La decisión la tomó el Gobierno de Kicillof,en sintonía con la administración nacional. Los cuestionamientos al Servicio Penitenciario en la causa del espionaje.
El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió disolver la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con el objetivo de “transparentar y democratizar” la actuación del organismo.
La decisión fue adoptada en las últimas horas y está en línea con la misma medida que se adoptó en el Servicio Penitenciario Federal tras los últimos acontecimientos públicos sobre los episodios de inteligencia sobre personajes públicos y presos conocidos años atrás.
Hay que tener en cuenta que el Servicio Penitenciario bonaerense sufrió fuertes cuestionamientos relacionados con la causa que investiga el espionaje ilegal realizado en el Gobierno de Mauricio Macri port tareas de inteligencia que se le realizaban a exfuncionarios presos de la administración kirchnerista en las cárceles de la mprovincia de Buenos Aires.
Recientemente, el propio ministro de Justicia bonaerense Julio Alak reconoció ante dos comisiones de la Cámara de Diputados que las cárceles bonaerenses están desbordadas y que el SPB “es una deuda de la democracia”.
Entre otras cosas, el funcionario remarcó que falla el sistema de control de presos que son beneficiados con salidas transitorias y prisiones domiciliares, al tiempo que cuestiono que más de 22.000 mil internos fueran habilitados por la Justicia para utilizar teléfonos celulares.
“El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se convirtió en el único condenado por los organismo internacionales por la situación de crisis humanitaria. La situación que encontramos, y no para echarle la culpa al gobierno anterior sino que es una deuda de la democracia, es catastrófica”, consideró el ministro.
Días atrás, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia por “producción de inteligencia ilegal” durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri en perjuicio de unas 500 personas, entre ellos políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.
Además, la flamante interventora interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex jueza de Cámara María Laura Garrigós de Rébori, explicó en una entrevista con Télam que se dedicará especialmente a analizar la actuación del servicio de inteligencia de su organismo, tras hacerse pública la investigación que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.
Fuente:NoticiasUrbanas
Policía hostiga a comunidad wichi en Salta / Denuncian serias carencias en Rivadavia Banda Sur
Resumen Latinoamericano, 21 junio 2020.-
Foto:Archivo.
La comunidad Imakta Nekye Wichi asentada a 10km sobre la ruta 86 Tartagal, Salta se encuentra hostigada por personal policial para abandonar sus tierras de ocupación ancestral y actual. Los pobladores Wichi utilizan esos territorios para actividades de caza y recolección con lo que sustenta a las familias además de la siembra tradicional.
La Policía argumenta que en el marco de la pandemia por el COVID 19 tiene la órden de actuar en situaciones de precariedad ocupacional pese a la vigencia de la Ley 26.160 que impide los desalojos en territorios indígenas.
Los pobladores resisten en el predio esperando la presencia de las autoridades competentes.
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Una comunidad de Rivadavia Banda Sur no pudo recibir el bono de 10 mil pesos por no contar con los servicios necesarios
Las comunidades originarias de Salta son las más necesitadas de toda la provincia, y la cuarentena lo remarca constantemente. En Rivadavia Banda Sur, la comunidad wichí San Felipe se quedó sin el bono del ANSES por no poder hacer los trámites.
La zona es completamente rural, no tienen internet y muchos no cuentan con teléfonos celulares, lo que les impide realizar los trámites correspondientes. Así lo comentó Dalmiro Acosta, referente de la comunidad, en diálogo con Qué Pasa Salta.
Esta situación se vive en varias de las comunidades originarias, sin importar los cambios de dirigentes. El reclamo señala primero a Marcos Vera, elegido por el Gobierno Nacional para dirigir el ANSES, que todavía se encuentra ausente en San Felipe.
Con más urgencia, reclaman a Leopoldo Cuenca, el intendente de Rivadavia Banda Sur hace más de 15 años, que a pesar de su antigüedad no advirtió que gran parte de su comunidad no podría acceder a este bono. Acosta remarcó que en varias ocasiones realizaron reclamos Cuenca, pero las comunidades alejadas del pueblo siguen estando abandonadas.
Esta problemática se suma a otras importantes necesidades de las comunidades de la provincia, incluyendo la Emergencia Sociosanitaria y el coronavirus. También tienen problemas con el agua contaminada, un gran nivel de desnutrición y hambre, y la falta de una salita de primeros auxilios.
Denuncian que a Facundo Scalzo, de 20, lo mató la Gendarmería en un nuevo caso de gatillo fácil
Por Carlos Rodríguez y Adriana Meyer, Resumen Latinoamericano, 20 junio 2020
“Lo mataron a mi hijo y se me cagaban de risa en la cara”
Tres miembros de la Gendarmería Nacional fueron detenidos y acusados del delito de «homicidio calificado».
“Lo mataron a mi hijo y se me cagaban de risa en la cara”. Andrea Scalengue denunció que su hijo Facundo Scalzo, de 20 años, fue “asesinado de cuatro tiros (dos de ellos en la espalda) en un caso de gatillo fácil que no debe quedar impune”. Por el hecho ocurrido en el barrio Rivadavia I, en el bajo Flores, fueron detenidos tres integrantes de Gendarmería Nacional, quienes están imputados por el delito de “homicidio calificado”.
La información fue confirmada a Página/12 por Yamila Cirigliano, coordinadora del Area Interdisciplinaria de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, cuya titular es Gabriela Carpineti. La abogada Romina Avila fue designada por la dirección nacional para que represente en la causa a la familia de la víctima.
Cirigliano explicó que los gendarmes, al prestar declaración en la causa, hicieron “un relato que es muy incongruente, porque dicen que fueron al barrio ante la denuncia de un supuesto robo por parte de una vecina”. El dato está en el sumario administrativo abierto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero por el momento “no hay constancia del llamado al 911” e incluso habría otra versión según la cual habían ido a buscar directamente al joven que fue asesinado. Lo cierto es que “no hay constancia de la denuncia de la vecina”.
“Mi hijo no era chorro ni narco”, declaró la mamá del joven, para rechazar versiones difundidas al voleo por algunos medios periodísticos. Cirigliano confirmó que el joven “no tenía antecedentes, nunca tuvo una entrada” por delito alguno. Los gendarmes aseguraron que cuando llegaron al barrio “vieron correr a dos jóvenes y comenzaron a seguirlos”. Según los dichos de los tres detenidos “ellos dispararon hacia las piernas, pero la médica que atendió al joven en el Hospital Piñero, donde murió a los pocos minutos de haber ingresado, le dijo a la madre de Facundo que tenía dos balazos en la espalda”, que fueron los que le causaron la muerte. Ahora se aguarda el resultado de la autopsia, para confirmar ese dato y para saber por dónde ingresaron los otros dos balazos, que habrían dado en los brazos de la víctima.
Cirigliano recordó que a fin de año, con la asunción del actual gobierno, se había derogado la llamada Doctrina Chocobar, aprobada por la ex ministra de Seguridad del macrismo Patricia Bullrich. Esa doctrina había dado mayores libertades a las fuerzas de seguridad para disparar en caso de persecución.
“La Gendarmería tiene vigente de nuevo un protocolo de actuación específico que establece que deben dar la voz de alto antes de disparar, pero todo indica que eso no existió y que estamos asistiendo a una familia por un probable caso de gatillo fácil”, señaló Cirigliano en declaraciones a este diario.
El operativo de Gendarmería, que incluyó el despliegue de decenas de efectivos, fue repudiado por organizaciones barriales, sindicales y de derechos humanos. Fuentes de la comisaría de la Comuna Séptima dijeron que el joven recibió “dos tiros por la espalda y dos en los brazos”. El cuerpo de Scalzo estuvo tirado en el piso, en la esquina de Alfonsina Storni y Pasaje Roldán, durante 50 minutos, hasta que recién llegó la ambulancia del SAME. Durante ese tiempo, la madre no pudo acercarse a él para saber si estaba con vida, porque los gendarmes hicieron un cordón infranqueable, luego de transitar sobre la escena del crimen, como se advierte en un video realizado por vecinos.
La madre tampoco pudo subir a la ambulancia que lo llevó hasta el Hospital Piñero, donde murió a poco de llegar. Los gendarmes se lo impidieron y denunció que “una gendarme” la golpeó cuando intentó subir a la ambulancia, escena que se aprecia también en las imágenes difundidas.
La causa quedó a cargo de la jueza en lo Criminal y Correccional 55 Alejandra Allaud, quien al principio la calificó como “averiguación de causal de muerte”, pero ahora fue recaratulada como “homicidio calificado”. Los hechos ocurrieron el miércoles pasado en horas de la tarde.
Los vecinos del barrio afirmaron que Facundo Scalzo fue fusilado por la espalda. Uno de los vecinos, que lo conocía desde la infancia, refutó las acusaciones que hicieron sobre la víctima. “En un pibe honesto, ningún narcotraficante vive en la situación de pobreza que vive su familia”. Facundo vivía con su madre, su hija, su abuela y tres hermanos pequeños en el Barrio Rivadavia I, lindante con la Villa 1-11-14. El hecho ocurrió a unas cuadras, en el Barrio Rivadavia II. “Facundo estaba en la esquina, vinieron los gendarmes y le pegaron cuatro tiros. Lo dejaron morir, no me dejaron que lo levante. Se me cagaban de risa en la cara”, dijo su madre. Desde el Ministerio de Seguridad aguardarán hasta el lunes a la espera de lo que determine el juzgado de Alejandra Aillaud. «Si se comprueba que hubo uso indebido de la fuerza y violencia institucional serán echados de la fuerza», expresó la fuente consultada por Página12. A su vez, admitió que seguramente hubo tal abuso pero aclaró que actuarán cuando la justicia establezca esto como certeza. La Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, que depende del Ministerio, ya se presentó en la causa y el lunes tomaría conocimiento pleno sobre el estado de la causa.
En el lugar fueron secuestradas varias armas y vainas servidas. Los gendarmes dijeron que hubo un tiroteo y que hallaron un arma que pertenecería a la víctima, una versión que siempre circula desde los voceros de las fuerzas de seguridad cuando ocurre un hecho de estas características. Ya se hicieron los estudios para determinar si los tres gendarmes dispararon y si lo hizo la víctima.
El Comité de Crisis del Bajo Flores y el Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 7 emitieron un comunicado en el que expresan “bronca, enojo y profundo repudio frente al homicidio de Facundo Scalzo en manos de integrantes de la Gendarmería Nacional”. También repudiaron el crimen desde la parroquia del barrio, y los docentes del barrio, a través de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Informe de la situación represiva. 90 días de cuarentena
Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2020
Antes de que la realidad mundial estuviera atravesada por la crisis de la pandemia, e incluso antes de la llegada del nuevo gobierno, desde nuestra organización construimos una agenda antirrepresiva con “algunos puntos irrenunciables en materia de represión y violaciones a los DDHH en nuestro país”, cuestiones todas por las que venimos peleando hace 30 años en CORREPI.
Planteamos esa agenda en el marco de la expectativa abierta sobre la necesidad de derrotar al macrismo, para exigir que, ganara quien ganara, se tomaran y cumplieran esos mínimos reclamos.
A poco de asumir el nuevo gobierno, cuando desde el ministerio de Seguridad se nos convocó para conocer nuestro diagnóstico de la situación represiva, entregamos a la ministra Sabina Frederich esa misma agenda urgente e imprescindible. Poco después vino la pandemia y desde el gobierno se tomaron las medidas de aislamiento que todxs conocemos.
Sin cuestionar las medidas de cuarentena o aislamiento, recomendadas por los profesionales de la salud, que la mayor parte del país ha tomado con responsabilidad, salvo los sectores de la derecha más conservadora de nuestro país (empresarios, grandes medios de comunicación, el sector “anticuarentena”), es fácil ver que los sectores más precarizados y vulnerados han sido los más afectados por la pandemia, no solo porque no se les garantizan las medidas de protección correspondientes, sino porque en los barrios populares muchas veces no llega ni el agua corriente, mucho menos otros elementos indispensables como el alcohol en gel y otros productos de higiene. Ante los brotes, producto de la falta de esas medidas, se respondió con presencia policial.
Señalamos también la muy alarmante situación en los lugares de encierro, particularmente las cárceles. En cuanto se planteó una medida como la posibilidad de arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras soluciones procesalmente adecuadas para la población carcelaria en riesgo, nuevamente la presión de sectores reaccionarios bloqueó esas medidas, que fueron respondidas con la represión a los reclamos por las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de su libertad sin los privilegios de os que gozan represores, genocidas y otros «presos VIP».
Del mismo modo, destacamos la falta de soluciones concretas para mujeres en situación de violencia machista y para el colectivo LGTTBIQ+, seriamente afectado por el creciente accionar represivo y que, como todo, sólo encuentra respuesta en la organización colectiva.
Durante estos tres meses, situaciones extremas como las de los pueblos originarios no han hecho más que empeorar, mientras actividades como el desmonte indiscriminado, las fumigaciones con glifosato y otras actividades extractivistas han continuado, con el visto bueno de los gobiernos nacional y provinciales.
En este escenario, reafirmamos el repudio a que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento. Son las mismas fuerzas represivas que continuaron reprimiendo desde el comienzo de la democracia y que,en los últimos cuatro años, asesinaron un promedio de una persona cada 19 horas porel gatillo fácil o en lugares de detención. Las mismas que hacen a diario festivales de detenciones arbitrarias, que torturan sistemáticamente en cárceles y comisarías, que reprimen a lxs trabajadorxs que se organizan para defender sus derechos y que desaparecieron a Luciano Arruga, Santiago Maldonado y ahora a Luis Espinoza, entre otros casi 200 desaparecidxs en democracia.
En estos 90 días hemos publicado casi 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios.
A pesar de las dificultades que presenta estar organizadxs en esta situación hemos podido hacer un chequeo parcial de los casos a incluir en el Archivo, es decir, de hechos represivos que culminaron con la muerte de personas, lo que muestran los datos objetivos es que el gatillo fácil no disminuyó significativamente a pesar del brusco descenso de circulación de personas en la vía pública. Algunos casos tuvieron variada repercusión, como los fusilamientos de Nahuel Gómez en Temperley el 28 de marzo; Gastón Mirabal en Córdoba el 3 de junio; Rubén Sarso en CABA el 27 de abril; Alan Maidana en Berazategui el 24 de mayo; Lucas Barrios en la Isla Maciel el 30 de mayo; Augusto Itaurralde el 14 de junio en Plátanos y su amigo Diego Arzamendia apenas 48 horas después en Berazategui, o el más reciente de Facundo Escalso en el Bajo Flores, CABA, pero la mayoría apenas si trascendieron el remanido titular de “Motochorro abatido” o similar, aunque haya cuatro balazos por la espalda y las únicas vainas sean de la reglamentaria del oficial. Con las dificultades apuntadas, son más de una docena los casos de gatillo fácil que hemos podido verificar desde el 20 de marzo.
El incremento exponencial de detenciones arbitrarias, que se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías, también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales. Entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, registramos 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles, siempre destacando que no son todos los hechos ocurridos, sino los que hasta el momento pudimos confirmar.
En diciembre de 2019 exigimos el cumplimiento de una AGENDA URGENTE e IMPRESCINDIBLE en materia antirrepresiva. Hoy nos vemos obligadxs a retomar estas exigencias, ante la situación represiva que se vive en un contexto por de más desfavorable para los sectores más vulnerados:
- Detenciones arbitrarias:
- Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
- Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
- Legislación penal, contravencional y procesal:
- Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en estos casi cuatro años en toda la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
- Retiro inmediato de la agenda del Congreso Nacional del proyecto de reforma del Código Penal, que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores, y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que contempla la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.
- Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
- Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.
- Estructura y protocolos de actuación de las fuerzas:
- Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
- Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
- Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y abogadxs particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
- Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
- Ciberpatrullaje.
- Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (es decir, espionaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.
Políticos, jueces y espías en los sótanos de la Democracia
Por Guillermo Cieza, Resumen Latinoamericano, 21 junio 2020
Una de las noticias más fuertes de los últimos días ha sido el escándalo politico y mediático producido por la investigación de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) , Cristina Camaño que desnudó las operaciones del grupo que se autodenominaba Super Mario Bros. En este grupo participaban agentes de la AFI, pero involucraba también a funcionarios penitenciarios y de otras fuerzas de seguridad, a narcotraficantes, a funcionarios judiciales y periodistas, y se reportaba directamente a la Secretaría de la Presidencia donde su interlocutora era Susana Marinengo, una funcionaria de extrema confianza de Mauricio Macri. Los delitos cometidos por este grupo incluyen desde espionaje ilegal a politicos opositores y a posibles opositores internos dentro de Cambiemos, actividades conjuntas con servicios de inteligencia extranjeros, operaciones de ablande a testigos o imputados para que incriminen a otros en causas judiciales, colocación de explosivos como forma de amedrentamiento, escuchas ilegales a presos, etc. Por su composición y forma de accionar el grupo descubierto parece muy similar al que investigó y procesó el Juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, que detuvo al agente de inteligencia vinculado con Estados Unidos, Marcelo Sebastián D’Alessio, y procesó al aún fiscal Carlos Stornelli, a los comisarios bonaerenses reclutados por la AFI Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, y al periodista del Grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro. Además de la composición y procedimientos, los grupos tienen en común que cuando se trata de identificar a sus titiriteros, los nombres se repiten: Claudio Arribas, Silvina Majdalani, Patricia Bullrich y Mauricio Macri.
Las palabras del Presidente Fernández denunciando su voluntad de terminar con los «sótanos de la democracia», ha provocado un revuelo político y judicial, que no tendría que limitarse al intercambio de acusaciones entre el gobierno y la oposición de derecha.
Los sótanos de la democracia son tan viejos como el retorno de los gobiernos constitucionales en 1983. Podría decirse que fueron una sobrevivencia de la dictadura en las propias bases de un sistema político que se propuso erradicarla. Como hecho símbolico de esta sobrevivencia podemos mencionar a la aparicion del represor Raúl Guglielmineti, que actuó en el Centro Clandestino Orletti, como parte de la custodia de Raúl Alfonsín.
Los sótanos de la democracia son tan viejos como el retorno de los gobiernos constitucionales en 1983. Podría decirse que fueron una sobrevivencia de la dictadura en las propias bases de un sistema político que se propuso erradicarla. Como hecho símbolico de esta sobrevivencia podemos mencionar a la aparicion del represor Raúl Guglielmineti, que actuó en el Centro Clandestino Orletti, como parte de la custodia de Raúl Alfonsín.
Con respecto a la Justicia, es bueno recordar que el gran armador de la Justicia Federal que hoy padecemos fue Carlos Corach, en tiempos de Carlos Menem. Como pertenecientes a ese armado, los memoriosos recordarán que en la famosa servilleta que Corach le mostró a Cavallo en 1996, figuraban dos jueces que han sido expuestos al desnudarse las últimas tramas mafiosas : Rodolfo Canicoba Corral y el recientemente fallecido Claudio Bonadío. Gustavo Arribas pudo conservar su cargo en la AFI porque Canicoba Corral lo sobreseyó en la causa Odebretch y Claudio Bonadío aparece como involucrado en distintas operaciones de la banda de D’ Alessio. Toda la presión que ejerció el macrismo para terminar de alinear a sus decisiones al Fuero Federal , se hizo sobre las bases de un monstruo que ya existía.
La Side cambio de nombre y empezo a llamarse AFI pero hubo una continuidad en sus procedimientos y sus objetivos antidemocráticos. El recorrido de Antonio «Jaime» Stiusso, que de empleado raso llegó a convertirse en el hombre fuerte de los servicios de inteligencia da cuenta de su continuidad. Ingresó con la dictadura de Lanusse en 1972, se mantuvo allí durante el gobierno constitucional del peronismo hasta el 76, siguió durante toda la dictadura y participó después en todos los gobiernos constitucionales hasta 2014 cuando fue desplazado por Cristina Kirchner.
Las operaciones de chantaje político con intervención de los servicios de inteligencia tiene un antecedente que llegó a definir una eleccion presidencial. En el año 2002, Carlos Reuteman era el candidato con más chances de ser elegido Presidente en las elecciones del año siguiente. Medía 40% en las encuestas, contaba con el apoyo de Eduardo Duhalde, todo el establishment mediático y debía enfrentar a un alicaído Carlos Menem. Por el lado del peronismo los otros candidatos no tenían chances. De la Sota no remontaba en las encuestas y un casi desconocido Nestor Kirchner aspiraba a crear una alianza de centroizquierda con algunos peronistas críticos y disidentes del radicalismo como Elisa Carrio, sin mas pretensión que posicionarse como tercera fuerza. Fue en ese momento cuando Reuteman recibió la visita de Nair Menem, sobrino de su contendiente principal y despues de la cual decidió retirar su candidatura. De lo sucedido allí surgió una frase atribuida al renunciante «Vi, algo que no me gustó». Años después el propio Reuteman ha desmentido esa frase como suya. Trascendidos de aquellos años comentaban que lo que le mostró Nair Menem fue el video de una orgía en el que participaba el candidato junto a otros políticos y el arzobispo de Santa Fe, Monseñor Edgardo Gabriel Storni. Los antecedentes de Storni que fue procesado y condenado por abusos sexuales gracias al testimonio de 47 seminaristas y las declaraciones del propio Reuteman que al desmentir aquella frase famosa aseguró que «si algo tiene sano es el culo», dan pie para suponer que el video y la operación existieron.
La vocación de Mauricio Macri por el espionaje parece provenir no tanto de la política sino de del mundo empresarial. Macri, al igual que otros personajes como Trump, han sido habituales consumidores de servicios de inteligencia privados o públicos para desestabilizar competidores, chantajear funcionarios o tener información privilegiada para comprar o vender acciones o empresas. En el caso de Macri, llegó a espiar a su propia familia. El capitalismo lumpenizado que expresa Macri, cuya ganancia esta más ligada a contar con información privilegiada, contactos y funcionarios sobornados que a la eficiencia productiva, aporta un nuevo torrente de mugre a los sotanos de la democracia.
Finalmente han seguido vigentes las operaciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, otras fuerzas de seguridad y servicios extranjeros. Desde 2004 y hasta 2012 estuvo en funcionamiento el proyecto X de Gendarmería Nacional que reunía informaciones de movimiento sociales, gremios, partidos de izquierda, militantes de derechos humanos, referentes villeros y centros de estudiantes. Estas informaciones fueron utilizadas en causas penales contra trabajadores acusados de corte de ruta, ocupaciones de empresas, etc. Años más tarde y con el gobierno macrista, Gendarmería siguió ejecutando actividades de inteligencia en el caso Santiago Maldonado y otras actividades represivas contra pueblos originarios.
En las últimas revelaciones producidas a partir del descubrimiento de la banda Super Mario Bros, apareció la vinculación de estos grupos con servicios extranjeros en relación a la reunión del G20. Pero puede asegurarse que la vinculación de servicios extranjeros norteamericanos y el Mossad de Israel ha sido constante y permanente desde los tiempos de la dictadura.
El Mossad tuvo activa participación aportando datos falsos y testigos truchos en la causas Amia y del Memorando con Iran y posteriormente con las operaciones que rodearon a la muerte del Fiscal Nisman. Un reciente testimonio de uno de los miembros de esta organizacion reconoce a Nisman como «uno de los nuestros». El consorte de la ex-ministra de seguridad, Guillermo Yanco es un prominente sionista que estuvo vinculado a licitaciones y compras de tecnología y armamento de origen israelí para reequipar a las fuerzas de seguridad federales y provinciales .
En relación a las vinculaciones con Estados Unidos, funcionarios judiciales como Stornelli y Bonadio han sido asiduos concurrentes a la Embajada. Entre los políticos, toda la plana mayor del PRO ha mantenido vínculos, con protagonismos muy notorios como el de Elisa Carrió, que más bien pareció convertirse en una vocera de los temas de interés de la Embajada. La red WikiLeaks advirtió de otros vínculos de políticos como el ex rugbier Jorge O’Reilly, que fuera asesor del actual Presidente de la Camara de Diputados, Sergio Massa.
La existencia de los sótanos de la democracia y de los monstruos que la habitan es un hecho que debería avergonzar a todos aquellos que han gobernado por mandato constitucional desde 1983. Que sea denunciada su existencia es un paso adelante. Dirá la historia si el gobierno tiene vocación de afrontar la tarea de erradicar estas lacras, o se limitara a un maquillaje que permita que los monstruos sigan vivitos y coleando, no espiando al oficialismo pero si a las organizaciones populares. Si la tarea no se cumple se reforzará la sospecha de que, como sucede en las casas antiguas, los sótanos no son espacios que pueden suprimirse sin afectar todo la estructura. Son partes constitutivas y basales de esas construcciones.
La existencia de los sótanos de la democracia y de los monstruos que la habitan es un hecho que debería avergonzar a todos aquellos que han gobernado por mandato constitucional desde 1983. Que sea denunciada su existencia es un paso adelante. Dirá la historia si el gobierno tiene vocación de afrontar la tarea de erradicar estas lacras, o se limitara a un maquillaje que permita que los monstruos sigan vivitos y coleando, no espiando al oficialismo pero si a las organizaciones populares. Si la tarea no se cumple se reforzará la sospecha de que, como sucede en las casas antiguas, los sótanos no son espacios que pueden suprimirse sin afectar todo la estructura. Son partes constitutivas y basales de esas construcciones.
30.000 profesionales de la salud exigieron prohibir el glifosato en el país
Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2020
30.000 trabajadores de la salud en Argentina manifestaron luego que la Organización Mundial de la Salud llegara a la conclusión de que el herbicida es un cancerígeno probable para seres humanos.
Los trabajadores nucleados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), se pronunciaron esta semana sobre la disposición de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud y que concluyó que las aspersiones con glifosato podrían ser perjudiciales para la salud, puesto que es un cancerígeno probable para los humanos.
A través de un comunicado, la Entidad difundió los resultados del estudio que derrumbaría ‘‘el tablero del modelo de agronegocios’’, por el que cobra un nuevo impulso las denuncias hechas desde hace años por vecinos afectados y científicos fuera de las órbitas de las corporaciones.
«En nuestro a país se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas cada año, más de 320 millones de litros, lo que significa que 13 millones de personas están en riesgo de ser afectadas, según datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (RMPF). No solo la soja es adicta al glifosato, el herbicida se utiliza también para el maíz transgénico y otros cultivos. Donde cae el glifosato, solo crecen los organismos genéticamente modificados, todo lo demás muere”, aseguró Fesprosa en la misiva.
El sindicato argentino, que representa a más de 30 mil médicos y profesionales de la salud del país latinoamericano, es Miembro del Colectivo Sanitario Andrés Carrasco.
Andrés Carrasco, fallecido en 2014, fue un investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), quien demostró los daños del glifosato en embriones. Según Fesprosa, Carrasco fue atacado por la industria y las autoridades del CONICET por difundir sus investigaciones.
‘‘Hoy la OMS le da la razón. El glifosato no sólo provoca cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas”, aseguró el colectivo de trabajadores de la salud argentina.
Finalmente, afirmaron que las autoridades sanitarias, en particular el Ministerio de Salud de Argentina y los poderes políticos ‘‘no pueden seguir mirando para el costado, el agronegocio no puede seguir creciendo a costa de la salud de los argentinos’’.
Finalmente, afirmaron que las autoridades sanitarias, en particular el Ministerio de Salud de Argentina y los poderes políticos ‘‘no pueden seguir mirando para el costado, el agronegocio no puede seguir creciendo a costa de la salud de los argentinos’’.
Por tanto, los 30 mil profesionales de la salud de Argentina de la Fesprosa pidieron que se prohíba el glifosato en el país y que se abra un debate sobre la necesaria reconversión de los ‘agronegocios’, con la aplicación de tecnologías que no pongan en peligro la vida humana.
Fuente: El espectador/
Museo del Che «La Pastera» celebra 12 años con visita virtual y saludos de los protagonistas de su historia
CLATE /Resumen Latinoamericano, 21 junio 2020
El museo de homenaje al Che que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina fundó en la ciudad de San Martín de los Andes, cumple 12 años este sábado 20 de junio. Y en tiempos de pandemia, lo celebrará en forma virtual con una visita guiada desde el propio museo y con saludos de todas y todos los protagonistas de su vida institucional y su historia, a través de sus redes sociales.
La Pastera, uno de los espacios argentinos de homenaje a Ernesto Guevara, fue fundado por la Asociación Trabajadores del Estado el año del 80º aniversario de su nacimiento. A pocos días de la inolvidable celebración en la ciudad de Rosario, ATE abrió las puertas de un nuevo faro de divulgación de la vida y el pensamiento del Che en la Patagonia.
La historia de La Pastera se remonta a aquel 31 de enero de 1952 cuando Ernesto junto a su amigo Alberto Granado llegan en su moto que llamaban “La Poderosa”. “El primer ataque contra un dispensario de Salud Pública falló completamente, pero se nos indicó que podíamos hacer parecida tentativa en la dependencia de Parques Nacionales, cuyo intendente acertó pasar por allí y nos dio enseguida alojamiento en uno de los galpones de herramientas de la citada dependencia. Por la noche llegó el sereno, un gordo de 140 kilos bien medidos y una cara a prueba de balas, que nos trató con mucha habilidad, dándonos permiso para cocinar en su cuchitril. Esa primera noche la pasamos perfectamente, durmiendo entre la paja de que estaba provisto el galpón, bien abrigados, lo que se hace necesario en estas comarcas donde las noches son bastante frías”.
Y luego la historia de ese joven que se transforma en el Che, y el deseo y la decisión inquebrantable de los trabajadores de Parques y su sindicato para hacer allí un homenaje. Pasaron los años, dictaduras, gobiernos de todo tipo y factor, y los trabajadores siguieron detrás de eso que parecía un sueño. En uno de los peores momentos de la historia argentina, en los noventa, estuvo a punto de ser derribada, pero no pudieron. En esos días de lucha para evitar que se borre ese lugar de memoria del Che, apareció su amigo Alberto para ayudar. Ya no en la moto, pero si con la misma fortaleza de siempre llegó Granado a sumarse a la defensa del lugar. Una nota en el diario La Nación donde Alberto certificaba que en ese galpón habían estado con Ernesto se sumó positivamente a la pelea. Y se logró ganar esa batalla. Pero la lucha continuó. Y ahí aparecieron compañeros que están en la memoria de esta gran historia colectiva que es La Pastera: los dirigentes de ATE que lucharon y gestionaron por la existencia de este espacio, Leopoldo González y Héctor Méndez, pioneros fundadores de este museo patagónico, junto Julio Fuentes, hoy presidente de la CLATE, entre muchos hombres y mujeres del sindicato.
Unos años antes de la apertura como museo se realizó un primer intento de inaugurar un espacio cultural de homenaje, pero sin contar con todas las condiciones para habilitarlo al público. Fue punto de encuentro de charlas y reuniones culturales. Y así llegamos al 20 de junio. Trabajando en los últimos días para lograr el objetivo, de día y de noche. Ese día, uno típico de invierno cordillerano, con mucha nieve y rutas inaccesibles, se logró la inauguración definitiva. Casi no llega el vehículo que traía a la hija del Che, Aleidita, al embajador de Cuba, Aramís Fuente Hernández y Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Pero lo lograron. Ese día hubo muchas personas presentes: dirigentes de ATE y de la CTA de todo el país, las hijas de Pedro Olate, el sereno que los había recibido a Alberto y a Ernesto, compañeras y compañeros, amigos del Che, de Cuba, de las utopías de un mundo más justo… y desde ese día, de La Pastera, museo del Che.
A partir de ese 20 de junio las puertas siempre estuvieron abiertas. Pasaron por allí miles y miles de visitantes y viajeros. También lo hicieron muchas mujeres y hombres cercanos al Che, ya sea recorriendo el galpón o dando su testimonio desde distintos lugares del país y del mundo. Los amigos de sus viajes, Alberto y Calica, combatientes que lucharon junto a él en Cuba, Bolivia y El Congo, sus familiares de aquí y de allá, Aleidita su hija, y su hermano Juan Martín… Y no sólo los que lo tuvieron cerca, sino también los que llevan como estandarte, que admiran su pensamiento, que militan por las mismas utopías en un sindicato, en una organización social o política, o en la cooperadora de la escuela o en el club del barrio. Esos y esas que siente una injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar del planeta, como propia.
Con el apoyo del Centro Che, la institución de investigación que dirige la que fuera su esposa, Aleida March, y que coordina María del Carmen Ariet, fue quien cedió las imágenes para el montaje y el respaldo para el punto de partido. En el primer aniversario firmamos un convenio de hermanamiento con el Memorial de Santa Clara, el museo de homenaje más importante del mundo donde descansan sus restos. Ambos fueron clave en el desarrollo de contenidos y de relaciones institucionales de La Pastera. Ese mismo año, junto al museo de Alta Gracia y al de Caraguatay (luego se sumaría el Cel Che de Rosario) creamos el programa de turismo cultural “Los Caminos del Che” y lo presentamos con Juan Martín, su hermano en el Congreso de la Nación. Y luego vinieron los encuentros en Bolivia, en Cuba y en el país.
Gracias a una gestión y relaciones institucionales, La Pastera logró integrarse a la ciudad. Hoy se coordinan actividades con el municipio, con la industria del turismo local, con las autoridades y trabajadorxs del Parque y con las organizaciones culturales y sociales de la ciudad. Y desde hace varios años con los establecimientos educativos de todos los niveles. Los estudiantes llegan al museo y reciben una visita guiada adecuada al nivel de escolaridad. Los universitarios de la carrera de guías de turismo hacen sus prácticas. Y todos los años hacemos nuestra Semana del Che en el verano. Así es que junto a las organizaciones de jóvenes de la ciudad y artistas invitados hemos renovado por cuarta vez los paredones lindantes al museo con sus expresiones artísticas. Una muestra de ello es que nunca fueron vandalizados. Siguen intactos.
Tan intacto como el compromiso del Consejo Directivo Nacional de ATE, hoy con Hugo “Cachorro” Godoy como secretario general, y del equipo del museo, para continuar la tarea que nos encomendaron los pioneros de este espacio de homenaje al Che: difundir la vida y el pensamiento del Che. Y en eso estamos desde el primer día. Gracias a todos y a todos los que a lo largo de todas estas décadas hicieron algo para que este museo de homenaje al Che esté de pie y siendo un referente en el país y en el mundo. Gracias, gracias, gracias.
Envio:RL
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