Una funcionaria de máxima confianza de Macri recibía en su oficina a los agentes de la AFI Espionaje ilegal: Las doce reuniones de la banda de espías en la Casa Rosada
En los registros de la Casa de Gobierno figuran el ingreso de los agentes Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez. Los encuentros siempre se realizaron en el Área Presidencia con la funcionaria Susana Martinengo. También participó otro agente que se hacía pasar por cartonero y realizaba denuncias por televisión contra Juan Grabois.
Por Raúl Kollmann
La Casa Rosada, sede de las reuniones donde participaron los agentes de la AFI macrista que hacían espionaje ilegal.
Los agentes del espionaje ilegal macrista que salieron a la luz por la investigación judicial estuvieron doce veces en la Casa Rosada, reunidos con una funcionaria de la mayor confianza de Mauricio Macri, la coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo. Los datos surgen de una presentación realizada por Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal víctima del espionaje. En el texto, presentado este viernes ante el juez Federico Villena, se tomó la información surgida del registro de entradas de la Casa Rosada y publicada por Poder Ciudadano.
Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez, todos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, mantuvieron reuniones en el Área Presidencia. También participó de los encuentros un ex policía que después se presentó en el noticiero Telenoche, haciéndose pasar por cartonero, con denuncias sobre las organizaciones sociales y en particular contra Juan Grabois. En el expediente que se tramita en Lomas de Zamora hay evidencias de que la banda de la AFI, que reportaba al director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, se infiltró en movimientos sociales, no sólo para espiar sino para promover incidentes.
La impunidad de las operaciones de espionaje ilegal llama la atención. Los hombres de la AFI, que se mezclaban con narcos, barras bravas y delincuentes de todo tipo, transitaban sin problemas los pasillos de la Casa Rosada y se reunían con Martinengo a pasos del despacho de Macri. No tuvieron la precaución siquiera de encontrarse en algún lugar discreto, como una oficina o una sala de un hotel, sino en la propia sede del gobierno nacional, cerquita del llamado Sillón de Rivadavia. Tampoco se trató de pequeños trámites, citas ocasionales: las reuniones duraron entre dos y tres horas.
Las doce reuniones
*Araque, al que se le encontraron en el celular centenares de fotos, diálogos y videos de las operaciones, ingresó a Casa Rosada el 15 de mayo de 2018 a las 15.08 y salió a las 17.15, o sea más de dos horas. La reunión se hizo en la oficina de Martinengo y estuvo Miguel Alfonso, el ex policía de la Federal, que apareció en Telenoche haciéndose pasar por cartonero. Según consignó en su momento el sitio tiempoar.com, Alfonso se infiltró en La Cámpora y después pasó a militar en la campaña de Cambiemos.
*Dos meses después, el 18 de julio, Araque volvió dos horas a la oficina de Documentación Presidencial, ingresando a las 15.12.
*En su tercera visita batió todos los records. Fue el 6 de septiembre: entró 14.04 y salió a las 23.59, casi diez horas.
*Luego estuvo el 1 de noviembre y ya el 14 de diciembre concurre con Jorge Sáez, otro agente de la AFI, implicado en las operaciones ilegales, según la investigación del juzgado de Lomas.
*En la sexta reunión, el 18 de diciembre de 2018, siempre en oficina de la coordinadora de Documentación Presidencial, participó también una mujer llamada Noelia Belén y un tal Juan José Ferreyra, que sería Juan Jorge Ferreyra, ex militar, que trabajó en el gobierno porteño en épocas de Macri. Ferreyra fue, además, candidato del carapintada Aldo Rico en San Martín.
*Veinte días después, el 9 de enero de 2019, los tres sindicados en la causa de Lomas, Araque, el abogado de barras bravas Melo y Sáez, los tres agentes de la AFI macrista, ingresan juntos a Casa Rosada y se van también juntos.
*El 18 de enero, el 29 de enero y el 6 de marzo, vuelve a entrar Araque a Casa Rosada, una vez solo, una vez con Melo y otra con Sáez.
*El doceavo ingreso se produjo el 6 de junio de 2019 y la reunión agrupó a más personas. Estuvieron Martinengo y Araque, como siempre, pero también Romagnoli, Maximiliano Magistrello, Elba Masino, Federico Mastropierro y Fernando Scanavino. Según señala el diario La Nación, Scanavino es fundador de la ONG Juntos por el Trabajo en Libertad, de la que también formaba parte Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer. En el escrito de Beraldi, aunque no se explica el contenido, hay un hecho consignado en la causa de Lomas, el episodio número 9, en el que hay referencias a Martínez y Stolbizer.
La presentación de Cristina Kirchner
El pedido de CFK al juez Villena, a cargo de la investigación, es que se secuestren los registros de ingreso y egreso de la Casa Rosada, la quinta de Olivos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y la AFI. Es que el trío --Araque, Melo, Sáez-- participó en numerosas operaciones, al punto que Melo admitió en el programa ADN que operó en contra de Hugo y Pablo Moyano, a través de un barra brava de Independiente, Damián Lagaronne, detenido en el penal de Melchor Romero. En la investigación también surgió que Melo arregló con un narco, Sergio "Verdura" Rodríguez, que colocara trotyl en el edificio donde había vivido José Luis Vila, ex subsecretario del Ministerio de Defensa. Se ve que la vicepresidenta y su abogado piensan que la banda, que recurría a narcos y barrabravas, no reportaba únicamente a la AFI y a Alan Ruiz, sino que tenía ramificaciones en otros ministerios y que hasta podría haber estado en Olivos. De hecho, el propio Ruiz se supone que tenía como referente a Patricia Bullrich, hoy en día presidenta del PRO.
Si se mira el cuadro de conjunto, no parecen episodios aislados de espionaje ilegal, sino una política global. Las operaciones de aprietes a jueces, empresarios y ex funcionarios se vieron en el expediente que investiga Alejo Ramos Padilla, con policías y agentes de la AFI como protagonistas. La presión sobre el juez Luis Carzoglio para que detenga a Hugo y Pablo Moyano, con directores de la AFI visitando al juez. La instalación de micrófonos en las cárceles, las escuchas a los detenidos cuando hablaban con sus abogados y familiares y ahora las decenas de seguimientos, grabaciones, imágenes tomadas a políticos de todos los colores, incluyendo el macrismo, periodistas, intelectuales, dirigentes gremiales y, por supuesto, a la ex presidenta.
En el último párrafo de la presentación, Beraldi le pide al juez Villena que "actúe con premura y preserve la prueba, ya que se trata de episodios que no registran antecedentes en tiempos democráticos". Esta semana circuló el rumor de que el magistrado podría ordenar la detención del trío, pero Araque, Melo y Sáez presentaron un pedido de eximición de prisión y el juez todavía no resolvió.
Ahora quedan dos altos cargos en la mira. La funcionaria de la Casa Rosada, Susana Martinengo, a cuya oficina fueron los espías en doce oportunidades. La mujer era de máxima confianza de Macri, estaba encargada de responder cartas, pero dejó de hacerlo cuando Juntos por el Cambio perdió las PASO. Después, el 10 de diciembre dejó el cargo. Y, por supuesto, queda también en el centro de la escena Alan Ruiz: todo indica que los espías van a decir ante la justicia que ellos sólo seguían las instrucciones del director de Operaciones Especiales de la AFI, su jefe: una renovada "obediencia debida" del espionaje ilegal.
13 de junio de 2020
El espía Leandro Araque declaró ante la Bicameral de Inteligencia
Espionaje ilegal: El detallado seguimiento a Santilli, Massot y Monzó
El agente de la AFI macrista relató ante los legisladores las razones que llevaron a espiar a funcionarios y dirigentes del PRO. Dijo que Susana Martinengo, funcionaria de confianza de Mauricio Macri, estaba al tanto de estos trabajos.
Por Raúl Kollmann
Diego Santilli, macrista investigado por Macri.
El ex policía de la Ciudad y agente orgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leandro Araque, admitió este viernes en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que reportaba y se reunía con la coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo. Es más, admitió que la funcionaria --de estrecha confianza con el ex presidente Mauricio Macri-- conocía perfectamente que estaban siguiendo y fotografiando al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. El argumento era que lo investigaban por enriquecimiento ilícito, pero Araque dejó caer otros dos datos asombrosos: que el entonces Presidente desconfiaba de Santilli porque era "moyanista" y que en el espionaje había incluso una razón personal. El agente admitió que siguió a Emilio Monzó, a Nicolás Massot y al periodista Rodis Recalt, aunque a éste último se negó a robarle el celular como le pedían. También reconoció que la banda le hizo inteligencia al dirigente de la Uocra de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina.
Para declarar ante la Bicameral, Araque tuvo que pedir el levantamiento del secreto al que lo obliga por ser exagente orgánico de la AFI. La autorización la delegó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la titular de la central de inteligencia, Cristina Caamaño, quien lo relevó del secreto. La razón es que se trató de ilegalidades y que por lo tanto la AFI no puede encubrir delitos.
Araque contó que efectivamente el grupo se reunía con Susana Martinengo, una funcionaria de máxima confianza de Macri, al punto que estuvo con el ex presidente en la secretaría privada durante los años que estuvo al frente del gobierno porteño. El espía dijo que se encontraban para cenar y en distintos lugares de la ciudad porque otro integrante del grupo, Jorge Sáez, era amigo de la mujer. Sin embargo, el espía parece que no hizo referencia a sus visitas a la Casa Rosada (ver nota aparte ).
El relato, por supuesto, tuvo sus puntos más creíbles y menos creíbles. Por ejemplo, contó que se negaron a hacer inteligencia en el Instituto Patria pese a que su jefe en la AFI, Alan Ruiz, les afirmó que contaba con una orden judicial emanada del magistrado que hoy está al frente de la investigación, Federico Villena. También hubo un choque con Ruiz por la orden de robarle el celular a Recalt, cuando jugaba al basquet en un club.
Momentos tensos se vivieron cuando Araque contó de los seguimientos a los hombres de Cambiemos, dado que en la Bicameral hay legisladores de esa fuerza. Mencionó en concreto a Monzó, Massot y Santilli, "trabajos" que hizo personalmente. Lo asombroso es que --según Araque-- en algún momento las órdenes también las daba Martín Terra, amigo del titular de la AFI, Gustavo Arribas. Terra, que trabajaba en la central de espías, es el ex marido de Analía Maiorana, actual esposa de Santilli, o sea que termina apareciendo en escena una circunstancia personal. De todas maneras las razones por las que seguía al "Colorado", como le dicen a Santilli, es porque es "moyanista", "nunca quiso ir contra el camionero".
La banda de espionaje ilegal tenía base en un departamento de Constituyentes y General Paz, a nombre de una mujer, M.F., que también integraba el grupo, pero el centro de operaciones al que reportaban estaba en la ex CITEFA, el Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas, en Villa Martelli. Curiosamente es el predio que, según el macrismo, usó el general César Milani para hacer inteligencia. Sin embargo, en su momento, dos jueces allanaron el lugar y no encontraron nada de nada.
13 de junio de 2020
¿Por qué el proyecto genera rechazos en los grandes empresarios?
La nueva Vicentin: el plan de Alberto Fernández para la cerealera
El Gobierno proyecta una empresa testigo bajo control estatal que regule las compras de granos y aceites, establezca valores de referencia para las exportaciones y ayude a terminar con maniobras de evasión impositiva y fuga de divisas. Es un proyecto bisagra como en su momento ocurrió con las estatizaciones de las AFJP e YPF.
Por David Cufré
Imagen: NA
La Argentina no tiene en la actualidad una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de alimentos. Tenerla, como es fácil advertir, mejoraría la capacidad del Estado de intervenir en dos áreas muy sensibles de la economía, como lo son el acceso a las divisas y el abastecimiento de comida. En el mercado de trigo, por ejemplo, un comprador de último recurso, como proyecta el Gobierno a la nueva YPF Agro Vicentin, podría terminar con distorsiones del sector privado, regular la provisión interna y los movimientos de precios.
Esa empresa testigo bajo control estatal compraría el trigo a los productores y administraría las ventas a la molinería a lo largo del año, facilitando al mismo tiempo las operaciones de exportación. Sería en amplio beneficio de los pequeños y medianos productores, con mejoras en las condiciones de comercialización y financiación en relación a las que imponen las cerealeras y las grandes industrias. También funcionaría como una herramienta de control de la inflación, al transparentar actividades y bajar costos.
Algunas de estas ideas forman parte de la propuesta que Alberto Fernández puso sobre la mesa esta semana. El objetivo es rescatar a Vicentin de la quiebra, desguace y probable extranjerización, y transformarla en un instrumento de gestión potente en los mercados de granos, aceites, alimentos y el dólar. Ese plan tiene como beneficiarios principales a los segmentos más desprotegidos del campo y a los consumidores. También es una forma de que la banca pública y el fisco recuperen la monumental deuda que dejó Vicentin, por la cual deberán rendir cuentas Javier González Fraga, ex presidente del Banco Nación, y el gobierno de Cambiemos.
La reacción en bloque de las cámaras empresarias que representan a los grandes capitales nacionales y extranjeros, como AEA, el Foro de Convergencia Empresarial y la Sociedad Rural, expone la trascendencia que le asignan a la transformación en marcha. Lo mismo hay que decir de la respuesta de las entidades pymes vinculadas a la producción para el mercado interno, que también salieron con fuerza, pero a respaldar la iniciativa.
El Gobierno tendrá que ser efectivo en la explicación de su proyecto a los chacareros, que por razones económicas y de interés sectorial deberían ponerse al frente de los apoyos, pero que en términos ideológicos en su mayoría son refractarios a cualquier intervención del Estado. La lucidez de la dirigencia agropecuaria que los nuclea y los caminos que encuentre el Gobierno para acercar al movimiento cooperativo y a los trabajadores serán factores decisivos para la implementación de la nueva Vicentin.
En cuanto a la Unión Industrial Argentina, en su reunión de junta de esta semana hubo gritos y peleas por la posición a asumir, ya que la movida del Gobierno proyecta un modelo de desarrollo con base en la agroindustria y derrame sobre distintas producciones fabriles, pero a los dirigentes de las empresas más grandes les gana su corazón liberal, el antiperonismo y el rechazo a la presencia del Estado en negocios y prácticas del sector privado, que opera bajo la ley del más fuerte. Esos grupos son al mismo tiempo propietarios de grandes explotaciones agropecuarias y sacan provecho de la desregulación del sector.
Desde el punto de vista del Estado, el Gobierno analiza que YPF Agro Vicentin determine valores de referencia para las exportaciones de cereales y oleaginosas. Ello pondría en evidencia maniobras de elusión y evasión impositiva por parte de las grandes exportadoras, la mayoría multinacionales, que generan un drenaje de divisas al exterior mediante la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. Se sospecha que lo hacen de manera reiterada en operaciones de comercio intrafirma, algunas con sede en paraísos fiscales. Esa es una razón central de por qué el proyecto genera tanto rechazo entre los grandes exportadores del campo y sectores empresarios asociados.
Otro motivo es que esas empresas apetecen los activos y mercados que manejaba Vicentin. De pasar a incrementar su posición dominante en el sector, a las grandes compañías como Cargill, Dreyfus, Cofco, Bunge, Noble, Aceitera General Deheza, entre otras, les está por surgir un competidor bajo dominio estatal que vendría a regular sus operaciones, controlar la liquidación de impuestos y el manejo de las divisas.
Otra idea en estudio para la nueva Vicentin es reconocer con mejores precios la materia prima de mayor calidad. El hecho de que los exportadores no trasladen un diferencial de precio por calidad al productor generó un deterioro constante de los granos argentinos, tanto en soja como en trigo, provocando un perjuicio en sus cotizaciones en los mercados mundiales.
Con una empresa testigo en manos del Estado se podrá facilitar la compra de insumos como semillas, agroquímicos y fertilizantes, disminuyendo los costos de producción y atenuando los perjuicios de prácticas oligopólicas de los proveedores de esos insumos. El objetivo de fondo es favorecer la exportación de manufacturas agroalimentarias con mayor valor agregado.
El Gobierno deberá trabajar intensamente para asegurarse los votos en el Congreso que le permitan aprobar la ley de expropiación. Tanto de legisladores propios como aliados. Es un proyecto bisagra como lo fueron en su momento las estatizaciones de las AFJP e YPF. Igual que entonces, se le oponen los aliados del PRO y la UCR, las grandes corporaciones empresarias y los medios de comunicación del establishment.
Las iniciativas del campo popular requieren la construcción de mayorías consolidadas para imponerse. Esta semana hubo una prueba de que ello es posible con esfuerzo, paciencia y perseverancia, como se vio con la aprobación de la nueva Ley de Alquileres. El desafío de la nueva Vicentin va por la misma senda.
12 de junio de 2020
Un productor detalló ante la justicia las maniobras de la cerealera
Denuncian por estafa a los directivos de Vicentin
La presentación judicial detalla que la cerealera continúo comprando mercadería pese a saber que no podía afrontar el pago. La denuncia muestra diferentes "modus operandi" utilizados por la empresa- Por Sonia Tessa
“Al tiempo de celebrar los contratos con el productor, los directivos de Vicentín estaban, cuanto menos, en perfecto conocimiento de su imposibilidad de afrontar el pago de la mercadería que se le entregaría, y no obstante continuaron adelante con el negocio. Es decir, siguieron captando fondos en el mercado granario, tomando cereal y haciéndose de importes líquidos, con la intención de fondearse y no pagar, o sabiendo que la empresa no podría cumplir con sus obligaciones”, puntualizaron desde el estudio jurídico Romera, Ongay, Romano, Castellani & Figueroa Casas, de la ciudad de Rosario, que son los patrocinantes de la denuncia.
La fecha es clave porque ( el 5 de diciembre) fue el día en que Vicentin informó mediante un comunicado a sus acreedores que la empresa iniciaba “un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación de estrés financiero”. El 10 de febrero pasado presentó el concurso preventivo de acreedores. De los 2.638 acreedores que Vicentín informó en el concurso preventivo, 1.865 lo son por venta de granos.
El caso Nacadie
Para sustentar la hipótesis de la estafa, el productor y sus abogados, analizan lo que llaman el “caso Nacadie”. El mayor deudor que Vicentín SAIC informa tener en el concurso preventivo es la empresa “Nacadie Comercial S.A.”. Es decir, a esta empresa, Vicentin le debe $2.164 millones de pesos. “Se trata de una sociedad extranjera, inscripta en la República Argentina recién en el mes de septiembre del año pasado, poco tiempo antes del día en que Vicentin declaró el stress financiero. Nacadie opera como intermediario de granos y productos agrícolas desde Uruguay. Su domicilio legal en la Argentina es en la ciudad de Reconquista y lo comparte con el frigorífico Friar, empresa vinculada a Vicentin. A tal punto que el representante legal de Nacadie Comercial S.A. integra también el directorio de FRIAR S.A. como director titular. Nacadie Comercial no tiene bienes en la República Argentina.
Otros de los puntos considerados en la denuncia fue el de Renova, que era el activo más importante de Vicentin, de la cual era accionista junto a Oleaginosa Moreno (del grupo Glencore). Tres días antes de la declaración de default, el 2 de diciembre de 2019, Vicentin le transfirió a Renaisco, también de Glencore, 438.233.700 acciones ordinarias de Renova, un 16,67% del paquete accionario, cediéndole de esta manera al Grupo Glencore el control societario de Renova.
Asunto de familia
Por otro lado, entre los deudores que Vicentin informa que tiene en el concurso preventivo, figuran varios directores y accionistas de la empresa, así como también familiares de éstos, a los cuales la empresa realizó préstamos o mutuos por una suma cercana a los $100 millones.
Pese a ser una empresa que por sus comienzos se encuentra vinculada a las ciudades de Avellaneda y Reconquista, su actividad comercial e industrial en el mercado agropecuario resulta mucho más significativa en la región del “Gran Rosario” y alrededores. Es allí donde la empresa cuenta con mayor cantidad de oficinas comerciales y administrativas, con más establecimientos y mayor capacidad portuaria e industrial. Y, como es lógico, con mayor cantidad de acreedores por venta de granos. De hecho, del total de acreedores por venta de granos que Vicentín tiene en todo el país, el 89,1% se encuentra más próximo a los establecimientos que la empresa posee en el “Gran Rosario”, mientras que sólo el 10,9% está más cerca de Avellaneda. Del total de acreedores hay 740 de la provincia de Santa Fe, 513 de Córdoba, 208 de Buenos Aires, 170 de Capital Federal, 96 de Chaco y 72 de Entre Ríos.
13 de junio de 2020
Para la oposición y los medios lo propio es lo privado y lo público es lo ajeno
Banco Nación y Vicentin: Lo propio, lo ajeno
La oposición juega a ideologizar una medida que no estaba en los planes de nadie. No le conviene poner una lupa sobre las irregularidades de la empresa ni sobre cómo consiguió 300 millones de dólares del Nación macrista. El papel de los medios.
Por Luis Bruschtein
Banco Nación y Vicentin: Lo propio, lo ajeno.
El radicalismo PRO, los legisladores que denunciaron a Alberto Fernández y los empresarios que pusieron el grito en el cielo no plantearon alternativas que rescaten al grupo Vicentin, paguen su deuda con el Banco Nación y la AFIP, paguen sus deudas con 2500 productores de Córdoba y Santa Fe, eviten la transnacionalización o el desguace de la empresa y mantengan las fuentes de trabajo. Pero demonizan la decisión del Gobierno que es la única que cumple esas condiciones. Si fueran honestos, deberían decir que aceptan el desguace y los despidos y que quieren que las deudas las pague Magoya, que viene a ser el Gobierno.
La expropiación de Vicentin no es ideológica para un Gobierno, que es lo que menos hubiera deseado. Ni siquiera forma parte de la oleada de estatizaciones que se producen en el mundo como consecuencia de la crisis pandémica.
En el Frente de Todos no estaba en discusión la expropiación de ninguna empresa y menos de semejante monstruo. La negociación de la deuda externa impagable que dejó el gobierno macrista postergó los debates sobre otros aspectos de la economía. Lo que menos hubiera deseado es verse en la obligación de expropiar una de las empresas más grandes del país en medio de una negociación que se articula con respaldos internacionales que no tienen simpatía por estas medidas.
Los planteos que tratan de ideologizar la medida extrema que tomó el Gobierno no tienen sustento. Pero es evidente que la decisión tensiona grandes intereses que intervienen en los negocios de Vicentin o tienen deudas con el Estado en condiciones similares. Y como no pueden reconocer que lo hacen por interés, acuden a una especie de macarteada ideológica: “vamos a ser Venezuela”.
Ni siquiera se trata sólo del “rescate” de una empresa nacional, que de por sí lo ameritaría. Sino que se trata también del “rescate” del Banco Nación, que no puede tener una deuda impaga que ascienda a la tercera parte de sus beneficios. Esa deuda impaga pone el Banco al borde de la quiebra. El Nación es el mayor acreedor por lejos con relación a otros bancos: 300 millones de dólares. Y AFIP (150 millones de dólares) es el segundo en esa categoría. O sea, el Estado, la sociedad, nosotros, los argentinos, pierden-perdemos mucho dinero si el Estado no expropia.
Hasta ahora las otras salidas implican trasnacionalización o desguace. Lo cual implica además despidos en masa. Y ninguna puede contemplar el pago de las deudas, lo cual implica la quiebra de miles de productores rurales y un agujero considerable en las finanzas públicas ya en crisis. Los planteos opositores y empresarios no tienen salida concreta y sólo tratan de hacer esta campaña ideológica como guerra de desgaste.
El endeudamiento de Vicentin está plagado de irregularidades. Cerca de 100 millones de dólares fueron prestados por el Nación entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, después que Mauricio Macri perdiera las elecciones. Fueron 26 operaciones por las cuales el Banco prestó 95,5 millones de dólares. La empresa ya estaba en cesación de pagos. Y cuando terminó de recibir los préstamos, se declaró en concurso de acreedores, o sea en quiebra.
Le daban esa fortuna inmensa a quien no estaba pagando sus deudas, cosa que lógicamente, no hace nadie, y menos un banco. Esa deuda sería imposible de cobrar. Pero como cambiaba el gobierno, le dejaban el muerto al que venía. La operatoria es irregular a dos bandas, por parte de las autoridades del Banco de esa época, cuando lo presidía Javier González Fraga, y por parte de los empresarios de Vicentin.
Como sucede con las quiebras en situación de crisis, los compradores privados que se insinuaron buscan una pichincha. No van a pagar demasiado por una megaempresa con semejante agujero en las cuentas. La jugada es comprar por migajas y después vender por partes y aprovechar todo lo que se pueda la desidia estatal para diluir esa deuda.
Como dijo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti: “El Presidente está abierto a todas las propuestas”. Si es que surge alguna que cumpla las condiciones necesarias.
Con la expropiación, el Estado no reembolsa el dinero que prestó, ni el que le deben a la AFIP, pero lo recupera a través de un activo que además es productivo y puede cumplir un papel estratégico en la economía como empresa testigo en el mercado de una actividad tan sensible como es la producción, comercialización y exportación de alimentos.
La demostración de que ni la empresa ni el Gobierno tenían demasiado margen para hacer otra cosa es que cuando el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, pidió la entrevista con el Presidente, Alberto Fernández puso como condición que los gerentes y la plana mayor de la empresa aceptaran la intervención. El Gobierno quería impedir el éxodo de los cuadros medios que conocen el funcionamiento del negocio.
La reunión se realizó en ese marco. El sueño del empresario en problemas es sumar al Estado como el socio bobo que pone la plata pero no interviene en las decisiones. Así sucedía con las AFJP. Es la idea subyacente en la oposición a la expropiación y fue la que planteó Nardelli y rechazó Fernández.
Los dueños de Vicentin no tienen buena imagen en el mundo empresario. Y en Santa Fe, la reacción contra la intervención se focalizó en Avellaneda, donde están las oficinas principales de la empresa. Pero en el resto de la provincia, la intervención no es mal vista y los trabajadores la respaldan.
La medida se prestó a la consabida campaña de versiones de las corporaciones mediáticas, desde supuestas críticas a la expropiación por parte de veinte embajadores que rápidamente lo desmintieron, hasta anuncios de acuerdos que evitaban la expropiación, que también fueron desmentidos. Lo más simpático: Clarín publicó un extenso artículo con declaraciones de su viejo archienemigo público, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, que critica la expropiación.
Aparecieron Domingo Cavallo y Eduardo Duhalde para advertir y aconsejar. Y no faltaron analistas que vieron en la expropiación un avance del “cristinismo” sobre el “albertismo”. Las organizaciones rurales se dividieron: CRA y SRA en contra. Coninagro más o menos y Federación Agraria respaldó la medida.
Desde 2015, Vicentin aportó unos 50 millones de pesos a las campañas de Mauricio Macri y fue el principal sostén de las campañas de Miguel del Sel en Santa Fe. Es un dato que puede indicar favoritismo en la concesión de préstamos tan irregulares, por lo cual la oposición no lo menea demasiado. Pero también podría indicar animosidad en la decisión de expropiar. Ni el favoritismo de unos o la animosidad de otros fue determinante en una decisión que resulta molesta (por el momento en que debe concretarse) y obligatoria (por el volumen de la deuda) para unos y otros.
La decisión de intervenir antes de expropiar tiene figuras legales que la respaldan y el motivo es obvio. La intervención es inmediata mientras que la expropiación sufrirá las demoras de un debate arduo en el Congreso. En ese lapso pueden pasar muchas cosas. La gestión de la megaempresa se realizará en función de la documentación que se encuentre y en dos o tres semanas puede desaparecer y borrarse gran cantidad de datos sobre las operatorias.
Hay una biblioteca de leyes para fundamentar la intervención y la expropiación. El ataque a la propiedad no lo protagonizó el Gobierno, sino la empresa que no pagó sus deudas y se quedó con bienes de sus proveedores.
De todos modos habrá una fuerte campaña mediática y política contra el Gobierno y se pretenderá judicializar el conflicto. La prueba de fuego para el oficialismo estará en la solidez de sus propias filas y las alianzas y en su capacidad de comunicar. En estas situaciones desaparecen los campos intermedios y el que afloja, pierde.
Nunca deja de sorprender la forma en que una campaña mediática de confusión y verdades a medias puede dar como resultado ignorancia y bajísimo nivel de ciudadanía. La consigna en CABA el miércoles para convocar al caceroleo contra la expropiación fue “defendamos lo nuestro”.
No hay nada más nuestro, en ese caso, que el Banco Nación, que es el perjudicado por esa acción. Pero en esa consigna es al revés: lo público es “lo ajeno” y lo privado es “lo nuestro”. Es una forma grave de enajenación.
13 de junio de 2020
Nueva reunión con el titular de la cerealera, pero el control ya cambió de manos
Luis Basterra sobre Vicentin: "Nardelli no tiene más funciones en la empresa"
El ministro de Agricultura, dijo que "habrá expropiación porque es el instrumento, pero el objetivo es la política, y ésta necesita que no se pierda esa empresa".
Por Raúl Dellatorre
Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Imagen: Bernardino Avila
Imagen: Bernardino Avila
"No hay otra vía que no sea la expropiación, y así se lo manifestó el presidente de la Nación al presidente del Directorio y al gerente general de Vicentin, ya sin funciones, en la reunión en Olivos", relató Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, describiendo el encuentro de este jueves entre Alberto Fernández y Sergio Nardelli. "La expropiación es el instrumento, pero el objetivo es la política, y para la política que nos propone este gobierno es muy importante que la empresa quede en manos nacionales; para este proyecto, la presencia del Estado en este mercado puede cumplir un rol clave para equilibrar las relaciones con el mercado internacional", apuntó. Por su parte, Alberto Fernández afirmó: "Creo firmemente que esta actividad pujante del agro debemos cuidarla para que no se extranjerice; no estamos para estatizar empresas, sino para rescatar empresas que consideramos centrales para el desarrollo del país", en su visita a La Rioja. Nardelli tuvo ayer, viernes, otro encuentro con autoridades oficiales, esta vez con el flamante interventor, Gabriel Delgado, el ministro Matías Kulfas y el presidente y el CEO de YPF, Guillermo Nielsen y Sergio Affronti. "No hubo ningún planteo superador a lo que ya está resuelto, el Presidente ya les había señalado que lo que ellos proponen es inaceptable", resumió el encuentro una fuente oficial.
La pretensión que volvió a plantear Nardelli es que el Estado nacional, ya sea a través de YPF o del Banco Nación, capitalicen las acreencias de la empresa y sumen nuevos fondos a cambio de una participación en el paquete accionario, pero manteniendo la conducción gerencial actual. "Esa idea ya fue rechazada por el presidente en la reunión de anoche", se le recordó al empresario.
Este encuentro tuvo lugar en el edificio corporativo de YPF, en Puerto Madero. Hubo una definición tajante de los representantes del Estado en la reunión: hay una intervención que ya está gestionando la empresa, y la unidad de negocios YPF Agro tendrá a cargó el gerenciamiento del fideicomiso que se conformará con los activos de Vicentin cuando sea expropiada. En base a la aceptación de ese marco, se dejó abierta la posibilidad de "seguir conversando" con los dueños de la empresa en convocatoria de acreedores.
La pretensión que volvió a plantear Nardelli es que el Estado nacional, ya sea a través de YPF o del Banco Nación, capitalicen las acreencias de la empresa y sumen nuevos fondos a cambio de una participación en el paquete accionario, pero manteniendo la conducción gerencial actual. "Esa idea ya fue rechazada por el presidente en la reunión de anoche", se le recordó al empresario.
"No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos de capitales que no son argentinos", afirmaba mientras tanto el Presidente de la Nación desde La Rioja.
"No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos de capitales que no son argentinos", afirmaba mientras tanto el Presidente de la Nación desde La Rioja.
En lo que hace a la convocatoria, el juez civil y comercial de la 2da. nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó el pedido formulado por el Banco Nación y el resto de la banca pública nacional para que disponga la intervención de la empresa en el marco del concurso de acreedores. Esta alternativa abría la posibilidad de que se acordara que el mismo interventor designado por el Ejecutivo Nacional fuera el elegido por el magistrado y así se podría unificar la representación. Con el rechazo a la propuesta, se frustran las expectativas que existían tanto de parte de las autoridades del Banco Nación como de la propia intervención.
Otro que habló ayer fue el denunciado ex presidente del Banco Nación Javier González Fraga. Durante una entrevista, optó por escudarse en la historia del clan Vicentin para defenderse, casi como si fuera un miembro más de la familia. "Vicentin no es Austral Construcciones, tiene 90 años y es una empresa líder desde hace veinte años, con más de 50 de vinculación al Banco Nación", dijo comparando a su defendida con la demonizada empresa de Lázaro Báez, encarcelado apenas bajó del avión en el que llegó para presentarse a la Justicia y mucho antes de recibir una condena. Su hijo Martín siguió luego el mismo camino. Vicentin no es Austral Construcciones, pero se sospecha que habría utilizado similares vínculos financieros, SGI ("La Rosadita"), para fugar fondos, según investigaciones en curso.
Fraga siguió con una versión edulcorada pero llena de contradicciones sobre la trayectoria del crédito a Vicentin mientras él fue presidente del Banco. "La última aprobación crediticia se realizó en junio de 2018, cuando la empresa tenía calificación 1, estaba en expansión y era una de las líderes del sector", dijo. Admitió que la línea de 300 millones de dólares "venció en julio de 2019 y no fue renovada porque excedía el límite de fraccionamiento de riesgo que aconseja el Banco Central". Esos 300 millones representaban el 20% del capital del Banco Nación, de 1500 millones, recordó González Fraga.
"En agosto de 2019 se iniciaron conversaciones para reducir esa deuda a 205 millones y encuadrarnos dentro del límite del Banco Central", señaló. Lo que no explicó es por qué el Banco Nación le siguió prestando a Vicentin en octubre, cuando ya se había convertido en deudor moroso sobre sus créditos de 2018, y en el mes de noviembre, cuando ya Mauricio Macri había perdido las elecciones y el propio González Fraga estaba haciendo las valijas para dejar el banco al mes siguiente, le soltó otros 95,5 millones de dólares. Que Vicentin recibió hasta una semana antes de declarararse en "estrés financiero". Tras pasar por alto estos detalles, González Fraga dijo que no entiende de qué lo acusan.
13 de junio de 2020
Todos los perjudicados con la caída del gigante agropecuario.
Los acreedores de Vicentin: el increíble mapa digital que los identifica uno por uno
Una herramienta digital desarrollada por el periodista rosarino Juan Chiummiento permite visualizar sin esfuerzo el daño provocado por la cerealera, que podría amortiguar la intervención estatal.
Por Natalí Risso
El 46 por ciento de los acreedores se concentran en Santa Fe.
El conflicto de Vicentin cuenta con varias aristas y muchos damnificados. Desde que comenzó el concurso, y dada la importancia pública y la cantidad de empresas comprometidas en la causa , la justicia santafesina habilitó una página web (https://concursopreventivovicentin.com.ar/ ) en donde publicó, entre otras informaciones relevantes para el caso, el listado de acreedores de la compañía.
En total, Vicentin se encuentra en concurso preventivo con 2.638 empresas de todo el mundo y por un monto total de 99.345 millones de pesos. El periodista rosarino Juan Chiummiento realizó un mapa para analizar el impacto geográfico del default de la sexta empresa exportadora agroindustrial del país.
"Para la economía santafesina, este es un tema crucial desde mucho antes que el lunes. Nos preocupa desde el 5 de diciembre del año pasado cuando anunció el estrés financiero", cuenta Chiummiento a Página/12. De los más de 2.600 productores, acopiadores, corredores, bancos, empresas competidoras, de servicios varios y organismos del Estado a los que la compañía les debe plata, 2.581 son nacionales y reúnen deudas por 57.740 millones de pesos. A los 57 extranjeros restantes, les debe 41.605 millones de pesos. La empresa cuenta con acreedores en todo el mundo: el único continente donde Vicentin no tiene deudas es África.
El impacto en Santa Fe y Córdoba
Dentro de Argentina, el impacto regional se encuentra concentrado en Santa Fe: el 46 por ciento de los acreedores son de esa provincia. Lo siguen Córdoba (526 acreedores, un 20 por ciento), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (323 acreedores, 12 por ciento), Provincia de Buenos Aires (270, un 10 por ciento) y Chaco (102, un 4 por ciento). Si bien la mayoría desarrollan su actividad en la región pampeana, también hay acreedores afectados en Ushuaia, Jujuy, Salta y Formosa, entre muchas. La particularidad de Santa Fe es que la mitad de las localidades de la provincia tiene por lo menos una empresa a la que Vicentin le quedó debiendo dinero. El impacto territorial es enorme, teniendo en cuenta que Vicentin no es la única empresa de la cadena agropecuaria defaulteada durante el último año del gobierno de Macri. Ya habían pasado por ese proceso la corredora BLD y Cereales del Sur.
La deuda de Vicentin no discrimina por región ni por tipo de acreedor: cuenta con deuda impositiva a productores rurales, productores de insumos y bienes de capital, bancos y hasta sus propios accionistas. La mayor cantidad de damnificados son productores rurales: su deuda para la compra de granos afecta a 1.895 empresas. El número global se compone también de 586 firmas productoras de bienes y servicios, 98 accionistas, 37 bancos o instituciones financieras y 19 instituciones impositivas y aduaneras. De ese grupo, el de la deuda financiera es el que reúne el mayor pasivo, un 64 por ciento del total, seguido por los acreedores vinculados a compra de granos.
El efecto Vicentin
Si bien dentro de los acreedores se encuentran los propios familiares fundadores que también son accionistas de la compañía (hay muchos "Vicentin" y "Nardelli" en la lista), la principal preocupación es sobre este grupo de productores rurales o de bienes y servicios que no cuentan con capital suficiente para afrontar esta deuda.
Más allá de los nombres conocidos como "Grobocopatel" o "Cargill" que probablemente pueden afrontar esta deuda, en febrero se conoció la noticia del quiebre de Guardati y Torti. La corredora de granos, que hace 41 años forma parte del mercado de Rosario, declaró su quiebra como consecuencia del default de Vicentin. Aún no hay información completa del efecto Vicentin en el sector productivo y financiero en el país.
"Este default afecta a toda la cadena del agro porque esos Cuits que vemos en el mapa, son muchas veces la fuente del movimiento de dinero de los pueblos. El carnicero, el panadero y el que vende ropa en ese pueblo también sufren la incobrabilidad de la deuda", sostiene Chiummiento.
El concurso en marcha
Como el concurso de la empresa se encuentra avanzado -se declaró la apertura en marzo- y no tiene marcha atrás, la intervención o la expropiación por parte del Estado no es determinante para la situación de los acreedores. Para resolver la situación específica del concurso hay dos caminos: la vía más común de un concurso preventivo según la Ley de Concursos y Quiebras es el análisis de los créditos y legajos, para luego abrirse un periodo de negociación en el que la empresa presenta un plan de pagos que los acreedores pueden o no aceptar. En este caso, la intervención del Estado puede mejorar la oferta a los acreedores.
La otra opción es que haya un acuerdo preventivo extra judicial, un mecanismo que también prevé la Ley. Esta vía permitiría que se haga un acuerdo por fuera de los canales de la justicia en el que los privados desistan del concurso. Para ello, se requiere que den su aval el 75 por ciento de los acreedores del pasivo. No en número de empresas, sino en cifras. Hay dos acreedores internacionales que tienen poder de veto porque cuentan con alrededor del 25 por ciento del pasivo. "Los concursos y quiebras son complejos y llevan mucho tiempo, pero puede abrirse la posibilidad de que el Estado haga algo para que estos tiempos se acorten lo máximo posible, porque la política todo lo puede", reflexiona el periodista rosarino que viene investigando el caso desde sus inicios.
Las deudas con los bancos oficiales
La cerealera les debe a los bancos otros 350 millones de dólares, en especial al Banco Nación, entidad con la que tiene una deuda de 18.182 millones de pesos. También cuenta con préstamos sin pagar en el Banco Provincia, por 1.814 millones de pesos, Bradesco (770 millones de pesos) e Hipotecario (760 millones de pesos), entre otros.
La relación de Vicentin con el Banco Nación es de larga data. La empresa tenía una línea de "prefinanciación de exportaciones" mediante la cual el Banco le financiaba las exportaciones a través de créditos en dólares. Esta línea se duplicó durante el macrismo (pasó de 150 millones en 2015 a 300 millones en 2019), pero venía creciendo aceleradamente desde el 2003. La particularidad de esta relación es que, a partir del resultado de las PASO en las que Macri perdió las elecciones, Vicentin comenzó a dejar de pagar sus deudas. A pesar de esto, recibió un crédito de 95 millones de dólares del Banco vía correo electrónico.
Fuente:Pagina12
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