Por Lenny Caceres, Resumen Latinoamericano, 22 de mayo de 2020
Liliana Hendel, una de las pocas voces del periodismo con perspectiva de género que visibiliza la lucha de las denominadas “Madres protectoras” y la hace propia, entrevistó a A.Z, madre de una niña de 4 años a quién luego de una denuncia y pruebas sobre un abuso sexual en el ámbito de la familia paterna, la jueza Karina Cabral, subrogante en la justicia de La Rioja, retira la tenencia y la entrega a la familia y el hogar en que la niña relata haber vivido los abusos.
La entrevista fue realizada en su programa radial “Y ahora que estamos juntas” que se emite por AM750 los domingos de 16 a 19h. Reproducimos
“Madre protectora es una mujer que es madre e intenta defender a niños, niñas de la violencia que ejerce el propio progenitor y a veces los abuelos, (maternos o paternos) Es proteger de alguien que ejerce violencia. Y existe una ley penal, que es la ley de impedimento de contacto que nunca se toma en consideración cuando una mujer intenta impedir el contacto con un varón, por qué”, explica Liliana previo a la entrevista
Liliana Hendel: Nos gustaría que nos cuentes un poquito que es lo que está sucediendo. ¿Por qué no estás viviendo como corresponde con tu hija?
A.Z.:Hace dos meses que no estoy con mi hija. Ella sufrió los abusos, señala a su abuelo paterno, por eso hice las denuncias correspondientes en su momento.
L: H: Vamos a repetir que la nena tiene 4 años, es decir que estos abusos sucedieron supuestamente, según tu denuncia, desde que la nena tenía dos años.
A.Z: Si, dos años y medio cuando yo denuncio. Al año, la justicia civil hace un régimen de visitas con su papá. Yo estoy separada del papá antes de que mi hija cumpliera un año. En 2016 me separo. En 2017 hago la primera denuncia y a mediados de 2019 la justicia civil ordena un régimen de contacto del padre con mi hija. Yo pido que sea asistida porque que ya estaba la denuncia de abuso en etapa de investigación. No se me otorga en estas visitas asistidas y mi hija señala que vuelve a ser abusada. Entonces soy yo quien impide que mi hija asista a las visitas y eso hace que yo sea quien hace impedimento de contacto. Por esta razón, en marzo, me citan a una audiencia. Una jueza de violencia de género de acá de La Rioja me cita a audiencia y ordena el régimen de contacto. Justo mi hija se enferma ese fin de semana y la jueza decide otorgarle el cuidado personal de la niña al papá, en base a esta denuncia por impedimento de contacto. Así es que hace dos meses que no estoy con mi hija y las comunicaciones que tengo con ella son a través de video-llamadas.
L.H: La jueza de género es una cachetada, no solo a las mujeres de La Rioja si no a su conjunto y al sistema judicial. Es una jueza de género que desconoce justamente la cuestión de género, lo que implicaría poner en funcionamiento un jury. Se llama Carina Cabral, ordenó que el padre, hijo del presunto abusador, tuviera la tenencia provisoria. Esto por un lado implica que vos no podes supervisar de ninguna manera ni controlar de ninguna manera la seguridad de tu hija en relación a que no vuelva a ser abusada.
A.Z: Claro, mi hija está hoy viviendo en la casa del padre. Cuando la jueza ordena el cuidado personal de la nena, dice que el padre tiene un nuevo alquiler para vivir con la nena. Esto no es así, la casa donde reside es la casa paterna de él, es ahí donde está viviendo mi hija. Y yo obviamente no tengo ninguna garantía, teniendo en cuenta que no solo existen los informes médicos y psicológicos que indican lo que mi hija dice. Yo lo que siempre digo es que yo soy simplemente un canal. Ella decidió contarlo y yo le creí. La acompaño en esto. Hace dos semanas conocí el resultado de una prueba de una bombachita que está en el expediente y que tiene semen. Y aun así, más allá de que nosotros legalmente hicimos todas las presentaciones y yo pedí la restitución de la nena, no tengo respuestas.
L.H: Una vez más vuelvo a agradecerte la confianza y que puedas estar contando esto públicamente es importante. Decir que las mujeres madres protectoras que necesitan contar en los medios lo que sucede es porque no encuentran respuestas allí en los canales que deberían asistirlas, acompañarlas y proteger, en este caso, a una niña de 4 años. Es obvio que una bombachita con semen confirma un abuso. Se pudo confirmar con las pericias de ADN, ese semen a quien le pertenece?
A.Z: No. Nosotros hicimos la presentación del cambio de carátula, pedido de detención y pedido de ADN pero no tenemos respuesta.
L.H: No tienen respuesta porque la jueza no ordeno la investigación sobre el cuerpo del papa y del abuelo. A ellos no los están investigando para ver de quien es el semen de la ropita interior de una nena de 4 años.
A.Z.: Eso lo tienen que ordenar porque eso no se hace en mi provincia. Lo tiene que ordenar para que se haga en otra provincia pero tampoco se resolvió nada con respecto a eso.
L.H: Es importante decir que La Rioja se quedó con una sola jueza de género. Había dos. El mandato provisorio de la jueza Magdalena Azcurra venció el 22 de abril y hay una serie de cuestiones en las cuales no vamos a entrar, pero lo que muestran es claramente cómo, quienes deberían ocuparse de estas cuestiones, no les importa. Simplemente nos les importa. Hay una jueza subrogante que ocupa el lugar de otra jueza, excede su poder, el tomar una decisión de estas características, no toma en consideración las pericias sobre la niña, no toma en consideración el pedido de la madre, no toma en consideración la prueba de la ropa interior de la nena. Me parece que estamos ante una situación de extrema gravedad institucional y me imagino que vos te sentís profundamente desamparada.
A.Z: Si, completamente, yo siempre digo que es muy difícil ser madre protectora y cuando una decide denunciar cree que el sistema la va a proteger, ya que eso es lo que se busca, proteger a su cría. Y cuando te encontras frente a todas estas injusticias… Mi hija vive en la casa que ella señala que fue abusada, digo, yo no tengo forma de protegerla ahora. Y si bien hemos agotado todas las vías desde lo legal, la justicia no responde. Entonces me pregunto ¿qué tengo que hacer para proteger a mi hija?
L.H: Ana, tu abogado, ¿Se ha puesto en comunicación con organismos protectores de los derechos de la infancia, alguna defensora de infancias? por ejemplo. ¿Alguien te dio respuestas o todavía no fueron contactados?
A.Z: No. Hicimos la denuncia en DDHH de la Nación y en el Sename todavía no tuve respuestas.
L.H: ¿Cuándo hablas con la nena por video-llamadas como te contesta? ¿Cómo la ves?
A.Z: Depende el día. Hay días en que se la ve mejor, hay días más triste y se hace difícil la comunicación porque hay muchas personas en el ambiente y eso dificulta un poco aunque yo siempre trato de aprovechar el momento del contacto con ella porque ni siquiera es todos los días. Hoy no pude contactarme con ella porque hablé ayer y hoy ya no me lo permitieron.
L.H. Estoy leyendo una nota que te hicieron en una web que se llama Marea Verde. Le recomiendo a la gente que quiera enterarse más de lo que está sucediendo y reitero lo que decíamos hace un ratito en relación a cuantas cosas podemos hacer simplemente desde nuestro lugar de ciudadanas. Por ejemplo, exigir que una jueza haga su tarea como corresponde y si no la hace que se vaya. “En el entorno de la madre creen que existen vinculaciones políticas que podrían estar relacionadas con las últimas irregularidades de la justicia”. Mencionan la relación laboral que habría tenido hasta hace un par de días el presunto abusador con la Secretaría de Justicia de la provincia. Es decir, el abuelo tiene vínculos directos con el sistema judicial de la Rioja. ¿Esto es lo que dice el artículo?
A.Z Claro, tengo entendido que él trabajaba en la Secretaría de Justicia.
L.H: e entiendo como mujer, te entiendo como madre, te entiendo como abuela, sé lo que te cuesta, me imagino el enorme esfuerzo que significa hacer pública una denuncia de estas características y te acompañamos quienes hacemos y quienes escuchan este programa. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que tu hija sea restituida a tus brazos como corresponde y para que el abusador sea castigado también como corresponde y por ultimo para que la jueza deje de ser jueza. Confiamos en que pronto esto se pueda resolver, te abrazamos muy fuerte.
El 15 de mayo del corriente, en Marea Verde Antonella Sánchez Maltese publica:
Denuncia que la jueza de Género le quitó la tenencia de su hija abusada y pide restitución
La madre de la niña denunció que a los 2 años fue abusada dos veces por su abuelo paterno y la justicia nunca la protegió. La causa ahora tuvo un nuevo escándalo cuando la jueza de Género Karina Cabral ordenó que el padre, hijo del presunto abusador, tendría la tenencia provisoria. Pide la detención del denunciado y que le devuelvan a su hija.
El caso que volvió a tener repercusión mediática en las últimas semanas, desde el inicio estuvo salpicado de innumerables denuncias por irregularidades judiciales en el fuero civil y penal. El devenir de las actuaciones demuestra que el sistema judicial en su conjunto sigue desprotegiendo a la menor por quien la ley manda
Subrogando a Azcurra, jueza natural de la causa que estaba de feria, el 10 de marzo Cabral ordenó que el cuidado personal de la niña quedaría en manos del papá, hijo del presunto abusador y único imputado en la causa. “Sin comunicarle al Ministerio Público pupilar y en su entendimiento de que no existía abuso, la jueza ejecuta una orden para cambio de tenencia provisoria. Se la saca a la madre para entregársela al padre cuando ella no tiene competencia porque son cuestiones en las que solo es competente la Cámara Civil y el juez de menores”, explicó Cruz Antúnez en declaraciones a radio La Red La Rioja.
La tenencia de la menor entró en discusión a fines del 2019 cuando el abogado del padre argumentó que hubo un impedimento de contacto, como la madre no dejaba que la niña lo viera interpuso una denuncia en el juzgado de Violencia de Género. Cabral resuelve argumentando que el impedimento de contacto estaría creando un trauma a la menor, a futuro y en la actualidad.
También Clarín, el jueves 21 de mayo, en una nota escrita por Ana Perciavlle se denuncia la situación, sobre todo la actuación de la jueza y profesionales intervinientes:
La Rioja: una mujer denunció que su ex suegro abusó de su hija y una jueza le quitó la nena a ella
La madre pide que le restituyan a su hija. Asegura que la casa donde vive ahora la nena es donde ocurrieron los abusos.
“…A su vez, en voz muy baja, quienes conocen el caso mencionan ciertas vinculaciones políticas que podrían explicar algunas resoluciones de la Justicia; en particular, el hecho de que el abuelo de la niña y hasta el momento, único acusado, trabajaba como Jefe de despacho en la Secretaría de Justicia de la provincia y fue desvinculado hace unos días, cuando esta historia empezó a contarse en algunos medios locales.
Es que no sólo A.Z. denunció abuso infantil en agosto del año pasado, ya lo había hecho en junio de 2018 y había sido desestimado. En la segunda vez en que ella se presentó, dos médicas revisaron a la niña, una concluyó que hubo abuso sexual y otra que no, pero señaló un “eritema”, que es un enrojecimiento de la piel que puede ser compatible con una lesión. Sobre esta observación, la jueza a cargo decidió no profundizar…”
Fuente: Diariofemenino.com.ar
Observatorio gremial. Centrales obreras ante la pandemia/ La comunidad académica de la UBA apoya el impuesto a la riqueza
Resumen Latinoamericano*/ 23 de mayo 2020.- ..
Documento conjunto de la CTA y la CCOO de España
Centrales obreras ante la pandemia
El informe muestra el posicionamiento de los sindicatos de Argentina y España ante las medidas adoptadas por los gobiernos.
La CTA reclama un impuesto a las grandes fortunas.
Organizaciones obreras de América latina y Europa emitieron un informe en donde reflejan su agenda de reclamos en medio de la pandemia del coronavirus. En la región, las entidades gremiales presionan para que se incremente la presión fiscal sobre las grandes fortunas y se adopten medidas para repatriar patrimonios fugados al exterior. En tanto, los trabajadores europeos buscan que el Banco Central Europeo (BCE) financie medidas de contención social y permita a los países superar el límite del déficit fiscal. “Esta crisis pone de manifiesto el valor del trabajo y la importancia de la acción estatal”, indica el documento elaborado por las entidades españoles Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Fundación 1 de mayo y la CTA de Argentina.
El informe “Trabajo, sindicatos y Estado en la crisis generada por la Covid-19” muestra la respuesta de los gobiernos de España y de Argentina ante la crisis de la pandemia y el posicionamiento de centrales obreras de cada uno de esos países ante las medidas adoptadas. Además, refleja el estado de la discusión política en las entidades regionales obreras de mayor rango. Por el lado nacional, tuvo participación la CTA que dirige Hugo Yasky. “La salida de la crisis de 2008 implicó más neoliberalismo y más desigualdad. En los primeros momentos de la crisis muchas voces clamaron por la ´refundación de capitalismo´, pero una vez saneadas las cuentas del sector financiero con recursos públicos, se implementaron políticas de ajuste estructural”, comienza el informe.
La central obrera española resume las medidas puestas en marcha por el gobierno de ese país para enfrentar la crisis. Destaca que “se garantiza el 70 por ciento del salario a través de una prestación de desempleo y mediante negociación colectiva pueden determinarse complementos por parte de la empresa”. En el caso argentino, esa situación se atacó con la prohibición de despidos sin causa, la asistencia del Estado en el pago de salarios en un promedio del 50 por ciento de la plantilla laboral y la posibilidad de reducir el sueldo de bolsillo hasta el 75 por ciento para los trabajadores suspendidos.
En tanto, el gobierno español “tiene previsto que a partir del mes de junio se pueda percibir el Ingreso Vital Mínimo (IMV) por parte de todos los hogares con pobreza severa, que se cifran en un 20 por ciento del total. Se trata de una prestación para las personas carecen de rentas. La voluntad es que tenga carácter permanente, más allá de la crisis de la Covid-19”. Una medida análoga rige en la Argentina desde hace más de diez años con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, se creó el Ingreso familiar de Emergencia (IFE), de 10 mil pesos, que recibieron unas 8 millones de personas.
La CTA advirtió que “la acción del Estado se ve fuertemente limitada por el desfinanciamiento que se ha producido en años anteriores, y condicionada por el endeudamiento externo”. “Es por eso que hemos elaborado un proyecto de Ley para que se establezca un impuesto que grave de manera excepcional las grandes riquezas, con el propósito inmediato de sustentar la respuesta estatal ante la emergencia por el coronavirus. Esta propuesta moderada ya encuentra una férrea oposición de los sectores económicos concentrados y de las expresiones políticas que los representan”, indicó la central obrera. En la misma línea, el bloque de legisladores oficialistas está trabajando en un proyecto para gravar grandes fortunas. La CTA recordó que la Confederación Sindical de las Américas (CSA) también demanda la “adopción de políticas de tasación de las grandes fortunas, las ganancias y la confiscación de los fondos ilícitos ocultos en las guaridas fiscales en todo el mundo”.
La CCOO española reclamó «un plan de rescate europeo que establezca un presupuesto extraordinario de la UE mediante instrumentos de mutualización de la deuda para financiar todas las actuaciones extraordinarias y que posibilite que el Banco Central Europeo compre directamente la deuda pública de los países junto al aporte del Banco Europeo de Inversiones». En tanto, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) pidió flexibilizar los límites para que los países suban sus déficits fiscales.
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Subsidios a los salarios: que el escándalo no tape la ofensiva
La noticia de que la implementación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) alcanzó a los ingresos de gerentes y otros altos ejecutivos de grandes empresas se expandió en los últimos días por los medios sindicales y alternativos. El gobierno implementó mecanismos de devolución de los fondos y endureció los requisitos para acceder al mismo; pero convalidó las políticas de reducción salarial en esos mismos sectores y no interviene ante la imposición de condiciones regresivas de trabajo. Por Julia Soul ANRed.
Ante la prolongación del ASPO y la consiguiente paralización de numerosas actividades, el Gobierno implementó el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que subsidia los salarios de abril y mayo. El programa prevé una asignación – de un mínimo de uno y un máximo de dos salarios mínimos – equivalente al 50% del salario neto que el trabajador haya percibido en febrero Pocos días después del pago del primer mes, se conoció a través de distintos medios de comunicación que Ejecutivos de empresas como Techint, Jetsmart, Flybondi, La Nación o Clarín habían percibido el subsidio salarial de $ 33700 (aproximdamente dos salarios mínimos). Ante el escándalo desatado por tal noticia, se establecieron modificaciones en los requisitos para ingresar al programa y mecanismos de devolución de los subsidios. Off the records se aduce que las características técnicas del software fueron las que pemitieron que el subsidio llegue a los gerentes. La despreocupación respecto de los mecanismos de asignación del ATP contrasta notablemente con la minuciosidad con que se escruta (y se rechaza) a los postulantes al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que sólo perciben quienes no acrediten ningún otro ingreso en el grupo familiar y que no alcanza el valor de un salario mínimo.
Pero además, la transferencia de sumas millonarias a los grandes grupos económicos que, de este modo, reducen aun más sus aportes a la “lucha contra la pandemia” significa erogaciones por parte de un Estado cuya recaudación se nutre en gran medida de impuestos a las clases trabajadoras (el IVA, una porción del impuesto a las ganancias). Es por eso que el desconocimiento que ha mostrado el Ministro de Trabajo Claudio Moroni respecto del modo en que esas mismas empresas actúan contra los trabajadores que emplean echa un cono de sombras sobre la intención protectoria del Estado.
En primer lugar, hay una política de reducción salarial en marcha a partir del acuerdo, avalado por el Ministerio de Trabajo, entre la UIA y la CGT del 29 de abril. Con este acuerdo de paraguas, numerosos sindicatos han acordado con las empresas beneficiarias el pago de asignaciones no remunerativas equivalentes al 75% del salario. El pago previsto por el ATP no toma en cuenta esa reducción, pues toma como referencia los salarios de febrero. Sin embargo los empresarios se imputan como “adelanto” la suma que “excede” el 75% acordado, consolidando la caída en los ingresos de los y las trabajadores.
En segundo lugar, durante las últimas semanas han sido públicos confictos y denuncias de supresión de componentes salariales históricos en Tenaris SIAT (Valentin Alsina), de retraso o reducción de pagos salariales en Ternium Siderar (Canning) y en empresas del neumático como FATE; el pago de los salarios en cuotas por parte del Grupo Clarín (incluyendo a las productoras de contenido) o la reducción salarial arbitraria en cadenas de comidas rápidas y empresas metalúrgicas. De este modo, el subsidio Estatal es incorporado por los empleadores como “adelanto” de la masa salarial, en vez de compensar la caída en los ingresos de los y las trabajadores. A estas políticas se suman cientos de despidos rubricados bajo el mote de retiros voluntarios o finalización del período de prueba denunciados en call centers y empresas de distintos rubros. El ministro de trabajo tampoco está al tanto de tales situaciones.
En tercer lugar, aprovechando los esquemas productivos implementados en función de la emergencia, en numerosos sectores se han avanzado estrategias de teletrabajo (prensa, sectores administrativos), de reducción de puestos y de cambios en los regímenes de turnos sin que quede clara su transitoriedad. De prolongarse y consolidarse, estas políticas sólo significarán más despidos, mayor explotación y deterioro de las condiciones de trabajo de grandes grupos laborales.
El escándalo en la implementación del programa ATP deja a la vista la tremenda ofensiva empresaria sobre las condiciones de vida y de trabajo de vastas masas de trabajadores y trabajadoras. El contexto de la emergencia sanitaria no debe invisibilizar los conflictos que esto provoca ni la displicencia con que actúan las autoridades laborales
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La comunidad académica de la UBA apoya el impuesto a la riqueza
A partir de una solicitada, estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires se manifestaron a favor de la creación de un impuesto a las grandes fortunas para enfrentar la crisis económica y los problemas derivados del combate al COVID-19 que vive nuestro país.
El texto, firmado por más de 150 personalidades, afirma que “La situación excepcional que atraviesa nuestro país a partir de la pandemia del COVID-19 puso sobre la mesa la discusión sobre quién debe financiar el combate contra el virus. A pesar del impacto negativo que nos genera en términos económicos, los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo por quedarnos en casa, entendiendo que esa es la única vacuna contra la enfermedad.”
En ese sentido, Mariana Gottardo, Consejera Superior por La Mella, afirmó: “Es muy difícil pensar en el desarrollo justo e integral de un país mientras el 1% más rico se siga llevando 35 veces más que el 10% de las familias más pobres. ¿Quiénes son los que deben hacer el esfuerzo mayor ante la agudización de la crisis? Los estudiantes lo tenemos claro y estamos decididos a poner todo nuestro empeño para la construcción de un país más justo”.
La misiva fue firmada y acompañada tanto por agrupaciones estudiantiles y docentes, como por autoridades y personalidades de la mayoría de las facultades, entre las que se destacan Américo Cristófalo y Carolina Mera, decanos de las facultades de Filosofía y letras y Sociales respectivamente, y algunas personalidades como Dora Barrancos, Rubén Dri, Nora Cortiñas, Alberto Kornblith, Alejandro Alagia y Juan Manuel Abal Medina, entre otros.
Lucía Figueroa, secretaria de Articulación Territorial de la Federación Universitaria de Buenos Aires y referente de Protagonistas aseguró: “La situación que se vive en nuestro país es muy compleja, a la crisis que ya vivíamos hay que sumarle la situación extraordinaria de parálisis económica que provocó la pandemia, y en este contexto, no a todos nos pega igual. Argentina necesita que los sectores más pudientes hagan un esfuerzo, porque la gran mayoría de lxs argentinxs ya no pueden ceder más”.
Además de la solicitada, en las próximas semanas se realizará una actividad con diputados nacionales para explicar el proyecto y discutir los horizontes posibles para salir de la crisis económica.
Malena Wasserman, consejera directiva estudiantil de la Facultad de Ciencias Veterinarias agregó que “La pandemia desencadenada por el CoVid-19 nos obliga a atravesar una situación excepcional como sociedad, no sólo en la modificación de la cotidianeidad en nuestras vidas, y desde nuestro lugar en las universidades, donde se vieron modificadas las cursadas; también nos afecta directamente la problemática económica en la que estamos inmersxs. Desde este enfoque vemos de qué manera están distribuidas las grandes riquezas en la Argentina, y coincidimos en que la redistribución de las mismas puede ayudar enormemente a paliar la crisis económica actual para que quienes más recursos tengan, sean quienes más contribuyan”.
En consonancia, Camila Larrigaudiere, una de las presidentas del Cefyl, sostuvo que “es necesario poner en valor el derecho social a la universidad, que la construcción de conocimientos se ponga en función de las necesidades del conjunto de la sociedad. Y, a la vez, que se sigan sumando los actores universitarios, estudiantes, docentes y no docentes. No podemos ser ajenxs a la difícil realidad que estamos viviendo”.
Para finalizar, la solicitada deja un mensaje contundente sobre la posible aprobación de este proyecto: “Quienes formamos parte de la UBA no queremos permanecer ajenos a la discusión sobre cómo construir un sistema tributario más progresivo, donde quienes más recursos tengan sean los que más contribuyan a paliar la crisis. En este caso, apoyamos que el Congreso sancione una ley por la cual se cree un aporte extraordinario a las grandes riquezas de la argentina. En este contexto la solidaridad como bandera”.
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Dura reunión de la organización social «La Poderosa» con Larreta
Resumen Latinoamericano, 23 mayo 2020
«Escucharon casi todo, no respondieron casi nada»
Foto: Nacho Levy y Hhoracio Rodríguez Larreta.
«Pudimos mirarlos a los ojos, por fin, para decirles que no pudieron callarla y que no pudieron callarnos», descargó la organización villera La Poderosa tras la reunión que mantuvieron con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, a cinco días de la muerte de la comunicadora y militante Ramona Medina . La Poderosa llevó una carpeta de reclamos sobre la emergencia sanitaria, el acceso al agua potable, el servicio eléctrico y la protección de quienes trabajan en comedores en las villas porteñas y exigieron la renuncia del del Secretario de Integración Urbana y Social de la Villa 31, Diego Fernández.
«Escucharon casi todo, no respondieron casi nada», sintetizaron el resultado de la reunión desde la organización villera, aunque reivindicaron la decisión de haber asistido al encuentro con el jefe de gobierno porteño para «decirles cara a cara todo eso que Ramona ya venía gritando , cuando se paseaban por los medios negando la falta de agua». En ese tono, la organización de base aseguró que «tanto Larreta como Santilli decidieron abandonar la reunión a la media hora, alegando una cita del ‘Comité de Emergencias’, como si tuvieran alguna emergencia más urgente que la curva de nuestras villas».
La Poderosa recordó que habían solicitado una reunión con Larreta y Santilli el 30 de abril «sin obtener ninguna respuesta» y que en aquel momento «la Villa 31 tenía recién 57 casos positivos». «¿Y para qué fuimos? Para que sepan que nunca nos rendimos, que vamos a seguir exigiendo justicia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya no vamos a entretenernos con sus falsos intermediarios y que vamos a seguir exponiendo absolutamente todas las demandas de nuestros barrios, ¡ahora más que antes!», destacó la organización en un comunicado.
Por parte de La Poderosa asistieron 12 vecinos de distintas villas de Capital, acompañando a Joana y Lilian, las mejores amigas de Ramona, mientras que por parte del gobierno porteño, tras la partida de Larreta y Santilli, quedó la ministra de Hábitat y Desarrollo Humano, María Migliore. «Intentó pasarnos la misma cinta de cassete, sin dar fechas ni responsables para cada una de las necesidades inmediatas que las asambleas puntualizamos», lamentaron desde La Poderosa.
Como respuesta política a la crisis generada en las villas por el abandono del gobierno porteño, la organización exigió la renuncia del Secretario de Integración Urbana y Social de la Villa 31, Diego Fernández, «por haber desviado los 170 millones de dólares que bajó el Banco Mundial, exclusivamente para la integración urbana del barrio». «Yo me llamo María Migliore, no Diego Fernández», contaron que fue la inmediata respuesta que recibieron.
«No tenemos tiempo para patalear, ni para demorarnos en los reyes de la politiquería, ni en los mecanismos de su hipocresía», lamentó La Poderosa sobre el resultado de la reunión, pero destacaron el logro de dejar en la mesa de Larreta los reclamos que también hicieron públicos para que «los medios investiguen» y «para que ‘la gente’ sepa cómo funcionan los ‘gestores’ por atrás y para que Ramona no se calle nunca, pero nunca más».
Los reclamos de La Poderosa al gobierno de CABA
Sobre la emergencia sanitaria
– Agilizar los canales de gestión, desobstruyendo la subordinación del Ministerio de Salud, bajo los manejos discrecionales de Desarrollo Humano, para poder ejecutar las estrategias planificadas con Fernán Quirós, hace un mes.
– Allanar vínculos directos en Educación, Hábitat, Seguridad y el resto de las áreas de Gobierno, porque la cartera de Migliore ni siquiera está pudiendo responder a su propia logística frente al colapso alimentario, de modo que difícilmente pueda dar respuestas a nombre de todos los demás ministerios subordinados en esa lógica de alineamiento que imponen en los territorios.
– Ampliar la capacidad de testeos, garantizar las condiciones de aislamiento digno y multiplicar los lugares para la espera de los hisopados, que hoy representan centros de contagio.
– Prever en esos lugares, características especiales para niños en espacios de tránsito, con ludotecas o cuidadoras.
– Establecer un protocolo para pacientes positivos asintomáticos o sin otras enfermedades que no puedan ir a hoteles, con seguimientos reales de los casos sospechosos y contactos estrechos, de manera integral, garantizando alimentos, desinfección e higiene personal.
– Humanizar el proceso de aislamiento: falta información y sobra destrato.
– Contratar más trabajadores sociales para efectivizar el seguimiento de casos en Bajo Flores, Barracas y Retiro.
– Aumentar la dotación de personal del sistema de salud a disposición del abordaje territorial, donde se concentran los mayores índices de contagio. Y también en los hospitales que atienden a esas poblaciones.
– Sumar personal de enfermería en los CeSACs, donde se requiere urgente ampliar días y horarios.
– Incorporar más Unidades Febriles de Urgencia (UFU) y ampliar su atención en forma de guardias, para que no exista una circulación nocturna forzada por los síntomas que se presentan después de las 17.
– Suspender las esperas arriba del “coronabus”, que traslada sospechosos; en muchos casos, demoras de hasta dos horas arriba del colectivo.
– Otorgar elementos de higiene y seguridad sanitaria para los comedores formales y los informales, que son el 50%.
– Oficializar esos espacios vitales, garantizando la comida, el gas, los artículos de limpieza, el equipamiento y el salario de sus trabajadores.
– Confeccionar urgente otro protocolo específico frente a los comedores comunitarios que ya tienen casos de Covid-19. Y si la desinfección seguirá durando 72 horas, como sucede hoy, elaborar una alternativa domiciliaria para evitar la circulación: es inviable que las 500 raciones de un comedor sean relocalizadas en otro. Y no puede ser que todas esas familias queden a la espera con un sándwich, sin provisión de comida. Otra opción puede ser la distribución de mercadería puerta a puerta, para quienes puedan cocinar en sus casas.
Sobre las redes de cuidado
– Garantizar la seguridad integral de quienes le ponen el cuerpo a las actividades de ayuda social, para evitar contagios y cierres temporales de dispositivos vitales. Tanto en la 21-24 como en la 1-11-14, hay vecinos desprotegidos realizando tareas de limpieza.
– Proveer elementos de limpieza y en particular hipoclorito de sodio, para los comedores comunitarios, además de la postergada desinfección del Ministerio de Espacio Público en sus inmediaciones.
– Dotar de lavandina, jabón y alcohol en gel a todos los comercios, comedores y espacios comunitarios.
– Distribuir termómetros láser para contribuir en la detección de febriles, vía promotores de salud.
– Baños temporales de construcción rápida en centros alimentarios de base, no sólo para evitar el contagio de cocineras y cocineros, sino también para impedir la propagación entre quienes retiran las viandas.
Sobre el acceso al Agua Potable
– Reforzar el margen de acción, dotando de recursos a quienes manejan el cronograma de los camiones cisterna en cada barrio, para que se pueda resolver la provisión inmediata de agua potable en los hogares, sin apelar al traslado con baldes o bidones.
– Asegurar un piso de 150 litros por persona, tal como lo exige la OMS, para beber, cocinar, limpiar e higienizarse: en Argentina, el consumo promedio diario está en 180 litros por persona.
– Conformar las cooperativas embotelladoras sugeridas por el propio Ministerio de Salud, en la propia reunión con La Poderosa, al inicio de la pandemia.
– Acelerar obras de infraestructura para resolver los problemas de fondo que empeoran las condiciones de vida.
Sobre la energía eléctrica
– Suspender los cortes recurrentes en los barrios, tal como sucede en el Sector San Martín de la Villa 31 o en Tierra Amarilla de la 21-24.
– Por los cortes de luz habituales en todos los inviernos y en todas las villas, procurar generadores que permitan mantener a los centros comunitarios activos, volviéndolos también centros de auxilio para electrodependientes.
– Reguladores de baja tensión y tickets de combustibles para comedores, salas comunitarias de salud y sedes de organizaciones sociales.
– Reactivar las obras de infraestructura estancadas que complejizan la situación pandémica.
– Proveer matafuegos en carros para atender local y rápidamente las emergencias.
Sobre la familia de Ramona
– Cesión inmediata de la vivienda asignada, que debió consumarse ya en 2018.
– Adaptación de la infraestructura a las necesidades de Guadalupe, su hija con discapacidad: necesitamos que tenga rampa de acceso y el ancho necesario en las puertas de habitaciones, baños y espacios comunes.
– Espacio y equipamiento para la rehabilitación de Guada, que además requiere un stock especial de medicación para la cuarentena, más pañales, un andador especial, la silla para baño, el andador y la dieta cetogénica.
– Garantizar la cobertura de su obra social y las terapias que necesita, con el mismo personal que la atendía cuando Ramona podía pagar el monotributo que le daba cobertura.
Sobre la corrupción que frenó las obras en la 31
-Como interventor de la Villa 31 y responsable directo de la política de urbanización del GCBA, tras el abandono generalizado de sus habitantes y siendo su principal logro haber absorbido las demandas de los vecinos para que no llegaran a otras instancias de gobierno con capacidad de respuesta, ¡exigimos la inmediata renuncia de Diego Fernández!
Realizarán ollas populares y locros para impulsar el proyecto del impuesto a las grandes fortunas
Resumen Latinoamericano*/ 23 de mayo 2020 .— .
Diferentes movimientos sociales anunciaron que el próximo lunes 25 de mayo los realizarán en todo el país para pedir que se impulse el proyecto de ley del oficialismo.
El Movimiento Barrios de Pie-Somos anunció la realización de ollas populares y locros en todo el país para el próximo lunes, en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, para que «los que menos tienen puedan tener un plato de comida» y, en forma paralela, dar impulso al proyecto de ley con el que el oficialismo busca crear un impuesto o aporte por única vez de las grandes fortunas, informaron los organizadores.
«El 25 de Mayo, con locros en todo el país y otras actividades, Barrios de Pie-Somos impulsamos la ley de Impuesto a las grandes fortunas», anunció en un comunicado de prensa Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador nacional Barrios de Pie-Somos.
En ese sentido, Menéndez añadió: «Nos acercamos a un 25 de mayo diferente. Festejaremos los 210 años de nuestra patria en un contexto poco feliz», debido a la pandemia por coronavirus.
Según dijo, desde las organizaciones se realizarán el lunes locros «en todos los barrios humildes del país para que los que menos tienen puedan tener un plato de comida y festejar el día patrio», pero además pedirán de este modo que se trate (en el Congreso Nacional) el impuesto a aquellos que perciben grandes riquezas.
«En los barrios humildes se viven momentos de mucha angustia y ya son muchas las muertes que debemos lamentar por Covid-19», sostuvo el funcionario.
En tanto, el responsable de Barrios de Pie-Somos consideró que las medidas de prevención «son imposibles de llevar adelante sin agua en muchos barrios y sostener la cuarentena tampoco es fácil, cuando no están cubiertas ni las necesidades básicas de las familias».
En tanto, el responsable de Barrios de Pie-Somos consideró que las medidas de prevención «son imposibles de llevar adelante sin agua en muchos barrios y sostener la cuarentena tampoco es fácil, cuando no están cubiertas ni las necesidades básicas de las familias».
En tanto, sobre la iniciativa del oficialismo que busca crear un impuesto o un aporte por única vez de las grandes fortunas para atender la emergencia sanitaria, Menéndez dijo que «hace rato que aquellos que perciben las ganancias más grandes en nuestro país deberían pagar un impuesto y este es un momento más que oportuno para que ese impuesto se implemente”.
Voceros del movimiento indicaron a Télam que la jornada solidaria del próximo 25 de Mayo «se desarrollará en los barrios humildes de la mayoría de las provincias del país».
*Fuente: Telam
La Gremial de Abogad@s y Nora Cortiñas denuncian la represión al Pueblo Mapuche en Río Negro
Testimonio de Nora Cortiñas en nombre de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora:
COMUNICADO DE LA GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS:
El Estado de Derecho para los pobres, para los pueblos originarios, para los que cuestionan este sistema siempre actúa del mismo modo, cuando puede por la vía de la judicialización y cuando no le alcanza, avanza por izquierda, arma causas y se mueve tras las sombras bajo el amparo institucional.
Ayer un tremendo operativo policial se desató frente a la comunidad Lafquen Winkul Mapu en Villa Mascardi, Bariloche. A los tiros persiguieron a los miembros de la comunidad y luego con bidones de nafta crearon un gran incendio en las casas linderas para que el fuego diera fin a la osadía de querer habitar sus propias tierras, las que siempre le pertenecieron.
Años atrás como ustedes saben el Juzgado Federal de Bariloche, bajo las órdenes de la Fiscalía Federal inició una causa por usurpación a la comunidad Lafquen Winkul Mapu en las tierras que ocupan de Parques Nacionales, ordenando el violento desalojo que terminara con niños mapuche gaseados y presos en la comisaría junto con sus madres. No satisfechos con esto, al día siguiente, para terminar la labor, se produjo la violenta represión que terminó con la vida de Rafael Nahuel y dos miembros de la comunidad heridos.
La Gremial de Abogados y Abogadas asumió la defensa de la comunidad, no sólo en la causa de usurpación sino también todas las causas que le fueron abriendo criminalizando su protesta. Peleó firmemente en cada instancia judicial y todavía lo sigue haciendo. Una justicia que jamás reconoció los derechos del pueblo mapuche y los trató como simples fascinerosos oportunistas que se estaban haciendo de un pedazo de terreno para provecho propio.
Hace pocos días nomás, logramos el desprocesamiento de uno de ellos por la Cámara Federal, -uno de los heridos en el enfrentamiento de Raffita- sabiendo que en pocos días seguramente la Fiscalía estará apelando implacablemente a Casación.
Hace dos años y medios que venimos resistiendo los embates judiciales. Entonces, como por ese camino no avanzaban, comenzaron a generar a través de los medios de comunicación noticias falsas sobre la comunidad, sobre robos y ataques a los pobladores. Los diarios Río Negro, Clarín, TN y la Nación encabezaron la ofensiva.
Así en el día de ayer fuerzas policiales de la Provincia de Río Negro iniciaron una feroz represión contra la comunidad bajo la excusa de las causas que fueron armando los medios de comunicación y que la justicia, ahora rionegrina, aceptó gustosamente sumarse sin reparos. A los tiros intentaron entrar a la comunidad y como no lo lograron, prendieron fuego las casas linderas comenzando así un inmenso incendio para llegar a la comunidad.
Tres compañeros nuestros de grupo de Apoyo a la Gremial de Abogados de Bariloche y la Comarca andina se presentaron de inmediato en el lugar ni bien tuvieron noticias del ataque, poniendo sus presencias y comunicándose permanentemente con la Fiscalía que les negaba en la cara lo que todos venían que estaba ocurriendo.-
Como siempre decimos: los comunicados e informes de la Gremial son siempre con posterioridad al haber puesto el cuerpo y la cara en los lugares donde se nos requiere.
Así se mueven, cuando pueden por derecha y cuando encuentran demasiada resistencia, por izquierda, sin importar lo que se llevan puesto.
Así funciona la Justicia Capitalista, para pobres y descosidos, indígenas o rebeldes.
Así funciona la Justicia Capitalista, para pobres y descosidos, indígenas o rebeldes.
La gobernadora de Río Negro ha sido clara en que combatirá a la Winkul, el Gobierno Nacional no ha hecho nada aún que demostrara tener una política diferente, dado que en ningún momento Parques Nacionales retiró la denuncia de usurpación en la nueva gestión.
Sólo la convicción en la lucha permitirá resistir y la Gremial de Abogadas y Abogados seguirá acompañándolos como lo ha hecho siempre desde que tomó sus causas.
Envio:RL
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