Resumen Latinoamericano, 25 junio 2020
El Frente Cultural CHE ADELITA rinde homenaje a Maxi y Darío
Resumen Latinoamericano, 25 junio 2020
A 18 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el Frente Cultural CHE ADELITA recuerda los hechos ocurridos en Puente Pueyrredón cuando la policía, la Prefectura y la Gendarmería cargaron a matar contra miles de trabajadoras y trabajadores desocupados que se movilizaban contra las políticas del hambre y la represión
Resumen Latinoamericano, 25 junio 2020
Adhesiones de organizaciones y universidades ante el ataque y discriminación sufrido por la Comunidad Guaraní Ka’a Kupe
Instituciones sociales, educativas, investigadores y docentes manifiestan en una nota formal a las autoridades del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones y a otros organismos, tanto provinciales como nacionales, su preocupación por la situación de denegación de justicia que afecta el territorio ancestral que comparten las Comunidades Ka’a Kupe, Ko’ê Ju, e Yvy Chî en la localidad de Campo Grande, provincia de Misiones.
En el territorio, de 5.600 hectáreas, la empresa CARBA S.A. desarrolla actividades forestales sin tener en cuenta los derechos Indígenas y el reconocimiento de posesión ancestral que especifica la ley 26.160, legislación que indica que cualquier decisión, obra y/o proyecto en el territorio están obligados a ser consultadas por el Estado según los obliga el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional.
«Una serie de irregularidades procesales incomprensibles, como por ejemplo que la jueza del caso, sin resolver la medida de no innovar requerida como previa a todo trámite, ordenara las notificaciones al Estado, Fiscalía y pidiera informes al Ministerio del Agro que no es competente en el caso, además cuestionó la legitimidad del poder otorgado por la Comunidad Ka’a Kupe a su abogada por no referir en el mismo el número de personería de la Comunidad pese a que había sido realizado ante escribano público.
Luego, ordena resolver la cautelar y una semana después solicita que previo a resolverla se haga una constatación judicial por Juez de Paz, quien debía requerir a la empresa si tenía autorización. La cual, como ha sido dicho, fue objetada por la Comunidad porque no estaba firme y por tanto, no podía ejecutarse», exponen y agregan, «en el mes de mayo, durante el aislamiento social obligatorio por la pandemia de Covid-19, se hacen presente en la aldea Ka’a Kupe terceras personas en el lugar donde se realizaba el apeo, presuntamente trabajadores de la empresa quienes amenazaron a los miembros de la comunidad con armas de fuego, obligándolos a hacer la denuncia policial, la que tampoco fue atendida. Los Mbya Guaraní se hallaban en el lugar intentando evitar el corte de los árboles. Y el 28 de mayo el Juez de Paz constata que se sigue realizando la deforestación».
«Nos preocupa que el Estado provincial no respete sus obligaciones y en consecuencia haya violado los derechos de la Comunidad. Es doblemente alarmante esta situación de denegación de justicia porque en este año 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado un fallo condenatorio del Estado argentino por la violación de los derechos indígenas en el caso 12.094 Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat contra Argentina”, señalan en el escrito.
“La falta de acceso a la justicia de los Pueblos Originarios se verifica no sólo en las dificultades que implica la realización de trámites, la falta de abogados que los representen, la distancia de los tribunales, la incomunicación por uso de idiomas diferentes, sino sobre todo, en la desatención de las denuncias presentadas por las víctimas, la desidia de los juzgados en cuanto a los procedimientos, en definitiva el desconocimiento de su estatus de pueblos preexistentes», manifiestan.
El FPDS recordó a Maxi y Darío en el mismo lugar donde fueron asesinados
Resumen Latinoamericano, 25 junio 2020
Un grupo de militantes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) llegaron este jueves hasta la Estación Darío y Maxi (ex Avellaneda) para recordar a sus compañeros asesinados.
Quién va a decirnos que la memoria y la dignidad no son actividades esenciales. Con todos los cuidados y pocxs compas porque eso indicó el protocolo de seguridad, aún así a Darío y Maxi se les dice presentes. De mil formas, claro: habrá actividades desde donde cada quien pueda, que podrán seguir desde la página @Estación Darío y Maxi, y también las están habiendo acá, dónde además, como cada día, lxs compas siguen trabajando y generando insumos para donar dónde más se necesita.
18 años después, algunas pequeñas batallas fuimos ganando. Quién duda que los pibes no están solos.
Resumen Latinoamericano*, 25 junio 2020.-
El movimiento impedía remates en todo el país de pequeños y medianos productores que habían apostado a créditos durante el menemismo. Para hacerlo, cantaban el himno en las tranqueras. Ana Galmarini, una de sus referentas, cuenta por qué una intervención del Estado en Vicentin puede ayudar al campo.
Por Arlen Buchara.
Ana Galmarini recuerda el primer remate que el Movimiento de Mujeres en Lucha (MLL) frenó en Santa Fe como una pueblada. Fue en 1995 en un campo de un pequeño productor de Lanteri, una localidad del departamento General Obligado, el mismo en el que nació y creció la empresa Vicentin. Ese día las mujeres fueron hasta la tranquera del terreno sin imaginar que iban a ser acompañadas por todo el pueblo, cura incluido. Cuando el rematador empezó a leer el acta comenzaron a cantar el himno. Con ese método durante la década el MML frenó cientos de remates de pequeños y medianos productores y productoras agropecuarios que se habían endeudado por apostar al plan de convertibilidad y la promesa de la modernización del campo.
“Logramos conservar nuestras tierras, pero no impedimos la concentración. Ese es el gran problema del modelo agropecuario argentino. Lo que pasó con Vicentin es una oportunidad para empezar a dar ese debate”, dice Galmarini en diálogo con El Ciudadano. El 3 de junio pasado el MML cumplió 25 años.
En los noventa miles de productoras y productores agropecuarios apostaron a la revolución productiva menemista sacando créditos para comprar maquinarias agrícolas y mejorar la forma de producción. El problema estaba en las altas tasas de interés.
“Pedías un préstamo de 30 mil pesos/dólares para comprar un tractor y a los 6 meses debías 500 mil”, dice Galmarini a modo de ejemplo. Según la referenta de MML, con esa política el Banco Nación llegó a hipotecar 14 millones de hectáreas en todo el país.
El MML surgió como una manera de frenar los remates de esos campos. La primera mujer en levantar la voz fue Lucy De Cornelis, una productora de La Pampa que decidió romper el silencio y contó la situación en una radio del pueblo en el que vivía. “El marido la quería matar por ventilar las deudas que tenían. Los hombres estaban muy avergonzados y encerrados. Se sentían responsables por lo que les había pasado. No llegaban a comprender que no eran ellos los que habían fracasado sino el modelo económico. Y las mujeres con mucho más coraje decidimos salir a denunciarlo”, recuerda Galmarini.
Después del paso por la radio de De Cornelis, el diario Clarín hizo una nota sobre las y los productores endeudados que estaban en riesgo de perder sus tierras. La noticia fue a tapa. Mujeres de todo el país se sintieron identificadas y se pusieron en contacto entre sí. Así nació el MML. En Santa Fe sus integrantes frenaron remates en toda la provincia, siempre con el mismo método de cantar el himno en las tranqueras. Fueron recibidas por el entonces gobernador Carlos Reutemann y después de la reunión los remates se frenaron por dos años. La lucha que llevaron adelante les valió también la judicialización.
Galmarini y sus compañeras Ana María Ribeiro, Sara Coll y Emma Martín llegaron a juicio acusadas de resistencia a la autoridad, después de haber hecho una manifestación para salvar un campo de 43 hectáreas en Chivolcoy. “El MML fue una pelea de las mujeres por mantener la tierra y a la vez cuestionar un modelo económico que nos llevaba a la ruina”, sintetiza Galmarini.
La referenta explica que no peleaban por no pagar las deudas, sino que querían que fueran recalculadas de una manera más justa. “Eso lo logramos. Lo que no conseguimos fue parar la concentración. Salvamos la tierra pero nunca más pudimos ir a trabajarla y la tuvimos que dar en arrendamiento. Por eso han desaparecido tantas chacras. El pequeño productor tiene que alquilar sus campos e irse a trabajar de tractorista, camionero, taxista o lo que sea. El gran problema que tenemos en Argentina es la concentración porque significa expulsión hacia los grandes conglomerados de las ciudades”.
A ella le pasó lo que describe. Tiene un campo en el sur de Santa Fe que quedó en riesgo de remate por el préstamo que había sacado. Al refinanciar la deuda tuvo que recurrir a un acopiador para pagarla. “No teníamos esa plata. El acopiador se hizo cargo del campo y la deuda. Le fuimos pagando en 5 años y dejamos de ser productores. Después no pudimos volver a trabajar la tierra por falta de tecnología y maquinaria”.
Vicentin, una oportunidad
Galmarini ve en la estatización de Vicentin una oportunidad para que el Estado intervenga y regule el agronegocio. Cuando estaban en el MML una de las reivindicaciones era el pedido de la creación de un ente regulador de granos. “Hoy hay 5 multinacionales que manejan todo el comercio exterior. Por eso, la noticia de que el gobierno decide intervenir Vicentin fue una alegría. Tiene que haber un Estado regulador para que no se corte la cadena de pago, no se pierdan puestos de trabajo y los pequeños y medianos productores puedan cobrar”, explica.
Para ella es fundamental que las cooperativas cumplan un rol protagonista y que no quede todo en manos del Estado. “Si exigimos ser parte de esta estatización las cosas van a andar muy bien. Acá se corría el riesgo de que lo comprara otra empresa e iba a ser peor porque nadie iba a cobrar y los puestos de trabajo se iban a perder. Ojalá hubiese habido un ente regulador en los 90 que no hubiese permitido que saquemos créditos en esas condiciones. Hoy tenemos la posibilidad de que haya un precio mínimo en origen para los productores, cosa que las multinacionales no te lo dan”, agrega.
La referente del MML cree que en la oposición a la medida hay argumentos ideológicos que se basan en el temor a la intervención de Estado y no en un análisis de la situación de Vicentin: “Tener un ente regulador nacional y no que sean todas empresas extranjeras puede ayudar a terminar con la especulación, pelear los precios y que las ganancias queden en Argentina y que no se la lleven afuera. El 70 por ciento de la comercialización de granos la tienen 5 multinacionales”. Para ella es importante que el campo deje de lado ese miedo para no convertir a Vicentin en una nueva 125.
*Artículo publicado en El Ciudadano Web
*Fuente: Tiempo Argentino – (Foto: Captura)
Causa Espionaje macrista: «Vulneraron los derechos de los detenidos»
Resumen Latinoamericano*/ 25 de junio 2020 .- .
| Liga Argentina por los Derechos Humanos La Liga Argentina por los DDHH se presentó esta mañana en Lomas de Zamora, donde radica la causa de espionaje. El Dr Pedro Dinani representará a Pablo Bruera, ex Intendente de La Plata y Luis Lugones, presidente del PJ La Plata. |
| El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, se presentó esta mañana en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, dónde radica la investigación por espionaje ilegal, junto con el Dr Pedro Dinani, quien asumió la representación de los querellantes Pablo Bruera, ex Intendente de La Plata y de Luis Lugones, actual presidente del Partido Justicialista La Plata, dos de los cientos de espiados en el marco de esta investigación. Se dejó un documento denunciando el modus operandi del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que durante dos años habilitaba a los compañeros de la Liga el ingreso a las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, previa solicitud de documentos y otros datos. Es preciso señalar que la Liga realizaba entrevistas en los Penales Federales de Marcos Paz y Ezeiza a detenidos en el marco de causas que tipificamos como detenciones arbitrarias, mal formuladas o viciadas que en su conjunto rotulamos como persecuciones políticas. Estas visitas son una práctica histórica de nuestra organización, y se vienen realizando sistemáticamente desde el año 2018 hasta marzo de 2020. Todas las visitas se realizaron previa aceptación por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del cumplimiento de la información legal correspondiente para el ingreso, acorde a las rutinas de los penales y de las personas allí recluidas. Se ingresaba los jueves y viernes, sin excepción, como parte de los derechos legales que tenemos como organismo de Derechos Humanos. La Liga puso estos encuentros a disposición de la militancia por los derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales vinculadas a la organización. De esta manera cientos de personas fueron autorizadas por el SPF, a quien se le entregaba con más de 72 hs. de antelación un listado detallado de los visitantes, sus documentos de identidad y los datos (nombres, DNI, pabellón y Complejo Penitenciario) de los reclusos que entrevistarían. La Liga cuenta con un banco de datos de al menos mil personas que ingresaron con nosotros a visitar a los detenidos. Los recientes testimonios y documentos dan indicios de un sistema de espionaje y vigilancia del que fueron víctimas cerca de mil personas que asistieron a estas visitas. Muchos manifiestan haber notado comportamientos extraño al retirar los teléfonos celulares de los gabinetes en donde los dejaban para ingresar a la sala de entrevistas. «Destacamos el carácter gravísimo de esta situación, que por un lado afecta los derechos de los presos, vulnerados en su derecho a legítima defensa al romper el secreto de dialogo entre los reclusos y sus abogados, y por otro lado se transforma en un acto de persecución con quienes somos solidarios con los perseguidos, hechos de una enorme gravedad. Por eso hemos solicitado y exigido que se trate urgente esta causa y que rapidamente juzgue y condene a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos», manifestó Schulman. Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos reclamamos con urgencia que se allanen las oficinas y la sede central del SPF tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dónde concurríamos a dejar las autorizaciones y se llevaron a cabo reuniones con el fin de obtener estos permisos, como las oficinas de los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz. Y hacemos extensiva la solicitud para que también se allanen los penales de Florencio Varela y todos aquellos donde hubieran presas y presos políticos. El juez Villena investiga una organización integrada por miembros de distintas agencias de seguridad como la AFI, Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, que junto a abogados y funcionarios de otros poderes del Estado llevaron adelante actividades que violan a la Ley 25.520. Una parte de esa asociación ilícita se dedicaba al espionaje a representantes políticos o periodistas. Otra parte del expediente apunta a saber cómo se habría monitoreado a detenidos que consideramos presos políticos. Envio:RL |
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