Apoyos y críticas empresarias al control estatal de Vicentín
La expropiación divide aguas AEA salió con un comunicado en contra.
La UIA analizó la medida en su junta, con apoyos y advertencias al Gobierno. Las pymes, a favor. Por Florencia Barragan
10 de junio de 2020
“Es conocida mi postura: no creo que sea el rol del Estado ser empresario”, aseguró a este diario Cabrales, vicepresidente de Cabrales S.A. y miembro de la Unión Industrial Argentina (UIA). Sin embargo, consideró que no fue una decisión “alocada” la intervención de la cerealera. “El Presidente no se levantó ese día y dijo voy a intervenir. La empresa venía muy castigada y la decisión se toma en un momento donde se tienen en cuenta las fuentes de trabajo y la continuidad de la compañía”, agregó.
En este sentido, consideró que la decisión no marcará una agenda de expropiaciones. “En la cabeza de Alberto Fernández siempre estuvieron las pymes y el entramado productivo”, opinó Cabrales. Además, dijo que confía en la palabra del Presidente, que manifestó en dos oportunidades que eran “ideas locas” que el Estado se quede con acciones de empresas asistidas durante la pandemia. “Lo de Vicentin no tiene nada que ver con la idea de la diputada Fernanda Vallejos. El Estado tiene que respetar la propiedad privada y eso está muy claro”, argumentó. En tanto, se mostró en contra del concepto de “soberanía alimentaria”, dado que aseguró que Argentina ya cuenta con los recursos y el potencial en esta materia.
La noticia de Vicentin fue tema de conversación durante el Zoom que mantuvieron los empresarios de la UIA en la reunión de junta directiva de los martes. José Urtubey, miembro de la UIA, también manifestó en declaraciones televisivas y radiales que lo que hizo el Gobierno fue “hacerse cargo de un gran problema”. El director de Celulosa dijo que “no asusta el término” de expropiación, que es lo que buscará llevar a cabo el oficialismo en el Congreso a través de un proyecto de ley. “Es un instrumento jurídico que ya está plenamente vigente hace muchísimos años”, argumentó. “No veo que se esté yendo a Venezuela por esto”, concluyó.
En tanto, Ignacio Noel, dueño de la alimenticia Morixe y principal accionista de Sociedad Comercial del Plata, dijo a PáginaI12 que el Gobierno tomó la mejor alternativa entre las posibles. “No podían no hacer nada ante una empresa de un sector estratégico. Dejarla en manos del proceso judicial y los concursos iba a implicar llenarla de gastos judiciales y que se termine destruyendo. La otra opción, de dejarla en manos de un competidor privado, podría terminar en una concentración del mercado y que pocos jugadores fijen precios”, opinó Noel.
El rechazo más enfático provino de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), conformada por los dueños de las compañías más grandes del país. "Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores. Este hecho es grave puesto que la seguridad jurídica es un atributo central que proporciona la confianza imprescindible para que se lleven a cabo las inversiones productivas que imperiosamente requiere nuestro país", dice el comunicado de AEA.
Distinta es la postura de las pymes industriales, que se mostraron a favor de la intervención estatal. “Para evitar la primarización productiva, se necesita un Estado activo que se ponga al frente de los recursos estratégicos. La unión con YPF Agro hará que se convierta en una empresa testigo que avance en la soberanía alimentaria y en incorporar mayor valor agregado”, aseguró en un comunicado la asamblea de pequeños empresarios (Apyme). En tanto, la asociación de empresarios nacionales (Enac) apoyó la medida por “cuidar los puestos de trabajo y evaluar las prácticas extranjerizantes por sobre la cadena de proveedores pymes argentinos”.
Por su parte, la asociación de importadores y exportadores (Aiera), consideró la decisión necesaria para evitar que la empresa pasara a grupos transnacionales. “Argentina necesita aumentar la exportación. Hace muchos años que se tiene sospechas de la transparencia en la cadena de exportación agropecuaria. Tener un jugador testigo evitará transacciones de subfacturación y fuga”. Y pidió que el proceso derive en instituciones sólidas que separen “las fronteras entre Gobierno y Estado” para promover inversiones de largo plazo.
La intervención divide aguas en el sector agropecuario Las razones y los fantasmas
Para productores medianos y cooperativistas, la intervención otorga una chance de cobrar y piden participar del proceso. Otros sólo ven la sombra de Venezuela.
10 de junio de 2020
Carlos Achetoni y Daniel pelegrina, presidentes de Federación Agraria y Sociedad Rural.
El sector agropecuario reaccionó de manera heterogénea ante la intervención estatal en la cerealera Vicentin, que el gobierno finalmente buscará expropiar a través de un proyecto de ley en el Congreso. La postura más beligerante la encabeza la Sociedad Rural, que sigue la línea de la oposición y que no tardó en utilizar la palabra “Venezuela” en su argumentación para mostrarse en contra. Del otro lado de la Mesa de Enlace, se encuentran la Federación Agraria y Coninagro, que se mostraron a favor de mantener los puestos de trabajo. Incluso Eduardo Buzzi, quien encabezó el conflicto con el campo en el 2008, aseguró que la medida “es oportuna y necesaria”.
El presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, dijo que la medida es importante para que “el productor pueda cobrar las deudas". En tanto, anticipó que los productores “quieren saber fehacientemente cuál es el proyecto respecto al Grupo Vicentin”. En este sentido, opinó: “No es lo mismo que quede en mano de tres empresas concentradas, porque de esta manera sería un pasamanos de una empresa concentrada a otra. Distinto es que pasen a integrarlo cooperativas”.
Buzzi, expresidente de la Federación Agraria, argumentó que “es preciso recordar” que la empresa se encuentra en quiebra por “mal manejo”. Avaló la intervención ante la posibilidad de que terminara “en manos de extranjeros”. En declaraciones radiales, afirmó: “Ante el hecho consumado de una quiebra, o se está del lado de los capitales extranjeros o del lado de un proyecto soberano", opinó.
Con una mirada similar, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, pidió que tuvieran lugar las cooperativas: “El cooperativismo tiene contenido, capilaridad y gestión para aportar. Esta podría ser una oportunidad para desconcentrar el manejo del sector”. El dirigente auguró una buena gestión al interventor designado: “Saludamos a Gabriel Delgado, sabemos de sus referencias como profesional. Quedamos a su disposición”.
La Sociedad Rural manifestó que ve “con suma preocupación". La entidad consideró que la solución a la empresa quebrada, de la que dependen miles de trabajadores y productores, debe darse "a través de la Justicia”, dado que “cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo”. Luis Miguel Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural y quien fuera ministro de Agroindustria manifestó: "Es muy peligroso, porque así empezó Venezuela, y hoy están con un 95 por ciento de pobres". Anticipó que de avanzar la ley de expropiación habrá “competencia ilegal en los mercados”, aunque no se refirió a la ilegal maniobra entre Vicentin y la banca pública.
Etchevehere también le dijo a los legisladores que si aprueban el proyecto “van a tener que dar explicaciones a los productores de sus provincias”. Por su parte, Ricardo Buryaile, antecesor de Etchevehere, también criticó la medida, pero celebró el apoyo que se le dará a los productores: "Una parte me pone contento, que es que los acreedores van a cobrar una parte de las acreencias".
Similar es la mirada de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). A través de un comunicado, la entidad se mostró en contra porque consideró que la intervención del Poder Ejecutivo “convalida la quiebra del principio republicano de la división de poderes”. Además, CRA manifestó preocupación porque los representantes observan “una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos”.
Arribo de los interventores a la planta
10 de junio de 2020
Complejo Vicentin en Avellaneda, Santa Fe.
El gobierno nacional entregó este martes en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe, donde se tramita el concurso preventivo de acreedores de Vincentin SAIC, la copia certificada del decreto de necesidad y urgencia por el cual se decidió la intervención de la empresa cerealera. El portador del documento fue el subinterventor designado, Luciano Zarich, quien llegó a esta ciudad santafesina encabezando una delegación de funcionarios con los que se trasladó, posteriormente, a la planta principal del complejo Vicentin, en la localidad de Avellaneda de la misma provincia, para tomar posesión de la planta y hacer efectivo el inicio de la intervención. La recepción por parte de las actuales autoridades de la empresa no fue precisamente cordial.
Los funcionarios del gobierno nacional llegaron a la provincia de Santa Fe --no concurrió Gabriel Delgado, interventor titular, quien demorará unos días más en asumir el cargo dado que aún está convaleciente de una reciente operación-- ya en conocimiento que que la actitud con la cual serían recibidos sería de resistencia por parte de sectores de la empresa, preanunciando una transición complicada.
A través de un comunicado, la dirección de Vicentin anticipó su rechazo a la resolución oficial de intervención invocando "la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas". "El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas", informa la conducción empresaria que responde a Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, cabeza de las familias propietarias.
El comunicado relata que, "desde diciembre de 2019, el Directorio de Vicentin viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos cuatro años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión". se refiere al momento en que la empresa se declaró en cesación de pagos y a anunció el inicio de los trámites para presentarse en convocatoria de acreedores. Hasta una semana antes, venía acumulando deudas con el Banco Nación que sumaron, sólo en el mes de noviembre, 95,5 millones de dólares, según consta en los registros del expediente en poder del juez civil y comercial Fabian Lorenzini.
Vicentin aseguró, finalmente, "que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos".
¿Qué es Vicentin?
Es un actor económico muy importante en varias provincias.
El conglomerado industrial de Vicentin tiene su base en producción primaria y con un fuerte sesgo a la exportación. Es un actor económico muy importante en varias provincias. A continuación su estructura de negocios y dónde está localizada su actividad:
* Santa Fe: Tiene plantas industriales de almacenamiento y molienda de semillas. Harina y pellets. Posee su propio puerto sobre el Río Paraná. Procesa y comercializa aceite comestible.
* Chaco, Formosa y Santiago del Estero: Con Algodonera Avellaneda interviene en el negocio algodonero. Participa de toda la cadena, hasta la confección de prendas de vestir. Posee dos hilanderías, una en Argentina y otra en Brasil. Es el participante número uno en la industria desmontadora de algodón nacional y uno de los principales exportadores de fibra de algodón.
* Santa Fe: Participa en la producción y comercialización de biodiesel, glicerina y aceites refinados en sociedad con Glencore y Molinos. La planta que posee es la más grande de América del Sur.
* San Juan y Mendoza: Posee una planta elaboradora de jugo concentrado de uva, ubicado en la cuenca vinífera de San Juan. Molienda uvas de bodegas sanjuaninas y mendocinas y exporta toda la producción de jugo concentrado a Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, Ucrania, Sudáfrica y Australia.
* Santa Fe: Interviene en la actividad ganadera con feed lot (sistema de engorde intensivo) en “Los corrales de Nicanor”, en el noreste, cerca de la ciudad de Reconquista, Santa Fe. Tiene 20 mil cabezas de ganado bovino.
* Mendoza: Produce vinos de alta calidad con gran potencial de guarda y exporta a varios mercados.
* Santa Fe: Realiza acopio de miel de las principales provincias productoras con Promiel y exporta toda la producción.
La previa del anuncio Vicentin:
Cómo y cuándo se decidió Alberto Fernández
Los pedidos de Perotti. Los riesgos de ventas a jugadores poderosos. Maniobras de los dueños, pedidos de impunidad. Enigmas a develar: el valor de una empresa hiper adeudada. Alcances de la expropiación.
Por Mario Wainfeld
La decisión de expropiación de Vicentin fue recibida con euforia en Santa Fe.
Imagen: Télam
Imagen: Télam
El presidente Alberto Fernández amasaba la decisión de intervenir y expropiar la cerealera Vicentin desde hace semanas. El gobernador santafesino Omar Perotti conversó y se reunió con él remarcando la necesidad de evitar que la empresa cayera en quiebra con severo impacto en la economía provincial. Según confidentes de Palacio los dueños de la empresa le ofrecieron al presidente una suerte de pacto. Llegó por vías informales a través de emisarios del sector productivo y de dirigentes políticos cuyos nombres nadie revela. El mensaje –metaforizan funcionarios empinados– era: “te doy las llaves y hacete cargo”. Sin erogación de fondos públicos a cambio de no investigar conductas. “No los perseguiré –replicó Fernández– ni debo hacerlo, es resorte del Poder Judicial. Pero tampoco me haré cargo de sus trastadas”. Que son abundantes y contaron con anuencia, acaso complicidad penal, de altas autoridades del Banco de la Nación Argentina (BNA).
El aviso estaba previsto para el viernes, se postergó por un imprevisto: una hernia que afectaba al interventor Gabriel Delgado. El Presidente, sigiloso, no anticipó nada a los popes empresarios cuando los reunió en Olivos la semana pasada.
El proyecto de ley de expropiación debe mandarse pronto al Congreso: la intervención se fija por plazo limitado. Entrará por el Senado, la Cámara en la que el oficialismo tiene cómoda mayoría.
Gran exportadora, con facturación colosal, la empresa cayó en cesación de pagos como consecuencia –entiende el principal morador de la quinta de Olivos– de haber derrapado a la especulación financiera y de manejos turbios que los jueces deben develar.
El devenir del concurso preventivo de acreedores aceleró la medida. Según información disponible en la Casa Rosada crecía una preocupante perspectiva: que comprara una empresa extranjera ganando espacio en el comercio de granos y biocombustibles. Como informó el colega Raúl Dellatorre en Página/12 se especulaba que podrían hacerlo la francesa Dreyfus, la suiza Glencore o la norteamericana Cargill. Ninguna lo admitió públicamente. También se temía que tallara algún consorcio con empresarios argentinos y foráneos quedándose con un holding poderoso a precio bajo o vil… uno de los negocios rapiñeros que pueden prosperar en la actual crisis. El exministro José Luis Manzano activaba operaciones en ese sentido. “Manzano es un histórico especialista en comprar empresas quebradas” tipifica Fernández ante oídos confidentes. Una mala venta o una quiebra por falta de interesados desampararía a los acreedores de Vicentin. El principal es el BNA que le prestó fortunas sin cumplir recaudos legales básicos, acompañado por miles de productores y laburantes.
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El presidente le había encargado al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y a la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra que trabajaran el modo de intervención estatal. La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti le comentó que tenía redactado un proyecto de expropiación. Según refiere el presidente, él instó que se juntara con Kulfas e Ibarra. Opositores políticos o mediáticos y hasta tribus del propio Gobierno intuyen que “Anabel” trasladaba planteos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. AF lo niega: “recién le comenté a Cristina en detalle cómo se haría todo cenando el jueves pasado”. En cualquiera de las dos versiones, la oficial y la mayoritaria, CFK aprobó la movida. “Rescatamos una empresa en apuros, para preservar la fuente de trabajo y conservar presencia en un mercado estratégico”, responde AF a quien lo homologan con el presidente venezolano Hugo Chávez. “Chávez expropiaba empresas ricas, como Techint”, diferencia.
La expropiación es un límite a la propiedad privada fundado en el interés público. Según la Constitución nacional debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
En oficinas del Gobierno reconocen que no tienen todavía noción de cuál puede ser el valor actual de la mega empresa. En parte por su magnitud y diversidad de actividades. En parte porque su pasivo es exorbitante: la deuda concursal supera los 1300 millones de dólares. También porque es entre dudoso e imposible que se resuelva expropiar el patrimonio íntegro de Vicentin, todas sus unidades de negocios. El conglomerado versátil explota, por ejemplo, una bodega en Mendoza. Sería absurdo que el Estado se hiciera cargo de esa actividad. El ejemplo es evidente, sencillo, para nada el único.
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El interventor Gabriel Delgado cuenta con prestigio profesional que le reconoce hasta el columnista “pro campo” del diario Clarín. Se preserva la fuente de trabajo para alrededor de seis mil laburantes.
Los objetivos son ambiciosos: reactivar una “empresa testigo”, abrir el “sendero de la soberanía alimentaria”. Poner el pie, por primera vez tras muchos años en el comercio exterior de productos agropecuarios.
De nuevo: el presidente elige decir “rescate” mientras los opositores aluden, como siempre, a Venezuela y los peligros del socialismo. Olvidan que Vicentin pasó del estrellato a la caída durante el macrismo. Que sus dueños causaron una suerte de milagro inverso, desbarrancar a una empresa próspera. Daño auto infligido, inexcusable, “pre pandemia”, subraya Fernández. Que están siendo investigados por posibles delitos económicos. Que dejaron en la estacada a sus contrapartes y a sus empleados.
La decisión del Presidente fue recibida con euforia en Santa Fe, el habitualmente contenido Perotti la elogió con entusiasmo.
La discusión parlamentaría será tensa; voto a voto en Diputados.
Vicentin dejó de garpe a trabajadores y proveedores pero conchabó a estudios que facturan millonadas por día de labor… darán batalla en tribunales. De cualquier modo, en el Agora y aún en el mundillo mediático, los dueños son personas desacreditadas, impresentables, que no podrían mirar a la cara a quienes fueron sus interlocutores o dependientes.
La Vulgata de derecha anuncia expropiaciones en cascada. En la Casa Rosada lo niegan. El caso es único por la magnitud del holding, por su debacle, por su rol estratégico.
Una vez hecho el anuncio, el Presidente volvió a sumergirse en su agenda interminable: el canje de deuda, que ofrecerá novedades en estos días. La reapertura de industrias y comercios. Hasta tuvo tiempo para ojear cómo empezaba la autorización a los porteños para hacer running (ver aparte). Miró por tevé, cuentan allegados a AF: se enojó y se puso más nervioso que cuando tomó una medida inédita que hará historia.
10 de junio de 2020
Alberto Fernández rechazó críticas. El "rescate" en manos estatales abrió el debate
Intervención a Vicentin: Con oposición previsible y apoyos valorados
El presidente de la Nación insistió en la idea de "rescate" para explicar la intervención. ¿De qué se la rescató a Vicentin?. El diagnóstico que llevó al gobierno a tomar la decisión.
Por Raúl Dellatorre
El jefe de Estado se metió de lleno en la discusión con quienes sostienen que la decisión de que el Estado intervenga la empresa Vicentin y envíe al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a dicho complejo, es el inicio de una avanzada del Estado sobre la propiedad privada". Ni "chavización" ni estatización masiva. “Nadie puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas, esencialmente porque no creo en eso. La medida sobre Vicentin es algo absolutamente excepcional”, aseguró. “Nosotros no estamos expropiando una empresa próspera sino una compañía en quiebra que está en concurso de acreedores. Si funcionara normalmente, no hubiera pensado en nada de eso. Esa es la diferencia en la discusión de las políticas intervencionistas”, sostuvo explayándose sobre un aspecto que ya había abordado en la conferencia de prensa del lunes.
La idea del "rescate de Vicentin", que Alberto Fernández tomó de alguno de sus asesores y luego comenzó a analizar con el ministro Matías Kulfas, surgió a partir de las referencias a las ofertas que habían recibido los actuales titulares de la firma, las familias Padoan y Nardelli, para cederla a consorcios conformados por grupos financieros de la mano de algunas de las cerealeras internacionales más fuertes que juegan en el país. También hubo grupos de acreedores en la convocatoria, especialmente del sector de la producción, que fueron tentados a integrarse a estas propuestas.
El anzuelo inclusive se arrojó sobre el Banco Nación, pero ofreciendo como carnada un supuesto proyecto de capitales nacionales que proponían asociarse con el Estado, que intervendría capitalizando sus acreencias. En el banco fue el director Claudio Lozano el que advirtió que detrás de este intento podía estar una de las firmas cerealeras internacionales. Objetó que el Estado interviniera para apoyar un proyecto que iba a ser manejado por capitales privados y planteó la alternativa de transformar a Vicentin en empresa pública.
En forma paralela, en el despacho de Kulfas y de sus allegados, a pedido del presidente de la Nación, se hizo una proyección de las alternativas que presentaba el futuro de Vicentín. El diagnóstico duro indicaba que las alternativas más probables eran la absorción de la parte más rentable del holding en favor de algunos de los grupos que pujaban por ella (Cargill y Dreyfuss aparecían en la primera línea de especulaciones), o la quiebra y desguace del complejo empresario, escenario en el cual volvían a aparecer los mismos grupos comprando la parte más rentable del negocio. En ambas alternativas, acreedores locales (productores, proveedores y banca pública) y una gran masa de trabajadores (son 7000 en total) quedarían como víctimas directas.
Este diagnóstico movilizó la búsqueda de una "alternativa estatal", a la cual aportó el proyecto de expropiación de Anabel Fernández Sagasti (senadora por Mendoza). Las noticias de la semana pasada, respecto a la cercanía de un acuerdo para el ingreso de uno de estos grupos, aceleró los tiempos.
La operación de "rescate de Vicentin" tomó la forma de una intervención por decreto y expropiación posterior por ley. Una solución "imperfecta" para algunos desde el punto de vista jurídico, pero urgente. Más allá de las críticas despiadadas de personajes ya muy conocidos de la farándula ruralista, el respaldo de productores medianos federados y del sector cooperativista agrario es un paso importante. Por "necesidad y urgencia", Alberto Fernández anunció este lunes la medida económica más trascendente de su aún novel gobierno.
10 de junio de 2020
Repercusiones tras el anuncio de expropiación de la cerealera
Cruces y chicanas por Vicentin
Perotti explicitó su apoyo al plan de expropiación del grupo “por lo que significa” esa firma para su provincia y por “la preocupación que ha generado en muchísimos productores que son acreedores”. “Hay que resguardar no solamente ese esquema de productores que necesitan cobrar, acopiadores, sino una red muy importante de intereses concretos y genuinos de los santafesinos que tienen que cobrar”, añadió. El mandatario abogó porque la medida “acompañe el resguardo de esta empresa para que no la perdamos los argentinos y siga siendo parte de un sector que es estratégico”.
La intervención “repara una situación heredada del gobierno anterior, de los ricos para los ricos, en la que el principal aportante de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia se benefició con créditos otorgados por el gobierno anterior, utilizados en maniobras especulativas y para eludir impuestos”, apuntó Yasky. “Es una medida importante para Santa Fe”, consideró el diputado de esa provincia Marcos Cleri, al destacar que otorga “previsibilidad a proveedores y productores” además de “garantizar las fuentes laborales”. El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, de Consenso Federal, advirtió por su parte que “hay que tener cuidado con la litigiosidad que puede traer al Estado, dado que Glencore (la firma suiza asociada a Vicentín) es socio de algunos campeones globales de litigiosidad”. “Ya hubo una experiencia similar con la estatización de YPF y no debería repetirse”, añadió.
Desde el mundo sindical, el titular de Uatre, Ramón Ayala, dijo que la decisión “es correcta” dada la situación financiera de la cerealera y el riesgo que corren “más de 4.000 trabajadores”. Daniel Yofra, de la federación de aceiteros, expresó que “es un alivio para los trabajadores” porque “se venía avizorando que Vicentin no quería cumplir con el último convenio paritario”, aunque fue cauto sobre el futuro porque sospecha que la empresa buscará artilugios para frustrar su paso a manos estatales. “Hay que ver que pasa, de estos títulos ya estamos cansados”, dijo a InfoGremiales.
El director de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, destacó que con esta decisión “el Estado puede ganar una posición estratégica en el comercio exterior de granos y en los puertos, algo que no ocurría desde 1973”. “Se podrá controlar cerca del 10 por ciento de la exportación con una empresa pública testigo”, añadió el dirigente del Movimiento Popular La Dignidad. El diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, la consideró una “medida histórica por su magnitud y la importancia de la empresa”. La cerealera “no solo estafó a los bancos estatales sino también a miles de productores, y puso en riesgo miles de puestos de trabajo”, destacó. Gastón Harispe, diputado del Parlasur, la consideró una medida “esperada, necesaria, oportuna, porque la Argentina a través del Estado entra al negocio de la exportación de cereales con un instrumento muy importante que regulará el mercado y hará que nuestro productos favorezcan el desarrollo de todas las economías regionales, del mercado interno y del comercio exterior”, añadió el secretario del Movimiento Octubre.
El dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Angel “Lito” Borello, afirmó que Vicentin “en manos del Estado será una herramienta de carácter estratégico hacia el desarrollo económico y el ejercicio de la soberanía”. El subsecretario de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local, Daniel Menéndez, remarcó que “así como la recuperación de YPF fue un gran triunfo para la soberanía nacional, también lo es esta expropiación para poder intervenir y ser parte del entramado agroindustrial”. “Nos ayudará a garantizar la alimentación a un bajo costo para todos los argentinos”, completó el coordinador de Barrios de Pie-Somos. Para el secretario de la Federación de Tierras y Vivienda y presidente de Miles, Luis D´Elía, “es la mejor medida que se haya tomado para el sector agropecuario en los últimos 50 años”.
Desde la oposición, la ex ministra Patricia Bullrich señaló que “ahora la deuda de Vicentin es de todos los argentinos”. La intervención implica “un verdadero abuso de poder”, dijo la dirigente del Pro, que invocó la Constitución Nacional para afirmar que “lo privado es privado” (sic). A sus críticas se sumó el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien dijo que “hay que salvar a las pymes y no socializar un problema de una empresa: si sobra un peso, hay que usarlo para las pymes”. El ex senador Eduardo Duhalde intentó situarse en un punto medio al considerar “loable el propósito del Gobierno” y al mismo tiempo criticarlo porque su decisión se concretó en “forma abrupta” y eso generaría “un conflicto innecesario con el campo”.
10 de junio de 2020
La banda ilegal de la AFI averiguó muchas cosas, menos una fundamental
Espionaje ilegal: El trabajo sucio de los Super Mario Bros a CFK
El juez Villena investiga diálogos de los agentes con una funcionaria de llegada directa a Macri. Hay operaciones de espionaje incluso contra distintos sectores de Cambiemos.
Por Raúl Kollmann y Sofía Caram
CFK el lunes al ingresar a los Tribunales de Lomas, donde escuchó, durante dos horas y explicado en pizarrón, todos los seguimientos que le hicieron.
Imagen: Télam
Imagen: Télam
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, investiga los diálogos mantenidos por el grupo de espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), autodenominado Super Mario Bros, con una funcionaria de la Casa Rosada, la coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo. Todo indica que la banda le enviaba informes, por ejemplo, de una reunión secreta que mantuvo Cristina Fernández de Kirchner con Sergio Massa a fines de 2017, encuentro del que no tomó conocimiento la prensa. Lo mismo ocurrió con un supuesto viaje de CFK a Neuquén y una reunión --que en verdad no existió-- de la ex mandataria con dirigentes venezolanos. También Super Mario Bros, integrado por 18 agentes que reportaban al director de Operaciones Especiales, Allan Ruiz, hizo seguimientos e informes sobre las personas que acompañaban a CFK en cada citación en los tribunales de Comodoro Py.
El juez Villena investiga, en paralelo, la operación de espionaje ilegal en el penal de Ezeiza con la sospecha firme de que el objetivo era conseguir material, entre otras cosas, para apretar a los detenidos y lograr que se "arrepientan" e involucren a CFK en distintos delitos.
Banda
Como ya adelantó Página/12, en la banda SuperMarioBros participaron --según la investigación judicial-- ex policías de la Ciudad, alineados originalmente con el comisario preferido de Mauricio Macri, el fallecido Jorge El Fino Palacios, y luego con quien también fue jefe de la fuerza, Carlos Kevorkian; ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal; abogados, barras bravas, policías bonaerenses y hasta narcos.
Semejante mano de obra derivó en todo tipo de operaciones y desmanejos, con parte de la banda reportando a distintas terminales. Un ejemplo muy claro de cómo se manejaba el espionaje ilegal en la AFI es que el falso abogado Marcelo D'Alessio, monitoreado por dos comisarios bonaerenses vinculados a la AFI, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, terminó dedicándose también a extorsionar a empresarios y a aduaneros.
Por lo que encontró Villena, especialmente en el celular de un exmiembro de la Policía de la Ciudad, Leandro Araque, el grupo también se comunicaba de forma habitual con la Casa Rosada. El diálogo era, supuestamente, con Susana Martinengo, cooordinadora de Documentación Presidencial, un cargo con oficina en la Unidad Presidente. La funcionaria era de absoluta confianza de Mauricio Macri, respondía las cartas del público dirigidas al mandatario, tenía fama de cazadora de brujas contra el kirchnerismo y, como es obvio, resolvió dejar su puesto el mismo día en que Cambiemos dejó el gobierno, el 10 de diciembre. Ya antes, seguramente decepcionada por el resultado de las PASO, dejó de contestar las cartas.
Según lo recopilado hasta ahora por el magistrado de Lomas, la banda seguía las órdenes de Ruiz, pero el descontrol era de tanta envergadura que había informes para otras terminales del macrismo y operaciones de espionaje incluso contra distintos sectores de Cambiemos.
Foco
De la evidencia que aparece en la causa de Lomas, surge con claridad que uno de los objetivos era seguir a quienes acompañaron a CFK en las distintas citaciones a Comodoro Py. En primer lugar, por supuesto, a su abogado Carlos Alberto Beraldi, que se encontraba con autos estacionados invariablemente en la esquina de su estudio. En el material recopilado por Villena aparecen fotos de personas que concurrieron a esa oficina.
Llama la atención el seguimiento del intendente de Avellaneda, Jorge Ferrarresi, que estuvo con CFK en Comodoro Py en octubre de 2017. En el celular de Araque se encontraron numerosas referencias a Ferrarresi y, como una particularidad, en muchos casos se incluía material falso para impresionar a los jefes: en el caso del intendente de Avellaneda trataron de vincularlo con la barra brava de Racing.
Respecto de CFK también hay información verdadera e información falsa. Es verdad que a fines de 2017 la ex mandataria mantuvo una reunión con el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en tiempos en que la relación era de enfrentamiento. Fue un intento de recomponer el vínculo. En el equipo de CFK admiten que el encuentro existió y que nunca se filtró a la prensa.
También apareció entre las pruebas el informe sobre un viaje, en marzo de 2019, a la provincia del Neuquén. Hay un rastreo en el que colaboran hombres de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a quienes se les pregunta si la mandataria despegó de Ezeiza o de San Fernando. En realidad, el viaje no se concretó: CFK iba a ir al Neuquén a acompañar un candidato pero al final desistió.
En los intentos de impresionar a los jefes y darle importancia a su labor, la banda informó de una reunión de CFK con supuestos "dirigentes venezolanos", a los que no pudieron identificar. El equipo de la ex presidenta dice que no existió esa reunión y que el informe es falso.
Lo que sí es real --y no deja lugar a dudas-- es una enorme cantidad de fotos y seguimientos a partir de la puerta del Instituto Patria y del edificio de la calle Juncal, donde vive la actual vicepresidenta. Entre las evidencias hay imágenes tomadas desde cámaras de seguridad, supuestamente colocadas por el Gobierno de la Ciudad, pero que, da toda la impresión, fueron provistas por un empresario vinculado a Ruiz y a la exministra Patricia Bullrich, la referente de Ruiz.
Por otra parte, en el celular de Araque hay conversaciones entre los integrantes de la banda en las que hablan de los horarios a cubrir frente al Patria o el edificio de Juncal y mencionan a quien sería un productor del canal América, al que apodan como Pirincho, a quien le hacen llegar material del espionaje ilegal. Algunas conversaciones son tan antiguas que se refieren a operaciones de infiltración en actos de Unidad Ciudadana, con el objetivo de producir incidentes.
Como ya adelantó Página/12 el domingo, los investigadores se sorprendieron porque "Araque hace años que no borra nada en su celular", una demostración del descontrol y lo que en el mundo de la inteligencia llaman "falta de profesionalismo". Quienes conocen ese mundo sostienen que los policías, penitenciarios, abogados y barras bravas que el macrismo sembró en la AFI, de inmediato se sintieron James Bond, espiaron sin límites, de manera impune, llevaron y trajeron información, armaron causas, extorsionaron, se mezclaron con narcos, repartieron escuchas ilegales entre periodistas adictos. Pero --según parece-- no le llevaron a Macri la información clave: que CFK iba a lanzar la candidatura presidencial de Alberto Fernández. De eso, que dio vuelta la historia, no detectaron nada.
10 de junio de 2020
Fueron espiados por el gobierno de Macri y ahora intentan evitar una crisis interna
Espionaje ilegal: Los malabares de las víctimas que pertenecen a Juntos por el Cambio
El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que esta semana concurrirá en calidad de víctima al juzgado que investiga el caso y aseguró que no cree que Mauricio Macri esté involucrado. María Eugenia Vidal había denunciado espionaje en marzo de 2019 y ahora se confirma que la vigilaban. Entre los espiados por la AFI macrista también figuran Diego Santilli, Eugenio Monzó, Nicolás Massot y otros.
Por Werner Pertot
Según fuentes judiciales, Rodríguez Larreta tenía que ir este martes al Juzgado de Lomas de Zamora y pidió postergar su presentación para finales de esta semana.
Imagen: Kala Moreno
Imagen: Kala Moreno
Primero fue mirar para otro lado. Luego fueron frases de ocasión en las entrevistas, del estilo "no tengo conocimiento de la causa". Pero, a medida que crece el escándalo del espionaje por parte de la AFI en tiempos de Mauricio Macri, aquellos dirigentes de Juntos por el Cambio que figuran entre las víctimas tienen menos margen para hacer como que nada ha sucedido. El que más esfuerzo venía haciendo por eludir las preguntas era el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Finalmente, confirmó que esta semana irá al juzgado de Lomas de Zamora "en calidad de víctima" y, rápidamente, buscó desvincular al ex presidente Macri de la causa: “Estoy convencido de que no tiene nada que ver”, afirmó. Otros en su mismo espacio no están tan seguros.
Hace una semana, cuando se conoció el espionaje a periodistas, empresarios y hasta dirigentes del propio espacio político de Cambiemos, uno de los referentes del larretismo le comentó a este diario: "¿Te diste cuenta? Todos los espiados son del 'ala dialoguista'". Se refería al sector que actualmente se referencia en Larreta y María Eugenia Vidal y que está lejos del ala dura, comandada por Macri y su lugarteniente, Patricia Bullrich. Además del jefe de gobierno, en la lista de los espiados están la ex gobernadora bonaerense, el vicejefe Diego Santilli; el ex titular de Diputados Emilio Monzó y el ex jefe de bloque de Diputados del PRO Nicolás Massot. En la causa, también figuraría un escrito sobre el ex ministro de Seguridad bonaerense y actual jefe de la bancada en Diputados del PRO, Cristian Ritondo. Todos ellos son hoy del ala "dialoguista" del espacio, alejada de Macri. El único que desentona con esa hipótesis es el diputado Waldo Wolff, que siempre perteneció a la línea dura.
Larreta al principio eludió las preguntas con el pretexto de que le faltaba informarse sobre la causa. Pero finalmente salió con una respuesta más elaborada: "Esta semana me voy a presentar ante el juez que me citó en calidad de víctima. Yo confío en que la Justicia investigue a fondo para determinar los hechos y las responsabilidades", indicó el jefe de gobierno que, no obstante --según fuentes judiciales-- tenía que ir el martes al juzgado y pidió postergar su presentación hacia finales de esta semana.
El jefe de gobierno de la Ciudad está en un aprieto: figura como víctima de la AFI de Macri, con el que continúa en el mismo espacio político, aunque no exento de tensiones. Tal vez por eso se apuró, antes de ver la causa, a desvincular al ex presidente de la investigación: "Repudio estos procedimientos, sobre mí o sobre cualquiera, pero estoy convencido de que ni Mauricio Macri ni su gobierno han tomado ninguna decisión política en esta dirección: estoy convencido de que no tiene nada que ver".
Larreta optó por generalizar y dijo que las acciones de los servicios de inteligencia fueron un problema para "muchos gobiernos durante muchos años". "Si hubo un gobierno que ha demostrado transparencia y calidad institucional, respeto a las libertades e independencia de poderes, fue el de Macri”, se esforzó el mandatario. Omitió, adrede, el detalle de que Macri ya estuvo procesado cuando era jefe de gobierno porteño por presunto espionaje ilegal contra su cuñado Néstor Leonardo y el familiar de una víctima de la AMIA Sergio Burstein. Cuando asumió la Presidencia, fue absuelto en días y el juez que lo había procesado acordó su renuncia para evitar un juicio político.
Por su parte, el vicejefe Diego Santilli aseguró que hay que "confiar en la Justicia, que tiene que ir a fondo, y confiar en el espacio que uno representa". "Es espantoso, es feo, pero me parece que también uno tiene que ir, escuchar, ver lo que sucede y qué plantea la Justicia", afirmó.
Vidal espiada
Pero quizás lo más complicado, tanto para las relaciones internas del espacio político como en términos judiciales, es la aparición de Vidal entre las víctimas. Esto es así porque ella se enteró en marzo de 2019 que estaba siendo espiada por la AFI y le llevó el tema directamente al entonces presidente Macri. El mandatario le aseguró que no era así y las autoridades de la AFI negaron todo.
La novedad de que a Vidal la espiaban fue un desprendimiento de la causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla y que tenía como protagonista a Marcelo D'Alessio. El falso abogado trabajaba con dos ex comisarios de la Policía Bonaerense, uno de los cuales había tenido a su cargo en 2017 instalar bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires, supuestamente para ayudar en la lucha contra el narcotráfico. Fue una operación que se desactivó cuando Ritondo --como ministro de Seguridad-- obtuvo una escucha legal en la que quedaba claro que le estaban haciendo espionaje a su propio gobierno: tanto a Vidal como a él. Luego de que le acercara esa información a la gobernadora, Vidal pidió a Macri desactivar esas bases de la AFI. Eso fue en 2017. Y, a comienzos del año pasado, se enteró nuevamente de que la espiaban y hubo un nuevo escándalo interno.
Ritondo abrió en ese momento una investigación dentro de la Policía provincial. El jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, muy cercano a Vidal, dijo que si se probaba el espionaje "habrá consecuencias". Pero esas pesquisas quedaron en el olvido hasta ahora, cuando se vuelve a confirmar (por tercera vez) el espionaje a Vidal desde el gobierno de Macri.
La ex gobernadora está esperando ser citada y todavía no resolvió si se constituirá como querellante. Lo mismo ocurre con Monzó, que está estudiando con su abogado impulsar la acción penal en esa causa. Habrá que estar atentos a esa cronología: si se confirma --como señalan algunas versiones-- que el espionaje a Vidal se detuvo de pronto, será importante saber si coincide con el momento en que ella le fue a plantear a Macri que la AFI le estaba haciendo seguimientos.
En las conversaciones internas del PRO --que, en buena parte, están suspendidas por las diferencias políticas que emergieron durante este año-- todavía el tema no se trató, aunque a nadie se le escapa que uno de los implicados en la causa actual --Alan Ruiz-- era cercano a Patricia Bullrich. Habrá que ver si la sangre finalmente llega al río.
Fuente:Pagina12
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