañero salga a robar» para llevar el pan a su casa.
Cabe recordar que los trabajadores de la UTA están de paro en reclamo de salarios adeudados de abril y por ese motivo es que marcharon por la tarde/noche del jueves.
Desde la fiscalía creada especialmente para tratar los temas relacionados con la pandemia, no descartaron que se produzcan más imputaciones a medida que se siga analizando el material fílmico de la protesta sindical.
«Nos hemos arriesgado a salir a la calle porque no tenemos qué comer, cómo pretenden que nos quedemos en nuestras casas sin comer. Cómo les puedo decir a mis compañeros que tienen que volver a su casa sin tener que darle de comer a su familia», había señalado la secretaria general de UTA Córdoba, Carla Esteban, en declaraciones a la prensa.
Los manifestantes reclamaron que se les adeuda un 55% del sueldo de abril y que el próximo viernes deberían cobrar un 45% del adelanto de mayo, aunque Esteban aseguró que las autoridades le dijeron que eso «no va a estar».
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Envio:RL
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